LA TORMENTA POST PANDEMIA

MÁS GRAVE QUE EL ALZA EN EL PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES, SE VISLUMBRA UNA CRISIS ALIMENTARIA

Si bien es cierto que la economía guatemalteca -en comparación con otros países- sufrió menos y se repuso más rápidamente de la recesión de 2020, también lo es que, inevitablemente, las pérdidas de dicha crisis en términos de producción y empleo han dejado cicatrices permanentes, no solo por el impacto duradero sobre los trabajadores que perdieron sus empleos por la crisis, sino porque es probable que sus secuelas induzcan a que la recuperación económica esté más sesgada hacia la generación de empleos informales que, por su naturaleza, son menos productivos que los formales, lo cual puede significar una merma en la productividad global de la economía.

Además del impacto y complejos reacomodos en el mercado laboral, la pandemia también ha causado daños económicos duraderos por otra vía: el daño que ocasionará la ausencia (por más de dos años) de los alumnos en las escuelas, la cual casi seguramente ocasionará una reducción en la capacidad productiva del capital humano del país. Para minimizar los daños a largo plazo, es necesario tomar acciones urgentes. En lo laboral, deben aplicarse políticas que ayuden a las personas a adaptarse a los cambiantes mercados (como programas de búsqueda de empleo o de capacitación en nuevas habilidades y la creación de un seguro de desempleo en el IGSS). Y respecto a la educación, además de retornar cuanto antes a las aulas, deben evaluarse rápidamente los retrocesos en el aprendizaje e implementar medidas para nivelar a los estudiantes (como dar tutorías adicionales o alargar el año escolar).

Lo más grave es que el estallido de la guerra en Ucrania complica -y mucho- el oscuro panorama económico, pues ha disparado un severo incremento en los precios de los granos básicos y de los combustibles que amenaza con afectar la recuperación económica y con generar una crisis alimentaria global. Para conjurar estas amenazas, la política macroeconómica debe dilucidar un par de difíciles dilemas. El primero es cómo combinar la política monetaria con la fiscal para contener lo más posible la inflación, pero sin ralentizar excesivamente la actividad económica. El segundo es cómo enfrentar el impacto socioeconómico de los elevados precios de los combustibles y -especialmente- de los alimentos, sin agravar la precariedad de las finanzas públicas.

Tomando en cuenta que todo esto está sucediendo en un entorno en que las condiciones financieras mundiales se tornan cada vez más astringentes (lo que encarecerá el costo del financiamiento al gobierno y a las empresas), resulta inevitable empezar cuanto antes una racionalización del gasto público. No hay duda de que esta crisis hace necesario aplicar compensadores sociales (que pueden incluir subsidios y transferencias para proteger a las familias más vulnerables), pero también está claro que tales medidas deben estar bien focalizadas y eficientemente diseñadas. Ante la creciente amenaza de una crisis alimentaria, los escasos recursos fiscales no deben seguir desperdiciándose en transferencias para el descontrolado gasto de las municipalidades ni en subsidios improvisados para los comercializadores de combustible. El tiempo apremia.

La Pobreza en las Estadísticas

Las estadísticas que miden la pobreza son esenciales para orientar el diseño de las políticas públicas (y también las acciones de responsabilidad social empresarial) en materia de bienestar social. Es de especial importancia que el INE esté a la altura para producir indicadores confiables y robustos en este campo.

Hace algunas semanas, la CEPAL nos sorprendió cuando en su publicación “Panorama social de América Latina" ubicó a Guatemala como el segundo país más pobre del continente, con una incidencia de pobreza de 70.5%, solo por encima de Nicaragua (74.1%), empatado con Honduras (70.5%) y por debajo de todos los demás, incluyendo Haití. Esta estimación publicada por la CEPAL se basa en el índice de pobreza multidimensional que calcula el PNUD para sus informes de desarrollo humano.

Sin pretender entrar a disquisiciones metodológicas, lo que vale la pena destacar es que dicho indicador no coincide con el índice oficial de pobreza total que calcula el Instituto Nacional de Estadística -INE-, el cual se basa en las encuestas de condiciones de vida -ENCOVI-. El dato más reciente corresponde a 2014 (desgraciadamente no hay una ENCOVI más actualizada), e indica que el 59.3% de la población se encontraba en pobreza ese año; es decir, que más de la mitad de la población tenía un consumo por debajo de Q10,218 al año. La tendencia del indicador es ascendente, según las cuatro ENCOVIs existentes (de los años 2000, 2006, 2011 y 2014), pues aumentó 2.9 puntos porcentuales, pasando de 56.4% en 2000 a 59.3% en 2014.

