LA ESPERANZA DE LAS MICROFINANZAS

SIGUEN SIENDO UNA VÍA PROMETEDORA PARA TRANSFORMAR LA VIDA DE LAS PERSONAS DE BAJOS INGRESOS

Las instituciones de microfinanzas están llamadas a llevar servicios financieros a poblaciones desatendidas por el sistema financiero tradicional. Con variado grado de éxito, a lo largo de los años, las microfinanzas han logrado elevar el nivel de vida y empoderar socialmente a colectivos tradicionalmente excluidos (mujeres, microempresas o campesinos). Aun así, se estima que en el mundo hay dos mil millones de personas excluidas de los mercados financieros. La semana pasada asistí a la Semana Europea de Microfinanzas, en Luxemburgo, donde se identificaron y discutieron las tendencias y desafíos que para las microfinanzas plantea un mundo post pandemia y que definirán las posibilidades de que en el futuro estas puedan cumplir su promesa de incluir financieramente y empoderar socialmente a quienes hoy están excluidos.

Los confinamientos provocados por la pandemia exigieron una rápida transformación digital (especialmente en el mundo de las finanzas), mientras que la inflación mundial actual está mermando el poder adquisitivo (especialmente de los más pobres). Estas realidades desafían la intención de las microfinancieras de llevar financiamiento a las micro empresas, empoderar a las mujeres y acercar los servicios financieros a las personas de menores ingresos. Este escenario plantea retos que, tanto las autoridades gubernamentales como las propias entidades de microfinanzas y los demás agentes de inclusión financiera, deberán enfrentar en los próximos años.

Por el lado de la oferta de micro créditos, la digitalización puede ser la vía clave para acelerar la innovación, pero es una vía que no está exenta de riesgos. Las entidades microfinancieras deben esforzarse en transformar sus métodos de operación, por ejemplo, digitalizando el envío y recepción de remesas familiares desde el exterior, o habilitando las operaciones con sus clientes las 24 horas del día mediante herramientas tecnológicas adecuadas. Por el lado de la demanda, los potenciales usuarios de micro créditos deben poseer cada vez mejor educación financiera para hacer el mejor uso posible de todos los productos que están ahora a su alcance.

Pero la incertidumbre y las amenazas mundiales están en aumento. La pandemia ya fue duro golpe que tuvo repercusiones sobre la capacidad productiva de los usuarios, la privacidad de los datos de los clientes, la fluidez de las cadenas de suministro, el endeudamiento de las familias, y la inflación de precios de los alimentos y combustibles. Las crecientes externalidades negativas afectan el crecimiento económico, las expectativas y la confianza de los mercados. En este entorno incierto las microfinanzas siguen siendo una vía prometedora para transformar la vida de las personas de bajos ingresos, empoderándolos para salir adelante mediante sus propios emprendimientos; pero ello requiere no solo del esfuerzo e innovación de las propias entidades de microfinanzas, sino también del apoyo de un marco regulatorio y de políticas públicas que facilite el acceso de los más pobres a un financiamiento responsable, sostenible y de calidad.

RECUPERACIÓN POST-PANDEMIA

LA IMPORTANCIA DE APRENDER LAS LECCIONES PARA QUE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA SEA MÁS SÓLIDA

Ahora que los recuerdos del caos económico que el Covid-19 causó en 2020 empiezan a desvanecerse, me resultó muy ilustrativo participar la semana pasada como panelista en un foro donde repasamos las medidas de política económica aplicadas durante la crisis y las lecciones a extraer para orientar las políticas públicas de cara a la inminente desescalada de las medidas de restricción aún vigentes y a consolidar la recuperación económica.

La economía guatemalteca fue, en 2020, la más resiliente de Centroamérica y la que, en 2021, más pronto retornó a los niveles de producción pre-pandemia. Eso se debió, en gran medida, a la estabilidad macroeconómica prevaleciente (fruto políticas fiscal y monetaria tradicionalmente prudentes), a la reconocida adaptabilidad de las empresas y trabajadores guatemaltecos y, a la oportuna aplicación -al inicio de la pandemia- de medidas económicas para afrontar el gran confinamiento, cuando la política monetaria proveyó de suficiente liquidez y suavizó las condiciones financieras, mientras que el fisco se armó de abundantes recursos (adquiriendo deuda en buenas condiciones financieras) para respaldar los diez programas gubernamentales de soporte a las familias y a las empresas.

La ejecución de tales programas tuvo falencias, pero su pertinente diseño y su pronto lanzamiento fueron fundamentales para mantener funcionando la economía, lo cual sirvió de base para que en 2021 el PIB creciera dinámicamente, el sistema financiero se mantuviera muy saludable y el déficit fiscal retornara rápidamente a niveles sostenibles. La crisis constató, pues, lo importante que es la estabilidad macroeconómica, pero también nos enseñó que pudimos haberlo hecho aún mejor si hubiésemos contado con un sistema de salud pública con mejores capacidades (para vacunar con más celeridad, por ejemplo), si tuviéramos un seguro de desempleo, o si contáramos con un mejor sistema estadístico nacional para guiar las decisiones gubernamentales y empresariales.

El desafío ahora es aprovechar las oportunidades que presenta 2022 -pese a la guerra en Ucrania-. Ahora confluyen factores como la recuperación del comercio mundial, los avances de la vacunación en todo el mundo (y una variante del virus mucho menos letal, que nos acerca a la inmunidad de rebaño), la solidez macroeconómica del país (con abundantes recursos fiscales en caja), y el proceso de nearshoring que comentamos la semana pasada (con abundantes oportunidades de inversión). Esa confluencia aconseja focalizar los esfuerzos de política económica en el desarrollo de infraestructura (blindando para ese fin los recursos fiscales disponibles), en la profundización de la digitalización, en la capacitación de la fuerza laboral y en la construcción de zonas empresariales que apoyen las cadenas de suministro. Pero también aconsejan preservar a toda costa la disciplina macroeconómica y, simultáneamente, impulsar las reformas político-institucionales que coadyuven a generar un ecosistema para mejorar la eficiencia del aparato productivo, con certeza jurídica y paz social.

VACUNACIÓN, UNA PRIORIDAD ECONÓMICA

LA VACUNACIÓN DEBERÍA SEGUIR SIENDO LA POLÍTICA PÚBLICA CLAVE EN 2022

Recién se cumplió un año del inicio del proceso de vacunación contra el Covid-19 en Guatemala, tiempo durante el cual se ha logrado que la tercera parte de la población cuente con el esquema completo de vacunación, pero todavía uno de cada cuatro guatemaltecos no ha recibido ni una dosis. Eso nos coloca a la zaga en Latinoamérica en materia de vacunación. Más allá de las consideraciones éticas o políticas, conviene enfatizar que el retraso en la vacunación acarrea un alto costo económico. Algunos estudios estiman que los países más atrasados en la provisión de vacunas a su población podrían perder más de un 2 por ciento del PIB por ese retraso.

Un programa agresivo y masivo de vacunación puede impactar positivamente en la actividad económica. Por ejemplo, los flujos de turismo hacia el país van a depender en gran medida de los avances en vacunación: los viajeros provenientes de los países avanzados están evitando viajar a destinos con poblaciones sin vacunar. Vale la pena recordar que el sector de hoteles y restauración fue el más afectado durante el primer año de la pandemia (en Guatemala, su producción se redujo en 24 por ciento en 2020). El turismo puede ser un motor clave, en el corto plazo, para la recuperación económica, pero necesita (más que privilegios tributarios temporales) un ambiente propicio para florecer, y una población ampliamente vacunada resulta clave para generar dicho ambiente.

