EL ENEMIGO COMÚN

Guatemala necesita una estrategia nacional contra el crimen organizado, no otra guerra ideológica estéril

La reciente reunión entre Donald Trump y Lula da Silva dejó una lección política interesante. Dos líderes enfrentados ideológicamente encontraron un espacio de cooperación alrededor de un objetivo común: combatir el crimen organizado transnacional. Más allá de las diferencias sobre comercio o política exterior, ambos comprendieron algo esencial: enfrentar una amenaza sistémica exige coordinar esfuerzos antes que profundizar divisiones.

En Guatemala debemos tomar nota de ello. Nuestro principal enemigo nacional no es el adversario ideológico de turno. No es “la derecha” ni “la izquierda”; no son los empresarios, ni las ONG ni los medios. El verdadero enemigo del Estado de Derecho y del desarrollo es el crimen organizado en sus distintas manifestaciones: narcotráfico, pandillas, redes de extorsión y estructuras dedicadas al saqueo sistemático del Estado mediante corrupción y captura institucional.

El crimen organizado lo conforman estructuras permanentes y coordinadas, compuestas por individuos o grupos que, mediante violencia, intimidación o prácticas ilícitas en el aparato estatal, buscan obtener poder o beneficios ilícitos. El problema no se limita a las drogas o las armas. También incluye las redes que infiltran municipalidades, financian campañas, manipulan contrataciones públicas o capturan instituciones para garantizar impunidad. El objetivo final de estas estructuras no es solo enriquecerse: es controlar territorios, influir políticamente y debilitar la legalidad.

En años recientes se promovió maliciosamente la idea de que la principal amenaza para la política nacional provenía del financiamiento empresarial formal; sin embargo, las evidencias acumuladas —incluyendo investigaciones recientes sobre narcotráfico y caciques locales— sugieren que la fuerza más corrosiva para el sistema político proviene de las economías criminales asociadas al narcotráfico que no solo compran voluntades, sino que capturan territorios, roban elecciones y minan al Estado.

El asunto adquiere mayor relevancia con el nombramiento del nuevo Fiscal General. Más allá de simpatías o antipatías políticas, lo crucial es que las instituciones de seguridad y justicia funcionen con eficacia, independencia técnica, transparencia y coordinación. Lo que la ciudadanía, los inversionistas y la comunidad internacional observan no es la retórica ideológica, sino la capacidad real del Estado para garantizar certeza jurídica, combatir redes criminales y preservar el orden.

Existe, además, una coincidencia geopolítica que Guatemala debería aprovechar inteligentemente. El combate al crimen organizado constituye también una prioridad estratégica para Estados Unidos. Esa convergencia de intereses debería incentivarnos a convertir esta lucha en una política de Estado, respaldada por cooperación internacional, intercambio de inteligencia, fortalecimiento institucional y apoyo técnico.

Pero nada de eso será suficiente si el país continúa atrapado en guerras ideológicas mientras las estructuras criminales avanzan. El crimen organizado prospera cuando las sociedades se fragmentan, las élites se enfrentan entre sí y las instituciones se debilitan. Mientras tanto, el costo económico y social sigue creciendo: menor inversión, deterioro del clima de negocios, migración, y pérdida de confianza. Guatemala necesita una agenda mínima compartida que trascienda ciclos electorales, banderas partidarias y resentimientos ideológicos. Porque cuando un país no logra identificar correctamente a su verdadero enemigo, termina debilitándose a sí mismo mientras las mafias consolidan su poder.

EL ESPEJISMO DE LAS POSTULADORAS

No despolitizaron las designaciones: politizaron la academia

Hace unas semanas abordé las elecciones de segundo grado desde la óptica del riesgo-país. Hoy conviene mirarlas desde otro ángulo: el de las lecciones institucionales que están dejando. En 2026, Guatemala está renovando piezas clave de su arquitectura institucional —Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad, Ministerio Público y Contraloría—, procesos que, aunque indirectos, definen el funcionamiento efectivo del Estado de Derecho. Se trata de un ciclo concentrado de decisiones que reconfiguran el balance de poder.

