EL ENEMIGO COMÚN

Guatemala necesita una estrategia nacional contra el crimen organizado, no otra guerra ideológica estéril

La reciente reunión entre Donald Trump y Lula da Silva dejó una lección política interesante. Dos líderes enfrentados ideológicamente encontraron un espacio de cooperación alrededor de un objetivo común: combatir el crimen organizado transnacional. Más allá de las diferencias sobre comercio o política exterior, ambos comprendieron algo esencial: enfrentar una amenaza sistémica exige coordinar esfuerzos antes que profundizar divisiones.

En Guatemala debemos tomar nota de ello. Nuestro principal enemigo nacional no es el adversario ideológico de turno. No es “la derecha” ni “la izquierda”; no son los empresarios, ni las ONG ni los medios. El verdadero enemigo del Estado de Derecho y del desarrollo es el crimen organizado en sus distintas manifestaciones: narcotráfico, pandillas, redes de extorsión y estructuras dedicadas al saqueo sistemático del Estado mediante corrupción y captura institucional.

El crimen organizado lo conforman estructuras permanentes y coordinadas, compuestas por individuos o grupos que, mediante violencia, intimidación o prácticas ilícitas en el aparato estatal, buscan obtener poder o beneficios ilícitos. El problema no se limita a las drogas o las armas. También incluye las redes que infiltran municipalidades, financian campañas, manipulan contrataciones públicas o capturan instituciones para garantizar impunidad. El objetivo final de estas estructuras no es solo enriquecerse: es controlar territorios, influir políticamente y debilitar la legalidad.

En años recientes se promovió maliciosamente la idea de que la principal amenaza para la política nacional provenía del financiamiento empresarial formal; sin embargo, las evidencias acumuladas —incluyendo investigaciones recientes sobre narcotráfico y caciques locales— sugieren que la fuerza más corrosiva para el sistema político proviene de las economías criminales asociadas al narcotráfico que no solo compran voluntades, sino que capturan territorios, roban elecciones y minan al Estado.

El asunto adquiere mayor relevancia con el nombramiento del nuevo Fiscal General. Más allá de simpatías o antipatías políticas, lo crucial es que las instituciones de seguridad y justicia funcionen con eficacia, independencia técnica, transparencia y coordinación. Lo que la ciudadanía, los inversionistas y la comunidad internacional observan no es la retórica ideológica, sino la capacidad real del Estado para garantizar certeza jurídica, combatir redes criminales y preservar el orden.

Existe, además, una coincidencia geopolítica que Guatemala debería aprovechar inteligentemente. El combate al crimen organizado constituye también una prioridad estratégica para Estados Unidos. Esa convergencia de intereses debería incentivarnos a convertir esta lucha en una política de Estado, respaldada por cooperación internacional, intercambio de inteligencia, fortalecimiento institucional y apoyo técnico.

Pero nada de eso será suficiente si el país continúa atrapado en guerras ideológicas mientras las estructuras criminales avanzan. El crimen organizado prospera cuando las sociedades se fragmentan, las élites se enfrentan entre sí y las instituciones se debilitan. Mientras tanto, el costo económico y social sigue creciendo: menor inversión, deterioro del clima de negocios, migración, y pérdida de confianza. Guatemala necesita una agenda mínima compartida que trascienda ciclos electorales, banderas partidarias y resentimientos ideológicos. Porque cuando un país no logra identificar correctamente a su verdadero enemigo, termina debilitándose a sí mismo mientras las mafias consolidan su poder.

POR QUÉ LOS MINISTROS SE NOMBRAN DESPUÉS DE LAS ELECCIONES

POR RAZONES ESTRATÉGICAS Y POLÍTICAS

Sería bueno que tomaran nota muchos periodistas y analistas que tienden a preguntar a los candidatos presidenciales durante la campaña: “díganos, si resulta electo, ¿quiénes van a ser sus ministros?”. El recién electo presidente Donald Trump (al igual que lo hacen todos los presidentes electos en democracias maduras) está anunciado poco a poco a sus nominados para ministros, días después de haber sido electo. ¿Por qué creen que ningún candidato presidencial inteligente anuncia (ni siquiera tiene armado) su gabinete antes de ser electo?

Ocurre, simplemente, que es más conveniente para un político que corre en una elección presidencial no anunciar su gabinete (ministros y secretarios) antes de ser electo por varias razones estratégicas y políticas; entre ellas: 

1. Para evitar compromisos prematuros, pues anunciar un gabinete previo a ganar la elección puede obligar al candidato a cumplir con compromisos que aún no ha validado con los votantes. Los miembros del gabinete deben ser seleccionados cuidadosamente para implementar el programa del candidato, lo cual es más efectivo una vez que se tiene el mandato del pueblo.

2.        2. Para tener flexibilidad para negociar: La conformación de un gabinete implica negociaciones políticas y alianzas con diversos actores del sistema político, incluidos partidos, grupos de poder y sectores clave de la sociedad. Si el candidato anuncia su gabinete prematuramente, pierde una parte importante de esa flexibilidad y puede enfrentar presiones externas para excluir a sus preferidos o para incluir a personas no idóneas en posiciones específicas.

3.        3. Para evitar confrontaciones internas: Los partidos políticos o las coaliciones pueden tener diferencias internas sobre quién debe ocupar ciertos cargos, por lo que hacer un anuncio prematuro podría generar conflictos y fricciones dentro del equipo o del partido, debilitando de entrada al nuevo presidente.

4.        4. Para tener mejor impacto en la percepción del electorado: Un anuncio prematuro del gabinete influye en la percepción del votante; si un candidato da a conocer su equipo antes de la elección y algunos de los nombres no son bien recibidos por la opinión pública, podría perder apoyo. Además, podría ser percibido como si estuviera tomando decisiones antes de contar con el mandato del pueblo.

5.        5. Para aprovechar el “momentum” ideal: El proceso de elegir un gabinete implica un análisis más profundo de los resultados de las elecciones: después de la victoria, el presidente electo tiene más claridad sobre el tipo de mandato que tiene (por ejemplo, si tiene una mayoría absoluta o necesita negociar más con otras fuerzas). Esto permite una mejor y más estratégica selección de los miembros del gabinete. Y,

6.        6. Para construir confianza: Al anunciar el gabinete solo después de ser electo, se da la sensación de que las decisiones son tomadas con responsabilidad y libertad, en lugar de estar sometidas a intereses previos: así, los votantes pueden confiar más en que el presidente electo tomará decisiones en función de las necesidades del país y no con base en compromisos previos o presiones externas.

BALANCE DE LA ECONOMÍA EN 2023 Y DESAFÍOS PARA 2024

Es importante diagnosticar adecuadamente. Hacer un balance de la economía de un país al final del año y evaluar los desafíos para el año próximo es importante para que los formuladores de políticas, las empresas y los analistas pueden comprender en dónde estamos parados y puedan hacer los ajustes necesarios, tanto a nivel de políticas económicas gubernamentales, como de la planificación estratégica empresarial. Un diagnóstico acertado de la situación permite a las empresas ajustar sus planes de negocios, estrategias de inversión y presupuestos en función de las condiciones y previsiones económicas, y proporciona a los inversores la información que necesitan para evaluar los riesgos y oportunidades. Comprender los desafíos y riesgos potenciales en el entorno económico permite, además, una mejor gestión de riesgos para mitigar el impacto de las incertidumbres económicas. A continuación propongo, de manera muy resumida, un diagnóstico en esa línea.

Cómo nos fue en 2023. En 2023 la economía guatemalteca mantuvo sus fortalezas económicas, que son muy reconocidas en los mercados internacionales y que se plasman en mantener un largo historial de estabilidad macroeconómica, resultado de políticas fiscal y monetaria conservadoras, cuyos resultados se reflejan en los principales indicadores de desempeño macroeconómico. El largo historial de estabilidad macroeconómica y prudencia fiscal que contribuyen a mantener la dinámica de crecimiento de la producción nacional, medida por el PIB, que en 2023 tendría una tasa interanual de un 3.3%, pese a la volatilidad en el entorno externo y la incertidumbre que siempre surge en torno a las elecciones generales. Tanto la deuda pública (inferior al equivalente al 30% del PIB) como el déficit fiscale (inferior al 2% del PIB) son moderados y se comparan muy bien en relación con los demás países de la Región. La posición externa es muy sólida (con un superávit de balanza de pagos), un elevado nivel de reservas monetarias internacionales y un tipo de cambio notablemente estable. La política monetaria sigue siendo adecuada, aunque el nivel inflacionario de 2023 aún permanece elevado (terminará el año en una tasa interanual de alrededor del 3.5%) y las tasas de interés del sistema bancario, que empiezan a elevarse, aún son razonables y muy estables. Eso sí, el crecimiento económico en 2023 pudo haber sido un par de décimas porcentuales mayor, pero la incertidumbre política asociada al año electoral y los bloqueos y protestas ocurridos (particularmente en octubre) habrían tenido un efecto negativo sobre las decisiones de inversión privadas y sobre la generación de negocios.

