La Desnutrición se Agrava con la Pandemia

Un buen primer paso es el programa de emergencia de transferencias de efectivo; pero luego de la pandemia hay que restructurar toda la política de seguridad alimentaria.

El Covid-19 ha desatado múltiples crisis: sanitaria, económica, de confianza, de liderazgo… a las que ahora se suma un agravamiento en los indicadores de desnutrición. El confinamiento forzoso ha impedido que muchas personas puedan trabajar normalmente, lo que reduce sus ingresos y, por ende, su capacidad para adquirir alimentos. Esto afecta particularmente a los hogares de menores ingresos que quizá han debido desviar su dieta hacia alimentos menos nutritivos.

La pandemia también ha perjudicado la oferta de alimentos, debido a una reducción en la producción local: la escasez de liquidez causada por una menor demanda de alimentos y una caída de las remesas, se agrava porque, al mismo tiempo, se produce una escasez temporal de mano de obra por las restricciones a la movilidad de las personas. La disponibilidad de alimentos también se ve perjudicada por trabas en los procesos de transporte y distribución, que son claves para conectar a los productores con los consumidores. Y, encima de todo, las medidas restrictivas al comercio internacional que están aplicando muchos gobiernos alrededor del mundo redundan en una menor oferta de alimentos importados que podrían satisfacer la demanda de aquellos cuya producción doméstica es insuficiente.

Según datos del Ministerio de Salud Pública, los casos de desnutrición aguda en menores de cinco años se triplican durante el primer mes de la pandemia: los cuatro mil quinientos casos (19.8 por cada diez mil niños menores de cinco años) que se registraban el año pasado, se elevaron a trece mil setecientos a finales de abril de 2020 (58.5 por cada diez mil). Estamos, pues, ante una evidente crisis alimentaria que precisa la adopción urgente de medidas para apoyar la alimentación de la población vulnerable y en situación de pobreza. Un buen primer paso es el programa de emergencia de transferencias de efectivo. Sin embargo, este apoyo no atiende a las familias vulnerables que no están bancarizadas, que no logran registrarse en el programa o que se encuentran en lugares remotos. Para dichas familias, se requiere acelerar el programa de reparto de alimentos a cargo del Ministerio de Agricultura.

Pero una vez concluida la etapa de emergencia contra la pandemia, es menester implementar programas que restructuren y consoliden la lucha contra la desnutrición. Resulta imprescindible dirigir recursos presupuestarios para darle sustento, estructura y sostenibilidad a los programas de seguridad alimentaria y nutricional. Por ejemplo, debe plantearse la creación de un Fondo Específico de Nutrición, como un vehículo financiero de propósito especial para asegurar una ejecución coordinada y eficiente de los programas e instituciones que combaten la desnutrición, basado en una gobernanza profesional y técnica para administrar los recursos.

La desnutrición crónica es un problema multicausal que debe ser enfrentado con un enfoque integral. Su atención involucra no solo medidas en el área de salud (que solamente atienden los síntomas del problema), sino principalmente temas de educación alimenticia (especialmente la ausencia de proteína animal en la cultura dietética nacional) que deben complementarse con políticas que generen capacidades y le devuelvan a la población las herramientas necesarias para lograr generar riqueza por sus propios medios, así como con políticas agrarias, comerciales y laborales. El marco legal que rige el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SINASAN- puede potenciarse con un fondo como el propuesto que podría ser clave para hacer que funcione ese sistema de coordinación institucional.

La Desnutrición No Es un Tema (Solo) de Salud

La desnutrición crónica infantil es un problema multicausal que debe ser enfrentado con un enfoque integral (una política nacional), no con programas parciales

El Congreso está analizando la aprobación de un préstamo del Banco Mundial por US$100.0 millones, para la ejecución del proyecto “Crecer Sano (proyecto de nutrición y salud en Guatemala)”. Desde el punto de vista puramente financiero, este préstamo, cuyos desembolsos se harían de forma escalonada en el transcurso de 5 años, no entraña mayores problemas ni impactos macroeconómicos. Sin embargo, desde el punto de vista de su ejecución presenta algunas importantes debilidades que vale la pena puntualizar, ya que ilustran el por qué el Estado guatemalteco ha sido tan ineficaz en atender el gravísimo problema de la desnutrición crónica.

La principal debilidad del préstamo es que su diseño y gobernanza no parecen estar alineados con el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SINASAN-, ni con su correspondiente política nacional que, por ley, deben regir en este tema. El proyecto de préstamo le confiere el rol central de ejecución al Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-, cuando este se ha caracterizado por su bajo grado de ejecución presupuestaria y su proclividad a politizar sus proyectos. Ante la desconfianza que inspira el MIDES, en el Congreso se discute la opción de otorgarle la ejecución del préstamo al Ministerio de Salud, lo cual tampoco remediaría el problema.

La desnutrición crónica es un problema multicausal que debe ser enfrentado con un enfoque integral. La desnutrición (que, por mucho, debiese ser la prioridad número uno de las políticas públicas) es no sólo una consecuencia de la pobreza, sino una causa de la misma pues torna a los niños en seres débiles física y mentalmente, limitando de por vida su capacidad productiva. Su atención involucra no solo medidas en el área de salud (que solamente atienden los síntomas del problema), sino principalmente temas de educación alimenticia (especialmente la ausencia de proteína animal en la cultura dietética nacional) que deben complementarse con políticas que generen capacidades y le devuelvan a la población las herramientas necesarias para lograr generar riqueza por sus propios medios, así como con políticas agrarias, comerciales y laborales. Se debe apostar por soluciones integrales y de largo plazo.

Es necesario recordar que ya existe un marco legal vigente en el país, específico para el SINASAN, que establece el marco institucional y de políticas para coordinar acciones de entidades gubernamentales, no gubernamentales y organismos internacionales, en tres niveles de acción: el nivel de decisión política (con el Consejo Nacional -CONASAN-), el nivel de coordinación y planificación técnica (con la Secretaría -SESAN-) y, el nivel de ejecución (que debe ser llevado a cabo por los ministerios y organismos que tengan responsabilidades operativas. Para minimizar el riesgo de que los US$100 millones del préstamo del Banco mundial se conviertan en un nuevo desperdicio de recursos, su ejecución debería enfocarse en fortalecer este sistema de coordinación institucional, en vez de crear nuevas instancias que lo debilitan.

A 20 Años de los Acuerdos de Paz

Las metas y compromisos planteados en el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, aunque excesivamente ambiciosos, eran loables. La debilidad institucional y la corrupción generalizada los hicieron imposibles de lograr.

Este mes se cumplen 20 años de la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala, ocasión propicia para evaluar no solo su cumplimiento, sino su validez actual y si deberían replantearse a la luz de los cambios ocurridos en el entorno durante cuatro lustros. En particular es oportuno referirse al Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria –ASSA- del que, entre otras implicaciones, se desprendió el Pacto Fiscal de 2003.

El ASSA planteaba, esencialmente, adoptar políticas económicas para alcanzar un crecimiento del 6% anual; también aplicar una política social con prioridad en salud, nutrición, educación y capacitación, vivienda, saneamiento ambiental y acceso al empleo productivo; y, proponía como prioridad el fortalecimiento del papel rector del Estado en las políticas económicas y sociales. Puede afirmarse que estos planteamientos han sido ampliamente incumplidos.

Las razones de tal incumplimiento tienen que ver, en primer lugar, con el hecho de que ni uno solo de los sucesivos gobiernos que ha tenido el país desde que se firmaron los Acuerdos de Paz ha planteado una agenda de Estado que le ponga Norte a las políticas públicas que debieron emprenderse para cumplir con los compromisos adquiridos. Ello ha implicado una patética ausencia de prioridades que contribuye al desorden de la gestión pública y a una lamentable dispersión e ineficiencia del gasto gubernamental.

A esto se suma, por un lado, la progresiva degeneración del sistema político que ha mutado hasta convertirse en un sistema de saqueo del erario público y, por otro lado, el progresivo debilitamiento del Estado que se ha centrado en ser un mero gestor de la coyuntura, en vez de convertirse en el rector estratégico de las políticas de desarrollo nacional. De tal suerte que ni el sistema político, ni las élites nacionales, ni la ciudadanía en general se apropiaron nunca de los Acuerdos de Paz, que quedaron huérfanos casi desde su nacimiento.

