La USAC en la encrucijada

Las nuevas autoridades de la USAC deben priorizar la transparencia y la rendición de cuentas respecto del uso de los fondos (sufragados por todos los guatemaltecos), así como la mejora en la calidad académica de sus egresados.

La muy próxima elección de rector encuentra a la Universidad de San Carlos –USAC- en una encrucijada: el país está viviendo una compleja transición política -cuya piedra angular ha sido el combate a la corrupción-y, en esa encrucijada, la USAC está llamada a asumir, si no algún liderazgo, al menos un firme compromiso de esclarecer las múltiples críticas y sospechas que se han planteado en medios de comunicación en relación con malos manejos administrativos y financieros, que ponen en serio entredicho la credibilidad de la Carolingia.

Una forma directa de asumir ese compromiso sería reconocer que la USAC es una entidad pública que se debe a toda la sociedad (no solo a su comunidad educativa), pues se sostiene fundamentalmente con el aporte que todos los guatemaltecos –pobres y ricos, urbanos y rurales, jóvenes y viejos- hacemos mediante el pago de nuestros impuestos. Los guatemaltecos aportamos a la USAC casi Q1800 millones anuales, principalmente para que le brinde educación a más de 200 mil estudiantes que, en su mayoría, pertenecen a los estratos socioeconómicos medios de la población. Este presupuesto representa más del 3% de los ingresos tributarios del país y es más elevado que el de muchos ministerios de gobierno (como los de Agricultura, Economía o Trabajo) y mayor que el de todas las secretarías y dependencias del Ejecutivo combinadas.

El principal desafío del próximo rector (o rectora) es el de poner en orden la casa, lo cual supone, antes que nada, rendirle cuentas claras a la sociedad. Si la autonomía que constitucionalmente tiene la USAC le confiere derechos y privilegios para cumplir con sus funciones, le debería conferir también la obligación de usar de manera eficaz y transparente los recursos del erario público que se le confían anualmente. Sin una efectiva rendición de cuentas, la autonomía universitaria deviene ilegítima.

El nuevo rector (o rectora) debería volver la vista hacia las mejores prácticas en materia de transparencia de otras universidades estatales (un viajecito a la UNAM, para copiar sus sistemas de transparencia y rendición de cuentas, no le caería mal). Por ejemplo, debería persuadir al Consejo Superior Universitario de que aplique pautas de buen gobierno corporativo y cree comités independientes y especializados en los distintos temas sobre los cuales la USAC debe responder ante la ciudadanía, especialmente en materia presupuestaria, administrativa y financiera. Un comité para administrar el patrimonio universitario y el manejo de los asuntos presupuestarios, y otro comité de auditoría, conformados por personas honorables y expertas en asuntos financieros, serian esenciales.

Las nuevas autoridades deberían publicar periódica y oportunamente los estados financieros dictaminados por un auditor externo calificado, así como los estados financieros mensuales; el estado de ingresos, gastos e inversiones; y, los reportes y observaciones de auditoría interna de las diferentes instancias universitarias. También  un sistema de indicadores para medir el desempeño: su gasto anual por alumno; qué porcentaje de quienes ingresan a la universidad se gradúan; y, cuántos artículos académicos en revistas internacionales o cuántos libros publican sus profesionales.

El nuevo rector (o rectora) debe comprender que la mejor manera de darle legitimidad y sostenibilidad a la autonomía universitaria consiste en rendirle cuentas a la población respecto del manejo de los millonarios recursos a su cargo y de los resultados académicos con ellos obtenidos. Y eso es lo que los electores deberían exigirle a sus candidatos a rector. Así darían un paso decisivo para el rescate institucional de la universidad estatal.

El Problema es el Sistema Político

La reforma política es cada vez más necesaria. Lo complicado es que los llamados a hacer las reformas no solo no las quieren, sino que presentan propuestas que van en sentido contrario a lo que se necesita.

La democracia en Guatemala es joven y frágil. La república –el imperio de la ley- y sus instituciones son débiles y vulnerables. Un ambiente así es adverso al desarrollo de la actividad económica, de la expresión cultural y del intercambio social. Publicados la semana pasada, los resultados del Barómetro de las Américas para Guatemala indican que el apoyo a la democracia en 2017 no solo es el más bajo de todos los países de la región (apenas el 48% de la población guatemalteca la apoya), sino que ha venido disminuyendo (en 2006 la apoyaba el 71%).

