SOLUCIONES BARATAS PARA LOS PRECIOS CAROS

LO QUE SE NECESITA ES UNA ADECUADA POLÍTICA MONETARIA, EN VEZ DE MEDIDAS CASUÍSTICAS DISTORSIONANTES

Los precios de la gasolina, el gas y los energéticos en general, junto con los de muchos productos primarios, están subiendo en todo el mundo. Los índices de inflación en la mayoría de países están mostrando niveles mucho más altos que los vistos en la anterior década. Solo en Guatemala, extrañamente, el Índice de Precios al Consumidor -IPC- se mantiene en calma, como si el alza en los precios de los energéticos no afectara (aún) el costo de vida en el país. Pero si el IPC está tranquilo, los consumidores no lo están, pues el sordo clamor por el creciente costo de la gasolina y del gas propano se está haciendo sentir con mayor intensidad. Los políticos ven en ese clamor una oportunidad de lucirse con propuestas de solución instantánea al problema de los precios altos. Lo malo es que esas propuestas, aunque sean bien intencionadas, pueden generar efectos secundarios que terminarían dañando al consumidor incluso más que el alza de precios. Antes de pretender aplicar remedios que podrían salir más caros que la enfermedad, es importante entender la naturaleza del fenómeno.

La economía mundial está en un inusual periodo de insuficiencia de oferta que provoca escasez de casi todo, desde madera hasta microprocesadores, al tiempo que la demanda se está expandiendo rápidamente, pues los consumidores están incrementando sus gastos luego de haberlos tenidos contenidos durante la recesión provocada por la pandemia. Poca oferta y mucha demanda implican, irremediablemente, precios más altos. Hay cuellos de botella en las cadenas mundiales de distribución y los costos de transporte marítimo se han más que duplicado. El fenómeno de precios altos es, evidentemente, de alcance mundial y -en la medida en que la oferta eventualmente responda a la demanda- temporal.

Por eso, medidas aparentemente baratas, como la de exonerar de impuestos a determinados productos con la intención de reducir su precio, no solo están mal enfocadas, sino que pueden tener efectos secundarios adversos porque distorsionan la función del mecanismo de precios como regulador de la oferta y la demanda y minan las precarias finanzas públicas del país. Para aplicar las medidas correctas es importante evaluar, con prudencia y sapiencia, la magnitud y temporalidad de las alzas de precios. Para eso está la política monetaria, que es la mejor alternativa para combatir la amenaza de la inflación, en vez de las medidas casuísticas distorsionantes que se han propuesto.

En la medida que esta amenaza se siga materializando, el banco central deberá aplicar las medidas de restricción monetaria que sean necesarias. Para ello necesita dos herramientas cruciales. Por un lado, un buen IPC que sea confiable y lo guíe en su toma de decisiones. Y, por otro, independencia respecto del gobierno central y de las interferencias políticas que, casi seguramente, presionarán para que no se incrementen las tasas de interés (especialmente ahora que el déficit fiscal y la deuda pública rebasaron sus niveles históricos). Sin esas dos herramientas, el alza de precios sí que podría salirse de control.

Nubarrones en el Horizonte

 LA ANSIADA RECUPERACIÓN ECONÓMICA ENFRENTA OBSTÁCULOS IMPREVISTOS

Tras un aciago 2020, las expectativas económicas para el presente año se pintaban optimistas, con un crecimiento del PIB repuntando a una tasa anual de 3.5% en 2021, luego de haber retrocedido en -1.5% el año previo. Detrás de ese optimismo estaba la perspectiva de una mengua en los contagios de covid-19, acompañada de una desescalada de las restricciones a la movilidad ciudadana y, con ella, una reactivación rápida de las actividades de producción y consumo. Todo ello, en un ambiente de mejora en las condiciones de la economía mundial que favorecería un aumento de nuestras exportaciones y de los flujos de remesas familiares hacia Guatemala.

Sin embargo, estas expectativas positivas se han empezado a ver amenazadas en las primeras semanas del año por una serie de nubarrones en el horizonte que están surgiendo de manera imprevista, lo cual podría perjudicar la actividad económica nacional, a pesar de seguir siendo nuestra economía una de las menos afectadas por la pandemia (en comparación con los países vecinos). Los efectos nocivos sobre la economía mundial, derivados de la segunda y tercera olas de la pandemia en un gran número de países, se ven exacerbados por el surgimiento de nuevas mutaciones del virus, así como por los problemas de fabricación y distribución de las distintas vacunas disponibles, todo lo cual compromete el desempeño de las exportaciones nacionales y mantiene deprimidas actividades como el turismo, cuya recuperación depende crucialmente de que, en algún momento, la pandemia retroceda.

A nivel doméstico también se están acumulando nubarrones. El aumento de los contagios detonó, por parte del gobierno, nuevas restricciones a la actividad comercial y a la provisión de ciertos servicios, lo cual ocasiona un impacto económico que puede verse agravado por la incertidumbre que existe respecto de la capacidad del país de adquirir, distribuir y aplicar un número suficiente de vacunas para inmunizar a la población. Por otra parte, la decisión del gobierno de no enviar al Congreso una iniciativa para readecuar el presupuesto estatal significa que, formalmente, el techo del gasto gubernamental seguirá siendo enorme (Q107 millardos, mientras no haya un acuerdo legislativo que lo reduzca), lo que no contribuirá a disipar las dudas existentes en los mercados financieros -nacionales e internacionales- respecto de la sostenibilidad fiscal del país.