El valor de las exportaciones este año se reducirá en comparación con el valor registrado en 2022, debido a que el comercio mundial se deprimió en todo el mundo y nuestros principales socios comerciales (Estados Unidos, Centroamérica y Europa) redujeron sus compras de nuestros productos. También las importaciones serán menores en 2023, debido en buena medida a una reducción en los precios internacionales de los principales productos importados, incluyendo los combustibles. Para 2024 las exportaciones de mercancías (FOB), aunque afectadas por la desaceleración económica mundial, alcanzarían un crecimiento positivo (aunque modesto) que supondría una mejora respecto de 2023, lo cual se explica por la recuperación del comercio mundial y porque los precios internacionales se estabilizarán en la primera mitad de 2024.  Por su lado, las importaciones también se recuperarían en 2024, en respuesta a la relativamente menor demanda por bienes importados como combustibles, bienes de consumo e industriales asociada al crecimiento de la actividad económica doméstica, soportada por la moderación de los precios internacionales.

Perspectivas y principales desafíos para 2024. Se espera que en 2024 se vea una leve mejora en el comercio mundial (que favorecerá la demanda externa de nuestra economía) y una estabilización de las expectativas de los inversionistas una vez tome posesión el nuevo gobierno. Sin embargo, el crecimiento de las remesas se desacelerará y el desempleo se mantendrá, lo que impedirá un mayor crecimiento del consumo privado. Además, consumo del gobierno se ralentizará el próximo año, ya que se trata del primer año de un nuevo gobierno que tendrá dificultades para ejecutar su presupuesto. La tasa de crecimiento económico prevista para 2024 tendrá un ritmo ligeramente inferior en comparación con los ritmos de 3.5% alcanzados en promedio en la década anterior a la pandemia, y que algunos consideran la tasa de crecimiento potencial del país; esto refleja no solo un clima económico internacional adverso, sino también las dificultades que enfrenta el Estado para superar los obstáculos estructurales que limitan la productividad del país. Pero, en todo caso, no se esperarían cambios radicales en las políticas fiscal y monetaria, por lo que el pronóstico estaría del lado de una continuidad en la estabilidad de las principales variables macroeconómicas en 2024.

El tipo de cambio continuará siendo estable en 2024. El balance externo de Guatemala continuará mostrando un superávit, apuntalado en el flujo de remesas familiares hacia el país. El continuado flujo de remesas, aunado al nivel robusto de reservas monetarias internacionales, contribuirán a apoyar la estabilidad en el valor del quetzal.  Se espera que la cotización del dólar en el mercado local se mantenga con el comportamiento estable durante 2024, con algunos pequeños altibajos siguiendo su patrón estacional, apoyado en que el tamaño relativamente pequeño de la economía del país y su limitada exposición a inversiones de cartera, además de las continuas intervenciones del Banguat que moderarán la volatilidad en el mercado cambiario.  Claro está que los diferenciales de tasas de interés con el exterior se han estado reduciendo, lo cual podrá implicar una mayor susceptibilidad del tipo de cambio ante eventos extraeconómocos, pero el exceso de dólares en el mercado y las indicadas intervenciones del banco central permitirán que el quetzal permanezca estable el año próximo.

A nivel empresarial, los retos económicos en 2024 tendrán relación con un nivel de precios que permanecerá relativamente elevado, y con una economía internacional que estará poco dinámica, pero en general habrá un potencial de crecimiento en la mayoría de sectores económicos, que implican aprovechar las fortalezas de nuestro entorno económico y tratar de superar sus debilidades. A nivel macro, la gran fortaleza de la economía nacional es la estabilidad macroeconómica, pero su gran debilidad es el limitado ritmo al cual crece la producción nacional debido a una baja productividad sistémica. Entonces, el desafío es doble. Por un lado, preservar la gran fortaleza de nuestra macroeconomía: la estabilidad de precios, del tipo de cambio, de las tasas de interés y de la producción, con base en una política fiscal prudente y una política monetaria ejecutada por un banco central independiente de los políticos. Por el otro, tratar de acelerar el crecimiento de la economía y mejorar el nivel de ingresos de la población. Esto último solo se logrará si se mejora el clima de negocios y se establece un sistema de certeza jurídica, para lo cual es indispensable fortalecer las instituciones republicanas, asegurar la independencia de poderes y mejorar la eficiencia de los entes del Estado, centralizando los esfuerzos gubernamentales en proveer los servicios públicos esenciales (seguridad, justicia, infraestructura, salud y educación). Priorizar el quehacer del Estado en estos fines va a resultar esencial para emprender una senda de prosperidad que sea sostenible en el tiempo. Y será mejor mientras más pronto se empiece esa recomposición de las prioridades e instituciones del Estado.

Sin duda alguna el ambiente político influye decisivamente en las decisiones de inversión y de consumo. Un sistema político y gubernamental que genere certeza y confianza es fundamental para atraer inversión extranjera, pero también lo es para generar inversión doméstica. Contrario sensu, un entorno político disfuncional, carente de políticas públicas y acuerdos políticos de largo plazo, genera incertidumbre y desincentiva la inversión. En el caso de Guatemala resulta evidente que todas sus fortalezas macroeconómicas -ya comentadas- no son suficientes para mejorar la calificación de riesgo-país (y, por ende, para atraer más inversiones): todos los reportes de las calificadoras internacionales coinciden en que, para que nuestro país pueda mejorar su calificación (y su nivel de atractivo para las inversiones) es imprescindible mejorar el sistema político, fortalecer las instituciones y aumentar la efectividad de las políticas públicas de largo plazo.

La variable clave para promover mayor inversión y empleo (y mayor crecimiento y bienestar) es la productividad. Desde una perspectiva económica, la Certeza Jurídica y el orden económico son factores esenciales para lograr una mayor eficiencia (productividad) sistémica. Un entorno predecible y estable genera confianza, desencadena la inversión y favorece los intercambios (no solo comerciales, sino también culturales, tecnológicos y sociales), lo cual permite elevar la productividad y, con ella, el crecimiento y el bienestar. Por tanto, las políticas que el nuevo gobierno debería implementar para lograr esos fines van más allá de lo puramente económico: debería -como mencionamos antes- priorizar aquellas medidas que fortalezcan las instituciones republicanas, aumenten la eficiencia del Estado en la provisión de servicios básicos (seguridad, justicia, infraestructura, salud y educación) y propicien la paz social y la confianza entre los guatemaltecos para apoyar el ingenio y la laboriosidad del chapín. Todo lo demás vendrá por añadidura.

Tenemos con qué, pero ¿tenemos cómo y con quién? El enorme potencial de Guatemala, apoyado no solo en su estabilidad macroeconómica, sino en sus abundantes recursos naturales, campos, ríos, montañas y riquísima flora y fauna, se ve obstaculizado por una miríada de obstáculos auto impuestos por un sistema político disfuncional. ¿Cómo aprovechar todos esos recursos, por ejemplo, con una red vial minúscula y obsoleta, que demanda tres horas de viaje para recorrer los 35km que nos separan de la Antigua Guatemala, o seis horas para llegar a Quetzaltenango?

¿Cómo un pueblo tradicionalmente pacífico y emprendedor puede resolver sus naturales conflictos mercantiles o civiles de forma expedita (para favorecer los intercambios económicos, sociales y culturales) si no cuenta con un sistema de justicia medianamente funcional? ¿Qué certeza jurídica pueden dar unas cortes que se excedieron en el periodo de su mandato constitucional por más de tres años?

¿Cómo podemos disfrutar y compartir con el mundo las enormes bellezas naturales, arqueológicas y culturales del país -que podrían ser un destino turístico de talla mundial- cuando nuestro ruinoso aeropuerto internacional recibe tan pocos vuelos y no cuenta siquiera con la adecuada iluminación, ni aire acondicionado… ni limpieza básica?

¿Cómo podemos potenciar a la juventud deseosa de superarse cuando las escuelas estuvieron innecesariamente cerradas con la excusa de la pandemia y, al reabrirse, estaban en peores condiciones que antes? ¿O con una universidad estatal que recibe cientos de millones de quetzales anualmente y se encuentra prácticamente paralizada, sin clases presenciales, sin investigación científica, sin propuestas académicas?

¿Cómo desarrollar a los deportistas de clase mundial y a todos los deportistas talentosos que claman por apoyo, cuando el deporte federado y el olímpico -que también reciben millones de quetzales del erario anualmente- son extremadamente opacos e ineficaces, al punto de ser paria en la comunidad deportiva internacional, habiendo dejado a nuestros atletas sin la oportunidad de defender los colores de su bandera ni de cantar su himno nacional ante el mundo?

¿Cómo permitir a las empresas honestas hacer negocios lícitos con el Estado cuando los sistemas de transparencia como Guatecompras y Sicoin quedan fuera de operaciones por misterios hackeos informáticos?

¿Cómo afianzar y desarrollar la vocación democrática de la ciudadanía, cuando los procesos electorales -que solían ser ejemplo de transparencia y participación cívica- son ahora puestos en duda por las propias autoridades y la propia integridad de los magistrados del tribunal electoral está en entredicho?