En el largo plazo, la vacunación masiva también es fundamental para elevar la productividad del aparato económico. Por ejemplo, empezar un rápido proceso para vacunar a la población de 5 a 11 años de edad es necesario y urgente para asegurar la presencia de los menores en las escuelas y detener el grave impacto que la ausencia de las escuelas (durante ya dos años) está teniendo en la adquisición de conocimientos y destrezas de la siguiente generación de trabajadores.

Por otro lado, el Covid-19 se volverá endémico más temprano que tarde, lo cual significa que el país tendrá que revisar su estrategia de salud pública para adaptarla a la nueva realidad. Durante los últimos dos años la tarea ha sido responder a las emergencias a corto plazo de cada ola de contagios, pero en pocos meses será necesaria una estrategia a más largo plazo para hacer frente a los coronavirus y a todas las amenazas de la salud pública, a fin de tener una población más productiva y sana. De nuevo, la base de esa estrategia es una población vacunada.

La vacunación debería seguir siendo la prioridad de las políticas públicas en 2022. Es necesario redoblar esfuerzos en relanzar con ímpetu la campaña de vacunación contra el Covid-19, que incluya la vacunación de los niños en edad escolar. Ello implica dedicar suficientes recursos públicos (financieros y humanos), tantos como sean necesarios, para que Guatemala no siga rezagándose respecto de los demás países latinoamericanos. En este campo es prudente ser ambiciosos y plantearse la meta de vacunar a todos los grupos etarios en un plazo perentorio. El gasto que esto implique debe ser visto como una inversión de altos réditos.

UNA RESPUESTA ADECUADA ANTE LA CUARTA OLA

ÓMICRON ES DIFERENTE: NO ES PRUDENTE FIJARSE SOLAMENTE EN EL NÚMERO DE CONTAGIOS

La llegada de ómicron a Guatemala está causando la cuarta ola de infecciones desde que empezó la pandemia de covid-19. Sin embargo, aunque ómicron es más contagiosa que delta -la cepa dominante anterior-, es menos grave. Se está extendiendo rápidamente en todo el mundo, pero ahora más gente ya está vacunada o se ha contagiado previamente de covid, por lo que muchas personas tienen ya mayor protección contra el covid severo.

En este escenario resulta absolutamente injustificable -incluso irresponsable- el énfasis que los medios de comunicación y las propias autoridades ponen en el número de infectados, en vez de focalizarse en el número de hospitalizados y defunciones, cifras estas que son mucho más relevante no solo para evaluar la gravedad de esta ola, sino para aplicar las medidas adecuadas. De hecho, el número de contagios nunca fue del todo útil para calibrar las políticas a adoptar, pese a lo cual se insiste en destacar esta casi irrelevante figura y ello, siendo ómicron una variante más contagiosa pero mucho menos letal que sus predecesoras, se presta a desorientar a la opinión pública, a generar una falsa sensación de pánico y a precipitar medidas inefectivas para enfrentar la pandemia.

Es contraproducente para el bienestar mental y material de la ciudadanía que cada ola de contagios genere tensión, incertidumbre y frustración. Las autoridades están llamadas a evitar que esto ocurra, sin descuidar la atención debida a la pandemia. Como sociedad debemos aprender a convivir con este virus, sabiendo que este es hoy mismo muy diferente al que vimos al principio de la pandemia: el riesgo actual para la mayoría de las personas vacunadas es muy bajo, por lo que el acento debe ponerse en la vacunación, en el fortalecimiento del sistema de salud pública y en las medidas que han probado ser efectivas y socialmente menos dolorosas, en vez de pensar en encerronas, toques de queda o prohibiciones de viaje que solo elevan innecesariamente el costo social y económico de la pandemia.

No se trata de menospreciar la ola de ómicron, que está provocando que los hospitales se estén llenando de pacientes (aunque ahora la mayoría de ellos son personas no vacunada y los casos tienden a concentrarse en las áreas de atención primaria). La amenaza de que esta ola desborde nuestros precarios servicios de salud sigue siendo preocupante. Lo que importa es que las acciones para enfrentar esta cuarta ola sean las adecuadas. Las políticas públicas y el comportamiento social que deben reforzarse son aquellas que han probado ser más efectivas y que evitan el pánico y la incertidumbre. El gobierno debe facilitar pruebas rápidas, fáciles y económicas; incentivar la vacunación masiva (incluyendo menores de edad para retornar pronto a las clases presenciales); y, obligar al uso de mascarillas en interiores. A la sociedad le toca administrar un sano distanciamiento social (especialmente en interiores) y aprender que la ventilación es la medida no farmacológica más eficaz contra esta infeliz pandemia.

2022, DESAFÍOS ECONÓMICOS (Parte I)

 COYUNTURALMENTE, EL PRINCIPAL DESAFÍO SERÁ PRESERVAR LA ESTABILIDAD Y RESILIENCIA DE LA ECONOMÍA

 Las dos características más destacadas y contrastantes de la economía guatemalteca son, por un lado, su sólida estabilidad macroeconómica y, por el otro, su marcadamente lento ritmo de crecimiento. Estas plantean, a su vez, dos desafíos fundamentales para 2022: preservar la estabilidad (que apoya la notable resiliencia de nuestra economía) y acelerar el crecimiento de la economía (que apoya el bienestar material de la población). Hoy nos centraremos en el primero de tales desafíos, que conlleva la tradición de mantener unas políticas monetaria y fiscal cautas que contribuyan a sustentar unos fundamentos macroeconómicos robustos.

 En efecto, además de la rápida recuperación de la producción nacional -luego de la recesión de 2020-, las principales variables macro financieras resaltan las muy buenas condiciones de estabilidad y resiliencia económica en 2021. La inflación está, de momento, controlada; el tipo de cambio ha sido mantenido casi sin movimiento, apuntalado por el ingreso de remesas familiares y el consecuente superávit de la balanza de pagos; las tasas de interés permanecen competitivas; y, el déficit fiscal ha retornado a niveles sostenibles. Sin embargo, para 2022 se ciernen dos amenazas.

 El crecimiento inusitado de la deuda pública en 2020 y la creciente inflación alrededor del mundo -en un entorno con nuevas mutaciones del virus del Covid-19-, exigen un manejo cauto y estratégico de la política macroeconómica. Si bien es cierto que el fuerte aumento de la deuda pública estuvo justificado por la necesidad de proteger la vida y el empleo de las personas, también lo es que el incremento de la deuda genera vulnerabilidades, especialmente ahora que las condiciones de financiamiento internacional se vuelven más restrictivas, lo cual limita la capacidad del gobierno para seguir apoyando la recuperación.

 Por otro lado, la política monetaria, que se relajó oportunamente durante la pandemia, debe ahora ajustarse a un entorno inflacionario en el ámbito internacional. En muchos mercados emergentes los bancos centrales ya han subido las tasas de interés, y se espera que pronto lo hagan los países desarrollados, lo cual tendrá implicaciones para la recuperación económica y la política fiscal. Esta deberá restringirse conforme suban las tasas de interés, lo cual implicará la imposibilidad de aplicar medidas expansivas -como la de elevar al infinito las transferencias de efectivo a las personas- pues, de lo contrario, se agudizará el riesgo de insostenibilidad de la deuda.

