Es imprescindible el fortalecimiento de la independencia, la calidad técnica y la transparencia del INE
Con seis años de retraso, hoy por fin empieza el Censo
Nacional de Población y Vivienda, cuyos resultados deben proveer información
específica sobre las características de los habitantes de Guatemala (incluyendo
su edad, sexo, educación, ocupación y actividad económica, así como el lugar y
condiciones de su residencia). En teoría, los censos permiten trazar la
progresión de un país y definir su posición respecto de otras naciones. Para
los gobiernos central y municipal, la información generada debe ayudarles a
tomar decisiones con respecto a la planificación, monitoreo y evaluación de sus
políticas. Y para las empresas la información puede servir para fines de planificación
y estrategia (desarrollar de nuevos productos o hacer proyecciones de demanda
de productos y servicios).
Debería, pues, existir un consenso respecto de que el
censo (y, en general, las estadísticas) aportan un insumo esencial para la toma
de decisiones y el diseño de buenas políticas públicas y empresariales. Pero,
por desgracia, ese consenso parece no existir. Por un lado, en el ambiente de
crispación y desinformación de las redes sociales, comenzaron a aparecer
“advertencias” de que no se deje entrar a nadie a las colonias pues “grupos
organizados de delincuentes” se harán pasar por encuestadores para cometer
fechorías. Por otro lado, algunos pensadores libertarios han anunciado que no
están dispuestos a colaborar con el censo por considerarlo violatorio de la
privacidad individual.
Ambas “advertencias” tiene poco fundamento: el
supuesto peligro de delincuentes disfrazados de encuestadores se elimina con
exigir las credenciales correspondientes a los encuestadores, y el supuesto
peligro de invasión de la privacidad se elimina rehusándose a responder solamente
aquellas preguntas que el encuestado libertario considere inapropiadas. Lamentablemente,
este tipo de boicots nos retrata como la sociedad desconfiada y tribal en la
que nos estamos convirtiendo, pero también, en parte, es culpa de la debilidad
institucional del Estado en materia de generación de estadísticas.
El Instituto Nacional de Estadística -INE- tiene ante
sí el enorme desafío de llevar a feliz término el censo en medio del
generalizado escepticismo y falta de conciencia ciudadana respecto de su
utilidad y de su neutralidad. La labor habría sido más fácil, sin duda, si el
INE hubiese desarrollado en los últimos años un vínculo más cercano con los usuarios
de las estadísticas, con organizaciones de la sociedad civil, con los agentes
económicos y con la prensa, que creara una masa crítica de usuarios que
confiaran en la transparencia, calidad y no-politización de las estadísticas
oficiales.
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