¿Y CUÁNTA GENTE TRABAJA AQUÍ?

 Es necesario contar con información fidedigna sobre el número de los empleados que laboran en el Estado

Aunque existe un consenso generalizado respecto a la necesidad de reformar el sistema de servicio civil en Guatemala, lo que no existe es una idea clara respecto de cuántos empleados laboran en el Estado, ni bajo qué renglón se encuentran nominalmente, ni en qué entidad prestan sus servicios físicamente, ni si existen plazas fantasmas dentro del aparato estatal: ninguna entidad ni funcionario parecen saber a ciencia cierta estos datos, que resultan esenciales para emprender cualquier reforma al sistema.

Dado que ni siquiera el presidente de la República sabe cuántos funcionarios existen, durante el gobierno de Jimmy Morales tuvieron la ocurrencia de encomendarle al INE hacer un “Censo Nacional del Recurso Humano 2017-2018”, en el que se estableció que entonces había 292,753 servidores públicos; sin embargo, el entonces presidente desaprobó ese “censo” porque dejó gran cantidad de funcionarios sin censar. En cualquier caso, dicho “censo” era un sinsentido: un censo solo proporciona información correspondiente a un momento determinado, cuando lo correcto y conveniente sería mantener actualizada dicha información de manera permanente (imaginemos lo absurdo que sería, por ejemplo, que el presidente de la General Motors tuviera que hacer un censo de sus empleados para saber el número y características del recurso humano a su cargo).

Resulta injustificable, pues, que ningún gobierno haya tenido la curiosidad -ya no digamos la capacidad- de saber cuántos burócratas hay y a qué se dedican, pese a que es uno de los rubros que más costos financieros representan para el fisco. En el proyecto de presupuesto del Estado para 2025, que se discute en estos días en el Congreso, el costo del recurso humano representa más de la cuarta parte del total del gasto gubernamental previsto para el próximo año (hablamos de ¡más de Q40 mil millones!). El gasto en salarios del gobierno ha mostrado, además, una tendencia creciente durante años, lo cual genera presión sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. Los ministerios que más han impulsado el gasto salarial son los de educación y salud, merced a los incrementos acordados en los opacos pactos colectivos que se siguen negociando.

El recurso humano representa más de la cuarta partedel total del gasto gubernamental

La solución de esta injustificable situación no pasa por hacer “censos” de empleados públicos, sino por poner en marcha sistemas modernos de control del recurso humano en el Estado. El Ministerio de Finanzas -que es el que termina pagando la cuenta- tiene a su disposición la información financiera necesaria para empezar a poner orden. Además, se debería establecer la obligatoriedad de que todas las entidades del sector público utilicen el sistema GUATENOMINAS para procesar su nómina y que dicho sistema sea de acceso público en formato de datos abiertos. También los entes de control (unidades de auditoría interna, Contraloría y Congreso) deberían exigir que todas las entidades estatales tengan sistemas actualizados con la información de sus empleados, salarios y honorarios.

Cuenta la anécdota que, en cierta ocasión, le preguntaron al primer ministro británico Winston Churchill cuántos empleados públicos trabajaban en su gobierno, a lo que respondió -con su característico humor mordaz-: "la mitad de ellos". Si hoy le preguntasen lo mismo al presidente Arévalo, quizá tendría que responder en términos similares. Pero si se decide a impulsar sistemas modernos para registrar y controlar la plantilla de empleados públicos, quizá al final de su mandato logre dar una respuesta más concreta y, además, dejar como legado una gestión más eficiente de los recursos humanos del gobierno.

¿ALGUIEN SABE CUÁNTOS SON?

NADIE SABE A CIENCIA CIERTA CUÁNTOS EMPLEADOS PÚBLICOS HAY EN GUATEMALA

Según el proyecto de presupuesto del Estado para 2023, más de Q33 mil millones se destinarán al pago de remuneraciones, lo que equivale a más del 28% del total del gasto gubernamental. El mayor componente del gasto público es la masa salarial, la cual ha mostrado una tendencia creciente y genera una gran presión sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. Se sabe que los sectores que han impulsado el gasto salarial del gobierno son los de educación y salud. Y se sabe que buena parte del aumento continuo de la masa salarial se debe a incrementos salariales que no tienen relación con mejoras en los resultados y que responde a la suscripción de diversos pactos colectivos Lo que nadie sabe, sorprendentemente, es el número de empleados públicos que laboran en el Estado, ni bajo qué renglón se encuentran nominalmente, ni en qué entidad prestan sus servicios físicamente.

Como nadie en el aparato estatal sabe a ciencia cierta esos datos, la gestión del recurso humano en el gobierno es un caos -desde el punto de vista administrativo- y una bomba de tiempo -desde el punto de vista financiero-. Antes de la pandemia, en noviembre de 2019, el INE dio a conocer los resultados de un llamado Censo Nacional del Recurso Humano 2017-2018, en el que se estableció que, en un momento dado, había 292,753 servidores públicos. Según se publicó en algunos medios de comunicación, el entonces presidente Jimmy Morales desaprobó ese “censo”, ya que la cantidad de funcionarios sin censar y la tardanza en publicar el informe generaron serias dudas.