 Por su parte, la amenaza de la inflación importada obligará a la política monetaria a aplicar con mucho tacto, pero con agilidad y firmeza, las medidas precautorias para evitar un alza generalizada de precios a nivel doméstico. Para lograrlo será muy útil que la credibilidad del banco central y de sus instrumentos de política (incluyendo la propia credibilidad del Índice de Precios al Consumidor) se fortalezcan. El rol de la política fiscal y de la política monetaria en 2022 será crucial para preservar la estabilidad macro y la confianza de los mercados en nuestro país.

Los Riesgos del Toque de Queda

LA MAYOR PARTE DE LAS MEDIDAS ANTI PANDEMIA NO NECESITAN DE NINGÚN DECRETO

La lógica detrás de los confinamientos obligatorios (parciales o totales) era muy válida hace un año y medio, cuando no se conocían muchas particularidades del SARS-CoV-2, ni existían protocolos médicos para tratar la enfermedad, ni había vacunas. Sin negar que los confinamientos estrictos pueden reducir la velocidad de los contagios, debemos estar conscientes de que en el mundo académico y político existe un debate abierto respecto a si, en el balance, los beneficios del confinamiento son mayores a sus costos.

Luego de diecisiete meses de pandemia, la relación y actitud de la población guatemalteca hacia la enfermedad ha ido evolucionando y -como en cualquier pandemia en la historia humana- el público se ha habituado a ella. En los países ricos esa evolución ha sido más rápida porque, en la medida en que la población se vacuna y se aplican nuevos y más eficaces tratamientos médicos, la letalidad del Covid-19 se ha reducido dramáticamente: la tasa de mortalidad de quienes se infectan en el Reino Unido es ahora de 0.1 porciento, similar a la de la influenza. Eso da un claro indicio de cuáles debieron haber sido -desde el principio- las prioridades de política pública para combatir la pandemia: fortalecimiento del sistema de salud y vacunación masiva.

Independientemente de su efectividad en términos sanitarios, los confinamientos forzosos pueden tener costos importantes. Para el PIB de Guatemala, un toque de queda de ocho horas durante un mes podría significar una pérdida de más de tres millardos de quetzales (suponiendo un efecto proporcional al del confinamiento del año pasado); y, en términos de empleo, la pérdida podría equivaler a más de veinte mil puestos de trabajo. También tendría costos potenciales en términos de gobernabilidad, si el gobierno no es capaz (como hasta ahora) de efectuar compras de insumos médicos y contrataciones de personal sanitario de forma eficiente y trasparente. Tendría, además, costos sociales asociados no solo a la pérdida de libertades individuales ante un creciente poder del Estado, sino también en términos del mensaje de miedo y pesimismo que abatiría el espíritu ciudadano y, con él, los intercambios económicos, sociales y culturales.

Quizá el principal riesgo es que el toque de queda distrae la atención y los esfuerzos de las medidas que sí se necesitan para abatir la pandemia. Algunas pueden requerir de un estado de excepción: un mecanismo -focalizado, transparente y temporal- para la compra de insumos médicos y para la contratación de personal sanitario, o la prohibición de aglomeraciones. Pero muchas otras medidas pueden aplicarse sin más trámite: una campaña masiva y efectiva de vacunación; una mejora sustancial de la capacidad hospitalaria (incluyendo hospitales de campaña); una mejora de la calidad -y de la remuneración- del personal sanitario; restricción de aforos; fomento al teletrabajo; y, las medidas estándar que han probado su efectividad a nivel mundial, como el uso de mascarillas y la sana distancia social. Estas medidas no requieren de un decreto, sino de voluntad y capacidad política para hacer que se cumplan.

CALAMIDAD

 LA ESTRATEGIA PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA NO PUEDE BASARSE EN MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL

Guatemala está en la peor ola de contagios desde que empezó oficialmente la pandemia en marzo del año pasado. Luego de más de un mes de estar registrando más de dos mil contagios diarios, el Gobierno decidió finalmente establecer un estado de calamidad (a ser ratificado por el Congreso) cuya medida más conspicua es la prohibición de salir de casa durante las horas en que la gran mayoría de ciudadanos suele estar precisamente en casa, durmiendo. ¿Servirá de algo el toque de queda para reducir la velocidad de los contagios? En realidad, no mucho.

Los confinamientos solo logran detener los contagios cuando son estrictos (de 20 o más horas al día) y circunscritos a territorios específicos. Inevitablemente, siempre tienen un costo económico y social. Los países ricos pueden darse el lujo de establecer confinamientos porque están en capacidad de compensar los costos correspondientes. En países pobres el confinamiento solo tiene lógica en una situación como la del año pasado cuando, ante el desconocimiento sobre el comportamiento del virus y sobre los protocolos médicos más adecuados para su tratamiento, se recurrió a los mismos con el fin principal de ganar tiempo para que el sistema de salud estuviera en condiciones de atender la inevitable ola de casos y darles un tratamiento adecuado o, al menos, una muerte digna; todo ello en espera de que eventualmente se alcanzara la inmunidad de rebaño o, en el mejor de los casos, surgiera una vacuna.

Hoy no solo se conocen bastante bien el ciclo y protocolos médicos para tratar el Covid-19, sino que, además, existen ya diversas vacunas. Los confinamientos estrictos son (política y socialmente) impracticables en países como el nuestro ya que, si bien impedirían que la gente muriera de Covid, provocarían que muriese de hambre. La estrategia correcta para combatir la pandemia tiene tres ingredientes: reducir los contagios con una campaña masiva y efectiva de vacunación; reducir la letalidad fortaleciendo el sistema de salud pública; y, hacer cumplir las medidas estándar de prevención (mascarilla, distanciamiento social, limitación de reuniones).

Para aplicar tal estrategia se necesitaba tiempo, dinero y un estado funcional. El gobierno contó con tiempo y dinero. La vacunación masiva pudo empezarse desde marzo de este año (como en muchos de nuestros países vecinos); había dinero, había vacuna, pero hizo falta una gestión eficiente. Por su parte, el fortalecimiento del sector salud debió haber sido la prioridad uno del gasto público y pudo emprenderse con firmeza desde hace más de un año: hubo tiempo y recursos para aumentar sustancialmente el número de camas, medicamentos, personal y recursos para atender dignamente a los enfermos. Las vergonzosas imágenes que han circulado del hospital temporal del Parque de la Industria son una prueba triste y palpable de la precariedad de las instituciones estatales y de la injustificable pérdida de tiempo y de recursos con que se ha encarado la pandemia. Esas debilidades, por desgracia, no se resuelven con la declaratoria de un estado de excepción.

CRISIS Y DESCONTENTO

 LA CRISIS ECONÓMICA TIENE UN IMPACTO POLÍTICO, Y LAS DECISIONES POLÍTICAS TIENEN UN IMPACTO ECONÓMICO

Las crisis económicas suelen tener un impacto político y social negativo. La pandemia ocasionó una importante recesión en 2020 y, aunque se espera un buen crecimiento en 2021, los niveles de producción, ingresos y empleo aún quedarán por debajo de lo que habrían sido si no hubiese habido pandemia. Ello crea un ambiente de insatisfacción social que, de no ser atendido cuidadosamente con políticas públicas adecuadas, puede degenerar en un clima de descontento social, protestas e ingobernabilidad.

En prácticamente todas las regiones del mundo los disturbios sociales se están esparciendo, tanto por la frustración ciudadana con el manejo de la crisis por parte de los gobiernos, como por el percibido aumento de la desigualdad y de la corrupción, factores que tienden a aumentar las tensiones y disparidades existentes. En las últimas semanas, Guatemala está cayendo precisamente en ese tipo de escenario.