Por si eso fuera poco, las instituciones en las que menos confían los guatemaltecos son los partidos políticos (27%) y el Congreso de la República (41%). Tal desconfianza en la democracia y en las instituciones republicanas es un grave síntoma de deterioro de un entorno que resulta adverso a la economía, la generación de empleos y el bienestar ciudadano. Y, sin ánimo de ser alarmista, es un caldo de cultivo para el populismo y el florecimiento de gobiernos autoritarios como los que surgieron en otros países de la región afectados por el síndrome de la “fatiga democrática”.

El problema subyacente es la desnaturalización y disfuncionalidad del sistema electoral y de partidos políticos, tal como lo evidencian los acontecimientos recientes. La endeblez institucional no solo de los partidos políticos, sino del propio Tribunal Supremo Electoral –TSE- se ha puesto de manifiesto en la incapacidad de vigilar el flujo de financiamiento electoral y de aplicar las medidas preventivas y punitivas correspondientes (incluyendo la cancelación de los partidos infractores). Peor aún, si cabe, son las acusaciones de que en 2015 la máxima autoridad electoral le dio (clandestinamente) información privilegiada al entonces partido de gobierno.

Por desgracia, el establishment político se resiste a impulsar una reforma profunda del sistema. Las reformas a la ley electoral de 2016 (con las que la sociedad civil, ingenuamente, se conformó) fueron superficiales e incompletas. Las nuevas reformas, actualmente en discusión legislativa, tampoco atienden el fondo de los problemas. La reforma enviada por el Congreso a opinión de la Corte de Constitucionalidad –CC- presenta graves falencias. Por ejemplo, en vez de facilitar la participación ciudadana, buscan incrementar los requisitos para la creación de un partido político, lo cual es antidemocrático y limita el derecho constitucional a elegir y ser electo.

Siendo que la debilidad más grave del sistema político es la falta de representatividad y legitimidad, resulta inaceptable que la reforma aprobada por el Congreso y pendiente de opinión de la CC incluya una fórmula de asignar escaños que aleja a los votantes de sus representantes, cuando lo que se necesita es un método de voto de tipo nominal, combinado con la creación de subdistritos de magnitudes adecuadas para que exista vinculación entre el elector y el representante, atendiendo el mandato constitucional de criterio poblacional.

Por si fuera poco, esa reforma, al igual que la otra iniciativa que se está considerando (la del TSE, que es básicamente una colección desarticulada de pequeñas reformas) omiten el necesario y urgente fortalecimiento del TSE, el cual pasa por modificar la forma de elegir a los magistrados y por segregar las funciones jurisdiccionales de las  administrativas en el tribunal electoral.

Pocos temas son tan cruciales como la reforma del sistema político, no solo para empezar a dar sentido a la transición que hoy vive Guatemala, sino para cambiar las expectativas del ambiente de negocios y reactivar la economía, así como para rescatar las instituciones republicanas y el futuro de nuestra democracia.

Para Progresar Hay que Reformar

La mejor agenda de reactivación económica que podamos imaginar tiene como componentes clave las medidas de fortalecimiento institucional que permitan que el Estado provea los servicios públicos esenciales para mejorar la productividad y el clima de negocios

La mejor -si es que no la única- manera de aumentar el bienestar y reducir la pobreza es mediante el crecimiento económico sostenido e incluyente. Pero este tipo de crecimiento se ve obstaculizado en nuestro país por la insuficiente e inadecuada provisión de bienes públicos básicos, que son esenciales para mejorar la productividad de la economía (pues sin un aumento de la productividad es imposible acelerar la producción de bienes y servicios).

Cualquier proceso de producción requiere insumos; una gran parte de tales insumos los proporciona el mercado en el ámbito privado, pero otros deben ser provistos por el Estado. Por ejemplo, una industria farmacéutica o una alimenticia (como las plantas que en los años setenta del siglo pasado se instalaron en Guatemala, pero que se trasladaron en años recientes a plazas más atractivas como Panamá o Costa Rica) es más viable y valiosa si cuenta con insumos públicos tales como una infraestructura de comunicaciones, una agencia reguladora confiable (no corrupta) para el control de calidad, o un buen sistema de seguro social.

Cualquier otro ejemplo que a uno se le ocurra para que un emprendimiento privado sea exitoso y competitivo, requiere de que el ambiente económico, político y social sea propicio para hacer negocios, lo cual implica la presencia de bienes públicos esenciales: seguridad, impartición de justicia, carreteras, capital humano educado y saludable (física y psicológicamente), paz social, etcétera. Insumos como estos están dados por un Estado funcional, con un marco legal estable y con instituciones fuertes y eficientes.