Pero, en todo caso, dicho “censo” era un sinsentido: un censo solo proporciona información correspondiente a un momento determinado, cuando lo correcto y conveniente sería mantener actualizada dicha información de manera permanente. Si es inexplicable que el Ejecutivo no cuente con la información precisa del número y características de su plantilla de empleados, también lo es que la Contraloría de Cuentas y el Congreso de la República -entidades que por antonomasia deben ejercer una función de fiscalización- no hayan, desde hace años, puesto el grito en el cielo por esta situación ni estén velando porque se cuente con información fidedigna sobre el número de los empleados que laboran en el Estado

La solución de esta injustificable situación no pasa por hacer “censos” de empleados públicos, sino por poner en marcha sistemas modernos de control del recurso humano en el Estado. Para empezar, se debería establecer la obligatoriedad de que todas las entidades del sector público utilicen el sistema GUATENÓMINAS y que dicho sistema sea de acceso público en formato de datos abiertos, adoptando estándares internacionales para garantizar la calidad de la información sobre la nómina de empleados públicos. Por su parte, los entes de control (unidades de auditoría interna, Contraloría y Congreso) deberían exigir que todas las entidades estatales tengan sistemas actualizados con la información de sus empleados, salarios y honorarios. De lo contrario, la gestión de recursos humanos en el Estado seguirá siendo caótica.

EL DESBOCADO COSTO DE LA BUROCRACIA

ES DIFÍCIL POLÍTICAMENTE, PERO EN COSTA RICA SE LOGRÓ -INCLUSO BAJO PRESIÓN- UNA REFORMA EFECTIVA

El costo fiscal de los salarios pagados a los trabajadores públicos en Guatemala es cada año más oneroso. Para 2022, el porcentaje del presupuesto destinado a remuneraciones supera el 38 por ciento. Buena parte del incesante aumento de la masa salarial se debe a incrementos de sueldo que no tienen relación con mejoras en los resultados. En los últimos años la masa salarial ha crecido, en promedio, 10 por ciento anualmente, en parte por la suscripción desordenada de diversos pactos colectivos. La situación es tan grave que ni siquiera se sabe con exactitud el número de empleados públicos que laboran en el Estado, ni bajo qué renglón se encuentran ni en qué entidad prestan sus servicios. La creciente planilla de empleados públicos requiere de una profunda corrección estructural que, evidentemente, entraña enormes obstáculos políticos.

En Costa Rica, una situación similar fue una de las causas que llevaron al vecino país a una gigantesca crisis presupuestaria que estuvo a punto de generar una catástrofe macroeconómica. Afortunadamente para los ticos, en el minuto noventa del partido lograron acuerdos políticos en su Asamblea Legislativa que han permitido iniciar un estricto programa de ajuste fiscal que incluye una reforma estructural del manejo de la planilla de empleados públicos. Una pieza fundamental para lograr dicho programa fue la Ley Marco de Empleo Público aprobada en marzo por la Asamblea Legislativa, luego de años de compleja discusión técnico-política.

La ley tica es un buen ejemplo de cómo regular las relaciones entre la administración pública y sus empleados, bajo un régimen coherente, transparente y moderno. Establece un sistema que, bajo la rectoría del Ministerio de Planificación, coordina a todas las autoridades relacionadas con el servicio civil, obligando a todo ente estatal a integrarse a un registro centralizado de información estadística cualitativa y cuantitativa. Regula, además, la suscripción de pactos colectivos, establece límites para la creación de nuevas plazas laborales y obliga a evaluar permanentemente la eficiencia de la burocracia.

El proceso legislativo en Costa Rica suele ser lento y tortuoso; ahora más con una Asamblea fragmentada y polarizada. Pero las discusiones incluyen opiniones de expertos técnicos y los acuerdos políticos giran en torno a aspectos conceptuales e ideológicos (no en torno a negocios sucios o a tráfico de influencias). La Ley Marco de Empleo Público se aprobó con muchas premuras y aprietos (pues urgía incluirla en un imprescindible convenio financiero con el Fondo Monetario Internacional), pero ello no significó que el texto (en temas de forma y de fondo) fuera improvisado o careciera de calidad legislativa. Al contrario, a pesar de las prisas políticas por aprobar la ley, esta estuvo respaldad por un proceso legislativo profesional y políticamente maduro. Ojalá algún día en Guatemala pudiésemos tener una reforma como esa al desbocado empleo público. Y ojalá las leyes que nuestro Congreso aprueba de emergencia no fuesen totalmente improvisadas.

El Círculo Vicioso de la Mediocridad

LA BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA ES EL LEJANO NORTE QUE DEBERÍA GUIAR A POLÍTICOS Y FUNCIONARIOS

Existe la percepción generalizada de que la calidad de los funcionarios públicos se ha deteriorado notablemente en las últimas décadas. Hace veinte, cuarenta años, el nivel académico, el grado de conocimiento del Estado, la capacidad de ejecución y la visión estratégica de los diputados, ministros o directores generales parecía ser, en promedio, mucho más elevada de lo que es ahora, independientemente del signo ideológico que los identificara. Silenciosa, pero consistentemente, la ineficiencia, la improvisación y el cortoplacismo se han ido instalando en las oficinas públicas. El resultado es un aparato estatal incapaz de proveer los servicios públicos esenciales (salud, educación, seguridad, justicia e infraestructura), un ambiente de escasa certeza jurídica y una generalizada insatisfacción ciudadana, todo lo cual obstaculiza el crecimiento económico y desgasta nuestra -ya débil e incipiente- democracia liberal.

Simultáneamente, y no por casualidad, la percepción de corrupción ha ido incrementándose geométricamente. Cabe plantearse la posibilidad de que la generalizada corrupción que hoy consume al Estado sea simplemente un síntoma -el más doloroso- de una enfermedad más profunda: la mediocridad en la gestión pública. Si esta hipótesis es correcta, la solución de largo plazo al flagelo de la corrupción no recae tanto en la persecución penal de los contados casos que logran detectarse, sino en la construcción de un andamiaje institucional capaz de ejercer la debida vigilancia y control sobre la provisión eficiente de los servicios públicos esenciales.

