TERRAPLANISMO ECONÓMICO

Los aranceles pueden ser una poderosa arma política, pero no tienen ninguna justificación económica

La pregunta que con más insistencia se repite estos días en círculos académicos y financieros es: ¿Qué pretende realmente Donald Trump con sus aranceles? Si nos atenemos a su propio discurso la respuesta es: reducir los déficits comerciales de Estados Unidos y reindustrializar su economía para recuperar empleos en manufactura. Suena noble. Pero desde la perspectiva de la ciencia económica, es una narrativa tan ingenua como equivocada.

La evidencia empírica, la teoría económica y la experiencia histórica coinciden en que los aranceles rara vez logran esos objetivos. Es más, suelen generar efectos contrarios: precios más altos, distorsiones en la asignación de recursos, represalias comerciales y reducción del crecimiento económico global. Como quien pretende curar una fiebre con quimioterapia, los aranceles de Trump no atienden la raíz del problema económico estadounidense: la atacan en el lugar equivocado con la medicina errada.

No es sorprendente que existan defensores fervientes de esa estrategia arancelara (incluso aquí mismo, en nuestro país) que la justifiquen desde una perspectiva política -sin casi ningún fundamento de economía elemental-. Lo que sí resulta desconcertante es que algunos se proclamen liberales y aún así justifiquen estas políticas proteccionistas, con argumentos que parecen extraídos de un manual de economía alternativa medieval. Parece que estamos ante una forma de terraplanismo económico: una negación voluntaria de la evidencia, impulsada más por ideología y pulsiones políticas que por análisis riguroso.

La reducción del déficit comercial —objetivo fundamental de esta estrategia— no es, en sí misma, ni necesaria ni deseable. Los déficits responden a múltiples causas, entre ellas la fortaleza del dólar, el nivel de ahorro interno, o la ventaja comparativa en servicios. Y en cuanto a la reindustrialización, es preciso recordar que la pérdida de empleos en manufactura no es un mal endémico: responde, sobre todo, al avance tecnológico y a la evolución natural hacia una economía basada en servicios y más intensiva en conocimiento.

"Los aranceles trumpianos: se trata de una herramienta de negociación política"

Ahora bien, existe una explicación más verosímil de los aranceles trumpianos: se trata de una herramienta de negociación política; un instrumento geopolítico más que económico. Al imponer aranceles sin previo aviso a sus principales socios comerciales, Trump no busca tanto mejorar la balanza de pagos como reforzar su capacidad de presión. Es el garrote que antecede a la zanahoria. Eso es válido como estrategia geopolítica, pero injustificable como política económica, y menos desde la realidad guatemalteca.

Aunque nuestro país no ha sido de los más castigados por los aranceles trumpianos, no por eso está a salvo de sus consecuencias. El redireccionamiento del comercio, la volatilidad financiera internacional, y la potencial recesión mundial inducidas por esta guerra arancelaria van a afectar nuestra economía. Y aunque seamos parte de un tratado comercial con el gigante del Norte, eso no es un escudo infalible, y menos durante la presidencia de Trump.

La historia está llena de ejemplos de políticas económicas basadas en la ocurrencia y el cortoplacismo más que en la ciencia y la estrategia. Hoy, con la excusa nacionalista de recuperar los empleos perdidos, la política comercial del gobierno estadounidense esconde una peligrosa mezcla de voluntarismo y populismo económico. Lo más preocupante no es que Trump insista en su fórmula proteccionista; es que haya “analistas”—incluso algunos que se decían liberales— dispuestos a defenderla. Como si, de pronto, creyésemos de nuevo que la Tierra es plana.

LIBERTAD, SUBSIDIARIEDAD, SOLIDARIDAD

EL MODELO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO NO SOLO ES VIABLE; TAMBIÉN ES RECOMENDABLE

La semana pasada fui invitado por la Fundación Konrad Adenauer para disertar sobre la viabilidad de la Economía Social de Mercado -ESM- en Guatemala. La ESM es un sistema que, respetando al mercado y las libertades y controles que deben garantizarse para que este funciona adecuadamente, los combina eficazmente con un orden social que procura la equidad dentro de un orden político democrático. Se trata de que la sociedad se beneficie de la eficiencia del mercado para generar paz social.