Diversos estudios señalan que, a lo largo de la historia, existe una correlación entre las crisis económicas y el deterioro de las instituciones democráticas, especialmente cuando las vulnerabilidades sociales subyacentes se agravan por la recesión. Un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional estima que un ambiente de protestas y malestar social puede ocasionar daños importantes al desempeño económico: el PIB de un país sería un uno por ciento más bajo después de un episodio grande de disturbios sociales. El estudio también encuentra que el impacto adverso de los disturbios suele ser mayor en países con instituciones débiles y limitados espacios de políticas públicas: los países que (como Guatemala) ya tenían antes de la pandemia fundamentos institucionales débiles se verán más afectados si el descontento social se convierte en ingobernabilidad.

Decisiones como la de la Fiscal General de despedir al jefe de la FECI -independientemente de su justificación administrativa o política- pueden ocasionar reacciones sociales y diplomáticas con consecuencias económicas indeseables si se adoptan en un ambiente ya crispado a causa de la pandemia y su manejo. “En tiempos de desolación, no hacer mudanza”, aconsejaba San Ignacio –y menos en medio de la peor ola de contagios de Covid-19 que ha incrementado la percepción negativa sobre la forma en que el gobierno ha manejado la pandemia y la vacunación; y menos aun cuando el gobierno gringo ya advirtió específicamente no hacer esa mudanza-.

Ahora toca afrontar las protestas públicas con sabiduría y prudencia, tratando de anticipar las necesidades de los ciudadanos con políticas que brinden oportunidades para alcanzar prosperidad, generar empleos, agilizar la vacunación y contener el impacto a largo plazo de la crisis, lo cual quizá requiera de un amplio diálogo sobre el rol del Estado y sobre el uso transparente y eficaz de los fondos públicos. De lo contrario, la ingobernabilidad no solo obstaculizará la recuperación económica, sino que amenazará con minar nuestra ya endeble democracia liberal.

EN PANDEMIA: QUÉ SE HIZO Y QUÉ HA FALTADO

AÚN ESTAMOS A TIEMPO DE CONVERTIR LA CRISIS DE LA PANDEMIA EN UNA OPORTUNIDAD DE REFORMA

Luego de dieciséis meses de iniciada la crisis de Covid-19 en Guatemala, vale la pena repasar, desde las políticas pública, qué se hizo y qué se ha dejado de hacer para morigerar el impacto económico y social de la pandemia, así como para facilitar la adaptación del país a la nueva normalidad que se está configurando aquí y en el resto del mundo. En marzo de 2020, la etapa de contención se encaró con políticas oportunas y contundentes: confinamientos forzosos, cierres parciales y distanciamiento social, generaron elogios a nivel internacional y un aumento de la popularidad del gobierno. Se suponía que el propósito de esas medidas era el de ralentizar los contagios en tanto se fortalecía la capacidad de respuesta del sistema de salud pública: aumento de las unidades de encamamiento y de cuidados intensivos, pruebas masivas de laboratorio, y aumento del personal sanitario. Pero, por desgracia, el temprano éxito de las medidas de contención no se aprovechó para apuntalar el sistema de salud pública.

Similarmente, la etapa de mitigación comenzó con muy buen pie con la aprobación de medidas de apoyo económico a las familias y a las empresas, incluyendo el histórico y multimillonario crédito del banco central al gobierno. Desafortunadamente, la rápida aprobación de estos programas (que también fue motivos de elogios de la opinión pública) no se vio acompañada de una eficiente ejecución. Las entregas de las ayudas fueron desordenadas y, en algunos casos, sumamente lentas, mientras que los créditos de apoyo a las empresas fueron manejados con lentitud y opacidad.

La etapa de reapertura, que debía implementarse por fases y protocolos, según un tablero de alertas, también se ejecutó de forma improvisada y desordenada, entre otras razones, por la falta de un sistema efectivo de información y comunicación. Finalmente, la etapa de reactivación, que debió plantear una serie de medidas en materia de dotación de incentivos para las actividades económicas más afectadas, así como de acciones concretas para mejorar el clima de negocios, acompañadas de una creíble readecuación del presupuesto de Estado, no llegó siquiera a plasmarse en un plan coherente, dejando la reactivación en manos del rebote en el consumo de los hogares y de las remesas familiares.

De manera que un primer trimestre de pandemia en que se actuó oportuna y eficazmente, fue seguido de un año de políticas desordenadas y de lenta ejecución. Aparentemente se está perdiendo la ocasión de convertir la crisis de la pandemia en una oportunidad de desarrollo. La pandemia puso en evidencia la debilidad de las instituciones estatales y su incapacidad de proveer los bienes públicos esenciales. Pero aún no es demasiado tarde para aplicar políticas como la creación de un seguro de desempleo en el IGSS, el fortalecimiento del sistema estadístico nacional, la aplicación de esquemas eficaces de garantía de créditos para los sectores económicos afectados, y la inversión estratégica (y transparente) en el sector de salud pública. Aún estamos a tiempo.

MEDIDAS PARA ACELERAR EL CRECIMIENTO

EXISTEN MEDIDAS CONCRETAS QUE, A CORTO PLAZO, PUEDEN AYUDAR A MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD

 La reactivación está en marcha: diversos indicadores económicos apuntan a una recuperación dinámica del nivel de producción. En gran medida, esta reactivación es inercial, ya que después de una recesión ocasionada por un shock exógeno (como la que ocurrió el año pasado a causa de la pandemia de Covid-19) casi siempre se produce un rebote como el que estamos experimentando. Si ese rebote no va acompañado de un aumento en la productividad, lo más probable es que, después de este año de recuperación, nuestra economía retorne a los niveles estables, pero muy mediocres de crecimiento, similares a los de los últimos lustros.

 La única forma en que nuestra economía crecerá más rápidamente de forma sostenible es mediante un aumento de la productividad, que solo puede obtenerse si se mejora el marco institucional -político y económico- y, con él, la certeza jurídica, el clima de negocios y la inversión en capital físico y humano. Por desgracia, ello solo es posible a mediano plazo. Sin embargo, a corto plazo es posible lograr algunas mejoras en la productividad si se identifican adecuadamente aquellos cambios que la pandemia ha provocado en la estructura y en las relaciones económicas, y se aprovechan para inyectar dinamismo y eficiencia a dichas relaciones.

 En efecto, la pandemia ha modificado la forma en que muchas personas obtienen y gastan sus ingresos: se ha acelerado el uso de medios digitales, así como la automatización de muchos procesos que ahora se hacen remotamente, y se ha generalizado el tele-trabajo en muchos sectores. Muchos de estos cambios vinieron para quedarse y pueden estar logrando aumentos de la productividad en diversos sectores de la actividad económica. Sin embargo, otros sectores se han visto fuertemente afectados por la crisis y por la automatización de procesos, y es probable que los empleos que se pierdan en estos sectores nunca lleguen a recuperarse.

 Por lo tanto, es imprescindible que las políticas públicas ayuden, por un lado, a que los sectores que están cobrando dinamismo en el nuevo entorno se reafirmen y fortalezcan pero, simultáneamente, a que los empresarios y empleados afectados en los sectores más golpeados puedan hacer una transición hacia nuevas actividades y empleos. Existe ya un conjunto de medidas -pendientes de aprobar o de aplicar- que las autoridades gubernamentales podrían estar impulsando para coadyuvar en ese proceso: un marco legal para regular las insolvencias y la restructuración de empresas; la reglamentación del trabajo a tiempo parcial; los programas de reentrenamiento y capacitación laboral en tecnologías informáticas; un seguro de desempleo (a cargo del IGSS); esquemas de garantía crediticia para las actividades con potencial productivo; o, el fortalecimiento de la resolución de conflictos mediante el arbitraje. Para todas estas medidas ya existen propuestas concretas. Lo que hace falta, como siempre, es que los encargados (en los tres poderes del Estado) les asignen la prioridad que se merecen.