El fortalecimiento institucional es clave para revertir la tendencia secular a la mediocridad que está minando mortalmente la administración gubernamental. En los países exitosos, la búsqueda de la excelencia en el servicio público es el norte que guía las actuaciones de políticos y funcionarios. En la medida en que existan buenas instituciones, más atraídos se verán los buenos profesionales para integrarse al servicio público; y mientras más profesionales capaces se integren al servicio público, las instituciones se verán cada vez más fortalecidas. No se trata de elegir entre tener buenas instituciones o buenas personas: las instituciones sólidas atraen buenos profesionales, y los buenos profesionales fortalecen las instituciones. 

Por el contrario, el continuo deterioro institucional configura el dramático círculo vicioso en que parece estar hundiéndose nuestro aparato estatal: las instituciones débiles solo logran atraer al servicio público a funcionarios mediocres y a personas propensas a la corrupción; mientras más personas mediocres o corruptas ocupan los espacios gubernamentales, más se debilitan las instituciones y más se arraiga la corrupción. La solución de fondo a este círculo vicioso de mediocridad y corrupción es la reforma de las instituciones fundamentales del Estado, es decir, sus sistemas de servicio civil, de control del gasto gubernamental, de justicia, de partidos políticos y de legislación. Cualquier otra solución no será más que un exiguo chapuz.

Enorme Retroceso

 LAS RECIÉN APROBADAS REFORMAS A LA LEY DE COMPRAS CARECEN DE CUALQUIER FUNDAMENTO TÉCNICO

Para congraciarse con un grupo de alcaldes, el Congreso recién reformó la Ley de Contrataciones del Estado. Según la exposición de motivos del Decreto 4-2021, la justificación fue la necesidad de agilizar los procesos de adquisición (especialmente en las municipalidades). Sin embargo, lo único que se aprobó fue un desproporcionado aumento de los montos límite para comprar sin licitación, lo que implica que la mayor parte de procesos quedarán ahora fuera de los controles previstos en la ley, lo que abre las puertas a la discrecionalidad y a la opacidad. El Decreto 4-2021 es un auténtico retroceso en materia de transparencia y calidad del gasto público.

Con la reforma aprobada, el límite máximo para que las entidades públicas puedan realizar compras “de baja cuantía” se eleva en 400 por ciento (de Q25 mil a Q75 mil), y para realizar compras “directas”, en 222 por ciento (de Q90 mil a Q175 mil). Dado que la inflación acumulada en los cinco años transcurridos desde la última reforma la Ley de Contrataciones no supera el 25%, resulta evidente que los nuevos porcentajes aprobados por el Congreso carecen de cualquier fundamento técnico.

Si hasta ahora las municipalidades adquirían más del 50 por ciento de sus suministros y servicios fuera de los mecanismos de cotización y licitación, con esta reforma adquirirán así más del 90 por ciento de ellos. Lo que espanta es que en las compras de baja cuantía y en a compras directas se pierde la mayoría de mecanismos de control de la calidad y transparencia del gasto público: no hay competencia entre oferentes, no hay bases de oferta, no hay registro de proveedores, no se suscriben contratos para resguardar al Estado en caso de incumplimiento, ni existe la prohibición de realizar compras fraccionadas. El decreto aprobado contiene retrocesos graves en materia de resguardo de la calidad del gasto público y transparencia, con lo que la Ley de Contrataciones solamente servirá para las grandes licitaciones y el contrato abierto.

Las verdaderas causas de la ineficiencia en las compras y contrataciones de las municipalidades (y de las demás dependencias públicas) tiene menos que ver con la Ley de Contrataciones que con otros tres aspectos clave: primero, la incapacidad de los funcionarios de planificar su presupuesto (debido a la incorrecta aplicación de la Ley Orgánica del Presupuesto); segundo, su incapacidad de llevar a cabo procesos ordenados y transparentes de adquisiciones (debido a la baja calidad del servicio civil); y, tercero, la incertidumbre y temor de los funcionarios de incurrir en multas (muchas veces arbitrarias) por parte de la Contraloría (debido a la enorme debilidad institucional de dicha ente). El Presidente aún está a tiempo de vetar el Decreto 4-2021; esperemos que sus asesores en materia de Finanzas Públicas le den el consejo más adecuado.

Reformar el Servicio Civil

 MODIFICAR LA LEY DEL SERVICIO CIVIL ES UNA CONDICIÓN NECESARIA, PERO NO SUFICIENTE

 Hace algunos días tuve la oportunidad de participar en un foro auspiciado por el G-13 (instancia de coordinación de los principales países y agencias donantes) acerca del fortalecimiento del sistema del servicio civil en nuestro país. De dicho foro, donde además del Ministro de Trabajo participaron algunos diputados y tanques de pensamiento, surgen dos buenas noticias. La primera es que resultó reconfortante escuchar de parte del Ministro de Trabajo un diagnóstico claro y completo de la situación del Empleo Público en Guatemala, así como una serie de propuestas pragmáticas, realistas y graduales para empezar a solucionar los múltiples problemas que aquejan al servicio civil, entendiendo que el mismo es un sistema cuya reforma requiere de acciones en múltiples frentes.

 La segunda buena noticia fue el interés manifestado por la comunidad internacional en apoyar la modernización del sistema nacional del servicio civil. Para ello, un paso clave es que los distintos liderazgos del país cobren conciencia de la importancia crucial de dicha reforma. Diversos estudios demuestran que el fortalecimiento del servicio civil impacta notablemente en las capacidades del Estado para mejorar la calidad de las políticas públicas, la prestación de los servicios públicos esenciales y la gestión de los recursos (financieros, físicos, técnicos e informáticos), además de mejorar la gobernabilidad y de reducir la corrupción.

 Uno de los temas destacados en el foro fue que la reforma a la Ley del Servicio Civil es solamente una pieza (clave, eso sí) de las múltiples acciones requeridas. La reforma legal es, podríamos decir, una condición necesaria pero no suficiente para reformar el sistema del empleo público, concebido como un conjunto de normas, estructuras, políticas y prácticas institucionales que propicien una administración pública profesional y eficaz. Si bien algunas de las reformas necesarias planteadas en el foro pueden empezar a aplicarse a nivel administrativo, muchas de ellas deben blindarse a nivel legislativo, lo que implica -entre otras- modernizar la actual Ley del Servicio Civil.

