LA ECONOMÍA DE LAS GUERRAS LEJANAS

La guerra en el Golfo Pérsico puede sacudir la economía global: conviene reaccionar con prudencia

Las guerras se libran tanto en los campos de batalla como, de manera silenciosa, en los mercados energéticos, en las cadenas logísticas globales y, finalmente, en los bolsillos de millones de personas. El conflicto actual en el Golfo Pérsico tiene precisamente ese potencial. En una economía mundial altamente integrada, una perturbación geopolítica en una región estratégica puede generar efectos económicos globales. La razón es simple: por el estrecho de Ormuz transita una porción importante del petróleo y del gas natural que consume el planeta. Si ese flujo se interrumpe o se vuelve incierto, los precios de la energía subirán y con ellos el transporte, los fertilizantes, los alimentos y buena parte de la actividad productiva.

Aunque hoy la economía mundial es menos intensiva en energía que en los años setenta —cuando los shocks petroleros provocaron inflación y estancamiento—, una disrupción suficientemente grande en los mercados energéticos aún puede generar presiones inflacionarias y alterar decisiones de inversión y consumo.

Para Guatemala —como para muchas economías pequeñas y abiertas— el principal canal de transmisión será el precio de los combustibles y otros insumos. Cuando el petróleo sube, aumentan los costos de transporte y producción, lo que eventualmente conlleva precios internos más altos. Además, el país debe destinar más divisas para pagar esas importaciones, lo que puede presionar el balance externo si el shock se prolonga. Hasta ahora, sin embargo, los indicios apuntan a que el impacto directo podría ser moderado en el corto plazo. Analistas del sector logístico señalan que Guatemala no depende de rutas marítimas que atraviesen directamente la zona del conflicto, por lo que los efectos iniciales serían indirectos, principalmente a través del precio del combustible y de los costos de los fletes internacionales.

 La verdadera incógnita no es tanto el impacto inicial como la duración del conflicto. Las guerras —especialmente en regiones geopolíticamente sensibles— evolucionan según decisiones políticas impredecibles. Por ello, sería imprudente reaccionar con “ocurrencias” de política económica que, aunque bien intencionadas, terminen generando más distorsiones que soluciones. Conviene recordar una lección básica de economía: en situaciones de escasez o choque externo, los precios cumplen una función de señal. Cuando suben, transmiten información sobre la nueva realidad de costos y ayudan a que consumidores y empresas ajusten su comportamiento. Interferir excesivamente en ese mecanismo —por ejemplo mediante controles de precios o subsidios improvisados— suele producir escasez, incentivos perversos y mayores presiones fiscales.

La respuesta más sensata ante shocks externos no es el intervencionismo apresurado, sino la prudencia macroeconómica. Guatemala cuenta con algunos amortiguadores importantes: inflación relativamente controlada, reservas internacionales adecuadas y un sistema financiero sólido. Preservar esos amortiguadores es probablemente la mejor estrategia para atravesar episodios de turbulencia internacional. Finalmente, conviene recordar que incluso los conflictos más intensos suelen terminar antes de lo que muchos anticipan. No sería extraño que, ante los riesgos económicos de una guerra prolongada, Estados Unidos opte en algún momento por declarar una victoria prematura y dar por concluido el conflicto. Si algo enseña la historia económica es que los mercados reaccionan rápidamente al inicio de las guerras… pero también a su final. En tiempos de incertidumbre, la prudencia sigue siendo la mejor política económica.

ELECCIONES SECUNDARIAS Y RIESGO-PAÍS

La estabilidad macro depende, en última instancia, de la calidad institucional

En 2026 Guatemala vive una convergencia inédita de relevos en instituciones clave del Estado. El calendario político —que abarca la elección de magistrados de la CC y del TSE, Fiscal General, rector de la USAC, Contralor General, Presidente del Banco de Guatemala y Superintendente de Bancos, entre otros— reconfigurará el equilibrio institucional del país. No es un detalle procedimental: es un evento macroinstitucional.

Estos procesos, conocidos como “elecciones de segundo grado”, suelen estar rodeados de litigios, presiones corporativas, intentos de captura y polarización política. Este año, además, confluyen en pocos meses. La simultaneidad eleva la incertidumbre. Desde la perspectiva del riesgo-país, la preocupación no es ideológica; es técnica. Las calificadoras internacionales han advertido reiteradamente que los riesgos sociopolíticos se transmiten al crédito soberano por cuatro canales: gobernabilidad, cambios de política, desempeño económico y volatilidad financiera. América Latina ofrece ejemplos abundantes al respecto.

