Una Transición Política Ejemplar

Las soluciones a la crisis política actual, quizá podamos encontrarlas en la experiencia de la Transición Española de hace 40 años: cambiar el sistema político de raíz, abrir la participación para nuevos partidos políticos, campañas electorales cortas, financiamiento político mixto... hay que saber leer los signos de los tiempos

Guatemala está viviendo lo que en teoría política se define como una transición: un proceso de cambio en el que el antiguo régimen es sustituido por uno nuevo mediante un cambio en las normas, reglas e instituciones. La mayoría de guatemaltecos aspiramos a que esta transición permita remplazar el moribundo régimen de impunidad, corrupción y política patrimonialista, por uno en el que imperen la ley, la transparencia y legitimidad democrática. Inevitablemente, toda transición política genera incertidumbre y efectos no solo en la esfera política, sino también en la economía y en las instituciones del Estado.

Para encontrarle sentido y salida a la crisis transicional que actualmente atravesamos, conviene recordar y analizar los procesos de transición que fueron exitosos en otros países. Justamente en 2017 se cumplen 40 años de un episodio ejemplar de la transición política que transformó la historia de España y que condujo a ese país de la dictadura a una plena democracia y a un periodo de acelerada prosperidad económica.

Todo ello empezó con la reforma radical de su sistema político-electoral, donde convergieron varios elementos: (i) los diputados de las cortes provenientes de la dictadura se reconocieron ilegítimos, supieron leer los signos de los tiempos y emprendieron transformaciones transcendentales: en diciembre de 1976 aprobaron una Ley para la Reforma Política. (ii) Esa ley redujo sustancialmente las barreras de entrada para la creación de nuevos partidos políticos y de un sistema abierto a todas las tendencias ideológicas. (iii) En mayo de 1977 se convocó a elecciones generales para las dos cámaras del Congreso y empezó la campaña electoral, acotada a solamente tres semanas de duración. (iv) El financiamiento de la campaña fue mixto: los simpatizantes y afiliados costearon los gastos de funcionamiento de los partidos, mientras que los tiempos y espacios en los medios de comunicación eran determinados y distribuidos equitativamente por el Estado. (v) La campaña fue una fiesta cívica con amplia participación ciudadana: los partidos y las coaliciones se lanzaron a las calles en busca del voto, organizando mítines y haciendo propaganda a través de megáfonos, carteles y volantes que inundaron las ciudades.

Claro que hubo muchas preocupaciones en una sociedad básicamente conservadora: hubo agonía sobre legalizar el partido comunista (que finalmente se aprobó), se criticó la “sopa de letras” generada por el surgimiento de una enorme cantidad de partidos políticos nuevos y se alertó sobre la supuesta ingobernabilidad que dicha dispersión ocasionaría en el Congreso, y se externó temor de que ocurrieran  actos terroristas por parte de los extremistas de derechas y de izquierdas. Las elecciones se realizaron a mediados de junio de 1977 y ninguno de esos temores se convirtió en realidad.

Las elecciones las ganó la Unión del Centro Democrático (centro-derecha), y el segundo lugar lo obtuvo el Partido Socialista Obrero Español (centro-izquierda). Los partidos extremistas obtuvieron muy pocos escaños. En julio de 1977 se instalaron las dos cámaras del nuevo Congreso, que comenzaron a emitir leyes (incluyendo una nueva Constitución) y a crear instituciones sobre las cuales se basó el acelerado progreso económico y democrático que España vivió en las décadas siguientes.

Quizá esa experiencia ejemplar de transición política pueda darnos luces, o al menos esperanza, para que Guatemala pueda convertir la crisis actual en la oportunidad que hemos estado esperando por décadas; y para aprovecharla hay que empezar con que los líderes del país (como los españoles de hace cuarenta años) sepan leer los signos de los tiempos.

El Sistema de Partidos y la Autoridad Electoral

La madre de todas las reformas, lo hemos dicho varias veces, es la del sistema electoral de partidos políticos, el cual se ha convertido en la fuente y alimento de la corrupción y de la infeficiencia del Estado

 

El sistema electoral y de partidos políticos en Guatemala muestra tales signos de deterioro, perversidad y desnaturalización que resulta evidente la necesidad de reformarlo profundamente. Esta reforma es incluso más importante que la del sistema de contrataciones del gobierno que, precisamente, se corrompió debido a los métodos patrimonialistas del sistema de partidos políticos, de manera que saneando este se mejoraría aquél.

 

La reforma electoral es también más importante ahora que la del sistema de servicio civil, pues este se volvió clientelar y más ineficiente porque fue cooptado por el sistema de partidos políticos: si se sanea este, mejorará aquél. Y lo mismo puede decirse del sistema de justicia, del sistema de salud, o de cualquiera de las muchas actividades de gobierno que se han visto contagiadas del cáncer de la corrupción. Saneando el sistema político se sanea el Estado.