A eso se suma el impacto negativo que sobre el clima de negocios pueden tener los elevados niveles de desempleo ocasionados por la pandemia, la incapacidad de que las más altas cortes se integren y funcionen con un mínimo de eficiencia y certeza jurídica, la creciente fragmentación partidaria en el Congreso, y el continuado deterioro institucional. Para que estos nubarrones no se conviertan en una tenebrosa tormenta, será necesario que las políticas públicas se re-enfoquen -cuanto antes- en acelerar la vacunación contra el covid-19, en fomentar la reactivación económica, en asegurar la sostenibilidad fiscal y, sobre todo, en reformar las instituciones clave para asegurar un adecuado clima para generar inversión y empleo en el largo plazo.

¿Es Factible la Integración Centroamericana?

Entre 1960 y 1978 Centroamérica se integró rápida y exitosamente; pero en la década de los ochenta, en el marco de los conflictos armados, el esfuerzo integracionista vivió un marcado retroceso

Está puesta sobre la mesa de discusión la idea de que la integración de los países centroamericanos (particularmente en el ámbito económico) puede ser una vía efectiva para lograr el desarrollo integral de nuestras naciones. Cabe preguntarse si, a estas alturas de un proceso que comenzó hace sesenta años, a lo largo de los cuales ha sufrido múltiples altibajos, aún es razonable pensar en que la integración económica de Centroamérica es un esfuerzo factible.

Conviene recordar que todo proceso de integración económica se da por etapas: área de comercio preferencial (primer paso en que los países de la región eliminan barreras arancelarias para ciertos productos); área de libre comercio (cuando acuerdan reducir o eliminar barreras al intercambio de todos los productos de la región); la unión aduanera (que elimina las barreras arancelarias y adopta un arancel externo común frente a los países no miembros); el mercado común (donde pueden circular libremente los bienes, servicios, capitales y mano de obra); la unión monetaria (que supone la adopción de una política monetaria común y una moneda única); y, la unión económica completa (con políticas comercial, monetaria y fiscal comunes, incluyendo tasas de interés y de impuestos comunes).

Centroamérica lleva décadas estancada en la etapa de unión aduanera, aunque esto no necesariamente debe interpretarse como un fracaso definitivo. Entre 1960 y 1978 la Región experimentó un acelerado proceso de intercambio y de institucionalización que generó una reducción sustancial del costo del comercio, aumentó la disponibilidad y diversidad de bienes y servicios, mejoró la eficiencia y promovió la cooperación entre los países. Fue una etapa cuyo enfoque fue exclusivamente en el ámbito económico y que alcanzó un éxito equiparable al de la integración europea en su momento.

En la década de los ochenta, en el marco de los conflictos armados, el esfuerzo integracionista vivió un marcado retroceso. Con el soplo de los vientos de paz, la integración revivió a inicios de los años noventa, pero (visto en retrospectiva) con un enfoque que resultó equivocado: se le dio énfasis a lo político sobre lo económico. Esto distrajo la atención y desvió recursos, al tiempo que se empezó a crear una institucionalidad que, a la postre, ha resultado inútil (como el Parlacén o el SICA). Centrarse en la integración política fue como poner la carreta delante de los bueyes.

La vía para volver a impulsar la integración centroamericana pasa por reenfocarse en lo económico (por etapas), empezando por restituir los logros de la unión aduanera y depurar la institucionalidad orientándola hacia ese propósito. El primer requisito para lograrlo es -como en tantas otras decisiones estratégicas- que los presidentes de dos o más países (más probablemente del Triángulo Norte) adopten la decisión política correspondiente, conscientes de que todo proceso de integración conlleva ceder algo de soberanía, para lo cual deben concitar el necesario apoyo popular y de las élites, convenciéndolos de lo mucho que tenemos por ganar de una integración económica más profunda. Además, se requiere de valentía para navegar en contra de la corriente proteccionista y nacionalista -hoy dominante en el mundo- que deplora el libre intercambio de bienes y factores (trabajo y capital), intercambio indispensable para que la integración económica sea factible.

¿Está Sobrevaluado el Quetzal?

No es fácil medir la sobre o subvaluación de las monedas.

Cuando un país tiene una moneda sobrevaluada (con un tipo de cambio, por dólar, más bajo que el que debería tener) se perjudica la competitividad de sus exportaciones, debido a que las mismas se encarecen en relación a las de otros países, mientras que se abaratan sus importaciones. Por el contrario, una subvaluación de la moneda dificulta las importaciones y estimula las exportaciones y el desarrollo de la industria nacional. En la actual guerra comercial de Estados Unidos contra China, se acusa a esta de mantener su moneda, el yuan, artificialmente subvaluada para estimular sus exportaciones y expandir su base industrial.

No es fácil medir la sobre o subvaluación de las monedas. Una ingeniosa forma para hacerlo es la que propone el Índice Big Mac que calcula periódicamente la prestigiosa revista The Economist, el cual se basa en la teoría de la paridad de poder de compra. Esta teoría sostiene que los tipos de cambio de todos los países deberán ajustarse, con el tiempo, hasta hacer que el precio de una canasta dada de bienes sea el mismo en cada país; esa canasta es la hamburguesa Big Mac, que se cocina casi exactamente con los mismos ingredientes en todos los países. El índice de The Economist se formula calculando el tipo de cambio que haría que un Big Mac costara lo mismo en todos los países.

En el cálculo más reciente de este indicador (publicado hace pocos días) se vio que, en China, un Big Mac cuesta 21.50 yuanes, o US$3.12, mientras que su precio es de US$5.67 en los Estados Unidos, lo cual implica que el yuan está subvaluado un 45% respecto del dólar, de manera que el dólar compra más hamburguesas en China que en los Estados Unidos. Algo similar ocurre en Guatemala. Haciendo el mismo ejercicio para nuestro país, tenemos que una de esas hamburguesas está costando Q26, o US$3.37 al tipo de cambio de la semana pasada, lo que implicaría que el quetzal está un 42.7% subvaluado respecto del dólar. De hecho, el quetzal se ha debilitado en los pasados cuatro años, cuando la subvaluación en enero de 2016 era de 33.7%, aplicando el mismo método. ¿Deberían, entonces, estar contentos los exportadores?

