NAVEGAR EN AGUAS TURBULENTAS

 Guatemala debe reforzar sus amortiguadores macroeconómicos ante el nuevo entorno global incierto

El nuevo episodio de proteccionismo global, exacerbado por el gobierno de Estados Unidos, ha sumido a la economía mundial en aguas agitadas. Con aranceles que alcanzan máximos en los últimos cien años —y con reacciones negativas en los mercados de acciones, bonos y divisas—, el entorno global se ha tornado volátil y riesgoso. La OMC advierte que el volumen del comercio mundial podría contraerse este año; el Banco Mundial y el FMI han recortado sus previsiones de crecimiento global; y la inflación, lejos de disiparse, podría repuntar como efecto colateral de los aranceles. La advertencia es clara: estamos navegando un ciclo de creciente incertidumbre internacional.

Guatemala, aunque relativamente blindada y resiliente, no está exenta de riesgos ante esta turbulencia. Nuestras exportaciones hacia los Estados Unidos —que representan más del 30% del total— podrían perder competitividad frente a países como México, que quedó exento del arancel base del 10%. Ya se reportan cancelaciones de pedidos para productos agrícolas clave como frutas y vegetales. Además, un menor crecimiento en los Estados Unidos podría ralentizar el envío de remesas —nuestro principal sostén externo— y generar presiones sobre el tipo de cambio. En este contexto, la primera línea de defensa es nuestra política macroeconómica.

La buena noticia es que no partimos de cero. Contamos con amortiguadores que es menester preservar: una baja deuda pública, un déficit fiscal moderado, un tipo de cambio estable, superávit en la balanza de pagos y un nivel vigoroso de reservas monetarias internacionales. Pero estos colchones no son inmutables. Para mantenerlos, se requiere prudencia sostenida en la política fiscal y disciplina en la política monetaria. No es momento para aventuras fiscales (como la de seguirse endeudando solo para aumentar el gasto público ineficiente), ni para intervencionismos cambiarios. Los errores en estas áreas no se notan de inmediato… pero cuando lo hacen, ya suele ser tarde para corregirlos sin dolor.

La segunda acción es política: urge tomar la iniciativa y sentarse a negociar con los Estados Unidos. El gobierno norteamericano ha señalado formalmente ciertas prácticas administrativas guatemaltecas que considera "desleales". En lugar de caer en la tentación de la confrontación ideológica, convendría ofrecer mejoras regulatorias e institucionales a cambio de un trato arancelario preferencial. No sería la primera vez que corregir una deficiencia interna nos abre una puerta externa. Y en el proceso, se fortalecería nuestra institucionalidad pública.

"Requiere prudencia sostenida en la política fiscal y disciplina en la política monetaria"

Pero quizá lo más importante es mirar más allá de la tormenta coyuntural. Esta crisis debería ser el detonante para retomar una agenda de reformas estructurales que hemos postergado por demasiado tiempo. Mejorar la productividad sistémica requiere inversión en infraestructura, educación, conectividad y tecnología, pero también un Estado funcional, con instituciones confiables, reglas claras y justicia efectiva. La más reciente misión del FMI lo dejó entrever: la estabilidad económica guatemalteca es valiosa, pero necesita ser acompañada por una mejora sustancial en la calidad del gasto público y la gobernanza.

La historia lo ha demostrado: los países que emergen fortalecidos de las crisis no son los que se refugian en la inercia, sino los que las aprovechan para reformar y construir. Guatemala ha demostrado resiliencia. Pero resistir no basta. Ni se trata solo de capear el temporal: se trata de aprovechar la tormenta para corregir el rumbo, a fin de salir de ella más robustos y resilientes.

Los Mensajes del FMI

LA MISIÓN DEL FMI DEJÓ IMPORTANTES MENSAJES PARA LAS AUTORIDADRES ECONÓMICAS (ACTUALES Y FUTURAS)

La misión del Fondo Monetario Internacional -FMI- que visitó al país hace algunos días emitió una declaración sobre la situación económica de Guatemala. El lenguaje de ese tipo de declaraciones refleja un esfuerzo por balancear lo técnico con lo diplomático, por lo que es menester hacer una interpretación (incluso una traducción) adecuada del mismo para extraer lecciones útiles en materia de política económica. Destaco cuatro mensajes clave que intento “traducir”.

Primero, el FMI reconoce la resiliencia del crecimiento y la estabilidad macroeconómica del país ante un entorno internacional adverso, lo que se refleja en los sólidos indicadores que han sido ampliamente reconocidos por los mercados internacionales con una mejor calificación crediticia para el país. El FMI resalta que esa resiliencia y estabilidad son el producto de un historial largo de políticas macroeconómicas (fiscal y monetaria) prudentes. La traducción de este mensaje es que la reconocida solidez macroeconómica de nuestro país no es resultado de una coyuntura ni de un gobierno en particular, sino que se debe a un conjunto de reglas e instituciones -construidas con esfuerzo durante años- que han permitido blindar la política económica de los avatares de la politiquería local y de los choques económicos externos (mensaje relevante especialmente en un año electoral).

Segundo, que la política monetaria, aunque ortodoxa y bien ejecutada, debe seguir afinando el sistema de metas inflacionarias y sus prácticas, particularmente en cuanto a trasladarle al sector privado la gestión de los riesgos de mercado en materia de tipo de cambio. La traducción aquí es que el Banguat debe ponerse menos nervioso ante las normales fluctuaciones cambiarias y bajarle el impulso a sus continuas compra-ventas de dólares, y fomentar el uso de instrumentos (como las coberturas cambiarias) que permitan que sean los agentes económicos privados quienes asuman los riesgos.

Tercero, que son loables los logros recientes de la administración tributaria, pero que queda mucho campo para mejorar las finanzas públicas, específicamente en cuanto a la calidad del gasto público -particularmente en materia de planificación y ejecución de la infraestructura pública-, para lo cual el FMI anuncia que pronto estará evaluando la agenda de inversiones del país para identificar “brechas en el marco de gobernanza”. La traducción de este mensaje es que es imprescindible reformar la gobernanza e institucionalidad del gasto en infraestructura.

Y cuarto, que es necesario retomar las reformas estructurales, fortalecer las instituciones y continuar mejorando el clima de inversión para poder acelerar sosteniblemente el crecimiento económico. El mensaje aquí -que no necesita traducción- es que deben aumentarse los esfuerzos para mejorar la gobernanza y la certeza jurídica, y para garantizar instituciones anticorrupción responsables e independientes, lo cual resulta esencial para mejorar el clima de inversiones. Quien tenga oídos para oír, que oiga.

MÁS ALLÁ DEL CORTO PLAZO

CONVIENE TRASCENDER DESDE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS URGENTES, HACIA LAS IMPORTANTES

Las preocupaciones más acuicantes de la coyuntura económica son la inflación descontrolada y la amenaza de una crisis alimentaria, en el marco de una desaceleración de la producción y del empleo en todo el mundo. Sin embargo, nunca es aconsejable olvidar que, más allá de las preocupaciones de corto plazo, las políticas públicas deben atender los asuntos de más largo alcance. El último reporte del Fondo Monetario Internacional -FMI- sobre la economía guatemalteca (publicado el mes pasado) reconoce que nuestra economía fue notablemente resistente durante la pandemia y que las perspectivas a corto plazo son favorables, pero subraya que persisten importantes brechas sociales y de infraestructura de larga data.

En ese sentido, el desafío más grande para las políticas públicas es cómo provocar un incremento –sostenido a largo plazo- en la tasa de crecimiento económico, tomando en cuenta que Guatemala está rezagada en varios aspectos cuando se compara con otros países de similar nivel de ingresos y de similar calificación de riesgo-país. Según el informe del FMI son tres los objetivos a alcanzar para enfrentar exitosamente dicho desafío: aprovechar el dividendo demográfico (dado que se espera que la población en edad de trabajar crezca un 1.9 por ciento anual hasta 2035), mitigar la emigración y, sobre todo, aumentar la productividad (y, con ella. el crecimiento potencial).

