Repartiendo el Presupuesto Estatal

La lógica de asignar porcentajes fijos de ingresos a determinados destinos de gasto no solo es matemáticamente imposible, sino que es financieramente irresponsable y fiscalmente insostenible

Hay que repetirlo: de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Los asambleístas constituyentes de 1985 pensaron que sería bueno asignar distintos porcentajes de los ingresos fiscales a ciertos destinos que, en su momento, se consideraron prioritarios (como los asignados a la Universidad de San Carlos -USAC- o al deporte federado). Siguiendo esa bienintencionada lógica, resulta interesante hacer un ejercicio de asignar ingresos estatales hacia algunos gastos prioritarios.

Puestos a repartir porcentajes, dado que la Constitución dispone que el cinco por ciento de los ingresos tributarios debe dársele a la USAC, sería válido asignar otro tanto a la educación primaria y otro a la secundaria (ambas tanto o más importantes que la educación superior). Y, bueno, tampoco hay que descuidar la educación preprimaria, a la que habría que asignarle, digamos, un dos por ciento. La nutrición (crucial para el desarrollo intelectual de los niños) debería también recibir otros cinco, mientras que al deporte -complemento necesario de la educación- habría que dejarle su tres por ciento actual.

La atención primaria en salud también merece recibir, como mínimo, un cuatro por ciento y los hospitales (y centros de salud) otro tanto. Y, hablando de infraestructura, las carreteras están en plena crisis y deberían recibir al menos un cinco por ciento; los puertos, aeropuertos, escuelas y edificios públicos, un tres; y, a la vivienda -que tanto empleo genera y cuyo financiamiento se pretende ahora subsidiar- podría asignársele un cuatro. Al dos por ciento que ya recibe el Organismo Judicial habría que agregarle un uno por ciento para la CC y el TSE. La seguridad ciudadana (policía, resguardo de fronteras e inteligencia del Estado) debería tener al menos un cinco por ciento.

La protección del patrimonio cultural y arqueológico bien merece un tres por ciento, lo mismo que el medio ambiente y la Pachamama. La Escuela Nacional de Agricultura ya tiene una asignación que podría ampliarse a un tres por ciento para apoyar la agricultura familiar. Si las municipalidades ya reciben un diez, a los Consejos de Desarrollo habría que darles un cinco. La duda pública hay que seguirla pagando, lo que significa apartar un veinte por ciento de los ingresos; y el pago a las clases pasivas del Estado seguiría ocupando otro seis por ciento. La atención a los programas sociales (adulto mayor, bolsas familiares, comedores populares, subsidios al transporte y a la energía, bomberos, etcétera) ocuparía quizá otro seis por ciento. El funcionamiento de los ministerios y secretarías complementarios (Economía, Relaciones Exteriores, Energía y Minas, Finanzas, Procuraduría General, PDH, etcétera) demanda otro ocho por ciento de los ingresos.

Quizá faltan prioridades, pero ya no quedan recursos para repartir: con estas asignaciones ya sumamos más del ciento quince por ciento de los ingresos fiscales. Resulta evidente que la lógica de asignar porcentajes fijos de ingresos a determinados destinos de gasto no solo es matemáticamente imposible, sino que es financieramente irresponsable y fiscalmente insostenible. Los destinos que hoy son prioridad (como la USAC o la desnutrición) quizá ya no lo sean en el futuro; las finanzas públicas deberían tener la flexibilidad de modificar sus prioridades de gasto conforme cambian las realidades sociales y las políticas públicas.

Quién Elige a los Jueces

La inclusión de una mayoría de “académicos” en las comisiones de postulación, lejos de lograr elevar el nivel de éstas, rebajó el de los entes supuestamente académicos

De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Los diputados constituyentes incluyeron varias de estas buenas intenciones en la Constitución Política de la República que, con el correr de los años, se han convertido en pesados lastres para el progreso del país. La semana pasada comentamos, por ejemplo, los graves problemas fiscales que hoy generan los bienintencionados situados constitucionales que le asignan un importante porcentaje de los impuestos a un pequeño número de privilegiadas entidades estatales. Otra de esas buenas intenciones que pavimentan nuestro infierno es la elección de magistrados del Organismo Judicial mediante el fracasado mecanismo de las comisiones de postulación.