Cuando estos procesos de designación se judicializan en exceso, se retrasan o pierden credibilidad, el primer canal afectado es la gobernabilidad. Si, además, las nuevas autoridades electas llegan a generar dudas sobre su independencia técnica o su probidad, se activa el segundo: riesgo de cambios abruptos en políticas públicas o de debilitamiento institucional. El resultado suele ser una mayor prima de riesgo, menor inversión y menor crecimiento económico potencial.

El riesgo no es inmediato ni automático; es gradual y acumulativo, pero es real

Cierto es que Guatemala parte de fortalezas macroeconómicas innegables: deuda pública relativamente baja, estabilidad monetaria, reservas internacionales adecuadas. Pero no opera en el vacío. Su crecimiento ha sido relativamente modesto; su Congreso está fragmentado; la calidad legislativa es irregular; la justicia enfrenta cuestionamientos; la corrupción persiste como amenaza latente; el crimen organizado penetra en instituciones y territorios; el entorno internacional es más proteccionista y volátil que hace una década. Es decir, nuestros amortiguadores macro existen, pero nuestros cimientos institucionales no siempre son igual de sólidos.

En este contexto, la integración de la CC y del TSE afecta crucialmente la certeza jurídica y la estabilidad política futura. La designación del Fiscal General incide en la percepción de Estado de Derecho. La elección del Presidente del Banco de Guatemala y del Superintendente de Bancos no es un asunto corporativo; es una señal a los mercados sobre la continuidad de la disciplina monetaria y financiera. La Contraloría impacta la credibilidad fiscal. Cada pieza importa. Los mercados no reaccionan a discursos, sino a expectativas racionales sobre reglas. Si las reglas se perciben frágiles o capturables, el costo del financiamiento aumenta, incluso si las variables macro actuales lucen sanas. El riesgo no es inmediato ni automático; es gradual y acumulativo. Pero es real.

Por eso el llamado es sencillo: cordura, respeto a los plazos legales, transparencia en las postulaciones y criterios meritocráticos en las designaciones. No se trata de satisfacer a actores externos; se trata de preservar el activo más valioso que un país pequeño y abierto puede tener: credibilidad. Un fracaso en estos procesos no dañaría solo a las instituciones involucradas. Dañaría la reputación crediticia del país y, con ello, el clima de inversión, el crecimiento y el bienestar. La estabilidad macro se construye en los balances; la confianza, en las instituciones. 2026 no es solo un calendario político; es una prueba de madurez republicana.

TRÁFICO, PODER Y COORDINACIÓN

 El atasco capitalino es, ante todo, un problema de coordinación institucional

En la Ciudad de Guatemala ya no hay hora pico: el atasco no es un evento, sino un estado permanente. Recorrer 30 kilómetros puede tomar horas; a cualquier hora hay atascos. El problema es tan grave que la prestigiosa revista The Economist publicó recientemente un artículo sobre este grave problema en la urbe más grande de Centroamérica. Los costos son tangibles. Se estima que los guatemaltecos pierden alrededor de Q1,300 mensuales en productividad por congestión y que el impacto agregado ronda los US$4 mil millones al año. No hablamos solo de incomodidad, sino de competitividad, acceso a servicios, contaminación y oportunidades perdidas. El tiempo de traslado se convierte en un costo que perjudica el crecimiento.

En semanas recientes, algunas municipalidades y sectores empresariales han pedido al Gobierno acelerar la puesta en marcha de la Dirección de Infraestructura Prioritaria (DIPP) y ejecutar los recursos presupuestarios aprobados para obras estratégicas. Tienen razón en algo esencial: no es defendible que una entidad como la DIPP, creada para agilizar proyectos, arranque con tanta lentitud en un contexto de urgencia económica y social. Pero el Gobierno también señala una realidad incómoda: la infraestructura vial arrastra una historia de planificación débil, ejecución fragmentada y recurrente corrupción. Los grandes proyectos han sido, con frecuencia, sinónimo de sobrecostos, opacidad y litigios. La desconfianza no surge en el vacío.

El problema es que, mientras se discute sobre recursos y megaproyectos, el núcleo del desafío es, esencialmente, institucional. Es importante tener claro que en muchas megaciudades alrededor del mundo la congestión no obedece solo a falta de inversión, sino a una gobernanza fragmentada: autoridades superpuestas, escasa coordinación y ausencia de visión metropolitana. Donde no hay articulación, el transporte no conecta con la expansión urbana y las decisiones se contradicen.