Podrían estarlo, de no ser porque otros países vecinos, que son nuestros competidores en los mercados internacionales, también han visto debilitarse sus monedas; particularmente el colón costarricense -que, aplicando el mismo método, pasó de estar subvaluado un 18.5% en 2016, a estarlo un 27.3% la semana pasada- y el peso mexicano -que se debilitó en el mismo periodo de una subvaluación de 43% a una de 53.1%-.

La teoría de la paridad de poder de compra -y, por ende, el Índice Big Mac- no está libre de fallos y críticas, pero es un método simplificado para evaluar si una determinada divisa está sobrevalorada o infravalorada y, si esto ocurre, propiciar o esperar que se produzca una corrección. Esto es algo que los nuevos miembros de la Junta Monetaria deberán tomar en consideración para calibrar las medidas de la política monetaria, cambiaria y crediticia que tienen bajo su cargo y que, directa o indirectamente, afectan el comportamiento del tipo de cambio, de las exportaciones y de la capacidad productiva de la industria local.

Para Acabar con las Mafias Transnacionales

En el caso del tráfico de migrantes ilegales también existen opciones más allá de la criminalización

El crimen organizado genera millones de dólares y desestabiliza gobiernos. El tráfico de drogas y el de personas prevalecen en el Triángulo Norte de Centroamérica y preocupan al gobierno de los Estados Unidos no solo porque son perversos, sino porque fomentan otros crímenes como el financiamiento del terrorismo, la corrupción gubernamental, las extorsiones y el sicariato. ¿Cómo luchar contra estos delitos que amenazan la estabilidad regional y sus democracias?

Las políticas de prohibición absoluta (del comercio y consumo de drogas o del libre tránsito de personas) han sido la respuesta favorita de los gobiernos, pese a que han sido un fracaso. Resulta difícil entender por qué no se han buscado políticas alternativas para combatir la criminalidad organizada. Por ejemplo, la legalización –parcial- de estos mercados prohibidos para que sea el estado quien ofrezca legalmente lo que ahora solo ofrecen las redes mafiosas, de manera que los precios sean lo suficientemente bajos como para expulsar a los traficantes del mercado.

La economista Emmanuelle Aruriol (de la Universidad de Touluse), por ejemplo, propone en su premiada obra Para Terminar con las Mafias algunas soluciones novedosas: opuesta a la visión prevaleciente que hace de la prohibición la única solución para erradicar estos mercados, plantea que las políticas públicas que combinen la legalización, la represión y la educación tendrían mejores resultados -económicos o sociales- y limitarían considerablemente las actividades criminales.

Los países pequeños como Guatemala deberían unirse (entre sí y con otros países más grandes, como México) para proponer a los Estados Unidos la conveniencia común de replantear las políticas contra el crimen organizado. La prohibición del alcohol en los años treinta o la “guerra contra las drogas” de los años ochenta solo crearon una economía paralela que desvió los recursos públicos hacia le represión y los alejó de la prevención y la educación. Su fracaso debe conducir a buscar métodos antinarcóticos más efectivos, tal como ahora mismo se está haciendo con mercado de la mariguana (regulándolo para desplazar a los narcotraficantes mediante una oferta legal supervisada por el Estado).

En el caso del tráfico de migrantes ilegales también existen opciones más allá de la criminalización de quienes solo buscan escapar de la desesperación económica. Auriol propone, por ejemplo, la venta de visas. Pero no a los más ricos (como actualmente  hace el gobierno estadounidense), sino subastándolas a las numerosas empresas que necesitan de la mano de obra de los migrantes. Esa venta de visas haría que la llegada de inmigrantes fuera más aceptable para los propios estadounidenses, porque transparentaría la contribución que aquellos hacen a la economía de su país.

Políticas como estas deberían incluirse en las discusiones regionales y bilaterales con los Estados Unidos. En el caso de las drogas, pareciera estar surgiendo un consenso respecto a la despenalización gradual. Con respecto a los migrantes, será más difícil explicar a los electores gringos y a sus  políticos –con su limitado conocimiento de la economía de la inmigración- que sus empresas los necesitan. Pero es una batalla que debe pelearse confiando en que, al final, la razón prevalecerá.

Perspectivas económicas: nada mejor, no mucho peor

La desaceleración internacional también afectará otro motor de nuestra economía: la inversión.

Las perspectivas de crecimiento de la economía mundial se han debilitado recientemente, a raíz de la absurda guerra comercial de los Estados Unidos contra China y otros países, en medio de una creciente incertidumbre política internacional. El panorama global es el de una expansión que se debilita: luego del sólido crecimiento en 2017 y principios de 2018, la producción mundial se desaceleró desde entonces. Tanto en los países ricos como en los países en desarrollo, las proyecciones de crecimiento para 2019-2020 se han reducido (tanto por parte del Fondo Monetario Internacional -FMI-, como de la OECD y la ONU). Además de una desaceleración prevista en el comercio internacional, los indicadores de confianza de las empresas se han deteriorado en todo el mundo, lo que ha plantado nubarrones sobre las perspectivas de inversión y los flujos de capital.

En respuesta al debilitamiento de la economía, y dadas las bajas presiones inflacionarias, los principales bancos centrales del mundo han suavizado sus posturas de política monetaria, pero la efectividad de estas medidas es aún incierta. Cómo afectará este panorama a la economía guatemalteca es algo que estaremos discutiendo este viernes en el seminario que sobre la situación económica realiza Consultores Para el Desarrollo –COPADES-, en donde veremos que ese panorama a la baja en la economía internacional impedirá que las exportaciones (que son uno de los motores de la producción nacional) se recuperen como era deseable después de la caída que registraron el año pasado.

