EMPRESAS Y GOBIERNOS

LAS VISIONES MANIQUEAS QUE LOS COLOCAN COMO ENEMIGOS NO CONTRIBUYEN AL PROGRESO DEL PAÍS 

En los últimos tiempos, la retórica a lo ancho del espectro político, no solo en Guatemala sino en toda Latinoamérica, parece sugerir que las relaciones entre las empresas y el gobierno deben ser de antagonismo o, al menos, de una estricta separación y amplio distanciamiento. Desde la derecha y el libertarianismo se afirma que los gobiernos, por naturaleza, interfieren demasiado en los procesos económicos y obstaculizan el libre comercio. Desde las izquierdas se afirma que las empresas son, por naturaleza, entes depredadores, explotadores de los trabajadores y de los consumidores, y evasores de impuestos. 

Esas visiones maniqueas han contribuido a que en las recientes crisis políticas, como la de Chile en los últimos meses, triunfen las propuestas que plantean destruir el sistema vigente para sustituirlo por un nuevo sistema, cuya naturaleza y alcances nadie conoce y que debe ser construido sobre la marcha. En ese afán de sustituir lo viejo conocido por lo nuevo por conocer, se pasan por alto los muchos éxitos del viejo sistema (en el caso chileno, los logros en cuanto a crecimiento económico e ingreso per cápita), y se magnifican sus innegables y notables fracasos (en términos de desigualdad, concentración de poder, abusos de empresarios y grandes conglomerados, y la promesa incumplida de un bienestar rápido para toda la población). El prevaleciente ánimo anticapitalista confunde el nefasto capitalismo de amigotes -que debe ser combatido- con el verdadero capitalismo -que florece cuando existe libertad y certeza jurídica-. 

En un capitalismo funcional y moderno (no el de amigotes), ambos lados (gobierno y empresas) se necesitan mutuamente. El gobierno necesita a las empresas para producir crecimiento económico, crear empleos y generar ingresos para pagar los compromisos del país con el resto del mundo. Las empresas, por su parte, necesitan de un gobierno que provea el sistema jurídico y de seguridad básica necesario para operar; que forme a los trabajadores de quienes dependen las empresas; y, que cree la infraestructura (carreteras, puertos) que permita intercambiar bienes y servicios eficientemente. Muchas empresas también necesitan al gobierno como comprador. Y todas las empresas necesitan un gobierno capaza de impulsar políticas públicas que fomenten la productividad y el bienestar.

La creciente polarización que se cierne sobre Latinoamérica busca poner a los gobiernos y a las empresas como antagonistas, lo cual no beneficia a ninguna de las partes. Las empresas deben contribuir (con sus actitudes y sus impuestos) a que exista un gobierno eficiente que provea los bienes públicos básicos y aplique reglas claras, generales y predecibles. Los gobiernos deben entender que las empresas necesitan un clima (político y económico) estable para operar, con paz social y coherencia en las políticas públicas. En los países prósperos, las empresas y los gobiernos actúan, cada quien desde su ámbito, como socios, no como enemigos.

No es el Fin del Mundo

Esta pandemia no es el fin del mundo, pero muchas realidades económicas ya están cambiando

Las cifras de la pandemia siguen empeorando alrededor del mundo. Mientras que en Europa lo peor de la crisis ya parece haber quedado atrás, en los países en desarrollo -incluyendo Guatemala- el covid-19 está en plena expansión, causando un enorme daño no solo en vidas humanas sino también sobre la capacidad productiva de las economías. La magnitud del daño, sin embargo, podría no ser tan grande al compararla con la ocasionada por otras pandemias en el pasado.

Hasta ahora, se registran más de 7 millones a afectados por el covid-19, con un saldo de más de 400 mil muertos. Se trata de una pandemia grave, pero menos letal que otras grandes plagas de los últimos siete siglos. Incluso si los aciagos números actuales del covid-19 se duplicaran en los próximos meses, el saldo sería significativamente más benévolo que en otras pandemias del pasado: la Peste Negra (año 1350) arrojó 75 millones de muertos; la Gran Peste de Sevilla (1650), dos millones; el cólera en Rusia (1860), un millón; la Gripe Española (1919), cien millones; la Encefalitis Alérgica (1925), 1.5 millones; y, la Gripe Asiática (1958), 2 millones.