De alguna manera, más o menos explícita, la Constitución Política de la República de Guatemala no solo es compatible, sino que orienta los quehaceres del Estado hacia el principio esencial de la ESM, que es la primacía y dignidad de la persona humana, así como hacia sus principios operativos básicos: la libertad individual y empresarial con responsabilidad y con acceso a un mercado competitivo; la certeza sobre la propiedad privada; la solidaridad (incluyendo redes de protección como el seguro social); y, la subsidiariedad (todo lo que el individuo puede asumir bajo su propia responsabilidad, por sí solo o en su círculo, no forma parte de las funciones del gobierno: las intervenciones del Estado sólo se justifican cuando suplen o auxilian a las de cada individuo). 

En la práctica, la ESM no ha logrado establecerse en el país porque, entro otras razones, los políticos y funcionarios no han tenido claro cuándo y cómo aplicar adecuadamente las políticas económico-sociales. Atendiendo al principio de subsidiariedad, un Estado eficiente solo debe intervenir, complementando sus funciones originarias de seguridad y justicia, para establecer el marco institucional que garantice las libertades básicas, para corregir las fallas del mercado (como las externalidades o la información asimétrica) y para procurar la paz social mediante instituciones que legitimen el sistema de mercado. Según la ESM las políticas económicas se pueden dividir en dos categorías: las políticas de procesos (como la política fiscal o la monetaria) que buscan influir sobre los procesos económicos y sus resultados; y, las políticas de ordenamiento que, a través de reglas e incentivos (es decir, de instituciones) buscan establecer el orden económico deseado.

En cuanto a la primera categoría de políticas (la de procesos), al parecer no lo hemos hecho tan mal como país, pues así lo demuestran los sólidos indicadores de estabilidad y sostenibilidad macroeconómica, reconocidos internacionalmente. En contraste, donde evidentemente hemos fallado es en las políticas de ordenamiento, como lo demuestran los precarios indicadores de calidad institucional y gobernanza de Guatemala. Esa precariedad institucional impide el establecimiento de un orden económico que, como lo persigue la ESM, constituya un marco de certeza jurídica, eficiencia económica y mayor productividad. Para revertir tales indicadores, es indispensable que los liderazgos del país -empezando por el estamento político- cobren conciencia de la necesidad de establecer ese orden económico basado en instituciones y, a partir de allí, emprender las reformas necesaria con voluntad política.

EMPRESAS Y GOBIERNOS

LAS VISIONES MANIQUEAS QUE LOS COLOCAN COMO ENEMIGOS NO CONTRIBUYEN AL PROGRESO DEL PAÍS 

En los últimos tiempos, la retórica a lo ancho del espectro político, no solo en Guatemala sino en toda Latinoamérica, parece sugerir que las relaciones entre las empresas y el gobierno deben ser de antagonismo o, al menos, de una estricta separación y amplio distanciamiento. Desde la derecha y el libertarianismo se afirma que los gobiernos, por naturaleza, interfieren demasiado en los procesos económicos y obstaculizan el libre comercio. Desde las izquierdas se afirma que las empresas son, por naturaleza, entes depredadores, explotadores de los trabajadores y de los consumidores, y evasores de impuestos. 

Esas visiones maniqueas han contribuido a que en las recientes crisis políticas, como la de Chile en los últimos meses, triunfen las propuestas que plantean destruir el sistema vigente para sustituirlo por un nuevo sistema, cuya naturaleza y alcances nadie conoce y que debe ser construido sobre la marcha. En ese afán de sustituir lo viejo conocido por lo nuevo por conocer, se pasan por alto los muchos éxitos del viejo sistema (en el caso chileno, los logros en cuanto a crecimiento económico e ingreso per cápita), y se magnifican sus innegables y notables fracasos (en términos de desigualdad, concentración de poder, abusos de empresarios y grandes conglomerados, y la promesa incumplida de un bienestar rápido para toda la población). El prevaleciente ánimo anticapitalista confunde el nefasto capitalismo de amigotes -que debe ser combatido- con el verdadero capitalismo -que florece cuando existe libertad y certeza jurídica-. 

En un capitalismo funcional y moderno (no el de amigotes), ambos lados (gobierno y empresas) se necesitan mutuamente. El gobierno necesita a las empresas para producir crecimiento económico, crear empleos y generar ingresos para pagar los compromisos del país con el resto del mundo. Las empresas, por su parte, necesitan de un gobierno que provea el sistema jurídico y de seguridad básica necesario para operar; que forme a los trabajadores de quienes dependen las empresas; y, que cree la infraestructura (carreteras, puertos) que permita intercambiar bienes y servicios eficientemente. Muchas empresas también necesitan al gobierno como comprador. Y todas las empresas necesitan un gobierno capaza de impulsar políticas públicas que fomenten la productividad y el bienestar.

