NUESTRA FRÁGIL DEMOCRACIA

LA REFORMA DE LA LEY ELECTORAL NO ES UN CAPRICHO; ES UNA NECESIDAD DE ESTADO

Revisando la evolución de los distintos índices publicados en meses recientes, para hacer balance del desempeño de Guatemala durante este aciago año, me encontré con los interesantes datos que arroja el Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit, que busca medir el estado de la democracia en 165 países. Este índice mide cinco categorías: el proceso electoral; el funcionamiento del gobierno; la participación ciudadana; la cultura política; y las libertades civiles. Con base en los puntajes de los varios indicadores que conforman esas categorías, cada país se clasifica en uno de cuatro tipos de régimen: “democracia plena”, “democracia defectuosa”, “régimen híbrido” o “régimen autoritario”.

Con un puntaje global de 5.26 sobre 10 posibles -para el indicador más reciente, calculado con datos de 2019-, Guatemala se ubicó en el puesto 93, más lejos del primer lugar del ranking (Noruega, 9.87 puntos) que del último (Corea del Norte, 1.08 puntos). Eso nos ubica en la categoría de “régimen híbrido”, sin caer en el autoritarismo, pero por debajo de las “democracias defectuosas”, lo que ya es una señal preocupante. En Latinoamérica solo punteamos mejor que Cuba, Venezuela, Nicaragua, Haití y Bolivia. Más preocupante aún es comprobar que hace una década nuestra democracia era más sólida (con 6.07 puntos) que hoy.

El escenario podría ser peor, de no ser porque en dos de las categorías evaluadas nuestros resultados son relativamente buenos. Con 6.92 puntos, el proceso electoral (campaña política, votaciones, conteo de votos y asignación de resultados) fue bien valorado, lo que sugiere que las nuevas autoridades electorales deberían enfocarse en no debilitar los procesos que tanto ha costado conformar. De manera similar, la categoría de libertades civiles (de expresión, de organización), con 6.47 puntos, refleja aspectos que, con ahínco, se han ido arraigando entre los valores más preciados de la sociedad, pese a estar bajo continua amenaza.

Las que lastran el desempeño de la democracia guatemalteca son las otras tres categorías. El funcionamiento del gobierno obtiene una baja calificación (4.64), debido a la elevada precepción de corrupción y la poca transparencia y rendición de cuentas de los últimos años. Asimismo, las categorías de cultura política (4.38 puntos) y de participación ciudadana (3.89 puntos), epitoman todo lo que está mal en nuestro sistema de partidos políticos y en el consecuente desempeño de los candidatos electos: cacicazgo, exigua representatividad, inexistencia de ideologías, ausencia de propuestas, cortoplacismo, opacidad y búsqueda de rentas.

La tan anhelada reforma a la Ley Electoral debe poner atención a estos aspectos. No es solamente un reclamo de la sociedad civil; es una necesidad de Estado, puesta en evidencia por indicadores objetivos como los apuntados, y de cuya solución depende evitar que nuestra joven democracia continúe debilitándose.

POTENCIAR LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

 LA RECUPERACIÓN YA ESTÉ EN MARCHA, PERO AÚN ES FRÁGIL Y HAY QUE APUNTALARLA

Lo peor de la crisis económica inducida por la pandemia parece haber llegado a su fin. Diversos indicadores manifiestan ya un comportamiento positivo y las estimaciones para 2021 apunta a un crecimiento del PIB de alrededor de 3.5% anual. Sin embargo, esta recuperación aún es insuficiente para alcanzar los niveles de producción previos a la pandemia, lo que obliga a pensar en medidas para acelerar el aún frágil crecimiento, para lo cual deben superarse varios desafíos.

El primero es abatir la apatía que la pandemia sembró en consumidores e inversionistas que, por razones de precaución, han estado posponiendo sus decisiones de gasto hasta que se disipe la incertidumbre. Un gasto público inteligente, enfocado en una campaña masiva de vacunación contra el covid-19 y un fortalecimiento de las capacidades de atención en salud, puede ser la clave para revertir el pesimismo de los agentes económicos.

Un segundo desafío es movilizar el financiamiento al sector productivo. La referida posposición del consumo y de la inversión ha implicado que las personas y las empresas prefieran mantener niveles elevados de liquidez; al mismo tiempo, la recesión provoca que los bancos actúen con suma cautela y ralenticen la concesión de préstamos. Esto ha generado importantes excedentes de liquidez que solo podrán canalizarse hacia crédito productivo cuando las entidades financieras empiezan a percibir menores riesgos de que los préstamos caigan en mora. El gobierno podría crear fondos de garantía para provocar tal percepción y permitir que los excedentes de liquidez fluyan para financiar actividades productivas.

