miércoles, 31 de marzo de 2010

Con la Calzoneta Puesta

Como le sucederá a más de algún vacacionista esta Semana Santa, muchos bancos y gobiernos alrededor del mundo vieron cómo la violenta ola de la crisis financiera internacional les arrebataba la calzoneta, dejándolos expuestos a las miradas del resto del mundo. En retorspectiva, los países que mejor soportaron los embates de la crisis fueron aquellos que se prepararon, que fueron disciplinados y previsores. Los que peor la están pasando son los que aplicaron políticas populistas o que nunca reconocieron la necesidad de ser precavidos. Guatemala, afortunadamente, se cuenta entre el primer grupo de países. Al menos por el momento...

Políticas Públicas
CON LA CALZONETA PUESTA
Hace algunos años, el multimillonario y ocurrente banquero estadounidense Warren Buffett dijo que “es solamente cuando la marea se retira que se hace evidente quién estaba nadando sin calzoneta”. La crisis económica mundial de 2008-2009 fue, precisamente, un momento en que la marea se retiró abrupta y fuertemente de los mercados financieros internacionales, poniendo en evidencia a quienes nadaban desnudos. Los que quedaron exponiendo sus indecencias no fueron solamente los bancos de los países industrializados y sus temerarias prácticas crediticias, sino también muchos gobiernos irresponsables que no quisieron reconocer la conveniencia de ser precavidos.
Gobiernos como el de Hugo Chávez en Venezuela, o el de los Kirchner en Argentina, que despreciaron las virtudes de una sana disciplina fiscal, la conveniencia de tener un colchón de reservas monetarias internacionales, las ventajas de un tipo de cambio flexible, y los beneficios de un mercado que refleje las condiciones de la oferta y la demanda son quienes no supieron enfrentar los embates de la crisis y muestran peores perspectivas de recuperación. En efecto, Venezuela es el único del Hemisferio que sufrirá una recesión en 2010 que, sumada a la caída de 2009, representa una reducción cercana al 10% de su ingreso per cápita, es decir, un drástico empobrecimiento de la población agravado por la alta inflación imperante.
En contraste, países como Brasil, Chile, Colombia o Perú, que fueron criticados por los bolivarianos del Siglo XXI por aplicar políticas y reformas económicas catalogadas como “neoliberales” son los que van a tener un desempeño positivo después de la crisis, sin retrocesos en su PIB per cápita y con inflaciones bajas. Resulta evidente que los que estaban nadando sin calzoneta eran Argentina y Venezuela que, mientras estuvo alta la marea de precios del petróleo y de flujos financieros, lograron esconder sus vergüenzas económicas, las cuales han quedado expuestas al bajar la marea, razón por la cual estos países no cuentan con la confianza del mercado financiero internacional y enfrentarán dificultades para financiar su crecimiento económico.
Es importante hacer hincapié en que las economías que mejor capearon la crisis de 2008 y 2009, y que más rápidamente ha emprendido la senda de la recuperación, son aquellas que aplicaron oportunamente reformas económicas e institucionales, se abrieron a la inversión y a la competencia, y aplicaron rigor en el manejo de sus variables fiscales y monetarias. Conviene hacer notar que el signo ideológico de los gobiernos de esos países iba desde conservadurismo uribista en Colombia, hasta la socialdemocracia laboral de Lula en Brasil. En cambio, las políticas “bolivarianas” de nacionalización de empresas, introducción de controles de cambio, intervención en el mercado de divisas, limitaciones sobre precios que destruyen la producción agropecuaria, y muy escasa inversión en infraestructura han llevado a sus países al borde (otra vez) del colapso económico.En Guatemala, afortunadamente, se ha mantenido en los últimos años una tradición de prudencia en el manejo macroeconómico, independientemente del signo ideológico del gobierno de turno, lo cual es un activo del país que es digno de reconocer y preservar. La estabilidad de precios, el mantenimiento de un nivel adecuado de reservas monetarias internacionales, el control del déficit fiscal y la moderación en el endeudamiento público son todos factores que nos permitieron afrontar la crisis internacional con la calzoneta puesta. Claro está que lo anterior no es suficiente (aunque sí necesario) para acelerar el crecimiento económico y disminuir los vergonzosos niveles de pobreza del país, pero al menos (y a diferencia de muchos países del Hemisferio) la inflación y la deuda externa no son para Guatemala motivo de angustia (al menos por el momento). Deberíamos aprovechar como sociedad esa gran ventaja para discutir de manera serena, objetiva y prospectiva las grandes reformas (incluyendo la fiscal) que son necesarias para el progreso sostenido de nuestro desarrollo.

