PROCESO ELECTORAL: ¿NUESTRA FORTALEZA?

 

PRESERVAR UN PROCESO ELECTORAL CREÍBLE Y EFICIENTE ES CLAVE PARA LA SALUD DE LA DEMOCRACIA

 

Para medir la salud de la democracia en un país, la Unidad de Inteligencia de The Economist utiliza cinco parámetros: (1) el funcionamiento del proceso electoral y su nivel de pluralismo; (2) el desempeño y efectividad del gobierno; (3) el grado de participación política de la población y sus líderes; (4) la calidad y profundidad de la cultura política-democrática en la sociedad; y, (5) el grado de respeto a las libertades civiles de los ciudadanos. Con base en ellos calcula el Índice de Democracia en 165 países, de acuerdo con cuyo resultado los clasifica como "democracia plena", "democracia defectuosa", "régimen híbrido" o "régimen autoritario".

 

La semana pasada se publicó la versión más reciente de este índice, donde Latinoamérica experimentó en 2022 su séptimo año consecutivo de declive, con un puntaje promedio que cae a 5.79 (sobre un máximo de diez), por debajo del 5.83 de 2021. La democracia en Guatemala, con 4.98 puntos, es calificada como un “régimen híbrido” y ocupa el puesto 19 (de 24) en Latinoamérica y el 79 (de 165) en el mundo; en Centroamérica, solo superamos a Honduras y Nicaragua. Eso sí, nuestro índice se recuperó un poco respecto de los 4.62 puntos obtenidos en 2021, cuando cayó por quinto año consecutivo y obtuvo la calificación más baja de la serie que empezó en 2006 (cuando nuestro país alcanzaba los 6.07 puntos).

 

El parámetro en el que peor califica Guatemala es el de cultura política, con 2.50 puntos (el promedio de la Región es 4.11), reflejo de la enorme desconfianza que la población tiene respecto de las instituciones estatales, según diversas encuestas. Le sigue, con 3.68 puntos el parámetro de participación política (5.97, el promedio regional), que refleja el desánimo generalizado respecto de la democracia y el sistema político. También es muy bajo el puntaje de funcionamiento del gobierno, con 3.93 puntos (5.07 el promedio latinoamericano), que apunta a la débil capacidad del Estado para prestar los servicios públicos esenciales y para combatir la corrupción y el crimen organizado. Un poco mejor es la calificación de Guatemala en libertades civiles, con 6.18 puntos (6.58, el promedio de la Región), que incluye el reconocimiento a la libertad de expresión del pensamiento. Y el parámetro en el que Guatemala está mejor calificada es el del proceso electoral y pluralismo que, con 6.92 puntos (7.19 para Latinoamérica), refleja que el sistema en el que se sustentan las elecciones cada cuatro años es relativamente sólido y eficiente.

 

Ahora que ya se convocó a elecciones, el gran desafío del Tribunal Supremo Electoral será el de preservar la relativa fortaleza del proceso electoral y evitar que se repitan las complicaciones sufridas en 2019 (de las que solo con mucha suerte salimos bien librados). El marco regulatorio (incluyendo los nuevos reglamentos aprobados por el TSE) se pondrá a prueba en cuanto a la regulación de la campaña política, la fiscalización de los partidos, de su funcionamiento y financiación, así como en cuanto a la participación ciudadana y la representatividad de los funcionarios que resulten electos. Al finalizar el proceso habrá que hacer una evaluación profunda que conduzca a mejorar el marco regulatorio y la legitimidad de nuestro sistema electoral. De lo contrario, nuestro Índice de Democracia continuará deteriorándose.

GUATEMALA FELIZ (2021)

El guatemalteco es feliz riéndose de la vida y haciendo lo que quiere

El mes pasado se publicó el noveno Reporte Mundial de Felicidad (World Happiness Report) que anualmente publica el Banco Mundial con base en encuestas que se realizan en 149 países. Este reporte estuvo marcado por las sensaciones de inseguridad económica, de ansiedad, y de daño a salud física y mental provocados por el Covid-10. Sin embargo, aunque en la mayoría de países se detectó un sube y baja de emociones, el nivel de satisfacción con la vida durante la pandemia solo empeoró en la etapa del confinamiento, para recuperarse rápidamente después.

El ranking de felicidad no varió mucho y Guatemala (aunque sin datos actualizados para el año pasado) sigue siendo un país particularmente feliz, ocupando el puesto 30 en el mundo. Esta buena calificación es, en cierto modo, una anomalía, ya que suele observarse una correlación positiva entre el nivel de ingreso y la sensación de felicidad en la mayoría de países, lo cual no es de extrañar porque el dinero, aunque (como bien lo han dicho desde Aristóteles hasta los Beatles) no compra la felicidad, seguramente ayuda a reducir la sensación de inseguridad y angustia que genera la pobreza material.

De hecho, de los componentes que integran el índice publicado, nuestro país ocupa un puesto muy malo tanto en el indicador de ingreso (puesto 96), como en los indicadores de apoyo social (89), de vida sana (86), de generosidad -tendencia a ser caritativos- (83), y de percepción de corrupción (74). Los dos indicadores que nos salvan (y que, de hecho, nos ubican entre los países felices) son los que miden la tendencia a tener emociones positivas -reír, disfrutar de la vida, estar contentos- (puesto 3) y el de libertad de tomar decisiones de vida (26). Podríamos decir que el guatemalteco es feliz riéndose de la vida y haciendo lo que quiere, dentro de sus posibilidades.

Este reporte mundial de felicidad demuestra es que, en un ambiente de crisis extrema como el generado por la pandemia, la confianza y la capacidad de contar con los demás son los factores clave para sentir satisfacción con la vida: confiar en que su billetera extraviada será devuelta si la encuentra un policía, un vecino o un extraño, resulta ser más importante para la felicidad que los ingresos, el desempleo y las amenazas a la salud. Es más, aquellos países con mayor sensación de confianza social han tenido un mejor desempeño frente a los embates del Covid-19: las instituciones públicas confiables tienen más probabilidades de elegir la estrategia correcta y de que sus ciudadanos las apoyen.

Resulta interesante que tanto la confianza social, como la capacidad de generar mejores ingresos, dependen crucialmente de la calidad de las instituciones públicas. Si Guatemala tuviera mejores instituciones estatales, podríamos ser el país más feliz del planeta.

Salud Pública y Prosperidad Económica

La calidad de la salud pública tiene un enorme impacto en la economía.