Por desgracia, el Estado guatemalteco ha sufrido tal deterioro institucional en los últimos lustros (en gran parte por culpa de la omnipresente corrupción generada por el voraz sistema político patrimonialista) que cada vez es menos capaz de proveer los bienes públicos esenciales para que el aparato productivo funcione. La ingente necesidad de fortalecer las instituciones del Estado es una conclusión en la que coinciden diversas y calificadas opiniones que bien vale la pena escuchar.

Esa conclusión la sostienen los empresarios encuestados para la elaboración del índice Doing Buisiness, quienes mayoritariamente achacan la dificultad para hacer negocios en el país a factores eminentemente institucionales, tales como la inseguridad, la corrupción, la ineficiencia gubernamental y la falta de infraestructura. También la sostiene la misión técnica del Fondo Monetario Internacional que recientemente evaluó el país y que identificó una serie de desafíos en materia de reforma institucional, necesarios para mejorar el desempeño económico. Y también la sostienen los reportes de las calificadoras de riesgo-país, que afirman que para mejorar su calificación, Guatemala debe fortalecer sus instituciones y mejorar sustancialmente la manera en que el gobierno utiliza sus escasos recursos financieros.

De tal manera que las reformas del sistema político, del sistema de justicia, del sistema de servicio civil, del sistema de control del gasto público, del sistema de compras y de contratación de obra pública, o de los sistemas de educación y de salud pública se erigen como las piezas clave de un programa de desarrollo económico sostenible e incluyente para Guatemala. Esas reformas son indispensables para darle un propósito de largo plazo a los actuales esfuerzos de combate a la corrupción, así como para recuperar a mediano plazo la confianza ciudadana en la integridad y en la utilidad del sector público. Si esa confianza no se recupera, seguirá ensanchándose la brecha que separa a la ciudadanía de las instituciones republicanas y abonándose el campo para que germine y crezca el populismo.

La Generación de los Treintañeros

En momentos de transiciones políticas trascendentales, los relevos generacionales pueden cobrar una importancia crucial. Se vislumbra en Guatemala una nueva generación de líderes capaces de darle rumbo y esperanza al futuro del país.

Guatemala está viviendo una importante transición política –la de pasar del antiguo régimen de corrupción e impunidad a uno nuevo de transparencia e imperio de la ley- que se está tornando lenta y costosa debido no solo a la inútil confrontación entre un bando de radicales (que quieren una “refundación” total del Estado) y otro de reaccionarios (que quieren retornar al status quo imperante antes de 2015) sino que, también, debido a una preocupante ausencia de liderazgos que conduzcan el proceso. ¿Quién puede conducir la transición e impulsar las reformas institucionales que le den sostenibilidad y propósito?

Décadas de conflicto armado interno dejaron un cierto talante autoritario y reacio al diálogo a la generación de los que ahora rondan la edad de setenta años, mientras que infundieron una actitud de desidia y evasión entre quienes estamos alrededor de los cincuenta. Afortunadamente, la generación de los treintañeros que ahora está tomando la estafeta, parece estar encontrando formas más novedosas y efectivas de expresarse e incidir en las esferas del poder.

He tenido el gusto de conocer e interactuar con muchos de estos treintañeros, genuinamente interesados es ser partícipes de la transformación del país. Se trata de una generación más urbana, más educada, más tecnológica y más cosmopolita que sus antecesoras. Una generación que cada vez se parece menos al cauto, discreto y reservado arquetipo del guatemalteco. Muchos de ellos le dieron vida y forma a las manifestaciones de la Plaza en 2015.

Esta generación puede darle rumbo y sentido a la transición que hoy vivimos, pues posee las herramientas y las actitudes necesarias para liderarla: su familiaridad con las tecnologías informáticas, su apertura a nuevas expresiones culturales, su tendencia a trabajar en redes y su búsqueda constante de nuevos conocimientos, experiencias y soluciones, son características que los hacen ser cada vez más ciudadanos del mundo, alejados de los aislacionismos obscuros que impiden el progreso económico y social de los países.

Para la naciente élite de treintañeros, el régimen patrimonialista que saqueó el Estado mediante corrupción y tráfico de influencias es un sistema arcaico que debe cambiarse; por ello está llamada a jugar un rol central en el esfuerzo de darle forma al país que anhelamos. No se trata, claro está, de un grupo homogéneo: existen entre ellos naturales diferencias, rivalidades y ánimos de protagonismo. Pero también tienen entre ellos más aspiraciones e ideas en común que las que tuvieron las generaciones anteriores con sus traumas de guerra y sus desconfianzas viscerales.