Ser magistrado de la Suprema o de sala de apelaciones entraña un gran poder (pues deciden, por ejemplo, quién puede participar o no en las elecciones, cuándo debe cerrar operaciones una empresa, o si procede concede prisión preventiva a un acusado). Se trata, en consecuencia, de cargos muy apetecidos y su elección muy susceptible a vicios tales como el tráfico de influencias. Por desgracia, el sistema de comisiones de postulación ha probado ser tanto o más susceptible a estos vicios que la elección directa por parte de los políticos electos (que es lo habitual en democracias avanzadas). 

La bienintencionada inclusión de una mayoría de “académicos” -decanos de Derecho, un rector universitario, y miembros del Colegio de Abogados- en las comisiones de postulación, lejos de lograr elevar el nivel de éstas, rebajó el de los entes supuestamente académicos. Algunos decanos encontraron que, si facilitaban la obtención de títulos de abogado, podrían extender su base de apoyo, tanto en las facultades de derecho como en el Colegio. Así, se elevó la cantidad y se redujo la calidad de los nuevos abogados. Las facultades de derecho empezaron a proliferar como hongos fantasmas. Las elecciones para la decanatura de Derecho o para el directorio del Colegio se han convertido en bacanales donde lo que menos importa es la propuesta y la academia. Los electos suelen gozar de becas en el exterior, patrocinadas por “mecenas” que buscan traficar influencias en las cortes. De ahí que es poco probable que de las comisiones de postulación surjan magistrados eruditos, probos e independientes.

Ante la propensión de los estamentos políticos a buscar (por medios legítimos e ilegítimos) los favores de los magistrados, el remedio (que buscaba impedir que los políticos escogieran a los jueces) resultó peor que la enfermedad: la idea de las comisiones de postulación académicas sucumbió ante la propia corrupción que buscaba impedir. Por mucho que el guatemalteco desconfíe de los políticos, es necesario percatarse de que (tal como sucede en las democracias avanzadas) son estos (habiendo sido electos democráticamente) quienes deben ejercer la representación del pueblo y asumir la responsabilidad de elegir directamente a los magistrados, fiscalizarlos permanentemente y velar por que sean capaces e independientes. Si los políticos no cumplen con esta responsabilidad, debe ser el pueblo soberano quien los penalice en las siguientes elecciones. Las comisiones de postulación, en cambio, no responden ante nadie.

Catástrofe Fiscal a la Vista

Las implicaciones de la sentencia de la CC son de tal magnitud que ameritan un análisis profundo de su interpretación, su aplicación y sus consecuencias

Con la resolución de la Corte de Constitucionalidad -CC-, emitida a finales del año pasado y en la que se resuelve que el aporte que por mandato constitucional le corresponde recibir a la Universidad de San Carlos -USAC- debe calcularse con base en la totalidad de ingresos tributarios del gobierno, la Asociación de Estudiantes Universitarios se anotó una pírrica victoria: consiguieron aumentar significativamente los dineros que recibirá la USAC (y, claro, la propia AEU) a costa de provocar una previsible catástrofe fiscal sin precedentes, en la que los más perjudicados serán, como siempre, los guatemaltecos más pobres.

El fallo de la CC se traduce, en la práctica, en un significativo aumento del monto de recursos a ser trasladados a la USAC: de un aporte Q1,562.3 millones que se le asignó en 2019, se elevaría (con el dictamen de la CC de que sea el 5% de los ingresos tributarios totales) a Q3,201.4 millones; es decir, un aumento de Q1,639.1 millones para 2019 y el cálculo deberá replicarse en años subsiguientes. Pero, además, como la CC indicó que el ajuste debe extenderse otros aportes constitucionales similares, ello implicaría aumentar los aportes al deporte federado y no federado (3% de los ingresos), al Organismo Judicial -OJ- (2%), a las municipalidades (10%) y a la propia CC (5% del presupuesto del OJ). Así, el monto de recursos que el Estado debe dar a estas entidades rondaría los Q14,000 millones, un aumento de más de Q6,000 millones sobre lo presupuestado originalmente.

Los reacomodos presupuestarios que se derivan del fallo de la CC provocarán un desequilibrio severo en las finanzas del Estado que solo podrá solventarse de dos maneras: una, reduciendo (por el equivalente a más del 1.2% del PIB) los gastos prioritarios que hoy se destinan educación primaria, atención en salud, inversión en infraestructura, seguridad ciudadana, etcétera; otra, cubrir con endeudamiento la brecha generada por el aumento en los aportes constitucionales, lo que conllevaría un incremento del déficit fiscal hasta llevarlo a más del 4.5% del PIB, nivel que no solo es insostenible, sino macroeconómicamente muy peligroso.

