LA AGENDA PARA EL GRADO DE INVERSIÓN

Guatemala ya aprobó el examen macroeconómico; lo que todavía debe aprobar es el examen institucional

Los diagnósticos de las calificadoras de riesgo y del FMI sobre la economía de Guatemala ofrecen una guía bastante clara sobre las reformas que deberían priorizarse para crecer más y acercarse al grado de inversión. Durante las últimas semanas ocurrió algo poco frecuente: dos calificadoras y el FMI emitieron sus opiniones casi al mismo tiempo. Aunque utilizan metodologías distintas y observan variables diferentes, todos llegaron a conclusiones notablemente similares.

Aunque la atención pública suele concentrarse en si nos acercamos o no al grado de inversión, el dato verdaderamente relevante, sin embargo, suele encontrarse detrás de la calificación: las razones que explican por qué un país avanza o se estanca. Y es que la calificación de riesgo es más que un concurso para economistas o un mero ejercicio académico: influye en el costo del financiamiento soberano, en las condiciones de crédito para las empresas y, en última instancia, en la capacidad de una economía para atraer inversión y generar empleo.

Lo interesante es que las tres instituciones coinciden en dos conclusiones fundamentales. La primera es que Guatemala posee fortalezas macroeconómicas poco comunes en América Latina: baja deuda pública, disciplina fiscal, inflación controlada, reservas internacionales elevadas y una política monetaria creíble. Después de décadas de prudencia macroeconómica, el país ha construido un activo valioso que merece ser preservado. La segunda conclusión es todavía más importante: el principal obstáculo para seguir avanzando ya no es macroeconómico; es institucional. 

Las tres opiniones señalan, con distintos matices, los mismos problemas: infraestructura insuficiente, baja inversión, limitada capacidad de ejecución del Estado, debilidad institucional, fragmentación política, rezagos en productividad y dificultades para transformar estabilidad en crecimiento. En otras palabras, Guatemala ya aprobó el examen macroeconómico, pero todavía debe aprobar el examen institucional. Esto debería tener implicaciones directas para la agenda legislativa. Casi siempre el Congreso opera reaccionando a la coyuntura, a las crisis del momento o a iniciativas aisladas que carecen de visión estratégica. Pocas veces hemos contado con una hoja de ruta tan clara sobre cuáles son las reformas que podrían generar mayor impacto económico.

Si tomáramos en serio los mensajes de las calificadoras, la discusión legislativa debería concentrarse en temas como infraestructura, puertos, aeropuertos, alianzas público-privadas, profesionalización del servicio civil, modernización presupuestaria, fortalecimiento del Estado de Derecho, mercados financieros, facilitación del comercio, transparencia y mejora de la capacidad de ejecución del sector público. Y no es porque lo diga una institución internacional ni porque lo demande algún sector en particular, sino porque existe un amplio consenso de que esas son las áreas donde se encuentran hoy los principales cuellos de botella para el desarrollo del país.

El Congreso actual puede avanzar en varias de estas materias. Pero el mensaje es especialmente relevante para quienes aspiren a integrar la próxima legislatura. Más allá de las diferencias ideológicas o partidarias, Guatemala necesita una agenda de reformas orientada a resolver problemas estructurales y no únicamente a administrar urgencias. El diagnóstico está; corresponde a los líderes políticos convertirlo en acciones concretas. La estabilidad macroeconómica nos acercó al grado de inversión, pero serán las reformas institucionales las que determinen si finalmente logramos alcanzarlo.

LA ENERGÍA DE LAS INSTITUCIONES

Asegurar electricidad suficiente y competitiva depende de la calidad de las instituciones que regulan, coordinan y atraen inversión

Hace unos días participé en un foro organizado por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica con motivo de su aniversario. La actividad reunió a autoridades, empresarios, especialistas y representantes municipales para reflexionar sobre el futuro energético del país. La conversación comenzó con la geopolítica, la incertidumbre económica y las tensiones en los mercados energéticos que ocupan cada vez más espacio en el debate público. También se vieron las implicaciones que sobre el crecimiento y los costos para Guatemala ante una eventual escasez de energía. Mi intervención fue sobre una tercera dimensión igualmente importante: la institucional.