Como están bien informados, saben que en el mundo (hoy más accesible que nunca) existen experiencias de cambio exitosas que pueden emularse y, como saben que la corrupción y la debilidad del Estado y sus instituciones les han robado las oportunidades de vivir en una sociedad moderna y próspera, le apuestan decididamente a los beneficios que acarrean las reglas claras, el imperio de la ley y la transparencia. Muchos de ellos ya han tenido ocasión de participar en la función gubernamental y en puestos de elección popular; otros influyen en los tanques de pensamiento existentes o inciden desde las organizaciones de la sociedad civil, algunas creadas por ellos mismos.

Nada garantiza que vayan a tener más éxito que nosotros, los de generaciones anteriores, en construir un mejor país; pero ahora es su turno, inevitablemente. Nos corresponde cederles gradual, pero prontamente, la estafeta. Y aconsejar, acompañar y empoderar a esta nueva generación de líderes más enfocados en los valores y en las ideas, que en los antiguos órdenes e ideologías.

El FMI y la Agenda Legislativa

Aunque para los políticos no sea evidente, las reformas a los sistemas electoral, de servicio civil, de compras gubernamentales, de infraestructura pública, de control del gasto, del sector justicia, etcétera, son fundamentales para activar el aparato productivo y generar empleos duraderos

Dejando por un lado la mal comprendida (por mal explicada) sugerencia de elevar la carga tributaria, realizada por el personal técnico del Fondo Monetario Internacional -FMI- en su más reciente evaluación de la economía guatemalteca, es importante tomar nota de las opiniones de estos expertos respecto de las prioridades de política pública para potenciar nuestro desempeño económico y, en consecuencia, de una eventual agenda legislativas que se deriva de tales prioridades.

El principal problema de la economía guatemalteca es, según los expertos, la extremada lentitud en su ritmo de crecimiento que, pese a contar con una sólida estabilidad macreconómica, imposibilita mejorar los niveles de vida y reducir los elevados índices de pobreza. Para revertir este problema resulta esencial aumentar sustancial y rápidamente la inversión –tanto pública como privada-, pero ello no ha sido posible en las últimas décadas debido a una serie de impedimentos estructurales.

En el caso de la inversión privada, tales impedimentos tienen que ver con un débil clima de negocios, deteriorado por la falta de certeza jurídica y agravado por la decreciente confianza de los agentes económicos en un ambiente de fragmentación política e inadecuada gobernanza. La inversión pública, por su parte, es la más baja del continente americano debido, a impedimentos tales como la incapacidad del Estado de movilizar recursos financieros, así como la muy pobre ejecución del gasto que se suma al enorme desperdicio y corrupción en el uso de los recursos fiscales.

Dado que los impedimentos a la inversión y, por ende, al crecimiento económico son de naturaleza institucional, se deduce que las reformas institucionales clave que el país debe emprender implican una serie de reformas legales, las cuales se mencionan explícita o implícitamente en el informe del FMI. Primero, la fragmentación política, y la consecuente dificultad de impulsar políticas públicas favorables al crecimiento, implica la necesidad urgente de una reforma al sistema electoral y de partidos políticos.

Por su parte, la necesaria reforma del clima de negocios conlleva, además de continuar con reformas como las del factoraje o garantías mobiliarias -que el FMI reconoce como logros de la actual legislatura, avanzar con reformas como la de simplificar los procedimientos aduaneros, la de regular los compromisos derivados del Convenio 169 dela OIT (incluyendo las consultas a las comunidades indígenas), la de proporcionar seguridad jurídica a las inversiones y la de adoptar una ley general de competencia, aspectos que impulsarían la inversión local y mejorarían el atractivo para la inversión extranjera.

En cuanto a la inversión pública, las reformas planteadas por el FMI tienen que ver con mejorar la movilización de recursos, focalizar el gasto público en las áreas prioritarias (lo que implica una adecuada aprobación legislativa del presupuesto anual del Estado) y reformar el marco que rige la infraestructura vial.

Finalmente, tanto para la inversión pública como para la privada, el FMI hace hincapié en la necesidad de mejorar la gobernanza general, lo cual conlleva, entre otras reformas, la de consolidar el sistema financiero mediante la aprobación de las reformas a la Ley de Bancos, restructurar el sistema de Servicio Civil, mejorar sustancialmente los procedimientos de la Contraloría General de Cuentas, legislar el tema de conflictos de interés en el marco de la Ley de Probidad de los empleados públicos y, crucialmente, fortalecer la integridad del Organismo Judicial a través de mejores procedimientos para el nombramiento de los Jueces y Magistrados. He aquí una agenda legislativa integral para mejorar la economía de Guatemala.