LA AGENDA PARA EL GRADO DE INVERSIÓN

Guatemala ya aprobó el examen macroeconómico; lo que todavía debe aprobar es el examen institucional

Los diagnósticos de las calificadoras de riesgo y del FMI sobre la economía de Guatemala ofrecen una guía bastante clara sobre las reformas que deberían priorizarse para crecer más y acercarse al grado de inversión. Durante las últimas semanas ocurrió algo poco frecuente: dos calificadoras y el FMI emitieron sus opiniones casi al mismo tiempo. Aunque utilizan metodologías distintas y observan variables diferentes, todos llegaron a conclusiones notablemente similares.

Aunque la atención pública suele concentrarse en si nos acercamos o no al grado de inversión, el dato verdaderamente relevante, sin embargo, suele encontrarse detrás de la calificación: las razones que explican por qué un país avanza o se estanca. Y es que la calificación de riesgo es más que un concurso para economistas o un mero ejercicio académico: influye en el costo del financiamiento soberano, en las condiciones de crédito para las empresas y, en última instancia, en la capacidad de una economía para atraer inversión y generar empleo.

Lo interesante es que las tres instituciones coinciden en dos conclusiones fundamentales. La primera es que Guatemala posee fortalezas macroeconómicas poco comunes en América Latina: baja deuda pública, disciplina fiscal, inflación controlada, reservas internacionales elevadas y una política monetaria creíble. Después de décadas de prudencia macroeconómica, el país ha construido un activo valioso que merece ser preservado. La segunda conclusión es todavía más importante: el principal obstáculo para seguir avanzando ya no es macroeconómico; es institucional. 

Las tres opiniones señalan, con distintos matices, los mismos problemas: infraestructura insuficiente, baja inversión, limitada capacidad de ejecución del Estado, debilidad institucional, fragmentación política, rezagos en productividad y dificultades para transformar estabilidad en crecimiento. En otras palabras, Guatemala ya aprobó el examen macroeconómico, pero todavía debe aprobar el examen institucional. Esto debería tener implicaciones directas para la agenda legislativa. Casi siempre el Congreso opera reaccionando a la coyuntura, a las crisis del momento o a iniciativas aisladas que carecen de visión estratégica. Pocas veces hemos contado con una hoja de ruta tan clara sobre cuáles son las reformas que podrían generar mayor impacto económico.

Si tomáramos en serio los mensajes de las calificadoras, la discusión legislativa debería concentrarse en temas como infraestructura, puertos, aeropuertos, alianzas público-privadas, profesionalización del servicio civil, modernización presupuestaria, fortalecimiento del Estado de Derecho, mercados financieros, facilitación del comercio, transparencia y mejora de la capacidad de ejecución del sector público. Y no es porque lo diga una institución internacional ni porque lo demande algún sector en particular, sino porque existe un amplio consenso de que esas son las áreas donde se encuentran hoy los principales cuellos de botella para el desarrollo del país.

El Congreso actual puede avanzar en varias de estas materias. Pero el mensaje es especialmente relevante para quienes aspiren a integrar la próxima legislatura. Más allá de las diferencias ideológicas o partidarias, Guatemala necesita una agenda de reformas orientada a resolver problemas estructurales y no únicamente a administrar urgencias. El diagnóstico está; corresponde a los líderes políticos convertirlo en acciones concretas. La estabilidad macroeconómica nos acercó al grado de inversión, pero serán las reformas institucionales las que determinen si finalmente logramos alcanzarlo.

LA ENERGÍA DE LAS INSTITUCIONES

Asegurar electricidad suficiente y competitiva depende de la calidad de las instituciones que regulan, coordinan y atraen inversión

Hace unos días participé en un foro organizado por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica con motivo de su aniversario. La actividad reunió a autoridades, empresarios, especialistas y representantes municipales para reflexionar sobre el futuro energético del país. La conversación comenzó con la geopolítica, la incertidumbre económica y las tensiones en los mercados energéticos que ocupan cada vez más espacio en el debate público. También se vieron las implicaciones que sobre el crecimiento y los costos para Guatemala ante una eventual escasez de energía. Mi intervención fue sobre una tercera dimensión igualmente importante: la institucional.

A partir de dos realidades innegables –que el mundo seguirá siendo incierto y que la demanda de energía en Guatemala crecerá en los próximos años-, la pregunta clave es si contamos con las instituciones necesarias para responder exitosamente a esos desafíos. La experiencia internacional deja una lección clara: los países rara vez se estancan por falta de recursos naturales; lo hacen porque permiten que la infraestructura estratégica se convierta en un cuello de botella para la inversión y la productividad.

La energía eléctrica es quizás el ejemplo más evidente. Aunque representa una proporción relativamente pequeña del producto interno bruto, prácticamente todas las actividades económicas dependen de ella. Sin energía suficiente, confiable y competitiva, la inversión pierde atractivo, la productividad se resiente y el crecimiento se vuelve más difícil. Por ello resulta preocupante que la demanda eléctrica crezca más rápido que la expansión de ciertas áreas críticas de la infraestructura. El problema no es solo técnico ni financiero; es, en buena medida, institucional.

Guatemala dispone de una ventaja que muchas veces damos por sentada: las reformas impulsadas en los años noventa permitieron ampliar significativamente la cobertura eléctrica, atraer inversión privada, diversificar la matriz energética y consolidar un esquema de regulación técnica relativamente sólido. No es un sistema perfecto, pero sus resultados comparativos han sido positivos. Por eso el primer objetivo debe ser preservar aquello que ha funcionado: competencia, reglas claras, regulación técnica y participación privada.

Pero eso no basta. Los desafíos actuales exigen fortalecer la coordinación entre el Gobierno Central, las municipalidades, las comunidades y los inversionistas; agilizar la resolución de conflictos relacionados con servidumbres y derechos de paso; mejorar la planificación de largo plazo; y, reforzar las capacidades técnicas de las instituciones del sector. La propia Constitución ofrece una guía que sigue teniendo plena vigencia: su artículo 129 declara de urgencia nacional la electrificación del país y reconoce un modelo de colaboración entre los estamentos estatales y la empresa privada. No plantea una disyuntiva entre mercado o Estado sino una alianza entre ambos.

La inversión eléctrica requiere horizontes de veinte o treinta años. Ningún inversionista compromete recursos de esa magnitud si percibe incertidumbre respecto de las reglas del juego. El capital puede convivir con el riesgo; lo que no tolera es la imprevisibilidad. Afortunadamente, Guatemala todavía tiene margen para actuar. Contamos con recursos renovables abundantes, experiencia acumulada y un sector privado con capacidad de inversión. La tarea no consiste en reinventar el modelo, sino en modernizarlo y prepararlo para las próximas décadas. Porque la mejor política energética no es la que reacciona ante una crisis, sino la que evita que esta ocurra.