Para alcanzar esos objetivos hay que, primero, cobrar conciencia de que Guatemala se compara mal en relación con otros países similares en materia de educación (los indicadores de aprendizaje según la escolaridad son muy bajos), gobernabilidad (debido a debido los débiles indicadores de Estado de derecho, de control de la corrupción, y de homicidios), infraestructura (con carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos muy precarios) y costos laborales formales (con un salario mínimo relativo al PIB entre los más altos de los países de ingresos medios, y una regulación aún incompleta del empleo a tiempo parcial). Todos estos factores se relacionan con un clima de negocios incierto y con baja productividad sistémica.

Las soluciones a estos rezagos implican acciones concretas, incluyendo reformas institucionales clave. Por una parte, hay que abordar las debilidades estructurales en el mercado laboral (por ejemplo, habilitando en el IGSS la formalización del trabajo a tiempo parcial). Es esencial también -para elevar la productividad y el potencial económico- mejorar el clima de negocios y la gobernanza (incluyendo mejoras institucionales en el sistema judicial, en el propio Organismo Legislativo y, por ende, en el sistema electoral). También es necesario profundizar la simplificación de trámites burocráticos. El sistema educativo y magisterial también debe ser fortalecido profundamente. Y, por supuesto, la forma en que se planifica, construye, supervisa y mantiene la infraestructura pública debe ser objeto de una reforma de fondo. Trascender de las políticas de corto plazo (las urgentes) hacia las de largo plazo (las importantes) no es políticamente sencillo, pero es crucial para el futuro del país.

La Economía Desacelerada

Las medidas más importantes para acelerar el crecimiento económico son de carácter estructural: reforma política del Estado, focalización del gasto público, mejora del clima de inversión. Si no aumenta la inversión (pública y, principalmente, privada), no habrá progreso posible

Desde hace tres años la economía nacional ha venido reduciendo su ritmo de crecimiento, como lo atestiguan la mayoría de indicadores. El Fondo Monetario Internacional -FMI-, en su recién publicado análisis anual sobre Guatemala, señala que el principal desafío del país es la lentitud de su crecimiento económico. Ese crecimiento no solo ha sido, por décadas, menor al de otros países de similar nivel de desarrollo, sino que se ha ralentizado en los últimos meses.

Las razones detrás de dicha desaceleración tienen que ver, según ese reporte, con un continuo debilitamiento de la confianza de los empresarios e inversionistas, un restringido gasto gubernamental, y un desplome en actividades tales como la minería o la producción hidroeléctrica (afectadas por decisiones judiciales de suspensión de actividades), todo ello en medio de un clima enrarecido por la falta de certidumbre política y jurídica.

Si bien es cierto que las remesas familiares han ayudado a sostener el consumo de los hogares (principal motor de la producción nacional), dichos ingresos también han empezado a desacelerarse. Y aunque las políticas monetaria (que ha mantenido controlada la inflación) y fiscal (que ha mantenido el déficit bajo control) han logrado mantener la estabilidad macroeconómica en medio de las tensiones políticas prevalecientes, el bajo ritmo de crecimiento económico continúa siendo el obstáculo principal que impide mejorar los indicadores sociales y de gobernabilidad del país.

El FMI ha sido explícito respecto de las recomendaciones a seguir para revertir esto. Los expertos del organismo internacional indican que, en el corto plazo, las políticas de demanda agregada pueden, por dos vías, darle un empujoncito a la alicaída economía. Por un lado, un impulso fiscal a través de un mayor gasto gubernamental, que implicaría un (moderadamente) mayor déficit fiscal. Y, por otro, una política monetaria más relajada (en tanto que la inflación continúe baja), que implicaría una eventual reducción de las tasas de interés y una depreciación del tipo de cambio.

Pero las medidas más importantes para acelerar el crecimiento económico son, según los expertos, de carácter estructural. Por un lado, para aumentar la inversión pública toca mejorar la recaudación fiscal y la calidad del gasto. Y, por otro lado, para incrementar la inversión privada (la más significativa en términos cuantitativos) toca realizar los cambios institucionales (sistema político, sector justicia, servicio civil, control del gasto) indispensables para mejorar el clima de negocios, dar certeza jurídica, proveer servicios básicos (seguridad, salud, educación, carreteras) que mejoren la productividad y, crucialmente, profundizar la lucha contra la corrupción. Sin estas reformas la tasa de inversión seguirá siendo una de las más bajas del planeta, el crecimiento económico seguirá siendo mediocre, y los indicadores sociales seguirán gestando un clima de ingobernabilidad que lastrará la prosperidad del país.

El FMI y la Agenda Legislativa

Aunque para los políticos no sea evidente, las reformas a los sistemas electoral, de servicio civil, de compras gubernamentales, de infraestructura pública, de control del gasto, del sector justicia, etcétera, son fundamentales para activar el aparato productivo y generar empleos duraderos

Dejando por un lado la mal comprendida (por mal explicada) sugerencia de elevar la carga tributaria, realizada por el personal técnico del Fondo Monetario Internacional -FMI- en su más reciente evaluación de la economía guatemalteca, es importante tomar nota de las opiniones de estos expertos respecto de las prioridades de política pública para potenciar nuestro desempeño económico y, en consecuencia, de una eventual agenda legislativas que se deriva de tales prioridades.

El principal problema de la economía guatemalteca es, según los expertos, la extremada lentitud en su ritmo de crecimiento que, pese a contar con una sólida estabilidad macreconómica, imposibilita mejorar los niveles de vida y reducir los elevados índices de pobreza. Para revertir este problema resulta esencial aumentar sustancial y rápidamente la inversión –tanto pública como privada-, pero ello no ha sido posible en las últimas décadas debido a una serie de impedimentos estructurales.

En el caso de la inversión privada, tales impedimentos tienen que ver con un débil clima de negocios, deteriorado por la falta de certeza jurídica y agravado por la decreciente confianza de los agentes económicos en un ambiente de fragmentación política e inadecuada gobernanza. La inversión pública, por su parte, es la más baja del continente americano debido, a impedimentos tales como la incapacidad del Estado de movilizar recursos financieros, así como la muy pobre ejecución del gasto que se suma al enorme desperdicio y corrupción en el uso de los recursos fiscales.

Dado que los impedimentos a la inversión y, por ende, al crecimiento económico son de naturaleza institucional, se deduce que las reformas institucionales clave que el país debe emprender implican una serie de reformas legales, las cuales se mencionan explícita o implícitamente en el informe del FMI. Primero, la fragmentación política, y la consecuente dificultad de impulsar políticas públicas favorables al crecimiento, implica la necesidad urgente de una reforma al sistema electoral y de partidos políticos.

Por su parte, la necesaria reforma del clima de negocios conlleva, además de continuar con reformas como las del factoraje o garantías mobiliarias -que el FMI reconoce como logros de la actual legislatura, avanzar con reformas como la de simplificar los procedimientos aduaneros, la de regular los compromisos derivados del Convenio 169 dela OIT (incluyendo las consultas a las comunidades indígenas), la de proporcionar seguridad jurídica a las inversiones y la de adoptar una ley general de competencia, aspectos que impulsarían la inversión local y mejorarían el atractivo para la inversión extranjera.

En cuanto a la inversión pública, las reformas planteadas por el FMI tienen que ver con mejorar la movilización de recursos, focalizar el gasto público en las áreas prioritarias (lo que implica una adecuada aprobación legislativa del presupuesto anual del Estado) y reformar el marco que rige la infraestructura vial.

Finalmente, tanto para la inversión pública como para la privada, el FMI hace hincapié en la necesidad de mejorar la gobernanza general, lo cual conlleva, entre otras reformas, la de consolidar el sistema financiero mediante la aprobación de las reformas a la Ley de Bancos, restructurar el sistema de Servicio Civil, mejorar sustancialmente los procedimientos de la Contraloría General de Cuentas, legislar el tema de conflictos de interés en el marco de la Ley de Probidad de los empleados públicos y, crucialmente, fortalecer la integridad del Organismo Judicial a través de mejores procedimientos para el nombramiento de los Jueces y Magistrados. He aquí una agenda legislativa integral para mejorar la economía de Guatemala.

El Censo, los Precios y el INE

Las reformas quirúrgicas, precisas, focalizadas, pueden ser tan importantes como las grandes reformas. El Instituto Nacional de Estadística es una pieza clave (pero casi siempre ninguneada) de la gestión gubernamental que merece una reforma importante: devolverle a su Junta Directiva la potestad de nombrar, evaluar y remover a su gerente.