¿Cómo mantener a la población económicamente activa en condiciones de rendir y ser productiva si los índices de desnutrición tienen años sin mejorar y los hospitales públicos carecen de alimentos, no digamos medicamentos?

¿Cómo preservar la tradicional vocación de apertura y multilateralismo de nuestras relaciones exteriores cuando vemos que se deterioran y tensionan nuestras relaciones con nuestros principales socios comerciales y diplomáticos en Norteamérica, Latinoamérica y Europa?

¿Cómo sacar partido de tener la ciudad más grande y moderna entre Puebla y Panamá cuando importantes obras de infraestructura, como los pasos a desnivel en importantes arterias citadinas, están tan paralizdas como el costosísimo e insoportable tránsito en las horas pico?

En fin, ¿cómo sacar provecho de la laboriosidad, el ingenio, las ambiciones y los anhelos de los guatemaltecos, cuando el continuo deterioro institucional de los tres poderes del Estado lo hace incapaz de proveer los servicios públicos esenciales (seguridad, justicia, infraestructura, salud y educación primarias) y necesarios para el buen funcionamiento de los intercambios económicos?

Aparte de su estabilidad macro y de la riqueza de sus recursos naturales, lo mejor que tiene Guatemala es la capacidad, tesón y espíritu de superación de los 17 millones de guatemaltecos; pero seguiremos desperdiciando ese potencial -y sufriendo el desangramiento que significa la emigración anual de miles de compatriotas- mientras no empecemos pronto a enfrentar estas debilidades institucionales que impiden el desarrollo integral de nuestro país.

ELECCIONES Y RIESGO-PAÍS

 Más que el signo ideológico del gobierno electo, lo que afecta la calificación del país es el innecesario ruido e incertidumbre que meten las inoportunas acciones de judicialización que han manchado el proceso electoral

A una semana de finalizada la segunda vuelta electoral, pocas dudas quedan de que el sistema que diseñaron los padres fundadores en los años ochenta continúa siendo sólido y confiable, pese a la creciente mediocridad y deterioro que en los últimos lustros ha sufrido la institucionalidad a cargo. La ciudadanía participó en libertad y con entusiasmo, tanto en su calidad de votantes como en su heroica calidad de voluntarios (en las mesas y juntas electorales), para asegurar el cumplimiento de la sagrada voluntad popular. Fue una participación cívica, pacífica y esperanzada, cuyos resultados no dejan lugar a dudas (excepto para los peores ciegos que, como se sabe, son aquellos que se niegan a ver).

La existencia de un régimen democrático basado en elecciones libres -con todo y sus evidentes debilidades- que segura la alternancia en el poder, es un factor clave para generar una buena imagen internacional para Guatemala, no solo a nivel político, sino también en los mercados financieros internacionales, especialmente en estos tiempos en los que el autoritarismo y el espejismo del “hombre fuerte” parecen haber seducido a los votantes latinoamericanos, hastiados de sus precarias democracias que no han conseguido mejoras sustanciales en los niveles de bienestar ni, mucho menos, reducir el crecimiento de la rampante corrupción en toda la Región.

Para las calificadoras de riesgo-país, los riesgos sociopolíticos se han vuelto cada vez más prominentes, lo que las ha llevado a que, cuando evalúan periódicamente a cada país latinoamericano, se le asigne una ponderación importante a los síntomas de descontento social o lascrecientes tensiones políticas internas. Los mayores riesgos sociopolíticos hacen que aumenten los riesgos crediticios para los gobiernos emisores cuando se mide su grado de gobernabilidad, los constantes cambios de políticas públicas (incluidos cambios regulatorios y de intervención gubernamental), los canales de desempeño económico y la volatilidad financiera. La calificación de riesgo-país de Guatemala (que es un factor crucial para definir los flujos financieros oficiales y privados que requiere nuestra economía desde el exterior) siempre ha estado afectada por ese tipo de consideraciones, pero ahora lo está mucho más.

Hace un par de días, la agencia calificadora Fitch Ratings dio su opinión sobre el impacto de las elecciones en la calificación de Guatemala: por un lado, consideró muy poco probable que el resultado electoral modifique sustancialmente la configuración de las políticas macroeconómicas, pues estas están ancladas en un historial de conservadurismo fiscal y un banco central independiente; pero, por otro lado, Fitch considera que existen evidentes debilidades en la gobernanza del país, que son una limitación fundamental para la calificación soberana de Guatemala. 

La comunidad financiera internacional resiente que los indicadores de gobernabilidad del país estén en continua disminución (los indicadores de gobernanza del Banco Mundial han caído del percentil 31 en 2010 al 26 en 2022), principalmente aquellos relacionados con el control de la corrupción y el estado de derecho. A esa preocupación se agrega el notable hecho de que las elecciones de 2023 han estado repletas de incertidumbres, lamentablemente generadas por las propias autoridades electorales y judiciales, que han judicializado y ensuciado innecesariamente el proceso electoral mediante la descalificación de varios candidatos por “cuestiones técnicas”, la impugnación -débilmente fundamentada- de los resultados de la primera vuelta, o los intentos de suspender el estatus legal de varios partidos (incluyendo el del candidato presidencial ganador) en pleno período eleccionario.

Por ello, las calificadoras de riesgo-país, como Fitch, afirman que si bien es cierto que la débil gobernanza de Guatemala no ha tenido -hasta ahora- efectos macroeconómicos sensibles, también lo es que dicha debilidad constituye un obstáculo importante para mejorar nuestra calificación en el futuro. La alternabilidad en el poder es, normalmente, un signo de fortaleza democrática que es bien apreciado por la comunidad financiera internacional; la incertidumbre jurídica y la inestabilidad política, por el contrario, son señales que afectan muy negativamente la imagen del país en los mercados.

El signo ideológico de un nuevo grupo gobernante no es lo importante a la hora de evaluar los riesgos macroeconómicos y financieros del país después de las elecciones, especialmente si se trata de autoridades electas legítimamente, que están comprometidas con respetar el marco legal y constitucional, y que no tienen intenciones de perpetuarse en el poder. En cambio, lo que sí puede dañar la imagen y la calificación del país es la enorme incertidumbre que introducen las inoportunas acciones de judicialización y persecución penal que amenazan con descarrilar lo que ya es una tradición de nuestra (frágil) democracia: la alternabilidad y la transición ordenada y pacífica del poder.

NO HAY QUE DESENTENDERSE

DE FORTALECER LA DEMOCRACIA Y MANTENERNOS INSERTOS EN LA ECONOMÍA GLOBAL

La semana pasada participé como panelista en un conversatorio sobre las perspectivas económicas y políticas del país, organizado por la Cámara Guatemalteca de la Construcción. En el intercambio de opiniones que sostuvimos con Diego Marroquín y Paul Boteo -los otros panelistas, se puso de manifiesto que 2023 plantea importantes desafíos para el país. En el ámbito económico, la amenaza real y clara de una eventual recesión en los países industrializados se agrava con la posibilidad de una inflación mundial inesperadamente persistente. En el ámbito político, las incertidumbres existentes respecto del año electoral en el país se complican con un presupuesto fiscal desbocado y con las crecientes tensiones geopolíticas en el hemisferio norte.

En ese entorno tan complejo es necesario reconocer, por un lado, que la economía guatemalteca tiene una reconocida fortaleza en su demostrada resiliencia ante shocks externos y en sus características políticas fiscal y monetaria ortodoxas. Pero, por otro lado, también hay que reconocer que nuestra velocidad de crecimiento económico ha sido muy lenta durante décadas y que nuestros indicadores socioeconómicos están muy rezagados con relación a otros países de similar nivel de ingreso. Estas dos realidades deben conjugarse equilibradamente.

Para hacerlo, es fundamental que todos aquellos involucrados en procurar la buena marcha del país -no sólo los líderes gubernamentales y los políticos, sino también las demás fuerzas vivas: empresarios, academia, sociedad civil- no se desentiendan de su compromiso con el modelo democrático que escogimos hace cuarenta años ni con el esfuerzo de insertar al país en la economía mundial y en el concierto de las naciones civilizadas. En efecto, el sistema electoral que con sabiduría y esmero se empezó a construir en la década de los ochenta y que ha permitido la sucesión de gobiernos civiles democráticamente electos, muestra ahora unos preocupantes signos de agotamiento que deben ser reparados con sabiduría y urgencia. Hacerlo requiere del involucramiento de todos. Los ciudadanos no debemos desentendernos de la continua vigilancia sobre el quehacer de los políticos y de la responsabilidad de defender y fortalecer nuestra incipiente democracia.