PARA SALIR DE ESTA LARGA PANDEMIA

 LAS PERSPECTIVAS QUIZÁ NO SEAN TAN OPTIMISTAS COMO LAS PINTA EL FMI

 Este año, de acuerdo a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, la economía de Guatemala podría crecer a un ritmo de 4.5 porciento, recuperándose de la caída de 1.5 porciento que ocasionó la pandemia el año pasado, que registró la peor recesión en casi 40 años y de cuyas secuelas el nivel de empleo y de ingreso per cápita no se podrán recuperar tan rápidamente como, aparentemente, sí hará la producción de bienes y servicios.

 Sin embargo, las previsiones del FMI lucen, a primera vista, extremadamente optimistas. La persistencia de la crisis sanitaria generada por el Covid-19 ensombrece gravemente las perspectivas de recuperación a corto plazo; al mismo tiempo, la pandemia amenaza con agravar varias fragilidades estructurales del país, planteando importantes desafíos a largo plazo: los sectores de clase media han sido muy afectados en sus ingresos; el cierre prolongado de las escuelas públicas dañará las perspectivas y calidad del empleo de miles de futuros adultos; y, el Estado no solo ha mostrado durante la crisis sus severas limitaciones en la provisión de servicios básicos, sino que ha incurrido en déficits fiscales que ponen en riesgo la tan preciada estabilidad macroeconómica. De manera que las perspectivas a corto plazo están comprometidas ante la incertidumbre creada por la pandemia y las sombrías esperanzas de vacunación, mientras que las de largo plazo están amenazadas por la dislocación económica y social generada por una pandemia ya muy prolongada.

 Ante este panorama, lo que realmente apremia es que se acelere el acceso a las vacunas. Sin una vacunación masiva, rápida y efectiva, será imposible impulsar las perspectivas de crecimiento y salud que con tanto optimismo prevé el FMI. Esto requiere que se ejecuten cuanto antes los recursos aprobados desde hace varios meses para la compra y aplicación de las vacunas, y que se implementen sistemas locales de salud más fuertes, al tiempo que se redoblan los esfuerzos de contención, profilaxis y tratamiento de la enfermedad. Eso, en el cortísimo plazo.

 Para el mediano y largo plazos se necesita un esfuerzo triple para desatar el inmenso potencial de nuestra economía: reformas institucionales audaces para generar un clima empresarial favorable e impulsar el crecimiento económico; ampliar el acceso a la infraestructura, la educación, y la salud de alta calidad; y, medidas fiscales para recuperar le sostenibilidad y revertir muchos años de mediocre crecimiento. Así pues, los encargados de las políticas públicas deben hacer frente no solo al desafío inmediato que plantea la crisis sanitaria (que, aparentemente durará aún mucho tiempo), sino también deben impulsar las políticas clave para fomentar la inversión y el acceso a los servicios públicos básicos que generen el crecimiento de largo plazo que el país necesita.

GUATEMALA FELIZ (2021)

El guatemalteco es feliz riéndose de la vida y haciendo lo que quiere

El mes pasado se publicó el noveno Reporte Mundial de Felicidad (World Happiness Report) que anualmente publica el Banco Mundial con base en encuestas que se realizan en 149 países. Este reporte estuvo marcado por las sensaciones de inseguridad económica, de ansiedad, y de daño a salud física y mental provocados por el Covid-10. Sin embargo, aunque en la mayoría de países se detectó un sube y baja de emociones, el nivel de satisfacción con la vida durante la pandemia solo empeoró en la etapa del confinamiento, para recuperarse rápidamente después.

El ranking de felicidad no varió mucho y Guatemala (aunque sin datos actualizados para el año pasado) sigue siendo un país particularmente feliz, ocupando el puesto 30 en el mundo. Esta buena calificación es, en cierto modo, una anomalía, ya que suele observarse una correlación positiva entre el nivel de ingreso y la sensación de felicidad en la mayoría de países, lo cual no es de extrañar porque el dinero, aunque (como bien lo han dicho desde Aristóteles hasta los Beatles) no compra la felicidad, seguramente ayuda a reducir la sensación de inseguridad y angustia que genera la pobreza material.

De hecho, de los componentes que integran el índice publicado, nuestro país ocupa un puesto muy malo tanto en el indicador de ingreso (puesto 96), como en los indicadores de apoyo social (89), de vida sana (86), de generosidad -tendencia a ser caritativos- (83), y de percepción de corrupción (74). Los dos indicadores que nos salvan (y que, de hecho, nos ubican entre los países felices) son los que miden la tendencia a tener emociones positivas -reír, disfrutar de la vida, estar contentos- (puesto 3) y el de libertad de tomar decisiones de vida (26). Podríamos decir que el guatemalteco es feliz riéndose de la vida y haciendo lo que quiere, dentro de sus posibilidades.

Este reporte mundial de felicidad demuestra es que, en un ambiente de crisis extrema como el generado por la pandemia, la confianza y la capacidad de contar con los demás son los factores clave para sentir satisfacción con la vida: confiar en que su billetera extraviada será devuelta si la encuentra un policía, un vecino o un extraño, resulta ser más importante para la felicidad que los ingresos, el desempleo y las amenazas a la salud. Es más, aquellos países con mayor sensación de confianza social han tenido un mejor desempeño frente a los embates del Covid-19: las instituciones públicas confiables tienen más probabilidades de elegir la estrategia correcta y de que sus ciudadanos las apoyen.

Resulta interesante que tanto la confianza social, como la capacidad de generar mejores ingresos, dependen crucialmente de la calidad de las instituciones públicas. Si Guatemala tuviera mejores instituciones estatales, podríamos ser el país más feliz del planeta.

INDUSTRIAS CREATIVAS: UN MOTOR DE LA ECONOMÍA

 

LAS ACTIVIDADES CULTURALES GENERAN MÁS DEL 7 POR CIENTO DEL PIB

Las industrias creativas representan una fuerza económica en la que confluyen talento, propiedad intelectual, conectividad y herencia cultural. Hace algunos años, un estudio del Ministerio de Cultura reveló que las industrias culturales en Guatemala eran un sector que generaba el equivalente al 7.3 por ciento del PIB y que, además, no solo crecía más rápidamente (a 7 por ciento anual) que el resto de sectores económicos, sino también generaba numerosas fuentes de empleo y gozaba de una elevada productividad.

La economía creativa no se circunscribe al mundo tradicional de las artes, sino que incluye toda actividad cuyo valor agregado se base en la propiedad intelectual: arquitectura, artes visuales y escénicas, artesanía, cine, diseño, editorial, investigación y desarrollo, moda, música, publicidad, software, radio-televisión, juguetes, y -crecientemente- videojuegos. Es altamente probable que muchas de estas actividades creativas hayan aumentado su aporte a la economía en años recientes, tendencia que seguramente se aceleró durante la pandemia: el comercio de servicios creativos ha encontrado en las nuevas formas de intercambio y comunicación un ambiente propicio para prosperar.