La experiencia internacional demuestra que las ciudades que han ordenado su crecimiento no lo han hecho solo a fuerza de chequera, sino con arreglos institucionales claros. El caso de Tokio es un ejemplo de una autoridad metropolitana que coordina funciones estratégicas, mientras gobiernos locales gestionan servicios de proximidad bajo competencias bien delimitadas. La inversión importa, pero la arquitectura institucional es decisiva.

¿Qué hacer en Guatemala? Primero, poner en funcionamiento la DIPP sin más dilación, pero con estándares estrictos de transparencia y evaluación costo-beneficio. No basta ejecutar; hay que ejecutar bien. Segundo, el debate debe elevarse del plano político-partidario al plano metropolitano. El tráfico no reconoce fronteras municipales ni afinidades ideológicas. Una autoridad o mecanismo de coordinación metropolitana —con reglas claras, datos compartidos y planificación integrada de uso de suelo y transporte— es indispensable.

Tercero, entender que la solución no es exclusivamente vial. Transporte público eficiente, gestión inteligente del tráfico y ordenamiento territorial son más complejos que inaugurar pasos a desnivel, pero más rentables a largo plazo. Cuarto, fortalecer controles y profesionalización técnica para que la respuesta a la desconfianza no sea la parálisis.

El tráfico no es solo un problema de movilidad. Es un espejo de nuestra dificultad para coordinar y ejecutar políticas públicas en un entorno fragmentado. Mientras discutimos culpas, el reloj corre y los motores siguen encendidos. Destrabar la ciudad exige algo más que asfalto: exige reglas claras, cooperación y visión de largo plazo.

EN EL NUEVO ORDEN GLOBAL: MESA O MENÚ

                El orden económico global se fractura; Guatemala debe adaptarse...                sin traicionar principios

Durante décadas, países pequeños como Guatemala prosperaron —modestamente, pero con estabilidad— bajo un orden económico internacional relativamente predecible. No era perfecto ni plenamente justo, pero funcionaba lo suficiente como para permitirnos crecer, comerciar y atraer inversión sin tener que navegar un océano de incertidumbre. Ese mundo, nos guste o no, se está desvaneciendo.

El reciente discurso de. Primer ministro canadiense, Mark Carney, en el Foro de Davos fue notable por su crudeza. Carney no habló de una “transición”, sino de una ruptura del orden económico global. Y lanzó una advertencia tan cruda como certera: si no estamos en la mesa, estamos en el menú. Para países sin poder hegemónico, el margen de error es estrecho. Fingir que nada cambia —“vivir dentro de la mentira”, en palabras de Václav Havel— ya no es una opción. ¿Qué implica esto para Guatemala?

Primero, asumir la realidad con honestidad. El orden basado en reglas se debilita; el comercio entre países se ha convertido en instrumento de poder; y las grandes potencias usan aranceles, finanzas y cadenas de suministro como armas. En este contexto, la neutralidad pasiva no protege, y la complacencia no compra seguridad. Segundo, recurrir al pragmatismo sin abandonar los principios. Aquí el enfoque de Carney resulta especialmente valioso: realismo basado en valores. Para Guatemala, eso significa seguir defendiendo el Estado de Derecho, la democracia liberal y la economía de mercado, pero adaptando nuestra estrategia económica y comercial a un mundo más fragmentado y transaccional.

Tercero, fortalecer lo que controlamos puertas adentro. Instituciones sólidas, certeza jurídica, disciplina macroeconómica y un entorno propicio para la inversión privada siguen siendo nuestra primera línea de defensa. Sin más productividad, ni mejor capital humano ni reglas claras, no hay diversificación posible ni política exterior creíble. Cuarto —y aquí está el giro estratégico— diversificar con inteligencia. Estados Unidos seguirá siendo nuestro principal socio económico y político, pero conviene recordar un dato incómodo: el comercio exterior estadounidense representa apenas alrededor del 13% de las importaciones mundiales y cerca del 9% de las exportaciones globales. Apostarlo todo a un solo mercado, por cercano que sea, es una vulnerabilidad, no una virtud. 

Guatemala necesita ampliar su red de acuerdos comerciales y económicos

Guatemala necesita ampliar su red de acuerdos comerciales y económicos hacia Asia y otras regiones dinámicas: Japón, Singapur, Indonesia y la ASEAN en general, India, e incluso profundizar vínculos con economías afines que no generan fricciones innecesarias con Washington. Diversificar no es desafiar al hegemón; es gestionar riesgos. En ese marco, nuestra relación con Taiwán adquiere un valor estratégico aún mayor. Apostar por Taiwán —y no por China Popular— tiene costos y riesgos geopolíticos evidentes. Precisamente por eso, Guatemala debe procurar una relación económica más ambiciosa con la Isla: más compras, más inversión productiva, más encadenamientos reales. La lealtad estratégica también debe traducirse en beneficios económicos concretos.