La lección histórica es que, si bien este tipo de tragedias acarrea gran sufrimiento humano y deja heridas en el tejido económico y social, estas heridas no son mortales. Los costos del covid-19 podrían ser incluso menores que en otras pandemias gracias a que la atención médica moderna y las medidas de salud pública son más efectivas. Económicamente, el efecto económico también será distinto porque el covid-19 afecta principalmente a los ancianos, que ya no están en la fuerza laboral y tienden a ahorrar relativamente más que los jóvenes, una gran diferencia con respecto a los siglos pasados cuando las personas tenían expectativas de vida más cortas. Además, la agresiva expansión fiscal emprendida esta vez por los gobiernos, si se maneja razonablemente, podrá mitigar las consecuencias económicas de la pandemia.

No es, pues, el fin del mundo, pero muchas realidades económicas ya están cambiando (y lo seguirán haciendo en los próximos meses), lo cual demandará un esfuerzo de adaptación por parte de productores, consumidores, inversionistas y gobiernos. Muchos de los problemas que enfrentaremos en la próxima década no serán nuevos, sino simplemente versiones más extremas de los que ya enfrentamos hoy: la pandemia solo las exacerbará. El desafío es salir de esta crisis mejor que antes, en función de lo cual habrá que tomar medidas para resolver estos problemas y lograr un cambio de fondo.

Las empresas saben ahora que no es sano que sus cadenas de suministros dependan de una sola fuente. Los trabajadores deben comprender que no pueden depender de una sola habilidad técnica. Los países en vías de desarrollo deben resistirse ante (y combatir juntos) las crecientes tendencias proteccionistas y antiglobalizadoras. Los gobiernos deben aprovechar la expansión del gasto público -sabiendo que debe ser estrictamente temporal- para incrementar la inversión pública en infraestructura, tecnología, salud pública y educación.

La pandemia no es el fin del mundo, pero la nueva normalidad nos exigirá un renovado esfuerzo de adaptación. La innovación será esencial para buscar nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas maneras de convivencia social con visión de largo plazo, nuevas capacidades productivas y una nueva ética empresarial, laboral y gubernamental.

Crecimiento e Inclusión: el Doble Desafío

Encontrar formas de incrementar la productividad es la clave del futuro económico de Guatemala.

La economía de Guatemala ha crecido durante décadas de manera estable, pero insatisfactoriamente lenta. El crecimiento promedio del Producto Interno Bruto –PIB- de 3.1% anual registrado en la última década es significativamente más lento que el 5.6% anual de otros 56 países (excluyendo China) calificados como economías emergentes y que solían tener –hace cuatro décadas- un nivel de desarrollo similar al de Guatemala. Nuestro país se está quedando muy rezagado debido a la ineficacia institucional que a la postre redunda en un escaso dinamismo económico y en la persistencia de la pobreza en amplios segmentos de la población.

Casi tres cuartas partes del crecimiento de nuestra economía provienen de la expansión de la fuerza de trabajo (derivada del crecimiento poblacional) y no de un aumento de la productividad, que apenas aporta cada año un promedio de 0.3 puntos del crecimiento del PIB (menos de la décima parte de lo que la productividad aporta al crecimiento de las 56 economías emergentes ya mencionadas). El crecimiento de la población trabajadora como proporción de la población total pronto se revertirá, lo que significa que, en el futuro próximo, el crecimiento económico solo podrá provenir de una mayor productividad.

Encontrar formas de incrementar la productividad es la clave del futuro económico de Guatemala. En un reciente estudio que realizó McKinsey (una consultora internacional) para otros países latinoamericanos que comparten preocupaciones similares a las nuestras en cuanto a su lento crecimiento económico, se identificaron “dos términos-medio que faltan” y cuya ausencia mantiene atrasada a la Región: uno es la mediana empresa y el otro es la clase media.