La diferencia entre un resultado y el otro se explica sencillamente porque las metodologías utilizadas son diferentes y no son comparables entre sí. La cifra oficial del INE, basada en las encuestas de condiciones de vida, es básicamente una medida monetaria (unidimensional) que calcula el costo más un valor de consumo no alimenticio complementario: los que tienen ingresos menores a dicho costo están por debajo de la línea de pobreza. Por su parte, el dato de la CEPAL es, en cambio, un índice multidimensional que, además del nivel de ingresos, incluye estimaciones de necesidades no satisfechas, tales como privación de vivienda, protección social o rezago escolar.

Cada metodología (y existen muchas otras que se utilizan alrededor del mundo) tiene sus ventajas y desventajas, sin que hasta ahora sea posible discernir una que sea superior a las demás, por lo que debe tenerse claro que los diferentes cálculos pueden arrojar resultados disímiles para el mismo país en el mismo periodo de tiempo; por ello, es necesario que las entidades a cargo de estas estimaciones sean muy rigurosas en cuanto a las definiciones metodológicas y, al mismo tiempo, muy humildes respecto de la exactitud de sus resultados numéricos.

También, y asociado a lo anterior, debe existir mucha prudencia para no sobrestimar ni subestimar las cifras de pobreza, pues las políticas públicas de reducción de la pobreza -esenciales para fomentar el bienestar social y generar un clima de gobernabilidad favorable a la actividad económica- deben basarse en cifras confiables. Independientemente de la diferencia de resultados y de si somos el segundo país más pobre de América (según la CEPAL) o el cuarto (según el INE), lo cierto es que los indicadores señalan un incremento de la incidencia en la última década, lo cual señala la importancia de tener estadísticas confiables para guiar las acciones gubernamentales en la materia.

Para lograrlo, es esencial que los entes oficiales encargados de calcular los indicadores de pobreza (el INE, en el caso de Guatemala) sean instituciones altamente profesionales e independientes de cualquier presión política o de grupos de interés. La iniciativa de Ley 5329, que reforma la Ley Orgánica del INE y que ya goza de dictamen favorable en el Congreso de la República, es una buena oportunidad de avanzar cuanto antes en este sentido. Ojalá se apruebe pronto.

El Ensueño de la Renta Básica Universal

Recurrentemente surgen propuestas de política pública que prometen atajos hacia el progreso y el bienestar. Del flanco derecho se aspira a que con rebajas impositivas, zonas económicas con privilegios especiales, o megaproyectos de inversión se logren efectos espectaculares de creación de empleos. Ahora, del flanco izquierdo, nos viene la promesa de la Renta Básica Universal, como la piedra filosofal que solucionará los problemas de pobreza y desigualdad. Siempre está presente la resistencia a reconocer que para lograr el desarrollo económico integral no existen atajos.

El concepto de renta básica universal –RBU- se refiere a un pago que el gobierno haría a todos los ciudadanos, sin ninguna condición de por medio, de un monto suficiente para cubrir las necesidades mínimas de cada uno. La idea no es nueva, pues desde el siglo XVI empezó a discutirse la aplicación de algo similar a la RBU y, desde entonces, han sido varios los pensadores, filósofos, académicos y políticos que han desarrollado propuestas al respecto, sin que sus impulsores puedan encasillarse en una corriente ideológica determinada, pues entre ellos se cuentan desde pensadores de izquierda, hasta libertarios, humanistas y populistas.

Últimamente, ONGs como Oxfam y Greenpeace han estado impulsando la idea en varios países europeos, y en Guatemala el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales –ICEFI- se les ha unido con entusiasmo proponiendo que se aplique una RBU universal como la política pública idónea para eliminar rápidamente la extrema pobreza y reducir la desigualdad, mostrando para el efecto una serie de asombrosos cálculos (que diversos analistas han puesto inmediatamente en duda) sobre los efectos positivos de tal medida.