Comentarios de los Lectores

Juan 30-03-2010 11:07:32 horas
Estimado Mario, lo invito a preguntarse y a iluminarnos con su respuesta, qué políticas publicas deberían implementarse para producir un crecimiento económico que reduzca los niveles de pobreza y mejore los indicadores sociales en el país. La estabilidad macro seguro es un activo, pero como usted bien escribe, es una condición necesaria, mas no suficiente para crecer. Me parece que estamos en agua tibia, en un mal equilibrio, ¿cómo salimos de allí? ojalá no haga falta poner a hervir el agua.

Antonio Morales 30-03-2010 12:25:19 horas
Está bien, pero ¿realmente el Gobierno quiere un diálogo “sereno, objetivo y prospectivo” cuando lo único que le interesa es la candidatura de doña Sandra? ¿realmente al CACIF le importa “el progreso sostenido de nuestro desarrollo” cuando históricamente sólo ha velado por mantener los privilegios de corto plazo? El país se desmorona y los políticos y empresarios no se dan ni cuenta (ni parece importarles).

sábado, 27 de marzo de 2010

Ojo con el Corredor Seco

Cuando en alguna región de un país de ingresos medios, como Guatemala, se produce una crisis alimentaria, la razón (paradójicamente) no es que exista escasez de alimentos en todo el país, sino que se trata de un problema focalizado de carestía y falta de ingresos (poco poder adquisitivo) en la región afectada. Quizá lo más importante a tener en cuenta es que estas crisis alimentarias deberían ser fácilmente evitables, si tan sólo existiesen los mecanismos adecuados de alerta temprana y de asistencia específica a las familias afectadas. Éstas lecciones son bastante estándar y han permitido reducir este tipo de episodios alrededor del mundo. Por ello es inadmisible, vergonzoso e intolerable que ocurran crisis como la del Corredor Seco de Guatemala en 2009. Lo peor de todo es que existe una alta probabilidad de que, debido a la irresponsabilidad e ineficiencia de las entidades gubernamentales encargadas, la tragedia se vuelva a repetir en 2010. Ojalá que no sea así.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

OJO CON EL CORREDOR SECO

Los rigores climáticos, los factores económicos, la insalubridad y la disfuncionalidad institucional se están combinando, otra vez, para provocar un aumento en la cantidad de casos de desnutrición aguda en el Corredor Seco (que incluye Baja Verapaz, Jalapa, Jutiapa, El Progreso, Chiquimula, Santa Rosa, Zacapa y áreas vecinas). Dos reportes recientes, uno del Sistema Mesoamericano de Alerta Temprana para la Seguridad Alimentaria (asociado a la USAID) y otro de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (de la ONU), alertan sobre la posibilidad de un agravamiento de los problemas alimentarios que podrían afectar a más de dos millones y medio de habitantes de dicho territorio, situación que sólo contribuye a empeorar las enormes tasas de desnutrición crónica que sufre Guatemala.

El período anual de escasez de alimentos está por iniciarse. De acuerdo con los expertos, debido a que las cosechas de granos básicos registraron bajos rendimientos en 2009, las reservas domésticas de alimentos se están agotando más pronto de lo normal. A su vez, el fenómeno de El Niño podría traducirse en un inicio tardío de la temporada lluviosa y generar temperaturas extremas que agravarían la situación. Por si esto fuera poco, la temporada de alta demanda de mano de obra para cultivos de exportación termina en marzo, lo cual limita las posibilidades de generación de ingresos para la compra de alimentos en muchos hogares rurales pobres. De no tomarse acciones concretas para mejorar la disponibilidad de alimentos y de insumos agrícolas a nivel de los hogares más vulnerables, muchas familias verán cómo la amenaza de inseguridad alimentaria se convierte en una pavorosa realidad, con el consiguiente aumento de los casos de desnutrición aguda y el terrible riesgo de mortalidad infantil que tal situación acarrea.