Hace unos días el gobierno anunció oficialmente que el censo general de población se realizará en 2018, dieciséis años después del último realizado en 2002, aún lejos del estándar recomendado por Naciones Unidas de censar a la población cada diez años. Un censo requiere de mucha técnica y eficiencia, pues es una herramienta crucial de políticas públicas que puede tener repercusiones en los ámbitos político, social y económico. Los programas sociales de gobierno, el diseño de las políticas fiscales y monetarias, y la definición de los distritos electorales con base en los cuales se reparten las curules del Congreso de la República, son todos ellos aspectos que demandan estadísticas demográficas creíbles, oportunas y confiables.

Por ello, las autoridades a cargo del censo deben ser, además de técnicas y eficientes, absolutamente honradas e independientes de cualquier grupo de interés: sería muy peligroso que por intereses políticos se abusara o manipulara la información obtenida del censo. En el proceso también es esencial la transparencia, el acceso a la información  y la continua vigilancia ciudadana para lograr lo que un buen censo ofrece al país: auto-conocimiento, así como mejores y más eficientes políticas públicas.

Otra pieza de información estadística, el Índice de Precios al Consumidor –IPC- (que mide el nivel de precios y la inflación en el país) también es fundamental para la toma de decisiones de política económica. En semanas recientes, a raíz del rápido aumento en los precios de los alimentos (a una velocidad mucho mayor que otros rubros que componen el IPC), algunos analistas han cuestionado no solo la calidad del índice, sino la intención y autonomía de las autoridades a cargo de calcularlo.

Aunque el fenómeno de la inflación de alimentos ha sido explicado por estudios serios (efectuados por el Fondo Monetario Internacional) donde se establece que las causas obedecen más a cuellos de botella de abastecimiento (debido a la mala calidad de la infraestructura vial), que a la calidad y manipulación de la metodología por parte de los funcionarios a cargo del cálculo, resulta preocupante y peligroso que se ponga en duda la honestidad e intención de la institución gubernamental a cargo de las estadísticas oficiales.

El Instituto Nacional de Estadística –INE- es, por ley, la autoridad rectora del Sistema Estadístico Nacional y tiene a su cargo, entre otras responsabilidades, tanto el censo de población como el IPC. Los activos más valiosos que debería cultivar y defender la Junta Directiva del INE (que, en teoría, es su máxima autoridad) son su credibilidad, su fiabilidad y su integridad. Sin ellos se menoscaba la utilidad económica, política y social de sus estadísticas.

Uno de los obstáculos más importantes para lograrlo es que actualmente el INE es una institución con dos cabezas: por un lado, la Junta Directiva (presidida por el Ministro de Economía y conformada por representantes de instituciones públicas y sectores sociales) y, por otro lado, el Gerente nombrado directamente por el Presidente de la República (que, por ello, no es claramente subalterno de su Directiva).

Una reforma legal necesaria para rescatar la credibilidad del INE y potenciar la utilidad de las cifras que produce, sería la de conferir (sin ambigüedades) a su Junta Directiva la potestad de nombrar, evaluar y remover a su Gerente para velar porque este sea independiente de cualquier interés político o espurio. Aparentemente es una reforma sencilla, pero se trata de adoptar una práctica de gobierno corporativo demostradamente efectiva que fortalecería decididamente la institucionalidad pública.

Riesgos en Aumento

De acuerdo con el FMI, se vislumbran riesgos que podrían perjudicar la marcha de la economía nacional

Todos los años, en cumplimiento del Artículo IV de sus estatutos, un equipo de técnicos del Fondo Monetario Internacional visita a las autoridades económicas de cada uno de sus países miembros para realizar “consultas” (en realidad, se trata de una supervisión relativamente profunda) sobre la situación macroeconómica y de pagos con el exterior. La semana pasada se publicó el reporte de las referidas “consultas” realizadas en el caso de Guatemala correspondientes a 2014.

De acuerdo con el FMI, la economía del país se ha desempeñado aceptablemente desde la crisis de 2009 y las perspectivas para el futuro cercano continúan siendo benignas: el crecimiento económico ya alcanzó su potencial (un magro 3.5% anual, y continuará estando allí) y el nivel de precios se prevé estable.

Sin embargo, los documentos preparados por el equipo técnico del FMI, así como las subsecuentes discusiones que sostuvo el Directorio de dicho organismo financiero internacional, revelan una advertencia importante: se vislumbran riesgos –con elevada o mediana probabilidad de ocurrencia- que podrían perjudicar la marcha de la economía nacional, que se hacen más preocupantes en la medida en que es muy pequeña la capacidad de las políticas macro para contrarrestar esas potenciales amenazas, y en que el crecimiento económico de largo plazo parece incapaz de aumentar.

En efecto, el escenario mundial empieza a presentar síntomas de post-crisis que podrían tener efectos adversos sobre economías pequeñas y abiertas como la nuestra. El inevitable final de las políticas de expansión monetaria en Estados Unidos y la persistente incertidumbre financiera en Europa pueden implicar un aumento en la volatilidad de los mercados financieros mundiales que incluirían cierta escasez de recursos financieros y aumentos en las tasas de interés, es decir, créditos más caros para nuestras economías. Asimismo, la permanencia de un ciclo de lento crecimiento económico (principal, pero no exclusivamente, en Europa) repercutirá en el dinamismo de las exportaciones nacionales.

En adición a lo anterior, se tiene el riesgo de un declive en los precios de los productos primarios (más de la tercera parte de nuestras exportaciones), así como un posible agravamiento de las tensiones geopolíticas en Rusia y Medio Oriente que afectarán los mercados de energía en todo el mundo. Y si a esto añadimos el riesgo elevado de que los ingresos fiscales en Guatemala continúen con su tendencia a reducirse como porcentaje de la producción nacional (lo cual reduce a su vez la capacidad de maniobra del gobierno para hacer frente a cualquier shock externo o interno), tenemos una situación que requiere que el país adopte oportunamente una serie de medidas de política pública que el FMI sugiere en su documento.

En el ámbito coyuntural, el principal reto está en el campo fiscal, y consiste en mejorar los ingresos luego de una reforma tributaria cuyos resultados el propio FMI califica de decepcionantes. Ello sin descuidar la mejora necesaria en la transparencia y calidad del gasto público, especialmente porque a partir de 2015 será necesario iniciar un proceso de consolidación fiscal (reducción gradual del déficit). Por su parte, la política monetaria deberá establecer sin ambigüedades la meta de inflación como su objetivo central, permitiendo una mayor flexibilidad del tipo de cambio, sin descuidar las medidas prudenciales para minimizar los riesgos de la creciente dolarización del crédito y de los medios de pago.

En el ámbito estructural, el reto clave es propiciar un mayor crecimiento económico, incluyente y sostenible en el largo plazo, que reduzca los hoy elevados niveles de pobreza. Ello pasa por aumentar tanto la inversión pública como la privada. La primera, a su vez, requiere de mejores ingresos fiscales y de un gasto más transparente y mejor focalizado en salud, educación e infraestructura. La segunda requiere de mejorar el clima de negocios, la seguridad pública, y la calidad de la fuerza de trabajo.

Vale la pena que, ante los crecientes riesgos del entorno nacional e internacional, tanto las autoridades como los liderazgos sociales y empresariales del país tomen acciones concretas en las líneas coyunturales y estructurales sugeridas, sin caer en la falacia de despreciarlas sólo por provenir del FMI.

Diez Mensajes Desde el Fondo

Resulta interesante intentar descifrar las recomendaciones que el FMI hace a las autoridades del país

En días recientes el Fondo Monetario Internacional –FMI- publicó su más reciente informe sobre la situación económica en Guatemala. Siempre resulta interesante y sugestivo intentar descifrar los mensajes (algunos muy claros y directos, en tanto que otros son más subliminales y crípticos) que el FMI envía a las autoridades y agentes económicos del país. He aquí una muestra de los principales mensajes que se desprenden del informe.

