El Ejercicio del Poder Local

El respeto al derecho de los ciudadanos de organizarse (en consejos comunitarios), la formación de mujeres, jóvenes y líderes en las comunidades, y el fomento de alianzas de estas organizaciones con empresas y otras organizaciones no gubernamentales, puede ser una forma efectiva de rescatar al Estado y a sus instituciones de las garras corruptas de quienes lo han cooptado. Hay una luz de esperanza

Conforme el sistema político se ha ido desnaturalizando y corrompiendo con el tiempo, el poder local –a nivel municipal y de los consejos departamentales de desarrollo- en muchas áreas del país ha sido capturado por caciques y pseudo-líderes cuyo propósito es enriquecerse, ellos y sus allegados, mediante la apropiación indebida de los recursos públicos bajo su administración.

Este sistema patrimonialista perpetúa –mediante la malversación de fondos- la escasez y poca calidad de los servicios públicos, lo cual genera una ingobernabilidad que amenaza los cimientos mismos de la democracia. La captura del poder local crea  un monstruo que alimenta su insaciable apetito con los recursos del presupuesto del Estado. En 2017 las municipalidades tienen asignados recursos por casi Q6,800 millones, mientras que los consejos departamentales de desarrollo cuentan con más de Q2,1050 millones, montos que en el proyecto de presupuesto presentado por el gobierno para 2018 se elevan, entre ambos, a más de Q10,500 millones.

Esta enorme cantidad de dinero, que representa más del 11% del presupuesto de gastos del Estado –financiado con nuestros impuestos-, se convierte en un botín que no solo se ejecuta casi siempre de manera opaca (sin que la Contraloría pueda auditarla adecuadamente) sino que, además, no está alineado a las políticas de gobierno sino a los caprichos del cacique local o del gobernador de turno (nombrado a dedo y, muchas veces, sin mérito alguno).

                                                                                                             

En medio de ese escenario deprimente surge un rayo de esperanza en muchas comunidades del país que, al amparo de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, se organizan en consejos comunitarios que plantan un importante contrapeso al oscuro poder del establishment personificado por los alcaldes municipales. Uno de esos rayos brilla en la aldea La Guardianía (municipio de Masagua, Escuintla), que tuve ocasión de visitar la semana anterior, y donde el consejo comunitario de desarrollo –COCODE- está haciendo una destacada labor de formación ciudadana, obra pública y participación social.

La Guardianía tiene cerca de 2,500 habitantes distribuidos en menos de 400 viviendas ubicadas a unos 30 kilómetros de la cabecera municipal y a las cuales se accede por un camino de terracería. Hasta hace tres años, como en la mayoría de aldeas del país, las autoridades del COCODE (incluyendo su presidente, o alcalde auxiliar) las nombraban inconsultamente desde la sede municipal. La última vez, sin embargo, los vecinos reclamaron los derechos que les confiere la ley y exigieron elegir ellos mismos a sus representantes (como debería ser el caso en todas las alcaldías auxiliares del país). El alcalde y los políticos locales no tuvieron más que, resignados, aceptar la decisión del pueblo.

Desde entonces la aldea ha cambiado notablemente, para bien. El COCODE ha hecho gestiones y alianzas importantes, incluyendo una con la Fundación del Azúcar –FUNDAZÚCAR-, de la que ha obtenido asesoría para la formación de mujeres, jóvenes, maestros y enfermeros que sirven a la comunidad. Lo más importante es que ha definido un excelente Plan de Desarrollo Integral Comunitario que prioriza los proyectos que los comunitarios impulsarán en la próxima década, algunos de los cuales son ya una realidad (como la calzada de acceso a la aldea y la obtención de fondos públicos para el sistema de agua potable).

Lo que se ve en comunidades como La Guardianía da esperanzas de que los guatemaltecos podemos progresar (a pesar de la debilidad de las instituciones y del sistema político) cuando a los ciudadanos se les respeta su derecho a decidir, se les da acceso al conocimiento y se les alienta a organizarse y a hacer alianzas constructivas

Asfixiados por la Vieja Política

Lo sabemos en Guatemala, y nos lo recuerdan los analistas del exterior: el desarrollo del país requiere de reformas profundas, empezando por el sistema político. Pero el establishment de la vieja política se resiste a reconocerlo

La semana pasada la calificadora de riesgo Standard & Poor´s redujo la calificación de Guatemala y, con ello, envía directamente una advertencia a los mercados financieros internacionales sobre el deterioro en el clima de negocios del país. Las razones de tan drástica decisión radican en que la calificadora (que durante años ha alertado sobre los peligros del lento crecimiento de la economía guatemalteca) percibe que la debilidad de las instituciones estatales y el deterioro de la situación política –que deriva en la incapacidad del sistema político de lograr acuerdos para impulsar las reformas que el país necesita- se han convertido en serios obstáculos para que el aparato productivo funcione adecuadamente.