Resulta imprescindible, entonces, fortalecer los programas institucionales enfocados al apoyo de los hogares amenazados, mediante la distribución de alimentos, la educación alimentaria y nutricional, el apoyo a la producción y la atención en salud, todo lo cual implica un esfuerzo específico de coordinación de las entidades de gobierno y de la sociedad civil implicadas en el tema. Para eso, precisamente, fue que se aprobó la Ley del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SINASAN- que, al igual que otras leyes de ordenamiento institucional, no parece estar siendo aplicada conforme a su espíritu original. La referida Ley deja al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –CONASAN- como órgano rector responsable de las políticas públicas del sector. Cada uno de los integrantes del CONASAN (presidido por el Vicepresidente de la República) es responsable de impulsar al interior de sus instituciones el cumplimiento de los instrumentos y acciones de la política de seguridad alimentaria y de los planes estratégicos que permitan enfrentar situaciones de crisis como la que se avecina, pero las mismas no deben ser antojadizas ni carecer de respaldo técnico, sino que deben derivarse de una evaluación integral de los principales actores dentro del Ejecutivo, tomando en cuenta además la forma de fiscalización y de sistematización de resultados.

Las políticas del CONASAN deben mantener el orden y coordinación que se establece en la ley de la materia, por lo que cualquier otro esfuerzo paralelo que se realiza fuera de dicho esquema debería suspenderse si no toma en cuenta la información y aportes provenientes desde los sectores que conforman el SINASAN y si se hace aisladamente sin considerar prioridades. En materia de seguridad alimentaria debe apostarse por soluciones integrales y de largo plazo, lo que implica la necesidad de seguir estrictamente los procedimientos contenidos en la Ley del SINASAN, sancionar todo incumplimiento de deberes de quienes integran el CONASAN, priorizar la compra de insumos efectivos para restablecer la salud de los niños afectados por desnutrición aguda y diseñar de manera eficiente las ayudas gubernamentales sin menoscabar la institucionalidad del Estado.

jueves, 18 de marzo de 2010

UNA DECISIÓN TRASCENDENTAL

El falso dilema entre la explotación de los recursos naturales y la preservación del medio ambiente, aunque es muy útil para darle de comer los dueños de ciertas organizaciones ecologistas, no resulta de mucha ayuda como argumento para dilucidar las decisiones de política pública que un país como Guatemala debe tomar al respecto. En la columna de esta semana escribo sobre la situación del pozo Xan, en Petén. El tema es de suyo polémico, como puede apreciarse en la reacción de Roberto (sin apellidos), uno de mis amables lectores en Siglo XXI, quien afirma que mi columna es una "pseudo opinión; ignorante o vendida". Bien se ve que el tema ecológico desata pasiones; por desgracia, las pasiones en poco contribuyen al diálogo o al esclarecimiento de la verdad y son, por ello, aliadas de los radicales, de los intolerantes y de los violentos.

Una Decisión Trascendental

El parque Laguna del Tigre, en Petén, es un área protegida que hace algunos años albergaba una selva tropical rica y diversa. Hoy en día es un área deforestada, invadida y arrasada, lo cual puede apreciarse a simple vista al sobrevolar la zona; se trata, en la práctica, de un “potrero protegido”, sin ley ni orden, donde conviven en extraña simbiosis los invasores ilegales y los traficantes de drogas. Allí está ubicado el campo petrolero Xan (operado por la sociedad francesa Perenco), que produce más del 90% del petróleo que se extrae en Guatemala. La trascendental decisión que, en onsejo de ministros, tome el presidente Colom respecto a la prórroga del contrato de dicha explotación petrolera habrá de sopesar los argumentos ambientalistas (generalmente opuestos a la prórroga) y las razones económico-pragmáticas (que la favorecen).

