VACUNACIÓN, UNA PRIORIDAD ECONÓMICA

LA VACUNACIÓN DEBERÍA SEGUIR SIENDO LA POLÍTICA PÚBLICA CLAVE EN 2022

Recién se cumplió un año del inicio del proceso de vacunación contra el Covid-19 en Guatemala, tiempo durante el cual se ha logrado que la tercera parte de la población cuente con el esquema completo de vacunación, pero todavía uno de cada cuatro guatemaltecos no ha recibido ni una dosis. Eso nos coloca a la zaga en Latinoamérica en materia de vacunación. Más allá de las consideraciones éticas o políticas, conviene enfatizar que el retraso en la vacunación acarrea un alto costo económico. Algunos estudios estiman que los países más atrasados en la provisión de vacunas a su población podrían perder más de un 2 por ciento del PIB por ese retraso.

Un programa agresivo y masivo de vacunación puede impactar positivamente en la actividad económica. Por ejemplo, los flujos de turismo hacia el país van a depender en gran medida de los avances en vacunación: los viajeros provenientes de los países avanzados están evitando viajar a destinos con poblaciones sin vacunar. Vale la pena recordar que el sector de hoteles y restauración fue el más afectado durante el primer año de la pandemia (en Guatemala, su producción se redujo en 24 por ciento en 2020). El turismo puede ser un motor clave, en el corto plazo, para la recuperación económica, pero necesita (más que privilegios tributarios temporales) un ambiente propicio para florecer, y una población ampliamente vacunada resulta clave para generar dicho ambiente.

En el largo plazo, la vacunación masiva también es fundamental para elevar la productividad del aparato económico. Por ejemplo, empezar un rápido proceso para vacunar a la población de 5 a 11 años de edad es necesario y urgente para asegurar la presencia de los menores en las escuelas y detener el grave impacto que la ausencia de las escuelas (durante ya dos años) está teniendo en la adquisición de conocimientos y destrezas de la siguiente generación de trabajadores.

Por otro lado, el Covid-19 se volverá endémico más temprano que tarde, lo cual significa que el país tendrá que revisar su estrategia de salud pública para adaptarla a la nueva realidad. Durante los últimos dos años la tarea ha sido responder a las emergencias a corto plazo de cada ola de contagios, pero en pocos meses será necesaria una estrategia a más largo plazo para hacer frente a los coronavirus y a todas las amenazas de la salud pública, a fin de tener una población más productiva y sana. De nuevo, la base de esa estrategia es una población vacunada.

La vacunación debería seguir siendo la prioridad de las políticas públicas en 2022. Es necesario redoblar esfuerzos en relanzar con ímpetu la campaña de vacunación contra el Covid-19, que incluya la vacunación de los niños en edad escolar. Ello implica dedicar suficientes recursos públicos (financieros y humanos), tantos como sean necesarios, para que Guatemala no siga rezagándose respecto de los demás países latinoamericanos. En este campo es prudente ser ambiciosos y plantearse la meta de vacunar a todos los grupos etarios en un plazo perentorio. El gasto que esto implique debe ser visto como una inversión de altos réditos.

DEMOCRACIA EN RIESGO: TEMAS DE FONDO

PROCURAD UN TSE EFICAZ E INDEPENDIENTE, Y TODO LO DEMÁS SE OS DARÁ POR AÑADIDURA

La semana pasada comentamos sobre las reformas urgentes que deben hacerse (ley o reglamentos) para superar las ambigüedades y zonas grises que podrían perjudicar el proceso electoral del 2023. Encima de esos temas, existen dos aspectos cruciales, de mucho más fondo, que deben abordarse para evitar que la credibilidad y la efectividad de nuestra frágil democracia continúen debilitándose en el imaginario colectivo. Uno tiene que ver con aumentar el involucramiento de las personas (factor clave del ejercicio de la ciudadanía) en las manifestaciones democráticas y en la gestión de la cosa pública y, el otro, con la aplicación y el cumplimiento de las reglas de juego que rigen el sistema.