La apuesta por el sistema que subyace a estos procesos —el de Comisiones de Postulación— fue, en su origen, ambiciosa: despolitizar las designaciones y elevar la calidad de los funcionarios. Hoy, a la luz de los hechos, hay que admitir que esa apuesta no ha cumplido sus objetivos. El problema de fondo es de diagnóstico, no de procedimiento. Se quiso eliminar la política de un proceso que es, por naturaleza, político. El resultado ha sido paradójico: no se despolitizaron las decisiones, sino que se trasladó la política —y, en muchos casos, sus peores prácticas— hacia espacios (la academia y los gremios profesionales) que no estaban diseñados para procesarla.

La evidencia es clara: los procesos mantienen formalidades —convocatorias, tablas de gradación, evaluaciones—, pero las decisiones relevantes suelen tomarse fuera de esos espacios. Persisten señales de captura, negociación previa y discrecionalidad, mientras que la transparencia, aunque mayor, no se traduce en rendición de cuentas efectiva. El resultado es un sistema que combina lo peor de dos mundos: ni asegura independencia ni garantiza responsabilidad. A diferencia de los políticos electos, los comisionados no rinden cuentas ante la ciudadanía. Y, a diferencia de sistemas abiertamente políticos, el proceso carece de mecanismos claros de responsabilidad por las decisiones tomadas.

Quisimos sacar la política por la puerta…
y regresó por la ventana, con toga académica.

Sería injusto ignorar los avances. En este ciclo se han cumplido plazos, ha habido participación amplia y observación relevante. Pero esos logros, siendo valiosos, no compensan los problemas estructurales: opacidad en decisiones clave, exclusión de perfiles idóneos y dudas persistentes sobre la calidad de las designaciones. La conclusión incómoda es que “el remedio salió peor que la enfermedad”. La solución de fondo —revertir el modelo constitucional y devolver la responsabilidad a autoridades electas, bajo esquemas de nombramientos escalonados y contrapesos— es conceptualmente sólida, pero políticamente compleja. Las democracias avanzadas no eliminan la política de estos procesos; la ordenan y la hacen responsable.

Mientras tanto, hay un espacio más realista de reforma. Si el sistema de postuladoras va a persistir, debe corregir sus incentivos. Eso implica, al menos, tres ajustes. Primero, reconocer explícitamente la naturaleza política del proceso: negarla solo la desplaza hacia la informalidad. Segundo, abandonar el formalismo vacío: la evaluación debe centrarse en mérito sustantivo —trayectoria, independencia, criterio— y no en acumulación mecánica de puntos. Tercero, mejorar la integración y operación de las comisiones: reglas claras de conflicto de interés, estándares mínimos para quienes participan y trazabilidad real de las decisiones.

En el fondo, el problema no es quién decide, sino bajo qué incentivos decide. Las elecciones de segundo grado de 2026 están dejando una lección que conviene no desaprovechar: las instituciones no se blindan sustituyendo actores, sino diseñando sistemas donde las decisiones correctas sean, también, las más convenientes para quienes las toman.

LA CLAVE DE LA PROSPERIDAD

Más allá de la estabilidad macro, el desafío es elevar la productividad del país

En una entrevista reciente me pidieron resumir, en una frase, la situación económica de Guatemala. Respondí recurriendo a una imagen que he utilizado en varias ocasiones: somos una economía con doble personalidad: una disciplinada —con estabilidad macroeconómica, inflación controlada y prudencia fiscal— convive con una rezagada —mediocre crecimiento, escasa inversión y productividad insuficiente. No es una metáfora caprichosa. Los datos lo confirman: fundamentos macroeconómicos razonablemente sólidos coexisten con un desempeño estructural gris. Crecemos, sí, pero no lo suficiente para cerrar brechas de ingreso ni para transformar sostenidamente las condiciones de vida de la mayoría. La pregunta relevante es, entonces, por qué no logramos traducir estabilidad en prosperidad. La respuesta —incómoda— es conocida: baja productividad sistémica.