La creciente polarización que se cierne sobre Latinoamérica busca poner a los gobiernos y a las empresas como antagonistas, lo cual no beneficia a ninguna de las partes. Las empresas deben contribuir (con sus actitudes y sus impuestos) a que exista un gobierno eficiente que provea los bienes públicos básicos y aplique reglas claras, generales y predecibles. Los gobiernos deben entender que las empresas necesitan un clima (político y económico) estable para operar, con paz social y coherencia en las políticas públicas. En los países prósperos, las empresas y los gobiernos actúan, cada quien desde su ámbito, como socios, no como enemigos.

La Democracia Liberal en Peligro

Las soluciones a los múltiples problemas económicos y sociales que plantea la globalización no están en el proteccionismo empobrecedor ni en las rentas universales que harían quebrar al Estado. Y Guatemala no está exenta de la tentación de caer en ellas.

Las políticas nacionalistas, proteccionistas y populistas están acechando por todo el mundo, poniendo en peligro los valores y logros que la democracia liberal ha obtenido para la humanidad en el último siglo. Los ciudadanos en la mayoría de países están fatigados del desempleo y de la desigualdad que, inevitablemente, ha ocasionado la globalización y esto lo aprovechan los líderes populistas para vender al electorado sus soluciones mágicas que seducen a las masas, pero que al final del día solo resultan en mayores injusticias e insatisfacciones.

Ese tipo de gobiernos representa una amenaza para las democracias liberales tanto por sus formas, como por sus consecuencias. Sus formas incluyen la aplicación de políticas –como los aranceles- que en el corto plazo acarrean beneficios para su base electoral pero que, en el largo plazo, dañan el progreso económico. Los populistas proponen “refundar” el Estado y niegan cualquier avance logrado por sus predecesores; se creen los únicos representantes del pueblo capaces de defenderlo ante los enemigos externos o los malvados explotadores internos; recurren al lenguaje soliviantador, añoran gobernar por decreto y denigran a la prensa independiente.

Pero las consecuencias de esos gobiernos son peores aún que sus formas. Los regímenes populistas suelen ser macroeconómicamente irresponsables, despilfarradores, proclives a la corrupción y, casi siempre, terminan empeorando las condiciones de vida de la población. La historia de Latinoamérica  está repleta de ejemplos (desde Perón hasta Maduro, pasando por los Fujimori y los Kirchner) de cómo las políticas del nacionalismo proteccionista son una receta para el fracaso de los países, pese a lo cual continúan siendo atractivas –y cada vez más- para los votantes alrededor del mundo. Y Guatemala no está exenta de esa amenaza.

El desafío de contener la amenaza radica en defender los principios de la democracia liberal y progresista, al tiempo que se impulsa la indispensable –y muy descuidada- reforma de la infraestructura institucional y física necesaria para su funcionamiento. Por un lado, hay que reafirmar el compromiso con el libre comercio y con la globalización, que ha demostrado ser una de las herramientas más eficaces en la lucha contra la pobreza en el mundo; sin descuidar, claro está, la atención a los segmentos de la población que temporalmente resulten perdedores en el proceso, mediante políticas de educación, empleo y subsidios directos.

Por otro lado, hay que defender los beneficios de una sociedad abierta al cambio tecnológico, a las migraciones y al progreso, en un marco de respeto a la diversidad y a los valores cosmopolitas, basado en el imperio de la ley. Esto incluye una posición definida a favor del mercado y en contra de los privilegios, lo cual requiere un balance entre mercado y Estado: tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Como lo explica el Premio Nobel, Jean Tirole: “el Estado y el mercado son complementarios y no excluyentes. El mercado necesita regulación y el Estado, competencia e incentivos”.

Las soluciones a los múltiples problemas económicos y sociales que plantea la globalización no están en el proteccionismo empobrecedor ni en las rentas universales que harían quebrar al Estado. Están más bien en la innovación, la educación, los mercados abiertos y competitivos, así como en las instituciones fuertes e independientes necesarias para regular los mercados, garantizando su eficacia y la igualdad de oportunidades. Las soluciones no son simples (como las venden los populistas) sino complejas, y así hay que explicárselas –honestamente- a los ciudadanos.