La corrupción, por su parte, dañó la mayoría de medidas planteadas en el ASSA y comprometió el pacto fiscal: la exigua moral tributaria fue destruida paulatinamente, lo cual derivó en una dramática insuficiencia de recursos para las prioridades planteadas en el ASSA (educación/capactación, salud, nutrición, etcétera); instituciones como el Fondo de Tierras y Registro de Información Catastral, ideadas para lidiar desde una lógica de mercado con la problemática agraria, fueron desnaturalizadas y cooptadas por grupos de interés, al igual que el sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural; y, en general, la administración pública se tornó cada vez más disfuncional.

De manera que los principales obstáculos al cumplimiento de los Acuerdos de Paz han sido el propio sistema político disfuncional y la corrupción generalizada. Ambos aspectos requieren de un reforma profunda que debe acompañar a cualquier replanteamiento del ASSA o del propio pacto fiscal. Ahora que el gobierno parece que volverá a lanzarse a proponer una nueva reforma fiscal en los primeros meses de 2017, bien vale la pena aprovechar el aniversario de los Acuerdos de Paz para proponer un diálogo fiscal integral, en el que se discutan aspectos tan esenciales como cuáles van a ser las prioridades del gasto público dentro de una agenda de Estado de largo plazo, cómo se van a optimizar los recursos con que ya cuenta el gobierno (mejorando la recaudación y combatiendo la corrupción) y qué límites van a respetarse para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Las lecciones que puedan extraerse del incumplimiento de los principales compromisos del ASSA pueden ser de utilidad en este proceso.

El Futuro es Urbano

La gente alrededor del mundo (y Guatemala no es excepción) se ve inclinada a abandonar la vida rural y trasladarse a las ciudades. El Estado debe actuar en consonancia con esa inevitable tendencia. 

Desde hace cinco años, más de la mitad de los 7 millardos de habitantes del planeta viven en ciudades. Si bien es cierto que la vida en las ciudades puede ser intimidante (especialmente si se ve a las grandes urbes como potenciales destructoras de los valores tradicionales y generadoras de desorden, ruido y contaminación), también lo es que la ciudad puede constituir una fuente de desafíos y oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas.

Es por ello que la gente alrededor del mundo se ve inclinada a abandonar la vida rural y trasladarse a las ciudades, y lo hace por un sinnúmero de razones. Ya sea por el simple deseo de estar cerca de la acción y de la modernidad, o simplemente como una apuesta desesperada por la sobrevivencia pero, en todo caso, la decisión de migrar a la ciudad suele ser una elección racional: en la medida en que la tecnología avanza y las aspiraciones humanas evolucionan, se reduce la capacidad de la vida rural de satisfacerlas y aumenta la promisión de la ciudad.

La tendencia del Siglo XXI es la urbanización: para el año 2050 más de dos terceras partes de la población mundial vivirán en ciudades. En vez de oponerse a esta tendencia inevitable –queriendo preservar artificialmente antiguos sistemas de producción  rurales-, corresponde a las autoridades procurar sacar provecho de la misma y del irreductible potencial humano de la vida urbana, en la que conviven simultáneamente la armonía y la violencia, la lucha continua y el éxito irrestricto.

En Guatemala, según el INE, actualmente el 58% de la población es urbana, mientras que para 2020 Segeplan proyecta que más del 65% de la población residirá en áreas urbanas, especialmente en ciudades medianas. Ello aconseja aplicar políticas que eviten que el crecimiento del país continúe siendo territorialmente desordenado; para ello Segeplan propone el desarrollo de ciudades intermedias, modernas, conectadas, como nodos de comercio regional.

Para ello, el respeto y cumplimiento de la Ley de consejos de Desarrollo Urbano y Rural es esencial, no sólo como mecanismo para que las comunidades participen en la planificación y evaluación de las políticas y servicios que presten los distintos niveles de gobierno, sino también como herramienta para exigir a las autoridades de las ciudades que provean adecuadamente agua, sanidad y mantenimiento de calles.

Por otra parte, la agricultura urbana (es decir, la producción de cultivos y ganado en las ciudades) puede jugar un rol importante para atender los temas de seguridad alimentaria en un mundo cada vez más urbano, por lo que las políticas públicas de cara al futuro deben favorecer este tipo de producción (desde pequeños plantíos en los jardines, hasta pequeñas granjas áreas públicas de los vecindarios) que está cobrando auge en otros países.

Pero para aprovechar al máximo las transformaciones demográficas que conlleva el proceso de urbanización, es menester priorizar políticas de largo plazo en al menos tres áreas clave: capital humano, macroeconomía e institucionalidad. En efecto, la creciente población urbana en edad de trabajar debe convertirse en una fuerza laboral productiva, lo cual requiere inversión en todos los niveles educativos y de atención en salud.

A su vez, la mayor y mejor capacitada fuerza de trabajo urbana sólo rendirá beneficios si los nuevos trabajadores pueden encontrar empleo. Las políticas macroeconómicas tendentes a lograr condiciones estables y un buen clima de negocios están relacionadas con el crecimiento del empleo productivo y bien remunerado. La flexibilidad del mercado laboral y la apertura al comercio también son factores clave, como lo es la protección a las minorías que puedan resultar perdedoras con tales políticas.

Y, finalmente, el mejor aprovechamiento de la urbanización requiere de fortalecer el imperio de la ley, una mayor eficiencia del gobierno, la reducción de la corrupción y el cumplimiento de los contratos. La aplicación de políticas exitosas en todas estas áreas puede configurar un círculo virtuoso de crecimiento sostenido en la sociedad urbana de los próximos años. Si, por el contrario, no se aplican desde ya tales políticas, estaremos condenados a perpetuar las actuales condiciones de elevado subempleo, criminalidad generalizada e inestabilidad política.

La Desnutrición es Problema de Todos

La desnutrición ha sido combatida exitosamente en otros países mediante acciones que han demostrado  ser eficaces (y poco costosas), pero que demandan un gran esfuerzo de coordinación entre las distintas instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad. Dicho esfuerzo de coordinación ha sido el talón de Aquiles en el caso guatemalteco. 

La ignominiosa –y sorprendentemente poco difundida- noticia de un nuevo brote de desnutrición en Baja Verapaz ha vuelto a desnudar la realidad del país: pese a que las autoridades aseguran estar trabajando al respecto, durante el presente año se han detectado 70 casos de desnutrición crónica y aguda, con la cauda de tres niños fallecidos. La desnutrición no sólo es una vergüenza nacional y un lastre para el desarrollo del país, sino que resulta completamente injustificable pues existen instrumentos suficientes para combatirla (oferta de alimentos, un adecuado marco legal y políticas públicas específicas) que no se aplican efectivamente.

El economista indio Amartya Sen (premio Nobel en 1998) ha advertido que, aunque muchas cosas acerca de la pobreza son bastante obvias, el tema de la hambruna y la desnutrición no lo son tanto: las causas de estos males no se encuentran en la poca oferta de alimentos, sino en las dificultades de acceso individual a los mismos debido a fallas en los mecanismos de distribución y en el tejido social.

La desnutrición no es, pues, un problema de producción, sino de distribución; por ende, su solución no pasa por medidas de autosuficiencia agrícola o de proteccionismo comercial, sino por medidas de alerta temprana, comunicación, abastecimiento, restauración del poder adquisitivo de los afectados y la focalización de esfuerzos en los aspectos más sobresalientes de la desnutrición; en particular, pasa por la atención a los niños desde su gestación. La desnutrición causa daños irreversibles en los primeros mil días de vida: los estudios demuestran que los niños desnutridos no sólo tienen menos probabilidades de asistir y permanecer en la escuela, y más probabilidad de tener dificultades académicas, sino que también más probabilidad de ganar menos dinero que sus pares mejor alimentados, de casarse con cónyuges más pobres y de morir antes.

Afortunadamente, existen acciones para combatirla que han sido eficaces (y poco costosas) en otros países. Brasil redujo el número de niños con bajo peso en un 0.7% anual entre 1986 y 1996 y redujo el retraso del crecimiento en un 1.9% anual; Bangladesh también lo redujo a tasas de 2% anual en 1994-2005. Estos países centraron muchas de sus acciones en los primeros mil días de vida (incluyendo el embarazo) y ampliaron sus programas de salud materna, de enseñanza de buenas prácticas alimenticias, y de medición y control del problema.

Estos programas exitosos requieren de un gran esfuerzo en materia de coordinación que involucra muchas acciones en un gran número de instituciones del Estado (el programa Hambre Cero de Brasil tiene 90 diferentes programas en 19 ministerios y abarca desde transferencias monetarias condicionadas, hasta proyectos de mini-riego), lo cual es difícil de organizar y sólo puede funcionar con el apoyo decidido del liderazgo político.