Las consideraciones y desacuerdos que levanta este tema son, ciertamente, muy complejas. Los argumentos de los ambientalistas indican que la explotación petrolera requiere de caminos que atraviesan y dañan la selva y que son usados por los depredadores, además de que entraña el riesgo de derrames que afectarían gravemente el equilibrio ecológico. Sin embargo, aunque hay que reconocer que en el pasado las empresas petroleras fueron indiferentes respecto del ambiente, hoy en día es posible reconciliar los intereses económicos nacionales con la preservación de la selva y sus habitantes. La explotación petrolera no tiene por qué dañar la selva o sus habitantes:

Una medida esencial practicada en otros países incluye la creación de un fondo petrolero independiente y transparente, basado en la experiencia de Noruega, similar al Fonpetrol vigente en Guatemala, pero mejorado en cuanto a su sistema de pesos y contrapesos. La explotación petrolera tiene el potencial de generar riqueza con un menor impacto sobre la selva que el que tienen la explotación ganadera, la siembra de maíz o la depredación forestal, que son las actividades económicas alternativas que han destruido el parque Laguna del Tigre.

Alrededor del mundo los ambientalistas suelen estar de acuerdo con la explotación petrolera en la selva cuando ésta se desarrolla con técnicas conservacionistas, como por ejemplo la exploración por puente aéreo (que no requiere de carreteras) o la perforación horizontal (que requiere de un menor número de pozos). En parte por ello es que el Gobierno de Perú está impulsando la exploración de más de 20 áreas petroleras, muchas de ellas en la selva; Colombia tiene planes de hacer lo mismo en su selva meridional; Hugo Chávez ha esbozado un plan para llevar gas a Argentina a través de la Amazonia y presta ayuda a Evo Morales para explorar petróleo en la selva; y el Gobierno ecuatoriano ha propuesto a los países industriales no explotar un importante manto petrolero en territorio amazónico a cambio de que le paguen$350 millones anuales durante 10 años.

En todo caso, debe cobrarse conciencia de que si se cancela la operación de Perenco, Guatemala prácticamente cesaría de producir petróleo, con las pérdidas de ingreso y empleo que ello signifique, y el precedente nefasto que se sentaría para las intenciones de atraer inversión extranjera al país. Si el pozo Xan se cierra, ello no significaría recuperar la selva ya perdida; si continúa operando, en cambio, el Conap podría utilizar los más de 30 millones de quetzales anuales que le tocarían (y que curiosamente aún no ha reclamado) para financiar sus operaciones de reforestación en el parque. Si el pozo cierra no se implantaría la ley y el orden perdidos en el parque, sino más bien se perdería el único bolsón donde el Estado guatemalteco aún ejerce autoridad en esa tierra de nadie. Si Xan se cierra, el petróleo será tarde o temprano succionado (horizontalmente) desde territorio mexicano y Guatemala perdería para siempre el producto (y los impuestos y regalías que genera). Ojalá los ambientalistas se den cuenta de esto porque de lo contario, paradójicamente, no estarían viendo el bosque por ver solamente el árbol.

OPINIÓN DE LOS LECTORES
Mario David Gabriel Echeverría 16-03-2010 16:08:48 horas
Pienso que existen puntos en los que todos salgan beneficiados, los ambientalistas deben preocuparse y responsabilizarse de tener control de áreas protegidas y no solamente anteponer argumentos contra uso de nuestros recursos. No es válido facilitar el usufructo ilegal de invasores constitudinarios parceleros que no trascienden más que para generar economías de subsistencia o extrema pobreza. Apostemos por un país productivo, que tanto nos hace falta.

JOSUE AUGUSTO PEREZ FIGUEROA 16-03-2010 20:32:55 horas
Lo que si discute es la indiferencia de los empresarios para conservar el ambiente. Siempre salen con el pretexto de los costos, sin embargo, los costos no aumentan, siempre serán los mismos, excepto quien los asume. Perenco no quiere asumir los costos por que le restan “competitividad” entonces se los traslada al pueblo de Guatemala y a la humanidad entera. Esto es lo que hay que evitar. Perenco debe asumir los costos del medio ambiente.

Roberto 18-03-2010 11:31:36 horas
Usted es partidario de la desinformación del Gobierno, ¿cierto? Por si no lo sabía, este sector es aún (y con toda la destrucción que ha sido víctima) el humedal más importante de Mesoamerica. El último lugar de reproducción de guacamayas y hogar de infinidad de animales, los cuales están en peligro de extinción. Que triste que en el periodismo hayan personas que se vendan al mejor postor. Siglo Veintiuno, ojo con este tipo de pseudo opiniones, o son ignorantes o vendidas.

jueves, 11 de marzo de 2010

¿Dónde Está el Consejo Nacional de Seguridad?