En el primer caso, se trata de mejorar la representatividad, que sería un paso importante para lograr una democracia más funcional y serviría de sustento para aliviar los grandes conflictos sociales que aquejan a la sociedad guatemalteca. Ello implicaría, por un lado, modificar la forma en que se eligen los diputados, estableciendo que la votación sea nominal (no por listados cerrados) y, por otro, con la creación de nuevas circunscripciones electorales (más pequeñas que las actuales) que logren acercar al ciudadano con su representante. Una mayor cercanía entre el diputado y el votante permitiría, además, una mejor fiscalización ciudadana Una reforma así ya se encuentra bajo análisis en el Congreso.

La legitimidad y credibilidad del sistema pasan también por fomentar la participación de los ciudadanos en los procesos democráticos y eso se logra eliminando los múltiples obstáculos que existen para organizarse política y cívicamente. Se necesita reducir drásticamente las barreras de entrada a nuevos partidos políticos (incluyendo distritales) para acabar con el actual esquema de partidos franquicia (en el que el comité nacional es propietario de la “marca” del partido y la cede temporalmente a líderes locales en cada elección). Es un mito creer que tener muchos partidos políticos compitiendo es algo indeseable (en Alemania o en España, por ejemplo, compiten más de treinta). Lo que en realidad se necesita en una autoridad fuerte, competente e independiente que haga cumplir las reglas del juego. Y esta sí es la madre de todas las reformas electorales.

Esa reforma debe enfocarse en hacer más independiente a la instancia superior del TSE (el pleno de magistrados) y, a su vez, reformar su gobernanza interna para hacer más eficaz su trabajo. Esto conlleva, por un lado, que los magistrados duren más tiempo en el cargo y el pleno de magistrados se renueve de forma escalonada para que, en un momento dado, las fuerzas políticas que los eligen no puedan influir en el nombramiento de todo el pleno; y, por otro lado, que los magistrados se liberen de (deleguen) las funciones administrativas y se concentren en los aspectos jurisdiccionales. Si la máxima autoridad electoral es fuerte, independiente y efectiva, será posible superar muchas de las dificultades que hoy día sufre nuestro alicaído sistema y darle un nuevo aliento a nuestra democracia, hoy en riesgo.

DEMOCRACIA EN RIESGO

URGEN REFORMAS QUE BLINDEN EL PRÓXIMO PROCESO ELECTORAL

Recientemente se publicó el Índice de Democracia de The Economist, que para 2021 reveló una reducción en la calidad de la democracia en todas las regiones del mundo -y peor en Latinoamérica-, principalmente a causa de la reducción de las libertades civiles provocada por los confinamientos y las restricciones a la movilidad aplicadas para atenuar los efectos de la pandemia, aunque también debido a los crecientes ataques populistas contra las instituciones democráticas. El Índice califica cinco categorías (proceso electoral, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles) de acuerdo a cuyos indicadores los países se clasifican como "democracia plena", "democracia defectuosa", "régimen híbrido" o "régimen autoritario".

Guatemala resulta ser un “régimen híbrido”, no solo por una calificación muy baja de 4.62 puntos, que nos ubica en el puesto 99 de 165 países en el mundo y el 20 entre 24 latinoamericanos (solo delante de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití), sino que se ha venido deteriorando consistentemente desde hace 15 años. De nuestros cinco sub indicadores, el más sólido es el de Proceso Electoral, categoría que estará en un riesgo considerable en el próximo proceso electoral de 2023 si no se toman las medidas preventivas indispensables.

El Congreso tiene en sus manos reformar la Ley Electoral para evitar que el próximo proceso electoral sufra de las complicaciones que se observaron en 2019 (y de las que solo con mucha suerte salimos bien librados). La ventana de oportunidad para que esas reformas cobre vigencia se cierra con la convocatoria a elecciones. El tiempo apremia para corregir las disposiciones vigentes (muchas derivadas de las precipitadas reformas de 2016) que causan confusión o que son inaplicables y que, por ende, restan certeza al clima electoral y minan la credibilidad de nuestra democracia. Entre esos ajustes necesarios destacan la necesidad de clarificar las definiciones y regulación sustantiva, como el caso de los conceptos de campaña política anticipada, proselitismo, personas vinculadas y relacionadas y las fases del proceso electoral; así como la creación de la franja electoral y el ajuste a la regulación de la campaña en medios de comunicación.