En Guatemala existe desde hace seis años, por mandato legal, un Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SINASAN-, que no ha sido capaz de impedir que se produzcan episodios recurrentes de crisis alimentaria en el país. El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, órgano rector de las políticas públicas del sector, ha tenido dificultades en cumplir con su obligación legal de sesionar por lo menos una vez cada tres meses, emitir sus resoluciones en forma colegiada y hacerlas públicas. La Secretaría de Seguridad Alimentaria ha enfrentado dificultades en su rol de coordinar al SINASAN, armonizar operativamente a los Ministerios y articular los programas de las distintas instituciones nacionales e internacionales.

Por ello es necesario que cada día haya más conciencia en la sociedad guatemalteca acerca de la importancia crucial que para la viabilidad del país, su desarrollo integral y su gobernabilidad, reviste el combate a la desnutrición. Hoy, resulta esperanzador el surgimiento de la Alianza por la Nutrición, una alianza de organizaciones privadas y de la sociedad civil, comprometidas con el combate a la desnutrición crónica mediante la incidencia y el apoyo a políticas públicas, especialmente a las acciones del Gobierno, la cooperación internacional, los esfuerzos privados y la movilización social que permitan implementar la Ventana de los Mil Días de manera integral en todo el país.

De Grandes Sueños y Distractores

Si no se empieza por lo esencial –que, para empezar, implica cumplir con las obligaciones básicas-, los grandes sueños se convierten (sean bien o malintencionados) en distractores.

Soñar no cuesta nada, y plantearse grandes objetivos puede ser una buena guía para encauzar los esfuerzos en materia de política pública. Lo que hay que evitar es que, por estar soñando y buscando soluciones grandiosas, se nos olvide que lo más importante es hacer el trabajo diario, perseverar en los pequeños objetivos cotidianos y de cumplir con las responsabilidades esenciales.

Sería ideal, por ejemplo, que las alcaldías tuvieran recursos suficientes para prestar eficientemente servicios agua, ornato, transporte, seguridad, salubridad y cultura; pero para ello habría que evitar que alcaldes como el de Santa Bárbara (detenido él y su séquito con armas de grueso calibre y gorros pasamontaña) o el de La Antigua (sindicado de lavado de dinero, asociación ilícita, abuso de autoridad y estafa) utilicen su puesto para perpetrar actos delincuenciales. El trabajo sencillo, esencial, primario que hace falta es que la Contraloría de Cuentas supervise sistemáticamente a las municipalidades.

También sería ideal contar con políticas de desarrollo rural que de verdad ayudaran a las familias que viven en condiciones de infra-subsistencia. Pero antes habría que empezar por desmantelar programas ineficientes como el nefasto reparto de fertilizantes, que según diversos estudios bien fundamentados es infectivo, causa un enorme desperdicio de recursos y es fuente de corrupción. El trabajo cotidiano que se requiere es reasignar recursos financieros y humanos a áreas que sí generen desarrollo rural, como la construcción de caminos rurales, el extensionismo agrícola o los programas de riego.

Sería ideal realizar una reforma educativa profunda que incluyera un cambio en el enfoque, tiempo y pensum de estudios para la carrera de magisterio; pero antes sería mejor ocuparse de arreglar el desastre administrativo en el manejo de las plazas para maestros. El trabajo diario que hay que hacer es el de supervisar sistemáticamente el trabajo de las escuelas y sus maestros, idealmente con el involucramiento de los padres de familia (curiosamente, muchos de quienes en su momento se opusieron a la participación de los padres, se oponen hoy a la reforma magisterial).

Lo ideal sería que las instituciones autónomas recibieran puntualmente los aportes que por mandato constitucional deben recibir, pero antes es de justicia que dichas entidades (USAC, CDAG, municipalidades) revelaran pública, periódica y sistemáticamente en qué se han gastado los recursos que paga el pueblo de Guatemala con sus impuestos. Poco esfuerzo debería tomarles el trabajo diario de llevar una contabilidad transparente, publicar sus estados financieros y someterse anualmente a una auditoría externa.

Sería también ideal contar con un sistema institucional para atraer inversiones y promover exportaciones, o contar con un canal seco pletórico de modernos puertos y tecnología de punta a lo largo del camino; pero mientras los puertos, aeropuertos y fronteras estén completamente vulnerables al contrabando y al tráfico de ilícitos, sólo se van a atraer inversionistas de alto riesgo (y poca calidad) y los exportadores deberán seguirse batiendo contra el mundo por su propia cuenta. La labor primaria del Estado debería ser la de recuperar y fortalecer las instituciones a cargo de sus fronteras y puertos.

Lo ideal sería contar con cárceles seguras y equipadas con alta tecnología, pero primero habría que corregir las terribles distorsiones que permiten a los reos salir de paseo cuando quieren y ser ellos mismos quienes “auto-gestionan” las cárceles con su sistema de privilegios que incluye televisores, cocinas y apartamentos de lujo en los centros de reclusión. La tarea diaria debiese ser eliminar el desorden administrativo y la corrupción que plagan el sistema penitenciario.

Antes que soñar en canales interoceánicos imaginarios, en cárceles ultra-modernas, en avanzadas reformas magisteriales, en educación superior altamente tecnificada, o en ir a un mundial de futbol, hay que empezar por lo primero (aunque sea menos glamoroso): recuperar la administración proba, transparente e íntegra de las instituciones públicas corroídas por el desorden, la corrupción y la delincuencia. Si no se empieza por el principio, los sueños (por bien intencionados que sean) se convierten en perjudiciales distractores.

Una Economía de Servicios

El crecimiento en el sector servicios contribuye más a reducir la pobreza que el crecimiento en la agricultura

Durante mucho tiempo se enseñó a los niños guatemaltecos que nuestro país era “eminentemente agrícola”, pero ese hace mucho tiempo que dejó de ser cierto. El año pasado el sector primario (compuesto por la producción agrícola, pecuaria y forestal) aportó menos del 14% del valor total producido por la economía nacional (medida por el Producto Interno Bruto –PIB-). En contraste, el sector secundario o transformativo (que incluye industria manufacturera, minería, generación de energía y construcción) aportó un 24% del total. Eso deja al sector terciario o de servicios (transporte, telecomunicaciones, comercio, servicios privados y públicos, intermediación financiera), que aporta el 64% del PIB, como el sector más grande de la economía nacional.

El sector terciario es, además, el más dinámico: mientras que en los once años transcurridos desde 2001 el PIB creció a una tasa acumulativa promedio de 3.5% cada año, el sector de servicios lo hizo a una tasa de 4.7%; por su parte, el sector primario creció esos años en un promedio de 3.1% y el sector secundario lo hizo en 2.4%. Esta terciarización de la producción guatemalteca refleja un conjunto de facetas, positivas y negativas, de la economía guatemalteca sobre las que merece la pena reflexionar.

En primer término, vele la pena preguntarse si para superar el subdesarrollo es factible apostar por una economía de servicios. Veamos los casos contrastantes de India y China, ambos reconocidos por su rápido crecimiento económico. China ha crecido especializándose en la exportación de bienes manufacturados, mientras que India lo ha hecho exportando servicios modernos. El caso de India, entonces, parece demostrar que los países en desarrollo pueden saltar directamente de la agricultura a los servicios como una fuente de crecimiento, de creación de empleos y de reducción de la pobreza.

La industrialización no es, pues, la única ruta hacia el desarrollo. Diversos estudios demuestran que los países con un alto crecimiento en los servicios tienden a tener un alto crecimiento económico general o, al contrario, que los países con alto crecimiento económico en general tienen un crecimiento alto del sector servicios (sin que esté clara la causalidad de esta relación). La experiencia de India muestra que la productividad del trabajo en el sector servicios está por encima de la de la industria, y que su crecimiento ha contribuido a reducir la pobreza.

Otros estudios indican que el crecimiento en el sector servicios está más estrechamente vinculado a la reducción de la pobreza que el crecimiento en la agricultura. Los servicios ayudan a reducir la pobreza porque suelen ser intensivos en mano de obra y, por ende, proporcionan una dinámica fuente de nuevos empleos; esos empleos, a su vez, generan ingresos que impulsan una mayor demanda de bienes y servicios y, de nuevo, de fuentes de trabajo.

El potencial del sector servicios como motor del desarrollo se base en que la globalización y la tecnología hacen que ahora (a diferencia de hace veinte años) los servicios sean transables en los mercados internacionales, lo cual ofrece a los países en desarrollo oportunidades alternativas para encontrar nichos de mercado –más allá de la industria y la agricultura- en los cuales especializarse.