En la práctica, la RBU no ha sido aplicada como tal en ningún país, aunque sí ha habido experimentos a nivel regional o municipal en varios países, con resultados ambiguos. Actualmente hay en marcha varios de estos experimentos en algunas ciudades o regiones de países como Canadá, Holanda, Italia, Kenya, o Uganda, pero en ninguno se trata de una RBU propiamente dicha, ya que o bien no se cubre a la totalidad de la población (en cuyo caso no es universal), o el monto otorgado no alcanza para cubrir las necesidades mínimas del individuo (en cuyo caso no es básica).

A nivel académico, la RBU tiene partidarios y detractores, así como aspectos en positivos y negativos pero, en todo caso, para que sea aplicable en el mundo real el factor crucial requerido es su financiamiento. Para el caso de Guatemala, una RBU implicaría el pago de unos Q600 mensuales a cada uno de los 16 millones de guatemaltecos (un monto menor no cubriría las necesidades alimentarias básicas), lo que generaría un costo presupuestario de más de Q116 millardos por año, lo que representaría más del 20% del PIB y más del 200% de los ingresos tributarios. Algo sencillamente impagable.

Por ello los proponentes de la idea en Guatemala han planteado reducir el monto y la cobertura, pero al hacerlo ya no estaríamos hablando de una RBU sino de una transferencia condicionada de efectivo glorificada. El problema es que las transferencias condicionadas (que en teoría son una magnífica idea) mostraron en el pasado reciente ser extremadamente vulnerables al clientelismo político, a la manipulación y a la corrupción, convirtiéndose lamentablemente en un sonoro fracaso de política pública en el país.

Dado que el Estado para cumplir sus funciones se enfrenta a restricciones financieras, la priorización del uso de sus limitados recursos reclama seriedad y responsabilidad. Para buscar la eficiencia y apoyar el crecimiento económico y desarrollo del país, el Estado debe priorizar su gasto en la realización de inversión social y económica básica (fundamentalmente educación, nutrición y salud), así como el financiamiento de la infraestructura, la provisión de servicios públicos de seguridad y justicia, y el fortalecimiento institucional. La RBU –por muy sexy que luzca como oferta de campaña electoral- no podría ir antes de cubrir esos rubros básicos. Por el contrario, mientras tengamos un Estado débil, con una institucionalidad porosa, politizada y alineada con el sistema político patrimonialista, el planteamiento de una RBU no será más que ensueño fantasioso.

El Desafío de los Granos Básicos

El alza en los precios de los granos básicos es un fenómeno económico que tiene claras implicaciones sociales y políticas. Es menester que quienes toman decisiones de política pública sepan comprender la naturaleza de dicho fenómeno pues, de no hacerlo, existe un grave riesgo de que --con la mejor de las intenciones, de esas de las que el camino al infierno está empedrado- se tomen decisiones erradas en las que el remedio sale peor que la enfermedad...

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

EL DESAFÍO DE LOS GRANOS BÁSICOS

¿Qué puede hacer un país pequeño, como Guatemala, para enfrentar este fenómeno global y persistente?

En meses recientes se ha registrado un aumento significativo en los precios de los alimentos a nivel internacional, que ha sido más sensible en el caso de los cereales y que amenaza con agravar los niveles de pobreza de millones de personas. Este fenómeno mundial se ha contagiado inevitablemente a Guatemala, como lo demuestra el alza que registró el Índice de Precios al Consumidor, cuyo componente de alimentos registró el febrero más inflacionario de los últimos seis años.

Estas alzas tiene varios motivos. Por un lado, el renovado ritmo de crecimiento de las economías asiáticas, luego de la crisis internacional, ha significado un aumento en la demanda de bienes de consumo, incluyendo alimentos, por parte de países tan dinámicos y superpoblados como China e India; esa mayor demanda presiona al alza los precios de los granos básicos. La tendencia persistente del dólar a depreciarse respecto de otras monedas también contribuye a este aumento en la demanda de granos básicos por parte de los países asiáticos.

Por otro lado, el repentino aumento en los precios del petróleo y sus derivados, desencadenado en gran medida por la inestabilidad geopolítica en el mundo árabe, ocasiona que los biocombustibles luzcan de nuevo como un atractivo sustituto del diesel, lo cual induce a los productores de maíz a vender el grano para esos fines (en vez de para alimentación) y elevar sus precios.

