PRESUPUESTO: UNA ALERTA COMPARTIDA

Centros de distintas ideologías coinciden en los riesgos del presupuesto; el Congreso debe escuchar

La semana pasada moderé un foro sobre el proyecto de Presupuesto del Estado para 2027, con analistas de ASIES, CIEN, Fundación Libertad y Desarrollo e ICEFI. Lo más significativo del evento fue que centros de pensamiento con distintas visiones sobre el papel del Estado coincidieran en advertir sobre los riesgos de un presupuesto mal planteado. En un país acostumbrado a descalificar argumentos por su procedencia ideológica, esa convergencia merece atención.

Las preocupaciones inmediatas pueden resumirse en tres puntos: aumentos importantes del gasto sin objetivos claros de desarrollo; riesgo de que los recursos adicionales alimenten el clientelismo electoral; y, disposiciones cuestionadas por contravenir normas legales. Aunque cada participante puso énfasis distintos, el diagnóstico compartido fue suficientemente claro como para exigir una respuesta del Congreso.

Consecuentemente, la Red de Centros de Pensamiento, de la cual forman parte los participantes en el coloquio y otros think tanks, emitió un comunicado que concreta las alertas: el gasto propuesto para 2027 supera en 14% al presupuesto vigente de 2026 y supone un inusualmente elevado déficit del 4.4% del PIB. Del endeudamiento que se necesita para cubrir dicho déficit, más de la mitad del que se obtendría mediante bonos estaría destinado a financiar gastos de funcionamiento, algo que no solo contraviene explícitamente lo que dispone la Ley Orgánica del Presupuesto, sino que resulta muy irresponsable pues endeudarse para cubrir obligaciones recurrentes compromete ingresos futuros sin garantizar una mayor capacidad productiva.

Guatemala necesita invertir más en infraestructura y mejorar sus servicios públicos. Un déficit temporal puede justificarse si financia inversiones eficaces, transparentes y con impacto en el desarrollo. Pero expandir gastos permanentes sin evaluar sus resultados deja obligaciones que deberán pagarse cuando los beneficios políticos inmediatos ya se hayan agotado.

Los aportes extraordinarios a los consejos departamentales de desarrollo y las nuevas contrataciones en dependencias del Ejecutivo merecen especial escrutinio. La combinación de recursos crecientes, baja ejecución y opacidad abre espacios para el uso electoral del presupuesto. La coincidencia entre distintas ideologías debería encender las alarmas del Congreso.

A largo plazo, el riesgo tiene dos caras: deteriorar la sostenibilidad fiscal y consolidar un Estado que gasta cada vez más sin atender mejor a la población. Si las asignaciones siguen desvinculadas de resultados, podremos terminar con más deuda y las mismas carencias en salud, educación, seguridad o justicia. La estabilidad macroeconómica pierde fuerza cuando descansa sobre instituciones incapaces de transformar impuestos en servicios.

Por eso, el llamado al Congreso es concreto: cada aumento debe explicar qué objetivo persigue y cómo se verificará su cumplimiento; deben respetarse los mandatos de evaluación de la Ley Orgánica del Presupuesto y la obligación constitucional de identificar las fuentes de financiamiento; y, las enmiendas deben discutirse públicamente, con tiempo para conocer sus consecuencias, sin negociaciones oscuras de última hora. Antes del 30 de noviembre, los diputados tienen la oportunidad de corregir el proyecto. Recobrar la técnica y observar la ley exige resistir la tentación de convertir el presupuesto en un reparto de favores. Los centros de pensamiento han mostrado que es posible coincidir por encima de las diferencias. Corresponde al Congreso demostrar que también puede hacerlo cuando está en juego el futuro del país.

EL IMPERATIVO DE INVERTIR

 Invertir más y mejor es indispensable para el bienestar y la gobernabilidad

Guatemala lleva décadas cumpliendo una parte de la tarea económica: preservar la estabilidad; pero sigue postergando otra igualmente indispensable: invertir lo suficiente para que esa estabilidad se traduzca en prosperidad. El reciente informe del Fondo Monetario Internacional sobre el país permite entender por qué esa postergación resulta cada vez más costosa. El diagnóstico es conocido: la prudencia macroeconómica coexiste con infraestructura deficiente, servicios públicos precarios y elevada informalidad. La inversión total apenas equivaldrá al 16.6% del PIB en 2026, demasiado poco para cerrar las brechas que separan a millones de guatemaltecos de una vida digna.