A partir de dos realidades innegables –que el mundo seguirá siendo incierto y que la demanda de energía en Guatemala crecerá en los próximos años-, la pregunta clave es si contamos con las instituciones necesarias para responder exitosamente a esos desafíos. La experiencia internacional deja una lección clara: los países rara vez se estancan por falta de recursos naturales; lo hacen porque permiten que la infraestructura estratégica se convierta en un cuello de botella para la inversión y la productividad.

La energía eléctrica es quizás el ejemplo más evidente. Aunque representa una proporción relativamente pequeña del producto interno bruto, prácticamente todas las actividades económicas dependen de ella. Sin energía suficiente, confiable y competitiva, la inversión pierde atractivo, la productividad se resiente y el crecimiento se vuelve más difícil. Por ello resulta preocupante que la demanda eléctrica crezca más rápido que la expansión de ciertas áreas críticas de la infraestructura. El problema no es solo técnico ni financiero; es, en buena medida, institucional.

Guatemala dispone de una ventaja que muchas veces damos por sentada: las reformas impulsadas en los años noventa permitieron ampliar significativamente la cobertura eléctrica, atraer inversión privada, diversificar la matriz energética y consolidar un esquema de regulación técnica relativamente sólido. No es un sistema perfecto, pero sus resultados comparativos han sido positivos. Por eso el primer objetivo debe ser preservar aquello que ha funcionado: competencia, reglas claras, regulación técnica y participación privada.

Pero eso no basta. Los desafíos actuales exigen fortalecer la coordinación entre el Gobierno Central, las municipalidades, las comunidades y los inversionistas; agilizar la resolución de conflictos relacionados con servidumbres y derechos de paso; mejorar la planificación de largo plazo; y, reforzar las capacidades técnicas de las instituciones del sector. La propia Constitución ofrece una guía que sigue teniendo plena vigencia: su artículo 129 declara de urgencia nacional la electrificación del país y reconoce un modelo de colaboración entre los estamentos estatales y la empresa privada. No plantea una disyuntiva entre mercado o Estado sino una alianza entre ambos.

La inversión eléctrica requiere horizontes de veinte o treinta años. Ningún inversionista compromete recursos de esa magnitud si percibe incertidumbre respecto de las reglas del juego. El capital puede convivir con el riesgo; lo que no tolera es la imprevisibilidad. Afortunadamente, Guatemala todavía tiene margen para actuar. Contamos con recursos renovables abundantes, experiencia acumulada y un sector privado con capacidad de inversión. La tarea no consiste en reinventar el modelo, sino en modernizarlo y prepararlo para las próximas décadas. Porque la mejor política energética no es la que reacciona ante una crisis, sino la que evita que esta ocurra.

LA TARDANZA PUEDE SALIR CARA

Modernizar la ley contra el lavado ya no es opcional. Retrasarla tendría costos mayores

En Guatemala solemos cometer un error recurrente en materia legislativa: esperar demasiado tiempo para corregir un problema y, cuando finalmente decidimos hacerlo, pretender resolverlo repentina, indolora y definitivamente. Muchas veces, en ese intento, terminamos entrampando las reformas hasta volverlas políticamente inviables. Algo de eso está ocurriendo con la discusión de la Iniciativa 6593, la nueva Ley Integral para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

El país ya cuenta desde hace años con una legislación en esta materia. Y conviene reconocerlo: esa ley, con todas sus limitaciones, permitió a Guatemala mantener niveles razonables de cumplimiento frente a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Pero el mundo cambió. Las modalidades del crimen financiero evolucionaron, los estándares internacionales se endurecieron y el marco legal guatemalteco empezó a quedarse rezagado.