 

Los síntomas de descomposición del sistema político son patéticos. En medio de la absurda y grave (por sus repercusiones nacionales e internacionales), cuanto innecesaria, crisis generada por el enfrentamiento entre el Presidente Morales y el comisionado de la CICIG, y ante la evidente falta de una agenda de políticas públicas priorizadas, resulta inadmisible que ni un solo secretario general o líder prominente de los partidos políticos haya sido capaz de emitir un manifiesto, una propuesta o, aunque fuera, una crítica que diera alguna luz para superar la crisis. Y cuando lo hicieron (la semana pasada en el Congreso) fue para aprobar de manera precipitada una serie de reformas que descaradamente apoyaban la impunidad y la corrupción.

 

Existe un consenso creciente en al menos tres objetivos prioritarios de una eventual reforma del sistema político. Uno de ello es la necesidad de lograr que los ciudadanos se sientan representados por los funcionarios electos; la falta de representatividad de los electos y la absoluta desconfianza de la ciudadanía respecto de las instituciones republicanas son una amenaza terrible para la sobrevivencia de nuestra joven democracia. En segundo lugar, se necesita eliminar el oligopolio que los políticos tradicionales tienen sobre los partidos, reduciendo las barreras de entrada para crear nuevas organizaciones y democratizar el sistema.

 

El tercer consenso se da para fortalecer al Tribunal Supremo Electoral –TSE-. Actualmente los magistrados no son plenamente independientes porque son electos de una manera que les genera deudas y dependencias respecto de los dirigentes políticos, que son precisamente a quienes deben aplicarles la ley y sus sanciones. Prueba de ello es la agonía que vive el TSE cuando tiene que aplicar algún castigo severo a los partidos que reiteradamente violan la ley. Por ello es preciso cambiar la forma en que se eligen los magistrados, empezando porque cada uno se elija de forma individual y la renovación del pleno sea escalonada.

 

Pero cuidado. Esta reforma urgente y necesaria (la madre de todas las reformas) no la van a hacer los políticos por su propio gusto y gana, ni la va a apoyar el actual TSE acomodado en sus poltronas. En el Congreso tienen preparada una reforma a la ley electoral que no sirve y que es un engaño, pues está diseñada para perpetuar el statu quo y favorecer a los partidos grandes. La verdadera reforma debe impulsarla la ciudadanía organizada y sus tanques de pensamiento que llevan años estudiando este tema. La resistencia al cambio será feroz, pero solamente con la presión ciudadana y con el respaldo de la comunidad internacional será posible reformar el actual sistema electoral y de partidos políticos, demostradamente inservible.

Cambiar el Foco del Debate

Para conjurar la incertidumbre y el clima de confrontación de las últimas semanas, conviene un pacto de país que ataje los problemas respecto de los cuales hay una amplio consenso (corrupción en las compras del gobierno, parcialidad de los jueces, sistema electoral deficiente, servicio civil ineficiente)

En las últimas semanas el país se ha sumergido en una espiral de incertidumbre política y en una peligrosa polarización de posiciones y opiniones. El ambiente de discordia generado por la inesperada decisión presidencial de expulsar del país al comisionado de la CICIG se ha reflejado en la conformación de dos bandos –internamente heterogéneos- enfrentados por la permanencia o no de Iván Velásquez y de la propia CICIG.

En el bando que favorece la salida de Velásquez se cuentan personajes que van desde el respetado Doctor Armando De La Torre (un acreditado académico libertario que se muestra genuinamente indignado por la injerencia de un organismo extranjero en los asuntos soberanos de Guatemala) hasta el cuestionable expresidente Otto Pérez Molina (a quien evidentemente le conviene el debilitamiento de la CICIG), pasando por los dirigentes vitalicios de los sindicatos de empleados públicos de la salud y la educación (cuyas motivaciones resultan, cuando menos, cuestionables).

El bando contrario también es muy diverso, con miembros que van desde el controvertido Comité de Desarrollo Campesino (CODECA, especialista en bloqueos de carreteras y en desorbitadas demandas populares) hasta eminentes empresarios y analistas de tendencia conservadora (que acertadamente ven en la corrupción y sus redes a uno de los principales enemigos del progreso nacional), pasando por organizaciones tan influyentes como la Conferencia Episcopal de Guatemala. En ambos bandos hay personas honorables y bien intencionadas, como también las hay oportunistas y malintencionadas.

La confrontación que se vive en diversos ámbitos de la vida nacional se ha visto exacerbada por calculadas acciones de desinformación, rumores bien fabricados y campañas negras que contribuyen a crear un peligroso ambiente de ingobernabilidad y a una sensación generalizada de falta de rumbo y de liderazgo en el país. Este escenario se agrava con las recientes invasiones violentas de plantaciones en el Polochic que desnudan la debilidad de las instituciones gubernamentales y la ausencia del Estado de Derecho.