 La reforma debe enfocarse en ciertos objetivos esenciales: situar el mérito como norte del sistema; fortalecer y dotar de independencia a la actual Oficina Nacional del Servicio Civil; profesionalizar la carrera administrativa; crear un sistema especial para gestionar el recurso humano a nivel de directores y gerentes públicos; regular el marco de las negociaciones colectivas con los empleados públicos; privilegiar la eficiencia sobre la antigüedad; y, sistematizar procesos de evaluación del desempeño de los trabajadores. La iniciativa del Ministerio de Trabajo y el apoyo de la comunidad internacional son un buen comienzo. Falta, sin embargo, la pieza más importante: el compromiso del Congreso de emprender un proceso legislativo de reforma serio y profesional que este tema amerita.

UNA AGENDA AGRESIVA PARA EL TRIÁNGULO NORTE

 ESTADOS UNIDOS ANUNCIÓ QUE SE ENFOCARÁ EN ATENDER LAS CAUSAS-RAÍZ DE LA CRISIS

 La detección de más de medio millón de migrantes centroamericanos en la frontera sur de Estados Unidos en el último semestre (incluyendo miles de niños no acompañados) ha posicionado al Triángulo Norte como una de las prioridades de la política exterior de ese país. La vicepresidenta Harris ha declarado que se enfocará en atender las causas raíz que impulsan a los migrantes a huir de nuestros países. Pocas dudas caben de que esas causas se deben a la incapacidad histórica de los Estados del Triángulo Norte para construir naciones estables, prósperas y seguras que brinden oportunidades de progreso a sus ciudadanos.

 La agenda para resolver tal problema puede ser muy compleja y con resultados que solo se apreciarán a largo plazo. Por ello, se hace necesario priorizar algunas acciones de gran impacto que puedan empezar a revertir la crisis actual a corto plazo. A manera de ejemplo -y de reto- sugiero cuatro medidas atrevidas (sobre las que estuvimos conversando hace algunos días con un grupo de amigos analistas) que podrían servir a los gobiernos de la Región, y al estadounidense, para conformar una agenda agresiva de políticas públicas.

 Primero, establecer aduanas especiales, administradas por los Estados Unidos, en los países del Triángulo norte para controlar el comercio con aquel país; ese tipo de aduanas sería similar a las que ya existe en Canadá y podría funcionar aquí en los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, y servir de proyecto piloto para una eventual reforma del sistema aduanero centroamericano. Segundo, una actualización y ampliación del RD-CAFTA podría servir no solo de marco legal-institucional para viabilizar el esquema de aduanas especiales, sino que, principalmente, podría potenciar el crecimiento económico de la Región a través de una auténtica área de libre comercio con su principal socio comercial (y, de paso, la alejaría de la tentación de caer en el embrujo de la China continental).

 Tercero, una iniciativa de infraestructura física (económica y socialmente estratégica, incluyendo una súper carretera regional), posiblemente vía joint ventures, con una gobernanza que también sirva de piloto para reformar el corrupto sistema público; esfuerzo que podría financiarse con dinero estadounidense inyectado a empresas pre-aprobadas mediante la referida gobernanza, para obras de alta calidad y libres de corrupción. Y, cuarto, una reforma focalizada -pero profunda- del marco institucional para que la Región tenga sistemas judiciales independientes y eficaces, un servicio civil profesional, un gasto público eficiente y bien fiscalizado, y democracias genuinamente representativas. Hablamos de una agenda agresiva que habilite -y obligue- a los gobiernos del Triángulo Norte a empezar a hacer todo lo que se descuidó en las últimas décadas.

UNA ESTRATEGIA DE REACTIVACIÓN

 EL CES PODRÍA JUGAR UN ROL FUNDAMENTAL PARA IMPULSARLA

 La semana pasada el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- publicó un informe económico sobre Centroamérica en el que aborda cómo enfrentar, desde las políticas públicas, los problemas de desigualdad y descontento social generados por la pandemia. El informe del BID enfatiza, para el caso de Guatemala, la necesidad de implementar una estrategia de reactivación económica que mejore la dinámica socioeconómica en el mediano plazo. Resulta muy oportuno, entonces, que el Consejo Económico y Social de Guatemala -CES- haya publicado (también hace pocos días) una propuesta de Plan de Reactivación Económica y Social -PRES-.

 La propuesta del CES, además de oportuna, tiene la virtud de complementar una serie de políticas puntuales que ya han sido discutidas y recomendadas en otros foros (como una política nacional de competitividad, medidas para el desarrollo rural, acciones para mejorar la conectividad, o políticas de empleo digno y de descentralización) con un planteamiento de componentes estructurales (que incluyen un sistema nacional de información, la reforma del servicio civil, la mejora en la transparencia y calidad del gasto público, y la sostenibilidad de las finanzas públicas) sin los cuales cualquier intento de reactivar la economía tendría resultados efímeros.

 Si bien el planteamiento del CES es un buen punto de partida para estructurar la estrategia de reactivación que el país necesita, también lo es que dicho PRES está planteado aún en términos muy generales que requieren de un esfuerzo adicional de priorización y de definición de detalles al nivel medidas de política pública más concretas: es necesario explicitar y priorizar las reformas de fortalecimiento institucional que permitan revertir la enorme ineficiencia del Estado para ejecutar sus funciones de una manera medianamente eficiente. El propio informe del BID hace hincapié en el imperativo de fortalecer la institucionalidad y la rendición de cuentas de las instituciones públicas y reformar su marco regulatorio, a fin de generar un clima favorable para hacer negocios y reducir los obstáculos que impiden la inversión, la competencia y la adecuada provisión de bienes públicos esenciales, lo que contribuiría a disminuir los niveles de pobreza y de insatisfacción social existentes.