En un reciente artículo, el Nobel de Economía Michael Spence retoma una idea central de la teoría del crecimiento: la prosperidad sostenida no surge del consumo, ni de los ciclos externos favorables, sino de aumentos en la productividad, impulsados por tres motores fundamentales: especialización, innovación y acceso a mercados amplios. Todo ello, facilitado por el comercio y por instituciones sólidas. Visto desde Guatemala, el contraste es evidente. Nuestra economía sigue dependiendo en exceso del consumo —particularmente de las remesas— y adolece de niveles persistentemente bajos de inversión. La innovación es incipiente, y aunque somos una economía relativamente abierta, no hemos logrado insertarnos plenamente en cadenas de valor dinámicas.

 Pero el punto más crítico —y menos comprendido en el debate público— es el institucional. La productividad no es solo un fenómeno tecnológico o empresarial; es, ante todo, un resultado sistémico. Depende del conjunto de reglas formales e informales que estructuran los incentivos (certeza jurídica, calidad regulatoria, funcionamiento de la justicia, eficiencia del Estado), que determinan si los recursos se asignan hacia actividades productivas o se diluyen en la informalidad, la captura o la ineficiencia. Sin instituciones que reduzcan la incertidumbre y premien la inversión, la productividad no despega. Esto tiene implicaciones que van más allá del diseño de políticas públicas. Supone también un cambio en el imaginario colectivo. Durante años hemos celebrado —con razón— la estabilidad macroeconómica. Pero hemos sido menos exigentes en materia de productividad. Quizá sea momento de ajustar prioridades.

Si el sector empresarial quiere crecer, su agenda no puede limitarse a defender la estabilidad macro; debe apostar más por la promoción del libre mercado y de la certeza jurídica, la reducción de barreras, la adopción tecnológica y el capital humano. Si la sociedad civil aspira a mayor inclusión, no basta con redistribuir: también debe promover condiciones para generar riqueza sostenida. Y si el Estado busca resultados duraderos, deberá asumir que las reformas institucionales —aunque complejas— son la única vía para elevar la productividad.

Los caminos son conocidos: simplificar trámites, digitalizar servicios públicos, fortalecer la justicia, invertir en infraestructura y profundizar la apertura comercial. Nada de esto es novedoso. Lo difícil, como siempre, ha sido hacerlo de forma consistente. La economía guatemalteca no carece de fortalezas, pero estas, por sí solas, no bastan. La estabilidad es necesaria, pero no suficiente. La prosperidad tiene una clave más exigente: elevar la productividad del sistema en su conjunto. Y eso, como sabemos, no ocurre por inercia.

TRADICIÓN QUE CREA VALOR

Semana Santa: cultura viva que une, produce y sostiene al país

Cada año, la Semana Santa guatemalteca logra algo poco frecuente en la vida pública: suspende el ruido. Aun quienes no profesan la fe se detienen ante la solemnidad de las procesiones, el esplendor de las andas, la espesura del incienso que marca el paso del tiempo y esos silencios densos que, por un momento, nos ordenan. Hay ahí una forma de coordinación social que no pasa por decretos ni por presupuestos, sino por acuerdos tácitos, repetidos y perfeccionados generación tras generación.

En economía solemos hablar de “capital social” para referirnos a redes de confianza y normas compartidas que reducen los costos de transacción. La Semana Santa —y, en general, las diversas expresiones de cultura popular— es una fábrica de ese capital. Organiza miles de voluntades, alinea incentivos, transmite reglas no escritas y produce bienes valiosos públicos: convivencia, identidad, pertenencia y cooperación. No es algo menor en un país donde la desconfianza institucional es elevada.

Además, la tradición no es estática. Como bien apunta Chango Spasiuk, no es repetición mecánica de costumbres, sino una fuerza viva que se reinventa en el presente. En Guatemala lo vemos con claridad: innovaciones en diseño de alfombras, mejoras en logística de recorridos, nuevas generaciones que reinterpretan la música sacra y los oficios. Es un proceso evolutivo, no un museo.