De prolongarse, esta crisis política va a ocasionar un grave daño a la actividad económica, con los inversionistas (nacionales y extranjeros, pequeños y grandes) posponiendo o cancelando sus decisiones ante la incertidumbre prevaleciente. Por ello es necesario que las élites cobren conciencia de que el país debe cambiar urgentemente el foco del debate y dedicar sus mejores esfuerzos a proponer y aplicar las medidas que complementen la lucha contra la corrupción (que no debe detenerse) y empezar a construir el país que queremos para nuestros hijos.

El primer paso es bajarle la intensidad a la insensata confrontación en que nos han querido envolver (y que solo favorece a las mafias y los corruptos) y luchar porque prevalezca el Estado de Derecho y la paz social. El segundo paso es no cejar en la lucha contra la corrupción. Y el tercero, pactar el impulso de una agenda mínima priorizada para reconstruir las instituciones y el tejido social.

No es difícil identificar una agenda que ataje los problemas respecto de los cuales existe un amplio consenso social: la corrupción en las compras del gobierno, la parcialidad e ineficiencia de los jueces, la falta de representatividad y corrupción de los partidos políticos, el deficiente servicio civil, así como la insuficiencia y el desperdicio de recursos presupuestarios en las áreas prioritarias de salud, nutrición y educación. O logramos pactar e impulsar esta agenda mínima, o el país corre el riesgo de hundirse en un pantano más pestilente incluso que el que imperaba en marzo de 2015.

Efectos Económicos de la Crisis Política

Aunque en el corto plazo la transición que estamos viviendo tiene un costo de ralentizar la economía, en el mediano plazo la erradicación de la corrupción generará certeza e incentivará la inversión y el crecimiento económico 

Aunque hay quienes sostienen que la crisis política desatada en el país raíz de la decisión presidencial de expulsar al Comisionado de la CICIG no debería tener repercusiones en la economía nacional, no puede desecharse el efecto de incertidumbre que dicha crisis está generando en la opinión pública a nivel internacional y -lo que es más relevante- en la evaluación que las calificadoras de riesgo realizan periódicamente a Guatemala.

El episodio es tan relevante que la ampliamente leída revista The Economist lo abordó esta semana en un editorial y un reportaje, espacios que no le dedicaba a nuestro país desde hace muchísimo tiempo, subrayando el probable daño que el presidente Morales habría infligido a su propia gestión con la decisión tomada respecto a Iván Velásquez. Según la revista, con el trabajo de la CICIG Guatemala se había erigido, junto con Brasil, como un ejemplo para otros países de la región en cuanto al combate a la corrupción.

Lejos de apoyar la hipótesis de los simpatizantes de la decisión presidencial, que afirman que el trabajo de la CICIG bajo la dirección de Velásquez ha perjudicado la inversión al crear un clima adverso a los negocios, la prestigiosa revista afirma que, por el contario, cualquier economía liberada del lastre de la corrupción debería atraer más inversión, no menos. Y aunque da validez al argumento de que sería mejor para Guatemala que nuestras propias cortes y fuerzas de seguridad fueran quienes hicieran valer la ley, The Economist estima que el mandato de la CICIG es, precisamente, fortalecer tales instituciones y, hasta que eso ocurra, el tutelaje internacional resulta inevitable.

En efecto, es razonable interpretar que si bien en el corto plazo (como es normal en toda transición política) el cambio de un sistema corrupto e impune a otro donde impere la ley puede generar incertidumbres que, inevitablemente, afectarán las decisiones de inversión, en el largo plazo (y a medida en que, paralelamente, se fortalezcan las instituciones) . Por ello The Economist emplaza  al sector empresarial para que apoye decididamente la labor de la CICIG, en vez de contentarse con respaldar tibiamente la lucha contra la corrupción.

En un sentido similar se pronunció la calificadora de riesgo Moody’s Investors Service, cuyos analistas estuvieron en el país haciendo su evaluación anual justo en los días en que se intensificó el enfrentamiento entre el presidente Morales y el comisionado Velásquez. La calificadora emitió un comunicado indicando que si dicho enfrentamiento se prolonga, podrían reducirse los ya bajos niveles de inversión y crecimiento económico, lo cual perjudicaría la calificación del país.

El análisis de Moody´s afirma que la debilidad de las instituciones, que reducen la tolerancia al riesgo de los inversionistas e incrementan el costo de hacer negocios en el país, es un factor clave que explica los bajísimos niveles de inversión del país, y que la inesperada decisión del presidente de expulsar al comisionado de la CICIG exacerba dicha debilidad. (La tasa de inversión bruta del país es de menos del 13% del PIB, cuando la de países de tamaño similar supera el 21%).

La calificadora estima que si la crisis política no se resuelve pronto, o si esta provoca un mayor deterioro institucional, las tasas de inversión caerían aún más y el crecimiento económico se reduciría. Con eso en mente, en vez de descalificar las opiniones que emanan de fuentes cuya credibilidad está bien acreditada en los mercados financieros internacionales, deberíamos tomarlas con mucha seriedad; por nuestro propio bien.