Desde hace mucho tiempo, el sistema guatemalteco de salud pública padece graves deficiencias. El Índice de Seguridad Sanitaria Global (una herramienta que analiza comparativamente la seguridad sanitaria y capacidades relacionadas en 195 países) ubicó el año pasado a nuestro país en el puesto 125, el segundo peor de Latinoamérica. La pandemia de Covid-19 solo vino a evidenciar los terribles costos de esas deficiencias y cuán central es la salud para las personas, la sociedad y la economía. La calidad de la salud pública tiene un enorme impacto en la economía. El rápido crecimiento económico mundial en el último siglo está asociado a los avances en materia de vacunas, antibióticos, sanidad pública y nutrición que han mejorado los estándares de vida y la capacidad productiva de la humanidad. Es evidente que una buena salud pública favorece el crecimiento económico al expandir la fuerza laboral y mejorar la productividad y las interacciones sociales.

Un reciente estudio del McKinsey Global Institute -titulado “Priorizar la salud: una prescripción para la prosperidad”- estima que la falta de servicios adecuados de salud le cuesta cada año a la economía cuarenta y tres días de trabajo perdidos por persona (por enfermedad o muerte prematura) y una reducción de cinco por ciento en la productividad laboral por padecimientos crónicos, lo cual implica una pérdida de quince por ciento del PIB (¡tres veces más del costo previsto de la pandemia!). Si se aplicaran las herramientas sanitarias ya existentes (medidas de prevención mediante ambientes más higiénicos y comportamientos sociales saludable, así como acceso a vacunas, medicina preventiva y terapias estándar) esas pérdidas podrían reducirse en un cuarenta por ciento.

Si bien es cierto que el costo financiero que conlleva mejorar el sistema de salud es uno de los aspectos que ha impedido tomar acciones concretas al respecto, también lo es que ha hecho falta en el debate un enfoque que tome en cuenta los retornos económicos de invertir en la sanidad pública: de acuerdo a el referido estudio de McKinsey, por cada dólar invertido en mejorar el sistema de salud es posible obtener un retorno económico de cuatro dólares. Pero no solo se trata de gastar más en salud, sino de gastar mejor: el gasto público en salud ha venido aumentando en Guatemala (de un 5 a un 9 por ciento de presupuesto estatal en los últimos años) sin que ello se haya traducido en una mejora en los servicios de salud.

La crisis del Covid-19 no solo plantea un desafío para repensar la salud pública y reconstruir la economía, sino que presenta una oportunidad única para reformar el sistema de salud con vistas a generar bienestar material para toda la población. Ello requerirá un esfuerzo consciente del gobierno, el Congreso y la sociedad para hacer de la salud púbica una prioridad económica y para transformar el sistema de salud en uno basado en las mejores prácticas a nivel internacional y enfocado en las áreas de mayor retorno socio-económico. Hace tres lustros se propuso en el extinto Plan Visión de País una reforma institucional para sistematizar y priorizar las políticas públicas en salud, establecer un mecanismo de coordinación de las políticas sanitarias (el Sistema Nacional de Salud), fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud y redefinir el modelo de atención en salud. Si se hubieran aprobado esas reformas en su momento, quizá otro gallo nos habría cantado en esta pandemia, pero los sindicatos enquistados en ese ministerio y otras fuerzas opuestas al cambio impidieron su aprobación. Quizá ahora, la bofetada propinada por el Covid-19 pueda servir para despertar la conciencia social respecto de la conveniencia de retomar alguna suerte de reforma al sistema de salud como la propuesta en aquella ocasión.

¿Está Sobrevaluado el Quetzal?

No es fácil medir la sobre o subvaluación de las monedas.

Cuando un país tiene una moneda sobrevaluada (con un tipo de cambio, por dólar, más bajo que el que debería tener) se perjudica la competitividad de sus exportaciones, debido a que las mismas se encarecen en relación a las de otros países, mientras que se abaratan sus importaciones. Por el contrario, una subvaluación de la moneda dificulta las importaciones y estimula las exportaciones y el desarrollo de la industria nacional. En la actual guerra comercial de Estados Unidos contra China, se acusa a esta de mantener su moneda, el yuan, artificialmente subvaluada para estimular sus exportaciones y expandir su base industrial.

No es fácil medir la sobre o subvaluación de las monedas. Una ingeniosa forma para hacerlo es la que propone el Índice Big Mac que calcula periódicamente la prestigiosa revista The Economist, el cual se basa en la teoría de la paridad de poder de compra. Esta teoría sostiene que los tipos de cambio de todos los países deberán ajustarse, con el tiempo, hasta hacer que el precio de una canasta dada de bienes sea el mismo en cada país; esa canasta es la hamburguesa Big Mac, que se cocina casi exactamente con los mismos ingredientes en todos los países. El índice de The Economist se formula calculando el tipo de cambio que haría que un Big Mac costara lo mismo en todos los países.

En el cálculo más reciente de este indicador (publicado hace pocos días) se vio que, en China, un Big Mac cuesta 21.50 yuanes, o US$3.12, mientras que su precio es de US$5.67 en los Estados Unidos, lo cual implica que el yuan está subvaluado un 45% respecto del dólar, de manera que el dólar compra más hamburguesas en China que en los Estados Unidos. Algo similar ocurre en Guatemala. Haciendo el mismo ejercicio para nuestro país, tenemos que una de esas hamburguesas está costando Q26, o US$3.37 al tipo de cambio de la semana pasada, lo que implicaría que el quetzal está un 42.7% subvaluado respecto del dólar. De hecho, el quetzal se ha debilitado en los pasados cuatro años, cuando la subvaluación en enero de 2016 era de 33.7%, aplicando el mismo método. ¿Deberían, entonces, estar contentos los exportadores?

Podrían estarlo, de no ser porque otros países vecinos, que son nuestros competidores en los mercados internacionales, también han visto debilitarse sus monedas; particularmente el colón costarricense -que, aplicando el mismo método, pasó de estar subvaluado un 18.5% en 2016, a estarlo un 27.3% la semana pasada- y el peso mexicano -que se debilitó en el mismo periodo de una subvaluación de 43% a una de 53.1%-.

La teoría de la paridad de poder de compra -y, por ende, el Índice Big Mac- no está libre de fallos y críticas, pero es un método simplificado para evaluar si una determinada divisa está sobrevalorada o infravalorada y, si esto ocurre, propiciar o esperar que se produzca una corrección. Esto es algo que los nuevos miembros de la Junta Monetaria deberán tomar en consideración para calibrar las medidas de la política monetaria, cambiaria y crediticia que tienen bajo su cargo y que, directa o indirectamente, afectan el comportamiento del tipo de cambio, de las exportaciones y de la capacidad productiva de la industria local.

Desigualdad: Realidad y Percepción

En Guatemala se ha reducido la desigualdad del ingreso, pero debido a que han disminuido los salarios de aquellos con mayor nivel educativo

La desigualdad económica es uno de los principales sospechosos de haber detonado las violentas protestas sociales acontecidas en Chile. Ahora empiezan a publicarse diversos análisis técnicos sobre el tema, que presentan datos objetivos para toda la región –incluyendo Guatemala- y que resultan dignos de reflexión, especialmente porque no necesariamente coinciden con las percepciones de la opinión pública.