Para preservar las fortalezas de nuestro proceso electoral, el Congreso debe apurar estas reformas e idealmente, si fuera factible, también debería considerar incluir algunas disposiciones que acerquen a los electores con sus representantes, potenciando así la representatividad incorporando, por ejemplo, el voto preferente para elección de diputados. Estas reformas urgentes minimizarían los riesgos que hoy existen de un proceso electoral deteriorado, confuso y sin credibilidad en 2023. Pero solo serían un alivio temporal. Para rescatar y blindar a largo plazo nuestra democracia, quedarían pendientes para próximos años otras reformas más profundas, como las relativas al mandato e independencia del TSE y a facilitar la participación política de más ciudadanos. Pero de esas hablaremos la próxima semana.

CORRUPCIÓN, DE NUEVO

NO SE COMBATE CON BIENINTENCIONADOS ESFUERZOS AISLADOS, SINO CON UNA INSTITUCIONALIDAD FUERTE Y EFECTIVA

En el más reciente Índice de Percepción de Corrupción, la mayoría de países obtiene muy malas calificaciones. El índice, que califica de 0 a 100 puntos, mide los niveles percibidos de soborno en el sector público mediante el acopio de encuestas independientes de todo el mundo. Guatemala obtuvo una puntuación de 25 sobre 100, quedando en el puesto 150 de 180 países, habiendo declinado 8 puntos en los últimos 10 años, y bajado una casilla en comparación con el año previo.

Los países ricos tienden a tener menos corrupción, lo cual es lógico si se comprende que la corrupción y la pobreza se refuerzan mutuamente: el uso de cargos públicos para beneficio privado es una práctica que favorece a unos pocos al tiempo que impone costos a grandes sectores de la sociedad. Existen, además, numerosos estudios que demuestran la perversa correlación que existe mayores niveles de corrupción y menores niveles de desarrollo humano. El cáncer de la corrupción es tan perverso que puede provocar el colapso mismo del Estado -tal como recientemente ha sucedido en Afganistán o en Líbano-.

Pero, siendo un fenómeno complejo y fultifacético, la corrupción no se puede combatir con buenas intenciones ni con esfuerzos aislados. No es cierto lo que afirma el Presidente de México -y que mucha gente cree- que los pueblos son intrínsecamente honestos y que la corrupción ocurre “desde arriba, no de abajo hacia arriba”. Es doloroso reconocer que nuestras sociedades -la mexicana, pero también la guatemalteca- son muy permisivas hacia la corrupción (“es normal”, dijo un nuestro ex Presidente). Por eso AMLO prefiere soluciones basadas en medidas discrecionales y en sus propios actos heroicos, en vez de basarse en reglas e instituciones fuertes.

Tampoco es eficiente combatir la corrupción, como lo intentó en años recientes la CICIG en Guatemala, a pura persecución penal. Eso fue como querer combatir un cáncer extirpando los tumores a machetazos. Esos enfoques que no se basan en una institucionalidad fuerte equivalen, como dijo Denise Dresser, a encender fuegos artificiales para proporcionar iluminación en lugar de construir una red eléctrica.

Combatir la corrupción se trata, en efecto, de un esfuerzo nacional para construir un sistema institucionalizado, con un enfoque preventivo, para la fiscalización y control de los recursos públicos. Esto conlleva implementar mecanismos transparentes y eficaces para las compras, un marco adecuado de probidad de los funcionarios (incluyendo declaraciones de conflictos de interés), una red coordinada de Unidades de Aditoría Interna en todas las dependencias gubernamentales y, ante todo, una Contraloría de Cuentas proba, eficaz y bien gobernada para fiscalizar el gasto público, además de jueces y fiscales probos e independientes para cuando los casos, por excepción, trasciendan al ámbito penal. Solo así, por medio de una institucionalidad fuerte, será posible generar el cambio cultural necesario para sacarnos permanentemente del fondo de la lista de los países con mayor percepción de corrupción.