La desaceleración internacional también afectará otro motor de nuestra economía: la inversión (construcción, maquinaria y equipo). Sin embargo, este segundo motor del crecimiento podrá contrarrestar el efecto negativo de los previsiblemente menores flujos de capital externo con un aumento en la inversión pública que se está dando este año y, quizá, por un aumento en la inversión privada que podría darse el año próximo, pero esto último dependerá crucialmente de cuán efectivo sea el nuevo gobierno para disipar la incertidumbre política y combatir la debilidad institucional.

Un tercer motor del crecimiento, el gasto del gobierno, seguramente aumentará este año (lo que normalmente ocurre cada año electoral) y, probablemente, se mantendrá relativamente expansivo el año próximo, debido a que los dos candidatos presidenciales que van a segunda vuelta han anunciado en sus planes de gobierno que incrementarán el gasto social y en infraestructura. Sin embargo, este motor de nuestra economía es muy pequeño como para ser determinante en cambiar el rumbo de la producción nacional.

El cuarto motor del crecimiento, el consumo de los hogares, es el más importante de todos y, dado su crecimiento vegetativo, es el que determinará que la economía guatemalteca continúe creciendo a un modesto ritmo apenas arriba del 3 por ciento anual. En el corto plazo, el potencial de este motor seguirá dependiendo en gran medida de las remesas familiares y estas, a su vez, dependerán en parte de cuán efectivas resulten las medidas anti-migrantes que impulsa el gobierno de Trump y que ahora parecen ser apoyadas por los propios gobiernos de México y de Guatemala.

El Retorno del Proteccionismo

La Gran Depresión fue profundizada porque los Estados Unidos adoptaron medidas altamente proteccionistas.

Hace unos días, el gobierno de los Estados Unidos aumentó los aranceles (de 10 a 25 por ciento) a una gran gama de importaciones (valoradas en más de US$200 millardos) provenientes de China, al tiempo que las negociaciones comerciales entre ambos países se derrumbaban. Los estadounidenses buscan proteger a sus productores locales de las supuestas prácticas comerciales desleales por parte de los chinos; estos, por su parte, habían aceptado cambiar ciertas regulaciones y reglamentos, pero se resisten a elevar tales cambios a categoría de ley. Ante ello, Trump amenaza con elevar los aranceles de muchos más productos, mientras China amenaza con medidas comerciales de represalia.

Esta escalada de medidas proteccionistas será, a la larga, contraproducente para ambos países y, lo que es peor, se convertirá en un silencioso veneno para la salud de la economía mundial y nos perjudicará a todos. Conviene recordar que, en los años treinta del siglo pasado, la Gran Depresión fue profundizada porque los Estados Unidos adoptaron medidas altamente proteccionistas, bajo la errada creencia de que con ellas podían crear empleos, detonando represalias proteccionistas alrededor del mundo que solo contribuyeron a esparcir y empeorar la crisis económica mundial.

De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Los aranceles y cuotas a la importación, con la buena intención de proteger las industrias domésticas, terminan ocasionando más mal que bien. Es cierto que los aranceles que está elevando Trump podrán proteger a los productores estadounidenses de esos bienes específicos respecto de la competencia de los  productos chinos; sin embargo, a la larga, las medidas proteccionistas no podrán aumentar el número total de empleos y ni siquiera podrán alterar sustancialmente la balanza comercial estadounidense con otros países. La razón del déficit comercial estadounidense no radica en que sus aranceles sean bajos, o en que China aplique prácticas desleales de comercio: el déficit externo se debe a que la economía estadounidense consume más de lo que produce.

Asociado a su déficit comercial, los Estados Unidos envían grandes montos de dólares a los chinos, quienes los regresan en forma de inversiones financieras. Al elevar los aranceles, los estadounidenses reducirán su déficit comercial, pero los chinos tendrán menos dólares para invertir, con lo que el dólar –entonces más escaso- se apreciará en los mercados internacionales, haciendo más difícil para los estadounidenses exportar y más barato importar bienes no solo de China, sino de cualquier país, de manera que su déficit comercial no se reducirá. Lo que se reducirá es el volumen total de comercio, con China primero y, eventualmente, con el resto del mundo.

El resultado de esta guerra comercial sino-americana será una caída en el comercio internacional que podrá ser más grave en la medida en que las guerras comerciales se generalicen al resto del mundo, lo cual no es nada remoto dado el auge que están teniendo los gobiernos populistas, inclinados a “proteger” sus industrias locales de la competencia internacional. Parece mentira que, ya avanzado el Siglo XXI, la calidad de los dirigentes políticos de las naciones –grandes y pequeñas- se haya degradado tanto que no sean capaces de entender siquiera las lecciones económicas más elementales que nos ha dejado la historia.

Sombras en la Economía Mundial

La economía mundial se está desacelerando... y hay otros nubarrones en el horizonte. La política macroeconómica nacional debe plantearse acciones para responder a los desafíos que se vienen

Las perspectivas de la economía mundial son menos dinámicas de lo previsto. Según el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento mundial en 2019 será menor (3.5% anual) al ya desacelerado ritmo del año pasado y menor también a las proyecciones que se tenían hace unos meses. Este pronóstico menos optimista refleja los efectos negativos de las disputas comerciales entre los Estados Unidos y China, así como a la previsiblemente accidentada salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (Brexit), que se viene a sumar a la desaceleración que vienen registrando economías como la alemana y la italiana, donde se registra un debilitamiento en la demanda interna y en los niveles de confianza.