Las cifras –en contraposición a las percepciones- muestran que la desigualdad se ha reducido en Guatemala y en Latinoamérica. El indicador usual (no exento de defectos) para medir la desigualdad en los ingresos entre los habitantes de un país es el Índice de Gini: si este es igual a cero indica completa igualdad, o sea que cuanto más bajo el indicador, menos desigualdad existe. Cifras del Banco Mundial analizadas en un reciente artículo de la BBC indican que Guatemala es uno de los países de la Región que más rápidamente ha reducido la desigualdad en los últimos 30 años. En 1990 Guatemala era el país más desigual de Latinoamérica con un Gini de 59.6, que se redujo a 48.3 en 2017. Solo El Salvador y Bolivia redujeron más la desigualdad en ese periodo (el cuarto país que más redujo la desigualdad fue Chile). Y Guatemala ya no es el país más desigual de la Región; ahora la desigualdad es mayor en Brasil, Panamá y Colombia.

Las principales canales para reducir la desigualdad son las políticas de redistribución (a través de los impuestos y el gasto público) y los cambios del mercado laboral (que modifican los ingresos de los trabajadores). La mala noticia en nuestro caso (al igual que para El Salvador) es que la mayor parte de la reducción en la desigualdad se debe al mercado laboral, pues –según los expertos- ha habido una reducción en la brecha salarial entre quienes tienen más educación y los menos educados, debido a una caída en los salarios de los primeros, lo cual es una forma poco deseable de reducir la desigualdad. Otro elemento importante de la caída en la desigualdad estaría dado por las remesas familiares, que han contribuido a que los ingresos de los más pobres hayan aumentado relativamente más.

Otro análisis reciente del economista chileno Sebastián Edwards, plantea un hallazgo importante: si bien los indicadores convencionales muestran una disminución significativa de la desigualdad, la percepción entre los ciudadanos es que la desigualdad ha aumentado considerablemente. Para el caso de Guatemala esto es muy evidente: unas cifras (Banco Mundial y BID) señalan que es uno de los países donde más se ha reducido la desigualdad, pero otras (CEPAL) indican que es el país latinoamericano donde más ha aumentado la percepción ciudadana respecto de una mayor desigualdad.

Esta paradoja (que, como en el caso chileno, constituye una amenaza para la paz social) puede deberse a que la gente no logra percibir las mejoras económicas que objetivamente han habido en las últimas décadas, o a que estas han sido insuficientes para satisfacer las aspiraciones sociales. O a que la gente aspira a algo más que meros ingresos: calidad de vida, seguridad en las calles y en los barrios, acceso a servicios públicos básicos de salud y educación, y una sensación de participación justa en las decisiones sociales y en el sistema político; es decir, un Estado funcional.

Desempleo, Subempelo... y el INE

No contar con datos de empleo de forma periódica, técnica y confiable es condenar a la política económica del país a navegar sin brújula

La más reciente Encuesta de Empleo e Ingresos –ENEI- publicada por el Instituto Nacional de Estadística –INE-, correspondiente a diciembre de 2018 y da cuenta de que la tasa de desempleo de Guatemala es de un 2.8% de la Población Económicamente Activa –PEA-, nivel ligeramente superior al de 2.7% registrado en 2017, con un mayor nivel de incidencia en el Área Metropolitana del país.

Esta tasa de desempleo resulta baja si se le compara con la de la mayoría de países; sin embargo, su bajo nivel esconde un problema más grave: el subempleo. En Guatemala el subempleo (una de las manifestaciones de la economía informal) hace las funciones de lo que sería un seguro de desempleo para aquellos que carecen de acceso a puestos de trabajo en el mercado formal. De manera que un indicador más realista de la situación estructural del mercado laboral en Guatemala sería la tasa de subempleo visible, también publicada en la ENEI, que en 2018 ascendió a 10.0%. Si sumamos ambas tasas, el desempleo tácito en nuestro país sería de un 12.8% (más análogo al de otros países).

La tasa de desempleo es, en los países civilizados, uno de los indicadores más claros de cómo se está comportando la economía. El aumento del desempleo es un signo de una economía débil, con un crecimiento lento y poco gasto, que podría provocar la acción del gobierno con medidas fiscales que busquen reducir el desempleo e impulsar la economía. Por el contrario, si el empleo está aumentando y la economía está creciendo, eso podría causar temores de inflación y el banco central, con un mandato de controlar la inflación, podría elevar las tasas de interés para desacelerar una economía sobrecalentada. Por ejemplo, el año pasado el PIB de Guatemala creció muy poco, lo cual habría impedido incrementar significativamente la capacidad de absorción de la fuerza de trabajo que se agrega cada año al mercado; si tuviésemos un indicador confiable de desempleo, se podrían haber tomado decisiones oportunas de política económica.

El problema es que no tenemos ese indicador. La ENEI es la única información oficial respecto del empleo a nivel nacional, y no es confiable. En los países avanzados los datos de desempleo se publican mensualmente. En Guatemala, el INE no calcula ni publica la ENEI de manera periódica, por lo que los datos más recientes no son comparables con los de periodos previos. Lo que es peor, antes la ENEI se hacía dos veces al año y ahora, por falta de fondos, solo se realiza una vez al año.

No contar con datos de empleo de forma periódica, técnica y confiable es condenar a la política económica del país a navegar sin brújula. Es preciso dotar al INE de la fortaleza institucional que se le daría en cualquier Estado digno. Un primer paso inicial para reformar el INE es darle la autonomía funcional y financiera necesaria para su eficaz funcionamiento -y para que deje de distraer sus recursos (por presiones políticas) en temas secundarios y se centre en los temas prioritarios (como la ENEI)-, tal como está previsto en una iniciativa de ley (la número 5329) que hasta ahora está durmiendo el sueño de los justos en el Congreso.

El Imperativo del Crecimiento Económico

La mejor política de protección social y de combate a la pobreza, es una buena política económica que propicie la creación de empleos y el aumento de la productividad sistémica

Generar empleos, reducir las desigualdades sociales, o mejorar los niveles de bienestar se han vuelto temas recurrentes tanto en las ofertas de los partidos políticos como en las agendas de propuestas de las múltiples ONGs y tanques de pensamiento en el país, lo cual es totalmente razonable a la luz del pobre desempeño de Guatemala en sus múltiples indicadores de desarrollo socio-económico. Lo que no es razonable es que, en su afán por enfocarse en esos temas, dichas organizaciones (especialmente las más “progresistas”) menosprecien el factor más determinante del desempeño económico de cualquier país: la tasa de crecimiento del ingreso nacional (que es un reflejo de su producto interno bruto).