Pero para aprovechar ese potencial, los servicios deben trascender las muchas actividades de la economía informal menos modernas y productivas que en la actualidad emplean a la mayoría de trabajadores que viven en la pobreza (por ejemplo, chicleros, guardias de seguridad, ascensoristas) y trasladarse –como en India- hacia los "servicios modernos de alto valor " (como la informática y los servicios financieros) que creen puestos de trabajo que respondan a las necesidades de una población cada vez más urbanizada, que aumenten la productividad y que abran nuevos mercados de exportación.

Los desafíos para lograrlo son enormes (nuestro deficiente sistemas educativo, la pobre infraestructura de comunicaciones, o los privilegios y las regulaciones que inhiben la competencia, por ejemplo), pero hay que enfrentarlos porque, aunque quizá un sector de servicios dinámico no sea suficiente para salir de la pobreza, al menos da una esperanza razonable para la generación de empleos de calidad que nuestro país necesita desesperadamente.

Peligrosa Confusión de Conceptos

Seguridad alimentaria no es lo mismo que soberanía alimentaria: es muy peligroso confundir estos conceptos

La inaceptable tragedia de la desnutrición en Guatemala no sólo justifica sino que exige que se apliquen políticas públicas de seguridad alimentaria, entendida ésta como “el derecho de toda persona a tener acceso físico, económico y social, oportuno y permanente, a una alimentación adecuada en cantidad y calidad, con pertinencia cultural, preferiblemente de origen nacional, así como a su adecuado aprovechamiento biológico, para mantener una vida saludable y activa”.

Esta definición (contenida en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional) es, en términos generales, técnicamente correcta y adecuada, aunque pueda ser discutible que la alimentación deba ser “preferiblemente de origen nacional”. En todo caso, sobre tal definición se sustenta la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (vigente desde hace más de seis años que, no obstante su reconocido buen diseño, no ha contado nunca con el respaldo político y la priorización gubernamental que las circunstancias exigen.

Por desgracia, la inadecuada aplicación de la política de seguridad alimentaria no sólo impide combatir eficazmente la desnutrición, sino que también hace surgir la tentación de buscar atajos engañosos, tales como la búsqueda de la autosuficiencia alimentaria. En efecto, en el último lustro el tema de “seguridad alimentaria” (que busca que cada habitante tenga suficiente alimento) se ha trocado en propuesta agresivas de “soberanía alimentaria” (que pretende que cada territorio produzca su propio alimento).

La autosuficiencia alimentaria tendría sentido sólo si el país de que se trate tiene una ventaja comparativa en producir su propio alimento. El problema es que la reciente retórica de soberanía alimentaria alrededor del mundo refleja un claro sesgo de desconfianza contra los mercados; y ello no sólo por parte de los activistas sino, crecientemente, de los propios gobiernos que ceden ante las presiones por erigir barreras proteccionistas contra el libre comercio de granos básicos y otros alimentos.

La historia demuestra que el proteccionismo perjudica a las mayorías; la propia Europa ha demostrado por décadas que buscar la autosuficiencia se traduce en ineficiencia y un enorme desperdicio de recursos. Lejos de seguir gastando millonadas en subsidios a los agricultores menos eficientes, lo que los gobiernos deben procurar es mejorar la productividad agrícola para alimentar los más de 8 millardos de habitantes del planeta. Ello requiere que existan mercados y comercio eficientes.

El proteccionismo, que es parte esencial de la “soberanía alimentaria”, reduciría la oferta de alimentos y agravaría los problemas de desnutrición. Los que abogan por la autarquía deberían reflexionar sobre los millones de hambrientos generados por esa clase de políticas en Corea del Norte. Además, los alimentos cuyos precios internacionales han registrado alzas más agudas en años recientes con aquellos que se comercian relativamente menos.

La idea de que el libre comercio se opone a la seguridad alimentaria es claramente errónea. El destacado economista (que no podría ser catalogado de neo-liberal) Dani Rodrik lo ha expresado claramente: si los países en desarrollo hubiesen mantenido sus medidas proteccionistas, la oferta mundial de alimentos habría sido menor –no mayor- hoy en día. (Esto debido a que el proteccionismo habría llevado a que la producción mundial se reasignara de exportadores eficientes a importadores ineficientes). Quien esté en favor de la soberanía alimentaria debe estar dispuesto a vivir con precios elevados.

La “vía campesina” de la autosuficiencia autárquica y la “soberanía alimentaria” es contraria a la evolución de las naciones que, invariablemente a lo largo de la historia, han salido de la pobreza y han logrado desarrollarse (incluyendo un traslado masivo de trabajadores del sector agropecuario al sector industrial y de servicios).

Es verdad que hasta hoy las (mal aplicadas) políticas de seguridad alimentaria y de libre comercio no han sido lo suficientemente efectivas para conseguir el bienestar material de la población más desposeída. Pero pretender sustituirlas con políticas proteccionistas, superadas hace décadas por la realidad, es atentar contra cualquier posibilidad técnica de reducir permanentemente la pobreza rural.

Ruralidad y Bienes Públicos

Estos días ha estado circulando un artículo que salió en el blog del diario español El País, que comenta sobre la trágica situación de desnutrición y pobreza rural en Guatemala. Dicho artículo es lírica pura, al estilo de Intermón. La retórica sentimental-ideológica-y-cuasi-científica de este tipo de artículos no tendría nada de malo si no es porque, tratándose de un tema tan grave e importante, causan confusión y desvían la atención de las verdadera soluciones (que no son sencillas ni instantáneas), haciendo creer que con subsidios y leyes milagrosas se pueden resolver nuestras gravísimas debilidades estructurales. (Podrán ver que algunos ilusos lectores que se tomaron la molestia de comentar mi columna del periódico creen de buena fe en esas soluciones mágicas).

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

 RURALIDAD Y BIENES PÚBLICOS

El problema fundamental del área rural en Guatemala es la escasa provisión de bienes públicos esenciales

Ocasionalmente vale la pena dar una mirada a las publicaciones del exterior en las que se menciona a Guatemala, ya que suelen aportar una visión fresca de la realidad nacional que, a veces, puede ser útil para diagnosticar mejor nuestros problemas e identificar sus posibles soluciones. Otras veces, sin embargo, algunas de estas publicaciones no logran profundizar en el análisis ni aportan elementos útiles para comprender nuestra compleja realidad.

En este último caso se enmarca el artículo titulado “Guatemala: el hambre de muchos enriquece a unos pocos”, escrito por Gonzalo Fanjul de Intermón-Oxfam de España y publicado en la versión electrónica del diario El País el 14 de junio pasado. En su artículo, Fanjul señala, atinadamente, la terrible paradoja guatemalteca: un país que dista mucho de estar entre los más pobres del mundo y con grandes potencialidades productivas pero que, al mismo tiempo, muestra unos vergonzosos indicadores de pobreza, entre los que destacan los índices de desnutrición infantil (similares a los de los países más pobres de África).

Es difícil no concordar con Fanjul en que el hecho de que cuatro de cada diez niños guatemaltecos padezca de algún grado de desnutrición es intolerable y amerita una respuesta urgente del gobierno y la ciudadanía. Menos convincentes –aunque respetables como argumentos- resultan los pareceres políticos expresados en el referido artículo: Fanjul opina que el problema central de la desnutrición radica en la excesiva concentración de la propiedad de la tierra (que califica de “feudal”), que las élites económicas han impuesto un modelo exportador latifundista, que las “grandes compañías” perjudican a los campesinos al ponerlos en desventaja mediante acuerdos comerciales como el CAFTA, etcétera.

Lo que sí resulta desconcertante del artículo son sus recomendaciones de tipo, vale decir, más técnico, bastante superficiales ellas y que desdicen mucho de la experiencia de más de 20 años que Fanjul dice tener como activista contra la pobreza. Básicamente, y sin proporcionar mayores argumentos, Fanjul propone que el Estado trate a la agricultura campesina como un “sector estratégico” (y que los recursos financieros públicos se orienten en esa vía) y que se apruebe la Ley de Desarrollo Rural Integral diseñada por el actual gobierno. Ambas propuestas tienen severas debilidades. Por una parte, el tema de declarar “sectores estratégicos” y de otorgar subsidios a los productores agrícolas es una práctica que no sólo ha mostrado ser inefectiva sino que ha contribuido al deterioro económico de varios estados europeos que los tiene al borde de una grave crisis económica. Por otra, la famosa Ley de Desarrollo Rural Integral (que muy probablemente Fanjul nunca ha leído) es un conjunto de aspiraciones y planteamientos, poco armonizados y poco realistas, que difícilmente contribuyen a resolver los verdaderos problemas que subyacen a la pobreza rural y la desnutrición crónica.

