Nuestra Enfermedad Holandesa

“Enfermedad holandesa" es un término que los economistas usaronpor primera vez en1977 para describir el impacto que tuvo una bonanza de gas del Mar del Norte sobre la economía de los Países Bajos. Esta enfermedad implica que un auge de las exportaciones de productos primarios hace que aumente el valor de la moneda local(es decir, se aprecia) lo que, a su vez, hace que otras partes de la economía (el resto de las exportaciones y, de hecho, todo el aparato productivo) se vuelvan menos competitivas, lo que lleva a un déficit externo y a una dependencia aún mayor de los bienesprimarios.

Guatemala está padeciendo desde hace tiempo su particular enfermedad holandesa, aunque de una cepa distinta: nuestro principal producto de exportación-en pleno auge- no es un bien primario, sino que, desafortunadamente,son los migrantes chapines que desde los Estados Unidos envían un flujo de remesas tan grande que, por sí solo, excede el monto de todo el déficit comercial del país con el exterior.

Como toda enfermedad exótica, el remedio para la enfermedad holandesa no puede ser convencional. ¿Qué medidas han aplicado otros países infectados por este tipo de trastorno? Los casos exitosos han optado por comprar las divisas excedentes generadas por el flujo extraordinario de exportaciones, acumularlas en fondos soberanos (o fondos de estabilización), e invertir los rendimientos de dichos fondos en diversificar la producción nacional (en previsión del día fatal en que cese el flujo extraordinario de divisas).

Bien harían las autoridades económicas guatemaltecas en evaluar ese tipo de medidas para mitigar los efectos de nuestra particular enfermedad holandesa. El banco central podría, por ejemplo, establecer un tramo específico de las reservas monetarias internacionales para alimentarlo mediante la compra (utilizando una regla explícita)de las divisas  que atiborran el mercado cambiario por los flujos de dólares que (principalmente por remesas) ingresan al país; y, ese tramo de reservas debería invertirlo en valores de alto rendimiento que generen flujos al estado para convertirlos en inversiones que diversifiquen la capacidad productiva del país.

Quizá surja la duda de si tal política sería compatible con el esquema de metas de inflación que hasta ahora, y con un notable grado de éxito, ha venido aplicando el banco central para mantener la estabilidad macroeconómica. Me parece que, si el remedio contra la enfermedad holandesa se aplica de forma temporal, explícita y reglada, puede ser totalmente compatible con las metas de inflación. Y lo será más si se aplica como parte de una política macroeconómica integral que incluya una perspectiva macroprudencial, es decir, de sostenibilidad de los sistemas productivo y financiero del país. Al respecto, hay que recordar que uno de los riesgos de la pérdida de competitividad ocasionada por la enfermedad holandesa es que las empresas afectadas se vean imposibilitadas de pagar sus deudas (préstamos obtenidos), con el consiguiente deterioro de la cartera bancaria y la amenaza que ello pueda generar para la estabilidad de toda la economía. Esta debe ser, evidentemente, otra razón de peso para que se tomen medidas prudenciales, coherentes e integrales desde la Junta Monetaria.

Sin Capital Humano No Hay Desarrollo

La baja calificación de Guatemala en materia de capital humano refleja los paupérrimos indicadores en nutrición y calidad educativa

El capital humano (concepto difuso que se refiere al conjunto de conocimientos, capacidades y salud que las personas acumulan a lo largo de su vida) ha sido un factor clave para lograr el desarrollo económico y la reducción de la pobreza en muchos países, pero, por desgracia, no tanto en el caso de Guatemala. Nuestra incapacidad de invertir en la nutrición, la salud y la educación de nuestros niños ha puesto en peligro de estancamiento la productividad sistémica y el crecimiento del PIB per cápita del país.

El jueves pasado, el Banco Mundial publicó su nuevo Índice de Capital Humano -ICH- que intenta medir esta variable para 157 países, incluyendo Guatemala. El ICH combina cinco indicadores de salud y educación, incluyendo tasas de mortalidad, desnutrición y años de escolaridad que se espera sean completados por los niños, con base en los cuales se mide cuánto capital humano será capaz de acumular un infante que nazca hoy.