En adición a estos fenómenos cíclicos está la tendencia de largo plazo de aumento en la población mundial, con tasas de crecimiento más elevadas en el caso de países más pobres cuya población demanda cada vez más alimentos esenciales (particularmente granos básicos) lo que eleva la demanda (y empuja los precios) de estos productos en el mundo de manera persistente.

El hecho de que el actual aumento de precios de los granos básicos a nivel global sea el tercer episodio de este tipo en los últimos cinco años, refleja que estamos enfrentando un fenómeno estructural, y no una simple burbuja pasajera de alza en los precios. ¿Qué puede hacer un país pequeño, como Guatemala, para enfrentar este fenómeno global y persistente?

Según expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación –FAO-, la clave está en que los productores de granos básicos logren aumentar sus rendimientos por área. Eso pasa, en un país como el nuestro donde muchos de esos productores son micro empresarios minifundistas, porque el gobierno les facilite recibir programas de extensión, capacitación, y asesoría efectivos. Y también pasa porque las señales de mercado que los precios elevados envían a dichos productores sean correctamente interpretadas por estos para que logren beneficiarse de tales precios.

No hay que olvidar que, en principio, los precios más altos del maíz, por ejemplo, deberían beneficiar a los miles de pequeños productores, no sólo en el corto plazo en forma de mayores ingresos, sino de manera más sostenible en la medida que esos ingresos se traducen en inversiones que redunden en mejores prácticas agrícolas y mayores rendimientos por área. Pero para ello, aunque resulte doloroso, hay que dejar que los precios se manifiesten en el mercado.

Si, por el contrario, en su afán de evitar que los precios internacionales se trasladen al mercado interno, el gobierno decide interferir en el mercado ya sea prohibiendo las exportaciones nacionales de granos básicos o, peor aún, implantando precios tope, los productores domésticos no percibirán adecuadamente las señales que les permiten orientar de mejor manera sus decisiones respecto de aumentar o diversificar su producción, así como respecto de invertir o endeudarse.

Claro está que el mecanismo de precios no va a resolver los problemas que el alza de precios de los granos básicos tiene sobre la capacidad adquisitiva del consumidor más pobre, por lo que un rol central del gobierno es proveer las redes de protección para los segmentos más pobres de la población consumidora que se están viendo afectados por el alza en los precios de los granos básicos, focalizando en dichos segmentos los programas de asistencia social (incluyendo transferencias de efectivo) que les permitan adquirir los productos a los precios que, inevitablemente, imperan en los mercados mundiales.

OPINIÓN DE LOS LECTORES

Le falto agregar el efecto de

Mar, 03/22/2011 - 08:21 — Roberto Ximenej

Le falto agregar el efecto de las calamidades
y desastres en bastas áreas del planeta como resultado de los cambios climáticos
y primeros efectos del calentamiento global en la disminución significativa de la
producción y el alza sin fin o límite del precio de granos básicos y similares,
mejor ejemplificado en el trigo y café y el maíz que no es excepción. Es también
de notar que mucho del desasosiegos y disturbios en el Lejano (y ya no tanto) y
Medio Oriente han sido motivados por el alza desmesurada del precio de estos granos
básicos en un muy corto tiempo sin compensación en la habilidad de comprarlos y
o de abastecerse de ellos

Déjeme hacer el siguiente

Mar, 03/22/2011 - 10:41 — Carlos en Urbana

Déjeme hacer el siguiente resumen burdo:
Todo pueblo necesita comer primero, luego trabajar y desarrollar su comunidad
entonces. Estos son pasos necesarios para una vida económica sana y prospera.

Pero para comer es necesario NO depender
de importaciones de alimentos, por ejemplo la importación de maíz, ya que los
precios internacionales en momentos de alza pueden castigar al pueblo y por ende
limitar la alimentación. Esto condenaría a un retraso del desarrollo económico.

