NO HAY QUE DESENTENDERSE

DE FORTALECER LA DEMOCRACIA Y MANTENERNOS INSERTOS EN LA ECONOMÍA GLOBAL

La semana pasada participé como panelista en un conversatorio sobre las perspectivas económicas y políticas del país, organizado por la Cámara Guatemalteca de la Construcción. En el intercambio de opiniones que sostuvimos con Diego Marroquín y Paul Boteo -los otros panelistas, se puso de manifiesto que 2023 plantea importantes desafíos para el país. En el ámbito económico, la amenaza real y clara de una eventual recesión en los países industrializados se agrava con la posibilidad de una inflación mundial inesperadamente persistente. En el ámbito político, las incertidumbres existentes respecto del año electoral en el país se complican con un presupuesto fiscal desbocado y con las crecientes tensiones geopolíticas en el hemisferio norte.

En ese entorno tan complejo es necesario reconocer, por un lado, que la economía guatemalteca tiene una reconocida fortaleza en su demostrada resiliencia ante shocks externos y en sus características políticas fiscal y monetaria ortodoxas. Pero, por otro lado, también hay que reconocer que nuestra velocidad de crecimiento económico ha sido muy lenta durante décadas y que nuestros indicadores socioeconómicos están muy rezagados con relación a otros países de similar nivel de ingreso. Estas dos realidades deben conjugarse equilibradamente.

Para hacerlo, es fundamental que todos aquellos involucrados en procurar la buena marcha del país -no sólo los líderes gubernamentales y los políticos, sino también las demás fuerzas vivas: empresarios, academia, sociedad civil- no se desentiendan de su compromiso con el modelo democrático que escogimos hace cuarenta años ni con el esfuerzo de insertar al país en la economía mundial y en el concierto de las naciones civilizadas. En efecto, el sistema electoral que con sabiduría y esmero se empezó a construir en la década de los ochenta y que ha permitido la sucesión de gobiernos civiles democráticamente electos, muestra ahora unos preocupantes signos de agotamiento que deben ser reparados con sabiduría y urgencia. Hacerlo requiere del involucramiento de todos. Los ciudadanos no debemos desentendernos de la continua vigilancia sobre el quehacer de los políticos y de la responsabilidad de defender y fortalecer nuestra incipiente democracia.

Igualmente, ante las tendencias nacionalistas y proteccionistas que están cobrando auge alrededor del mundo (tanto como han cobrado auge las políticas de excesivo gasto público e irresponsable manejo fiscal), lo peor que podríamos hacer es pretender -en nombre de una delusoria soberanía- regresar a la autarquía económica y al aislamiento político. En los últimos siglos, ninguna nación se ha desarrollado ni prosperado sin un intercambio vigoroso -económico y cultural- con otras naciones. Los países que están abiertos a estos intercambios tienden a crecer más rápido, innovar, mejorar la productividad y brindar mayores ingresos y más oportunidades a su gente. De manera que, ante un 2023 que se vislumbra complejo y desafiante, desentendernos de nuestro compromiso con el sistema democrático y con la apertura al mundo puede ser una receta para el fracaso.

LA ESPERANZA DE LAS MICROFINANZAS

SIGUEN SIENDO UNA VÍA PROMETEDORA PARA TRANSFORMAR LA VIDA DE LAS PERSONAS DE BAJOS INGRESOS

Las instituciones de microfinanzas están llamadas a llevar servicios financieros a poblaciones desatendidas por el sistema financiero tradicional. Con variado grado de éxito, a lo largo de los años, las microfinanzas han logrado elevar el nivel de vida y empoderar socialmente a colectivos tradicionalmente excluidos (mujeres, microempresas o campesinos). Aun así, se estima que en el mundo hay dos mil millones de personas excluidas de los mercados financieros. La semana pasada asistí a la Semana Europea de Microfinanzas, en Luxemburgo, donde se identificaron y discutieron las tendencias y desafíos que para las microfinanzas plantea un mundo post pandemia y que definirán las posibilidades de que en el futuro estas puedan cumplir su promesa de incluir financieramente y empoderar socialmente a quienes hoy están excluidos.

Los confinamientos provocados por la pandemia exigieron una rápida transformación digital (especialmente en el mundo de las finanzas), mientras que la inflación mundial actual está mermando el poder adquisitivo (especialmente de los más pobres). Estas realidades desafían la intención de las microfinancieras de llevar financiamiento a las micro empresas, empoderar a las mujeres y acercar los servicios financieros a las personas de menores ingresos. Este escenario plantea retos que, tanto las autoridades gubernamentales como las propias entidades de microfinanzas y los demás agentes de inclusión financiera, deberán enfrentar en los próximos años.