 Para que los componentes del plan propuesto por el CES sean viables, deben incluir explícitamente propuestas de reforma institucional: un sistema nacional de información requiere reformar el INE; el sistema de servicio civil implica reformar la ONSEC; mejorar la calidad del gasto requiere reformar la Contraloría de Cuentas; las políticas económicas, de conectividad, de descentralización o de empleo necesitan de un marco de certeza jurídica que implica reformar los sistemas judicial y de partidos políticos. El desafío que tiene ante sí el CES es no solo el de concitar, en torno a su PRES, un diálogo que incluya la reforma funcional del Estado, sino que conducirlo en el entorno de confrontación y desconfianza que hoy enrarece el clima de gobernabilidad. Por su conformación y mandato, quizá sea el CES uno de los pocos entes que quedan en el país con posibilidades de liderar tal esfuerzo.

MOMENTO DE SER PROACTIVOS

 NO HAY QUE ESPERAR A QUE LA AGENDA NOS LA IMPONGAN DESDE EL NORTE

 Normalmente, para los gobernantes estadounidenses los países latinoamericanos no pasan de ser su patio trasero. Sin embargo, ante las crecientes amenazas que el narcotráfico, el terrorismo y la migración ilegal masiva les representan, el Triángulo Norte de Centroamérica ha ido posicionándose como una prioridad estratégica para las principales agencias gubernamentales de ese país. Ahora, con el ascenso al poder de Joe Biden (muy familiarizado con los avatares de esta región), también pasaremos a ser una de las prioridades de la Casa Blanca.

 Desde antes de las elecciones del pasado noviembre ya había Biden revelado un plan para hacer frente a los desafíos del Triángulo Norte, bajo la lógica de que para detener la migración ilegal y neutralizar el narcoterrorismo es menester atacar la raíz de tales amenazas a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Así, el Plan Biden plantea una estrategia de cuatro años que requerirá unos cuatro millardos de dólares del presupuesto de ese país -a ser complementados con recursos de los países centroamericanos- para combatir la pobreza y la violencia en esta región.

 Dicho plan privilegia el impulso de reformas institucionales para combatir la corrupción y la participación de la inversión privada para generar empleos. Un reciente informe de la USAID sobre la migración aconseja políticas de creación de empleos en áreas urbanas, de inclusión financiera, de facilitación de acceso a la vivienda, de reducción de la conflictividad agraria y de neutralización de las pandillas extorsionistas. Ahora bien, estos planteamientos no entran a detallar qué reformas y medidas puntuales deben impulsarse para lograr los objetivos trazados. Esas reformas y medidas deberían, idealmente, ser generadas desde los propios países centroamericanos.

 De ahí la necesidad de ser proactivos, visionarios y osados: nuestro país necesita impulsar reformas y políticas en los sistemas judicial, de servicio civil, de control del gasto público y de partidos políticos (este último, fuente y origen del acelerado deterioro institucional de los últimos años) que, en gran medida, se alinean con el interés de los Estados Unidos de reducir las amenazas que nuestro país entraña para su seguridad nacional. Bien haría nuestro gobierno en priorizar la preparación de una propuesta de medidas y reformas a ser impulsadas en los próximos años. Pero deben ser políticas y reformas integrales y de alcance nacional (no superficiales y locales, como las que se plantearon en tiempos de Obama).

 El evidente interés del nuevo gobierno estadounidense en cambiar la realidad socioeconómica de Guatemala, El Salvador y Honduras puede convertirse en una oportunidad para estos países de tomar las riendas de las políticas y reformas que sienten las bases de un desarrollo sostenido y, de paso, que atiendan las preocupaciones estadounidenses respecto de la región. De no hacerlo, es probable que el gigante del Norte ejerza su musculatura para imponer soluciones diseñadas desde allá.

Las Crisis Engendran Oportunidades

 PARA ADAPTARSE CON ÉXITO AL MUNDO POST PANDEMIA SE REQUIEREN MEJORES INSTITUCIONES

 La pandemia de covid-19 trastocó profundamente la sociedad y hundió la economía, no solamente en Guatemala sino en casi todo el mundo. El deseo de encontrar una nueva normalidad para nuestras interacciones sociales y de recuperar el crecimiento económico se topará con cambios acelerados en el escenario político internacional y en las tendencias que definen los intercambios comerciales y culturales: la revolución digital se ha acelerado a una velocidad inusitada, al tiempo que actividades como el turismo y los viajes han debido adaptarse a unas condiciones históricamente adversas. Mientras que la globalización se ha desacelerado, los populismos parecen proliferar.

 Ante este escenario de incertidumbre sin precedentes, nuestra pequeña economía y nuestra frágil república deben enfrentar una serie de desafíos que se vislumbran muy complicados. Empezando por la anhelada vacuna, cuya aplicación masiva debería convertirse en la política prioritaria del gobierno en los próximos meses, ya que una exitosa campaña de vacunación contra el covid-19 podría convertirse en un paso decisivo para abatir las expectativas negativas que han lastrado el consumo y la inversión durante la pandemia.

 Otro desafío clave es generar un ambiente de certeza jurídica indispensable para que las inversiones (y el empleo) florezcan y se multipliquen, a fin de que la economía incremente su productividad mientras se adapta a las nuevas condiciones post pandémicas. Ello implicará también lograr una mejora en las capacidades del Estado para proveer los servicios públicos esenciales y recuperar, al mismo tiempo, la sostenibilidad fiscal que hoy está bajo amenaza por los desequilibrios presupuestarios que, aunque ya existían solapados antes de la pandemia, se evidenciaron y recrudecieron a raíz de esta.