El objetivo de acelerar el crecimiento económico se ha desprestigiado en gran medida porque, muchas veces, sus proponentes han planteado estrategias cortoplacistas, inconsistentes y buscadoras de atajos a través de subsidios o de privilegios fiscales para favorecer a una determinada actividad económica (que arbitrariamente se ha elegido como “el verdadero motor del crecimiento”) en detrimento de las demás. Esto desvía la atención del incuestionable hecho de que solo mediante un mayor crecimiento de la producción es posible generar más empleos y mejorar el bienestar.

El crecimiento económico, al generar una mayor demanda por trabajadores, beneficia especialmente a los jóvenes que ingresan al mercado de trabajo y a las minorías, por lo que se constituye en el mejor programa de bienestar social que pueda haber. Un mayor crecimiento de la producción generará mayores ingresos estatales, incluyendo los del seguro social. Además, un entorno de dinamismo económico es más propicio para reducir la criminalidad, incentivar la protección del medio ambiente y contribuir al optimismo sobre el futuro del país, el cual es importante para conjurar el peligro de que surjan ofertas políticas populistas que amenacen nuestro incipiente sistema democrático.

Por desgracia, mientras nuestro crecimiento económico no logre rebasar el techo del 4 porciento anual, será imposible obtener todos esos beneficios. Debemos tener claro que la casi totalidad de la generación de empleos sostenibles solo puede provenir del sector empresarial. La clave es, pues, aplicar políticas públicas que incentiven la creación de nuevas empresas y mejoren el desempeño de las existentes. Para ello no se necesita “sobornar” a las empresas con subsidios o privilegios temporales para que hagan inversiones que hoy no son rentables.

Lo que se requiere es un ambiente para hacer negocios que dé certeza, mejore la productividad y aumente la demanda para lo que produzcan las empresas. Ello requiere de una política económica integral que incluya, por un lado, una reforma institucional que permita al Estado proveer los servicios públicos esenciales (seguridad, justicia, infraestructura, educación básica, nutrición y salud primaria) y, por otro, una coordinación de medidas macroeconómicas (monetaria y fiscal) que incentiven ordenadamente la demanda agregada, especialmente en estos tiempos de desaceleración. Para luego, es tarde.

El INE y la Credibilidad Institucional

Las estadísticas del país presentan graves problemas de confiabilidad; pero dudo mucho que ello se deba a un complot de fuerzas oscuras. Se debe, más probablemente, a la enorme debilidad institucional del INE, que se manifiesta en su falta de autonomía administrativa y financiera

Es lamentable que el Instituto Nacional de Estadística –INE-, cuyas funciones (poco valoradas en la opinión pública) juegan un rol fundamental para guiar las interacciones económicas, políticas y sociales del país, esté sufriendo –en gran parte por su propia culpa- de una andanada de críticas que ponen en entredicho su credibilidad, que es uno de sus principales activos.

Este año el INE decidió –después de muchos años de retraso y varios intentos fallidos- actualizar el conjunto de bienes de consumo de la canasta básica de alimentos (CBA). Dicha canasta generaba polémica porque arrojaba datos atípicos en las estadísticas de organismos multilaterales y porque no consideraba encuestas más recientes para su cálculo. Desde que la CBA se fijó en 1994 los hábitos alimenticios han variado, tanto en lo que se refiere a la selección de los productos, como en su ponderación. La nueva CBA se actualizó indirectamente con ayuda de otras encuestas como la Encuesta Condiciones de Vida o la Encuesta de Empleo e Ingresos, cuando lo correcto habría sido usar una encuesta de ingresos y gastos familiares –ENIGFAM- . El resultado, muy criticado por varios expertos, es que el importe mensual de la nueva CBA es ahora de unos Q3,500, cifra menor en Q800 a la de la antigua canasta.

Un segundo flanco de críticas y dudas sobre el trabajo de INE está en el índice de precios al consumidor –IPC-, cuyo componente de alimentos muestra incrementos de precios mucho más elevados que los datos que algunos expertos han cotizado en los supermercados de la ciudad capital. Esta discrepancia ha hecho pensar a varios analistas que el cálculo del IPC es inválido e, incluso, que podría estar siendo manipulado (con inconfesados propósitos) por parte de las autoridades políticas del país, todo ello ante la impasividad del INE que no ha sido capaz de dar una explicación convincente del porqué la inflación en los supermercados de las zonas residenciales de la capital es menor que la que reporta el IPC.

Empero cuando se ve el IPC desagregado por regiones, resulta que la inflación del área metropolitana es sustancialmente más baja que la del resto del país (y en todos los casos se usa la misma metodología), lo que indicaría que no necesariamente la metodología está mal, sino que pueden existir diversas razones lógicas (costos de transporte por el desastre vial del país, o excesos de demanda por flujo de remesas familiares hacia ciertas áreas geográficas) o metodológicas (el índice tipo Laspeyres del IPC sobrevalora la inflación cuando la encuesta base no se actualiza oportunamente) que explican la elevada inflación en algunas cabeceras departamentales.

Ciertamente en ambos casos –la CBA y el IPC- existen graves problemas, pero estos no obedecen a una confabulación política, sino a la enorme debilidad institucional del INE que se manifiesta tanto en su ineptitud para explicar técnicamente los problemas que presentan las estadísticas como, principalmente, en su incapacidad para realizar encuestas básicas (como la ENIGFAM) con la frecuencia necesaria, lo cual afecta la calidad de sus datos y termina minando su credibilidad.

Para que el INE pueda rescatar su credibilidad es necesario dotarlo de la autonomía operativa y financiera necesaria para que deje de distraer sus recursos (por presiones políticas) en temas secundarios y se centre en los temas prioritarios (como el censo de población que debe realizar el año próximo). Un primer paso en ese sentido es cambiar la forma de elegir a su gerente –para que responda ante su junta directiva, y no ante la presidencia de la República-, tal como lo plantea la iniciativa de ley número 5329 que el Congreso está pendiente de empezar a discutir y que ojalá pudiera aprobar con prontitud.

Perspectiva Negativa

La calificadora Standard & Poor's redujo a "negativa" la perspectiva de Guatemala, pero no porque hayamos hecho algo malo, sino por lo que hemos dejado de hacer.  Los eventos políticos del año anterior nos dieron la oportunidad de reformar las instituciones y de reorientar el gasto público hacia los fines que el desarrollo demanda; pero parece ser (y a eso se refiere la calificadora de riesgos) que como país hemos desperdiciado esa oportunidad

Hace algunos días, la calificadora internacional Standard & Poor´s (S&P) revisó la calificación de riesgo-país (riesgo soberado) de Guatemala y, aunque decidió mantener la calificación central en el nivel de BB (por debajo del anhelado grado de inversión) que le ha asignado al país en los últimos años, dispuso reducir la perspectiva de la calificación de “estable” a “negativa”. Esta revisión es una advertencia a los mercados sobre un aumento de las probabilidades de que la calificadora reduzca la calificación del país en un futuro cercano, si no se corrigen ciertos aspectos que la evaluación efectuada señala como preocupantes.