Primero: las políticas macroeconómicas (fiscal y monetaria) deben mantenerse prudentes, para continuar manteniendo la estabilidad, manifestada en una inflación baja, una fuerte posición de reservas monetarias internacionales, un sistema financiero robusto y un déficit externo moderado. Las autoridades del banco central y del Ministerio de Finanzas es deben desviarse del manejo ortodoxo de las medias de política a su alcance.

Segundo: la finalización de la expansión monetaria en Estados Unidos pude generar episodios de volatilidad en los mercados financieros mundiales, que pueden ocasionar algunos daños a Guatemala. Las políticas macro ortodoxas son la mejor medicina preventiva ante estos riesgos.

Tercero: En cuanto a la gobernabilidad interna, el FMI ve que el estancamiento político en temas fiscales y presupuestarios, así como los problemas persistentes de recaudación y la inseguridad pública pueden impedir el crecimiento y amenazar la cohesión social. Las perspectivas de crecimiento no dependen sólo de las políticas macro, sino de manera más importante de un marco integral de políticas públicas.

Cuarto: aunque la política fiscal es en general adecuada, es muy frágil debido a que la reforma fiscal de 2012 fue insuficiente y sufrió serios reveses. La debilidad más importante en el campo de la recaudación la ubica el FMI en la ineficiencia de las aduanas.

Quinto: la política fiscal también se ve amenazada por la incertidumbre permanente que se cierne sobre la aprobación de préstamos multilaterales y de los presupuestos anuales. El mantenimiento de la estabilidad fiscal no depende sólo del Ministerio de Finanzas, sino que también del responsable funcionamiento del Legislativo.

Sexto: la inflación está bajo control, pero el ciclo internacional de bajos precios de los alimentos puede estar llegando a su fin, por lo que la política monetaria debería estar preparada para actuar en prevención de un aumento en las expectativas inflacionarias.

Séptimo: si no se logra aumentar la recaudación tributaria, existe un riesgo elevado de que el déficit fiscal aumente y, con él, la carga de la deuda pública. Aunque la deuda aún es baja, existe un elevado riesgo de que los mercados financieros endurezcan sus condiciones hacia países débiles como Guatemala, lo cual puede derivar en un encarecimiento del crédito no sólo al gobierno, sino al sector privado.

Octavo: como consecuencia de lo anterior, el déficit fiscal debe reducirse gradualmente, pero empezando ya mismo. No hay, pues, lugar para estar contentos con un déficit fiscal que, en los últimos años, no ha logrado bajar del 2% del PIB.

Noveno: es necesario aumentar los ingresos tributarios, no sólo para lograr la sostenibilidad fiscal, sino para permitirle al gobierno un mayor gasto que apoye la productividad y el crecimiento económico (es decir, gastos en salud, educación e infraestructura). Aquí el FMI es más atrevido y recomienda: mejorar la eficiencia de la administración tributaria –SAT-, reducir las exenciones y privilegios fiscales (incluyendo las que se están impulsando en el marco de la Ley de Inversión y Empleo) y reajustar (elevar, pues) la tasa del IVA en línea con las del resto de Centroamérica.

Décimo: es imprescindible mejorar la transparencia y calidad del gasto público. Las recientes reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto van en el camino correcto, pero son insuficientes. Un primer paso es eliminar la nefasta e ilegal “deuda flotante”, aplicando una auditoría confiable de su saldo y una estrategia transparente para su liquidación.

Algunos de los mensajes, encriptados o explícitos, son difíciles de digerir pero, independientemente de que las autoridades estén o no de acuerdo con las recomendaciones del FMI, bien vale la pena que las tomen en consideración y las analicen con serenidad. Y mejor hacerlo ahora que las circunstancias aún no apremian.

Después de la Crisis: Visión Optimista

Nuestro país sobrevivió esta crisis mundial de mejor manera que en otras crisis del pasado, y con menos problemas que los países vecinos

La semana pasada señalamos, en tono pesimista, que la gran crisis económica mundial del quinquenio pasado fue una oportunidad perdida para Guatemala ya que, a pesar de que nuestra economía superó con escasos rasguños los embates de la crisis, fracasó en las reformas (en educación, salud, infraestructura e instituciones) que eran necesarias para sacarle provecho (en términos de productividad y bienestar) a las muy favorables condiciones financieras que prevalecieron en los mercados internacionales, así como al nuevo entorno mundial post-crisis.

No obstante ello, es menester reconocer que nuestro país sobrevivió esta crisis mundial de mejor manera que en crisis anteriores (que fueron incluso de menor escala) y con un mejor desempeño que los países vecinos: la producción se estancó, pero no cayó; las exportaciones y el crédito cayeron, pero repuntaron luego rápidamente; la inflación y el tipo de cambio se mantuvieron bajo control. Viendo con lentes de optimismo, debemos admitir que este buen desempeño se debió a que, pese a todo, contamos con un conjunto aceptablemente bueno de instituciones y políticas macroeconómicas.

Un reciente documento de trabajo preparado por el economista José de Gregorio, publicado en diciembre  pasado por el Fondo Monetario Internacional –FMI-, sobre la capacidad de resistencia y adaptación de las economías latinoamericanas ante la crisis mundial, pone los focos sobre aquellos aspectos que nos permitieron defendernos exitosamente de las muy adversas condiciones económicas mundiales. Según dicho estudio, se pueden distinguir cinco factores clave.

El primero es que, cuando empezó la crisis, contábamos con buenas condiciones macroeconómicas: el déficit fiscal era bajo (menor a 2% del PIB), la deuda pública estaba bajo control, y la inflación era baja y estable; todo ello permitió enfrentar la crisis con políticas fiscales y monetarias moderadamente anticíclicas, lo cual contribuyó a aliviar los efectos de la crisis.

El segundo factor es el marco de flexibilidad del tipo de cambio; no es que el quetzal (a diferencia de otras monedas) se haya devaluado durante la crisis, sino que el simple hecho de saber que el tipo de cambio podía ajustarse eliminó la tentación de especular contra el valor de la moneda, lo cual conjuró el riesgo de movimientos cambiarios bruscos como los experimentados en crisis previas.

El tercero es que tuvimos buena suerte: antes de la crisis gozamos de buenas condiciones y precios internacionales que hicieron crecer el valor de las exportaciones; además, en el caso de Guatemala esta buena suerte se vio complementada por una base exportable cada vez más diversificada y con penetración creciente en nuevos mercados.

El cuarto factor es la solidez y buena regulación del sistema financiero: los indicadores de solvencia, utilidades y calidad de la cartera estaban en franca mejora antes de la crisis, y mejoraron aún más una vez superado el primer año del shock externo (2009), lo cual hizo posible que el sistema financiero pudiera reiniciar rápidamente (en 2010) el crecimiento del crédito al aparato productivo.

El quinto fue el elevado nivel de reservas monetarias internacionales (más de US$ 5 millardos en 2009) que se venían acumulando durante los años pre-crisis a fin de evitar una apreciación abrupta del quetzal; esos niveles de reservas ayudaron a disuadir cualquier ataque contra la moneda y a eliminar cualquier temor de impago de las deudas con el exterior, al tiempo que proporcionaron un colchón ante la amenaza de falta de financiamiento externo durante la crisis.

Puestos, pues, a ver el lado positivo de la crisis, debemos sacar la conclusión de que la prudencia en la política fiscal, aunada a la existencia de las reglas claras e institucionalizadas en las políticas monetaria y financiera, fueron elementos fundamentales en el accionar de las instituciones públicas que deberían preservarse como un valioso activo de la economía nacional.

La lección que nos deja la crisis mundial que parece estar finalizando es que, como país pequeño y abierto, debemos preservar a toda costa la disciplina macroeconómica pero, al mismo tiempo, debemos emprender cuanto antes las reformas estructurales que nos permitan, por fin, emprender una ruta sostenida de prosperidad y desarrollo integral.

El FMI Nos Supervisa

El Fondo Monetario Internacional evalúa sistemáticamente el desempeño económico de Guatemala. En su más reciente revisión recomienda reducir gradualmente el déficit fiscal y erradicar de manera ordenada y transparente la “deuda flotante”

Con base en el artículo IV de su Convenio Constitutivo, el Fondo Monetario Internacional –FMI- realizó su consulta bilateral de cada año con Guatemala en mayo pasado, publicándose el correspondiente reporte el 9 de julio, donde señala aspectos positivos y negativos de la economía y de las políticas económicas del país. Entre los temas positivos, destaca que el desempeño económico ha sido sólido desde la crisis mundial de 2009, que la producción ha convergido hacia su nivel potencial, que la inflación está bajo control, que la política macroeconómica sigue siendo prudente, y que el sistema bancario se ha fortalecido.