 Todo esto significa que Guatemala debe adoptar las reformas que le permitan adaptarse al nuevo mundo post pandemia. Para que haya inversión y empleo se necesita certeza jurídica, y para que esta exista es indispensable transformar el desastroso sistema de justicia que hoy tenemos. Para que el Estado provea de forma eficaz los servicios públicos esenciales (salud, educación, seguridad, infraestructura) es necesario cambiar los sistemas de partidos políticos, de servicio civil, de infraestructura pública y de control del gasto estatal. Y todas estas reformas deben hacerse de forma ordenada y técnica, preservando la estabilidad macroeconómica que tanto esfuerzo costó alcanzar.

 La cuestión crucial en 2021 será si los guatemaltecos podremos aprovechar la oportunidad que esta crisis nos presenta para impulsar ordenadamente los cambios institucionales que el país necesita o si, por el contrario, la incertidumbre y la miopía nos harán caer presas de la tibieza, el temor y la inacción. Se trata de una ocasión única que, ojalá, los líderes del país (especialmente los políticos) sean capaces de asumir con lucidez y valentía.

Modificar el Presupuesto

 ES NECESARIO SALVAGUARDAR LA SOSTENIBILIDAD FISCAL Y EVITAR EL DESPERDICIO DE RECURSOS

 El Congreso decidió no enviar, para su sanción, el Presupuesto del Estado que había aprobado la semana previa. Incluso si ese archivo (que algunos califican de anómalo) no se hubiese producido (o si se revirtiera), el Ejecutivo posiblemente lo vetaría, por lo que cuando se inicie el ejercicio fiscal 2021 quedará vigente el presupuesto del año previo. Dado que este último tuvo un carácter extraordinario -debido a la pandemia- resulta imprescindible readecuarlo, para cuyo efecto el Ejecutivo deberá enviar un proyecto de ley que incluya modificaciones en al menos tres áreas.

 Modificaciones para salvaguardar la sostenibilidad fiscal y evitar que la creciente deuda pública provoque una crisis. Es necesario reducir el techo de gasto en función de los ingresos esperados, a efecto de que el déficit fiscal en 2021 no exceda de un 4% del PIB; esto cual no debería ser muy complicado si se toma en cuenta que los Q11 millardos que, de forma extraordinaria, le prestó el banco central al gobierno en 2020 para atender la crisis, ya n pueden existir en 2021. Además, es importante incluir en las reformas la obligación de reducir gradualmente el déficit a un máximo del 2% del PIB en un plazo de 3 años.

 Modificaciones para mejorar la calidad de gasto y minimizar el desperdicio de recursos. Esto requiere blindar los fondos destinados a la reactivación económica (creando, por ejemplo, fondos específicos para nutrición, salud, riego e infraestructura, con una gobernanza y reglas específicas, creando fondos de garantía y prohibiendo las transferencias de tales partidas a otros fines). Además, que los proyectos de infraestructura vial, previo a recibir desembolsos, cuenten con estudios de factibilidad y de impacto socio-económico. Asimismo, revisar los posibles excesos de los pactos colectivos firmados con sindicatos de empleados públicos y regular la futura firma de los mismos sujetándolos a la opinión del Ministerio de Finanzas respecto de su viabilidad financiera. Asimismo, prohibir tajantemente que se utilicen recursos obtenidos de la deuda púbica para financiar gastos corrientes.

 Y modificaciones para mejorar la transparencia y domar la desbocada corrupción. Entre estas, deben limitarse al mínimo legal los recursos destinados a los Codedes, y que estos, las municipalidades y demás entidades autónomas que reciben fondos públicos se sometan a los mecanismos de control y rendición de cuentas (el SIAF y el SICOIN). También retomar los candados para las transferencias de efectivo y obligar a que se verifiquen las bases de datos de los programas sociales. Asimismo, eliminar recursos destinados a ONGs que no los hayan recibido en años anteriores.

 Estas modificaciones serían las mínimas para adecuar de una mejor manera el presupuesto para 2021, pero no resuelven los problemas estructurales de rigidez y opacidad. Para ello, será necesario emprender reformas institucionales cruciales, tales como las del Servicio Civil y del sistema de control del gasto (que incluye a la Contraloría de Cuentas). Este es el reto de largo plazo.

Otra Vez la Ley de Compras

Una queja recurrente (especialmente de los alcaldes) es que la Ley de Contrataciones impide operar en situaciones de emergencia; pero el problema de fondo NO es la Ley de contrataciones

Durante la pandemia ha sido evidente la lentitud y dificultad para realizar con eficiencia las adquisiciones públicas, tanto a nivel gubernamental central como municipal. Contrario a la creencia generalizada, el origen de esas ineficiencias no radica en la Ley de Contrataciones, sino en otros factores más determinantes, entre los que destacan tres: la falta de capacidades del funcionariado, la ineptitud de la Contraloría de Cuentas y el precario proceso de presupuestación.

En efecto, los procedimientos que legalmente deben cumplir las compras estatales para asegurar la transparencia y buen uso de los recursos requieren de funcionarios capaces, probos y bien entrenados que puedan cumplir con la normativa vigente (normativa que, dicho sea de paso, no es sustancialmente distinta que la existente en otros países en materia de adquisiciones). La escasez de ese tipo de funcionarios en la administración pública nacional conlleva una incapacidad estructural de cumplir con los procedimientos legales para efectuar compras. El problema no es, entonces, la Ley de Contrataciones, sino la calidad del Servicio Civil.

