EL PRECIO DE LAS “BUENAS INTENCIONES”

Combatir abusos no exige destruir los mecanismos que hacen funcionar al mercado

Hay pocas ofertas políticas más atractivas que prometer bajar precios por decreto. Y si la promesa se presenta como una cruzada contra la “usura”, la tentación resulta todavía mayor. El problema es que las leyes económicas suelen ser menos complacientes que los discursos políticos. El Congreso estudia la iniciativa 6614, Ley contra la Usura, cuyo propósito declarado es atendible: proteger a los deudores de prácticas abusivas que, sí, deben perseguirse y sancionarse, pues algunas empresas de cobranza han recurrido al hostigamiento, amenazas y métodos que el Estado no debe tolerar. Pero de ahí no se sigue que deba intervenirse el precio del crédito.

La iniciativa pretende fijar una tasa de interés “máxima”. El problema empieza por una elemental lección de economía: la tasa de interés es un precio. Como tal, incorpora el costo del dinero, los gastos de operación, el plazo y, especialmente, el riesgo de que el préstamo no sea pagado. Un préstamo respaldado por una garantía sólida no cuesta lo mismo que prestar una pequeña cantidad, sin garantía, a alguien sin historial crediticio. Pretender que ambos riesgos se acomoden dentro de un límite legal no elimina el riesgo: solamente impide reflejarlo en el precio. ¿Y qué hace un oferente cuando no puede cobrar un precio compatible con el riesgo? Deja de ofrecer. Así, el crédito aparentemente se abarata, pero también se vuelve más escaso. Los primeros excluidos serán previsiblemente quienes presentan mayor riesgo: pequeños empresarios, trabajadores informales y personas sin garantías; precisamente aquellos a quienes la ley pretende proteger. 

Y hay otra paradoja peor: quien queda expulsado del mercado formal no deja necesariamente de necesitar dinero, sino que terminará recurriendo al prestamista informal, con menos transparencia, menos protección jurídica y, en algunos casos, métodos de cobranza más intimidantes. La medicina empeorará la enfermedad. La iniciativa contiene otros problemas: restricciones sobre costos y comisiones, trámites onerosos, conceptos jurídicos ambiguos e incompatibilidad con normas existentes. Todo ello puede elevar el costo de prestar y cobrar legítimamente y generar inseguridad jurídica.

Esto no significa tolerar abusos bajo el pretexto de defender el mercado. Una economía de mercado requiere reglas y autoridades capaces de hacerlas cumplir. Pero la buena regulación debe corregir conductas dañinas o fallas identificables; no sustituir arbitrariamente el mecanismo de precios. Hay alternativas: normas estrictas contra el hostigamiento y las amenazas, sanciones efectivas contra cobros ilegales, transparencia sobre el costo del crédito y mecanismos eficaces para denunciar abusos. Lo importante es atacar la conducta que se desea corregir, sin destruir las señales que permiten funcionar al mercado. El criterio para cualquier regulación debe ser: identificar el problema, demostrar que la intervención es necesaria y escoger el instrumento menos distorsionante. Regular bien exige bisturí, no machete.

Los controles de precios son políticamente atractivos: sus beneficios se anuncian hoy y sus costos aparecen mañana, dispersos entre personas que nunca sabrán que aquel crédito que necesitaban dejó de existir como consecuencia de una ley que pretendía protegerlas. En vísperas de un año electoral, conviene estar particularmente atentos a esas soluciones seductoras. El populismo económico suele utilizar problemas reales para plantear soluciones engañosamente sencillas. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno; y, en economía, también el camino hacia la escasez.

CIBERSEGURIDAD: NI CERROJO NI COLADERO

La vida digital exige reglas inteligentes: seguridad, derechos, técnica y prudencia legislativa

Hace no tantos años parecía que la ciberseguridad era un asunto reservado a especialistas en informática, bancos o agencias de inteligencia. Ese ya no es el caso: una falla o un ataque digital puede impedir una transferencia bancaria, paralizar un hospital, interrumpir un servicio público, comprometer datos personales o afectar el suministro de electricidad. En una economía cada vez más digitalizada, la ciberseguridad no es ya solo un problema técnico, sino un asunto estratégico que afecta la vida económica, institucional y ciudadana.

Por eso cobra relevancia la discusión que actualmente tiene lugar en el Congreso sobre cómo regularla. Guatemala necesita un marco jurídico moderno que permita prevenir ataques, gestionar riesgos, proteger infraestructuras críticas, coordinar respuestas y perseguir eficazmente la ciberdelincuencia. Pero, como ocurre con casi toda buena regulación, el problema no consiste simplemente en emitirla, sino en diseñarla bien: una ley demasiado laxa puede dejar al país expuesto a riesgos crecientes, pero una demasiado restrictiva puede elevar costos innecesarios, obstaculizar la innovación, desalentar la cooperación privada e incluso abrir espacios para abusos sobre la privacidad. El desafío está en encontrar un equilibrio razonable entre seguridad y libertad, prevención y proporcionalidad, capacidad estatal y límites al poder público.