Por un lado, una buena cantidad de empresas de tamaño medio puede impulsar el crecimiento y generar empleos bien pagados; sin embargo, nuestros países muestran una polarización entre unas pocas (y muy modernas) grandes empresas  y una miríada de pequeñas empresas de baja productividad. El segmento medio de empresas hace falta para dinamizar el crecimiento, en la medida en que tales empresas, según McKinsey, son más proclives a invertir en nuevas tecnologías y en adoptar sistemas modernos que incrementen la productividad. El otro término-medio que hace falta es el de un conjunto significativo de consumidores de clase media cuyos ingresos provengan de empleos productivos y se traduzca en un mercado pujante con una mayor capacidad de compra.

Para que surjan estos dos términos-medio se requiere de una estrategia de país y de un compromiso político que, hasta ahora, han sido imposibles de lograr en Guatemala. En Latinoamérica ha habido unos pocos casos exitosos (Colombia, Perú y, especialmente, Chile) que han logrado encontrarlos y, consecuentemente, han atendido simultáneamente el doble desafío del crecimiento económico y la inclusión social. Estos casos de éxito tienen un factor común: su apuesta por mejorar la eficacia del Estado y reformar sus instituciones, con lo cual han establecido un ambiente propicio para los negocios y el emprendimiento, han creado mejores empleos que promueven una clase media pujante y han modernizado la provisión de servicios gubernamentales. Ese es el ejemplo a seguir.

El Imperativo del Crecimiento Económico

La mejor política de protección social y de combate a la pobreza, es una buena política económica que propicie la creación de empleos y el aumento de la productividad sistémica

Generar empleos, reducir las desigualdades sociales, o mejorar los niveles de bienestar se han vuelto temas recurrentes tanto en las ofertas de los partidos políticos como en las agendas de propuestas de las múltiples ONGs y tanques de pensamiento en el país, lo cual es totalmente razonable a la luz del pobre desempeño de Guatemala en sus múltiples indicadores de desarrollo socio-económico. Lo que no es razonable es que, en su afán por enfocarse en esos temas, dichas organizaciones (especialmente las más “progresistas”) menosprecien el factor más determinante del desempeño económico de cualquier país: la tasa de crecimiento del ingreso nacional (que es un reflejo de su producto interno bruto).

El objetivo de acelerar el crecimiento económico se ha desprestigiado en gran medida porque, muchas veces, sus proponentes han planteado estrategias cortoplacistas, inconsistentes y buscadoras de atajos a través de subsidios o de privilegios fiscales para favorecer a una determinada actividad económica (que arbitrariamente se ha elegido como “el verdadero motor del crecimiento”) en detrimento de las demás. Esto desvía la atención del incuestionable hecho de que solo mediante un mayor crecimiento de la producción es posible generar más empleos y mejorar el bienestar.

El crecimiento económico, al generar una mayor demanda por trabajadores, beneficia especialmente a los jóvenes que ingresan al mercado de trabajo y a las minorías, por lo que se constituye en el mejor programa de bienestar social que pueda haber. Un mayor crecimiento de la producción generará mayores ingresos estatales, incluyendo los del seguro social. Además, un entorno de dinamismo económico es más propicio para reducir la criminalidad, incentivar la protección del medio ambiente y contribuir al optimismo sobre el futuro del país, el cual es importante para conjurar el peligro de que surjan ofertas políticas populistas que amenacen nuestro incipiente sistema democrático.

Por desgracia, mientras nuestro crecimiento económico no logre rebasar el techo del 4 porciento anual, será imposible obtener todos esos beneficios. Debemos tener claro que la casi totalidad de la generación de empleos sostenibles solo puede provenir del sector empresarial. La clave es, pues, aplicar políticas públicas que incentiven la creación de nuevas empresas y mejoren el desempeño de las existentes. Para ello no se necesita “sobornar” a las empresas con subsidios o privilegios temporales para que hagan inversiones que hoy no son rentables.