El efecto negativo de este entorno se traslada a los mercados emergentes a través de un menor ritmo del comercio mundial. La incertidumbre de la política comercial -y las preocupaciones sobre las represalias comerciales- afectan la inversión empresarial y merman la productividad y la confianza de los mercados financieros. Otros factores que agregan un riesgo a la baja en las perspectivas de inversión y crecimiento globales incluyen la incertidumbre que generan los cambios políticos previstos en varios países, así como las tensiones bipartidistas que afectan el funcionamiento del gobierno federal estadounidense, amén de los recurrentes conflictos geopolíticos en el Oriente Medio y Asia Oriental.

En este panorama sombrío, la buena noticia para Guatemala es que la economía de los Estados Unidos --nuestro principal socio comercial y generador de remesas familiares- mantendrá su ritmo de crecimiento en un 2.5% anual en 2019, por encima de su tasa de crecimiento potencial, apoyado en el crecimiento de la demanda interna, lo que favorecería nuestras exportaciones hacia ese país. Además, recientemente la Reserva Federal (banco central estadounidense) ha detenido -al menos temporalmente- su proceso de restricción monetaria, al tiempo que los niveles de confianza del consumidor y las tasas de desempleo confirman las expectativas positivas. Sin embargo, lo anterior, aunado a las bajas tasas de interés que prevalecen en Europa, contribuirá a que el dólar estadounidense continúe apreciándose, lo cual nos deja con menor competitividad en mercados distintos al estadounidense

Es por eso que la política macroeconómica de Guatemala debe actuar oportunamente para moderar los impactos del entorno internacional en nuestro país, especialmente en un año de por sí complejo a causa del proceso electoral. Con la inflación doméstica muy baja (el año pasado terminó por debajo de la meta establecida por el Banco de Guatemala) y con un presupuesto público con recursos ampliados para invertir en infraestructura, cae de su peso que, por un lado, la política monetaria debería relajarse cuidadosamente (hasta, incluso, permitir una leve depreciación del quetzal, como el año pasado) y, por otro lado, la política fiscal debería permitir un incremento controlado del gasto público enfocado en la imperiosa inversión en carreteras. Resulta esencial que, cuanto antes, la política fiscal y la monetaria se alineen coordinadamente en torno a esos objetivos.

Se Nos Escapa la Oportunidad

La economía de los Estados Unidos -el principal socio comercial de Centroamérica- está boyante. Pero los países de la Región (con sus comunes debilidades institucionales) hemos desperdiciado la oportunidad de engancharnos a ese carro

La economía estadounidense está en pleno auge, merced al estímulo fiscal y las desregulaciones impulsadas por el gobierno de Donald Trump, así como a un dinámico optimismo de los consumidores y al creciente nivel de empleo que llevará a alcanzar tasas de crecimiento del PIB de 2.9% y 2.7% en 2018 y 2019, respectivamente. Esta bonanza debería ser aprovechada por los países que, como los centroamericanos, tienen un vínculo económico cercano con los Estados Unidos tanto por la vía de las exportaciones y de las remesas familiares, como por la vía de la inversión extranjera directa.

Sin embargo, según se vio en el Seminario de Pronósticos Para las Economías de Centroamérica -organizado por Consultores para el Desarrollo, COPADES, la semana anterior-, ninguno de los cinco países centroamericanos (Panamá es un caso aparte) está aprovechando adecuadamente la oportunidad. Por diversas razones, las economías de la Región registrarán una desaceleración en su producción de bienes y servicios durante el presente año. El Triángulo Norte, con una demanda agregada hiper-dependiente de las remesas familiares –que empiezan a decelerarse- y con una inversión pública muy limitada. Costa Rica, bajo unas estrictas medidas de austeridad fiscal que son un amargo remedio a los previos años de derroche fiscal. Y Nicaragua, sumida en una grave crisis política que tiene paralizada la economía.

Lo peor es que las medidas de estímulo económico del gobierno de Trump tienen -por naturaleza- un efecto temporal que pronto llegará a su fin y la ventana de oportunidad para Centroamérica se cerrará: la economía estadounidense está alcanzando el pleno empleo, el déficit fiscal y la inflación están en aumento, en respuesta a lo cual la política monetaria se está endureciendo y, con ello, las condiciones financieras empezarán a restringir el crédito y la inversión. Además, las tendencias débiles de productividad y la reducción del crecimiento de la fuerza de trabajo debido al envejecimiento de la población limitan las perspectivas a mediano plazo en las economías avanzadas.

Aunque disímiles en muchos aspectos, los países centroamericanos comparten dos características comunes que explican su incapacidad de aprovechar de mejor manera el buen entorno económico internacional. Por un lado, los cinco países muestran una debilidad fiscal estructural asociada a una institucionalidad pública obsoleta e ineficiente. Y por otro, todos padecen de un sistema electoral y departidos políticos frágil, propenso a crisis de gobernabilidad e incapaz de generar propuestas viables de desarrollo a largo plazo. El diagnóstico que las calificadoras de riesgo-país dan para cada país de Centroamérica es, básicamente, el mismo: si no fortalecen sus instituciones, mejoran su capacidad fiscal y renuevan sus sistemas políticos no podrán generar oportunidades de inversión, crecimiento económico y bienestar material para sus habitantes. Un consejo recurrente que, aparentemente, a los centroamericanos nos cuesta asimilar.

Receta para Detener el Progreso

Las políticas populistas (nacionalistas, proteccionistas, aislacionistas, xenófobas), ya sea que provengan de gobiernos de derechas o de izquierdas, tarde o temprano terminan por perjudicar a aquellos a quienes dice proteger

Aunque pocas veces se reconozca, en el último medio siglo –gracias en gran medida al intercambio comercial, las migraciones, los avances científicos y el creciente respeto a los derechos humanos- el mundo ha tenido un progreso espectacular, tanto en cuanto a crecimiento económico, como en casi cualquier otro aspecto del bienestar humano. Esta realidad objetiva no solo se evidencia en sofisticados estudios econométricos, sino que cualquier escéptico puede verificarla en populares sitios de internet como ourworldindata.org, humanprogress.org o gapminder.org.