De los 157 países evaluados, Guatemala se ubica en el puesto 109, con un ICH que no solo es más bajo de lo que cabría esperar dado el nivel de ingresos del país, sino que es el peor de todo el continente (con excepción, claro, de Haití). En comparación, Honduras ocupa el puesto 103, El Salvador el 97, Nicaragua el 92, Panamá el 91 y Costa Rica el 57. El mejor ubicado de Latinoamérica es Chile (46), mientras que los mejor calificados del mundo son Singapur, Corea del Sur y Japón.

Aunque nuestro indicador de mortalidad infantil no está mal (en comparación con otros países de similar nivel de desarrollo), la baja calificación de Guatemala se debe a los indicadores de escolaridad y de nutrición, en los que mostramos unas brechas escandalosas. En educación, si bien un niño guatemalteco puede esperar completar 9.7 años de escolaridad, cuando este indicador se ajusta por la calidad del aprendizaje (medida mediante pruebas de conocimiento) la expectativa de años de escolaridad de un niño guatemalteco se reduce a 6.3 años. Pero lo más grave está en el indicador de nutrición: 47 por ciento de los niños guatemaltecos sufren de desnutrición, cifras subsaharianas que implica un grave riesgo de que nuestros niños sufran limitaciones físicas y cognitivas que afectarán de por vida su capacidad productiva.

Resulta, pues, urgente que las políticas públicas prioricen la mejora en la calidad educativa y la reducción de la desnutrición crónica infantil, pues de ello depende crucialmente la posibilidad de mejorar el capital humano y la capacidad de crecimiento económico del país. Los índices como el ICH no deben ser solo ejercicios académicos, sino que deben servir de herramientas que motiven al gobierno a priorizar acciones urgentes, concretas y medibles para reducir la desnutrición y mejorar la calidad educativa. Cuanto más nos tardemos, mayor será el atraso en el desarrollo económico de Guatemala.

La Ilusión de Crecer al 6%

Todos quisiéramos que la economía guatemalteca creciera más y generara mayor bienestar para todos. Pero eso no se logra con sólo desearlo. Hay un trabajo profundo que debió emprenderse desde hace mucho tiempo, pero que -por querer buscar atajos, o por descuidar los temas importantes en beneficio de los urgentes- nunca se ha logrado.

Desde los Acuerdos de Paz, pasando por diversas propuestas para acelerar el crecimiento económico, se ha planteado la deseable meta de que la economía guatemalteca –medida por su Producto Interno Bruto, PIB- crezca a una tasa anual de 6%, a fin de reducir efectivamente la pobreza. Por desgracia, en la práctica, el PIB ha crecido solamente a un ritmo del 3.5% -en promedio- durante los últimos 15 años (similar a los anteriores 15 años) y parece poco probable que eso pueda cambiar en el corto plazo.

Nuestra economía se asemeja a una carabela impulsada por una enorme vela central y cuatro velas secundarias. La vela del mástil mayor es la del consumo privado: más del 85% del PIB es impulsado por el consumo de los hogares que, a su vez, crece por el aumento vegetativo de la población. Ello explica por qué el crecimiento de la economía se ubica normalmente en torno a ese 3.5%. Las velas secundarias que empujan al PIB son, en su orden, las exportaciones, la inversión en bienes de capital y el consumo del gobierno. Sólo cuando un viento favorable hincha estas velas secundarias es que el PIB logra crecer más allá del 3.5%.

Por ejemplo, en 2014 el barco del PIB creció encima de su tendencia, a 4.2%, debido a que los vientos provenientes del exterior soplaron sobre la vela de las exportaciones, que aumentaron casi 8% en términos reales. En 2015 la carabela también avanzó a una velocidad (4.1%) superior a su crecimiento vegetativo, esta vez impulsada por el viento que infló la vela mayor del consumo y la de la inversión física; en ambos casos, los vientos volvieron a provenir del exterior debido a la reducción de los precios de los productos primarios y de los bienes de capital en los mercados internacionales, lo que a los guatemaltecos comprar más bienes de consumo y más maquinaria y equipo.

Por desgracia, esos vientos favorables han cesado en 2016 y continuarán ausentes en 2017. Las exportaciones están deprimidas y los precios de los productos primarios están subiendo en los mercados internacionales. Nuestra carabela continuará avanzando, pero lo hará sólo con sus propias fuerzas sustentadas en el consumo privado (y este, a su vez, en el crecimiento poblacional y en las remesas familiares). Eso explica por qué el Banco de Guatemala redujo recientemente su proyección de crecimiento económico.