Tal vez de tanto repetirlo alguien me hace caso: no hace falta inventarse ninguna estrategia de seguridad nacional, lo que hace falta es poner en práctica la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad que está vigente desde hace dos años, pero que NADIE (ni el gobierno ni la oposición) parece estar interesado en aplicar. ¿Por qué no se reune el Consejo Nacional de Seguridad, como lo manda la Ley? ¿Por qué las comisiones del Congreso que por ley deben fiscalizar el cumplimiento de la Ley Marco no se reúnen a tratar el tema? ¿Por qué la Secretaría Técnica del Consejo no prepara y presenta para su aprobación la Agenda Estratégica de Seguridad y los planes anuales de seguridad, tal como lo manda la ley? ¿Será acaso, como dice un amable lector de mi columna en Siglo XXI, que la mafia y la corrupción están tan enraizadas en el Estado que impiden la aplicación de la ley? No se pierda el próximo episodio de esta tragedia...

Opinión

¿Dónde está el Consejo Nacional de Seguridad?
No es posible enfrentar los crecientes niveles de criminalidad y violencia sin que exista una estrategia coordinada y de largo plazo.
Mario A. García Lara mglara@sigloxxi.com

Los graves acontecimientos que afloraron la semana anterior en torno al Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil confirman la precariedad de las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana. Cambian los ministros cada seis meses y ninguno parece tener claro cómo enfrentar el problema; por su lado, las iglesias, la Usac y la PDH (que no son, por cierto, expertas en seguridad) proponen un plan de seguridad que el Gobierno quisiera, pero no puede, aplicar y que sus cuatro creadores quisieran, pero no pueden, fiscalizar. A todo esto, nadie parece recordar que existe una Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad que podría ser la respuesta a muchos de los desafíos existentes.
En teoría, la Ley Marco creó el sistema Nacional de Seguridad para coordinar las instituciones y políticas de seguridad mediante su máxima autoridad, el Consejo Nacional de Seguridad, el cual está integrado por el Presidente de la República, el Vicepresidente, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Gobernación, el Ministro de Defensa, el Secretario de Inteligencia Estratégica y el Procurador General de la Nación. Al Consejo se le asignó una Secretaría Técnica para brindarle apoyo técnico y administrativo. La Ley creó también, por una parte, una Comisión de Asesoramiento y Planificación que debería estar integrada por profesionales en materia de seguridad para apoyar al Consejo en la formulación de los planes de seguridad y, por otra, el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad para profesionalizar el recurso humano idóneo.
En la práctica, el Consejo apenas se ha reunido; la Secretaría Técnica padece una aguda escasez de recursos; la Comisión de Asesoramiento sólo tiene un integrante; y, el Instituto de Estudios brilla por su ausencia.
Cualquier estrategia de seguridad ciudadana, bajo las dramáticas condiciones actuales, debe comenzar por una amplia reforma y modernización institucional que se enfoque en solventar sus evidentes falencias en las áreas de liderazgo, capacitación, mecanismos de control y fiscalización, así como problemas en materia de investigación e inteligencia.
No es posible enfrentar los crecientes niveles de criminalidad y violencia sin que exista una estrategia coordinada y de largo plazo que identifique y afronte los múltiples desafíos existentes, y que enfatice el fortalecimiento institucional, particularmente en cuanto a la reforma policial y judicial, con un equilibrio entre medidas preventivas y medidas represivas. Todo ello está contemplado en la Ley Marco que nadie parece preocuparse en cumplir.
El Consejo Nacional de Seguridad no funcionará si los fiscalizadores internos y externos del Sistema (también previstos en la Ley) no actúan como deben.
Por ejemplo, el Consejo está obligado a informar al Congreso de la República al menos una vez al año (o cuando éste lo requiera) sobre sus funciones. ¿Por qué, hasta ahora, el Congreso no ha hecho uso de esa facultad? Además, una Comisión Legislativa específica de Asuntos de Seguridad Nacional e Inteligencia (creada por Ley e integrada por un diputado de cada partido) debe evaluar el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad, así como analizar los informes que éste debe remitir y dictaminar sobre todo proyecto vinculado a los sistemas de seguridad y de inteligencia. ¿Por qué esta comisión legislativa no ha emitido tales análisis y dictámenes?
Es cierto que la situación es compleja y que no existen soluciones mágicas. Pero ganaríamos mucho si existiera claridad en empezar por el principio, que no es otro que el fortalecimiento institucional. La Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad marca el camino a seguir para tal efecto, incluyendo la ruta para elaborar un plan nacional de seguridad integral que identifique la gama de amenazas y riesgos, el mejoramiento de los procesos de selección y formación de personal idóneo, el fortalecimiento de los mecanismos de control y supervisión internos y externos, así como el reforzamiento de las capacidades de investigación e inteligencia. Sólo hay que cumplir la ley.

