En los últimos días, las discusiones en el Congreso
sobre el Presupuesto del Estado para 2019 se han tornado muy similares a un
regateo de mercado, en donde se trasladan montos de un rubro de gasto a otro en
función de qué grupo es el que más grita para obtener más recursos. Ya sea que
se le quiten fondos al Ministerio de Desarrollo para asignárselos al aumento
salarial de los salubristas, o que se reduzca el presupuesto de las
jubilaciones militares para aumentarle el rubro de sueldos a la universidad
estatal, las consideraciones en torno al presupuesto guardan cada vez menos
relación con los objetivos de política pública trazados en la exposición de
motivos que supuestamente inspiró la propuesta original.
Por desgracia, hace mucho tiempo que el Presupuesto
dejó de ser la herramienta de planeación y control del gasto público que está
llamado a ser y, como resultado, el gobierno central gasta los recursos anuales
sin ningún orden, ni prioridad, ni efectividad. La debilidad del sistema de
servicio civil y la descomposición del sistema político se han combinado durante
años hasta convertir al Estado en una agencia de empleos, no para los mejores
servidores públicos, sino para los correligionarios y simpatizantes
partidarios.
Un reciente estudio del Banco Interamericano de
Desarrollo estima que en los países latinoamericanos, en promedio, el 16
porciento del gasto gubernamental (equivalente al 4.4 porciento del PIB) es un
absoluto desperdicio, debido a la ineficiencia en las compras, a la corrupción
generalizada y al nivel relativamente elevado de las remuneraciones de los
burócratas (en comparación con sus pares en el sector privado). En Guatemala,
casi uno de cada tres quetzales del presupuesto se gasta ahora en salarios y
remuneraciones, lo cual ha reducido cada vez más el gasto en inversión
(especialmente la que se necesita en la ruinosa red vial del país).
Este año ya no será posible rescatar el proceso presupuestario
(ya es muy tarde para ello) y quizá haya que conformarse con que, en aras del
orden y la transparencia, se apruebe un presupuesto como guía del gasto para
2019. Pero en algún momento los gobiernos y los políticos deben entender que es
absolutamente necesario (y urgente) gastar con más eficiencia y cambiar sus
prioridades en función de las demandas de la población por servicios públicos
esenciales: educación, salud, nutrición, seguridad, justicia e infraestructura.