Para alcanzar el sueño de crecer a tasas de 6% debemos dejar de depender de los impredecibles vientos externos. Y eso solo se logra generando internamente tres elementos clave: la acumulación de bienes de capital (infraestructura y maquinaria), la eficiencia en el uso de los factores de producción (productividad del trabajo) y la innovación. Decirlo es fácil, pero lograrlo requiere de un esfuerzo sistemático, continuo y políticamente complejo.

Si bien ese esfuerzo requiere de medidas gubernamentales de largo plazo (en educación, salud, seguridad e infraestructura), en el corto plazo podría empezarse afrontando los retos que afectan más las decisiones de inversión y generación de empleo en Guatemala. Los cinco retos más apremiantes (según el World Economc Forum) que deberían ocupar un lugar prioritario en una agenda de políticas públicas son: la criminalidad; la corrupción; la mano de obra poco capacitada; la ineficiencia y excesiva burocracia gubernamental; y, la escasa e inadecuada infraestructura pública.

Mientras no se atiendan estos temas de fondo, pensar en que, por designio de los dioses marinos, soplarán vientos favorables que impulsen nuestra nave económica hacia tasas de crecimiento del 6%, será solamente una vana ilusión.

El Otro Color de la Economía

Vuelvo a la carga con la urgente necesidad de hacer conciencia sobre el gigantesco valor económico y potencial de desarrollo que tiene la cultura para nuestro país. En esta ocasión, me refiero a un libro que contribuye a explicar el aún desconocido aporte de la cultura al desarrollo de las naciones latinoamericanas

Cualquier persona con un nivel elemental de educación sabe que la cultura y sus expresiones (la música, la pintura, las artesanías, la literatura, la danza, las fiestas populares, etcétera) tienen un enorme valolr por el efecto positivo que ejercen sobre los individuos (en sus emociones, en su espíritu y en su intelecto) y sobre los conglomerados (como factor de cohesión social). Sin embargo, existe una gran ignorancia sobre el valor económico de la cultura y, en consecuencia, sobre su enorme potencial como fuerza generadora de riqueza, de empleos, de intercambios comerciales y de bienestar material.

Ese potencial económico y social es particularmente importante para países como Guatemala, donde existe una vibrante vida cultural cuyo aporte al desarrollo económico y social no se ha aquilatado aún en su justa (y gigantesca) medida. Por ello resulta muy oportuna la reciente publicación del libro “La Economía Naranja: una Oportunidad Infinita”, que busca contribuir al debate y a hacer conciencia en Latinoamérica sobre el aún desconocido aporte de la cultura al desarrollo de nuestras naciones. El libro, escrito por Felipe Buitrago e Iván Duque, fue publicado a finales de 2013 por el Banco Interamericano de Desarrollo y está disponible para su descarga gratuita en el sitio web del BID (www.iadb.org).

Dado que existen múltiples opiniones sobre qué es cultura y qué actividades integran la economía de la cultura, los autores del libro decidieron agrupar en el concepto de “Economía Naranja” a todo el conjunto de actividades que, de manera encadenada, permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual. Los autores la bautizaron con el color naranja pues éste se ha asociado en diversas culturas a través de la historia con la cultura, la creatividad y la identidad.

Ese gran universo está compuesto por la Economía Cultural (artes visuales, artes escénicas, patrimonio cultural material e inmaterial, educación cultural) y por las Industrias Creativas que incorporan tanto a las Industrias Culturales tradicionales (editorial, audiovisual, fonográfica) como a las de creación moderna (diseño, software de contenido, publicidad), todo lo cual se complementa con las áreas de soporte para la creatividad (investigación e innovación, institucionalidad, marco legal y formación técnica).

El libro está escrito de manera muy atractiva e innovadora, e invita al lector a involucrarse interactivamente en la comprensión de la importancia de la economía cultural y creativa a través de cuadros, infografías, páginas desplegables y vínculos con otros documentos y videos. Pueden encontrarse datos duros y convincentes sobre el rol de la cultura en el desarrollo, basados en fuentes autorizadas como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la firma consultora Oxford Economics o la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD).