Paradójicamente, en un país con enormes necesidades insatisfechas, el ahorro nacional supera a la inversión. Las remesas sostienen el consumo y alivian la pobreza, pero también generan presiones de apreciación cambiaria que dificultan competir a nuestros productores. El superávit externo refleja, en parte, nuestra incapacidad para convertir recursos disponibles en capacidad productiva. El FMI propone aumentar la inversión en infraestructura para elevar la productividad, atraer inversión privada y reducir la dependencia de las remesas. Una carretera transitable o un puerto eficiente reducen costos y vuelven viables negocios que hoy no lo son. Cuando la infraestructura pública funciona, el capital privado encuentra mejores razones para arriesgarse.

La urgencia también es social y política. Sin mayor productividad, los salarios y el empleo formal seguirán siendo insuficientes. Y si las familias no perciben oportunidades ni servicios que respondan a sus necesidades, se desgasta su confianza en las instituciones y se abona el campo para que surjan propuestas populistas. Invertir bien es, por tanto, una condición para sostener la gobernabilidad.

El primer paso es entender que asignar presupuesto no equivale a crear infraestructura. El FMI recomienda incorporar al presupuesto solo proyectos con evaluación favorable de Segeplan, fortalecer su preparación y supervisión, y coordinar mejor a las instituciones responsables. También modernizar las contrataciones públicas y medir la ejecución por las obras útiles que entrega. La advertencia alcanza a los Consejos Departamentales de Desarrollo: hay que contener y focalizar mejor sus asignaciones extraordinarias, reforzar la fiscalización y asegurar la continuidad de proyectos mediante programación multianual. 

Un segundo paso es abrir espacio a la inversión privada. El FMI plantea hacer operativas las reformas de infraestructura vial y de alianzas público-privadas, avanzar en los marcos portuario y aeroportuario, simplificar trámites y desarrollar mercados financieros que movilicen el ahorro, al tiempo que se combate la corrupción y se reduce la incertidumbre judicial. La certeza jurídica forma parte de la política de inversión.

El tercer paso es fiscal: aumentar la inversión exige preservar la solvencia del Estado, lo que implica moderar el déficit fiscal, con mejores ingresos y mayor calidad del gasto. Esto requiere fortalecer la administración tributaria y evitar exenciones y otros tratamientos que erosionen la recaudación. El endeudamiento no puede compensar indefinidamente la ineficiencia. La agenda, pues, queda clara. Lo difícil será construir los acuerdos y capacidades para ejecutarla. Guatemala necesita que su reconocida prudencia económica produzca resultados que la población pueda ver en su vida cotidiana, pues una estabilidad que no amplía oportunidades termina perdiendo respaldo. Y ese es un riesgo que tampoco podemos permitirnos.

JUSTICIA QUE TAMBIÉN PRODUCE

Seguridad y justicia eficientes son condiciones indispensables para invertir, producir y crecer

La semana pasada participé en un foro organizado por FUNDESA, dedicado a la agenda legislativa para fortalecer la seguridad y la justicia en Guatemala. Como economista, señalé que ambos sistemas no solo cumplen una función jurídica y social: son parte esencial de la infraestructura económica de un país. Así como una carretera deficiente encarece transportar mercancías o un puerto ineficiente retrasa exportaciones, un sistema de justicia lento, impredecible o incapaz de hacer cumplir contratos eleva el costo de producir, invertir y hacer negocios.

La inseguridad opera de manera similar: extorsiones, robos, violencia y crimen organizado obligan a empresas y familias a destinar a protección recursos que podrían invertir, contratar trabajadores o innovar. Pero ese costo visible es apenas una parte. Más importante puede ser el que no observamos: la empresa que decidió no abrir, la inversión que nunca llegó, el pequeño negocio que prefirió permanecer informal o el empresario que dejó de expandirse para no aumentar su exposición al crimen. Un país próspero requiere derechos de propiedad bien definidos, contratos exigibles, reglas previsibles y mecanismos confiables para resolver controversias. Cuando esas instituciones fallan, aumentan los costos de transacción, cae la confianza y se reduce la inversión. En la práctica, una justicia ineficiente funciona como un impuesto sobre la actividad económica.