 Adicionalmente, los empleados públicos encargados de las compras se sienten temerosos e inseguros porque la interpretaciones y actuaciones de los auditores de la Contraloría de Cuentas suelen ser arbitrarias, inconsistentes y abusivas, lo que impide tener certeza y contar con precedentes estables que guíen los procesos de compras y contrataciones públicas. El problema no es, por tanto, la Ley de Contrataciones, sino la incompetencia y veleidad de la Contraloría.

 Por otro lado, una queja recurrente (especialmente de los alcaldes) es que la Ley de Contrataciones impide operar en situaciones de emergencia. Dicha queja no se sustenta técnicamente por dos razones. Primero, porque durante la actual crisis las instituciones públicas han tenido la posibilidad de realizar contrataciones sin tener que agotar los procesos de ley, debido a la vigencia del estado de excepción que permite que prácticamente toda compra se haga de forma directa. Y segundo, porque el marco legal permite –y la prudencia aconseja- presupuestar con anticipación recursos para atender gastos extraordinarios o emergentes. En todo caso, aquí el problema tampoco es la Ley de Contrataciones, sino la inadecuada presupuestación que refleja la impericia para cumplir con las leyes y normas presupuestarias. 

El objetivo de las diversas propuestas para reformar la Ley de Contrataciones pareciera ser el de eliminar trabas y requisitos para realizar adquisiciones por parte de las entidades públicas; sin embargo, esa no es la razón de ser de dicha ley, sino que su propósito es el de evitar la discrecionalidad, la opacidad y el desperdicio de recursos en esos procesos aunque eso, por desgracia, implique -aquí y en cualquier país civilizado- que los burócratas deban cumplir una serie de requisitos y pasos, a veces molestos, pero necesarios.

También es cierto que a nivel internacional es práctica común que las leyes de contrataciones públicas estén en un proceso constante de ajuste y revisión para adaptarlas a las cambiantes condiciones del mercado, pero tal proceso debe ser gradual, técnico y prudente. Por desgracia, la mayor parte de las reformas a la Ley de Contrataciones que el Congreso está considerando van el sentido contrario y contienen retrocesos graves en materia de resguardo de la calidad del gasto público y de la transparencia. En este caso, la prisa por aprobar tales reformas puede ser muy mala consejera.

Otro Enorme Agujero Fiscal

El primer paso que hay que dar es poner orden administrativo y obedecer el mandato legal de establecer un fondo específico alrededor del cual se transparente el manejo del régimen de clases pasivas del Estado

Por si los problemas fiscales de la coyuntura fueran pocos (falta de un presupuesto aprobado, resolución de la Corte de Constitucionalidad obligando a aumentar los gastos, poco dinero en caja) existen diversas contingencias fiscales que, tarde o temprano, pueden generar severos problemas a las finanzas públicas. Una de esas contingencias amenaza con convertirse en un gigantesco agujero financiero: el pago de las pensiones a los jubilados del estado. De hecho, este problema potencial que, hasta hoy, parece estar escondido en las cuentas gubernamentales, está ya generando un importante desequilibrio.

El Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado es un esquema de reparto simple, o sea que lo que los trabajadores aportan mes a mes es utilizado para pagar las pensiones de los trabajadores ya retirados. Por desgracia, ante la deficiencia de los aportes provenientes de los trabajadores activos en relación con los pagos a las clases pasivas, el régimen es deficitario y, año con año, debe ser financiado con los impuestos que pagamos el resto de guatemaltecos. El régimen es insostenible por diversas razones que van desde las generosas condiciones para acceder a las jubilaciones, hasta el insuficiente aporte de los trabajadores, pasando por la falta de un fondo específico que pueda invertir sus reservas para obtener rendimientos, así como por los enormes problemas de gobernanza de las pensiones estatales.

El año pasado, el monto pagado por pensiones a las clases pasivas sobrepasó los Q5.1 miles de millones, de los cuales solo el 45% fue cubierto con las cuotas (laborales y patronales) de sostenimiento; el resto se cubrió con impuestos. El monto destinado a financiar el déficit anual del régimen es enorme: representa el doble del presupuesto del Ministerio de Agricultura y es superior al monto asignado al Ministerio de la Defensa. El déficit del régimen está, además, creciendo rápidamente.

Es de destacar que el artículo 64 de la Ley de Clases Pasivas del Estado indica que, para garantizar la permanencia del régimen, el gobierno debe crear un fondo a ser administrado conforme a un reglamento específico; sin embargo -como tantas otras disposiciones legales vigentes-, este mandato legal se incumple impunemente. La ausencia de un fondo que sustente el régimen no solo impide que este genere reservas (al contrario, ha generado reservas negativas que deben cubrirse anualmente con impuestos), sino que también incide en la falta de una gobernanza funcional y eficiente que administre los recursos destinados a las pensiones estatales.

El régimen de clases pasivas tiene, además, otra serie de debilidades en materia de control y registros (que provocan que se paguen pensiones indebidamente) y otras prácticas que también van en detrimento de las finanzas estatales (como los abusos que se cometen al heredar las pensiones a supuestos parientes del jubilado o el hecho de que se le ha endosado al régimen el pago de pensiones de otros sistemas como los de GUATEL o el IPM). Ciertamente, la reforma del régimen de clases pasivas es difícil, pero también es necesaria y urgente; el primer paso que hay que dar es poner orden administrativo y obedecer el mandato legal de establecer un fondo específico alrededor del cual se trasparente el manejo del régimen de clases pasivas del Estado.

LA VERDADERA OFICINA ANTI-CORRUPCIÓN

El diseño de la recién creada comisión presidencial contra la corrupción no deja en claro qué estrategia se seguirá en esta lucha

El índice de percepción de corrupción en Guatemala, publicado la semana pasada, muestra un continuado deterioro. Ello es preocupante porque, como se ha dicho reiteradamente, la corrupción (ya sea real o percibida) tiene enormes consecuencias económicas y sociales. Primero, tiene un costo fiscal significativo, porque reduce los ingresos tributarios (por ejemplo, cuando los diputados aprueban exenciones o privilegios fiscales a cambio de sobornos) e incrementa artificialmente los costos en los que incurre el gobierno al adquirir bienes y construir obras mediante mecanismos ilícitos.