La justificación de la revisión efectuada radica, según la calificadora, en que la debilidad del Estado y de sus instituciones se traduce en unos niveles excesivamente bajos de ingresos fiscales que, a su vez, se reflejan en niveles igualmente bajos de inversión en infraestructura pública. La ausencia de infraestructura física y social básica ocasiona que la productividad nacional sea baja y, por lo tanto, que el crecimiento económico sea lento e insuficiente para reducir los elevados índices de pobreza.

A fin de cuentas, lo que S&P advierte –en su rol de calificadora de riesgos- es que el escaso dinamismo de la economía entraña el riesgo de que el país no genere suficientes ingresos para hacer frente a sus compromisos de pago de deuda externa y, al mismo tiempo, que los elevados indicadores de pobreza generen un clima de ingobernabilidad que también pueden derivar en amenazas a la capacidad del país de honrar sus compromisos financieros.

Con esa advertencia, la calificación del país podría ser reducida si no se produce un aumento en los ingresos fiscales que permitan incrementar la infraestructura púbica y reducir el indicador del servicio de la deuda pública como porcentaje de los ingresos tributarios. También indica S&P que la calificación se reduciría si el déficit fiscal excede persistentemente el equivalente al 2% del PIB, lo cual realza la importancia de que el Congreso apruebe un presupuesto estatal para 2017 con un déficit moderado.

No obstante ello, la calificadora reconoce que el país cuenta con importantes fortalezas que sustentan el mantener, por ahora, la calificación soberana en un nivel de BB: el reducido déficit comercial con el exterior, el reducido monto de la deuda pública (como porcentaje del PIB), así como la ortodoxia y autonomía de la política monetaria –que ha contribuido a preservar bajos índices inflacionarios-, son factores que favorecen la calificación del país y que es menester salvaguardar.

Sugiere incluso S&P que la calificación podría subir en el mediano plazo si, además de preservar sus fortalezas, el país logra impulsar una agenda integral de reformas que fortalezcan los ingresos fiscales, la efectividad de las instituciones, y la calidad de la infraestructura pública, a fin de acelerar el crecimiento económico y reducir la pobreza.

En el recién pasado Investment Summit organizado por la Cámara de Industria quedó claro que Guatemala ofrece oportunidades atractivas de inversión, y que existen potenciales inversionistas en el mundo que podrían atenderlas, pero también quedó claro que los prerrequisitos para generar un clima propicio para que tales inversiones se materialicen, pasan por el fortalecimiento institucional y la mejora en la provisión de servicios públicos que el diagnóstico de Standard & Poor´s ha identificado con precisión. Es cuestión de que el liderazgo nacional tome debida nota y se aplique en las políticas públicas que tan claramente se desprenden de dicho diagnóstico.

¿Por Qué Guatemala Tiene Bajas Calificaciones?

Un muy reciente documento de Standard & Poor's explica claramente por qué el desempeño económico de Guatemala obtiene siempre malas calificaciones: los problemas centrales están en la debilidad de las instituciones políticas y gubernamentales, así como del capital humano. Y para solucionarlos no existen atajos ni soluciones mágicas.

En la casi totalidad de los múltiples índices que evalúan el desempeño económico y social (desde el Índice de Desarrollo Humano hasta el recientemente publicado Índice de Competitividad Global, pasando por las calificaciones de riesgo soberano), las calificaciones de Guatemala son muy bajas en relación con otros países comparables. Las razones de ello son múltiples, pero un estudio publicado hace pocos días por la calificadora Standard & Poor’s (¿Por qué tienen calificaciones bajas los países de Centroamérica?, por Joydeep Mukherji) proporciona algunas explicaciones al respecto.

Ese estudio señala que los países centroamericanos no han logrado construir economías modernas basadas en sólidos pilares políticos, sociales e institucionales debido, fundamentalmente, a problemas internos asociados a un marco institucional débil, a la corrupción generalizada, a los inadecuados servicios públicos, a la poca coordinación entre el sector público y el privado, y a la falta de proyectos de largo plazo. La falla medular está en la debilidad de las instituciones políticas y gubernamentales.

La mala calificación de los países de la Región es un reflejo, en gran medida, de “las aún débiles instituciones públicas, pesos y contrapesos no efectivos, corrupción, y servicios públicos inadecuados. La débil capacidad dentro del sector público para diseñar e implementar proyectos es un obstáculo para el crecimiento económico. Un cambio en el gobierno por lo general ha significado un cambio en los puestos clave en el servicio civil y en las compañías del sector público, lo que genera retrasos y trabajo de mala calidad”.

Para el caso particular de Guatemala, el citado estudio reconoce que existen importantes fortalezas en el campo macroeconómico, incluso con mejores indicadores que los otros países de la Región, los cuales se manifiestan en un déficit externo muy pequeño, un déficit fiscal sostenidamente bajo, una política monetaria autónoma y estable, y un nivel de deuda pública bajo y manejable.

Sin embargo, también señala una serie de aspectos negativos que determinan la baja calificación del riesgo soberano guatemalteco. Entre ellas destacan: la debilidad del sector público (con sus limitados recursos y capacidad de ejecución) que impiden la formulación de políticas de largo plazo; la ausencia de partidos políticos fuertes, con una clase política fragmentada y estructurada en torno a cacicazgos, lo que dificulta la aprobación de reformas clave que podrían acelerar el crecimiento económico; y, la insuficiente recaudación tributaria (reflejo tanto de la corrupción existente como de la perenne oposición política ante las reformas fiscales), lo cual impide aumentar el gasto público en servicios básicos o infraestructura necesarios para generar gobernabilidad y crecimiento económico.

El referido diagnóstico esboza claramente los elementos de una agenda mínima priorizada de reformas que el país demanda con urgencia: una reforma profunda del sistema de partidos políticos; el fortalecimiento institucional en áreas clave para la efectividad del gobierno (servicio civil, contraloría); una reforma fiscal integral; y la mejora sustancial en la provisión de servicios públicos básicos (salud, educación, seguridad y justicia). Esta agenda es, fundamentalmente, la misma que han sugerido una miríada de estudios de expertos e instituciones internacionales desde hace años. Pero los liderazgos nacionales insisten en evadirla con la ilusión de encontrar mágicos atajos que no requieran de tanto esfuerzo, decisión política y perseverancia.

Viento de Cola Desperdiciado

Las economías de Centroamérica difícilmente estarán en capacidad de aprovechar el ambiente internacional favorable

Este año el ambiente económico externo luce favorable para Centroamérica. Pese a las debilidades en Europa y a la desaceleración en China, el mayor dinamismo del empleo y del comercio en los Estados Unidos (principal destino de las exportaciones de la Región) y los bajos precios de los combustibles auguran un entorno positivo para la actividad productiva en los países centroamericanos. La gran duda es si estos sabrán aprovechar este viento de cola favorable para navegar hacia un horizonte de mayor crecimiento económico y bienestar material para sus habitantes.