También hay un ángulo económico más directo. La Semana Santa moviliza cadenas de valor completas: turismo, hotelería, transporte, gastronomía, artesanía, floricultura, música, conservación de bienes culturales. Genera empleo temporal y permanente, derrama ingresos en múltiples territorios y, bien gestionada, puede elevar la productividad local. Es, en términos sencillos, una “industria cultural” con profundas raíces comunitarias. Sin embargo, nuestra política pública trata estas expresiones como si fueran un lujo ornamental. El resultado es subinversión, coordinación deficiente y, en ocasiones, regulaciones improvisadas que encarecen o dificultan la organización. Aquí hay una oportunidad clara: diseñar políticas que potencien —sin capturar ni burocratizar— estas dinámicas.

¿Qué implicaría un enfoque sensato? Primero, infraestructura y servicios públicos a la altura de la escala del evento: movilidad, limpieza, seguridad, información. Segundo, esquemas de cofinanciamiento transparentes para la conservación del patrimonio material e inmaterial. Tercero, reglas claras y simples que reduzcan fricciones a organizadores y participantes. Cuarto, medición: cuantificar el impacto económico y social para asignar recursos con criterio, no por intuición. Y, sobre todo, respeto por la autonomía de las comunidades, hermandades y cofradías que sostienen la tradición.

Hay un punto de fondo. En tiempos de polarización, las sociedades necesitan espacios donde reconocerse sin intermediarios. La cultura popular cumple esa función: es un lenguaje común que no depende de alineamientos partidarios. Invertir en ella no es un gesto romántico; es una política de cohesión social con retornos en gobernabilidad. Guatemala posee en la Semana Santa un activo extraordinario y, como suele ocurrir con lo propio, lo damos por descontado. Privilegiando lo espiritual y respetando lo cultural, conviene también mirarlo con ojos económicos: como un sistema complejo que genera valor, coordina conductas y fortalece instituciones informales. La tradición, bien entendida, no mira hacia atrás; empuja hacia adelante. Y si el Estado decide acompañarla con inteligencia, el país entero gana.

LA ECONOMÍA DE LAS GUERRAS LEJANAS

La guerra en el Golfo Pérsico puede sacudir la economía global: conviene reaccionar con prudencia

Las guerras se libran tanto en los campos de batalla como, de manera silenciosa, en los mercados energéticos, en las cadenas logísticas globales y, finalmente, en los bolsillos de millones de personas. El conflicto actual en el Golfo Pérsico tiene precisamente ese potencial. En una economía mundial altamente integrada, una perturbación geopolítica en una región estratégica puede generar efectos económicos globales. La razón es simple: por el estrecho de Ormuz transita una porción importante del petróleo y del gas natural que consume el planeta. Si ese flujo se interrumpe o se vuelve incierto, los precios de la energía subirán y con ellos el transporte, los fertilizantes, los alimentos y buena parte de la actividad productiva.

Aunque hoy la economía mundial es menos intensiva en energía que en los años setenta —cuando los shocks petroleros provocaron inflación y estancamiento—, una disrupción suficientemente grande en los mercados energéticos aún puede generar presiones inflacionarias y alterar decisiones de inversión y consumo.

Para Guatemala —como para muchas economías pequeñas y abiertas— el principal canal de transmisión será el precio de los combustibles y otros insumos. Cuando el petróleo sube, aumentan los costos de transporte y producción, lo que eventualmente conlleva precios internos más altos. Además, el país debe destinar más divisas para pagar esas importaciones, lo que puede presionar el balance externo si el shock se prolonga. Hasta ahora, sin embargo, los indicios apuntan a que el impacto directo podría ser moderado en el corto plazo. Analistas del sector logístico señalan que Guatemala no depende de rutas marítimas que atraviesen directamente la zona del conflicto, por lo que los efectos iniciales serían indirectos, principalmente a través del precio del combustible y de los costos de los fletes internacionales.

 La verdadera incógnita no es tanto el impacto inicial como la duración del conflicto. Las guerras —especialmente en regiones geopolíticamente sensibles— evolucionan según decisiones políticas impredecibles. Por ello, sería imprudente reaccionar con “ocurrencias” de política económica que, aunque bien intencionadas, terminen generando más distorsiones que soluciones. Conviene recordar una lección básica de economía: en situaciones de escasez o choque externo, los precios cumplen una función de señal. Cuando suben, transmiten información sobre la nueva realidad de costos y ayudan a que consumidores y empresas ajusten su comportamiento. Interferir excesivamente en ese mecanismo —por ejemplo mediante controles de precios o subsidios improvisados— suele producir escasez, incentivos perversos y mayores presiones fiscales.