Una vez el pueblo pueda comer, no
importa como los precios internacionales incidan, ya que las políticas a
manejar deberían estar orientadas a la creación de competitividad, tema que
corresponde a otra esfera de análisis

Ojo con el Corredor Seco

Cuando en alguna región de un país de ingresos medios, como Guatemala, se produce una crisis alimentaria, la razón (paradójicamente) no es que exista escasez de alimentos en todo el país, sino que se trata de un problema focalizado de carestía y falta de ingresos (poco poder adquisitivo) en la región afectada. Quizá lo más importante a tener en cuenta es que estas crisis alimentarias deberían ser fácilmente evitables, si tan sólo existiesen los mecanismos adecuados de alerta temprana y de asistencia específica a las familias afectadas. Éstas lecciones son bastante estándar y han permitido reducir este tipo de episodios alrededor del mundo. Por ello es inadmisible, vergonzoso e intolerable que ocurran crisis como la del Corredor Seco de Guatemala en 2009. Lo peor de todo es que existe una alta probabilidad de que, debido a la irresponsabilidad e ineficiencia de las entidades gubernamentales encargadas, la tragedia se vuelva a repetir en 2010. Ojalá que no sea así.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

OJO CON EL CORREDOR SECO

Los rigores climáticos, los factores económicos, la insalubridad y la disfuncionalidad institucional se están combinando, otra vez, para provocar un aumento en la cantidad de casos de desnutrición aguda en el Corredor Seco (que incluye Baja Verapaz, Jalapa, Jutiapa, El Progreso, Chiquimula, Santa Rosa, Zacapa y áreas vecinas). Dos reportes recientes, uno del Sistema Mesoamericano de Alerta Temprana para la Seguridad Alimentaria (asociado a la USAID) y otro de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (de la ONU), alertan sobre la posibilidad de un agravamiento de los problemas alimentarios que podrían afectar a más de dos millones y medio de habitantes de dicho territorio, situación que sólo contribuye a empeorar las enormes tasas de desnutrición crónica que sufre Guatemala.

El período anual de escasez de alimentos está por iniciarse. De acuerdo con los expertos, debido a que las cosechas de granos básicos registraron bajos rendimientos en 2009, las reservas domésticas de alimentos se están agotando más pronto de lo normal. A su vez, el fenómeno de El Niño podría traducirse en un inicio tardío de la temporada lluviosa y generar temperaturas extremas que agravarían la situación. Por si esto fuera poco, la temporada de alta demanda de mano de obra para cultivos de exportación termina en marzo, lo cual limita las posibilidades de generación de ingresos para la compra de alimentos en muchos hogares rurales pobres. De no tomarse acciones concretas para mejorar la disponibilidad de alimentos y de insumos agrícolas a nivel de los hogares más vulnerables, muchas familias verán cómo la amenaza de inseguridad alimentaria se convierte en una pavorosa realidad, con el consiguiente aumento de los casos de desnutrición aguda y el terrible riesgo de mortalidad infantil que tal situación acarrea.

Resulta imprescindible, entonces, fortalecer los programas institucionales enfocados al apoyo de los hogares amenazados, mediante la distribución de alimentos, la educación alimentaria y nutricional, el apoyo a la producción y la atención en salud, todo lo cual implica un esfuerzo específico de coordinación de las entidades de gobierno y de la sociedad civil implicadas en el tema. Para eso, precisamente, fue que se aprobó la Ley del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SINASAN- que, al igual que otras leyes de ordenamiento institucional, no parece estar siendo aplicada conforme a su espíritu original. La referida Ley deja al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –CONASAN- como órgano rector responsable de las políticas públicas del sector. Cada uno de los integrantes del CONASAN (presidido por el Vicepresidente de la República) es responsable de impulsar al interior de sus instituciones el cumplimiento de los instrumentos y acciones de la política de seguridad alimentaria y de los planes estratégicos que permitan enfrentar situaciones de crisis como la que se avecina, pero las mismas no deben ser antojadizas ni carecer de respaldo técnico, sino que deben derivarse de una evaluación integral de los principales actores dentro del Ejecutivo, tomando en cuenta además la forma de fiscalización y de sistematización de resultados.

Las políticas del CONASAN deben mantener el orden y coordinación que se establece en la ley de la materia, por lo que cualquier otro esfuerzo paralelo que se realiza fuera de dicho esquema debería suspenderse si no toma en cuenta la información y aportes provenientes desde los sectores que conforman el SINASAN y si se hace aisladamente sin considerar prioridades. En materia de seguridad alimentaria debe apostarse por soluciones integrales y de largo plazo, lo que implica la necesidad de seguir estrictamente los procedimientos contenidos en la Ley del SINASAN, sancionar todo incumplimiento de deberes de quienes integran el CONASAN, priorizar la compra de insumos efectivos para restablecer la salud de los niños afectados por desnutrición aguda y diseñar de manera eficiente las ayudas gubernamentales sin menoscabar la institucionalidad del Estado.