El panorama económico en el corto plazo es relativamente benigno: el FMI espera que el crecimiento económico suba a 3.5% (su tasa potencial) en 2014, apoyado en el consumo privado y el crédito bancario. La inflación se mantendría cercana al límite superior del rango meta para 2014. El déficit de la balanza de pagos se reduciría gradualmente hasta un nivel de 2.5% del PIB, fácilmente financiable mediante los flujos de crédito e inversión extranjera.

Sin embargo, el reporte también señala debilidades estructurales y coyunturales. Del lado estructural, el FMI indica que el potencial de crecimiento económico es excluyente y con pocas posibilidades de aumentar sosteniblemente en el largo plazo, debido a la baja inversión en capital físico y humano, a la debilidad de las instituciones del Estado, y a la inseguridad. Del lado coyuntural, el Fondo destaca la vulnerabilidad de la economía nacional ante los vaivenes mundiales, así como el escaso margen de maniobra de las políticas macroeconómicas para amortiguar tales riesgos, debido a la debilidad de la política fiscal.

Se desprende del reporte que el principal reto de la política económica es mejorar la sostenibilidad fiscal. Aunque el Fondo reconoce que la deuda pública (como porcentaje del PIB) continúa siendo manejable, la capacidad de maniobra de la política fiscal es muy limitada debido a que la referida deuda es muy alta como proporción de los ingresos del gobierno. El logro de la sostenibilidad fiscal requeriría de un ajuste presupuestario que permita la reducción gradual del déficit fiscal. Según el FMI, el énfasis en dicho ajuste debe estar en aumentar los ingresos.

Tal ajuste se puede ver obstaculizado por tres aspectos que destaca el reporte. Primero, la incertidumbre asociada con la implementación de la reforma tributaria aprobada el año pasado que, de no ser dilucidada, puede erosionar los ingresos. Segundo, el proyecto de ley de competitividad enviado al Congreso, que concedería incentivos fiscales a las empresas que se constituyan fuera de la ciudad de Guatemala, podría generar costos fiscales significativos. Y, tercero, el tratamiento que se le dé a la llamada “deuda flotante” generada por obras públicas contratadas en el pasado extrapresupuestariamente.

Al FMI le preocupa que la “deuda flotante” y, aunque reconoce que se han hecho algunos esfuerzos para cuantificarla, señala que no existe ningún plan serio para eliminarla debido a que el debate se obscurece por las dudas respecto de la legitimidad de la “deuda”. El Fondo también señala que no ha habido avances en alguna estrategia para evitar que la “deuda flotante” se repita, dado que las enmiendas necesarias a la Ley Orgánica de Presupuesto se encuentran estancadas en el Congreso. El Fondo reiteró a las autoridades la necesidad de mejorar la gestión financiera gubernamental para evitar la “deuda flotante”, realizar una cuantificación fiable del verdadero saldo de dicha “deuda”, y establecer una estrategia viable para su erradicación.

En otras áreas de política económica, el FMI aconseja profundizar las mejoras al esquema de política monetaria y cambiaria basadas en las metas de inflación y la (mayor) flexibilidad del tipo de cambio. Insiste en que el fortalecimiento del sistema financiero es necesario, sobre todo para aplicar plenamente la supervisión consolidada basada en riesgos. Y, finalmente, enfatiza que las reformas estructurales son esenciales para lograr un crecimiento incluyente a largo plazo, lo cual dependerá, en buena medida, de elevar la carga tributaria a efecto de habilitar al gasto público para atender áreas prioritarias en materia de necesidades sociales, competitividad y desarrollo.

Tendencias en Política Monetaria

Esta semana la Junta Monetaria revisó e introdujo algunos ajustes a la política monetaria. Dichos ajustes son apropiados pero, quizá, demasiado modestos. Las mejoras a dicha política deben enfocarse en adoptar acciones de política macro-prudencial como en otros países y en hacer más efectivas las señales de los precios en los mercados cambiario y monetario.

Hace unas semanas se publicó un trabajo de investigación sobre la situación y efectividad de la política monetaria en los países latinoamericanos que siguen un esquema de metas explícitas de inflación, entre los que se incluye Guatemala. El estudio de Nicolas Magud y Evridiki Tsounta (economistas del FMI) trata de medir si la política monetaria está siendo, o no, demasiado restrictiva, al comparar la tasa de interés líder del banco central con una tasa “neutral” estimada.

Para Guatemala, el referido estudio concluye que la política monetaria es aún “un tanto acomodaticia”, es decir, ligeramente expansiva porque la tasa de interés líder está por debajo de la tasa neutral estimada, ello a pesar de que el ritmo de crecimiento de la economía se ha recuperado luego de la desaceleración de 2009. Pero el estudio también advierte que dicha conclusión debe ser tomada con cautela debido a que la efectividad de la política monetaria en Guatemala puede ser más débil que en otros países con mercados financieros más avanzados.

En efecto, en nuestra economía los mecanismos de transmisión monetaria son débiles (las tasas de interés del mercado responden poco ante cambios en la tasa de interés líder), el esquema de metas de inflación es aún inmaduro, los mercados de liquidez están muy segmentados, las necesidades de liquidez del gobierno distorsionan los precios financieros, el tipo de cambio es muy inflexible, y la profundización financiera (es decir, el uso del sector financiero formal por parte de los agentes económicos) es aún muy baja.

Lo anterior sugiere la conveniencia de profundizar las mejoras que se han venido introduciendo en la política monetaria desde que se aprobó la nueva Ley Orgánica del Banco de Guatemala hace diez años. Pero también sugiere que dichas mejoras no deben enfocarse en medidas simplistas (como reducir arbitrariamente la tasa líder de interés), ni en medidas aventuradas –y, quizá, ilegales- (como despojar el banco central de sus reservas internacionales para que el gobierno las gaste) que, con la excusa de procurar el crecimiento económico, pueden dañar la ya débil efectividad de la política monetaria.

Por el contrario, las mejoras a dicha política deben enfocarse en adoptar acciones de política que se han venido aplicando con éxito en otros países. Destacan entre ellas las políticas llamadas “macro-prudenciales” que complementen el esquema de metas de inflación con medidas que limitan la volatilidad y minimizan los riesgos en las operaciones del sector financiero.

La creciente adopción de medidas macro-prudenciales alrededor del mundo se debe a que la reciente crisis financiera mundial demostró que la regulación financiera tradicional (micro-prudencial, que se enfoca en la situación de instituciones o productos financieros individualmente considerados) no tomaba en cuenta la “foto panorámica” del sistema financiero y su relación con la economía nacional, lo que hacía que los supervisores no vieran el bosque por fijarse en los árboles.

De manera que el establecimiento de una política macro-prudencial (que vele por la seguridad del sistema financiero y capture su interrelación con el sistema económico) debe ser una parte integral de la estrategia general del banco central, en conjunto con su esquema de metas de inflación y los objetivos de estabilidad del sistema de pagos, así como con sus instrumentos de política como las tasas de interés a corto plazo, la intervención cambiaria, la gestión de la liquidez a distintos plazos, los servicios de prestamista de última instancia, y medidas cuantitativas como el encaje o los límites de calce de monedas y plazos en las operaciones bancarias.

El desafío es, pues, establecer las medidas de política necesarias para garantizar que la estabilidad de precios y la estabilidad financiera son consistentes sabiendo que, normalmente, un gran aumento del apalancamiento, del crédito bancario y de los desajustes financieros suelen ocurrir al mismo tiempo que un crecimiento acelerado de la demanda agregada y de las presiones inflacionarias, y viceversa.

En estas medidas debe centrarse la política monetaria y financiera, sin olvidar que el crecimiento de largo plazo pasa más por la eficacia de otro tipo de políticas como la fiscal y, especialmente, las de productividad y fortalecimiento institucional.