Sin embargo, una amenaza se cierne sobre este rápido avance en el bienestar humano: la proliferación de gobiernos que (inspirados en su ignorancia de la historia y de las leyes de la economía, y respaldados por un electorado que exige soluciones apresuradas los profundos problemas del desempleo y la desigualdad) aplican políticas nacionalistas, xenófobas y proteccionistas que, en el largo plazo, solo dañarán a quienes pretenden proteger. La historia demuestra que una de las mejores recetas para detener el progreso de cualquier país, es que se aísle del resto mundo.

Preocupa en particular que este tipo de políticas aislacionistas, antes muy comunes en los países subdesarrollados, está cobrando auge en los países industrializados. La salida británica de la Unión Europea -Brexit-, el triunfo de dos partidos populistas anti-europeos en Italia y Austria, o las políticas proteccionistas de Estados Unidos, son hechos recientes que así lo atestiguan. Hace dos semanas, la administración Trump comenzó a investigar si la importación de automóviles representa una amenaza a su seguridad nacional; luego, amenazó con imponer aranceles a más de US$50 millardos de productos chinos; y, hace unos días, anunció la imposición de aranceles sobre acero y aluminio procedente de Canadá, México y la Unión Europea.

Este tipo de medidas, tomadas en nombre de la seguridad nacional estadounidense, tendrá efectos negativos. Quizá en el corto plazo esos efectos no sean tan sensibles (e, incluso, puede haber un efecto temporal positivo para la industria estadounidense), pero en el largo plazo pueden impactar dramáticamente sobre el crecimiento de todo el mundo, empezando por los propios estadounidenses, quienes verán encarecer sus materias primas, subir sus costos de producción y reducir sus empleos. La renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica se complicará y surgirán represalias comerciales que podrían significar una espiral descendente del comercio mundial que perjudicará las perspectivas de todos los países incluyendo, eventualmente, los centroamericanos.

Existen sólidos argumentos económicos, morales y culturales para defender los beneficios de mantener nuestras economías abiertas al comercio, nuestras sociedades abiertas al intercambio cultural, nuestras mentes abiertas al avance tecnológico y nuestras fronteras razonablemente abiertas al flujo de personas. Además, ya la humanidad ya comprobó en el siglo pasado que los efectos de los nacionalismos y los proteccionismos van más allá de lo puramente económico: los costos humanos de la Primera Guerra mundial, de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial son consecuencias innegables de ese tipo de políticas. Pero, con todo ello, existen hoy muchas personas y líderes que aún no están convencidos de que las sociedades abiertas sean beneficiosas. Y en la medida en que los gobiernos populistas-aislacionistas continúen proliferando (ya no solo en el mundo en vías de desarrollo sino, ahora más, en las economías avanzadas), seguirá aumentando el riesgo de que el progreso logrado por la humanidad en los últimos cincuenta años se detenga.

Certeza Jurídica y Actividad Económica

Una de las razones (quizá la principal) por las cuales la economía guatemalteca no puede acelerar su mediocre crecimiento económico, es la debilidad de las instituciones del Estado que impiden que exista certeza jurídica y paz social

Es bien sabido que la incertidumbre generada por la falta de certeza jurídica o la conflictividad social perjudica las decisiones de consumo e inversión en cualquier economía. La situación actual de Guatemala parece un caso sacado de un libro de texto para ilustrar tal situación. El desempeño de las exportaciones, por ejemplo, revela en gran medida la relación que existe entre certeza jurídica, conflictividad y actividad económica.

En efecto, el valor de las exportaciones guatemaltecas durante el primer trimestre de 2018 registra una caída de 1.7 por ciento respecto a las del año anterior; lo que es peor, esa caída refleja una reducción aún mayor (de más del 8 por ciento) en el volumen exportado, lo cual indica que la producción real del sector exportador está registrando una alarmante caída. Todo ello a pesar de que las condiciones de la economía mundial son robustas y que nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos (a quien le vendemos más del 35 por ciento de nuestras exportaciones), crecía sólidamente en los primeros meses del año.

Entre los rubros de exportación que peor desempeño muestran sobresalen, por ejemplo, el de productos asociados a la palma africana con una reducción de más del 20 por ciento en comparación al año anterior, lo cual refleja en buena medida los efectos que esta actividad está sufriendo como producto de invasiones de tierra y de problemas de conflictividad. Caso similar, aunque más grave, se ve en el rubro de exportación de metales, con una drástica reducción del 88 por ciento respecto a su valor exportado a estas alturas del año anterior, afectada por el cierre de actividades de la Minera San Rafael. Entre ambos rubros (palma africana y metales) se exportaba el año pasado casi el 10 por ciento del total de las exportaciones del país.

También la falta de certeza jurídica afecta a las exportaciones realizadas en los regímenes de maquila y de zonas francas, los cuales registran al primer trimestre caídas superiores al 8 por ciento, en el caso de las primeras, y al 26 por ciento, las segundas, lo cual es particularmente preocupante pues entre ambas representan más del 32 por ciento del total de las exportaciones del país. Cabe recordar que la reforma al marco regulatorio de la actividad de zonas francas lleva ya muchos meses sin avanzar en el Congreso de la República.