La desnutrición y el hambre son un problema que, si bien nos debe avergonzar a todos los guatemaltecos, tiene múltiples causas que pasan necesariamente por la falta de productividad sistémica y la ausencia del imperio de la ley, problemas estos que requieren más que buen corazón y soluciones mágicas para resolverse. Desde la perspectiva de las políticas públicas, el problema fundamental de la ruralidad en Guatemala es la escasa provisión de bienes públicos esenciales, que aumenten la productividad de la economía campesina y permitan sacar de la pobreza a la población, especialmente a la indígena.

La situación paradójica de la pobreza rural en Guatemala se explica, en gran medida, porque existe una enorme ausencia de bienes públicos esenciales: educación básica, salud, infraestructura física, seguridad pública y cortes de justicia confiables. Esa escasez de dichos bienes se convierte en un obstáculo fundamental para que exista un adecuado clima de negocios, para que surjan empresas campesinas, y para que se desate la inversión en el campo, todo lo cual genera desarrollo económico. Lejos de buscar soluciones mágicas o instantáneas a los apremiantes problemas que desembocan en la pobreza rural, los esfuerzos del Estado (incluyendo los fiscales) deberían centrarse en la provisión de tales bienes públicos esenciales.


COMENTARIOS DE LOS LECTORES:

Mar, 06/28/2011 - 10:15 — JoseLuisGomez

El problema agrario esta íntimamente relacionado con la propiedad y tenencia de la tierra. Por todos es conocido que el latifundio, práctima muy extendidad en Guatemala, no posibilita el desarrollo rural. La concentración de la tierra productiva excluye a la mayoría de la población y reproduce a todo nivel la pobreza y pobreza extrema. Pienso que el problema de la pobreza se convirtió en un círculo vicioso donde no existe voluntad política estatal para el combate de esta, el mismo sistema está diseñado para mantenerla y reproducirla (ejemplos del desinterés estatal: la poca inversión social en áreas rurales como la educación y la salud). Pienso que la Ley de Desarrollo Rural Integral puede convertirse en el estandarte en la lucha contra la pobreza, se tiene que empezar a trabajar con base legal para buscar la institucionalización estatal del combate a la pobreza. Esta ley puede convertirse en el primer intento real (porque existe una ley) por parte del Estado para contrarrestar las desigualdades sociales. Enmiendas y correcciones siempre serán necesarias, pero resalto que se debe de empezar por algo y esta ley me parece una buena plataforma para que el Estado recupere el compromiso perdido.

Mar, 06/28/2011 - 13:41 — josemigarcia

Pueblos nativos del suelo mío, fueron saqueados y sometidos. Por la siniestra garra de la madre oligarquía, que orgullosa festeja habernos despojado de lo que era nuestro, dejando al indígena y al campesino, sin lugar donde sembrar, sin lugar donde trabajar, obligando a nuestra gente a vivir en miseria, arrinconándolos a la pobreza y a sobre vivir con lo muy poco que les queda.

Mar, 06/28/2011 - 16:33 — Jim Gómez

Los que más exigen son los que menos dan, pedimos que todo se haga de forma clara y con desarrollo humano, pero esto no es posible, porque los empresarios son los que menos tributan a la nación, pagando unos sueldos miserables, de esta forma es como se enriquecen, explotando y marginando, y aun reniegan de hacer una reforma fiscal, donde ellos le devuelvan al país, lo que se les ha exonerado de impuestos.

Mar, 06/28/2011 - 17:59 — Johana Luna

Durante mucho tiempo el pueblo estuvo olvidado, y esto era lo que reclamaban los empresarios, que
cuando habría inversión social, que Guatemala es el paraíso de la ONG, y cuando este gobierno inicio con la tan esperada inversión social, los empresarios y partidos de derecha se opusieron, criticando el actuar del gobierno ante la inversión que se estaba haciendo, aun ahora se sigue con la crítica, y no es un critica que ayude a mejorar los errores que esta inversión tiene, al contrario, solo son para desprestigiarlos y no en apoyo. ¿Al empresariado y gente de derecha, le dolerá que fuera este gobierno el que realizo esto, y no uno de derecha como ellos hubieran esperado?

Mar, 06/28/2011 - 18:29 — Pedro Castillo

La pobreza es tan generalizada en Guatemala, la razón es una, la desigualdad que hay en el país, y muchas de las causas son provenientes del sangriento conflicto armado interno, este fue el caballo de Troya para robar y saquear las tierras de campesinos e indígenas entregando estas tierras a la oligarquía del país, Otto Pérez fue uno de los responsables de hacer esto, por tal razón no habla en su discurso nada sobre el combate a la pobreza, pues sabe que él es uno de los generadores de la misma.

Mar, 06/28/2011 - 18:38 — Daniel Gutierrez

en el ambito internacional reconocen que los oligarcas de este país son una grandicima plasta, lo que pasa es que ese tipo de noticias no llegan aquí. Le pregunto al gran defensor de la oligarquía como se le puede dar estructura fisica a alguien si no hay tierras, como se le puede dar educación básica a alguien si los oligarcas no pagan impuestos. Solo un insensato de su calaña se pone a defender a la
podrida oligarquía.

Mar, 06/28/2011 - 19:15 — Nelson Navas

No hay feudalismo aquí ni latifundismo, pero el sector cafetalero y azucarero pagan entre 15 y 20 quetzales diarios por el trabajo a los jornaleros. Usted mejor que yo sabrá a cuanto se cotiza el quintal
de café en el exterior. Que tipo de redistribución estan generando ellos? De donde obtuvieron las grandes extensiones de tierra para sus fincas?? Despojando a los campesinos de sus tierras, poniendo
gobiernos monigotes como el que quisieran tener con Otto Pérez. En el pasado los militares expropiaban de las tierras y luego aparecian con nombres de oligarcas. Para mi es muy acertado el comentario fundamentalmente en lo referido al tema agrario.

Mar, 06/28/2011 - 20:05 — Monica Medina

Que fuerte me saliste chato. Fujul tal vez no haya leido la ley de desarrollo rural, dudo mucho porque para que la mencione debera estar empapado de ella no es un irresponsable que solo escribe porque tiene espacio (no se pregunte si lo quise decir por usted, afirmo que si fue por y para usted) usted debería leer un poco más sobre la verdadera situación de Guatemala, porque usted parece que vive en la luna, nos tenemos que avergonzar del hambre pero dios me guarde si digo quienes son los causantes de ella, es mas facil echarle la culpa a las instituciones del Estado.

OBSTÁCULOS AL DESARROLLO RURAL

La situación de pobreza, exclusión, desnutrición y baja productividad en el área rural guatemalteca es extremadamente grave. Es urgente aplicar medidas de política pública que alivien la situación. Sin embargo, muchos de quienes dicen defender a los pobres rurales obstaculizan el avance de las políticas necesarias para revertir la situación. Ya sea porque no son capaces de converger a un acuerdo que permita las reformas posibles aunque deban sacrificarse algunas reformas deseables, o sea porque realmente desean conservar el status quo que les permite obtener recursos financieros de los donantes europeos, algunos dirigentes campesinos le apuestan a la estrategia del "todo o nada", que sólo entorpece y obstaculiza el urgente desarrollo rural del país.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

OBSTÁCULOS AL DESARROLLO RURAL

El área rural de Guatemala concentra a la mayoría de la población trabajadora del país. El último censo de población estableció que el 42% de la población económicamente activa se ubica en actividades primarias (fundamentalmente del sector agropecuario). Sin embargo, según las cuentas nacionales, esas mismas actividades generan únicamente el 14% del Producto Interno Bruto.

Existe, pues, una gran diferencia entre la cantidad de personas que trabajan en actividades agropecuarias y el ingreso que ellas perciben lo cual, evidentemente, se traduce en los altos índices de pobreza que se registran en el área rural. Otra forma de leer estas cifras es que una gran cantidad de personas empleadas en el área rural genera muy poca producción. De manera que la baja productividad de los factores de producción y la alta incidencia de la pobreza son las dos caras de la misma moneda del desarrollo rural.

Más allá de las múltiples opiniones subjetivas que existen sobre la materia, se dispone de varios estudios científicos, rigurosamente elaborados (como por ejemplo, uno realizado por el Instituto de Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Rafael Landívar en 2006), que identifican los principales cuellos de botella que deben superarse para corregir el círculo vicioso de improductividad y pobreza en el área rural.