Además de dichos costos fiscales, la corrupción perjudica el crecimiento económico y reduce la calidad de vida de todos los ciudadanos al drenar recursos que deberían destinarse a la educación, la salud y la infraestructura (factores esenciales para una economía productiva). La pésima percepción respecto de la corrupción que impera en la sociedad guatemalteca daña, además, la confianza ciudadana en las instituciones del Estado lo que, a su vez, corroe la moral tributaria y la gobernabilidad democrática. Por eso es más que bienvenido el anuncio del presidente Giammattei de emprender acciones decididas en la lucha contra la corrupción.

Sin embargo, el diseño de la recién creada comisión presidencial contra la corrupción no deja en claro qué estrategia se seguirá en esta lucha. Es importante, en primer lugar, que se tenga claro que el enfoque de dicha comisión no puede ni debe ser el de la persecución penal ya que esta, si bien es útil cuando se emplea como último recurso, resulta absolutamente insuficiente para combatir sostenidamente la corrupción (el cáncer -ya se sabe- es mejor prevenirlo que curarlo aplicando medicinas que siempre son agresivas y generan graves efectos colaterales).

Siendo una dependencia del Ejecutivo, la referida comisión habrá de enfocarse en mejorar aspectos de la gestión (especialmente en las áreas de más riesgo: adquisición de suministros, contratación de obra púbica y administración tributaria) lo cual, de nuevo, es importante pero insuficiente. Además, como ya se aprendió de la fallida Copret que dirigió Roxana Baldetti, cuando estas comisiones las dirige el propio gobierno suelen ser vulnerables a conflictos de interés y proclives a politizar sus acciones.

Por lo tanto, la vía más adecuada -aunque, por desgracia, no la más fácil- para combatir la corrupción es la aplicación de un sistema efectivo de control del gasto: la verdadera oficina anticorrupción debería ser la Contraloría de Cuentas, en coordinación con las unidades de auditoría interna de las dependencias gubernamentales que, hasta hoy, han estado conspicua y sospechosamente ausentes en su rol de promover la integridad y la rendición de cuentas. La reforma profunda de estos entes (junto con el sistema de servicio civil y el de adquisiciones del Estado) debería ser, pues, la principal estrategia anticorrupción. Para ello se requerirá de una férrea voluntad política, de perseverancia y de un compromiso firme de fortalecerlas institucionalmente, sabiendo que puede pasar mucho tiempo antes de ver resultados palpables.

No Es (Solo) la Ley de Contrataciones

En los países avanzados, las leyes de adquisiciones y contrataciones públicas están en constante adaptación a un entorno cambiante. Para que funcionen, se apoyan en un buen servicio civil y en un eficiente sistema de control y fiscalización del gasto público.

Recientemente el Ministro de Finanzas Públicas compareció ante la Comisión de Finanzas del Congreso, donde anunció que sus planes para el presente año incluyen trabajar en una nueva reforma a la ley de contrataciones del Estado. Ciertamente, una buena ley de contrataciones es muy importante para hacer eficientes y más transparentes los procesos de adquisición de bienes y servicios por parte de las entidades gubernamentales.

Sin embargo, no existe en el mundo una ley de contrataciones que sea perfecta ni permanente, pues este tipo de marco legal es -por su propia naturaleza- muy cambiante, ya que debe adaptarse constantemente a la evolución de las prácticas y de la tecnología en la provisión de servicios públicos, a la vez que debe evolucionar permanentemente en la medida en que los mañosos y aprovechados van encontrando cómo hacer trampas a la legislación. Es más, la existencia de una buena ley de contrataciones no es, por sí misma, el elemento más importante para mejorar la calidad del gasto público ni para eliminar las prácticas de clientelismo y corrupción que plagan las compras gubernamentales. Lo verdaderamente importante es elevar la calidad y el cumplimiento de la ley en todas las etapas del proceso de adquisiciones y de gestión del gasto público.

Estas etapas incluyen, primero, la de planificación y presupuestación del gasto, para cuya efectividad es esencial, por un lado, el cumplimiento del marco legal correspondiente, es decir, la Ley Orgánica del Presupuesto y el presupuesto anual (incluyendo sus normas presupuestarias) y, por otro, el establecimiento de prioridades del gasto en función de los objetivos de política pública del gobierno. La segunda etapa es la de la ejecución propiamente dicha de las compras y contrataciones, la cual requiere de la participación de funcionarios estatales capaces. Y la tercera etapa es la de la auditoría, control y evaluación de la calidad del gasto público por parte de las instituciones fiscalizadoras. Es en estas tres etapas donde deben centrarse las reformas.

Dedicar demasiado esfuerzo a una enésima reforma al marco de adquisiciones públicas puede ser contraproducente si, a causa de ello, se distrae la atención de las reformas verdaderamente importantes para mejorar la transparencia, eficiencia y calidad del gasto público. El proceso de planificación y presupuestación del gasto estatal es ineficiente porque no se cumplen las leyes y los reglamentos. Y estos no se cumplen porque, por un lado, el funcionariado público carece de las habilidades y calidades necesarios para priorizar y planificar y, por el otro, porque las entidades de control (unidades de auditoría interna y Contraloría General de Cuentas) incumplen con sus mandatos de vigilar y fiscalizar el gasto público.

Está bien que la ley de contrataciones se reforme y adecue periódicamente. Pero los cambios de fondo deben darse en el sistema del servicio civil y en las instituciones de control del gasto. Solo así mejorará la calidad, eficiencia y transparencia de las compras y contrataciones del Estado.