Esta rebaja de la calificación es también un severo llamado de atención a las autoridades nacionales y a los liderazgos políticos y económicos, para que abandonen las absurdas confrontaciones sobre temas menores y se concentren en impulsar las reformas sobre los temas que en verdad son importantes: el sistema de justicia, el servicio civil, las compras y contrataciones del Estado (incluyendo la infraestructura) y, principalmente, la reforma profunda del sistema político, el cual se ha convertido en un lastre para el desarrollo del país.

La reforma del sistema electoral y de partidos políticos resulta esencial no solo para darle viabilidad al funcionamiento del aparato económico, sino también para la propia sobrevivencia del sistema democrático: la falta de legitimidad de la política (y de los políticos) está ocasionando un profundo desencanto y una peligrosa indignación en la ciudadanía, que cada día se siente menos identificada con las instituciones republicanas y con la propia democracia, configurando un campo fértil para la ingobernabilidad y el caos permanente.

Pero a pesar de las señales tan claras que reclaman reformas institucionales profundas, el establishment político permanece impávido y reacio al cambio. La vieja política se resiste a escuchar el reclamo generalizado: “ustedes no me representan”. El mismo día en que se anunció la rebaja en la calificación del país, la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso rechazaba incluir en la reforma electoral temas tan esenciales como el de abrir los listados electorales para poder elegir por nombre a los candidatos, o el de reducir el tamaño de los distritos electorales.

Los cambios básicos para reformar el sistema político (sobre los cuales existe ya un elevado consenso entre diversos tanques de pensamiento, organizaciones sociales, y analistas políticos) se enfocan en tres temas: (1) incrementar la representatividad y legitimidad de los electos mediante un sistema de un voto a la persona –no por listados-, y la creación de sub-distritos electoral que acerquen al votante con el candidato; (2) reducir las barreras de participación, facilitando la constitución y funcionamiento de las agrupaciones partidarias; y, (3) fortalecer la independencia del Tribunal Supremo Electoral, haciendo que la elección de cada magistrado sea de forma individual y la renovación del pleno sea de forma escalonada (traslapada).

La reforma electoral (junto con las reformas a los sistemas de justicia, de servicio civil, y de contrataciones y fiscalización del gasto) tiene implicaciones que van más allá de lo meramente político. El sistema actual se ha convertido en fuente de corrupción y de incertidumbre económica, que deviene en una amenaza para las posibilidades mismas de desarrollo del país y para el bienestar de todos sus habitantes. Aún no es demasiado tarde para que la vieja política se percate de que su tiempo ya pasó y actúe en consecuencia.

Infraestructura, Corrupción e Instituciones

Para salir del rezago de nuestro sistema de infraestructura vial hace falta cambiar completamente el modelo existente (incluyendo un severo programa contra la corrupción). Pero también hace falta un marco institucional que funcione y un capital humano que lo complemente.

La semana pasada publiqué en las redes sociales una idea que, por lo obvia, no imaginé que produjera la cantidad de réplicas que generó: “el colapso del sistema vial del país no se debe a las lluvias; se debe a la corrupción”. También pude haber escrito que el desastre de la red vial no se debe a las restricciones de la Ley de Contrataciones, sino a que el modelo mismo de construcción y gestión de las carreteras es inservible. Ambos asertos fueron reafirmados, de una u otra manera, por los expositores que participaron en el Encuentro Nacional de Empresarios –ENADE-.

Habiéndose demostrado en el ENADE, con cifras contundentes presentadas por Carlos Colom, el terrible atraso de nuestra infraestructura vial, es posible derivar varias conclusiones que, además son respaldadas por diversos expertos en la materia. Entre ellas, que los temas clave para que la inversión en infraestructura sea suficiente y eficiente son, al menos, tres: primero, debe haber un marco institucional que maneje las diversas etapas de la construcción y gestión de la infraestructura; segundo, que los proyectos deben estar bien planificados y estructurados; y, tercero, que todo el proceso debe darse dentro de un estricto marco de transparencia e intolerancia a la corrupción.

Estos tres aspectos clave están ausentes del sistema de infraestructura pública en Guatemala. Se colige que, para superar el tremendo retraso de nuestro país en materia de infraestructura vial –y construir los 45 mil kilómetros de carreteras que se necesitan en los próximos veinte años-, es imprescindible sustituir el modelo imperante por un nuevo modelo que incorpore esos tres aspectos clave y logre integrar coherentemente todas las etapas del proceso (planificación, estructuración, financiamiento, contratación, construcción, supervisión, pago y sanciones).