Otro desafío es mantener la disciplina fiscal, indispensable para preservar la estabilidad macroeconómica. La crisis supuso un gran gasto gubernamental que generó un rápido aumento de la deuda pública y una reducción de los espacios fiscales. Sin embargo, generar un crecimiento más sólido requiere que se invierta en el futuro, lo que implica fortalecer el sistema de salud y de protección social, pero también el capital humano (educación y formación para el trabajo) y las oportunidades económicas (incluyendo infraestructura). Mantener el equilibrio entre ese gasto necesario y la disciplina fiscal puede lograrse si se adoptan reglas fiscales eficientes que impongan límites razonables y guíen el gasto estatal con transparencia.

Un cuarto -y crucial- desafío es fortalecer las instituciones del Estado para crear un clima adecuado para el intercambio económico y la inversión. Sin un sistema de justicia en el que jueces independientes diriman los conflictos; sin un sistema político que provea servidores públicos con visión de largo plazo; sin presupuestos oficiales bien planteados y eficientemente ejecutados; y, sin reglas claras que den certeza jurídica a las decisiones económicas, será imposible que la recuperación económica alcance el vigor y la sostenibilidad que el país necesita para garantizar el bienestar y el progreso de la población.

¡La Vacuna!

LA VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 DEBE SER LA PRIORIDAD PRESUPUESTARIA Y LOGÍSTICA DEL GOBIERNO EN 2021

En medio de una segunda ola de contagios en el Hemisferio Norte, la gran noticia de la última semana ha sido el anuncio del alto grado de eficacia de al menos tres diferentes vacunas contra el covid-19. Gran Bretaña será el primer país en empezar a inocular a su población. Ahora es probable que, con la vacuna y las técnicas terapéuticas en continua mejora, veamos el final de la pandemia durante 2021, especialmente en los países ricos. Sin embargo, los países en vías de desarrollo no la tenemos tan clara: existen muchas dudas sobre nuestra capacidad para implementar políticas de inmunización masiva, especialmente en un entorno de fiera competencia entre países por acceder a suficientes vacunas.

La vacunación contra el covid-19 debería convertirse, por mucho, en el centro de las políticas públicas del Estado guatemalteco en 2021. Ello implica priorizar los recursos financieros y logísticos del gobierno para acceder a una cantidad adecuada de vacunas de la mejor calidad. Se sabe que las autoridades ya han efectuado una reserva inicial de una de las vacunas, pero se trata de una cantidad aún insuficiente de vacunas para alcanzar la inmunidad de grupo el año próximo. Y aún está pendiente de pagarse la mayor parte del costo de dichas vacunas.

Lo anterior implica, en primer lugar, que la vacunación debe ser una prioridad presupuestaria en 2021. Algunos expertos estiman que se necesitan unos Q1500 millones para comprar las vacunas suficientes para cubrir al 40 por ciento de la población que se necesita inmunizar para alcanzar la inmunidad de grupo. No es un monto descabellado y, ahora que se está revisando el presupuesto del Estado, resulta ser un rubro al que debe darse primacía. En segundo lugar, la vacunación deberá convertirse en una prioridad logística, lo que plantea un desafío complejo para un aparato estatal anquilosado, torpe y corrompido.

Transformar la lucha contra la pandemia en el eje del quehacer gubernamental reviste una serie de ventajas: puede convertirse en un tema unificador capaz de dar un rumbo definido y ampliamente popular al gobierno, de canalizar los esfuerzos de la sociedad civil hacia un fin indiscutiblemente noble y de apaciguar los justificados descontentos y frustraciones de la población respecto del aparato político. A estos réditos políticos derivados de una estrategia de vacunación se le sumarían sus innegables réditos económicos: el gasto público en la vacuna generaría retornos financieros enormes en la medida en que los “espíritus animales” (y con ellos la inversión y el consumo) se reaniman ante las perspectivas de un pronto retorno a la normalidad.  

Sin embargo, dedicar una buena parte del presupuesto y de los recursos logísticos del Estado a la vacuna reduce las oportunidades de hacer negocios turbios con el erario, por lo que quizá muchos funcionarios corruptos no alcancen a ver la importancia de colocar la vacunación como la prioridad uno del gobierno en 2021. Cambiar eso será otro enorme desafío para el gobierno.