La respuesta más sensata ante shocks externos no es el intervencionismo apresurado, sino la prudencia macroeconómica. Guatemala cuenta con algunos amortiguadores importantes: inflación relativamente controlada, reservas internacionales adecuadas y un sistema financiero sólido. Preservar esos amortiguadores es probablemente la mejor estrategia para atravesar episodios de turbulencia internacional. Finalmente, conviene recordar que incluso los conflictos más intensos suelen terminar antes de lo que muchos anticipan. No sería extraño que, ante los riesgos económicos de una guerra prolongada, Estados Unidos opte en algún momento por declarar una victoria prematura y dar por concluido el conflicto. Si algo enseña la historia económica es que los mercados reaccionan rápidamente al inicio de las guerras… pero también a su final. En tiempos de incertidumbre, la prudencia sigue siendo la mejor política económica.

ELECCIONES SECUNDARIAS Y RIESGO-PAÍS

La estabilidad macro depende, en última instancia, de la calidad institucional

En 2026 Guatemala vive una convergencia inédita de relevos en instituciones clave del Estado. El calendario político —que abarca la elección de magistrados de la CC y del TSE, Fiscal General, rector de la USAC, Contralor General, Presidente del Banco de Guatemala y Superintendente de Bancos, entre otros— reconfigurará el equilibrio institucional del país. No es un detalle procedimental: es un evento macroinstitucional.

Estos procesos, conocidos como “elecciones de segundo grado”, suelen estar rodeados de litigios, presiones corporativas, intentos de captura y polarización política. Este año, además, confluyen en pocos meses. La simultaneidad eleva la incertidumbre. Desde la perspectiva del riesgo-país, la preocupación no es ideológica; es técnica. Las calificadoras internacionales han advertido reiteradamente que los riesgos sociopolíticos se transmiten al crédito soberano por cuatro canales: gobernabilidad, cambios de política, desempeño económico y volatilidad financiera. América Latina ofrece ejemplos abundantes al respecto.

Cuando estos procesos de designación se judicializan en exceso, se retrasan o pierden credibilidad, el primer canal afectado es la gobernabilidad. Si, además, las nuevas autoridades electas llegan a generar dudas sobre su independencia técnica o su probidad, se activa el segundo: riesgo de cambios abruptos en políticas públicas o de debilitamiento institucional. El resultado suele ser una mayor prima de riesgo, menor inversión y menor crecimiento económico potencial.

El riesgo no es inmediato ni automático; es gradual y acumulativo, pero es real

Cierto es que Guatemala parte de fortalezas macroeconómicas innegables: deuda pública relativamente baja, estabilidad monetaria, reservas internacionales adecuadas. Pero no opera en el vacío. Su crecimiento ha sido relativamente modesto; su Congreso está fragmentado; la calidad legislativa es irregular; la justicia enfrenta cuestionamientos; la corrupción persiste como amenaza latente; el crimen organizado penetra en instituciones y territorios; el entorno internacional es más proteccionista y volátil que hace una década. Es decir, nuestros amortiguadores macro existen, pero nuestros cimientos institucionales no siempre son igual de sólidos.

En este contexto, la integración de la CC y del TSE afecta crucialmente la certeza jurídica y la estabilidad política futura. La designación del Fiscal General incide en la percepción de Estado de Derecho. La elección del Presidente del Banco de Guatemala y del Superintendente de Bancos no es un asunto corporativo; es una señal a los mercados sobre la continuidad de la disciplina monetaria y financiera. La Contraloría impacta la credibilidad fiscal. Cada pieza importa. Los mercados no reaccionan a discursos, sino a expectativas racionales sobre reglas. Si las reglas se perciben frágiles o capturables, el costo del financiamiento aumenta, incluso si las variables macro actuales lucen sanas. El riesgo no es inmediato ni automático; es gradual y acumulativo. Pero es real.