Por esa razón, desde hace más de cinco años se han presentado distintas iniciativas orientadas a modernizar esta legislación. El problema es que el tema nunca recibió la prioridad política necesaria. Ahora el tiempo empieza a agotarse. En 2027 Guatemala será objeto de una nueva evaluación internacional por parte de GAFI y llegar tarde tendría costos importantes para el país. No se trata únicamente de evitar una mala nota burocrática. Una evaluación negativa podría afectar la reputación internacional de Guatemala, aumentar costos de cumplimiento para bancos y empresas y deteriorar la relación del sistema financiero nacional con mercados y corresponsales internacionales. En un mundo crecientemente vigilante frente al lavado de dinero, la reputación regulatoria también es un activo económico.

 La Iniciativa 6593, aunque perfectible, representa un avance respecto de la legislación vigente. El dictamen favorable de la Comisión de Economía le introdujo mejoras relevantes para fortalecer la certeza jurídica y hacer más proporcionales algunas obligaciones. Y varias de las enmiendas consensuadas posteriormente también contribuyen a perfeccionar el texto. Ese proceso gradual de mejora institucional debería verse como algo normal. La ley vigente mejora con la iniciativa; la iniciativa mejora con el dictamen; y el dictamen mejora con las enmiendas. Pretender que una legislación compleja nazca impecable es desconocer cómo funcionan los procesos democráticos y regulatorios modernos.

Por supuesto, todavía existen aspectos que merecen ajustes adicionales. Uno de ellos es el relacionado con el registro de accionistas y beneficiarios finales. El combate al lavado de dinero exige transparencia razonable, pero también prudencia institucional. La información societaria sensible no debería convertirse en un repositorio masivo, vulnerable o sujeto a accesos indiscriminados. La experiencia comparada muestra que incluso países con alta capacidad institucional han empezado a privilegiar modelos más proporcionales y respetuosos de la privacidad y del debido proceso. Ese tipo de mejoras puede seguir perfeccionándose posteriormente. Pero lo que no parece aconsejable es paralizar nuevamente toda la reforma por la aspiración de alcanzar una versión ideal que probablemente nunca llegará.

Claro que la nueva ley tendrá costos de cumplimiento para diversos actores económicos. Pero la pregunta correcta es si esos costos son menores o mayores que los beneficios de evitar sanciones, preservar la credibilidad del sistema financiero y mantener a Guatemala integrada a la economía internacional. Y la respuesta parece bastante evidente.

EL ENEMIGO COMÚN

Guatemala necesita una estrategia nacional contra el crimen organizado, no otra guerra ideológica estéril

La reciente reunión entre Donald Trump y Lula da Silva dejó una lección política interesante. Dos líderes enfrentados ideológicamente encontraron un espacio de cooperación alrededor de un objetivo común: combatir el crimen organizado transnacional. Más allá de las diferencias sobre comercio o política exterior, ambos comprendieron algo esencial: enfrentar una amenaza sistémica exige coordinar esfuerzos antes que profundizar divisiones.

En Guatemala debemos tomar nota de ello. Nuestro principal enemigo nacional no es el adversario ideológico de turno. No es “la derecha” ni “la izquierda”; no son los empresarios, ni las ONG ni los medios. El verdadero enemigo del Estado de Derecho y del desarrollo es el crimen organizado en sus distintas manifestaciones: narcotráfico, pandillas, redes de extorsión y estructuras dedicadas al saqueo sistemático del Estado mediante corrupción y captura institucional.

El crimen organizado lo conforman estructuras permanentes y coordinadas, compuestas por individuos o grupos que, mediante violencia, intimidación o prácticas ilícitas en el aparato estatal, buscan obtener poder o beneficios ilícitos. El problema no se limita a las drogas o las armas. También incluye las redes que infiltran municipalidades, financian campañas, manipulan contrataciones públicas o capturan instituciones para garantizar impunidad. El objetivo final de estas estructuras no es solo enriquecerse: es controlar territorios, influir políticamente y debilitar la legalidad.

En años recientes se promovió maliciosamente la idea de que la principal amenaza para la política nacional provenía del financiamiento empresarial formal; sin embargo, las evidencias acumuladas —incluyendo investigaciones recientes sobre narcotráfico y caciques locales— sugieren que la fuerza más corrosiva para el sistema político proviene de las economías criminales asociadas al narcotráfico que no solo compran voluntades, sino que capturan territorios, roban elecciones y minan al Estado.