En efecto, el sólido desempeño de la economía gringa incidirá positivamente en los flujos de dólares de las exportaciones y de las remesas familiares hacia el Istmo. Por otra parte, los términos de intercambio tendrán  un giro favorable para nuestros países, merced a los bajos precios del petróleo y a la caída en los precios de otros bienes primarios en los mercados internacionales. Esto significa una mayor capacidad de compra para los centroamericanos, lo cual favorece sus niveles de consumo y de demanda agregada.

Por su parte, la inflación mundial está bajo control, lo cual otorga importantes grados de holgura a la política monetaria interna que puede estar en posibilidad de reducir las tasas de interés como lo hizo el Banco de Guatemala hace algunos días. Además, aún hay una abundante liquidez monetaria en el mundo que redunda en tasas de interés bajas para financiar la actividad productiva.

Sin embargo, diversas falencias podrían impedir que nuestros países saquen provecho de esos vientos favorables, empezando con que, a medida en que el dólar estadounidense se está fortaleciendo y las monedas de otros países (en Latinoamérica, Asia y Europa) se deprecian, las monedas centroamericanas se están apreciando, lo que significa una pérdida de competitividad respecto del resto del mundo. Pero eso es sólo un problema temporal.

Los problemas más graves de nuestras economías son las rigideces estructurales que se manifiestan de múltiples formas. Así lo refleja, por ejemplo, el bajo nivel del Índice de Desarrollo Humano (especialmente en Guatemala, Honduras y Nicaragua) que desnuda la debilidad estructural del capital humano, lo que se convierte en un obstáculo para competir en el mundo y nos condena a apostar por líneas de producción basadas en mano de obra barata.

Asimismo, los bajísimos niveles de ahorro doméstico y, por ende, de inversión (que en El Salvador y Guatemala están por debajo de 15% del PIB, cuando en varios países de Asia supera el 30%) que le ponen un tope a nuestra capacidad de producción. Lo que es peor, el clima de negocios no ofrece un entorno atractivo para nuevas inversiones (locales o foráneas), como lo demuestran las bajas calificaciones de nuestros países en el Índice de Competitividad Global y en el Doing Business, y lo confirman nuestros pobres resultados en el Índice de Percepción de Corrupción (en los casos de Guatemala, Honduras y Nicaragua). A eso se agregan los problemas de violencia y criminalidad que claramente perjudican el clima de negocios (especialmente en el Triángulo Norte).

Y lo peor es que la capacidad de los estados centroamericanos para enfrentar esta problemática se ve seriamente mermada por la debilidad de las instituciones gubernamentales y su raquitismo fiscal que se refleja en un muy elevado endeudamiento (los países centroamericano, excepto Guatemala, tienen deudas públicas mayores al 40% del PIB) e incapacidad para invertir en capital físico y humano (especialmente en el caso guatemalteco).

De manera que aunque los vientos de cola de la economía internacional son favorables, las economías de Centroamérica –todas ellas gobernadas por élites políticas acomodadas a un esquema cortoplacista de búsqueda de réditos inmediatos- difícilmente estarán en capacidad de aprovecharlos para emprender las reformas estructurales necesarias para acelerar su desarrollo económico y hacerlo sostenible en el tiempo. En el próximo Seminario Centroamericano de Consultores para el Desarrollo –COPADES-, que tendrá lugar el jueves 19 de marzo en esta ciudad de Guatemala, podrán analizarse y discutirse a profundidad estos temas con un grupo de expertos provenientes de cada país de la Región venga a presentar las perspectivas de sus economías para 2015.

Reprobados en Nutrición

De los 109 países calificados, Guatemala ocupó el puesto 71; sólo por encima de Nicaragua y Haití en el Hemisferio

De las numerosas tragedias que afectan a Guatemala, la desnutrición infantil es la más vergonzosa e injustificable. Es además un pesado lastre que obstaculiza el desarrollo del país pues causa daños irreversibles en los primeros mil días de vida: los niños desnutridos no sólo tienen menos probabilidades de asistir y permanecer en la escuela, así como más problemas de aprendizaje, sino que también más probabilidad de ganar menos dinero que sus pares mejor alimentados, de casarse con cónyuges más pobres y de morir prematuramente.

Por ello es necesario medir qué progresos se han hecho en este campo y cómo se compara nuestro país con otras realidades. Para el efecto, resulta útil e interesante el Índice Global de Seguridad Alimentaria –GFSI, por sus siglas en inglés- creado por The Economist Intelligence Unit hace un par de años y que recién publicó en su versión para 2014. Este índice define la seguridad alimentaria como la situación en que las personas tienen todo el tiempo acceso físico, social y económico a alimentos suficientes y nutritivos que satisfacen sus necesidades dietéticas para una vida activa y saludable.

Para medir la seguridad alimentaria, el índice agrupa un conjunto de indicadores en tres categorías diferentes: capacidad de compra, disponibilidad y calidad-sanidad. Primero, la capacidad de compra se mide en función de indicadores cuantitativos duros, como la proporción del gasto del hogar dedicado a alimentos, el porcentaje de habitantes bajo la línea de pobreza, el ingreso per cápita, el nivel de aranceles a la importación de productos agrícolas, el acceso al financiamiento a los pequeños agricultores, y la presencia de programas gubernamentales de asistencia alimentaria.

La segunda categoría (disponibilidad) compara indicadores de la capacidad de los países de producir y distribuir alimentos, el gasto gubernamental en investigación y tecnología agrícola, la volatilidad de la producción agrícola, el desperdicio de alimentos, la corrupción gubernamental, y los riesgos de inestabilidad política. Y la categoría de calidad-sanidad mide indicadores relacionados con cuán variada es la dieta promedio, los estándares nutricionales, la disponibilidad de micronutrientes, y la calidad proteica disponible en cada país.

En total, el índice para 2014 está compuesto por 28 indicadores agrupados en las tres categorías descritas, y califica al 109 países utilizando datos oficiales publicados por organismos internacionales y por los propios gobiernos de esos países. Los resultados apuntan a que la seguridad alimentaria mejoró en la mayoría de países en 2014. Si bien los paises desarrollados de Occidente siguen siendo los de mayor seguridad alimentaria y los países del África subsahariana permanecen en los últimos lugares, estos han progresado relativamente rápido, de manera que la brecha entre unos y otros se ha reducido.

En el índice global, de los 109 países calificados Guatemala ocupó el puesto 71 (con una calificación de 46.9/100); solamente Nicaragua (puesto 74, calificación 45.6) y Haití (puesto 103, calificación 30.2) están peor calificados que Guatemala en el continente americano. Lo que es peor, aunque el 70% de los países calificados mejoró su punteo entre 2013 y 2014, la calificación del Guatemala fue una de las pocas que empeoró respecto del año previo (que había sido de 47.2/100).