                      

En el encuentro de empresarios se vieron interesantes coincidencias y afirmaciones por parte de los expositores. Xavier Sala-i-Martin (del Foro Económico Mundial) fue muy explícito al indicar que la etapa de planificación de las obras de infraestructura debe basarse en la utilidad y en la eficiencia de los proyectos: no hay que hacer obras para favorecer a un sector o interés específico, sino buscar beneficiar al conglomerado; no hay que construir por construir, esperando que las obras generarán por sí solas actividades económicas; y, hay que tener claro que los efectos positivos de la infraestructura no se darán si, al mismo tiempo, no existe la institucionalidad adecuada y el capital humano capaz de hacerlas productivas.

Tanto Colom, como Sala-i-Martin y Gonzalo Concke –de la OEA- enfatizaron en que el sector de construcción de infraestructura es particularmente proclive a la corrupción y que una prioridad para volverlo eficiente es la erradicación de las prácticas corruptas que han plagado su funcionamiento. El tema de infraestructura no puede, entonces, separarse del tema del combate a la corrupción, ni del tema del fortalecimiento de las instituciones, ni del tema del fortalecimiento del capital humano.

Esto nos vuelve a llevar a la necesidad de una agenda mínima de país, válida no solo para el sector de infraestructura, sino también para configurar una política de desarrollo económico, de gobernabilidad y de paz social. Los componentes de esa agenda mínima son: el combate a la corrupción (vigilancia ciudadana, fiscalización administrativa y persecución penal), la reforma institucional (sistema de partidos políticos, sistema de justicia, sistema de contrataciones, servicio civil, etcétera), y la inversión en capital humano (priorizando el gasto en salud, nutrición y educación). ¿Por qué insistimos en perdernos, habiendo tantas voces coincidiendo en lo mismo?

¡Recobremos la Sensatez!

Se está instalando en Guatemala un ambiente de polarización y enfrentamiento que nos nos conduce a nada útil y que, más bien, nos está desviando de la solución de los problemas de fondo (la corrupción, la ineficiencia del Estado, la ausencia de justicia pronta, el colapso de la red vial). Tenemos que dialogar (incluso, como dijo Serrat, aunque no tengamos nada que decirnos)

A veces los países se sumen, sin percatarse, en crisis artificiales que, casi siempre, son generadas y agravadas por posiciones extremistas. La crisis de Cataluña en España y la crisis gobierno-CICIG en Guatemala son claros ejemplos de este tipo de episodios innecesariamente dramáticos y potencialmente muy peligrosos. Pero en medio de la polarización y la confusión surgen voces moderadas representando a las mayorías silenciosas que, como en Cataluña, al percibir claramente los riesgos engendrados por la confrontación y la violencia, hacen un llamado a la cordura: ¡recuperem el seny! (recobremos la sensatez) es el grito de la sociedad civil catalana que busca reducir la confrontación y propiciar un diálogo sincero.

Un grito similar se ahoga en las gargantas de una mayoría de guatemaltecos que, atrapados en medio de una creciente polarización, buscan una explicación y una salida a la confrontación que hoy amenaza el futuro del país. La transición política que estamos viviendo –la de pasar del antiguo régimen de corrupción e impunidad a uno nuevo de transparencia e imperio de la ley- está siendo más dolorosa de lo necesario debido a la ausencia de liderazgos y a la creciente confrontación entre el bando de los radicales (que quieren una “refundación” total del Estado) y los reaccionarios (que, oponiéndose a toda reforma, quieren retornar al status quo imperante antes de abril de 2015).

Entre los principales peligros que engendra la polarización se cuenta el surgimiento, en medio del desorden y la crisis, de gobiernos populistas que, precisamente, viven de la confrontación, del lenguaje agresivo (cualquier oponente es un enemigo traidor a la patria) y de promesas fantasiosas para solucionar todos los problemas del país. El populismo es el atajo que los países siguen cuando no logran transitar por los caminos (largos, pero efectivos) de la perseverancia y los acuerdos. En 2015 nos libramos, por poco, de tal peligro… pero aún está latente.

Para evitarlo es necesario que recobremos la sensatez para no caer en la trampa de quienes han vivido del sistema corrupto y clientelar que cooptó al Estado desde hace años, y que busca crear un clima de confrontación entre los guatemaltecos a efecto de descarrilar la lucha contra la corrupción que amenaza con destruir su modus vivendi. Esa sensatez implica un acuerdo entre los ciudadanos de bien, alrededor de una agenda realista, acotada y centrada en prioridades.