Existen muchos otros sectores productivos, fuera de la actividad exportadora, que también se ven afectados por la conflictividad, la falta de certeza jurídica y la debilidad institucional del Estado, tal el caso de la actividad generadora de energía o de la construcción de infraestructura. No es casualidad, entonces, que el Índice de Confianza de la Actividad Económica que calcula el Banco de Guatemala (de un panel de analistas privados) reporta un continuo deterioro en el último año pues, en abril pasado, su nivel se situó en 32 puntos, que resulta inferior en más del 41 por ciento respecto del registrado en abril de 2017.

Queda claro que, mientras no avancemos en tener un Estado funcional y unas instituciones eficientes, resultará imposible acelerar el crecimiento de la economía nacional y mejorar el bienestar material de los guatemaltecos. El pobre desempeño de actividades como las descritas pone de manifiesto que las medidas de reactivación económica no debiesen centrarse en escoger sectores “ganadores” y colmarlos de privilegios para incentivar su producción. La mejor política de reactivación económica es aquella que asegure reglas claras para hacer negocios, que dé certeza a los agentes económicos para que puedan tomar adecuadamente sus decisiones de inversión, y que restaure la confianza de los consumidores.

La Fiebre del Bitcoin

El Bitcoin -como cualquiera de las llamadas criptomonedas- es un activo financiero que aspira a ser una moneda. Los potenciales inversionistas en estos activos deben estar conscientes de sus características institucionales y del comportamiento de los mercados, o podría aguardarles una sorpresa

Hace un par de meses, un querido amigo mío me contó que quería invertir algunos de sus ahorros en la compra Bitcoins (una de las primeras monedas digitales o criptomonedas surgidas hace pocos años, y la más célebre de ellas) para dárselos como obsequio de Navidad a su hermano, y pidió mi opinión.  Esto se dio en medio de una euforia especulativa en torno al Bitcoin que se produjo en todo el mundo durante la segunda mitad de 2017 y que llevó el precio de cada unidad de esa criptomoneda de unos US$5 mil en junio de ese año, a niveles de más de US$19 mil en diciembre, lo que la convertía en una apuesta de inversión muy atractiva.

Le dije que, como en cualquier inversión financiera, era crucial comprender bien los mecanismos institucionales del activo en el que se quiere invertir (en este caso el Bitcoin), así como los elementos del mercado en el que ese activo se transa. Para lo primero, hay que conceptualizar al Bitcoin como una moneda. Y para lo segundo, hay que tener conciencia de cómo operan las burbujas especulativas en los mercados financieros.

Para que un bien cualquiera (sea tangible o no) pueda ser considerado como "moneda", debe cumplir al menos tres funciones: primero, debe servir de medio de intercambio (es decir, debe servir para compras cosas); segundo, debe servir como depósito de valor (puede ser utilizado para ahorrar); y, tercero, debe servir de patrón de pagos diferidos (o sea, ser utilizable para denominar deudas). Esas tres características solo se pueden dar si existe un factor fundamental: confianza en ese bien; es decir, debe existir un grupo de personas que confía plenamente en que ese bien va a ser aceptado como moneda por los otros miembros de su comunidad (ya sea ésta un país o una comunidad informática).

Las monedas oficiales obtienen esa confianza en la medida en que sus economías y sus gobiernos tengan credibilidad; de manera que cuando una economía o un gobierno es inestable o débil, su moneda tendrá poco valor pues no generará confianza. De manera similar, el Bitcoin (lo mismo que las demás criptomonedas) adquieren esa confianza por medio de la credibilidad de las normas que rigen su emisión y de los algoritmos computacionales en los que esta se basa. Como en el caso de cualquier moneda convencional, el riesgo de las criptomonedas es que las bases de su credibilidad resulten frágiles y, en consecuencia, colapsen. Por eso, antes de invertir en una moneda (digital, lo mismo que convencional) hay que entender (y confiar en) sus bases institucionales (es decir en las normas y costumbres de su funcionamiento).

Por otra parte, el extraordinario aumento en el precio del Bitcoin el año pasado, daba razones para pensar que podía tratarse de una burbuja financiera. Este tipo de fenómenos, recurrentes a lo largo de la historia, se producen cuando un aumento rápido del precio del activo induce a nuevos compradores (como mi amigo) a invertir con la esperanza de que en el futuro cercano podrán vender el activo a un precio mayor que el que compraron, lo cual ocasiona una espiral de alzas en el precio. Cuando tal precio llega a niveles irracionalmente altos puede generarse una sensación de temor que da lugar a ventas masivas del activo, lo cual puede ocasionar un pánico y el colapso de la burbuja.

El Bitcoin, en efecto, bajó su cotización de más US$19 mil en diciembre pasado, a US$6 mil hace pocos días. Las preocupaciones sobre la seguridad de las criptomonedas, la reciente sobreabundancia de las mismas (ya no son un bien limitado) y las dificultades para ser universalmente aceptadas como medio de cambio y depósito de valor confiable, han afectado la cotización del Bitcoin. Ojalá mi amigo le haya dado otro regalo de Navidad a su hermano.

Estamos Bien... Pero Vamos Mal

Hemos progresado como país, pero otros países que antes estaban detrás de Guatemala (como Tailandia, China o Indonesia) nos han dejado atrás. Sin ir tan lejos, Costa Rica y Panamá están ya mismo en otra liga muy superior a la nuestra. La diferencia entre ellos y nosotros: la debilidad y disfuncionalidad de nuestras instituciones estatales.

Durante la preparación de un informe sobre la situación económica de Guatemala y sus perspectivas para 2018 (que presentaré esta semana en la reunión mensual de Consultores Para el Desarrollo –COPADES-) me fue surgiendo la imagen de un país con una serie de indicadores (macroeconómicos, sociales e, incluso, políticos) que permiten compararlo razonablemente bien con otros países de la región o con otros de similar nivel de ingreso en otras partes del mundo pero que, al mismo tiempo, avanza con pasmosa lentitud en comparación con sus semejantes.