 Mejorar seguridad y justicia exige mucho más que aumentar penas o aprobar leyes. Requiere policías capaces, fiscales profesionales, jueces independientes, tecnología, gestión eficiente, coordinación institucional y rendición de cuentas. El presupuesto importa, pero también cómo se administra; y las leyes importan, pero solo cuando están bien diseñadas y correctamente ejecutadas.

En el foro comentamos tres reformas que podrían contribuir en esa dirección. Una busca ordenar y fortalecer el sistema de recompensas por información útil sobre delitos complejos. Puede reducir asimetrías de información e incentivar la denuncia, siempre que proteja al denunciante y se inserte en una política criminal coherente. Otra son las reformas al Código Procesal Penal que buscan devolver a la prisión preventiva su carácter excepcional. Exigir que se justifique el riesgo de fuga u obstaculización, ampliar medidas sustitutivas y fortalecer controles judiciales no debilita la lucha contra el crimen: racionaliza una de las facultades más severas del Estado. Una justicia eficaz no es la que encarcela más, sino la que investiga mejor, procesa con rapidez y sanciona correctamente.

La tercera, quizá de mayor impacto institucional, es la reforma a la Ley de Arbitraje. Guatemala necesita mecanismos modernos, rápidos y previsibles para resolver controversias. Fortalecer el arbitraje, la mediación y otros métodos alternativos puede reducir la carga de los tribunales, disminuir la mora judicial y brindar mayor certeza a inversionistas y empresas. Alinear la legislación con estándares internacionales también reduce maniobras dilatorias y limita la intervención judicial a los casos estrictamente necesarios. Muchos conflictos podrían así resolverse voluntariamente sin consumir recursos judiciales escasos.

Estas reformas, que mejoran incentivos, reducen incertidumbre y utilizan mejor la capacidad institucional del Estado, deben avanzar en el Congreso. El desarrollo económico no depende solo de carreteras, electricidad, capital humano o estabilidad macroeconómica. También necesita instituciones capaces de proteger al ciudadano, hacer cumplir las reglas y resolver conflictos oportunamente.

EL PRECIO DE LAS “BUENAS INTENCIONES”

Combatir abusos no exige destruir los mecanismos que hacen funcionar al mercado

Hay pocas ofertas políticas más atractivas que prometer bajar precios por decreto. Y si la promesa se presenta como una cruzada contra la “usura”, la tentación resulta todavía mayor. El problema es que las leyes económicas suelen ser menos complacientes que los discursos políticos. El Congreso estudia la iniciativa 6614, Ley contra la Usura, cuyo propósito declarado es atendible: proteger a los deudores de prácticas abusivas que, sí, deben perseguirse y sancionarse, pues algunas empresas de cobranza han recurrido al hostigamiento, amenazas y métodos que el Estado no debe tolerar. Pero de ahí no se sigue que deba intervenirse el precio del crédito.

La iniciativa pretende fijar una tasa de interés “máxima”. El problema empieza por una elemental lección de economía: la tasa de interés es un precio. Como tal, incorpora el costo del dinero, los gastos de operación, el plazo y, especialmente, el riesgo de que el préstamo no sea pagado. Un préstamo respaldado por una garantía sólida no cuesta lo mismo que prestar una pequeña cantidad, sin garantía, a alguien sin historial crediticio. Pretender que ambos riesgos se acomoden dentro de un límite legal no elimina el riesgo: solamente impide reflejarlo en el precio. ¿Y qué hace un oferente cuando no puede cobrar un precio compatible con el riesgo? Deja de ofrecer. Así, el crédito aparentemente se abarata, pero también se vuelve más escaso. Los primeros excluidos serán previsiblemente quienes presentan mayor riesgo: pequeños empresarios, trabajadores informales y personas sin garantías; precisamente aquellos a quienes la ley pretende proteger. 