Dichos cuellos de botella tienen que ver, por un lado, con la ausencia de un conjunto de políticas de largo plazo enfocadas a aumentar la productividad, a generar excedentes en las economías campesinas y a propiciar la participación de la población en las decisiones económicas y en la vida política y social del país. Por el otro, se relacionan con que no existe una institucionalidad coordinada y bien fiscalizada a cargo de tales políticas.

De las múltiples iniciativas de ley que se han estado impulsando para promover el desarrollo rural del país, muy pocas se basan en los diagnósticos científicos disponibles y, por lo tanto, no acometen con propiedad la tarea de facilitar políticas públicas pertinentes y de fortalecer la institucionalidad del estado. La más reciente de ellas, elaborada conjuntamente por el Ejecutivo y algunas organizaciones campesinas y que se tradujo en la iniciativa 4084 (Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral), también fracasa en el intento.

Tal iniciativa, pecando de poco realista y demasiado detallista, plantea políticas de forma incierta o contradictoria respecto de los aspectos que, según los estudios técnicos, deberían privilegiarse (la productividad, la excedentariedad y la participación). No sólo omite priorizar políticas clave (como la de Mipymes o las de enfoque territorial –que toman en cuenta la vocación de los territorios-), sino que plantea obligaciones deliberadamente ambiguas respecto de temas tan polémicos como la reforma del régimen de tenencia de la tierra, la definición de tierras comunales o la revisión de los tratados de libre comercio vigentes.

Además, la referida iniciativa debilita la institucionalidad del estado pues, por una parte, despoja a los Consejos de Desarrollo de su función de mecanismo formulación participativa de las políticas y, por otra, también dispone la creación de un nuevo ministerio con duplicidad de funciones y sin presupuesto, además de minar al Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional al plantear nuevo sistema paralelo al mismo.

Por eso llama la atención y despierta suspicacias que algunas agrupaciones creadas, supuestamente, para promover el desarrollo de la población rural insistan en empujar a toda costa una ley técnicamente deficiente y políticamente inviable. ¿Por qué insistir en una ley tan compleja con un contenido tan controversial? ¿Por qué no converger hacia una ley más simple, quizá menos ambiciosa, pero más viable? Lamentablemente pereciera que esta vez, como en tantas ocasiones en la historia, los radicales de ambos extremos del espectro político coinciden en que, en el fondo, lo que quieren es que no se apruebe ninguna ley que favorezca el desarrollo rural: que nada cambie para que todo siga igual, incluyendo su modus vivendi.

Comentarios de los lectores

GIL ZU 24-08-2010 10:12:47 horas

En 1954 los invasores crearon EL INSTITUTO DE TRANSFORMACION AGRARIA pero lo unico que transformó fue la economia de terratenientes y seguidores de Castillo Armas. Este Domingo el escritor Jaime Barrios Carrillo denuncia que cada taza de cafe en USA que les exportamos la venden a $ 3.oo, pero a los Productores solo les dan 0.15 y los productores le pagan a los Jornaleros TRES CENTAVOS POR CADA TAZA DE CAFE.HAY QUE CAMBIAR EL ESTADO. virgilio reyes 24-08-2010 12:41:55 horas Todo depende desde que lado se mire la propuesta. Los abogados del Estado y de las organizaciones sociales hablaron al respecto y no vieron que la propuesta de ley afectara el funcionamiento de los Consejos. Lo lamentable es que la metodologia del congreso utiliza concesos de artículo por artículo de la cita ley, donde es evidente que por parte del sector empresarial, no los habrá. Tristemente dejaron pasar una oportunidad historica para quitarse la presión por acceso al desarrollo en el campo.

Números de Catástrofe

La tormenta Ágatha estuvo fea y causó muchos daños al país. Las pérdidas de vidas humanas y de propiedades fueron muy dolorosas, especialmente en el caso de los más desposeídos. La vulnerabilidad de nuestro país ante estas catástrofes es evidente. Lo que no es tan evidente es el infladísimo presupuesto de daños que el gobierno sugiere que debemos pagar para la reconstrucción. Conviene, por lo tanto, espulgar un poco las estimaciones oficiales para tener una interpretación adecuada de las mismas. De lo contrario, corremos el riesgo de caer en irresponsabilidades fiscales que, al final de cuentas, nos saldrán más caras que la mismísima Ágatha.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS
NÚMEROS DE CATÁSTROFE

El pasado viernes se hicieron públicas, finalmente, las estimaciones oficiales del impacto económico de la tormenta Ágatha en Guatemala, calculadas por la Comisión Económica para América Latina –CEPAL-, conforme a la metodología que dicha entidad ha venido aplicando para este tipo de desastres. Las cifras son útiles porque permiten contar con un registro de los daños y pérdidas ocasionadas por la catástrofe, valuar las necesidades de recursos para reconstrucción y elevar el nivel de conciencia sobre los beneficios económicos de reducir los riesgos asociados a ese tipo de eventos.

Las cifras sirven también para vincular la magnitud del desastre con y la demanda de recursos económicos que de ella se deriva, así como para comparar dichas cifras con otros desastres similares, ambos temas muy importantes para fines de programación fiscal. En ese sentido, conviene hurgar un poco dentro de las cifras oficiales e interpretar cuidadosamente su significado.

Para el efecto, resulta útil la distinción que la CEPAL hace de los dos tipos de impacto económico del desastre. Por un lado están los daños propiamente dichos, que se refieren al impacto directo que se produce por la destrucción parcial o total del stock o acervo de activos físicos (infraestructura, maquinaria e inventarios); estos daños suceden específicamente al momento de la catástrofe y, en el caso de Ágatha, se calculan en Q4,800 millones. Por otro lado están las pérdidas que suceden después del evento y a lo largo de un período relativamente prolongado; estas pérdidas indirectas se reflejan en cambios en los flujos económicos esperados que, para Ágatha, la CEPAL estima en Q3,055 millones.

Resulta evidente que ambos conceptos son diferentes y que los gastos de reconstrucción del país solamente pueden estar referidos al primero de ellos (los daños). Además, no todos los daños deben forzosamente ser cubiertos con recursos del Estado, ya que los mismos incluyen daños al acervo privado. Esto es importante tenerlo presente para evitar confusiones respecto de la necesidad de recursos por parte del fisco para la reconstrucción post-Ágatha, los cuales no deberían ser superiores a los referidos Q4,800 millones, en vez de los más de Q7,800 millones que varios medios de comunicación publicaron (sin mayor análisis) como necesarios.

Las cifras publicadas también resultan útiles para comparar el impacto económico de Ágatha con, por ejemplo, los ocasionados por la tormenta Stan en 2005. Sumando los daños y pérdidas que estimó la CEPAL para cada uno de esos eventos, se puede apreciar que el impacto estimado para Ágatha suma Q7,856 millones, mientras que los que en su oportunidad se atribuyeron a Stan fueron del orden de Q7,512 millones, lo cual implica un aumento de 4.6% de aquella catástrofe a la actual. Es más, si se toma en cuenta que los precios de los bienes y servicios entre 2006 y 2010 han aumentado en alrededor de 25%, se puede decir que el impacto económico de Ágatha es, en términos reales, mucho menor al producido por Stan y, casi seguramente, al del huracán Mitch de 1998.

Es importante que las autoridades de gobierno y los legisladores tengan en cuenta estas consideraciones a efecto de que los ajustes fiscales que se requieran para enfrentar los efectos del desastre se apeguen a la realidad y que eviten usar de excusa el impacto de Ágatha para inflar indebidamente los gastos. En las actuales circunstancias, un aumento inmoderado del déficit fiscal podría provocar problemas de sostenibilidad al funcionamiento del gobierno y al servicio de los compromisos de gasto, lo cual podría generar unos números incluso más catastróficos que los de la propia tormenta tropical en términos de inestabilidad económica y pérdida de bienestar para los guatemaltecos.

Además de lo anterior, es crucial que se guarde mucho cuidado en la transparencia del uso de los recursos que se destinen a la reconstrucción, así como que se establezcan normas muy estrictas respecto de la calidad de la obra pública para que, al menos, no vuelvan a construirse puentes de cartón-piedra que se caen a la primera llovizna.

OPINIÓN DE LOS LECTORES

Antonio Morales 06-07-2010 17:33:43 horas

Lo que queda claro es que el Gobierno pretende inflar las cifras de la tragedia para usarlas de excusa y así inflar el gasto público con fines electorales. Es una vergüenza que los reportes de prensa no hayan tenido el cuidado de expulgar bien las cifras que, según el lic. García Lara, son la mital de lo que el Gobierno anda diciendo que necesita para la reconstrucción. Qué vergüenza.