Las Opiniones del FMI

En lugar de criticarlo por las medidas de austeridad que recomienda, deberían quemar cohetillos pues ¡por fin! el FMI está sugiriendo medidas de ajuste a los países desarrollados

Con la crisis económica europea, el Fondo Monetario Internacional –FMI- ha recobrado un protagonismo que, hace una década, estaba casi desaparecido. En un par de curiosos editoriales publicados la semana pasada, un matutino local ha emitido agrias críticas al FMI por sus opiniones y sugerencias de política económica relativas a los problemas de la deuda y el desempleo en el Viejo Continente.

Las diatribas contra las “inútiles burocracias internacionales” y sus “recetas que no toman en cuenta las realidades de los pueblos” son reminiscentes, por un lado, de las reacciones que, en los años ochenta, abundaron en contra de los programas de ajuste que el FMI impulsó y que posteriormente derivaron en los movimientos anti-globalización; por otro lado, las críticas también replican las posturas contra el supuesto gobierno mundial que caracterizan a los libertarios radicales estadounidenses –ya se ve que, paradójicamente, las ideologías extremas comparten sentimientos de antipatía hacia los organismos financieros internacionales-.

Estas posturas ignoran el hecho de que tales organismos, lejos de ser oscuras sectas diabólicas que complotan para esquilmar a los países que padecen problemas económicos, son organizaciones dirigidas por los propios gobiernos en las que, al menos, las decisiones se toman por votación de todos los países aunque, claro está, el poder de voto depende del monto de las contribuciones o “cuotas” de los miembros, en virtud de las cuales los países ricos tienen mayor poder de voto, mientras que los países en desarrollo se quejan de un "déficit democrático" que los deja con poca influencia sobre las políticas del FMI.

Por lo tanto, los editorialistas del Tercer Mundo, en vez de defender a los gobiernos europeos y a sus erráticas políticas económicas contra las recomendaciones del FMI, deberían estar quemando cohetillos porque --¡por fin!- los organismos multilaterales, cumpliendo con su mandato, están sugiriendo a los países ricos las duras medidas de ajuste que, por años, han recomendado a los países subdesarrollados.

Conviene recordar que el FMI fue fundado en 1947 con el encargo de rescatar (cual médico de urgencias) a las economías moribundas mediante la prescripción de medidas (casi siempre dolorosas) de ajuste económico y reforma financiera que se traduzcan en un compromiso de países con problemas (como ahora Grecia o España) para corregir el rumbo a cambio de recobrar el acceso a los mercados financieros internacionales. Para ello el FMI se organiza como una tecnocracia especializada en temas económico-financieros, gobernada por los ministros de finanzas y presidentes de los bancos centrales de los países miembros.

Lo prudente no es, pues, desechar a priori sus recomendaciones con descalificaciones superfluas sino, con criterio propio, tomarlas en cuenta para poner en orden y perspectiva la política económica de los países. Y esto es tan válido en Europa como en Guatemala, por lo que conviene, por ejemplo, ponerle mucha atención al más reciente reporte sobre Guatemala (basado en la llamada “Consulta de Artículo IV”) emitido por el FMI hace algunos días.

En el corto plazo, el FMI advierte que si las condiciones globales se deterioran, la política económica de Guatemala debería reaccionar con una mayor flexibilidad cambiaria, con un relajamiento moderado de la política monetaria, y con estabilizadores fiscales automáticos (es decir, una reducción en los ingresos tributarios). Más importante aún, los retos a medio plazo se centran en las reformas que impulsen el crecimiento económico para reducir la pobreza, incluyendo el fortalecimiento de los ingresos fiscales para lograr mayores niveles de inversión en capital físico (infraestructura) y humano (salud, educación y seguridad). El FMI también recomienda fortalecer el marco de política macroeconómica y actualizar la regulación del sector financiero para que la economía nacional pueda adaptarse mejor a los vaivenes de la economía mundial.

Por más tirria que los anti-globalizadores-anti-capitalistas o los libertarios radicales tengan contra los organismos financieros internacionales, las advertencias y recomendaciones vertidas por el FMI para el caso de Guatemala son razonables y coherentes, al menos para ser discutidas, en vez de rechazarlas de entrada.

FMI: L'Ancien Régime se Resiste

Los detalles escabrosos del escándalo protagonizado por Dominique Strauss-Kahn, Director Gerente del FMI y frustrado futuro Presidente de Francia, aún no han salido a luz, cuando ya las lenguas maliciosas amenazan con echar a andar el rumor de que la camarera de quien este funcionario francés intentó abusar sexualmente era --como ya se está haciendo costumbre en estos escándalos de la prensa del corazón- una guapa guatemalteca... En todo caso, la última de las calenturas de DKS ha precipitado ¡otra vez! el necesario debate sobre la gobernanza en el FMI.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

FMI: EL ANCIEN RÉGIME SE RESISTE

La mayor anomalía que existe en la gobernanza del FMI es la forma en que se elige a su autoridad máxima

Hasta hace poco el Fondo Monetario Internacional –FMI- sufría de una creciente irrelevancia en el escenario económico mundial, pero la gran crisis de 2008-2009 lo reinstaló en un rol central; uno de los artífices de este re-posicionamiento del FMI fue el francés Dominique Strauss-Kahn, su anterior Director Gerente. Resulta, pues, paradójico que haya sido el irresponsable comportamiento sexual de este personaje la causa de una batalla por su sucesión que amenaza con socavar la frágil credibilidad de este organismo internacional.

Igual que un médico de emergencias, el FMI juega un papel fundamental para rescatar economías moribundas mediante la prescripción de medidas (casi siempre dolorosas) de ajuste económico y reforma financiera que, como en el caso actual de Grecia o Portugal, actúan como un compromiso de estos países para corregir sus problemas de fondo a cambio de recobrar el acceso a los mercados financieros internacionales.

Para ejercer su delicada tarea, el FMI se ha organizado desde su fundación en 1947 como una tecnocracia especializada en temas económico-financieros, gobernada por los ministros de finanzas y presidentes de los bancos centrales de los países que la conforman. Los países están representados en un Directorio en el que votan según sus cuotas de participación en la entidad. El poder de voto de los países europeos es de casi 33%, lo que implica que están sobre-representados ya que Europa constituye una proporción decreciente de la economía mundial (cifras del propio FMI indican que el Viejo Continente contribuía con 25% del PIB mundial en 2000, pero que dicho porcentaje caerá a menos del 18% en 2015). Los Estados Unidos tienen un poder de voto del 17% (como referencia, Guatemala tiene el 0.11%). Las pujantes economías emergentes de Brasil, Rusia, India o China, son las que justificadamente se quejan de estar sub-representadas en el FMI.

La mayor anomalía que existe en la gobernanza del FMI es la forma en que se elige a su autoridad máxima, el Director Ejecutivo. Durante toda su historia éste ha sido siempre un europeo (por lo regular un francés), ello a cambio de que, por virtud de un espurio acuerdo tácito con los Estados Unidos, el Presidente del Banco Mundial (organización “hermana” del FMI) sea siempre un estadounidense. Sin embargo, los tiempos y las realidades económicas cambian, y existe desde hace tiempo un entendido para que el próximo Director Ejecutivo se escoja mediante un procedimiento objetivo, basado en los méritos (no en la nacionalidad) de los candidatos.

Los gobiernos europeos decían compartir dicho entendido, aunque resulta ahora que sólo del diente al labio: Europa ha lanzado, con toda fuerza, la candidatura de Christine Lagarde, actual ministra de Finanzas francesa, para suceder a Strauss-Kahn. Esta posición a favor del ancien régime (nunca mejor dicho) es inconveniente no tanto porque la señora Lagarde no cumpla con los requisitos profesionales (no es economista, sino abogada; no es tecnócrata, sino política), sino porque su gestión despertaría la perenne sospecha de estar sesgada a favor de los gobiernos europeos que, en las actuales circunstancias, no necesitan de un FMI que los consienta y sosiegue, sino de uno que los aconseje objetivamente y los apriete, si es necesario, para que adopten las medidas que remedien sus problemas.