Finalmente, Guatemala debe entender que, en este nuevo orden, negociar en solitario nos debilita. Unirse, pactar y coordinar con países de tamaño similar aumenta nuestra capacidad de resistencia y de influencia. No se trata de levantar muros, sino de construir redes. El viejo orden no va a volver. La nostalgia no es una estrategia. Pero con reformas internas, diversificación externa y una dosis saludable de realismo, Guatemala puede sentarse a la mesa… y evitar terminar en el menú.

La inversión no prospera en tierra incierta

 La inversión privada —nacional y extranjera— no depende solo de incentivos, discursos o promesas de crecimiento. Depende, sobre todo, de reglas claras, instituciones sólidas y previsibilidad. Allí donde la ley es ambigua, la justicia es errática o las decisiones públicas son discrecionales, la inversión se retrae, espera… o se va.

En esta columna, publicada originalmente en República dentro del espacio Compás Institucional, argumento que el principal obstáculo para el desarrollo económico de países como Guatemala no es la falta de capital, sino la debilidad institucional. Sin certeza jurídica, sin respeto efectivo a los contratos y sin un Estado que se autolimite, el riesgo percibido aumenta y el costo de invertir se vuelve prohibitivo.

La evidencia internacional es contundente: los países que crecen de manera sostenida son aquellos que ofrecen un “terreno firme” para invertir. No se trata de ideología, sino de incentivos. Y mientras no entendamos que fortalecer instituciones es una política económica de primer orden, seguiremos atrapados en un crecimiento mediocre y frágil.

👉 La versión original de esta columna fue publicada en República, como parte del espacio Compás Institucional.

https://republica.com/columna-de-opinion/la-inversion-no-prospera-en-tierra-incierta-20261258012

CRECER EN LA INCERTIDUMBRE

La incertidumbre global no justifica la inacción interna: para crecer más, hay que hacer reformas

Guatemala —siendo una economía pequeña y abierta— no decide los precios internacionales, pero sí puede decidir con qué reglas los afronta. Y esa distinción, que a veces se pierde en medio del ruido geopolítico, es crucial para entender el desafío que hoy plantea el crecimiento económico. Venimos de una secuencia de shocks poco habituales: pandemia, disrupciones logísticas, inflación global y un endurecimiento monetario sincronizado. A ello se suma hoy un mundo más fragmentado, con tensiones geopolíticas crecientes, tentaciones proteccionistas y un “nuevo orden” cada vez menos regido por reglas claras. Para países como el nuestro, que viven de comerciar, atraer inversión y generar confianza, el entorno externo es todo menos cómodo.

Aun así, todo indica que la economía guatemalteca continuará creciendo a un ritmo constante, aunque relativamente moderado, similar al de las últimas décadas. El problema no es tanto ese crecimiento coyuntural, como su techo estructural. Desde hace décadas, el país crece más lento que muchos de sus pares en otras latitudes, invierte menos que sus vecinos y casi no mejora su productividad. Y lo más preocupante es que la agenda de reformas —la única capaz de elevar ese techo estructural— sigue siendo débil, fragmentada o postergada indefinidamente.

En materia de políticas macroeconómicas, el contraste es evidente. La política monetaria ha preservado su disciplina y credibilidad. Hay más dudas con las finanzas públicas que, aquí y en buena parte del mundo, se expanden aceleradamente a fuerza de endeudamiento. Esa expansión del gasto, el deterioro de la calidad presupuestaria y la ausencia de reglas fiscales claras contribuyen a reducir los márgenes de maniobra del Estado. Reequilibrar la combinación de políticas es impostergable: una consolidación fiscal creíble debe reconstruir amortiguadores, sin sacrificar inversión pública prioritaria ni gasto social efectivo. No hacerlo es hipotecar el futuro para comprar tranquilidad presente.

Pero el crecimiento no se decreta desde el presupuesto. Depende, sobre todo, de las instituciones. Mejorar la gobernanza —fortalecer el Estado de derecho, elevar la eficacia del gobierno y enfrentar con seriedad al crimen organizado— no es un lujo moral, sino una condición para un buen desempeño económico. Sin reglas claras y cumplimiento creíble, la inversión se retrae o se encarece. Impulsar la inversión privada requiere, además, mejorar el clima de negocios, fomentar la competencia y abrirnos más al comercio internacional, no cerrarnos tras aranceles que encarecen insumos y castigan productividad. La inversión pública, por su parte, debe ser mejor ejecutada, más transparente y orientada a cerrar brechas reales, no a multiplicar proyectos políticamente rentables pero económicamente estériles.