Opinión de los lectores:

Rudy Gonzalez Gonzalez 09-03-2010 07:05:19 horas
Y usted se pregunta, ¿dónde están todos esos politiqueros que no hacen nada? Vea el caso de Nineth, ¿algún partido de oposición dice algo? Los del PP, calladitos, porque creen que ellos son los siguientes en gobernar, pero es imposible, que este general Otto Pérez, llegue a Presidente. Imagínese, dejar a una mujer que es nula en el Congreso, Baldetti, de Secretaria General del Partido. Diputada, que sólo a coquetear llega.


Juan 09-03-2010 11:51:04 horas
El principal impedimento para que se implemente la ley marco, o cualquier otra estrategia para mejorar la seguridad, es lo encumbrado que está dentro del Gobierno, el crimen organizado, los narcotraficantes y tantos otros grupos que operan al margen de la ley. Por ello, no podemos esperar nada de los políticos. Es triste que los empresarios se sirvan de este desgobierno y tampoco les interese solucionarlo, pero llora sangre que la juventud esté dormida y deje que Guatemala se nos muera.



Juan Jose Robles 09-03-2010 22:46:52 horas
La famosa ley Marco, marcó solamente el principio de “su fin”. Ya lo dijo Pepe Batres Montufar,”mientras mas leyes hay, mas contrabando”. Y esto es lapidario. No se necesita de una burocracia aplastante para combatir la impunidad y la corrupción. Lo que se necesita son funcionarios honestos, patriotas, y dedicados a su labor de gobierno, como lo hace Nineth Montenegro. Guatemala lo que necesita es un líder, que a costa de sacrificios si necesarios son, actúe con valentía y conocimiento.



R.Goubaud 11-03-2010 07:40:26 horas
El punto medular es que no existe, no hay voluntad política y mucho menos inteligencia para dar seguridad. La ley no es tomada en cuenta y la constante violación a la Constitución Política es a diario. Un gran sector de votantes fueron engañados con el cantito de “la inteligencia” la cual obviamente no la tienen. La meta no era ni es la seguridad, la meta fue y es: El progreso de la familia Colom-Torres.

sábado, 6 de marzo de 2010

¿Bienvenido el Relajo?

La ingobernabilidad parece estarse instalando en Guatemala. Una de las posibles causas, si es que no la principal, es la debilidad de las instituciones del Estado. Por muy loables que sean los fines del programa Mi Familia Progresa, y por muy eficiente que sea para aliviar la extrema pobreza de grandes sectores necesitados de la población, resulta preocupante que la aplicación de tal programa se esté haciendo a costa de debilitar aún más las endebles instituciones formales del gobierno, tal como parece estar sucediendo en el caso de Ministerio de Educación. Sobre eso escribimos esta semana.

Opinión

¿Bienvenido el relajo?

Convendría recordar que en la administración de bienes públicos no basta con ser honesto; también hay que parecerlo.

Bienvenido Argueta estuvo en el epicentro de una serie de turbulencias que remecieron las últimas semanas de su gestión al frente de Ministerio de Educación y que culminaron con su remoción del cargo por resolución de la Corte de Constitucionalidad. Este episodio invita a reflexionar con profundidad algunos temas. En primer lugar, es de lamentar que una buena política pública, como las transferencias condicionadas de efectivo (TCE) (que han sido exitosas en otras latitudes), se desprestigie y pierda el respaldo de buena parte de la opinión pública debido a errores estratégicos y de relaciones públicas. Estratégicamente es válido y encomiable que Mi Familia Progresa (Mifapro) se constituya en un programa clave del Gobierno, pero es un error que ello se haga a costa de sacrificar la eficiencia en áreas sustantivas de la gestión pública, tal el caso del Ministerio de Educación que, si apenas podía con sus responsabilidades específicas en materia educativa, se ha visto desbordado por sus nuevas cargas administrativas en el reparto de las TCE, área en la que este ministerio no tiene experticia alguna.