A finales de junio deberá elegirse al nuevo Director Ejecutivo del FMI y, pese a la ofensiva diplomática europea, los países en vías de desarrollo deberían unificarse y reclamar, en justicia, un cambio en la forma de elección, impulsando sus propios candidatos y concitando el voto de países hasta ahora neutrales como Estados Unidos o Japón. Guatemala misma, a través de sus representaciones en los organismos internacionales y en agrupaciones como el Grupo Intergubernamental de los 24 (G-24), debería contribuir con este cambio.

Y los europeos deberían, por su parte, aceptar los signos de los tiempos y dejar de aferrarse a sus antiguas glorias coloniales; con ello permanecerían fieles a los principios de la civilización occidental engendrada por sus ancestros (democracia, justicia e igualdad de oportunidades) y le darían un espaldarazo a la modernización de la arquitectura financiera internacional, que tanto se necesita.

Sancionar a los Irresponsables

El incumplimiento de las normas legales es parecido a las mentiras: lo que empieza con una mentirilla se puede convertir en una bola de nieve de consecuencias trágicas. Contratar la construcción de carreteras (por muy loables que sean las intenciones) sin que exista presupuesto para pagarlas, es ILEGAL. El que una municipalidad adquiera un préstamo bancario (por muy buenas que sean sus intenciones) sin que medie aprobación del Congreso, es ILEGAL. Desgraciadamente ambas cosas han ocurrido abundantemente a lo largo de los últimos quince años, sin que nadie repare en la violación a las leyes que ello implica de parte de funcionarios irresponsables. Eso, cuando no se trata de actos flagrantes de corrupción.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

SANCIONAR A LOS IRRESPONSABLES

Recientemente se revelaron dos hechos que amenazan la sanidad de la economía nacional. El primero es la existencia de la llamada deuda flotante, que se trata de una deuda por obras y servicios que el gobierno ya recibió sin haberlos pagado, y que ni siquiera está registrada en la contabilidad del estado. El segundo es que existen 211 municipalidades que tienen deudas (en este caso sí están registradas) cuyo monto supera los Q2.5 millardos.

Ambos casos son muy preocupantes pues constituyen contingencias financieras que, si las cosas salen mal, podrían ocasionar una crisis de impago del estado de Guatemala y echar por tierra su récord crediticio internacional, que es uno de los más respetables de Latinoamérica. Pero quizá aún más grave es el hecho de que tanto la deuda flotante como la deuda municipal han sido contraídas de manera irresponsable e ilegítima, cuando no abiertamente ilegal.

El caso de la deuda flotante es resultado de la ejecución de obras públicas que fueron comisionadas sin haber estado previamente presupuestadas; es decir, que surgieron sobre la marcha y con la decisión de algún funcionario que consideró irrelevante cumplir con el molesto requisito de solicitar al Congreso que modificara el presupuesto que, quiérase o no, es una ley de la República que establece límites y orienta el gasto público, precisamente, para evitar desórdenes que puedan acarrear consecuencias negativas para el país.

Como resultado, ahora nadie sabe a cuánto asciende esta deuda no documentada que se supone ha sido contraída principalmente por el Ministerio de Comunicaciones, aunque se sospecha que también han incurrido en esta práctica anómala otros ministerios, fondos sociales y municipalidades. Las estimaciones más conservadoras reportan que esta deuda ascendería a Q3 millardos (según la cifra que han manejado públicamente los contratistas privados que son los acreedores de la deuda), mientras que otras estimaciones hablan de cifras tan escandalosas como Q15 millardos.

Dos puntualizaciones son importantes. Por un lado, hay que tener presente que la irresponsabilidad de mandar a construir obras sin contar con el correspondiente respaldo presupuestario no es exclusiva de algunos funcionarios del actual gobierno, sino que es una práctica perversa que se inició en gobiernos anteriores y que se volvió tan común que ya nadie reparaba en su ilegitimidad.

Por otro lado, y relacionado con esta indolencia en el cumplimiento de las normas, hay que mencionar que las empresas constructoras que a lo largo de los años han aceptado operar de esa manera informal y poco seria son, también, responsables de la bola de nieve financiera que se ha formado durante años. La perversidad de esta práctica se manifiesta también en que, por tratarse de obras improvisadas y sin presupuestar, se propicia que no se fiscalice si las mismas cumplen con los estándares mínimos, según lo atestigua la inadmisiblemente corta vida útil de muchas de ellas.

En el caso de la deuda municipal resulta que los técnicos de la Asociación Nacional de Municipalidades están pidiéndole al Congreso que apruebe modificaciones al Código Municipal para ampliar el plazo al que pueden endeudarse las comunas, que según la ley actual no debe exceder del período para el cual fue electo el alcalde. Algunos de ellos se atrevieron a anunciar que, en caso de no aprobarse su solicitud, el Estado de Guatemala tendría que hacerse cargo de las deudas municipales.

Olvidan estos técnicos que, en primer lugar, casi ninguna de las deudas municipales ha cumplido con el mandato constitucional (artículo 171) que establece que cualquier entidad estatal (incluyendo las municipalidades) que quiera contraer deudas, deberá contar con la aprobación previa del Congreso. Cualquier municipalidad que se haya endeudado sin cumplir con este requisito incurrió en ilegalidad.

Es esencial, dada la gravedad de la situación, y tal como el propio Fondo Monetario Internacional se lo recomendó al gobierno, que se establezcan sanciones legales más fuertes, que se implementen controles administrativos más estrictos, y que se castigue implacablemente a los funcionarios irresponsables que han llevado la situación al terrible extremo en que se encuentra hoy en día.

COMENTARIOS DE LOS LECTORES

JORGE MUÑOZ 08-02-2011 08:17:04 horas

Es una irresponsabilidad por parte de los alcaldes y de las corporaciones municipales, avalados por la Contraloría de Cuentas y otras instancias del gobierno pues hechor como consentidor pecan por igual, todo esto huele a robo desmedido, es evidente que los alcaldes cuando entran por primera vez a las alcaldías al igual que las corporaciones municipales y contralores, tiene un par de chirajos y después de 4 años salen millonarios, dueños de terrenos, casas, hoteles, negocios, vehículos, viajes, etc.etc., sería bueno expropiar bienes para pagar sus deudas. Graciela Mendizabal 08-02-2011 09:23:13 horas Estoy de acuerdo en que se deben de manejar los recursos adecuadamente, pero es imposible que el país no se siga endeudando si no hay una justa y adecuada recaudación fiscal, si el país viene con déficit de décadas atrás por el robo de recursos, y si a eso le agregamos que no se pueden predecir las catástrofes naturales es obvio que se tienen que buscar fuentes de recursos de cualquier fuente porque es imposible que el país se quede varado. Manuel Medina 08-02-2011 09:26:30 horas Pero las deudas del estado se vienen dando desde los gobiernos de empresarios que vieron en el estado la forma mas fácil de hacer crecer sus bolsillos, y si a eso le agregamos que muchos de los organismos internacionales ordenan que se acepten deudas inmensas para x cosa que supuestamente el país necesita. Estos gobiernos dejaron bien amarrados sus negocios endeudando al país para seguirlo sangrando desde sus empresas. Cómo se puede acabar con esa deuda hoy si no hay recursos. Rolandom 08-02-2011 09:31:17 horas Todos nuestros actos tienen consecuencias y esto también aplica para exfuncionarios que han actuado al margen de la ley y hoy son perseguidos por autoridades judiciales. Transparentar las acciones de los funcionarios es de vital importancia, en este periodo gubernamental se han implementado leyes como la de libre acceso a la información para transparentar sus acciones, hoy los ciudadanos tenemos el derechos de solicitar información y fiscalizar su trabajo. JP 08-02-2011 09:31:56 horas Para sancionar a los irresponsables se necesita gente honesta en el gobierno que haga cumplir las leyes y para eso se necesita que votemos por gente honesta en estas elecciones (que son pocos). De lo contrario los abusos y corrupción estarían a la orden del día. Mariam Veliz 08-02-2011 09:45:19 horas Tengo buena memoria y estos últimos años han afectado considerablemente la economía y las infraestructura del país primero fue la recesión económica, luego el año pasado la naturaleza nos cobro la factura. Todo estaba listo para el simulacro nacional y vino Agatha, estábamos organizados por eso no cobro muchas victimas, en momentos de emergencia nacional es necesario invertir en infraestructura sin pasar por todo el papeleo normal porque necesitamos carreteras y puentes en buen estado. Marco Antonio Colindres 08-02-2011 11:00:31 horas Las deudas del país son de años atrás con políticas mal implementadas en el beneficio de un grupo de sector económico alto, esto ha afectado al país con la problemática de la recesión a nivel mundial del 2009 y agregado los desastres naturales hacen que la inversión sean más grandes ante las necesidades de la población esto habla de mucho mayor gasto en todo el país. Laura Cruz Mancilla 08-02-2011 11:02:33 horas En nuestra realidad es simple el problema la poca recaudación de fondos que hay en el Estado una política de ingresos que no cuenta con los suficientes argumentos para que sea aplicada por ello es necesario la pronta aprobación de la reforma fiscal para que todos paguen lo justo y dejar de acudir a los préstamos esto es compromiso de todos los guatemaltecos en búsqueda de un mejor país. julian orteman 08-02-2011 13:07:09 horas Todo eso apesta increíble que la Contraloría de Cuentas no lleve controles estrictos a las municipalidades. Esa práctica debe de ser parada en su totalidad el Congreso debe de trabajar en crear un mecanismo directo de fiscalización hacia los alcaldes desde el patrimonio que tienen en el momento que asumen hasta que salen y trabajar en base a números reales no deudas sin respaldo que de seguro en muchos de los casos solo se robaron el dinero y no hicieron nada. Marcela Cardenas 08-02-2011 16:55:39 horas Las sanciones deben ser acorde a lo que corresponde, todo queda en la impunidad y no es justo que el pueblo pague por sus acciones, mientras los corruptos disfrutan el pueblo muere de hambre. Andres N. Dieguez 08-02-2011 16:59:20 horas Si primero todos los oligarcas y empresarios cumplieran con su deber de reportar sus impuestos como son la situación sería otra y Guatemala no estaría tan endeudada como lo está ahora, por la ambición de poder. Marco Antonio Villleda Sosa 09-02-2011 18:15:10 horas Las deudas municipales que se tienen, son en parte por la falta de una auténtica autonomía municipal, porque tendrían que cobrar impuestos en sus municipios. Una más por la corrupción por parte de los alcaldes con esto nuestra nación y los municipios no pueden hacer mucho, esperemos que se dé una reforma donde el pueblo si participe, no sé de la mediocridad de parte de la clase política que no ha servido, necesitamos un mejor país, no politiqueros populistas.