El libro señala que el 6.1% de todo lo que produce la economía mundial es generado por la “economía naranja”, lo que quiere decir que si ésta fuera un país, sería la cuarta economía del mundo, ocuparía el noveno lugar como exportador de bienes y servicios, y representaría la cuarta fuerza laboral del planeta (144 millones de trabajadores). La actividad cultural en el mundo es 20% más grande que la economía de Alemania o 2.5 veces el gasto militar mundial.

La actividad cultural es, además, una de las más dinámicas de los tiempos recientes: entre 2002 y 2011 la Economía Cultural en el mundo creció 134%. La cultura es, pues, un motor de desarrollo basado en el talento y creatividad de las personas y en el acervo del patrimonio cultural de las naciones, que representa una oportunidad gigantesca para crear una enorme cantidad de empleos dignos para la juventud latinoamericana.

En particular, el caso de Guatemala plantea el desafío descomunal de, primero, cobrar conciencia sobre la importancia de la cultura como factor de generación de progreso y bienestar material y, segundo, de diseñar e impulsar políticas públicas coherentes en el área cultural que aprovechen esa –hasta hoy desperdiciada- riqueza cultural en beneficio de los más pobres y de la construcción de una sociedad más armónica, cohesionada y próspera.

Informalidad y Subempleo

El gran problema estructural del mercado laboral guatemalteco está en el elevado subempleo

 La más reciente Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos –ENEI-, publicada la semana anterior por el Instituto Nacional de Estadística –INE-,  y que se levantó entre abril y mayo de 2013, es la única información oficial que existe respecto del empleo a nivel nacional, por lo que su elaboración y uso debería ser una prioridad para el gobierno, y sus resultados deberían convertirse en un referente para analistas y estudiosos.

Desafortunadamente la ENEI no ha alcanzado esa prioridad ni es esa referencia pues el INE, a lo largo de muchos años, no ha logrado sistematizarla ni posicionarla adecuadamente. Entre otras razones porque el INE no calcula ni publica la ENEI de manera periódica: en los últimos diez años sólo se ha efectuado la encuesta en seis de ellos; la ENEI 2012 se hizo en julio, mientras que la del presente año, en abril, lo cual impide que los resultados puedan compararse de un periodo a otro. Por si esto fuera poco, dese la ENEI 2012 se introdujo varios cambios metodológicos, como el de incrementar (de 10 a 17 años) la edad de las personas aptas para trabajar, lo que, si bien significó adoptar el estándar internacional, implicó que las cifras no sean comparables respecto de las de encuestas previas.

Dicho lo anterior, es importante resaltar que la ENEI 2013 (con todo y que el INE, inexplicablemente, no ha facilitado su acceso al gran público en su sitio web) proporciona datos e información valiosa respecto de la situación del empleo y de la evolución de los ingresos de los trabajadores, que vale la pena analizar y aprovechar para la toma de decisiones en materia de políticas públicas.

Según el informe del INE la población económicamente activa –PEA- se situó en 5.9 millones, que representan el 60.7% de los individuos en edad de trabajar. La agricultura sigue generando la mayor parte del empleo (30.4%), seguida por el comercio (29.6%) y por la industria manufacturera (13.2%).

Los datos muestran que la tasa de desempleo abierto representaba sólo el 3.5% de la PEA en 2010, subió a 4.2% en 2011, se redujo significativamente a 2.9% en 2012, y se volvió a elevar a 3.2% en 2013, el dato más reciente. Si bien es cierto que esta tasa de desempleo resulta baja si se le compara con tasas regionales y mundiales (por ejemplo, la tasa equivalente en Estados Unidos es de 7.3% y en España de ¡26.2%!), su nivel esconde un grave problema del subempleo: en Guatemala el subempleo hace las funciones de lo que en los países desarrollados sería un seguro de desempleo para aquellos que carecen de acceso a puestos de trabajo en el mercado formal.

En efecto, el gran problema estructural del mercado laboral guatemalteco está en el subempleo, cuyo índice (que contabiliza a los trabajadores que perciben ingresos inferiores al nivel normal y que laboran menos del horario completo) refleja un elevado grado de informalidad económica. La tasa de desempleo visible reportada por el INE para 2013  se situó en 16.9% de la PEA. El número de personas con un empleo informal aumentó a un muy elevado 69.2%; esta categoría incluye personas que, aunque perciban los ingresos promedio, no tienen acceso a prestaciones de seguridad social (56.3% de la PEA). La informalidad es mucho mayor en las zonas rurales que en las urbanas (78% frente a 44%) y afecta a los pueblos indígenas (86.2%) mucho más que a los no indígenas (58.9%).