Igualmente, ante las tendencias nacionalistas y proteccionistas que están cobrando auge alrededor del mundo (tanto como han cobrado auge las políticas de excesivo gasto público e irresponsable manejo fiscal), lo peor que podríamos hacer es pretender -en nombre de una delusoria soberanía- regresar a la autarquía económica y al aislamiento político. En los últimos siglos, ninguna nación se ha desarrollado ni prosperado sin un intercambio vigoroso -económico y cultural- con otras naciones. Los países que están abiertos a estos intercambios tienden a crecer más rápido, innovar, mejorar la productividad y brindar mayores ingresos y más oportunidades a su gente. De manera que, ante un 2023 que se vislumbra complejo y desafiante, desentendernos de nuestro compromiso con el sistema democrático y con la apertura al mundo puede ser una receta para el fracaso.

EVALUACIÓN DEL RIESGO-PAÍS

LAS DEBILIDADES POLÍTICO-INSTITUCIONALES SON LAS QUE IMPIDEN AL PAÍS ALCANZAR EL GRADO DE INVERSIÓN

Recientemente dos de las principales calificadoras de riesgo-país emitieron su evaluación sobre Guatemala. Standard & Poor’s -S&P- ratificó la calificación de BB- para nuestro país, pero la buena noticia fue que mejoró la perspectiva crediticia del país, de estable a positiva, destacando su prolongado historial de estabilidad macroeconómica, reflejado en una política monetaria ortodoxa que ha logrado mantener la inflación alrededor de la meta establecida por el Banco Central, así como por una política fiscal prudente, que ha logrado mantener un déficit fiscal moderado y un bajo nivel de endeudamiento público.

También la calificadora Fitch Ratings nos calificó con un BB- y mejoró la perspectiva crediticia de estable a positiva, subrayando los mismos factores positivos enfatizados por S&P. Ambas calificadoras destacaron la resiliencia de la economía guatemalteca ante los efectos del gran confinamiento de 2020. Estas calificaciones representan la opinión de los expertos de esas empresas respecto de la capacidad del país para cumplir con sus compromisos financieros externos y su importancia radica en que, mientras mejor sea la calificación de riesgo más factible será que Guatemala pueda obtener financiamiento a un menor costo relativo y tener acceso a nuevos mercados financieros y de capitales.

Al analizar los reportes de las calificadoras es posible identificar qué factores son vistos como fortalezas de la economía guatemalteca, pero también cuáles son los factores que son considerados debilidades y que son los que impiden que nuestro país alcance el ansiado grado de inversión en los mercados financieros internacionales. Entre las fortalezas del país, ambas calificadoras destacan la estabilidad de las variables macroeconómicas, la moderada deuda pública, la política monetaria independiente, la resiliencia de las remesas familiares y la solidez del sistema bancario. En contraposición, las principales debilidades del país radican en la frágil gobernabilidad (débiles pesos y contrapesos; percepción de corrupción; débil implementación de políticas), las instituciones inefectivas, el ambiente político polarizado y la falta de medidas de largo plazo que impiden acelerar los mediocres ritmos de crecimiento de la inversión y de la producción nacional.

También la consultora nacional COPADES emitió su más reciente rating soberano y ubicó la calificación de riesgo-país en el equivalente a un BB+, es decir, un par de gradas por encima de las dos calificadoras entes mencionadas, pero similar a la calificación le dio al país en noviembre Moody’s (otra calificadora de las más reputadas internacionalmente). Esto se explica porque la calificación de COPADES, a diferencia de las de Fitch y S&P, no incorpora factores cualitativos tales como los referentes a la gobernabilidad, el sistema político, la eficacia de las instituciones públicas o los niveles de corrupción. De ello se puede deducir que son precisamente este tipo de factores (político-institucionales) los que están impidiendo, desde hace tiempo, que Guatemala pueda alcanzar -a pesar de su buen desempeño macroeconómico- el grado de inversión en su calificación de riesgo soberano.

POLÍTICA, PRODUCTIVIDAD Y CRECIMIENTO

EL DESEMPEÑO ECONÓMICO, A MEDIANO PLAZO, ESTÁ DETERMINADO POR LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS

La producción nacional experimentó un rápido rebote en 2021 y crecerá encima del 4 por ciento en 2022; sin embargo, se estima que a partir del próximo año el crecimiento económico retornará a su habitual ritmo tendencial (de 3.5 por ciento anual) y, según el FMI, lo más probable es que ese mediocre ritmo se mantenga así y hasta pueda declinar en los próximos años, por diversas razones. Una de esas razones es la política: la insuficiente generación de empleos y de mejores ingresos puede causar desesperación en la población, aumentar el apoyo electoral a populistas y demagogos, e inducir a una combinación de malas políticas que socavarían el crecimiento económico futuro. El año electoral 2023 será más relevante que nunca.

Desde una perspectiva histórica, la economía guatemalteca creció fuertemente en las décadas de 1960 y 70, pero colapsó en la década siguiente; el crecimiento se recuperó después de 1990, pero volvió a reducirse a partir de 2010. Cuando el crecimiento se descompone según los factores que lo impulsan, los datos sugieren que la contribución de la productividad al crecimiento ha sido nula durante las últimas décadas. En otras palabras, el bajo crecimiento de la productividad -más que la acumulación insuficiente de otros factores (trabajo o capital)- es la causa central del bajo crecimiento: Guatemala tiene un serio problema de baja productividad.

Además del uso de tecnología, la productividad refleja -principalmente- la eficiencia general con la que se asignan los factores de producción en la economía. La deficiente provisión de los bienes públicos esenciales (seguridad, justicia, infraestructura, salud y educación) y las distorsiones económicas desatendidas (o causadas) por las políticas públicas conducen a una mala asignación de los factores de producción en la economía y generan poca productividad. Es esencial abordar las causas fundamentales de la baja productividad, pues esta es la razón del mediocre crecimiento económico y de la escasa movilidad social.

El riesgo es que los votantes, en estas condiciones, son proclives a aceptar (incluso a demandar) políticas públicas que, a la postre, perjudican el crecimiento económico, como los impuestos expropiatorios o las restricciones a la empresa privada, al libre comercio y a la migración. Si el escenario democrático no es suficiente para sentirse representados, los ciudadanos podrían optar por la salida populista que -según lo visto en otros lares- conduce al caos social y político e impide aún más la asignación eficiente de los recursos necesarios para el crecimiento. Para eludir ese riesgo se requiere, en primer lugar, una gestión macroeconómica adecuada, que es una condición necesaria para el crecimiento económico, pero no suficiente. El crecimiento tiene otros determinantes clave que tienen que ver con la eficiencia de las instituciones del Estado, la provisión de bienes públicos, la estabilidad política, la gobernabilidad democrática y el imperio de la ley. Los problemas económicos no están divorciados del entorno político: las instituciones políticas juegan un papel central en la configuración de los incentivos para promover la productividad, el crecimiento económico y el bienestar de la población.

DEMOCRACIA EN RIESGO: TEMAS DE FONDO

PROCURAD UN TSE EFICAZ E INDEPENDIENTE, Y TODO LO DEMÁS SE OS DARÁ POR AÑADIDURA

La semana pasada comentamos sobre las reformas urgentes que deben hacerse (ley o reglamentos) para superar las ambigüedades y zonas grises que podrían perjudicar el proceso electoral del 2023. Encima de esos temas, existen dos aspectos cruciales, de mucho más fondo, que deben abordarse para evitar que la credibilidad y la efectividad de nuestra frágil democracia continúen debilitándose en el imaginario colectivo. Uno tiene que ver con aumentar el involucramiento de las personas (factor clave del ejercicio de la ciudadanía) en las manifestaciones democráticas y en la gestión de la cosa pública y, el otro, con la aplicación y el cumplimiento de las reglas de juego que rigen el sistema.

En el primer caso, se trata de mejorar la representatividad, que sería un paso importante para lograr una democracia más funcional y serviría de sustento para aliviar los grandes conflictos sociales que aquejan a la sociedad guatemalteca. Ello implicaría, por un lado, modificar la forma en que se eligen los diputados, estableciendo que la votación sea nominal (no por listados cerrados) y, por otro, con la creación de nuevas circunscripciones electorales (más pequeñas que las actuales) que logren acercar al ciudadano con su representante. Una mayor cercanía entre el diputado y el votante permitiría, además, una mejor fiscalización ciudadana Una reforma así ya se encuentra bajo análisis en el Congreso.

La legitimidad y credibilidad del sistema pasan también por fomentar la participación de los ciudadanos en los procesos democráticos y eso se logra eliminando los múltiples obstáculos que existen para organizarse política y cívicamente. Se necesita reducir drásticamente las barreras de entrada a nuevos partidos políticos (incluyendo distritales) para acabar con el actual esquema de partidos franquicia (en el que el comité nacional es propietario de la “marca” del partido y la cede temporalmente a líderes locales en cada elección). Es un mito creer que tener muchos partidos políticos compitiendo es algo indeseable (en Alemania o en España, por ejemplo, compiten más de treinta). Lo que en realidad se necesita en una autoridad fuerte, competente e independiente que haga cumplir las reglas del juego. Y esta sí es la madre de todas las reformas electorales.