El asunto adquiere mayor relevancia con el nombramiento del nuevo Fiscal General. Más allá de simpatías o antipatías políticas, lo crucial es que las instituciones de seguridad y justicia funcionen con eficacia, independencia técnica, transparencia y coordinación. Lo que la ciudadanía, los inversionistas y la comunidad internacional observan no es la retórica ideológica, sino la capacidad real del Estado para garantizar certeza jurídica, combatir redes criminales y preservar el orden.

Existe, además, una coincidencia geopolítica que Guatemala debería aprovechar inteligentemente. El combate al crimen organizado constituye también una prioridad estratégica para Estados Unidos. Esa convergencia de intereses debería incentivarnos a convertir esta lucha en una política de Estado, respaldada por cooperación internacional, intercambio de inteligencia, fortalecimiento institucional y apoyo técnico.

Pero nada de eso será suficiente si el país continúa atrapado en guerras ideológicas mientras las estructuras criminales avanzan. El crimen organizado prospera cuando las sociedades se fragmentan, las élites se enfrentan entre sí y las instituciones se debilitan. Mientras tanto, el costo económico y social sigue creciendo: menor inversión, deterioro del clima de negocios, migración, y pérdida de confianza. Guatemala necesita una agenda mínima compartida que trascienda ciclos electorales, banderas partidarias y resentimientos ideológicos. Porque cuando un país no logra identificar correctamente a su verdadero enemigo, termina debilitándose a sí mismo mientras las mafias consolidan su poder.

EL ESPEJISMO DE LAS POSTULADORAS

No despolitizaron las designaciones: politizaron la academia

Hace unas semanas abordé las elecciones de segundo grado desde la óptica del riesgo-país. Hoy conviene mirarlas desde otro ángulo: el de las lecciones institucionales que están dejando. En 2026, Guatemala está renovando piezas clave de su arquitectura institucional —Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad, Ministerio Público y Contraloría—, procesos que, aunque indirectos, definen el funcionamiento efectivo del Estado de Derecho. Se trata de un ciclo concentrado de decisiones que reconfiguran el balance de poder.

La apuesta por el sistema que subyace a estos procesos —el de Comisiones de Postulación— fue, en su origen, ambiciosa: despolitizar las designaciones y elevar la calidad de los funcionarios. Hoy, a la luz de los hechos, hay que admitir que esa apuesta no ha cumplido sus objetivos. El problema de fondo es de diagnóstico, no de procedimiento. Se quiso eliminar la política de un proceso que es, por naturaleza, político. El resultado ha sido paradójico: no se despolitizaron las decisiones, sino que se trasladó la política —y, en muchos casos, sus peores prácticas— hacia espacios (la academia y los gremios profesionales) que no estaban diseñados para procesarla.

La evidencia es clara: los procesos mantienen formalidades —convocatorias, tablas de gradación, evaluaciones—, pero las decisiones relevantes suelen tomarse fuera de esos espacios. Persisten señales de captura, negociación previa y discrecionalidad, mientras que la transparencia, aunque mayor, no se traduce en rendición de cuentas efectiva. El resultado es un sistema que combina lo peor de dos mundos: ni asegura independencia ni garantiza responsabilidad. A diferencia de los políticos electos, los comisionados no rinden cuentas ante la ciudadanía. Y, a diferencia de sistemas abiertamente políticos, el proceso carece de mecanismos claros de responsabilidad por las decisiones tomadas.

Quisimos sacar la política por la puerta…
y regresó por la ventana, con toga académica.

Sería injusto ignorar los avances. En este ciclo se han cumplido plazos, ha habido participación amplia y observación relevante. Pero esos logros, siendo valiosos, no compensan los problemas estructurales: opacidad en decisiones clave, exclusión de perfiles idóneos y dudas persistentes sobre la calidad de las designaciones. La conclusión incómoda es que “el remedio salió peor que la enfermedad”. La solución de fondo —revertir el modelo constitucional y devolver la responsabilidad a autoridades electas, bajo esquemas de nombramientos escalonados y contrapesos— es conceptualmente sólida, pero políticamente compleja. Las democracias avanzadas no eliminan la política de estos procesos; la ordenan y la hacen responsable.