Las asimetrías también son evidentes en los datos de ingresos. El ingreso promedio por trabajador es de sólo Q1,917 al mes (inferior, incluso, al salario mínimo); la cifra se eleva a Q2,841 mensuales en el área urbana, muy superior a los Q1,499 que registra el área rural. Los trabajadores agrícolas perciben los ingresos más bajos (Q1,101 mensuales en promedio), mientras que los mejor remunerados están en los sectores financiero (Q3,439) y de información y comunicaciones (Q3,869). La ENEI también muestra que sólo el 17.7% de los ocupados terminó la escuela primaria, una de las tasas más bajas de Latinoamérica.

Los bajos niveles de ingresos y de formalidad son un reflejo de la poca productividad del aparato económico nacional y de la enorme debilidad de nuestras instituciones económicas. Por ello, el capital humano, la infraestructura y el fortalecimiento de las instituciones siguen siendo las grandes materias pendientes del Estado guatemalteco.

Moratoria y Protestas

Con o sin moratoria, el futuro del sector minería en los próximos cinco años se vislumbra con muy escaso dinamismo

Con el propósito de obtener algo de paz social y gobernabilidad, así como de comprar tiempo para fortalecer el marco regulatorio de la actividad minera, el gobierno ha anunciado un periodo de moratoria de dos años para cualquier nueva explotación minera. Aunque tal decisión pudo haberse quedado en el ámbito administrativo del Organismo Ejecutivo, el gobierno decidió enviarle otra papa caliente al Congreso con un proyecto de ley en el que se oficializaría la moratoria.

Eso sí, el proyecto de ley enviado el 10 de julio es muy cuidadoso en acotar la moratoria exclusivamente para el caso de la minería metálica (para la cual no se concedería ni renovaría ninguna licencia de exploración ni de explotación durante dos años), por lo que no afectaría otras actividades del sector, tales como canteras, petróleo o gas natural. En el corto plazo, la moratoria podría no tener mayor impacto sobre la economía del país, por varias razones.

Por un lado, el sector de minas es de los más pequeños de la economía (su peso dentro del PIB es inferior al 1%) y su aporte a las exportaciones, aunque llegó a ser superior al 6% del total, está en franco declive. Esto último obedece principalmente a que la mina Marlin ya alcanzó su estado de madurez y ahora está en su ciclo de declive productivo. Por otro lado, salvo el caso de la mina San Rafael, no existen nuevos proyectos significativos de minería en el país, lo cual se debe, en parte, a que el auge de la demanda de metales en los mercados mundiales se ha ralentizado y, en parte, a la inadecuada infraestructura de comunicaciones del país y a la falta de una adecuada normativa, lo cual dificulta cualquier nueva inversión. De manera que, con o sin moratoria, en el futuro del sector minería en los próximos cinco años no se vislumbra mayor dinamismo.

La moratoria, eso sí, entraña al menos dos riesgos. Por un lado, se puede estar enviando un mensaje de falta de certeza para los inversionistas, y por otro, se puede estar sentando un precedente peligroso que podría querer replicarse en otras áreas donde existen protestas públicas en contra de ciertas actividades (hidroeléctricas o plantas industriales, por ejemplo). El primer riesgo puede eliminarse si se aprovechan los próximos dos años para consensuar y aprobar una moderna ley de minería. La reducción del segundo dependerá de si el gobierno logra manejar la conflictividad y la protesta social.

Las autoridades calculan que la moratoria ayudará a minimizar uno de los principales focos de conflictividad social y de descontento, particularmente en el área rural. El plazo propuesto para la moratoria sugiere también que el gobierno estará tratando de posponer las protestas y los conflictos asociados a la actividad minera hasta después de las elecciones, para que sea el nuevo gobierno (en enero de 2016) quien deba resolver la problemática; esto en el caso de que en los próximos meses no se avance en el nuevo marco legal para a minería.