Esa reforma debe enfocarse en hacer más independiente a la instancia superior del TSE (el pleno de magistrados) y, a su vez, reformar su gobernanza interna para hacer más eficaz su trabajo. Esto conlleva, por un lado, que los magistrados duren más tiempo en el cargo y el pleno de magistrados se renueve de forma escalonada para que, en un momento dado, las fuerzas políticas que los eligen no puedan influir en el nombramiento de todo el pleno; y, por otro lado, que los magistrados se liberen de (deleguen) las funciones administrativas y se concentren en los aspectos jurisdiccionales. Si la máxima autoridad electoral es fuerte, independiente y efectiva, será posible superar muchas de las dificultades que hoy día sufre nuestro alicaído sistema y darle un nuevo aliento a nuestra democracia, hoy en riesgo.

DEMOCRACIA EN RIESGO

URGEN REFORMAS QUE BLINDEN EL PRÓXIMO PROCESO ELECTORAL

Recientemente se publicó el Índice de Democracia de The Economist, que para 2021 reveló una reducción en la calidad de la democracia en todas las regiones del mundo -y peor en Latinoamérica-, principalmente a causa de la reducción de las libertades civiles provocada por los confinamientos y las restricciones a la movilidad aplicadas para atenuar los efectos de la pandemia, aunque también debido a los crecientes ataques populistas contra las instituciones democráticas. El Índice califica cinco categorías (proceso electoral, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles) de acuerdo a cuyos indicadores los países se clasifican como "democracia plena", "democracia defectuosa", "régimen híbrido" o "régimen autoritario".

Guatemala resulta ser un “régimen híbrido”, no solo por una calificación muy baja de 4.62 puntos, que nos ubica en el puesto 99 de 165 países en el mundo y el 20 entre 24 latinoamericanos (solo delante de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití), sino que se ha venido deteriorando consistentemente desde hace 15 años. De nuestros cinco sub indicadores, el más sólido es el de Proceso Electoral, categoría que estará en un riesgo considerable en el próximo proceso electoral de 2023 si no se toman las medidas preventivas indispensables.

El Congreso tiene en sus manos reformar la Ley Electoral para evitar que el próximo proceso electoral sufra de las complicaciones que se observaron en 2019 (y de las que solo con mucha suerte salimos bien librados). La ventana de oportunidad para que esas reformas cobre vigencia se cierra con la convocatoria a elecciones. El tiempo apremia para corregir las disposiciones vigentes (muchas derivadas de las precipitadas reformas de 2016) que causan confusión o que son inaplicables y que, por ende, restan certeza al clima electoral y minan la credibilidad de nuestra democracia. Entre esos ajustes necesarios destacan la necesidad de clarificar las definiciones y regulación sustantiva, como el caso de los conceptos de campaña política anticipada, proselitismo, personas vinculadas y relacionadas y las fases del proceso electoral; así como la creación de la franja electoral y el ajuste a la regulación de la campaña en medios de comunicación.

Para preservar las fortalezas de nuestro proceso electoral, el Congreso debe apurar estas reformas e idealmente, si fuera factible, también debería considerar incluir algunas disposiciones que acerquen a los electores con sus representantes, potenciando así la representatividad incorporando, por ejemplo, el voto preferente para elección de diputados. Estas reformas urgentes minimizarían los riesgos que hoy existen de un proceso electoral deteriorado, confuso y sin credibilidad en 2023. Pero solo serían un alivio temporal. Para rescatar y blindar a largo plazo nuestra democracia, quedarían pendientes para próximos años otras reformas más profundas, como las relativas al mandato e independencia del TSE y a facilitar la participación política de más ciudadanos. Pero de esas hablaremos la próxima semana.

¿PODREMOS SALIR ADELANTE?

 O NOS PONEMOS DE ACUERDO EN UNA AGENDA MÍNIMA, O CORREMOS EL RIESGO DE PERDER NUESTRA FRÁGIL DEMOCRACIA

La semana pasada tuve el honor de participar en un par de foros en los que, en el marco de la conmemoración del bicentenario de la independencia nacional, se discutieron las posibilidades y conveniencia de impulsar ciertas reformas clave para lograr que Guatemala genere mayores niveles de prosperidad y bienestar para sus ciudadanos. Sobresale entre ellas la necesidad de reformar el disfuncional y desnaturalizado sistema electoral y de partidos políticos.

En ese contexto, resulta clave lograr que los habitantes del país se conviertan en ciudadanos del mismo: que se hagan partícipes de la vida política, social, económica y cultural de la comunidad y que se sientan representados por -y les exijan cuentas a- los funcionarios públicos electos. Ese sentido de ciudadanía está ausente, entre otras razones, porque el Estado está -a su vez- ausente de la vida ciudadana, incapaz de proveer los servicios básicos (seguridad, justicia, infraestructura, educación y salud) que cualquier Estado mínimo está llamado a prestar a sus habitantes. Esta ausencia mutua ha creado un creciente abismo entre la ciudadanía y el sistema político que se acrecienta a medida que dicho sistema se corrompe y se distorsiona.

La necesaria reforma del sistema político está, paradójicamente, en manos de la clase política que se beneficia de que nada cambie. Pero esa reforma también está en manos de la sociedad y de la presión que esta debe ejercer sobre el estamento político. Por desgracia, el clima de crispación, desconfianza y radicalización que ha contaminado en años recientes las relaciones entre los distintos liderazgos sociales, impide que los políticos se sientan presionados y conminados a reformar el sistema. Si queremos que se produzcan reformas tan importantes (no solo la del sistema electoral, sino también otras como la del servicio civil, la del sector justicia o la del control del gasto público) es imprescindible que los distintos liderazgos sociales dejen de lado la desconfianza y descalificación mutua y logren identificar los puntos (que son muchos) en los que existen consensos mínimos y que pueden ser la base de una agenda mínima de reformas que el país reclama con urgencia.

Aunque lograr esos consensos parece difícil ahora, vale la pena recordar que en el pasado reciente los guatemaltecos hemos sido capaces de dejar nuestras diferencias de lado y ponernos de acuerdo en temas trascendentales para el futuro del país (como lo atestiguan las experiencias del retorno a la democracia constitucional en los años ochenta del siglo pasado, o la firma de los Acuerdos de Paz una década después). El deterioro de las instituciones republicanas y democráticas (que se está dando no solo en Guatemala, sino en muchos países alrededor del mundo) se está convirtiendo en un obstáculo al progreso y en una amenaza a la sobrevivencia de nuestra frágil democracia. Mientras no seamos capaces como sociedad de acordar una agenda mínima para reformar las instituciones que se están deteriorando y, al mismo tiempo, preservar aquellas pocas que aún están funcionando bien, esa amenaza tendrá más chance de convertirse en una trágica realidad.

MEJORES INSTITUCIONES, MEJOR VIDA

SE NECESITAN MEJORES INSTITUCIONES, DESDE EL ÁMBITO ELECTORAL HASTA EL DE CONTROL DEL GASTO PÚBLICO

Múltiples estudios alrededor del mundo demuestran el rol fundamental de las instituciones para mejorar la efectividad de los gobiernos, el funcionamiento de las sociedades y la calidad de vida de las poblaciones. Entre ellos, los de la economista Rohini Pande (de la Universidad Yale) aterrizan en lecciones prácticas que pueden resultar útiles para Guatemala.

Por ejemplo, que existe una asociación entre la calidad de las instituciones políticas y la probabilidad de éxito de las políticas para el desarrollo y para aliviar la pobreza. La profesora Pande evidenció recientemente que para reducir la pobreza es menos eficaz la ayuda directa (subsidios o transferencias de efectivo) que la creación de instituciones democráticas eficaces para que los ciudadanos en situaciones vulnerables puedan elegir directamente a sus representantes y empujarlos a aplicar políticas que favorezcan el empleo y la generación de ingresos. Pero, además, argumentó que la democracia funcional requiere mucho más que sólo institucionalizar elecciones periódicas que permitan a todos votar cada cuatro años sino que, además y principalmente, es necesario que los ciudadanos estén bien informados, bien representados y en capacidad de defender sus instituciones democráticas.

La lección para Guatemala bien puede ser que la tan necesaria reforma al sistema electoral y de partidos políticos no solo debe incorporar mecanismos que permitan a los ciudadanos votar directamente por sus representantes mediante listas abiertas (o voto preferente, tal como se propone en la iniciativa que actualmente se discute en el Congreso), sino también debe recuperar la autonomía, profesionalidad y eficacia del Tribunal Supremo Electoral.

En materia de combate a la corrupción, la profesora Pande subraya la importancia de un cambio de actitudes por parte de la sociedad. Su análisis sobre la corrupción cuestiona seriamente la noción de que los países más pobres son más proclives a la corrupción que los países ricos porque están más dispuestos a tolerarla. Por el contrario, Pande muestra que la gente es potencialmente igual de corrupta en los países ricos que en los pobres, pero lo que varía son, precisamente, las instituciones, en particular las que permiten mejorar la transparencia y fortalecer los mecanismos de control. Es decir, para construir las instituciones contra la corrupción resulta más eficiente privilegiar la prevención (vigilancia, la supervisión y la fiscalización) sobre la sanción (persecución penal).