Aquí aparece el tema que tanto cuesta entender y afrontar en Guatemala: la institucionalidad. Una ley puede verse impecable en el papel y fracasar en la práctica si crea entidades sin capacidades, competencias confusas o mandatos traslapados. La autoridad que se establezca para regular la ciberseguridad debe ser técnica, flexible, profesional y suficientemente independiente de vaivenes políticos; tener funciones claramente delimitadas, recursos adecuados y mecanismos efectivos de rendición de cuentas. La ciberseguridad exige coordinación, no burocracia; especialistas, no improvisación.

Tampoco conviene inventar el agua azucarada ni empezar de cero. Existen mejores prácticas a nivel internacional. Y en lo local, algunos sectores como el financiero y el eléctrico han desarrollado capacidades, protocolos y mecanismos propios de prevención y respuesta. La regulación nacional debería aprovecharlos y articularlos, respetando las competencias de los reguladores sectoriales. Centralizar por centralizar puede destruir el conocimiento acumulado y generar costosas duplicidades.

Además, la ciberseguridad no puede tratarse como una isla normativa. Forma parte de un ecosistema más amplio que incluye, como mínimo, protección de datos personales, infraestructuras críticas, evidencia digital y prevención y sanción de ciberdelitos. De todos esos componentes, la protección de datos resulta especialmente urgente: proteger sistemas sin proteger adecuadamente la información de las personas sería construir una muralla con un boquete abierto.

Todo esto aconseja prudencia legislativa. Para emitir una regulación de naturaleza tan compleja las prisas suelen producir leyes incompletas, contradictorias o imposibles de aplicar, por lo que precisa una discusión amplia, técnica y suficientemente pausada, que escuche al sector público, empresas, reguladores, academia, especialistas y sociedad civil. Guatemala necesita una buena ley de ciberseguridad pero, encima de eso, un sistema de resiliencia digital que funcione. Como tantas veces ocurre en política pública, el éxito no estará en la cantidad de artículos aprobados, sino en la calidad de las reglas, de las instituciones y de los incentivos que logremos construir.

CUANDO EL BOLSILLO VOTA

Cuando el ingreso se reduce, el populismo florece ofreciendo soluciones ilusorias

Existe una diferencia importante entre inflación y percepción del costo de la vida. La primera puede medirse con precisión; la segunda se experimenta a diario, cuando el salario rinde menos, llenar el tanque cuesta más o el presupuesto familiar no alcanza. Para millones de personas esa percepción pesa más que cualquier indicador macroeconómico. Por eso conviene prestar atención a las señales que hoy empiezan a aparecer. Los mercados internacionales muestran fuertes presiones sobre el precio del petróleo y otros insumos estratégicos. La incertidumbre geopolítica amenaza con trasladarse a mayores costos de producción y transporte, aumentando los riesgos inflacionarios. 

Simultáneamente, se está produciendo un cambio significativo en el estado de ánimo de los guatemaltecos: la principal preocupación de los hogares ya no es la inseguridad, sino el costo de la vida. Una encuesta reciente muestra que el 62 % considera que este ha aumentado significativamente durante los últimos meses. Ese tipo de percepciones merece atención, no porque conduzcan inevitablemente a una crisis económica, sino porque modifican los incentivos políticos. Si las familias manifiestan que viven peor, aumenta la demanda por respuestas inmediatas; y cuando surge esa demanda, casi siempre aparece algún político dispuesto a ofrecer alivios financiados con recursos que el Estado no tiene.

Este no es un fenómeno exclusivamente guatemalteco. Alrededor del mundo resurgen propuestas para congelar precios, subsidiar bienes y servicios, ampliar el gasto público, controlar mercados o cargar todos los costos sobre "los ricos". La izquierda y la derecha populistas coinciden más de lo que suele reconocerse: ambas desconfían de la disciplina fiscal, recurren al intervencionismo y ofrecen beneficios presentes sin explicar quién pagará la factura mañana. Guatemala ya empieza a recorrer ese camino.

En las últimas semanas el Congreso aprobó o impulsó medidas con un claro contenido populista: eliminación del IUSI, prórroga del impuesto de circulación, nuevos subsidios a los combustibles y gastos extraordinarios para grupos de interés, entre otras decisiones adoptadas con escaso análisis de sus implicaciones fiscales. Cada iniciativa, aisladamente, puede parecer atractiva. El problema surge cuando todas se acumulan sobre un presupuesto limitado y debilitan la sostenibilidad de las finanzas públicas. La historia económica está llena de ejemplos en los que las crisis fiscales no comenzaron por una gran decisión equivocada, sino por la suma de pequeñas concesiones políticamente populares.

Cuando una familia afirma que le preocupa el costo de la vida, muchas veces no está describiendo únicamente un aumento de precios: está expresando que su ingreso ya no le permite mantener su nivel de vida. En otras palabras, el problema de fondo suele ser el poder adquisitivo; y este no mejora mediante subsidios permanentes ni repartiendo recursos públicos cada vez más escasos. Mejora cuando aumenta la productividad, crece la inversión, se fortalecen las instituciones, se generan empleos formales mejor remunerados y la economía produce más valor por trabajador.

Las soluciones responsables rara vez producen aplausos inmediatos; requieren paciencia, disciplina y reformas que fortalecen la capacidad de crecer. Las soluciones populistas ofrecen exactamente lo contrario: beneficios visibles hoy a cambio de costos invisibles que terminan pagando las generaciones futuras. Cuando el bolsillo aprieta, la tentación populista siempre gana fuerza. Precisamente por eso es cuando más conviene defender la prudencia económica.