Pero por el bien del país, para evitar que siga escalando la conflictividad social, y por el potencial que tiene su sector minero, es necesario que los líderes nacionales logren discutir y consensuar dicho marco legal. Aunque nunca llegaremos a ser un país netamente minero (como, por ejemplo, Sudáfrica donde la minería aporta el 8% del PIB, el 50% del valor de las exportaciones y da empleo a medio millón de trabajadores), es importante contar con un marco regulatorio efectivo y acorde a los mejores estándares internacionales, que viabilice el aprovechamiento de nuestros vastos recursos naturales para combatir los males de la pobreza, la desigualdad y el desempleo, que impiden el bienestar de los guatemaltecos.

Con o sin moratoria, urge modernizar marco regulatorio de la minería para incentivar la inversión de calidad en el sector; para mejorar los ingresos del Estado (por vía de las regalías y el impuesto sobre la renta); para mejorar la distribución de ingresos a las comunidades y municipalidades donde se ubiquen las minas; para mejorar los parámetros y los controles ambientales; para facilitar el acceso de las comunidades para participar en esos proyectos; y, para fortalecer las capacidades técnicas de los Ministerios de Ambiente y de Energía y Minas. Tal es el desafío para el liderazgo nacional.

El Futuro es Urbano

La gente alrededor del mundo (y Guatemala no es excepción) se ve inclinada a abandonar la vida rural y trasladarse a las ciudades. El Estado debe actuar en consonancia con esa inevitable tendencia. 

Desde hace cinco años, más de la mitad de los 7 millardos de habitantes del planeta viven en ciudades. Si bien es cierto que la vida en las ciudades puede ser intimidante (especialmente si se ve a las grandes urbes como potenciales destructoras de los valores tradicionales y generadoras de desorden, ruido y contaminación), también lo es que la ciudad puede constituir una fuente de desafíos y oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas.

Es por ello que la gente alrededor del mundo se ve inclinada a abandonar la vida rural y trasladarse a las ciudades, y lo hace por un sinnúmero de razones. Ya sea por el simple deseo de estar cerca de la acción y de la modernidad, o simplemente como una apuesta desesperada por la sobrevivencia pero, en todo caso, la decisión de migrar a la ciudad suele ser una elección racional: en la medida en que la tecnología avanza y las aspiraciones humanas evolucionan, se reduce la capacidad de la vida rural de satisfacerlas y aumenta la promisión de la ciudad.

La tendencia del Siglo XXI es la urbanización: para el año 2050 más de dos terceras partes de la población mundial vivirán en ciudades. En vez de oponerse a esta tendencia inevitable –queriendo preservar artificialmente antiguos sistemas de producción  rurales-, corresponde a las autoridades procurar sacar provecho de la misma y del irreductible potencial humano de la vida urbana, en la que conviven simultáneamente la armonía y la violencia, la lucha continua y el éxito irrestricto.

En Guatemala, según el INE, actualmente el 58% de la población es urbana, mientras que para 2020 Segeplan proyecta que más del 65% de la población residirá en áreas urbanas, especialmente en ciudades medianas. Ello aconseja aplicar políticas que eviten que el crecimiento del país continúe siendo territorialmente desordenado; para ello Segeplan propone el desarrollo de ciudades intermedias, modernas, conectadas, como nodos de comercio regional.

Para ello, el respeto y cumplimiento de la Ley de consejos de Desarrollo Urbano y Rural es esencial, no sólo como mecanismo para que las comunidades participen en la planificación y evaluación de las políticas y servicios que presten los distintos niveles de gobierno, sino también como herramienta para exigir a las autoridades de las ciudades que provean adecuadamente agua, sanidad y mantenimiento de calles.

Por otra parte, la agricultura urbana (es decir, la producción de cultivos y ganado en las ciudades) puede jugar un rol importante para atender los temas de seguridad alimentaria en un mundo cada vez más urbano, por lo que las políticas públicas de cara al futuro deben favorecer este tipo de producción (desde pequeños plantíos en los jardines, hasta pequeñas granjas áreas públicas de los vecindarios) que está cobrando auge en otros países.

Pero para aprovechar al máximo las transformaciones demográficas que conlleva el proceso de urbanización, es menester priorizar políticas de largo plazo en al menos tres áreas clave: capital humano, macroeconomía e institucionalidad. En efecto, la creciente población urbana en edad de trabajar debe convertirse en una fuerza laboral productiva, lo cual requiere inversión en todos los niveles educativos y de atención en salud.