Mientras tanto, hay un espacio más realista de reforma. Si el sistema de postuladoras va a persistir, debe corregir sus incentivos. Eso implica, al menos, tres ajustes. Primero, reconocer explícitamente la naturaleza política del proceso: negarla solo la desplaza hacia la informalidad. Segundo, abandonar el formalismo vacío: la evaluación debe centrarse en mérito sustantivo —trayectoria, independencia, criterio— y no en acumulación mecánica de puntos. Tercero, mejorar la integración y operación de las comisiones: reglas claras de conflicto de interés, estándares mínimos para quienes participan y trazabilidad real de las decisiones.

En el fondo, el problema no es quién decide, sino bajo qué incentivos decide. Las elecciones de segundo grado de 2026 están dejando una lección que conviene no desaprovechar: las instituciones no se blindan sustituyendo actores, sino diseñando sistemas donde las decisiones correctas sean, también, las más convenientes para quienes las toman.

LA CLAVE DE LA PROSPERIDAD

Más allá de la estabilidad macro, el desafío es elevar la productividad del país

En una entrevista reciente me pidieron resumir, en una frase, la situación económica de Guatemala. Respondí recurriendo a una imagen que he utilizado en varias ocasiones: somos una economía con doble personalidad: una disciplinada —con estabilidad macroeconómica, inflación controlada y prudencia fiscal— convive con una rezagada —mediocre crecimiento, escasa inversión y productividad insuficiente. No es una metáfora caprichosa. Los datos lo confirman: fundamentos macroeconómicos razonablemente sólidos coexisten con un desempeño estructural gris. Crecemos, sí, pero no lo suficiente para cerrar brechas de ingreso ni para transformar sostenidamente las condiciones de vida de la mayoría. La pregunta relevante es, entonces, por qué no logramos traducir estabilidad en prosperidad. La respuesta —incómoda— es conocida: baja productividad sistémica.

En un reciente artículo, el Nobel de Economía Michael Spence retoma una idea central de la teoría del crecimiento: la prosperidad sostenida no surge del consumo, ni de los ciclos externos favorables, sino de aumentos en la productividad, impulsados por tres motores fundamentales: especialización, innovación y acceso a mercados amplios. Todo ello, facilitado por el comercio y por instituciones sólidas. Visto desde Guatemala, el contraste es evidente. Nuestra economía sigue dependiendo en exceso del consumo —particularmente de las remesas— y adolece de niveles persistentemente bajos de inversión. La innovación es incipiente, y aunque somos una economía relativamente abierta, no hemos logrado insertarnos plenamente en cadenas de valor dinámicas.

 Pero el punto más crítico —y menos comprendido en el debate público— es el institucional. La productividad no es solo un fenómeno tecnológico o empresarial; es, ante todo, un resultado sistémico. Depende del conjunto de reglas formales e informales que estructuran los incentivos (certeza jurídica, calidad regulatoria, funcionamiento de la justicia, eficiencia del Estado), que determinan si los recursos se asignan hacia actividades productivas o se diluyen en la informalidad, la captura o la ineficiencia. Sin instituciones que reduzcan la incertidumbre y premien la inversión, la productividad no despega. Esto tiene implicaciones que van más allá del diseño de políticas públicas. Supone también un cambio en el imaginario colectivo. Durante años hemos celebrado —con razón— la estabilidad macroeconómica. Pero hemos sido menos exigentes en materia de productividad. Quizá sea momento de ajustar prioridades.

Si el sector empresarial quiere crecer, su agenda no puede limitarse a defender la estabilidad macro; debe apostar más por la promoción del libre mercado y de la certeza jurídica, la reducción de barreras, la adopción tecnológica y el capital humano. Si la sociedad civil aspira a mayor inclusión, no basta con redistribuir: también debe promover condiciones para generar riqueza sostenida. Y si el Estado busca resultados duraderos, deberá asumir que las reformas institucionales —aunque complejas— son la única vía para elevar la productividad.