Y hay otra paradoja peor: quien queda expulsado del mercado formal no deja necesariamente de necesitar dinero, sino que terminará recurriendo al prestamista informal, con menos transparencia, menos protección jurídica y, en algunos casos, métodos de cobranza más intimidantes. La medicina empeorará la enfermedad. La iniciativa contiene otros problemas: restricciones sobre costos y comisiones, trámites onerosos, conceptos jurídicos ambiguos e incompatibilidad con normas existentes. Todo ello puede elevar el costo de prestar y cobrar legítimamente y generar inseguridad jurídica.

Esto no significa tolerar abusos bajo el pretexto de defender el mercado. Una economía de mercado requiere reglas y autoridades capaces de hacerlas cumplir. Pero la buena regulación debe corregir conductas dañinas o fallas identificables; no sustituir arbitrariamente el mecanismo de precios. Hay alternativas: normas estrictas contra el hostigamiento y las amenazas, sanciones efectivas contra cobros ilegales, transparencia sobre el costo del crédito y mecanismos eficaces para denunciar abusos. Lo importante es atacar la conducta que se desea corregir, sin destruir las señales que permiten funcionar al mercado. El criterio para cualquier regulación debe ser: identificar el problema, demostrar que la intervención es necesaria y escoger el instrumento menos distorsionante. Regular bien exige bisturí, no machete.

Los controles de precios son políticamente atractivos: sus beneficios se anuncian hoy y sus costos aparecen mañana, dispersos entre personas que nunca sabrán que aquel crédito que necesitaban dejó de existir como consecuencia de una ley que pretendía protegerlas. En vísperas de un año electoral, conviene estar particularmente atentos a esas soluciones seductoras. El populismo económico suele utilizar problemas reales para plantear soluciones engañosamente sencillas. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno; y, en economía, también el camino hacia la escasez.

CIBERSEGURIDAD: NI CERROJO NI COLADERO

La vida digital exige reglas inteligentes: seguridad, derechos, técnica y prudencia legislativa

Hace no tantos años parecía que la ciberseguridad era un asunto reservado a especialistas en informática, bancos o agencias de inteligencia. Ese ya no es el caso: una falla o un ataque digital puede impedir una transferencia bancaria, paralizar un hospital, interrumpir un servicio público, comprometer datos personales o afectar el suministro de electricidad. En una economía cada vez más digitalizada, la ciberseguridad no es ya solo un problema técnico, sino un asunto estratégico que afecta la vida económica, institucional y ciudadana.

Por eso cobra relevancia la discusión que actualmente tiene lugar en el Congreso sobre cómo regularla. Guatemala necesita un marco jurídico moderno que permita prevenir ataques, gestionar riesgos, proteger infraestructuras críticas, coordinar respuestas y perseguir eficazmente la ciberdelincuencia. Pero, como ocurre con casi toda buena regulación, el problema no consiste simplemente en emitirla, sino en diseñarla bien: una ley demasiado laxa puede dejar al país expuesto a riesgos crecientes, pero una demasiado restrictiva puede elevar costos innecesarios, obstaculizar la innovación, desalentar la cooperación privada e incluso abrir espacios para abusos sobre la privacidad. El desafío está en encontrar un equilibrio razonable entre seguridad y libertad, prevención y proporcionalidad, capacidad estatal y límites al poder público.

Aquí aparece el tema que tanto cuesta entender y afrontar en Guatemala: la institucionalidad. Una ley puede verse impecable en el papel y fracasar en la práctica si crea entidades sin capacidades, competencias confusas o mandatos traslapados. La autoridad que se establezca para regular la ciberseguridad debe ser técnica, flexible, profesional y suficientemente independiente de vaivenes políticos; tener funciones claramente delimitadas, recursos adecuados y mecanismos efectivos de rendición de cuentas. La ciberseguridad exige coordinación, no burocracia; especialistas, no improvisación.

Tampoco conviene inventar el agua azucarada ni empezar de cero. Existen mejores prácticas a nivel internacional. Y en lo local, algunos sectores como el financiero y el eléctrico han desarrollado capacidades, protocolos y mecanismos propios de prevención y respuesta. La regulación nacional debería aprovecharlos y articularlos, respetando las competencias de los reguladores sectoriales. Centralizar por centralizar puede destruir el conocimiento acumulado y generar costosas duplicidades.