A su vez, la mayor y mejor capacitada fuerza de trabajo urbana sólo rendirá beneficios si los nuevos trabajadores pueden encontrar empleo. Las políticas macroeconómicas tendentes a lograr condiciones estables y un buen clima de negocios están relacionadas con el crecimiento del empleo productivo y bien remunerado. La flexibilidad del mercado laboral y la apertura al comercio también son factores clave, como lo es la protección a las minorías que puedan resultar perdedoras con tales políticas.

Y, finalmente, el mejor aprovechamiento de la urbanización requiere de fortalecer el imperio de la ley, una mayor eficiencia del gobierno, la reducción de la corrupción y el cumplimiento de los contratos. La aplicación de políticas exitosas en todas estas áreas puede configurar un círculo virtuoso de crecimiento sostenido en la sociedad urbana de los próximos años. Si, por el contrario, no se aplican desde ya tales políticas, estaremos condenados a perpetuar las actuales condiciones de elevado subempleo, criminalidad generalizada e inestabilidad política.

¿Eminentemente Agrícola?

En julio de 2007 publiqué una columna que resultó ser algo polémica (como muchos de ustedes sabrán, la polémica no es precisamente una de mis aficiones, pero de vez en cuando resulta emocionante), porque en ella afirmo que Guatemala --contrariamente al mito popular- no es un país eminentemente agrícola, según lo demuestran la nuevas cuentas nacionales que calculan en Producto Interno Bruto por rama de actividad. Rescato esa columna para este Blog, pues esa realidad continúa siendo tan cierta como entonces.
§ POLÍTICAS PÚBLICAS

¿EMINENTEMENTE AGRÍCOLA?
Hace veinticinco años, los libros de texto de Estudios Sociales alimentaban la leyenda de que “Guatemala es un país eminentemente agrícola”, arguyendo que el aporte de la agricultura a la producción y al empleo nacionales la convertían en la actividad más importante de la economía.
Las cifras disponibles a principios de los años ochenta tendían a no contradecir ese mito. Según las cifras publicadas entonces por el Banco de Guatemala, la actividad agrícola contribuía con la cuarta parte del Producto Interno Bruto –PIB-, similar a la proporción con que contribuía la actividad comercial. A éstas les seguían en importancia las actividades de industria (16% del PIB), transporte y almacenamiento (7%), servicios privados (6%) y administración pública (6%).
Sin embargo, la realidad actual desvanece el mito del predominio agrícola. Veinte años de evolución económica son reflejados por la nueva metodología de cálculo de las cuentas nacionales recientemente publicada por el banco central, que nos muestra una estructura productiva significativamente distinta. Las nuevas cifras revelan que actualmente (en promedio para el período 2001-2005) la agricultura ya no es siquiera la segunda actividad en importancia, pues con un aporte de 14.8 por ciento del PIB total, está por detrás de las actividades de industria (20.4%) y servicios privados (16.2%), superando apenas al comercio (13.3%).
La evolución de la estructura productiva en el último cuarto de siglo también muestra que no ha aumentado la “terciarización” de la economía. Los economistas clasifican a las diferentes actividades económicas en tres sectores: el primario lo forman las actividades extractivas o productivas de recursos naturales: agricultura, ganadería, forestal, minería, etcétera. El sector secundario es el que transforma los recursos naturales, o sea la industria y la construcción. El sector terciario es un bolsón de todas las actividades comerciales y de servicios, desde las finanzas al transporte, pasando por los servicios gubernamentales y personales. La terciarización se refiere al crecimiento del peso económico del sector servicios, tendencia que se ha registrado en todas las economías desarrolladas.
En Guatemala, el sector terciario no parece haber crecido significativamente. En los años ochenta representaba un 54% del PIB y, según las nuevas cifras, actualmente su participación sólo había subido al 57%. El sector que sí aumentó fue el secundario, que pasó de un 20 a un 27%, en detrimento del sector primario, cuyo aporte al PIB se redujo del 26 al 16%. Las cifras de empleo parecen confirmar la participación decreciente de la agricultura, que en 1994 acogía al 52% de la población activa, proporción que para 2002 se había reducido al 42%.Las nuevas cuentas nacionales muestran que la economía guatemalteca dejó hace tiempo de ser “eminentemente agrícola”, y que nuestro futuro económico parece depender más de otros sectores productivos.