Lo Primero es Cumplir la Ley

En las sociedades desarrolladas, cuando se presentan problemas o surgen crisis que deben enfrentarse, lo primero que cruza la mente de quienes están a cargo de las políticas públicas es consultar el marco legal para guiar sus decisiones. En Guatemala, en cambio, parece que lo primero que se cruza por la mente de los dirigentes es inventarse una solución grandiosa, o por lo menos chilera, que les permita dar la impresión de estar haciendo un histórico aporte al progreso de la humanidad, todo ello sin importar qué marco legal exista para regir su accionar. Esta semana presento cuatro ejemplos que evidencian cuánto se recurrre a este expediente en nuestro país.
§ POLÍTICAS PÚBLICAS

LO PRIMERO ES CUMPLIR LA LEY
Las crisis tienden a despertar el ingenio y la inventiva de los humanos, lo cual suele resultar positivo para el progreso de la civilización. Empero, cuando se trata de políticas públicas, la reacción inicial ante cualquier crisis debería ser la de ubicarse en el marco legal vigente y sólo a partir de allí poner a trabajar le inventiva y el ingenio. De lo contrario, las decisiones que se adopten pueden conducir a la arbitrariedad o a la ineficiencia de la gestión pública. Para ilustrar el punto pensemos, por ejemplo, en la crisis alimentaria cuya solución, independientemente de las medidas paliativas y asistencialistas, debe empezar por alinear todas las acciones en función de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la que establece al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –CONASAN- como ente rector de todo lo relativo al tema y lo integra por el Vicepresidente de la República (quien lo debe coordinar), ocho ministerios, tres Secretarías de la Presidencia y representantes de la sociedad civil. Uno de los mandatos del CONASAN es diseñar y ejecutar un Plan Estratégico que ordene las distintas iniciativas en la materia; de manera que en el tema alimentario ya hay directrices establecidas en ley y no debería haber dónde perderse.
Igualmente, ante la crisis de seguridad han surgido múltiples propuestas y se han revelado incontables necesidades que deben ser atendidas por el Estado y que, siendo los recursos escasos, requieren de una priorización. Como primer punto de las agendas de seguridad debe figurar el estricto cumplimiento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad cuya máxima autoridad, el Consejo Nacional de Seguridad, está presidido por el Presidente de la República e integrado por el Vicepresidente, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Gobernación, el Ministro de Defensa, el Secretario de Inteligencia Estratégica y el Procurador General de la Nación; el Consejo debe coordinar el diseño y aplicación de la Política Nacional de Seguridad donde se definen los cursos de acción para prevenir y combatir las amenazas que se presenten sobre las condiciones de vulnerabilidad de la sociedad y sus instituciones.
Una crisis más recientes es la emergencia ambiental suscitada en el lago de Atitlán, la cual debió haberse evitado si tan solo se hubiese cumplido con el mandato legal otorgado desde 1996 a la Autoridad para el Manejo Sustentable del lago –dependiente de la Vicepresidencia de la República- que tenía a su cargo planificar, coordinar y ejecutar las medidas de preservación de la cuenca de acuerdo con un plan de manejo integrado.
Otra crisis actual que puede mencionarse es la falta de recursos financieros líquidos que, por múltiples razones, está afectando las arcas gubernamentales y que está generando un intenso debate en el Congreso respecto de reorientar el uso de algunos préstamos externos para cubrir gastos corrientes. Tal debate es innecesario pues la Ley Orgánica del Presupuesto especifica claramente que “no se podrán realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes u operativos”.Estos son sólo algunos ejemplos que dejan en claro que, para enfrentar cualquier crisis, las políticas públicas deben empezar por cumplir lo que la ley manda.

OPINIÓN DEL LECTOR
Buenas tardes Mario, solo queria unirme a esta opinion que ilustras en tu columna del martesDonde el Aplicar las Leyes ya existantes, bastaria para un funcionamiento correcto del Pais y en varios casos permitiria resolver Grandes problemas actuales.Hasta la VistaCordiales Saludos Eric Malbrun