Además, la ciberseguridad no puede tratarse como una isla normativa. Forma parte de un ecosistema más amplio que incluye, como mínimo, protección de datos personales, infraestructuras críticas, evidencia digital y prevención y sanción de ciberdelitos. De todos esos componentes, la protección de datos resulta especialmente urgente: proteger sistemas sin proteger adecuadamente la información de las personas sería construir una muralla con un boquete abierto.

Todo esto aconseja prudencia legislativa. Para emitir una regulación de naturaleza tan compleja las prisas suelen producir leyes incompletas, contradictorias o imposibles de aplicar, por lo que precisa una discusión amplia, técnica y suficientemente pausada, que escuche al sector público, empresas, reguladores, academia, especialistas y sociedad civil. Guatemala necesita una buena ley de ciberseguridad pero, encima de eso, un sistema de resiliencia digital que funcione. Como tantas veces ocurre en política pública, el éxito no estará en la cantidad de artículos aprobados, sino en la calidad de las reglas, de las instituciones y de los incentivos que logremos construir.

CUANDO EL BOLSILLO VOTA

Cuando el ingreso se reduce, el populismo florece ofreciendo soluciones ilusorias

Existe una diferencia importante entre inflación y percepción del costo de la vida. La primera puede medirse con precisión; la segunda se experimenta a diario, cuando el salario rinde menos, llenar el tanque cuesta más o el presupuesto familiar no alcanza. Para millones de personas esa percepción pesa más que cualquier indicador macroeconómico. Por eso conviene prestar atención a las señales que hoy empiezan a aparecer. Los mercados internacionales muestran fuertes presiones sobre el precio del petróleo y otros insumos estratégicos. La incertidumbre geopolítica amenaza con trasladarse a mayores costos de producción y transporte, aumentando los riesgos inflacionarios. 

Simultáneamente, se está produciendo un cambio significativo en el estado de ánimo de los guatemaltecos: la principal preocupación de los hogares ya no es la inseguridad, sino el costo de la vida. Una encuesta reciente muestra que el 62 % considera que este ha aumentado significativamente durante los últimos meses. Ese tipo de percepciones merece atención, no porque conduzcan inevitablemente a una crisis económica, sino porque modifican los incentivos políticos. Si las familias manifiestan que viven peor, aumenta la demanda por respuestas inmediatas; y cuando surge esa demanda, casi siempre aparece algún político dispuesto a ofrecer alivios financiados con recursos que el Estado no tiene.

Este no es un fenómeno exclusivamente guatemalteco. Alrededor del mundo resurgen propuestas para congelar precios, subsidiar bienes y servicios, ampliar el gasto público, controlar mercados o cargar todos los costos sobre "los ricos". La izquierda y la derecha populistas coinciden más de lo que suele reconocerse: ambas desconfían de la disciplina fiscal, recurren al intervencionismo y ofrecen beneficios presentes sin explicar quién pagará la factura mañana. Guatemala ya empieza a recorrer ese camino.

En las últimas semanas el Congreso aprobó o impulsó medidas con un claro contenido populista: eliminación del IUSI, prórroga del impuesto de circulación, nuevos subsidios a los combustibles y gastos extraordinarios para grupos de interés, entre otras decisiones adoptadas con escaso análisis de sus implicaciones fiscales. Cada iniciativa, aisladamente, puede parecer atractiva. El problema surge cuando todas se acumulan sobre un presupuesto limitado y debilitan la sostenibilidad de las finanzas públicas. La historia económica está llena de ejemplos en los que las crisis fiscales no comenzaron por una gran decisión equivocada, sino por la suma de pequeñas concesiones políticamente populares.

Cuando una familia afirma que le preocupa el costo de la vida, muchas veces no está describiendo únicamente un aumento de precios: está expresando que su ingreso ya no le permite mantener su nivel de vida. En otras palabras, el problema de fondo suele ser el poder adquisitivo; y este no mejora mediante subsidios permanentes ni repartiendo recursos públicos cada vez más escasos. Mejora cuando aumenta la productividad, crece la inversión, se fortalecen las instituciones, se generan empleos formales mejor remunerados y la economía produce más valor por trabajador.