Si no logramos tal acuerdo mínimo, se profundizará la incipiente parálisis económica y política que aqueja al país. Hay que aprovechar el consenso que existe en cuanto a que la corrupción es el enemigo común en torno a cuya erradicación debemos unificar esfuerzos. También debemos aprovechar el creciente consenso respecto a que la reforma profunda del sistema electoral es la clave, a partir de la cual se pueden derivar otras reformas sustanciales como la del sistema de justicia, la del servicio civil y la del sistema de contrataciones y fiscalización del gasto gubernamental.

Recobrar la sensatez significa comprender que esas reformas institucionales están íntimamente vinculadas con el funcionamiento eficiente de la relaciones económicas y sociales: sin instituciones fuertes y eficientes no puede haber crecimiento económico ni bienestar social sostenibles. Recobrar la sensatez significa aceptar que debemos impulsar hoy los temas que nos unen y posponer aquellos que nos dividen. Significa reconocer que, por muy dolorosa que esté resultando esta transición, de ninguna manera estaríamos mejor con el régimen corrupto que imperaba antes de 2015 y que aún se relame los labios pensando en recuperar el poder.

El Presupuesto 2018: Cuesta Arriba

Defender e impulsar el proyecto de presupuesto del Estad para 2018 ya iba a ser una tarea difícil antes de la crisis política. Ahora, en plena crisis y con la renuncia del Ministro de Finanzas, la cosa se pone aún más cuesta arriba

El presupuesto de ingresos y egresos del Estado es una herramienta clave de gobierno, pues constituye un resumen explícito de la política fiscal y refleja en gran medida sus intenciones frente a los problemas económicos del país. Por ello, además de sus evidentes implicaciones políticas, el proceso de aprobación del presupuesto 2018 que se sigue en el Congreso de la República es de particular trascendencia. Sin embargo, dicho proceso, que apenas se está iniciando, enfrenta desde ya serios desafíos que lo ponen cuesta arriba.

En primer lugar, la renuncia del ministro y viceministros de finanzas públicas, principales ponentes de la iniciativa, deja prácticamente en orfandad el proyecto, que necesita quién lo defienda e impulse políticamente en el Congreso. Ello en un ambiente de crisis en el que amplios sectores de la población están poniendo en duda la legitimidad y credibilidad del Congreso. Aquí cobra particular importancia la decisión que tome el presidente Morales al elegir a la persona idónea para sustituir al ministro saliente y su equipo de confianza.

Por otro lado, el proyecto de presupuesto plantea desafíos técnicos importantes. La iniciativa que el Ejecutivo envió al Congreso incluye estimaciones basadas en un escenario macroeconómico muy optimista e incorpora un desequilibrio fiscal estructural (que se agrava si se toma en cuenta que las cifras de recaudación lucen sobreestimadas) y un aumento recurrente del gasto de funcionamiento (incluyendo el crecimiento vegetativo de los costos generados por el sistema de pensiones del Estado y por los pactos colectivos de algunos ministerios y del propio Congreso).

El déficit fiscal propuesto (equivalente a un 2.6% del PIB) resulta significativamente superior al de los seis años previos que, con los ingresos sobrevaluados, implicaría que tal déficit podría ser incluso más elevado, lo cual significaría que se revertiría la tendencia de tener déficits menores al 2% del PIB, como lo recomiendan expertos tales como el Fondo Monetario Internacional. Con ello, la relación de la deuda pública respecto de los ingresos tributarios se elevaría a un 237% en 2018, lo que conllevaría un incremento acelerado que podría perjudicar la calificación de riesgo-país a nivel internacional.

Para complicar más las cosas, el proyecto incluye debilidades evidentes, como el hecho de que parte del financiamiento obtenido con bonos se destina a financiar gasto corriente (Adulto Mayor, Clases Pasivas, Universidad de San Carlos, Fideicomiso de transporte, entre otros), lo cual contraviene lo preceptuado por la Ley Orgánica del Presupuesto (esos gastos deberían ser financiados con ingresos ordinarios). Además, es inaceptable continuar aumentando el gasto en salarios sin que exista aún el tan necesario censo de empleados públicos ofrecido a inicios del gobierno. Y, aunque es bienvenido el aumento previsto en la inversión en infraestructura, es preocupante que el mismo se haga sin una reforma institucional que garantice la transparencia y eficiencia de una cartera tan cuestionada como la de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Estos asuntos complejos deben ser debatidos e, idealmente, corregidos por la Comisión de Finanzas del Congreso, para viabilizar la necesaria aprobación del presupuesto, con las modificaciones correspondientes. Ello requiere de un sentido de responsabilidad y de una visión de Estado por parte tanto de la bancada oficial, como de la oposición. De lo contrario, si no se prueba el presupuesto y queda vigente para 2018 el del año previo, la ejecución del gasto sería aún menos transparente y menos eficiente que en los periodos previos, y el Ejecutivo carecería de un marco que oriente su accionar financiero.