Las  implicaciones de la sentencia de la CC son de tal magnitud que ameritan un análisis profundo de su interpretación, su aplicación y sus consecuencias, por lo cual se hace imprescindible establecer urgentemente un diálogo entre la CC y los organismos Ejecutivo y Legislativo, a fin de encontrar la mejor manera de enfrentar este enorme desafío, dentro del ámbito jurídico y salvaguardando la viabilidad financiera del Estado, a fin de no poner en riesgo el gasto social, la gobernabilidad democrática y la estabilidad económica del país.

Este intríngulis también debe ser motivo de una profunda reflexión respecto del sentido y propósito de los aportes constitucionales a la USAC, al deporte federado y no federado, a las cortes y a las municipalidades, así como de la necesidad de que estas entidades justifiquen con  eficiencia, transparencia y rendición de cuentas (sometiéndose, sin reservas, a los mecanismos de publicidad, registro financiero, control de gestión y auditoría establecidos en el país y a las mejores prácticas a nivel internacional en estas materias) el sacrificio fiscal que para los contribuyentes guatemaltecos representan los tales situados constitucionales.

LOS ELEVADOS PRECIOS DE LAS MEDICINAS

Muchos gobiernos alrededor del mundo están luchando contra los altos precios de los medicamentos

El precio de los medicamentos ha estado aumentando en los últimos años, no solo en Guatemala, sino alrededor del mundo. La Organización Mundial de la Salud estima que unos 100 millones de personas caen en la pobreza anualmente a causa de lo que deben pagar por sus medicinas. Hay evidencia de que los precios que se cobran por algunos medicamentos -especialmente los asociados a enfermedades catastróficas- son, en efecto, irracionalmente altos.

Ciertamente existen razones de mercado que explican en parte esto, como el envejecimiento de la población, la mayor cobertura de seguros médicos y la creciente demanda de una sociedad con más ingresos y esperanza de vida. Pero también existen razones asociadas a los sistemas de adquisiciones que -por ineficiencia y por corrupción- inflan artificialmente el costo de la medicina. No hay que olvidar que las empresas farmacéuticas obtienen monopolios (más o menos temporales) a través de patentes y contratos otorgados por los gobiernos.

Muchos gobiernos alrededor del mundo están luchando contra los altos precios de los medicamentos. En Guatemala, el tema ha cobrado notoriedad luego de que las declaraciones del respetado médico Román Carlos Bregni y del propio presidente Giammattei, denunciando los altos costos de las medicinas, han puesto en evidencia la necesidad de aplicar urgentemente políticas públicas efectivas para enfrentar el problema.

Esas políticas deben aplicarlas los dos mayores compradores estatales –el Ministerio de Salud y el IGSS- y deben ser equilibradas y cuidadosas para generar transparencia y competencia sin desincentivar la oferta ni afectar la calidad de las medicinas. Hasta ahora, las farmacéuticas han ejercido su enorme poder económico y prácticas agresivas -y a veces ilícitas- para “convencer” a los médicos de recetar sus productos y a las autoridades, de comprarlos a precios inflados.

Varias medidas pueden aplicarse, empezando por acciones que promuevan la transparencia en el mercado de medicinas, como podría ser un sistema permanente de publicidad de precios, o abordar la falta de competencia con medidas enérgicas contra las tácticas empleadas por las farmacéuticas para excluir competidores u obstaculizar el uso de medicamentos genéricos. Y se puede recurrir a la experticia de agencias internacionales para realizar procesos de compra por subasta más transparentes y eficientes.

El IGSS ya lo ha estado haciendo: sus autoridades reportan un ahorro de Q3.6 millardos en cuatro años como parte del convenio firmado con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos -UNOPS-. El Ministerio de Salud debería hacer algo similar. Además de la UNOPS existen otras agencias que pueden ayudar en el proceso (en Ucrania, por ejemplo, el gobierno contrató a Crown Agents, una agencia de desarrollo británica, para comprar medicamentos y en un año generó un ahorro millonario). El primer paso de las nuevas autoridades debería seguir avanzando en esta ruta, en vez de abandonarla como parece ser la intención de quienes quieren seguir lucrando con la salud pública.