Los Poderosos del Mundo

Hasta hace algunos años, los países en vías de desarrollo conformaban grupos de negociación (como el G77 o el G24) para hacer valer (casi siempre con muy poco éxito) sus puntos de vista ante los países industrializados o ante los organismos e instituciones multilaterales. Hoy en día, los nuevos ricos del mundo (como China o Corea del Sur) y los que, sin serlo, tienen un tamaño económico formidable (como India, Brasil o México) tratan de codearse "de tú a tú" con los países industrializados, tal como lo muestra el caso del nuevo G20 que se ha auto nombrado el principal foro de discusión de temas económicos internacionales. El nuevo grupo no las tiene todas consigo, dada su heterogeneidad y la compleja situación internacional.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

LOS PODEROSOS DEL MUNDO

El G7 solía ser el club de los poderosos. Desde que se fundó en 1976, en este foro de ministros de finanzas de los siete países más industrializados (Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Canadá) se definían las directrices más importantes de la política económica internacional, que rápidamente eran ratificadas por los organismos internacionales, empezando por el Fondo Monetario Internacional –FMI-.

La gran crisis financiera internacional de 2008, generada y contagiada al resto del mundo desde los países industrializados, han obligado a estos países a ampliar la membresía del club de los poderosos. Entre los innumerables “Grupo de los…” que existen sobre la faz de la tierra, el G20 es el que se ha auto erigido en el foro decisorio de las políticas económicas internacionales. Los que realmente parten el queso en el G20 siguen siendo el antiguo G7 más el emergente grupo de los BRIC (Brasil, Rusia, India y China), a quienes acompañan en un rol más secundario otras economías de gran tamaño como Corea o México.

El G20 enfrenta, en términos prácticos, dos complejos desafíos para funcionar adecuadamente. El primer desafío es el de armonizar los heterogéneos intereses de sus miembros. Por ejemplo, en el G20 hay países con grandes déficit comerciales (como Estados Unidos) que quisieran discutir los grandes desequilibrios cambiarios, cosa que no le interesa a otros miembros (superavitarios) como Alemania, Japón o, especialmente, China. Otras divisiones en el G20 se dan, por ejemplo entre las democracias y las autocracias (China, Arabia Saudí), o entre los que quisieran firmar acuerdos vinculantes (los europeos) y quienes quieren un G20 que sólo dé consejos (China y Estados Unidos).

Con esas divisiones no es extraño que el G20 produzca comunicados tan anodinos como el emitido en la Cumbre de Seúl de la semana recién pasada, que no pasó de repetir las fórmulas usuales respecto de que los países “se abstendrán de aplicar devaluaciones competitivas”; "permanecerán vigilantes sobre la volatilidad excesiva de los tipos de cambio”; tomarán “acciones coordinadas” respecto de la crisis mundial, ayudarán al FMI a “identificar desequilibrios comerciales importantes que requieran acciones preventivas y correctivas"; "resistirán el proteccionismo bajo todas sus formas"; y reafirmarán “su compromiso de combatir el cambio climático”. Lo mismo de siempre, pues.

El segundo desafío del G20 es su propia legitimidad, pues allí no están todos los que son, ni son todos los que están. Si la lógica de su composición era incluir a las economías más grandes, resulta extraño que no estén incluidas España y Holanda (que sólo están representadas indirectamente por la presidencia de la Unión Europea), o Taiwán (aunque las razones políticas de su exclusión son evidentes). Por otro lado, más de 150 países (incluyendo Guatemala) no alcanzaron a recibir invitación a la magna cumbre de Seúl, y tendrían razones de sobra para no sentirse representados por el G20, por mucho que hayan participado como invitados los representantes de Naciones Unidas y del FMI.

Formalmente, sería más legítimo que las discusiones de política económica internacional se realizaran en el ámbito de los organismos multilaterales, específicamente en el FMI. Allí, cuando menos, las decisiones se toman por votación de todos los países del mundo aunque, claro está, el poder de voto depende del monto de las contribuciones o “cuotas” de los miembros, en virtud de las cuales los países ricos tienen la preponderancia del poder de voto, mientras que los países en desarrollo se quejan de un "déficit democrático" que los deja con muy poca influencia sobre las políticas del FMI.

Haciendo uso de su nuevo poder, los BRIC lograron hace algunas semanas un ajuste a las cuotas de los miembros del FMI que permite que el poder de voto de las economías emergentes aumente en 6%, en detrimento de las economías industrializadas. Para que estemos ubicados conviene saber que, luego de estos ajustes, Estados Unidos reducirá su poder de voto de 17.0% a 16.5% del total, y que continuará siendo el único país capaz de vetar cualquier decisión del Directorio. Guatemala, por su parte, aumenta su voto de 0.108% a 0.114%; ¡vaya mejora!

Comentarios de los lectores

ROBERTO LOPEZ PORRAS 16-11-2010 09:57:44 horas

¿Alguien cree en el Poder del G20? En la actualidad su autoridad está en duda, ya que los intereses de sus miembros son encontrados. Las políticas de China, Japón, la EuroZona y América Latina, responden a sus propios intereses con algún barniz mediático, con poca efectividad. El mundo no está preparado para la globalización y las decisiones de este Grupo, solo reflejan sus buenas intenciones, pero lo que practican es un proteccionismo disfrazado. Dichos bloques más son proclives a la autarquía Antonio Morales 16-11-2010 12:51:13 horas El G20 es la vía incorrecta para coordinar políticas internacionales. Para eso inventaron al Banco Mundial, al Fondo Monetario y a la Naciones Unidas. Cualquier otro grupo es sólo un esfuerzo por proteger intereses de países individuales fuera del marco multilateral. Guatemala debería protestar (aunque sea con su 0.00001% de votos) contra estos movimientos.