A nivel de regiones, Latinoamérica fue la que menos mejoró en el índice debido a los pocos avances en materia de distorsiones institucionales que ocasionan ineficiencias en la asignación de recursos alimentarios y sus sistemas de distribución, a pesar de tener buenas calificaciones en cuanto a capacidad de producción.

Lo anterior vuelve a evidenciar que las causas de la inseguridad alimentara no se encuentran en la poca oferta, sino en las dificultades de acceso individual a los alimentos debido a fallas en la distribución y en el tejido social.

La desnutrición no es, pues, un problema de producción, sino de distribución; por ende, su solución no pasa por medidas de autosuficiencia agrícola o de proteccionismo comercial, sino por medidas de alerta temprana, comunicación, abastecimiento, restauración del poder adquisitivo de los afectados y la focalización de esfuerzos en los aspectos clave, como la atención a los niños desde su gestación.

Sin Innovación No Hay Progreso

Se trata de crear un ambiente propicio para generar ideas y convertirlas en nuevos productos, servicios y procesos

El progreso y el crecimiento económicos sólo pueden generarse mediante la adición de factores: más trabajadores, más inversión o más calidad en la manera en que se combinan esos factores (con más educación y mejores instituciones). El crecimiento basado solamente en la inversión (que implica acumular de capital físico e imitar la tecnología) puede servir en el corto plazo, pero aumentar la producción per cápita a largo plazo –indispensable para aumentar el nivel de ingresos y bienestar- requiere que los factores existentes se usen de mejor forma, lo cual implica innovación.

Conviene aclarar que una sociedad que innova no necesariamente está poblada de grandes científicos, inventores ni genios creativos. Los conceptos de innovación, creatividad e invención no son sinónimos. La creatividad es la capacidad de concebir algo original o inusual. La invención, por su parte, es la creación de algo que nunca se ha hecho antes y es el resultado de una idea única. En cambio, la innovación es la aplicación práctica de algo nuevo. Un acto creativo o un invento no es una innovación sino hasta cuando es llevado a la práctica como un nuevo producto, servicio o proceso productivo.

En Guatemala se han generado algunos ejemplos de los diversos tipos de innovación. El caso de la Cajita Feliz de McDonad’s es un ejemplo de innovación incremental, que adiciona valor sobre un producto ya existente, agregándole cierta mejora. El café instantáneo es un ejemplo de innovación radical, que introduce un nuevo producto, servicio o proceso que no se conocía antes. O el caso de innovación en gestión, refierida a aquella que renueva el modo de llevar a cabo las tareas administrativas o las formas organizativas y, por tanto, aporta avances en los objetivos organizativos puede verse en casos específicos como, por ejemplo, el del Irtra.

Lamentablemente esos ejemplos son muy escasos, lo cual explica en parte el pobre desempeño del país en materia de productividad: el índice de competitividad global que calcula el Foro Económico Mundial (que califica el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan la productividad) ubicó a Guatemala en el puesto 86 de 148 países calificados en 2013. Uno de los ideólogos de este índice, el economista catalán Xavier Sala-i-Martín, de la universidad de Columbia, visitó hace tres años en el país, y señaló la importancia que para Guatemala reviste la innovación.

Según Sala-i-Martín, los países pobres pueden competir en la economía global ofreciendo cosas más baratas (porque tienen recursos naturales o pagan salarios bajos), pero sólo lo logran por un tiempo; también pueden competir en calidad, pero tarde o temprano alguien lo hará mejor. Eventualmente, sólo tienen una opción para competir de forma sostenible: innovar. Y la innovación casi nunca se trata de grandes inventos científicos, sino de pequeñas mejoras incrementales, ideadas por empleados o pequeños empresarios (o surgidas por casualidad), que generan productos novedosos que satisfacen los gustos y deseos de los clientes.

¿Qué puede hacerse desde las políticas públicas para favorecer la innovación? En primer término, Sala-i-Martín sugirió lo que no debe hacerse: no se trata de dar subsidios para la investigación científica (sólo un 8% de las innovaciones exitosas provienen de los laboratorios); tampoco de diseñar políticas industriales (que otorgan privilegios a sectores económicos “ganadores”) ni planes de desarrollo ideados por burócratas iluminados; ni se trata de promover “clusters” y “parques tecnológicos” artificiales. Se trata más bien de crear un ambiente propicio para la generación de ideas y para la concreción de dichas ideas en productos, servicios y procesos novedosos.

En esencia, dicho ambiente requiere de infraestructura –física y tecnológica- eficiente; de instituciones que den seguridad personal y jurídica; de un marco regulatorio y burocrático facilite los negocios y la competencia; de un mercado laboral competitivo, diverso y flexible; de un sistema financiero accesible, profundo y solvente; y, crucialmente en el caso de Guatemala, de mejorar la calidad de la educación básica que proporcione a las personas los conocimientos y habilidades para mejorar su productividad, acceder a buenos empleos, aumentar sus ingresos y reducir la desigualdad.

Fregados, pero Contentos

Guatemala con un 83% de los encuestados manifestando un alto grado de "satisfacción vital" está, como no podía ser de otra manera, entre los cinco países más felices del mundo

Aunque incomprendido y criticado, el Producto Interno Bruto –PIB- continúa siendo la estadística económica primordial de cualquier país y una variable fundamental para las decisiones de política económica. Sin embargo, el reproche más común que se le hace al PIB se basa en la obviedad de que la vida y el bienestar de las personas abarcan mucho más que la economía y los bienes materiales.

Incluso como medida de la producción de bienes y servicios, el PIB presenta muchas limitaciones: sólo mide los flujos (y no el stock) de los bienes materiales; no toma en cuenta el deterioro ambiental; sólo mide lo que se produce dentro de las fronteras del país; y, claro, no nos dice cuán felices somos o cuán satisfactoria es nuestra vida.

Esas críticas pueden ser válidas, pero están fuera de foco. De mismo modo que no debe esperarse que una radiografía o tomografía nos diga cuán confortable se siente un paciente, tampoco puede pedirse que el PIB nos diga más allá de aquello para lo que fue diseñado. El PIB mide el desempeño productivo de la economía; la efectividad con la que ese potencial productivo se utiliza es un tema importante, pero diferente.

Ciertamente el PIB per cápita es un indicador muy limitado para medir el bienestar, y es precisamente por ello que existe toda una paleta de indicadores del desarrollo social. Entre ellos destaca el Índice de Desarrollo Humano –IDH- que, además del ingreso per cápita, clasifica a los países según su esperanza de vida y su nivel educativo. El último IDH del 24 de julio pasado colocó (de nuevo) a Noruega en primer lugar y a Estados Unidos en el quinto. Guatemala está en el puesto 125, mientras que Níger y el Congo ocupan los últimos lugares (186 y 187).