Desarrollo Rural Sostenible

La precaria situación del área rural en Guatemala exige que se apliquen políticas públicas de largo plazo por parte de una institucionalidad gubernamental eficiente. Actualmente no existen ni lineamientos de políticas públicas que favorezcan el desarrollo y la empresarialidad en el área rural, ni buenas instituciones estatales que las impulsen. Por eso se justifica que se emita una ley que procure poner orden en esos dos aspectos. Pero de allí a pretender que mediante una ley se van a resolver los graves problemas estructurales del agro, hay una gran distancia. Las instituciones como ADRI, que están impulsando insistentemente una Ley de Desarrollo Rural Integral que ofrece mucho, pero que no da las herramientas para cumplir sus promesas, sólo contribuyen a la polarización social, a la ingobernabilidad y, consecuentemente, a perpetuar la pobreza de quienes dicen representar.

Opinión

Desarrollo rural sostenible
Una ley para el desarrollo rural es necesaria, pero la misma debe ser realista, responsable y cumplible.

Guatemala es uno de los países menos urbanizados del Hemisferio Occidental, y la situación en el área rural es precaria. Las zonas rurales, pobladas mayoritariamente por pueblos indígenas, muestran los peores índices de pobreza: el 38% de la población indígena rural subsiste con un ingreso menor al equivalente de $1 al día; en muchas regiones prevalecen situaciones de inseguridad alimentaria y desnutrición crónica infantil; la diversidad ambiental y cultural del país está mal aprovechada y peor entendida.
Por si todo lo anterior fuera poco, la institucionalidad estatal que debería combatir estos indicadores vergonzosos muestra una escandalosa dispersión de esfuerzos, una muy escasa coordinación entre la miríada de entidades públicas relacionadas con la ruralidad, y una notable ausencia de políticas coherentes enfocadas al desarrollo rural sostenible.
Aunque ciertos funcionarios y algunos empresarios no lo quieran ver así, la situación descrita demanda que se aplique un conjunto coherente de políticas públicas intertemporales para la transformación rural que propicien el desarrollo humano mediante el fomento de la empresarialidad, el desarrollo de las micro y pequeñas empresas conforme a las ventajas comparativas de las áreas rurales, y el tránsito de unidades de producción de subsistencia a unidades excedentarias efectivamente vinculadas a los mercados.
Ahora bien, peca de ingenuo quien crea que esa compleja aglomeración de problemas puede ser superada mediante la aprobación de una ley, así como peca de perverso quien embauca a los ingenuos haciéndoles creer que con una ley van a ser resueltas las demandas y necesidades insatisfechas que datan de generaciones atrás. De manera que algo de ingenuo y algo de perverso puede verse en algunos de los esfuerzos que diversos grupos sociales están haciendo para promover la iniciativa de ley 4084, Ley del Sistema de Desarrollo Rural Integral.
Para muestra un botón. En un folleto, bellamente editado y lujosamente impreso titulado: Para Cosechar Presente y Futuro: Ley de Desarrollo Rural Integral, ¡Exijamos su Aprobación!, la Asociación para el Desarrollo Rural Integral (ADRI) afirma que la referida ley ayudará a los campesinos “en el objetivo de la redistribuición de la tierra y otros medios para producir”, sin olvidarse de proclamar alegremente que “¡la Madre Tierra no se compra ni se vende, se recupera y se defiende!”.
Lo que olvidan mencionar los impulsores de esa iniciativa es que la misma amenaza con dar un golpe mortal al Sistema de Consejos de Desarrollo y al Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional, ambos instrumentos (potencialmente útiles para el desarrollo rural) de por sí socavados por años de irresponsable politiquería. Tampoco indican que la referida iniciativa implica altos costos fiscales, a la vez que levanta banderas ideológicas y despierta exageradas expectativas que, cuando inevitablemente fracasen por irreales, únicamente aumentarán la frustración y el descontento de los pobladores del área rural.
Una ley para el desarrollo rural es necesaria, pero la misma debe ser realista, responsable y cumplible, de manera que su aprobación e implementación abonen a una mejora sostenible del nivel de vida de los habitantes del área rural y contribuya a preservar la gobernabilidad del país. La iniciativa 4084 simplemente no es esa ley.
El Congreso de la República deberá esforzarse en diseñar y aprobar una ley que de verdad coadyuve al desarrollo rural sostenible. Para el efecto convendría que se enfocara en mejorar la coordinación de las instituciones públicas encargadas del área rural, en procurar su adecuada articulación con sectores de la sociedad, en establecer los principios que deben orientar las políticas de desarrollo rural y en reordenar la estructura institucional del sector. Lo demás es sólo retórica que exacerba pasiones, alimenta la ingobernabilidad y debilita el estado de derecho.

OPINIÓN DE LOS LECTORES

adolfo barrera ortiz 25-05-2010 10:37:46 horas
Las opiniones a veces pecan de ignorancia, como en el presente caso. Los Consejos de Desarrollo van en otra línea, más hacia lo local, aunque le hace falta direccionalidad y más incidencia en desarrollo económico. El desarrollo rural, quizá no requeriría de una ley, pero quizá ante tanta descoordinación y falta de Estado en áreas rurales, se hace necesaria y urgente, pero sobre todo se requiere despolitizar la gestión operativa de las instituciones públicas.


Gil Zu 25-05-2010 11:10:06 horas
Me asombre al leer Historia de México en donde aparece la Reforma Agraria pero no por medio de Zapata sino del Emperador Maximiliano, poniendo en marcha una ley de restablecer las tierras a los campesinos. Los Indios en Estados Unidos contemplan siglos transcurridos cuando sus antecesores dueños de esas tierras eran asesinados por inmigrantes europeos, los cazaban como se cazaba a búfalos. Como premio de consolación publicaron libros de Indios héroes: El Indio Jerónimo o El Último de los Mohicanos

Pascual Pérez 25-05-2010 11:27:45 horas
En primer lugar ADRI no es una Asociación, sino una alianza de las más diversas expresiones sociales del país. En segundo lugar, en ningún apartado habla o traslapa funciones de otras leyes, las fortalece. En tercer lugar, No está diciendo que con la ley se va a resolver todos los problemas del agro guatemalteco, sino ayudará a superar la inequidad y hará que el estado reorienta y coordine mejor la inversión pública. Hay que ver a la sociedad como sujeto y no objeto como quiere el señor MA García.

Alvaro De La Hoz 25-05-2010 13:27:38 horas
La Ley de Desarrollo Rural sólo busca eliminar la propiedad privada. ¡No se dejen engañar!

Alejandro Santos 25-05-2010 17:10:16 horas
No se trata de leyes, ignorancias y pleitos entre los que dicen tener razón y los otros que dicen que la tienen. El problema patina porque todo se dice y se recontradice desde Guatemala Capital. Estoy leyendo por internet desde el Canton Xecaracoj en Quetzaltenango, muchos no han de conocer donde estoy ahora (obvio), es alejado. Pero lo que estoy seguro es que su discusión es vana porque lo rural avanza con o sin ustedes, porque nunca se toman en cuenta las prioridades comunitarias.

Antonio Morales 25-05-2010 18:22:52 horas
Don Pascual: la que usted dice que es una “alianza de las más diversas expresiones sociales del país” (ADRI) es en realidad una amalgama amorfa de grupos que lo único que tienen en común es impulsar la reforma agraria, aunque sea disfrazada de ley de desarrollo rural. Por cierto ¿qué hacen grupos empresariales como FEDECOCAGUA y AGER metidos en ese relajo que es ADRI?¿Están AGER y FEDECOCAGUA de acuerdo con la ideología anti-empresarial de las demás organizaciones pertenecientes a la alianza?

JOSUE AUGUSTO PEREZ FIGUEROA 25-05-2010 19:09:26 horas
Lo interesante sería obtener la opinión de nuestros candidatos a presidente sobre estos problemas inveterados. Sólo hablan de seguridad, en términos de daños físicos, pero no hablan de seguridad alimentaria, de salud, de educación etc. ¿Qué opinaran Giamattei, Menchú, Montenegro, Pérez Molina, Suger Montano, Caballeros. etc.