Actividades creativas -como los videojuegos- prometen convertirse en un pujante motor de la economía cultural, aunque muchos tradicionalistas se resisten a aceptarlas como manifestaciones artísticas. Pese a esa resistencia, varios videojuegos ya han aparecido en prestigiosas colecciones de museos y han sido definidos como piezas creativas valiosas. Es cuestión de tiempo: no hay que olvidar que el cine también enfrentó una resistencia similar antes de llegar a convertirse en el (hoy aceptado) “séptimo arte”. Hoy, expresiones creativas como los videojuegos conjuntan la narrativa, la música y el arte visual, y las estructuran mediante la tecnología para lograr -utilizando luz, sonido, lenguaje- una creación que es capaz de expresar, transmitir y provocar emociones y experiencias de una manera única. Es decir, son un arte.

Los cambios sociales y culturales que ha traído consigo la pandemia presentan una oportunidad para poner en valor nuevamente el potencial económico y social de las industrias creativas y, en consecuencia, para diseñar e impulsar políticas culturales eficientes que permitan la conservación y el desarrollo de condiciones para la creación y promoción de la creatividad y la cultura. Estas políticas deben incluir el resguardo de los derechos de propiedad intelectual y el acceso masivo a la internet, elementos fundamentales de las nuevas actividades creativas. De lo contrario, el trabajo de muchos creadores y artistas que se están adaptando -contra toda adversidad- a las nuevas realidades sociales y tecnológicas surgidas con la pandemia, quedará sin incentivos para florecer y expandirse en el inmenso campo de las industrias creativas.

La Mejor Política de Reactivación

UN PROGRAMA DE VACUNACIÓN RÁPIDA Y GLOBAL ES EL ESTÍMULO MÁS FUERTE QUE PODEMOS PROPORCIONAR A LA ECONOMÍA

El impacto de la pandemia en el mercado laboral de Guatemala ocasionó el año pasado la pérdida de casi 61 mil puestos de trabajo formal (según la caída registrada de trabajadores afiliados al seguro social) y, presumiblemente, el aumento de unos 200 mil subempleados en el país. Eso entraña un golpe duro para el principal motor de nuestra economía -el consumo de los hogares- que, a pesar del impulso continuo que recibe de las remesas familiares y del apoyo (temporal e insostenible) que provino de las transferencias de emergencia que el gobierno concedió a muchas familias, dificultará la reactivación de la economía nacional.

De manera similar, otro motor clave de la actividad económica -la inversión en capital fijo- sufrió una fuerte caída en 2020. De hecho, de los cuatro motores de la demanda agregada -el consumo de los hogares, el gasto gubernamental, las exportaciones y la inversión- fue este el más afectado por la pandemia. La caída de la inversión, que ya venía manifestando niveles alarmantemente bajos en las últimas décadas, compromete gravemente las posibilidades de expansión de la actividad productiva en el mediano y largo plazos.

Tanto para dinamizar el consumo, como para multiplicar la inversión, resulta fundamental recuperar la confianza de los agentes económicos (recuperar, como diría Keynes, los espíritus animales). Sin embargo, recobrar la confianza resultará muy difícil si el país continúa hundiéndose en un clima de confrontación y de falta de certeza jurídica. Uno de los aspectos que más encapota con nubarrones de incertidumbre el horizonte económico del país es la vacilante evolución de la pandemia y, vinculada con ella, la falta de claridad respecto de la vacunación.

La vacunación, en efecto, debería ser la principal estrategia nacional para recuperar la confianza: es una acción unificadora (en medio de un entorno de confrontación), es inspiradora (en un entorno de pesimismo), es capaz de impulsar tanto el consumo como la inversión, y es una carta políticamente ganadora. Incluso si los líderes políticos y gubernamentales encargados de impulsar tal estrategia fuesen negacionistas o temerosos de la efectividad de las vacunas, no deberían despreciar las innumerables virtudes políticas de una bien diseñada (y mejor comunicada) política nacional de vacunación masiva.

La vacunación es tan crucial que la propia nueva secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, en una carta enviada la semana pasada a los líderes de los países más ricos, los instó a aumentar su apoyo para satisfacer las grandes necesidades insatisfechas de las iniciativas de vacunación para los países en vías de desarrollo, indicándoles que “un programa de vacunación rápida y verdaderamente global es el estímulo más fuerte que podemos proporcionar a la economía global”. En el mismo tono, podemos afirmar que un programa de vacunación, urgente y efectivo, a nivel nacional es la mejor política de reactivación económica de corto plazo que podremos encontrar.

Lo Bueno, lo Malo y lo Feo

 LUCES Y SOMBRAS DEL DESEMPEÑO ECONÓMICO DE GUATEMALA

Es un hecho que la economía guatemalteca decreció en 2020 mucho menos de lo que lo hicieron los demás países del Continente; pero también es cierto que nuestro repunte económico en 2021 será menos dinámico que el de esos otros países. Es importante poner en claro las razones por las cuales nuestra economía ha sido demostradamente estable y resiliente ante esta (y la anterior) crisis mundial pero, a la vez, su velocidad de crecimiento ha sido estructuralmente lenta e insuficiente, acentuando nuestro rezago en términos de ingresos y bienestar de la población.

Lo bueno de nuestro país (es decir, lo que permitió que el impacto económico de la pandemia fuera menos severo) tiene que ver con que, al contar con unas condiciones monetarias y fiscales sólidas, fue posible adoptar oportunamente las medidas que soportaron la demanda interna -pública y privada-. Asimismo, el admirable esfuerzo de nuestros compatriotas migrantes -que en buena medida acudieron a sus ahorros para enviar remesas a sus familiares acá en casa-, así como la notable diversificación de nuestra base exportadora, sostuvieron el consumo de los hogares y la producción agroindustrial. Todo ello en un entorno en el que, afortunadamente, la velocidad de los contagios, aunque severa, nunca se tornó catastrófica.

Lo malo -el gran lastre- de nuestra economía es que, aunque tres de los cuatro motores de la producción nacional (el consumo de los hogares, el gasto público y las exportaciones) resistieron el embate de la pandemia, el cuarto motor (la inversión) se desplomó. Lo que es peor, la inversión era desde antes de la crisis el motor más pequeño e ineficiente del aparato productivo, razón por la cual el crecimiento económico de Guatemala ha sido el segundo más lento de toda Latinoamérica en los últimos cuarenta años y nuestras perspectivas de largo plazo continúan siendo menos que mediocres.

Lo feo es que, detrás de esa paupérrima tasa de inversión subyace una famélica red de instituciones públicas que, por un lado, genera un ambiente de perenne incertidumbre y, por otro, impide que el Estado preste los servicios públicos esenciales que está llamado a proveer (seguridad, justicia, educación y salud primarias, infraestructura vial), todo lo cual se traduce en una baja productividad sistémica y en un clima adverso para que los negocios y los empleos florezcan.

La tarea clave es la de corregir lo malo (y lo feo), pero sin destruir lo bueno. En el afán de reformar el Estado, no debemos caer en el error echar por la borda las pocas -pero cruciales- fortalezas de nuestra economía: la estabilidad macro, la apertura comercial, la diversificación de la base productiva y la inclinación natural del guatemalteco al libre emprendimiento. Pero igualmente, en el afán de preservar la estabilidad y resiliencia macroeconómica, no debemos caer en el inmovilismo que no admite (o ni siquiera ve) la necesidad vital de reformar las instituciones estatales. El desafío que enfrenta hoy Guatemala es el de preservar las virtudes de su economía y, a la vez, corregir sus profundas debilidades estructurales. Para ello se necesitan luces y determinación, pero también prudencia.