Finalmente, crear empleos formales y elevar la productividad exige enfrentar la informalidad y modernizar el mercado laboral, incluso para adaptarse a tecnologías como la inteligencia artificial. Proteger el empleo del pasado no garantiza el empleo del futuro. Nada de esto ocurrirá si la clase política sigue atrapada en el cortoplacismo electoral. Las reformas que generan crecimiento no suelen dar réditos inmediatos, pero sí evitan el círculo vicioso de bajo crecimiento, frustración social y populismo. La incertidumbre global no es excusa para postergar reformas. Al contrario: es cuando el mundo se vuelve más incierto que las reglas internas deben volverse más sólidas. Guatemala no controla el nuevo orden mundial, pero sí puede decidir si quiere crecer dentro de él… o resignarse a padecerlo.

SALARIO MÍNIMO: MUCHO RUIDO, POCO DESARROLLO

Como todos los años, el Presidente fijó por decreto el salario mínimo, luego de que la comisión negociadora —empleadores y sindicatos— volviera a fracasar en su mandato legal de alcanzar un acuerdo. No es una anomalía: es la norma. Este año, el aumento fue menor al del año pasado, aunque superior a la inflación, lo que implica un incremento real del costo laboral para las empresas. Y, como todos los años, la decisión desató una avalancha de opiniones técnicas, políticas, ideológicas y sentimentales. En redes sociales, el debate adquiere tonos épicos, como si del salario mínimo dependiera el futuro del país. Y al final gastamos demasiada energía social discutiendo un tema que, aunque relevante, es secundario frente a los verdaderos desafíos del desarrollo económico de Guatemala.

Un dato basta para poner las cosas en perspectiva: cerca del 79% del empleo en Guatemala es informal. Son trabajadores que no reciben salario mínimo, no cotizan al IGSS ni pagan ISR. Para ellos, el salario mínimo es una cifra abstracta, ajena a su realidad cotidiana. El salario urbano promedio no supera los Q2,800 mensuales, precisamente porque una parte significativa del empleo se da fuera de relaciones laborales formales. Incluso dentro de empresas formales abundan esquemas de pago por tarea, por producto o por servicios facturados: construcción, comercio, servicios profesionales. Discutir el salario mínimo como si describiera el “salario típico” del país es, sencillamente, incorrecto.

 Discutir salarios es importante, pero no más importante que discutir productividad. Los salarios en Guatemala no son bajos porque los empresarios paguen “menos de lo justo”, sino porque la economía produce poco valor por trabajador. El salario no sale de un decreto ni de un discurso moral; sale de lo que se produce. La mayoría del empleo se genera en empresas pequeñas, con poco capital, baja tecnología y escasa escala. Cuando una empresa produce poco, no puede pagar salarios altos, aunque quiera. A esto se suma la falta de competencia por los trabajadores: en muchas regiones hay pocas empresas formales y pocas oportunidades reales de cambiar de empleo. Sin competencia, los salarios se estancan.

Subir salarios por decreto puede tener efectos positivos en casos puntuales. No lo niego. Pero cuando se hace sin respaldo en aumentos de productividad, suele traducirse en más informalidad, menos empleo o menor inversión. Un reciente artículo de The Economist fue claro al advertir que insistir en alzas automáticas del salario mínimo desvía la atención de reformas más profundas y efectivas. El problema de fondo no es solo el monto del salario mínimo, sino un mecanismo legal obsoleto, que incentiva decisiones políticas antes que técnicas, y una obsesión colectiva por discutir la distribución del ingreso sin hablar seriamente de cómo se crea.

Si de verdad queremos salarios más altos y sostenibles, la ruta es otra: más inversión, más empresas formales, más capacitación técnica, más competencia por el talento y más movilidad laboral. Primero hay que crear valor; luego se puede repartir mejor. Intentar hacerlo al revés es una ilusión que la región ya probó —y pagó— demasiadas veces. La productividad es difícil de explicar, difícil de medir y, ante todo, difícil de mejorar. Pero es ineludible: la única forma sostenible de elevar el nivel de vida de un país es producir más con los mismos recursos. No hay atajos. Tal vez ya sea hora de bajar el volumen del debate anual sobre el salario mínimo y usar esa energía —escasa y valiosa— para hablar en serio de cómo hacer a Guatemala más productiva.