Lo que se requiere es un ambiente para hacer negocios que dé certeza, mejore la productividad y aumente la demanda para lo que produzcan las empresas. Ello requiere de una política económica integral que incluya, por un lado, una reforma institucional que permita al Estado proveer los servicios públicos esenciales (seguridad, justicia, infraestructura, educación básica, nutrición y salud primaria) y, por otro, una coordinación de medidas macroeconómicas (monetaria y fiscal) que incentiven ordenadamente la demanda agregada, especialmente en estos tiempos de desaceleración. Para luego, es tarde.

¿Hay Acceso a los Servicios Financieros?

Para mejorar el acceso de la población a los servicios del sistema financiero (aumentar la profundización financiera) es necesario aplicar reformas legales e institucionales, tales como el fortalecimiento del Registro de Garantías Mobiliarias, una ley que regule las quiebras e insolvencias, y un marco regulatorio que incentive la operación de los burós de crédito y el acceso a la información que estos proveen¿

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la conferencia Centroamérica al Día (de COPADES) que tuvo lugar la semana pasada, fue que Guatemala es el país de la Región con el menor grado de penetración financiera, cuando esta se mide como el porcentaje que el crédito bancario representa respecto de la producción: el 37% en nuestro país es menor que el 42% en Nicaragua y el 44% en El Salvador, y contrasta aún más con el 58% de Costa Rica, el 60% de Honduras y, por supuesto, el 90% de Panamá.

El tema es importante porque hay una relación entre el grado de profundización financiera de un país y sus niveles de bienestar y progreso material. Así lo demuestran estudios como el del Boston Consulting Group que ha encontrado una estrecha correlación entre su indicador de inclusión financiera (el porcentaje de individuos mayores de 15 años que poseen una cuenta bancaria) y su indicador de desarrollo económico sostenible para un amplio número de países. También existe evidencia empírica de que una mayor profundización financiera contribuye a la reducción de la pobreza y de la desigualdad.

La profundización financiera es multidimensional y, para el caso de Guatemala, no todas son malas noticias. Nuestro país es uno de los que ofrece mayor acceso físico a la infraestructura financiera. Según estudios del Fondo Monetario Internacional, el número de agencias bancarias ha crecido de 18.8 por cada cien mil habitantes en 2004, a 37 en 2014 (el promedio de Latinoamérica ese año fue de 24); además, el número de cajeros automáticos en Guatemala (si bien concentrados en las áreas urbanas del país) fue de 36 por cada cien mil habitantes, superior a los 25 cajeros en promedio latinoamericano, también en 2014.

Lo que hace falta es que ese acceso físico con el que hoy contamos se traduzca en un mayor uso efectivo de los servicios financieros por parte de la población de todos los niveles de ingreso: solo el 60% de las pequeñas y medianas empresas del país maneja cuentas bancarias (el promedio en Latinoamérica es de 92%). Si bien el relativo rezago de la penetración financiera en el país refleja una serie de factores estructurales (bajo nivel de ingreso per cápita, falta de educación financiera, prevalencia del sector informal y débil estado de derecho), mucho puede hacerse desde el gobierno para promover el acceso a los servicios financieros mediante el desarrollo de un marco legal, regulatorio e institucional apropiado y de un ambiente donde la información financiera fluya efectivamente.

Ya se ha avanzado, desde el ámbito regulatorio, en el diseño de una estrategia nacional para la inclusión financiera, la regulación de las microfinanzas y la emisión de normas para las transacciones con dinero móvil, pero aún resta mucho por avanzar en el campo legislativo e institucional. Es importante, por ejemplo, un marco legal (es decir, las leyes y su correcta aplicación) que proteja los derechos de propiedad y los derechos de los acreedores (sin lo cual se desincentiva el crédito y se alienta a los deudores a no pagar).