Roberto Goubaud 25-05-2010 21:24:15 horas
Señor Pascual Pérez, la ADRI es una Asociación de unos cuantos malos guatemaltecos que se han visto apoyados por malos funcionarios que con dinero robado de los impuestos han financiado una propuesta POPULISTA, para ganar adeptos como usted que dice “inequidad”(?) y proponen distraer y malgastar fondos -como lo han venido haciendo, en manifestaciones, bloqueo de carreteras etc.- tan NECESARIOS en las SALUD Y EDUCACIÓN de la población para que guatemaltecos honrados y libres puedan optar a mejores salarios y no estar pidiendo que todo se los regalen. Señor Pérez, entienda el único desarrollo posible es por medio de la INVERSIÓN, sin dinero no puede haber fuentes de trabajo y mucho menos desarrollo, ¡cuesta tanto entenderlo! No se deje engañar por cantos de sirena, mire HOY a los países que impulsaron esas políticas, hoy apuestan por la Inversión, generadora de desarrollo y de riqueza para sus poblaciones.

Ojo con el Corredor Seco

Cuando en alguna región de un país de ingresos medios, como Guatemala, se produce una crisis alimentaria, la razón (paradójicamente) no es que exista escasez de alimentos en todo el país, sino que se trata de un problema focalizado de carestía y falta de ingresos (poco poder adquisitivo) en la región afectada. Quizá lo más importante a tener en cuenta es que estas crisis alimentarias deberían ser fácilmente evitables, si tan sólo existiesen los mecanismos adecuados de alerta temprana y de asistencia específica a las familias afectadas. Éstas lecciones son bastante estándar y han permitido reducir este tipo de episodios alrededor del mundo. Por ello es inadmisible, vergonzoso e intolerable que ocurran crisis como la del Corredor Seco de Guatemala en 2009. Lo peor de todo es que existe una alta probabilidad de que, debido a la irresponsabilidad e ineficiencia de las entidades gubernamentales encargadas, la tragedia se vuelva a repetir en 2010. Ojalá que no sea así.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

OJO CON EL CORREDOR SECO

Los rigores climáticos, los factores económicos, la insalubridad y la disfuncionalidad institucional se están combinando, otra vez, para provocar un aumento en la cantidad de casos de desnutrición aguda en el Corredor Seco (que incluye Baja Verapaz, Jalapa, Jutiapa, El Progreso, Chiquimula, Santa Rosa, Zacapa y áreas vecinas). Dos reportes recientes, uno del Sistema Mesoamericano de Alerta Temprana para la Seguridad Alimentaria (asociado a la USAID) y otro de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (de la ONU), alertan sobre la posibilidad de un agravamiento de los problemas alimentarios que podrían afectar a más de dos millones y medio de habitantes de dicho territorio, situación que sólo contribuye a empeorar las enormes tasas de desnutrición crónica que sufre Guatemala.

El período anual de escasez de alimentos está por iniciarse. De acuerdo con los expertos, debido a que las cosechas de granos básicos registraron bajos rendimientos en 2009, las reservas domésticas de alimentos se están agotando más pronto de lo normal. A su vez, el fenómeno de El Niño podría traducirse en un inicio tardío de la temporada lluviosa y generar temperaturas extremas que agravarían la situación. Por si esto fuera poco, la temporada de alta demanda de mano de obra para cultivos de exportación termina en marzo, lo cual limita las posibilidades de generación de ingresos para la compra de alimentos en muchos hogares rurales pobres. De no tomarse acciones concretas para mejorar la disponibilidad de alimentos y de insumos agrícolas a nivel de los hogares más vulnerables, muchas familias verán cómo la amenaza de inseguridad alimentaria se convierte en una pavorosa realidad, con el consiguiente aumento de los casos de desnutrición aguda y el terrible riesgo de mortalidad infantil que tal situación acarrea.

Resulta imprescindible, entonces, fortalecer los programas institucionales enfocados al apoyo de los hogares amenazados, mediante la distribución de alimentos, la educación alimentaria y nutricional, el apoyo a la producción y la atención en salud, todo lo cual implica un esfuerzo específico de coordinación de las entidades de gobierno y de la sociedad civil implicadas en el tema. Para eso, precisamente, fue que se aprobó la Ley del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SINASAN- que, al igual que otras leyes de ordenamiento institucional, no parece estar siendo aplicada conforme a su espíritu original. La referida Ley deja al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –CONASAN- como órgano rector responsable de las políticas públicas del sector. Cada uno de los integrantes del CONASAN (presidido por el Vicepresidente de la República) es responsable de impulsar al interior de sus instituciones el cumplimiento de los instrumentos y acciones de la política de seguridad alimentaria y de los planes estratégicos que permitan enfrentar situaciones de crisis como la que se avecina, pero las mismas no deben ser antojadizas ni carecer de respaldo técnico, sino que deben derivarse de una evaluación integral de los principales actores dentro del Ejecutivo, tomando en cuenta además la forma de fiscalización y de sistematización de resultados.

Las políticas del CONASAN deben mantener el orden y coordinación que se establece en la ley de la materia, por lo que cualquier otro esfuerzo paralelo que se realiza fuera de dicho esquema debería suspenderse si no toma en cuenta la información y aportes provenientes desde los sectores que conforman el SINASAN y si se hace aisladamente sin considerar prioridades. En materia de seguridad alimentaria debe apostarse por soluciones integrales y de largo plazo, lo que implica la necesidad de seguir estrictamente los procedimientos contenidos en la Ley del SINASAN, sancionar todo incumplimiento de deberes de quienes integran el CONASAN, priorizar la compra de insumos efectivos para restablecer la salud de los niños afectados por desnutrición aguda y diseñar de manera eficiente las ayudas gubernamentales sin menoscabar la institucionalidad del Estado.

¿Eminentemente Agrícola?

En julio de 2007 publiqué una columna que resultó ser algo polémica (como muchos de ustedes sabrán, la polémica no es precisamente una de mis aficiones, pero de vez en cuando resulta emocionante), porque en ella afirmo que Guatemala --contrariamente al mito popular- no es un país eminentemente agrícola, según lo demuestran la nuevas cuentas nacionales que calculan en Producto Interno Bruto por rama de actividad. Rescato esa columna para este Blog, pues esa realidad continúa siendo tan cierta como entonces.
§ POLÍTICAS PÚBLICAS

¿EMINENTEMENTE AGRÍCOLA?
Hace veinticinco años, los libros de texto de Estudios Sociales alimentaban la leyenda de que “Guatemala es un país eminentemente agrícola”, arguyendo que el aporte de la agricultura a la producción y al empleo nacionales la convertían en la actividad más importante de la economía.
Las cifras disponibles a principios de los años ochenta tendían a no contradecir ese mito. Según las cifras publicadas entonces por el Banco de Guatemala, la actividad agrícola contribuía con la cuarta parte del Producto Interno Bruto –PIB-, similar a la proporción con que contribuía la actividad comercial. A éstas les seguían en importancia las actividades de industria (16% del PIB), transporte y almacenamiento (7%), servicios privados (6%) y administración pública (6%).
Sin embargo, la realidad actual desvanece el mito del predominio agrícola. Veinte años de evolución económica son reflejados por la nueva metodología de cálculo de las cuentas nacionales recientemente publicada por el banco central, que nos muestra una estructura productiva significativamente distinta. Las nuevas cifras revelan que actualmente (en promedio para el período 2001-2005) la agricultura ya no es siquiera la segunda actividad en importancia, pues con un aporte de 14.8 por ciento del PIB total, está por detrás de las actividades de industria (20.4%) y servicios privados (16.2%), superando apenas al comercio (13.3%).
La evolución de la estructura productiva en el último cuarto de siglo también muestra que no ha aumentado la “terciarización” de la economía. Los economistas clasifican a las diferentes actividades económicas en tres sectores: el primario lo forman las actividades extractivas o productivas de recursos naturales: agricultura, ganadería, forestal, minería, etcétera. El sector secundario es el que transforma los recursos naturales, o sea la industria y la construcción. El sector terciario es un bolsón de todas las actividades comerciales y de servicios, desde las finanzas al transporte, pasando por los servicios gubernamentales y personales. La terciarización se refiere al crecimiento del peso económico del sector servicios, tendencia que se ha registrado en todas las economías desarrolladas.
En Guatemala, el sector terciario no parece haber crecido significativamente. En los años ochenta representaba un 54% del PIB y, según las nuevas cifras, actualmente su participación sólo había subido al 57%. El sector que sí aumentó fue el secundario, que pasó de un 20 a un 27%, en detrimento del sector primario, cuyo aporte al PIB se redujo del 26 al 16%. Las cifras de empleo parecen confirmar la participación decreciente de la agricultura, que en 1994 acogía al 52% de la población activa, proporción que para 2002 se había reducido al 42%.Las nuevas cuentas nacionales muestran que la economía guatemalteca dejó hace tiempo de ser “eminentemente agrícola”, y que nuestro futuro económico parece depender más de otros sectores productivos.