También aquí resulta clara la lección para Guatemala: la Contraloría de Cuentas, las unidades de auditoría interna de los entes gubernamentales, y el tratamiento de los conflictos de interés son instituciones que necesitan urgentemente una reforma profunda que las fortalezca y habilite para que la lucha contra la corrupción no tenga que recaer exclusivamente en la persecución penal cuyos resultados, hasta ahora, no solo han sido efímeros sino, a veces, contraproducentes.

MAMAR DE LA UBRE SECA DEL FISCO

REGALAR DINERO DEL FAMÉLICO ERARIO PÚBLICO ES UNA POLÍTICA SIMPLISTA Y PELIGROSA

La manifestación más visible y dañina de la bancarrota de nuestro sistema político es la crasa mediocridad y perverso simplismo de las propuestas de política pública que surgen en los distintos entes del Estado. La calidad de las iniciativas de ley y de las políticas socioeconómicas es cada vez más pobre y las consecuencias de su eventual aplicación cada vez más peligrosas. Abundan los ejemplos.

En vez de plantear reformas que fortalezcan la calidad del servicio civil, muchos ministerios (por ejemplo, el de Educación) han optado en el pasado por la salida fácil de apaciguar las presiones de los sindicatos suscribiendo pactos colectivos de condiciones de trabajo con cláusulas tan absurdas que no solo ocasionan un daño irreparable a la sostenibilidad financiera de las entidades, sino que tampoco contribuyen a mejorar la calidad de los servicios gubernamentales. 

De manera similar, ante los reclamos de distintos grupos -como los excombatientes guerrilleros o los exmilitares- los políticos recurren a la perversa solución de regalarles el escaso dinero estatal sin tan siquiera tomarse la molestia de preguntar al Ministerio de Finanzas si ello es financieramente viable. Igual ocurre con la atención a los adultos mayores: “quién va a oponerse a apoyar a los ancianos”, pensarán los políticos cuando deciden regalarles dinero del erario público de una forma tan improvisada que no solo daña permanentemente la sanidad fiscal del país, sino que contraviene y socava el concepto mismo del seguro social (cuyo fortalecimiento debería ser la solución de largo plazo al problema de los adultos mayores no atendidos).

Igualmente, cuando algún sector productivo se ve afectado por un siniestro de grandes dimensiones (como, por ejemplo, el sector turismo afectado por la pandemia, o la caficultura por fenómenos naturales), en vez de diseñar mecanismos de apoyo sectorial que han sido probadamente efectivos en otros países (como, por ejemplo, los esquemas de garantía crediticia), los políticos optan por la solución simplista, pero perversa, de proponer exenciones tributarias o de regalar fondos públicos (muchas veces a través de mecanismos ineficientes y opacos como, por ejemplo, la asignación de préstamos súper-blandos y sin condiciones a través del CHN).

Ese tipo de “soluciones” simplistas, populistas e irresponsables son tremendamente dañinas para las finanzas públicas y, en la medida que se van acumulando, se convierten en grandes cargas fiscales que, tarde o temprano, harán colapsar la estabilidad macroeconómica que tanto ha costado construir. Son, además soluciones perversas porque su supuesto objetivo es atender problemas sentidos, causas nobles y demandas justificadas de la población, lo que facilita su venta ante la opinión pública y permite esconder sus nefastas consecuencias a largo plazo. No hay que olvidar que de buenas intenciones está empedrado el camino a infierno.

Reformar el TSE

CONVENDRÍA EMULAR CÓMO FUNCIONAN LOS TRIBUNALES INDEPENDIENTES EN OTROS PAÍSES

Lo peor que le puede ocurrir a un juez es carecer de independencia respecto de los sujetos sobre quienes debe impartir justicia. El Tribunal Supremo Electoral -TSE- lleva   lustros de estar perdiendo gradualmente -por esa y otras razones- la credibilidad y la confianza que otrora inspiraba en la ciudadanía. Los recientes casos de magistrados   que acreditaron cargos académicos de dudosa veracidad para acceder a sus cargos o la decisión de ese tribunal de permitirle a los partidos políticos manejar dinero en efectivo, solo agregan a la pérdida de lustre y credibilidad de la máxima autoridad electoral del país.

Hace tiempo que se hace evidente la necesidad de reformar y fortalecer al TSE, el pilar más importante de nuestro aún joven -y hasta ahora exitoso- sistema electoral. Una reforma muy importante sería quitarle a los magistrados la tentación (a veces obsesión) de dedicarse a ser gerentes y administradores de los recursos (financieros, humanos y físicos) del TSE, cuando esas funciones operativas deberían corresponder a un ente administrativo. Los magistrados deberían concentrarse en ejercer las funciones fundamentales de administración de justicia electoral y establecimiento de estrategias para mantener y mejorar el sistema electoral y de partidos políticos. El TSE debería también estar obligado a rendir cuentas a la nación, lo que debería incluir el someterse, al menos anualmente, a un proceso profesional de auditoría externa.

Otra reforma, aún más importante, tiene que ver con la forma en que se configura el Tribunal: las altas cortes más exitosas en otros países tienen ciertas características que bien valdría la pena emular. Una es que los plazos en el ejercicio del cargo son largos: mientras más dure un magistrado en el cargo, más independiente puede ser respecto de quienes lo eligieron. Otra es la renovación parcial o escalonada del pleno: concentrar los focos de la opinión pública y de los entes electores sobre el nombramiento de un solo magistrado a la vez puede resultar clave para controlar y evitar que fuerzas oscuras se entrometan en el proceso. Y otra característica a emular es la adopción de modelos efectivos para evaluar y designar a los magistrados.

Aunque nuestro sistema de partidos políticos ha colapsado, nuestro sistema de realizar elecciones de forma periódica y democrática es, en contraste, aún funcional y le ha servido bien al país desde que empezó esta era democrática. Sin embargo, con cada elección sufre un deterioro cada vez más alarmante. Para evitar su colapso es imprescindible reforzar la base en la que dicho sistema se sostiene: el TSE. Lo más complejo del asunto es que el ente a cargo de realizar las reformas indicadas es el Congreso de la República, la mayoría de cuyos diputados difícilmente encuentren algún beneficio a corto plazo en tales reformas. En el largo plazo, sin embargo, si no se reforma el TSE nuestra frágil democracia entrará en un franco peligro de colapsar.

Oportunidades y Amenazas para la Economía

LA INOPERANCIA DEL SISTEMA POLÍTICO IMPIDE QUE SE AVANCE EN LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS

Hace pocos días, la calificadora de riesgo Fitch Ratings reafirmó la calificación (BB-) de Guatemala. Esa calificación, que es la mejor de cualquier país de Centroamérica -salvo Panamá-, está respaldada por el historial de estabilidad macroeconómica, el relativamente bajo nivel de deuda pública y la abundancia de reservas monetaria internacionales. Del lado negativo, Fitch señala como debilidades de nuestro país la muy baja recaudación tributaria, la débil institucionalidad estatal, lo pobres indicadores de desarrollo humano, cuya solución se ve obstaculizada por la inoperancia del sistema político para abordar tales problemas.

Del reporte de Fitch se puede extraer una visión de las amenazas que se ciernen sobre nuestra economía y que podrían perjudicar en el futuro nuestra calificación de riesgo-país. Entre esas amenazas destacan tres. En primer lugar, la debilidad estructural de las finanzas públicas, afectadas no solo por una carga tributaria estructuralmente débil, sino también por el aumento que registra el déficit fiscal desde el año pasado. En segundo lugar, la disfuncionalidad del sistema político y parlamentario que limita la flexibilidad del financiamiento del gobierno y la formulación de políticas básicas (como no aprobar el presupuesto anual). Y, tercero, la probabilidad de que la incipiente recuperación económica se descarrile ante eventos políticos externos (que afecten, por ejemplo, el flujo de remesas familiares que hoy sustentan la demanda agregada de nuestra economía) o internos (que amenacen la gobernabilidad y la paz social).

De manera similar puede extraerse un diagnóstico de las oportunidades que, de aprovecharse, podrían fortalecer el desempeño económico y mejorar la calificación del país. Destacan tres oportunidades: primero, en el ámbito de las finanzas públicas, las reformas institucionales y legales que permitan una mejora gradual y sostenida en la recaudación de impuestos y una mejora en la sostenibilidad de la deuda pública. En segundo lugar, el amplio campo que existe para avanzar para generar más inversiones que aceleren el crecimiento a mediano plazo, donde destaca la necesidad de llenar la enorme brecha de infraestructura física que limita la productividad del país. Y, tercero, la posibilidad de elevar los indicadores de gobernanza y de desarrollo humano, lo que implica reformas profundas a las instituciones del Estado que corrijan, por ejemplo, la elevada percepción de corrupción y la falta de certeza jurídica.

Las calificadoras de riesgo-país, como Fitch, Standard & Poor’s o Moody’s, no son infalibles, claro está. Pero sus reportes sintetizan con claridad la visión que del país se tiene en los mercados financieros internacionales y las posibles rutas para salir del mediocre desempeño económico de los últimos lustros. No hay que echarlos en saco roto.