Otra reforma pendiente es la que fortalezca el (hasta ahora ineficiente) registro de garantías mobiliarias, ya que estas (que incluyen maquinaria y equipo) pueden hacer más accesible el crédito a las pequeñas empresas. También hace falta una ley de insolvencias que permita la salida ordenada del mercado y otorgue oportunidades de recuperación a las empresas en quiebra y a sus acreedores. Finalmente, un ambiente que propicie el flujo de información del mercado crediticio (especialmente mediante al funcionamiento de burós de crédito) resulta fundamental para propiciar una mayor inclusión financiera en el país.

Fomento al Emprendimiento

El principal apoyo que el gobierno puede darle a los emprendedores, es el de propiciar un “campo de juego” adecuado para la innovación y los negocios: certeza jurídica, infraestructura, educación y salud. Y que trate de molestar lo menos posible.

El pasado fin de semana se llevó a cabo la cumbre de emprendimiento Innovate 2017, en la que tuve el honor de participar como moderador de un panel sobre “el fomento del emprendimiento en Centroamérica”. Los panelistas fueron Boris Lemus (de Guatemala), Félix Maradiaga (Nicaragua), Diana Martínez (Honduras), Sebastián Mendoza (Panamá) y Mario Valle (El Salvador), todos ellos líderes de emprendimiento y de apoyo a emprendedores en sus países.

El fomento del emprendimiento es un tema que necesariamente dirige la atención hacia el rol del Estado. Los economistas tendemos a creer que el Estado juega un papel clave en la promoción de la innovación y el emprendimiento, por medio de intervenciones directas (como la creación de fondos para financiar emprendimientos, o la introducción de deducciones o privilegios tributarios para los emprendedores), o indirectas (invirtiendo en bienes públicos como la investigación, la infraestructura o la capacitación).

La clave es reconocer hasta dónde debe intervenir el Estado y hasta dónde debe dejarse a los emprendedores privados asumir sus riesgos y organizarse para enfrentar los riesgos inherentes a la creación de nuevas empresas. Conviene reconocer que a veces los gobiernos, por muy bien intencionado que sea su apoyo hacia el emprendimiento, acaban por desperdiciar sus recursos en vanos esfuerzos por intentar que se replique un Valle del Silicón en sus países; ciertamente los emprendedores fracasan con frecuencia, pero sus inversionistas saben que deben detenerse cuando su propio dinero se agota. En contraste, los gobiernos pueden seguir tirando el dinero de los contribuyentes.

Una forma de minimizar el riesgo de que los gobiernos apliquen políticas públicas de fomento al emprendimiento que resulten, a la larga, contraproducentes, es identificar cuáles son los cuellos de botella que más afectan a los potenciales emprendedores. En el panel surgió que los principales obstáculos al emprendimiento en la región centroamericana se relacionan con la calidad de la mano de obra, la inseguridad física y jurídica, la falta de mentores que acompañen los emprendimientos, la escasez de proyectos de escala, y la falta de financiamiento.

Los panelistas concluyeron, a partir de su experiencia en sus propios países y su conocimiento de experiencias diversas en la región, que la mejor forma en que el Estado puede fomentar el emprendimiento es a través de la provisión de los servicios básicos que habilitan la innovación, la apertura y la gestión de negocios nuevos: inversión en capital humano (educación y salud), generación de infraestructura de comunicaciones, y oferta de instituciones públicas eficientes que velen por que exista certeza jurídica y seguridad ciudadana. Un Estado bien administrado es una parte vital para un sistema de innovación y emprendimiento exitoso. En ese contexto, los programas de fomento más específicos (como los fondos de financiamiento o los centros de entrenamiento para emprendedores) resultan solo complementarios y secundarios.

Aunque ahora es frecuente idealizar a los emprendedores (como si todos fuesen genios tipo Bill Gates o Mark Zuckerberg), en la práctica son atrevidos seres que arriesgan su patrimonio, su estabilidad familiar y su propia salud en la persecución de un sueño de negocios (más de la mitad de los emprendimientos no logran sobrevivir a su primer año de operaciones). No cualquiera está llamando a ser emprendedor.  Es de justicia que el Estado les brinde apoyo y respeto a estas personas que ponen sus vidas en la línea de fuego para construir, de la nada, algo útil y productivo para la sociedad.