Por el lado de la oferta de micro créditos, la digitalización puede ser la vía clave para acelerar la innovación, pero es una vía que no está exenta de riesgos. Las entidades microfinancieras deben esforzarse en transformar sus métodos de operación, por ejemplo, digitalizando el envío y recepción de remesas familiares desde el exterior, o habilitando las operaciones con sus clientes las 24 horas del día mediante herramientas tecnológicas adecuadas. Por el lado de la demanda, los potenciales usuarios de micro créditos deben poseer cada vez mejor educación financiera para hacer el mejor uso posible de todos los productos que están ahora a su alcance.

Pero la incertidumbre y las amenazas mundiales están en aumento. La pandemia ya fue duro golpe que tuvo repercusiones sobre la capacidad productiva de los usuarios, la privacidad de los datos de los clientes, la fluidez de las cadenas de suministro, el endeudamiento de las familias, y la inflación de precios de los alimentos y combustibles. Las crecientes externalidades negativas afectan el crecimiento económico, las expectativas y la confianza de los mercados. En este entorno incierto las microfinanzas siguen siendo una vía prometedora para transformar la vida de las personas de bajos ingresos, empoderándolos para salir adelante mediante sus propios emprendimientos; pero ello requiere no solo del esfuerzo e innovación de las propias entidades de microfinanzas, sino también del apoyo de un marco regulatorio y de políticas públicas que facilite el acceso de los más pobres a un financiamiento responsable, sostenible y de calidad.

¿ALGUIEN SABE CUÁNTOS SON?

NADIE SABE A CIENCIA CIERTA CUÁNTOS EMPLEADOS PÚBLICOS HAY EN GUATEMALA

Según el proyecto de presupuesto del Estado para 2023, más de Q33 mil millones se destinarán al pago de remuneraciones, lo que equivale a más del 28% del total del gasto gubernamental. El mayor componente del gasto público es la masa salarial, la cual ha mostrado una tendencia creciente y genera una gran presión sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. Se sabe que los sectores que han impulsado el gasto salarial del gobierno son los de educación y salud. Y se sabe que buena parte del aumento continuo de la masa salarial se debe a incrementos salariales que no tienen relación con mejoras en los resultados y que responde a la suscripción de diversos pactos colectivos Lo que nadie sabe, sorprendentemente, es el número de empleados públicos que laboran en el Estado, ni bajo qué renglón se encuentran nominalmente, ni en qué entidad prestan sus servicios físicamente.

Como nadie en el aparato estatal sabe a ciencia cierta esos datos, la gestión del recurso humano en el gobierno es un caos -desde el punto de vista administrativo- y una bomba de tiempo -desde el punto de vista financiero-. Antes de la pandemia, en noviembre de 2019, el INE dio a conocer los resultados de un llamado Censo Nacional del Recurso Humano 2017-2018, en el que se estableció que, en un momento dado, había 292,753 servidores públicos. Según se publicó en algunos medios de comunicación, el entonces presidente Jimmy Morales desaprobó ese “censo”, ya que la cantidad de funcionarios sin censar y la tardanza en publicar el informe generaron serias dudas.

Pero, en todo caso, dicho “censo” era un sinsentido: un censo solo proporciona información correspondiente a un momento determinado, cuando lo correcto y conveniente sería mantener actualizada dicha información de manera permanente. Si es inexplicable que el Ejecutivo no cuente con la información precisa del número y características de su plantilla de empleados, también lo es que la Contraloría de Cuentas y el Congreso de la República -entidades que por antonomasia deben ejercer una función de fiscalización- no hayan, desde hace años, puesto el grito en el cielo por esta situación ni estén velando porque se cuente con información fidedigna sobre el número de los empleados que laboran en el Estado

La solución de esta injustificable situación no pasa por hacer “censos” de empleados públicos, sino por poner en marcha sistemas modernos de control del recurso humano en el Estado. Para empezar, se debería establecer la obligatoriedad de que todas las entidades del sector público utilicen el sistema GUATENÓMINAS y que dicho sistema sea de acceso público en formato de datos abiertos, adoptando estándares internacionales para garantizar la calidad de la información sobre la nómina de empleados públicos. Por su parte, los entes de control (unidades de auditoría interna, Contraloría y Congreso) deberían exigir que todas las entidades estatales tengan sistemas actualizados con la información de sus empleados, salarios y honorarios. De lo contrario, la gestión de recursos humanos en el Estado seguirá siendo caótica.