Hace unos días el gobierno anunció oficialmente que el
censo general de población se realizará en 2018, dieciséis años después del
último realizado en 2002, aún lejos del estándar recomendado por Naciones
Unidas de censar a la población cada diez años. Un censo requiere de mucha técnica
y eficiencia, pues es una herramienta crucial de políticas públicas que puede
tener repercusiones en los ámbitos político, social y económico. Los programas
sociales de gobierno, el diseño de las políticas fiscales y monetarias, y la
definición de los distritos electorales con base en los cuales se reparten las
curules del Congreso de la República, son todos ellos aspectos que demandan
estadísticas demográficas creíbles, oportunas y confiables.
Por ello, las autoridades a cargo del censo deben ser,
además de técnicas y eficientes, absolutamente honradas e independientes de
cualquier grupo de interés: sería muy peligroso que por intereses políticos se
abusara o manipulara la información obtenida del censo. En el proceso también
es esencial la transparencia, el acceso a la información y la continua vigilancia ciudadana para
lograr lo que un buen censo ofrece al país: auto-conocimiento, así como mejores
y más eficientes políticas públicas.
Otra pieza de información estadística, el Índice de
Precios al Consumidor –IPC- (que mide el nivel de precios y la inflación en el
país) también es fundamental para la toma de decisiones de política económica.
En semanas recientes, a raíz del rápido aumento en los precios de los alimentos
(a una velocidad mucho mayor que otros rubros que componen el IPC), algunos
analistas han cuestionado no solo la calidad del índice, sino la intención y
autonomía de las autoridades a cargo de calcularlo.
Aunque el fenómeno de la inflación de alimentos ha
sido explicado por estudios serios (efectuados por el Fondo Monetario
Internacional) donde se establece que las causas obedecen más a cuellos de
botella de abastecimiento (debido a la mala calidad de la infraestructura vial),
que a la calidad y manipulación de la metodología por parte de los funcionarios
a cargo del cálculo, resulta preocupante y peligroso que se ponga en duda la
honestidad e intención de la institución gubernamental a cargo de las
estadísticas oficiales.
El Instituto Nacional de Estadística –INE- es, por
ley, la autoridad rectora del Sistema Estadístico Nacional y tiene a su cargo,
entre otras responsabilidades, tanto el censo de población como el IPC. Los
activos más valiosos que debería cultivar y defender la Junta Directiva del INE
(que, en teoría, es su máxima autoridad) son su credibilidad, su fiabilidad y
su integridad. Sin ellos se menoscaba la utilidad económica, política y social
de sus estadísticas.
Uno de los obstáculos más importantes para lograrlo es
que actualmente el INE es una institución con dos cabezas: por un lado, la
Junta Directiva (presidida por el Ministro de Economía y conformada por
representantes de instituciones públicas y sectores sociales) y, por otro lado,
el Gerente nombrado directamente por el Presidente de la República (que, por
ello, no es claramente subalterno de su Directiva).