UNA AGENDA AGRESIVA PARA EL TRIÁNGULO NORTE

 ESTADOS UNIDOS ANUNCIÓ QUE SE ENFOCARÁ EN ATENDER LAS CAUSAS-RAÍZ DE LA CRISIS

 La detección de más de medio millón de migrantes centroamericanos en la frontera sur de Estados Unidos en el último semestre (incluyendo miles de niños no acompañados) ha posicionado al Triángulo Norte como una de las prioridades de la política exterior de ese país. La vicepresidenta Harris ha declarado que se enfocará en atender las causas raíz que impulsan a los migrantes a huir de nuestros países. Pocas dudas caben de que esas causas se deben a la incapacidad histórica de los Estados del Triángulo Norte para construir naciones estables, prósperas y seguras que brinden oportunidades de progreso a sus ciudadanos.

 La agenda para resolver tal problema puede ser muy compleja y con resultados que solo se apreciarán a largo plazo. Por ello, se hace necesario priorizar algunas acciones de gran impacto que puedan empezar a revertir la crisis actual a corto plazo. A manera de ejemplo -y de reto- sugiero cuatro medidas atrevidas (sobre las que estuvimos conversando hace algunos días con un grupo de amigos analistas) que podrían servir a los gobiernos de la Región, y al estadounidense, para conformar una agenda agresiva de políticas públicas.

 Primero, establecer aduanas especiales, administradas por los Estados Unidos, en los países del Triángulo norte para controlar el comercio con aquel país; ese tipo de aduanas sería similar a las que ya existe en Canadá y podría funcionar aquí en los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, y servir de proyecto piloto para una eventual reforma del sistema aduanero centroamericano. Segundo, una actualización y ampliación del RD-CAFTA podría servir no solo de marco legal-institucional para viabilizar el esquema de aduanas especiales, sino que, principalmente, podría potenciar el crecimiento económico de la Región a través de una auténtica área de libre comercio con su principal socio comercial (y, de paso, la alejaría de la tentación de caer en el embrujo de la China continental).

 Tercero, una iniciativa de infraestructura física (económica y socialmente estratégica, incluyendo una súper carretera regional), posiblemente vía joint ventures, con una gobernanza que también sirva de piloto para reformar el corrupto sistema público; esfuerzo que podría financiarse con dinero estadounidense inyectado a empresas pre-aprobadas mediante la referida gobernanza, para obras de alta calidad y libres de corrupción. Y, cuarto, una reforma focalizada -pero profunda- del marco institucional para que la Región tenga sistemas judiciales independientes y eficaces, un servicio civil profesional, un gasto público eficiente y bien fiscalizado, y democracias genuinamente representativas. Hablamos de una agenda agresiva que habilite -y obligue- a los gobiernos del Triángulo Norte a empezar a hacer todo lo que se descuidó en las últimas décadas.

REFORMAS AL SISTEMA ELECTORAL

 LA INICIATIVA DEL TSE, AUNQUE PERFECTIBLE, TIENE VARIAS PROPUESTAS POSITIVAS

Tras el accidentado proceso electoral de 2019, resulta evidente que el sistema electoral necesita reformas aborden, al menos, tres temas fundamentales. Primero, la falta de representatividad (es decir, que el ciudadano no se siente representado por los candidatos electos). Segundo, el debilitamiento institucional (de los partidos y del propio Tribunal Supremo Electoral -TSE-). Y, tercero, la falta de certeza generada por varias normas aprobadas precipitadamente en la reforma de 2016.

Pese a la mala prensa que ha tenido la iniciativa de reforma presentada recientemente por el TSE (debido al poco feliz tratamiento que en ella se da al tema del transfuguismo), es de justicia reconocer que contiene varias propuestas que van en la vía correcta y que deberían preservarse durante el proceso de aprobación legislativa. Estas incluyen mejoras en la regulación de la campaña electoral (que aclaran la diferencia entre campaña y proselitismo e introducen mejoras a la regulación de la propaganda electoral); también incorpora importantes precisiones para separar las distintas fases del proceso político-electoral y para definir los distintos tipos de aportes que pueden recibir los partidos políticos.

Una de las mejoras más importantes es la de incluir el voto preferente para la elección de diputados: con esta reforma el votante podrá elegir individualmente a su candidato preferido de entre el listado que presente el partido político de su elección. Este cambio -de mucho fondo- acercará al votante con su diputado y hará que este rinda cuentas ante sus electores. Ojalá que el Congreso no enrarezca ni debilite esta reforma.

Por supuesto que otras propuestas del TSE deben ser mejoradas y corregidas, como la mencionada norma sobre el transfuguismo, o la limitación que se pretende introducir al alcance de la fiscalización de los partidos políticos por parte de la Contraloría de Cuentas, o los peligrosos, subjetivos e innecesarios requisitos que se proponen para integrar las Juntas Electorales, así como otros aspectos que, lejos de mejorar, podrían menoscabar la efectividad de nuestro sistema electoral.

En todo caso, la iniciativa del TSE, aunque perfectible, en un buen paso en el camino correcto para reformar el sistema. Sabemos que este tipo de reformas forman parte de un proceso continuo y gradual (la propia ley electoral contempla la obligación de revisarse periódicamente), por lo que para futuras ocasiones deben incluirse cambios en, al menos, cuatro áreas esenciales: el fortalecimiento del TSE; la recuperación de la proporcionalidad en la asignación de escaños para los distritos electorales; la facilitación de la participación ciudadana en la vida política; y, la creación de circunscripciones territoriales que acerquen a los electores con sus representantes.

Falta Crear Oportunidades

 MÁS QUE “MARCA-PAÍS”, NECESITAMOS UN ESTADO DE DERECHO

Guatemala no solo es el país con la tasa de formación de capital fijo (inversión) más baja de Hispanoamérica, sino que es uno de los países que menos inversión extranjera atrae en la Región. La semana pasada se publicó el Índice Global de Oportunidades, del Milken Institute, que evalúa 145 países para medir su potencial atractivo para los inversionistas extranjeros. De los veinte países rankeados en Latinoamérica, Chile ocupa el puesto número 1 (36 a nivel mundial) con mayor potencial para atraer inversiones, seguido de Uruguay (48 en el mundo) y Costa Rica (55). Guatemala solo ocupa el puesto 11 en la Región (97 en el mundo).

Este índice se compone de cinco categorías y catorce subcategorías que miden los factores económicos, financieros, legales, regulatorios e institucionales que, en conjunto, determinan el panorama de inversiones de un país. Guatemala califica relativamente bien solamente en la categoría de Estándares Internacionales y Políticas, que mide cuán integrado está el país a la comunidad internacional y cuánto se ajusta a las normas internacionales; ahí ocupamos el puesto 9 en Latinoamérica (77 en el mundo). En las otras cuatro categorías no nos va tan bien.

En la categoría de Servicios Financieros, que mide la profundidad y el acceso de los ciudadanos a los servicios financieros, aunque no estamos tan mal a nivel mundial (puesto 88), sí lo estamos a nivel latinoamericano (16). En la categoría de Marco institucional -que captura la medida en que las instituciones ayudan a la actividad empresarial mediante la transparencia, la innovación, la protección de los derechos de los inversionistas y la gobernanza pública- no calificamos bien a nivel regional (puesto 12) ni mundial (106).

En la categoría de Fundamentos Económicos -que captura las perspectivas de crecimiento de la producción, el talento de la fuerza laboral y el potencial para la innovación- también nos mostramos muy mediocres (puesto 15 en Latinoamérica y 101 mundial). Y el peor desempeño lo tiene Guatemala en la categoría de Percepción de Negocios -que mide las limitaciones que enfrentan las empresas, así como la viabilidad y certeza jurídica para que las empresas resuelvan conflictos de todo tipo-, donde ocupamos puestos muy bajos (14 regional y 123 mundial)

Lo que a fin de cuentas refleja este índice es que, para atraer inversiones hacia Guatemala, no basta con identificar algunos sectores potencialmente “ganadores” y vendérselos a los posibles inversionistas. Ni basta con mejorar la “marca-país” hablando de nuestras bellezas naturales y culturales. Y, aunque necesario, tampoco es suficiente mantener la disciplina macroeconómica. Ante todo, el índice revela que los principales desafíos para los inversionistas se asocian a la falta de un marco legal sólido, transparente y predecible, incluyendo un sistema judicial eficaz y confiable. Por ello es imperativo tomar medidas concretas para fortalecer el estado de derecho, combatir la corrupción y generar confianza. Sin ello, ni la inversión ni el desarrollo serán posibles.

MOMENTO DE SER PROACTIVOS

 NO HAY QUE ESPERAR A QUE LA AGENDA NOS LA IMPONGAN DESDE EL NORTE

 Normalmente, para los gobernantes estadounidenses los países latinoamericanos no pasan de ser su patio trasero. Sin embargo, ante las crecientes amenazas que el narcotráfico, el terrorismo y la migración ilegal masiva les representan, el Triángulo Norte de Centroamérica ha ido posicionándose como una prioridad estratégica para las principales agencias gubernamentales de ese país. Ahora, con el ascenso al poder de Joe Biden (muy familiarizado con los avatares de esta región), también pasaremos a ser una de las prioridades de la Casa Blanca.