Otro aspecto que llama a la reflexión es que toda la discusión pública se haya centrado en el acceso a la información relativa a las cédulas de vecindad de los recipiendarios de las TCE. Por una parte, los fiscalizadores de Mifapro deben percatarse de que dicha información no puede contribuir de manera relevante a evaluar la eficiencia del referido programa y que únicamente revelará datos que podrán interpretarse de mil formas distintas, lo que quizá solamente sirva para azuzar conflictos políticos. La verdadera fiscalización de Mifapro debe basarse en indicadores que midan objetivamente el impacto que el programa tenga en las condiciones de vida de las comunidades beneficiadas, en relación con los recursos allí gastados.

La existencia de estos indicadores, su análisis y su difusión pública han sido fundamentales en otros países para darle sostenibilidad política a este tipo de programas. Por el lado de los fiscalizados resulta injustificable su resistencia a trasladar los datos solicitados por la diputada Nineth Montenegro, pues con ello solamente levantan suspicacias y minan la fe de la ciudadanía en el programa. Convendría recordarles que en la administración de bienes públicos no basta con ser honesto; también hay que parecerlo.

El relajo de las últimas semanas tuvo el aderezo de una inexplicable y confusa huelga magisterial. Las medidas de hecho perseguían reivindicar la postura de “negociación” de su dirigencia para que se hiciera efectivo el aumento salarial acordado en su Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Parece ser que los maestros ignoran que dicho pacto es Ley de la República, que no hay nada que negociar al respecto, y que el incumplimiento de las leyes se reclama en los tribunales, no en las calles perjudicando la actividad productiva del país.

La confusión se agudiza cuando un Viceministro de Finanzas declara que el pago a los maestros no podrá resolverse hasta que se perfeccione un préstamo del exterior, cuando sabe bien que la Ley Orgánica del Presupuesto establece que los préstamos no pueden destinarse al gasto corriente (sueldos) sino solamente a inversión. Y se complica más cuando otra buena idea (la bancarización de los recipiendarios de las TCE) se adopta precipitada e inoportunamente, con el respaldo del Superintendente de Bancos, lo que despierta nuevas suspicacias y mina la credibilidad, no sólo deMifapro, sino también del ente fiscalizador bancario (autónomo según la ley) que nada tendría que estar haciendo en un asunto político-administrativo del Gobierno.

Lo preocupante de todo esto es que existen personas que viven del conflicto, que medran del desorden público, que usufructúan de la confrontación social y que se solazan en una mala imagen del país en el exterior. Solamente ellos y el crimen organizado pueden darle la bienvenida al relajo institucional.

OPINIÓN DE LECTORES

Pepe Recinos 02-03-2010 07:48:39 horas
Los gastos se fiscalizan modernamente, en detalle, tanto por su calidad y cantidad, como en forma global por sus resultados. Lo que quiere decir que no se puede renunciar a establecer si efectivamente Juana Pérez y su familia recibieron las TCE u otro aprovechado; y si Juana López y otras más están recibiendo varias entregas con el fin de hacer proselitismo político por el partido oficial y por la ya candidata oficial. Si de allí resulta relajo, eso es mejor que encubrir malversaciones.

Roberto Escobar 02-03-2010 10:20:10 horas
Todos los programas como estos son para establecer familias y ayudarles a tener autoestima familiar, pero dándoles dinero sin sentido es sólo una manera de fomentar el óseo, sin resultados. Los diferentes programas no funcionan porque no se les da un seguimiento con honradez y deseos ver los cambios.

Francisco Franco 02-03-2010 12:20:08 horas
Hay un dicho que dice que es mejor enseñar a pescar que dar directamente el pescado, ya que lo que se ocasiona con esto es detener la actitud del trabajo y vuelve al ser humano un ser dependiente. Lamentablemente los programas creados por el Gobierno tienden crear falsas expectativas ya que no atacan el problema que padece la población directamente, sino que toman decisiones al azar sin consultar y sin medir las consecuencias. Simplemente están improvisando.

ENERGÍA ELÉCTRICA: SE ACABARON LAS VACAS GORDAS

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