Nubarrones en el Horizonte

 LA ANSIADA RECUPERACIÓN ECONÓMICA ENFRENTA OBSTÁCULOS IMPREVISTOS

Tras un aciago 2020, las expectativas económicas para el presente año se pintaban optimistas, con un crecimiento del PIB repuntando a una tasa anual de 3.5% en 2021, luego de haber retrocedido en -1.5% el año previo. Detrás de ese optimismo estaba la perspectiva de una mengua en los contagios de covid-19, acompañada de una desescalada de las restricciones a la movilidad ciudadana y, con ella, una reactivación rápida de las actividades de producción y consumo. Todo ello, en un ambiente de mejora en las condiciones de la economía mundial que favorecería un aumento de nuestras exportaciones y de los flujos de remesas familiares hacia Guatemala.

Sin embargo, estas expectativas positivas se han empezado a ver amenazadas en las primeras semanas del año por una serie de nubarrones en el horizonte que están surgiendo de manera imprevista, lo cual podría perjudicar la actividad económica nacional, a pesar de seguir siendo nuestra economía una de las menos afectadas por la pandemia (en comparación con los países vecinos). Los efectos nocivos sobre la economía mundial, derivados de la segunda y tercera olas de la pandemia en un gran número de países, se ven exacerbados por el surgimiento de nuevas mutaciones del virus, así como por los problemas de fabricación y distribución de las distintas vacunas disponibles, todo lo cual compromete el desempeño de las exportaciones nacionales y mantiene deprimidas actividades como el turismo, cuya recuperación depende crucialmente de que, en algún momento, la pandemia retroceda.

A nivel doméstico también se están acumulando nubarrones. El aumento de los contagios detonó, por parte del gobierno, nuevas restricciones a la actividad comercial y a la provisión de ciertos servicios, lo cual ocasiona un impacto económico que puede verse agravado por la incertidumbre que existe respecto de la capacidad del país de adquirir, distribuir y aplicar un número suficiente de vacunas para inmunizar a la población. Por otra parte, la decisión del gobierno de no enviar al Congreso una iniciativa para readecuar el presupuesto estatal significa que, formalmente, el techo del gasto gubernamental seguirá siendo enorme (Q107 millardos, mientras no haya un acuerdo legislativo que lo reduzca), lo que no contribuirá a disipar las dudas existentes en los mercados financieros -nacionales e internacionales- respecto de la sostenibilidad fiscal del país.

A eso se suma el impacto negativo que sobre el clima de negocios pueden tener los elevados niveles de desempleo ocasionados por la pandemia, la incapacidad de que las más altas cortes se integren y funcionen con un mínimo de eficiencia y certeza jurídica, la creciente fragmentación partidaria en el Congreso, y el continuado deterioro institucional. Para que estos nubarrones no se conviertan en una tenebrosa tormenta, será necesario que las políticas públicas se re-enfoquen -cuanto antes- en acelerar la vacunación contra el covid-19, en fomentar la reactivación económica, en asegurar la sostenibilidad fiscal y, sobre todo, en reformar las instituciones clave para asegurar un adecuado clima para generar inversión y empleo en el largo plazo.

No Nos Ha Ido Tan Mal

 EL IMPACTO DE LA PANDEMIA ESTÁ SIENDO ENORME, PERO HA PODIDO SER PEOR

La pandemia de covid-19 ha tenido un impacto catastrófico que se manifiesta, simultáneamente, en una crisis sanitaria y una crisis económica sin precedentes. Hace un par de semanas se desató en las redes sociales una polémica en torno a una gráfica, elaborada por la consultora Diestra, en la que se evalúa el desempeño de los países ante la pandemia midiendo dos dimensiones: los decesos ocasionados por el virus (impacto sanitario) y la caída estimada del PIB (impacto económico). Ahí se evidenciaba que Guatemala era de los países menos afectados en el mundo. Algunos inmediatamente descalificaron la gráfica (arguyendo que las cifras estaban erradas), mientras que otros atribuyeron los resultados a las buenas políticas públicas adoptadas durante la crisis.

Objetivamente, la gráfica en cuestión resulta una herramienta interesante para comparar el impacto de la pandemia entre países. Incluso si las cifras para Guatemala se ajustaran (digamos que en vez de tener los 275 decesos registrados por millón de habitantes tuviéramos 400, y si en vez de una caída del PIB estimada oficialmente en -1.5% cayésemos un 3%), aun así, nuestro país sale mejor librado de la pandemia que la mayoría de países en el mundo. La pregunta relevante es si ese buen desempeño relativo se debe a las políticas públicas o es fruto del azar.

Las medidas de confinamiento observadas en Guatemala en los albores de la crisis no fueron ni tan estrictas como las medidas draconianas aplicadas, por ejemplo, en la India (que hicieron colapsar la actividad económica), ni tan relajadas como las que se aplicaron en la mayoría de los Estados Unidos (que provocaron una grave crisis sanitaria). También se adoptaron medidas efectivas en materia sanitaria: uso obligatorio de la mascarilla, distanciamiento social y lavado de manos. La resultante moderación en la tasa de contagios no es, sin embargo, completamente atribuible a las medidas oficiales, sino también al comportamiento precavido de los guatemaltecos, cuyos indicadores de movilidad se redujeron más que los de los países vecinos. Algunos sostienen que, además, la alta tasa de vacunación contra la tuberculosis que existe en el país pudo haber ayudado también a reducir la incidencia del covid-19.

En el campo económico, el impacto se moderó gracias a una rápida aprobación de programas de apoyo a las familias y empresas afectadas, así como por una política monetaria acomodaticia. Pero seguramente ayudó más el persistente flujo de remesas familiares, así como el espíritu emprendedor de los guatemaltecos, su ancestral ingenio, su capacidad de adaptación y su reconocida solidaridad.

Si bien es cierto que esas dos dimensiones -caída del PIB y número de decesos- no son las únicas medidas válidas del impacto de una tragedia humanitaria tan grave como la pandemia de covid-19, también lo es que no se puede negar que Guatemala ha salido mejor librada que muchos otros países, ni que ello se debe -en parte- al mérito de algunas de las políticas aplicadas. Pero tampoco podemos negar que hemos corrido con mucha suerte… hasta ahora.

Las Crisis Engendran Oportunidades

 PARA ADAPTARSE CON ÉXITO AL MUNDO POST PANDEMIA SE REQUIEREN MEJORES INSTITUCIONES

 La pandemia de covid-19 trastocó profundamente la sociedad y hundió la economía, no solamente en Guatemala sino en casi todo el mundo. El deseo de encontrar una nueva normalidad para nuestras interacciones sociales y de recuperar el crecimiento económico se topará con cambios acelerados en el escenario político internacional y en las tendencias que definen los intercambios comerciales y culturales: la revolución digital se ha acelerado a una velocidad inusitada, al tiempo que actividades como el turismo y los viajes han debido adaptarse a unas condiciones históricamente adversas. Mientras que la globalización se ha desacelerado, los populismos parecen proliferar.

 Ante este escenario de incertidumbre sin precedentes, nuestra pequeña economía y nuestra frágil república deben enfrentar una serie de desafíos que se vislumbran muy complicados. Empezando por la anhelada vacuna, cuya aplicación masiva debería convertirse en la política prioritaria del gobierno en los próximos meses, ya que una exitosa campaña de vacunación contra el covid-19 podría convertirse en un paso decisivo para abatir las expectativas negativas que han lastrado el consumo y la inversión durante la pandemia.