Las soluciones responsables rara vez producen aplausos inmediatos; requieren paciencia, disciplina y reformas que fortalecen la capacidad de crecer. Las soluciones populistas ofrecen exactamente lo contrario: beneficios visibles hoy a cambio de costos invisibles que terminan pagando las generaciones futuras. Cuando el bolsillo aprieta, la tentación populista siempre gana fuerza. Precisamente por eso es cuando más conviene defender la prudencia económica.

UNA OPORTUNIDAD BAJO TIERRA

El mundo compite por minerales críticos; Guatemala sigue discutiendo si debe extraerlos

Mientras buena parte del mundo libra una silenciosa competencia por asegurar el abastecimiento de minerales críticos, Guatemala permanece atrapada en un debate propio del siglo pasado. El litio, el cobre, el níquel, el grafito y las tierras raras —indispensables para semiconductores, turbinas eólicas, teléfonos inteligentes y aplicaciones militares— dejaron de ser simples materias primas para convertirse en activos estratégicos de la nueva economía global. Sin ellos no habrá vehículos eléctricos, baterías, centros de datos, inteligencia artificial, redes eléctricas modernas ni transición energética.

Recientes reportes del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial coinciden en que Latinoamérica posee una oportunidad histórica para insertarse en las nuevas cadenas globales de valor gracias a su abundancia de minerales estratégicos. Pero ambos advierten también que esa oportunidad solo podrá materializarse si los países construyen instituciones sólidas y marcos regulatorios capaces de atraer inversión de largo plazo y administrar responsablemente esos recursos. En otras palabras, la ventaja competitiva ya no consiste únicamente en poseer minerales, sino en poseer instituciones capaces de convertir esos minerales en desarrollo.

 Ese es precisamente el punto donde Guatemala ha venido fallando. Aquí seguimos planteando un falso dilema: minería sí o minería no. Sin embargo, la verdadera discusión debería ser si queremos participar responsablemente en una de las mayores oportunidades económicas del siglo XXI o preferimos autoexcluirnos por incapacidad de construir reglas modernas. Mientras otros países aprovechan esta ventana de oportunidad, Guatemala continúa perdiendo tiempo, inversiones y empleos.

Países como Canadá, Australia, Chile o Perú —con tan distintas culturas y orientaciones políticas— no optaron por prohibir la minería. Tampoco ignoraron las preocupaciones ambientales y sociales. Lo que hicieron fue desarrollar instituciones, procedimientos y mecanismos de supervisión que concilian la explotación de los recursos con la protección ambiental, los derechos de las comunidades y la certeza jurídica que requiere cualquier inversión de largo plazo.

En Guatemala ocurrió exactamente lo contrario. La incertidumbre jurídica, la ausencia de reglas claras para aplicar el Convenio 169 de la OIT, la conflictividad social y la judicialización de los proyectos terminaron paralizando un sector que llegó a ser uno de los más dinámicos de la economía. Paradójicamente, esa incertidumbre no ha protegido mejor el medio ambiente; más bien ha desalentado a las empresas con mayores estándares internacionales y ha reducido el interés por explorar el potencial geológico del país.

Paro todavía estamos a tiempo de cambiar de rumbo. Ello exige modernizar la legislación minera, regular de manera clara los procesos de consulta comunitaria, fortalecer la fiscalización ambiental, garantizar transparencia en el manejo de regalías y ofrecer reglas estables que atraigan inversión responsable. No se trata de favorecer a una industria en particular; se trata de construir instituciones capaces de administrar inteligentemente un patrimonio que pertenece a todos los guatemaltecos.

Los recursos naturales, por sí solos, nunca han garantizado el desarrollo. Lo que convierte la riqueza del subsuelo en prosperidad es la calidad de las instituciones que la gobiernan. Sin certeza jurídica, sin reglas previsibles y sin una regulación moderna, Guatemala corre el riesgo de dejar enterrada una de las mayores oportunidades económicas de las próximas décadas.