Por eso el llamado es sencillo: cordura, respeto a los plazos legales, transparencia en las postulaciones y criterios meritocráticos en las designaciones. No se trata de satisfacer a actores externos; se trata de preservar el activo más valioso que un país pequeño y abierto puede tener: credibilidad. Un fracaso en estos procesos no dañaría solo a las instituciones involucradas. Dañaría la reputación crediticia del país y, con ello, el clima de inversión, el crecimiento y el bienestar. La estabilidad macro se construye en los balances; la confianza, en las instituciones. 2026 no es solo un calendario político; es una prueba de madurez republicana.

TRÁFICO, PODER Y COORDINACIÓN

 El atasco capitalino es, ante todo, un problema de coordinación institucional

En la Ciudad de Guatemala ya no hay hora pico: el atasco no es un evento, sino un estado permanente. Recorrer 30 kilómetros puede tomar horas; a cualquier hora hay atascos. El problema es tan grave que la prestigiosa revista The Economist publicó recientemente un artículo sobre este grave problema en la urbe más grande de Centroamérica. Los costos son tangibles. Se estima que los guatemaltecos pierden alrededor de Q1,300 mensuales en productividad por congestión y que el impacto agregado ronda los US$4 mil millones al año. No hablamos solo de incomodidad, sino de competitividad, acceso a servicios, contaminación y oportunidades perdidas. El tiempo de traslado se convierte en un costo que perjudica el crecimiento.

En semanas recientes, algunas municipalidades y sectores empresariales han pedido al Gobierno acelerar la puesta en marcha de la Dirección de Infraestructura Prioritaria (DIPP) y ejecutar los recursos presupuestarios aprobados para obras estratégicas. Tienen razón en algo esencial: no es defendible que una entidad como la DIPP, creada para agilizar proyectos, arranque con tanta lentitud en un contexto de urgencia económica y social. Pero el Gobierno también señala una realidad incómoda: la infraestructura vial arrastra una historia de planificación débil, ejecución fragmentada y recurrente corrupción. Los grandes proyectos han sido, con frecuencia, sinónimo de sobrecostos, opacidad y litigios. La desconfianza no surge en el vacío.

El problema es que, mientras se discute sobre recursos y megaproyectos, el núcleo del desafío es, esencialmente, institucional. Es importante tener claro que en muchas megaciudades alrededor del mundo la congestión no obedece solo a falta de inversión, sino a una gobernanza fragmentada: autoridades superpuestas, escasa coordinación y ausencia de visión metropolitana. Donde no hay articulación, el transporte no conecta con la expansión urbana y las decisiones se contradicen.

La experiencia internacional demuestra que las ciudades que han ordenado su crecimiento no lo han hecho solo a fuerza de chequera, sino con arreglos institucionales claros. El caso de Tokio es un ejemplo de una autoridad metropolitana que coordina funciones estratégicas, mientras gobiernos locales gestionan servicios de proximidad bajo competencias bien delimitadas. La inversión importa, pero la arquitectura institucional es decisiva.

¿Qué hacer en Guatemala? Primero, poner en funcionamiento la DIPP sin más dilación, pero con estándares estrictos de transparencia y evaluación costo-beneficio. No basta ejecutar; hay que ejecutar bien. Segundo, el debate debe elevarse del plano político-partidario al plano metropolitano. El tráfico no reconoce fronteras municipales ni afinidades ideológicas. Una autoridad o mecanismo de coordinación metropolitana —con reglas claras, datos compartidos y planificación integrada de uso de suelo y transporte— es indispensable.

Tercero, entender que la solución no es exclusivamente vial. Transporte público eficiente, gestión inteligente del tráfico y ordenamiento territorial son más complejos que inaugurar pasos a desnivel, pero más rentables a largo plazo. Cuarto, fortalecer controles y profesionalización técnica para que la respuesta a la desconfianza no sea la parálisis.

El tráfico no es solo un problema de movilidad. Es un espejo de nuestra dificultad para coordinar y ejecutar políticas públicas en un entorno fragmentado. Mientras discutimos culpas, el reloj corre y los motores siguen encendidos. Destrabar la ciudad exige algo más que asfalto: exige reglas claras, cooperación y visión de largo plazo.