Pero el IDH tampoco es una medida infalible del bienestar de las personas. Por eso han surgido otros índices basados en encuestas que, subjetivamente, preguntan cómo se sienten las personas respecto de su bienestar y su felicidad. En los años setenta del siglo pasado, el economista Richard Easterling comparó el nivel de ingresos con el nivel de satisfacción personal para un gran número de países. Su hallazgo (que se conoció como la Paradoja Easterling) fue que, al interior de los países, mientras más alto era el nivel de ingreso, más elevada resultaba la satisfacción de las persona; pero eso no ocurría al comparar a los países entre sí: los de menor nivel de ingresos podían mostrar niveles de satisfacción más elevados que los países más ricos.

Dicha paradoja continuó teniendo vigencia con el World Values Survey (1999-2002), una encuesta realizada en más de 80 países en la que los encuestados calificaban su grado de "satisfacción vital" y su "sentimiento de felicidad". Al comparar la tasa de satisfacción de cada país con su renta per cápita, se comprueba que en general a más renta más satisfacción, pero con enormes variaciones: con una similar renta per cápita, hubo tasas de satisfacción (de 1 a 10) muy divergentes entre el 6.5 de Japón y el 8.3 de Dinamarca, o entre Turquía con 5.5 y México con 8.

Hace unos días The Economist publicó una comparación similar entre el más reciente IDH contra datos de una encuesta de Gallup a nivel mundial que preguntaba si el día anterior las personas habían reído o sonreído, y si se sentían descansadas y respetadas. Con este indicador, Paraguay resulta ser el lugar más feliz del planeta con un porcentaje de “emociones positivas” de 87%. Chad es el más infeliz con 52%. Guatemala con 83% está, como no podía ser de otra manera, entre los cinco países más felices del mundo.

Y la paradoja Easterling sigue presente: hay poca correlación entre el ingreso monetario y el indicador de felicidad. Por ejemplo, Lituania tiene una puntuación de felicidad de un 53%, pero su nivel de ingreso debería haberla ubicado cerca del 70%. En contraste, otros países como Mali, Nicaragua o, por supuesto, Guatemala, son mucho más felices de lo que sus niveles de ingreso sugieren.

Quizá también el sentirse feliz tenga que ver con aspectos culturales: los europeos orientales o los asiáticos centrales se siente menos positivos a pesar de tener niveles de vida razonables, mientras que los de América Latina, con menos nivel de ingreso, tienden a ser alegres. Los cinco países más felices (incluyendo Guatemala) son latinoamericanos. Por algo será.

Conviene Tomar Nota

Debemos prepararnos para las opiniones que las calificadoras de riesgo-país estarán emitiendo en los próximos meses

Existen numerosas formas de calificar el desempeño de una economía, incluyendo numerosos índices y rankings de competitividad, de desarrollo humano, de integridad pública, de libertad económica, etcétera. Pero de todas esas calificaciones, la más significativa y  utilizada es la de riesgo-país (riesgo soberano), que es una opinión sobre el riesgo crediticio (de no-pago) de la deuda pública, basada en una evaluación cuantitativa y cualitativa del país que emite títulos de deuda en los mercados internacionales, y evalúa su capacidad  e  intención de honrar sus obligaciones, así como su capacidad para afrontar eventuales problemas o cambios en el entorno.

Guatemala es parte del privilegiado grupo de países que goza de acceso a los mercados financieros internacionales, por lo que las implicaciones de esta calificación, que es realizada por las principales compañías dedicadas a ello a nivel internacional (Moody’s, Standard & Poor’s, y Fitch Ratings) son de singular importancia para sus flujos de financiamiento, no sólo para el sector público sino también para el sector privado, ya que tal calificación es determinante para las decisiones de inversión y de financiamiento que se toman respecto de Guatemala en los mercados nacionales y extranjeros.

Fitch Ratings califica a Guatemala con un BB+, que reconoce positivamente el historial de estabilidad macroeconómica, así como la buena reputación en el pago de sus deudas y sus bajos indicadores de deuda pública; sin embargo, Fitch advierte que dicha calificación seguirá ubicándose en “grado de no inversión” por la limitada capacidad de Guatemala para enfrentar sus debilidades estructurales, asociada a una base impositiva estrecha y un marco presupuestario muy rígido, que no contribuyen a revertir los bajos indicadores de desarrollo humano, de gobernabilidad y de clima de negocios en el país, lo cual incide en las bajas tasas de ahorro e inversión.

En un entorno mundial frágil, Fitch decidió en su última calificación a Guatemala (en julio de 2013) reducir la perspectiva de “estable” (que el país había ostentado desde 2008) a “negativa”, lo cual implica que existen posibilidades de que en su siguiente revisión–prevista para el próximo mes de julio, luego de la reciente visita de sus analistas al país- pueda verse perjudicada si, a juicio de los calificadores, no se han revertido los aspectos negativos indicados.

Similar nivel de calificación le otorga a Guatemala la calificadora Moody’s, que también en julio de 2013 otorgó calificación de “Ba1”, que se ha mantenido con perspectiva “estable” desde junio de 2010, cuando la elevó del anterior nivel de Ba2 (“estable). Moody’s también ve como fortalezas del país la gestión fiscal y monetaria prudente, así como los niveles relativamente manejables de endeudamiento público y de déficit balanza de pagos.

Pero Moody’s advierte sobre los factores negativos que impiden que el país acceda al anhelado “grado de inversión”: el crecimiento económico es muy modesto en comparación con otros países con calificaciones similares; el nivel de ingresos tributarios es muy bajo; el marco institucional y el Estado de Derecho son débiles y ello redunda en poca eficacia gubernamental y en un ambiente de precaria gobernabilidad.

Por su parte, Standard & Poors  --que suele ser algo más severa con Guatemala- califica al país como “BB” (con perspectiva “estable”), calificación  que mejoró de perspectiva en septiembre de 2012 (antes tenía perspectiva “negativa”). Esta calificadora considera positivamente el estable desempeño externo, fiscal y monetario, así como el mantenimiento durante varios años de la orientación general de la política macroeconómica. Pero insiste en los factores de riesgo: las débiles instituciones públicas y su entorno político polarizado; las tasas de crecimiento económico muy bajas para abordar las fuertes necesidades sociales y de seguridad; la limitada flexibilidad fiscal; y, los problemas de seguridad pública relacionados con el narcotráfico que desafía a la débil fuerza policial y al sistema judicial.

Conviene tomar nota de lo que estos reportes de calificación de riesgo-país señalan, pues nos permiten reconocer nuestra realidad y, a partir de allí, identificar los enormes retos que como país debemos enfrentar con urgencia, coherencia y constancia.