 Otro desafío clave es generar un ambiente de certeza jurídica indispensable para que las inversiones (y el empleo) florezcan y se multipliquen, a fin de que la economía incremente su productividad mientras se adapta a las nuevas condiciones post pandémicas. Ello implicará también lograr una mejora en las capacidades del Estado para proveer los servicios públicos esenciales y recuperar, al mismo tiempo, la sostenibilidad fiscal que hoy está bajo amenaza por los desequilibrios presupuestarios que, aunque ya existían solapados antes de la pandemia, se evidenciaron y recrudecieron a raíz de esta.

 Todo esto significa que Guatemala debe adoptar las reformas que le permitan adaptarse al nuevo mundo post pandemia. Para que haya inversión y empleo se necesita certeza jurídica, y para que esta exista es indispensable transformar el desastroso sistema de justicia que hoy tenemos. Para que el Estado provea de forma eficaz los servicios públicos esenciales (salud, educación, seguridad, infraestructura) es necesario cambiar los sistemas de partidos políticos, de servicio civil, de infraestructura pública y de control del gasto estatal. Y todas estas reformas deben hacerse de forma ordenada y técnica, preservando la estabilidad macroeconómica que tanto esfuerzo costó alcanzar.

 La cuestión crucial en 2021 será si los guatemaltecos podremos aprovechar la oportunidad que esta crisis nos presenta para impulsar ordenadamente los cambios institucionales que el país necesita o si, por el contrario, la incertidumbre y la miopía nos harán caer presas de la tibieza, el temor y la inacción. Se trata de una ocasión única que, ojalá, los líderes del país (especialmente los políticos) sean capaces de asumir con lucidez y valentía.

POTENCIAR LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

 LA RECUPERACIÓN YA ESTÉ EN MARCHA, PERO AÚN ES FRÁGIL Y HAY QUE APUNTALARLA

Lo peor de la crisis económica inducida por la pandemia parece haber llegado a su fin. Diversos indicadores manifiestan ya un comportamiento positivo y las estimaciones para 2021 apunta a un crecimiento del PIB de alrededor de 3.5% anual. Sin embargo, esta recuperación aún es insuficiente para alcanzar los niveles de producción previos a la pandemia, lo que obliga a pensar en medidas para acelerar el aún frágil crecimiento, para lo cual deben superarse varios desafíos.

El primero es abatir la apatía que la pandemia sembró en consumidores e inversionistas que, por razones de precaución, han estado posponiendo sus decisiones de gasto hasta que se disipe la incertidumbre. Un gasto público inteligente, enfocado en una campaña masiva de vacunación contra el covid-19 y un fortalecimiento de las capacidades de atención en salud, puede ser la clave para revertir el pesimismo de los agentes económicos.

Un segundo desafío es movilizar el financiamiento al sector productivo. La referida posposición del consumo y de la inversión ha implicado que las personas y las empresas prefieran mantener niveles elevados de liquidez; al mismo tiempo, la recesión provoca que los bancos actúen con suma cautela y ralenticen la concesión de préstamos. Esto ha generado importantes excedentes de liquidez que solo podrán canalizarse hacia crédito productivo cuando las entidades financieras empiezan a percibir menores riesgos de que los préstamos caigan en mora. El gobierno podría crear fondos de garantía para provocar tal percepción y permitir que los excedentes de liquidez fluyan para financiar actividades productivas.

Otro desafío es mantener la disciplina fiscal, indispensable para preservar la estabilidad macroeconómica. La crisis supuso un gran gasto gubernamental que generó un rápido aumento de la deuda pública y una reducción de los espacios fiscales. Sin embargo, generar un crecimiento más sólido requiere que se invierta en el futuro, lo que implica fortalecer el sistema de salud y de protección social, pero también el capital humano (educación y formación para el trabajo) y las oportunidades económicas (incluyendo infraestructura). Mantener el equilibrio entre ese gasto necesario y la disciplina fiscal puede lograrse si se adoptan reglas fiscales eficientes que impongan límites razonables y guíen el gasto estatal con transparencia.

Un cuarto -y crucial- desafío es fortalecer las instituciones del Estado para crear un clima adecuado para el intercambio económico y la inversión. Sin un sistema de justicia en el que jueces independientes diriman los conflictos; sin un sistema político que provea servidores públicos con visión de largo plazo; sin presupuestos oficiales bien planteados y eficientemente ejecutados; y, sin reglas claras que den certeza jurídica a las decisiones económicas, será imposible que la recuperación económica alcance el vigor y la sostenibilidad que el país necesita para garantizar el bienestar y el progreso de la población.

¡La Vacuna!

LA VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 DEBE SER LA PRIORIDAD PRESUPUESTARIA Y LOGÍSTICA DEL GOBIERNO EN 2021

En medio de una segunda ola de contagios en el Hemisferio Norte, la gran noticia de la última semana ha sido el anuncio del alto grado de eficacia de al menos tres diferentes vacunas contra el covid-19. Gran Bretaña será el primer país en empezar a inocular a su población. Ahora es probable que, con la vacuna y las técnicas terapéuticas en continua mejora, veamos el final de la pandemia durante 2021, especialmente en los países ricos. Sin embargo, los países en vías de desarrollo no la tenemos tan clara: existen muchas dudas sobre nuestra capacidad para implementar políticas de inmunización masiva, especialmente en un entorno de fiera competencia entre países por acceder a suficientes vacunas.

La vacunación contra el covid-19 debería convertirse, por mucho, en el centro de las políticas públicas del Estado guatemalteco en 2021. Ello implica priorizar los recursos financieros y logísticos del gobierno para acceder a una cantidad adecuada de vacunas de la mejor calidad. Se sabe que las autoridades ya han efectuado una reserva inicial de una de las vacunas, pero se trata de una cantidad aún insuficiente de vacunas para alcanzar la inmunidad de grupo el año próximo. Y aún está pendiente de pagarse la mayor parte del costo de dichas vacunas.

Lo anterior implica, en primer lugar, que la vacunación debe ser una prioridad presupuestaria en 2021. Algunos expertos estiman que se necesitan unos Q1500 millones para comprar las vacunas suficientes para cubrir al 40 por ciento de la población que se necesita inmunizar para alcanzar la inmunidad de grupo. No es un monto descabellado y, ahora que se está revisando el presupuesto del Estado, resulta ser un rubro al que debe darse primacía. En segundo lugar, la vacunación deberá convertirse en una prioridad logística, lo que plantea un desafío complejo para un aparato estatal anquilosado, torpe y corrompido.

Transformar la lucha contra la pandemia en el eje del quehacer gubernamental reviste una serie de ventajas: puede convertirse en un tema unificador capaz de dar un rumbo definido y ampliamente popular al gobierno, de canalizar los esfuerzos de la sociedad civil hacia un fin indiscutiblemente noble y de apaciguar los justificados descontentos y frustraciones de la población respecto del aparato político. A estos réditos políticos derivados de una estrategia de vacunación se le sumarían sus innegables réditos económicos: el gasto público en la vacuna generaría retornos financieros enormes en la medida en que los “espíritus animales” (y con ellos la inversión y el consumo) se reaniman ante las perspectivas de un pronto retorno a la normalidad.  

Sin embargo, dedicar una buena parte del presupuesto y de los recursos logísticos del Estado a la vacuna reduce las oportunidades de hacer negocios turbios con el erario, por lo que quizá muchos funcionarios corruptos no alcancen a ver la importancia de colocar la vacunación como la prioridad uno del gobierno en 2021. Cambiar eso será otro enorme desafío para el gobierno.