Los caminos son conocidos: simplificar trámites, digitalizar servicios públicos, fortalecer la justicia, invertir en infraestructura y profundizar la apertura comercial. Nada de esto es novedoso. Lo difícil, como siempre, ha sido hacerlo de forma consistente. La economía guatemalteca no carece de fortalezas, pero estas, por sí solas, no bastan. La estabilidad es necesaria, pero no suficiente. La prosperidad tiene una clave más exigente: elevar la productividad del sistema en su conjunto. Y eso, como sabemos, no ocurre por inercia.

TRADICIÓN QUE CREA VALOR

Semana Santa: cultura viva que une, produce y sostiene al país

Cada año, la Semana Santa guatemalteca logra algo poco frecuente en la vida pública: suspende el ruido. Aun quienes no profesan la fe se detienen ante la solemnidad de las procesiones, el esplendor de las andas, la espesura del incienso que marca el paso del tiempo y esos silencios densos que, por un momento, nos ordenan. Hay ahí una forma de coordinación social que no pasa por decretos ni por presupuestos, sino por acuerdos tácitos, repetidos y perfeccionados generación tras generación.

En economía solemos hablar de “capital social” para referirnos a redes de confianza y normas compartidas que reducen los costos de transacción. La Semana Santa —y, en general, las diversas expresiones de cultura popular— es una fábrica de ese capital. Organiza miles de voluntades, alinea incentivos, transmite reglas no escritas y produce bienes valiosos públicos: convivencia, identidad, pertenencia y cooperación. No es algo menor en un país donde la desconfianza institucional es elevada.

Además, la tradición no es estática. Como bien apunta Chango Spasiuk, no es repetición mecánica de costumbres, sino una fuerza viva que se reinventa en el presente. En Guatemala lo vemos con claridad: innovaciones en diseño de alfombras, mejoras en logística de recorridos, nuevas generaciones que reinterpretan la música sacra y los oficios. Es un proceso evolutivo, no un museo.

También hay un ángulo económico más directo. La Semana Santa moviliza cadenas de valor completas: turismo, hotelería, transporte, gastronomía, artesanía, floricultura, música, conservación de bienes culturales. Genera empleo temporal y permanente, derrama ingresos en múltiples territorios y, bien gestionada, puede elevar la productividad local. Es, en términos sencillos, una “industria cultural” con profundas raíces comunitarias. Sin embargo, nuestra política pública trata estas expresiones como si fueran un lujo ornamental. El resultado es subinversión, coordinación deficiente y, en ocasiones, regulaciones improvisadas que encarecen o dificultan la organización. Aquí hay una oportunidad clara: diseñar políticas que potencien —sin capturar ni burocratizar— estas dinámicas.

¿Qué implicaría un enfoque sensato? Primero, infraestructura y servicios públicos a la altura de la escala del evento: movilidad, limpieza, seguridad, información. Segundo, esquemas de cofinanciamiento transparentes para la conservación del patrimonio material e inmaterial. Tercero, reglas claras y simples que reduzcan fricciones a organizadores y participantes. Cuarto, medición: cuantificar el impacto económico y social para asignar recursos con criterio, no por intuición. Y, sobre todo, respeto por la autonomía de las comunidades, hermandades y cofradías que sostienen la tradición.

Hay un punto de fondo. En tiempos de polarización, las sociedades necesitan espacios donde reconocerse sin intermediarios. La cultura popular cumple esa función: es un lenguaje común que no depende de alineamientos partidarios. Invertir en ella no es un gesto romántico; es una política de cohesión social con retornos en gobernabilidad. Guatemala posee en la Semana Santa un activo extraordinario y, como suele ocurrir con lo propio, lo damos por descontado. Privilegiando lo espiritual y respetando lo cultural, conviene también mirarlo con ojos económicos: como un sistema complejo que genera valor, coordina conductas y fortalece instituciones informales. La tradición, bien entendida, no mira hacia atrás; empuja hacia adelante. Y si el Estado decide acompañarla con inteligencia, el país entero gana.