 Desde antes de las elecciones del pasado noviembre ya había Biden revelado un plan para hacer frente a los desafíos del Triángulo Norte, bajo la lógica de que para detener la migración ilegal y neutralizar el narcoterrorismo es menester atacar la raíz de tales amenazas a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Así, el Plan Biden plantea una estrategia de cuatro años que requerirá unos cuatro millardos de dólares del presupuesto de ese país -a ser complementados con recursos de los países centroamericanos- para combatir la pobreza y la violencia en esta región.

 Dicho plan privilegia el impulso de reformas institucionales para combatir la corrupción y la participación de la inversión privada para generar empleos. Un reciente informe de la USAID sobre la migración aconseja políticas de creación de empleos en áreas urbanas, de inclusión financiera, de facilitación de acceso a la vivienda, de reducción de la conflictividad agraria y de neutralización de las pandillas extorsionistas. Ahora bien, estos planteamientos no entran a detallar qué reformas y medidas puntuales deben impulsarse para lograr los objetivos trazados. Esas reformas y medidas deberían, idealmente, ser generadas desde los propios países centroamericanos.

 De ahí la necesidad de ser proactivos, visionarios y osados: nuestro país necesita impulsar reformas y políticas en los sistemas judicial, de servicio civil, de control del gasto público y de partidos políticos (este último, fuente y origen del acelerado deterioro institucional de los últimos años) que, en gran medida, se alinean con el interés de los Estados Unidos de reducir las amenazas que nuestro país entraña para su seguridad nacional. Bien haría nuestro gobierno en priorizar la preparación de una propuesta de medidas y reformas a ser impulsadas en los próximos años. Pero deben ser políticas y reformas integrales y de alcance nacional (no superficiales y locales, como las que se plantearon en tiempos de Obama).

 El evidente interés del nuevo gobierno estadounidense en cambiar la realidad socioeconómica de Guatemala, El Salvador y Honduras puede convertirse en una oportunidad para estos países de tomar las riendas de las políticas y reformas que sienten las bases de un desarrollo sostenido y, de paso, que atiendan las preocupaciones estadounidenses respecto de la región. De no hacerlo, es probable que el gigante del Norte ejerza su musculatura para imponer soluciones diseñadas desde allá.

Las Crisis Engendran Oportunidades

 PARA ADAPTARSE CON ÉXITO AL MUNDO POST PANDEMIA SE REQUIEREN MEJORES INSTITUCIONES

 La pandemia de covid-19 trastocó profundamente la sociedad y hundió la economía, no solamente en Guatemala sino en casi todo el mundo. El deseo de encontrar una nueva normalidad para nuestras interacciones sociales y de recuperar el crecimiento económico se topará con cambios acelerados en el escenario político internacional y en las tendencias que definen los intercambios comerciales y culturales: la revolución digital se ha acelerado a una velocidad inusitada, al tiempo que actividades como el turismo y los viajes han debido adaptarse a unas condiciones históricamente adversas. Mientras que la globalización se ha desacelerado, los populismos parecen proliferar.

 Ante este escenario de incertidumbre sin precedentes, nuestra pequeña economía y nuestra frágil república deben enfrentar una serie de desafíos que se vislumbran muy complicados. Empezando por la anhelada vacuna, cuya aplicación masiva debería convertirse en la política prioritaria del gobierno en los próximos meses, ya que una exitosa campaña de vacunación contra el covid-19 podría convertirse en un paso decisivo para abatir las expectativas negativas que han lastrado el consumo y la inversión durante la pandemia.

 Otro desafío clave es generar un ambiente de certeza jurídica indispensable para que las inversiones (y el empleo) florezcan y se multipliquen, a fin de que la economía incremente su productividad mientras se adapta a las nuevas condiciones post pandémicas. Ello implicará también lograr una mejora en las capacidades del Estado para proveer los servicios públicos esenciales y recuperar, al mismo tiempo, la sostenibilidad fiscal que hoy está bajo amenaza por los desequilibrios presupuestarios que, aunque ya existían solapados antes de la pandemia, se evidenciaron y recrudecieron a raíz de esta.

 Todo esto significa que Guatemala debe adoptar las reformas que le permitan adaptarse al nuevo mundo post pandemia. Para que haya inversión y empleo se necesita certeza jurídica, y para que esta exista es indispensable transformar el desastroso sistema de justicia que hoy tenemos. Para que el Estado provea de forma eficaz los servicios públicos esenciales (salud, educación, seguridad, infraestructura) es necesario cambiar los sistemas de partidos políticos, de servicio civil, de infraestructura pública y de control del gasto estatal. Y todas estas reformas deben hacerse de forma ordenada y técnica, preservando la estabilidad macroeconómica que tanto esfuerzo costó alcanzar.

 La cuestión crucial en 2021 será si los guatemaltecos podremos aprovechar la oportunidad que esta crisis nos presenta para impulsar ordenadamente los cambios institucionales que el país necesita o si, por el contrario, la incertidumbre y la miopía nos harán caer presas de la tibieza, el temor y la inacción. Se trata de una ocasión única que, ojalá, los líderes del país (especialmente los políticos) sean capaces de asumir con lucidez y valentía.

Agujeros Negros

 LA CLAVE ESTÁ EN LA DEBILIDAD DE LA CONTRALORÍA Y DEL SISTEMA DE PARTIDOS POLÍTICOS

 El presupuesto del Estado -que ha estado en el centro del descontento popular en la última semana- tiene múltiples problemas, muchos de los cuales son estructurales, es decir, no son problemas exclusivos del presupuesto para 2021, sino que vienen arrastrándose -y agravándose- año con año. Uno de los más severos es la existencia de oscuros agujeros de gasto como, por ejemplo, las transferencias a las municipalidades (que se llevarán más de Q6.8 millardos en 2021), las transferencias a los Consejos de Desarrollo (más de Q3.8 millardos), los pagos a las clases civiles del Estado (Q5.7 millardos) o la transferencia a la universidad estatal (Q2.1 millardos)

 Un primer y serio inconveniente con estos agujeros negros, que sumados absorben la quinta parte del total del presupuesto anual del Estado, es que se trata de gastos cuyo destino no está alineado con (y, a veces, hasta es contrario a) los lineamientos de desarrollo del Estado, por lo que su efectividad, en términos de aporte a los objetivos prioritarios de desarrollo del país, es muy limitada. En particular, los millonarios aportes a las municipalidades y a los Consejos de Desarrollo implican inevitablemente que recursos fiscales que debiesen orientarse a combatir a la desnutrición, fortalecer la salud pública, mejorar la educación primaria o a modernizar la infraestructura vial, se desvían a gastos superfluos, mal planificados y de bajo impacto socioeconómico.

 Un segundo y también serio inconveniente es que dichos agujeros negros suelen ejecutarse con escasa rendición de cuentas y mucho menor trasparencia que la que se observa en los gastos del gobierno central, lo que los hace más proclives a la corrupción. Es bien sabido que la ejecución de estos recursos en muchas municipalidades se presta compras y contrataciones viciadas para favorecer a empresas vinculadas con las autoridades ediles. También se sabe que las asignaciones presupuestarias para los Consejos de Desarrollo suelen negociarse mediante tráfico de influencias que involucra a gobernadores departamentales y diputados distritales interesados en participar de las compras y contrataciones que de ellas se derivan.

 Así, no es de extrañar que una de las modificaciones más grandes que la Comisión de Finanzas del Congreso realizó al proyecto de presupuesto que envió el Ejecutivo fue la de incrementar por varios cientos de millones la partida destinada a los Consejos Departamentales de Desarrollo, a los cuales, además, liberó de ciertos candados y controles que permitían un mínimo control de tales gastos. En alguna medida, la manera precipitada, imprudente y temeraria en que se dictaminó, discutió y aprobó el Presupuesto del Estado para 2021 la semana pasada, está asociada con la forma en que se presupuestan estos multimillonarios agujeros negros de gasto por parte de las municipalidades y Consejos de Desarrollo.

 Sería equivocado culpar de esta situación al sistema de descentralización que nos rige (que sigue siendo una buena idea, aunque con el tiempo haya sido desnaturalizado y corrompido); tampoco tienen la culpa las reglas que rigen la formulación del presupuesto (la Ley Orgánica del Presupuesto es buena, aunque se viole constantemente). Los principales culpables son otros: por un lado, un sistema de control del gasto público en el que la Contraloría de Cuentas destaca por su incompetencia y que ha permitido el continuo deterioro de la calidad y transparencia del gasto público; y, por otro -y en el centro de todos los problemas-, un sistema político autodiseñado para medrar con el erario público. En materia de combate a la corrupción la principal reforma no es la del presupuesto, sino la de los órganos de control y la del sistema de partidos políticos.