Por ejemplo, hemos mantenido un crecimiento del PIB sostenido, estable, moderado y muy resiliente ante los vaivenes de la economía mundial; además, a diferencia de la mayoría de países vecinos, Guatemala ha mostrado desde hace tiempo un déficit fiscal bastante bajo y, desde hace un par de años, un superávit en su cuenta corriente de la balanza de pagos con el exterior, aspectos que se traducen en un bajísimo nivel de endeudamiento y que son indicativos de una firme y remarcable estabilidad macroeconómica.

En las pasadas tres décadas también se han producido importantes avances en importantes indicadores sociales –como los de escolaridad, mortalidad infantil, o cobertura de servicios públicos de agua, saneamiento, electricidad y telecomunicaciones-, así como evidentes progresos en materia de libertades civiles –libertad de expresión y prensa, participación política- e instituciones democráticas –Ministerio Público independiente, procesos electorales ininterrumpidos, defensoría de los derechos humanos activa-.

Ciertamente ha habido avances y tenemos buenos indicadores de estabilidad económica. Podríamos decir que estamos bien. Pero al mismo tiempo podemos decir que vamos mal, muy mal, porque avanzamos a un paso exageradamente lento y estamos, con claridad, quedándonos rezagados respecto de nuestros pares. Hace 30 años Costa Rica y Panamá ya nos superaban en la mayoría de indicadores de productividad y bienestar social, pero esas diferencias se han multiplicado rápidamente. Mientras que esos dos países progresan rápidamente, Guatemala se ha quedado estancada y firmemente adherida al pelotón de la mediocridad junto con Honduras, El Salvador y Nicaragua, tal como irrefutablemente lo atestiguan los diversos índices disponibles de desarrollo humano, de competitividad, o de progreso social.

En el mismo periodo hemos visto como nuestro país, que en los años ochenta exhibía un nivel de ingreso per cápita similar al de Tailandia o Corea, y muy superior al de China o Indonesia, ha sido rápida y ampliamente rebasado por estos países asiáticos, que han logrado sacar de la pobreza a millones de sus habitantes a través de procesos de rápido crecimiento económico basado en la inversión y en la productividad. Nuestra economía, mientras tanto, languidece adocenada sin poder generar suficientes empleos y mejoras en las condiciones de vida para los guatemaltecos que se ven obligados a migrar al exterior, muchas veces a riesgo de su propia vida, en busca de las oportunidades que su patria les niega.

Una diferencia fundamental entre esos países y Guatemala es la ostensible debilidad de nuestras instituciones estatales que paraliza la productividad sistémica. Para revertir lo anterior, es preciso adoptar medidas de fortalecimiento institucional y de aumento de la productividad que, ordenadas y priorizadas, conformen una agenda coherente de desarrollo. Quizá, aunque a primera vista no lo parezca, el clima de confrontación política e incertidumbre económica que se vive en la actual etapa de transición política sea propicio para obligar a las élites dirigenciales a reflexionar y dialogar a fin de identificar, definir e impulsar tal agenda.

En Defensa de las Migraciones

Aunque no suelen ser populares (en el país que los recibe) los inmigrantes siempre han sido, a lo largo de la historia, una fuerza positiva para el progreso cultural y material de las naciones

Soy hijo de un inmigrante; más precisamente, de un refugiado de guerra. Guatemala recibió a mi padre de buen agrado, y aquí encontró acogida, empleo, esperanza, amor y prosperidad. Aquí maduró y formó una familia. Y aquí murió. Sé muy bien, por propia experiencia, que desde un punto de vista personal y familiar, la migración es un fenómeno que, sin estar exento de dolor y exigencias, puede dar frutos abundantes que benefician tanto al migrante como a la nación anfitriona.

De mi padre aprendí los elementos básicos del liberalismo (decimonónico, el de mi abuelo), y supe desde pequeño que cuanto más abierta esté una sociedad al libre tránsito de bienes y de personas, más próspera y civilizada será. El liberalismo --en oposición al populismo hoy tan de moda- generalmente favorece no sólo el libre comercio y la libre movilidad de capitales, sino también el libre movimiento de trabajadores, como factores que propulsan el desarrollo de las naciones.

Soy, además, economista, y en las aulas y en los libros aprendí que los flujos de migrantes (especialmente si son legales) resultan muy beneficiosos para la economía de los países recipiendarios. Los migrantes calificados llevan consigo conocimientos y pericias que generan empleo y riqueza. Los migrantes no calificados también contribuyen a la economía del país receptor al desempeñar labores que los locales no pueden o no quieren realizar. Sin migrantes, las economías de los países industrializados (aquejadas por el decrecimiento o el envejecimiento poblacional) habrían dejado de crecer.

Por todo ello, me llena de desconsuelo la ola de sentimientos anti-inmigración que se expande por el mundo. Me preocupa más aún que esos sentimientos incluyan el rechazo a los refugiados de guerra que solo buscan un lugar de amparo para sobrevivir y reconstruir su existencia. Y es triste que esto esté ocurriendo en países compuestos principalmente por inmigrantes (como Australia, Nueva Zelandia o los Estados Unidos de América) que parecen sufrir ahora de una “fatiga de compasión” hacia los migrantes.

Es cierto que las migraciones masivas y crecientemente ilegales requieren de ciertas regulaciones y de un tratamiento cuidadoso. Pero los temores respecto de que los migrantes roban los puestos de empleo a los trabajadores nativos, o que solo llegan a aprovecharse de los beneficios sociales del país anfitrión, o que son el germen de los movimientos terroristas, son todos temores infundados o, al menos, evidentemente exagerados.

La realidad histórica es que las migraciones han sido beneficiosas, aunque hay que reconocer que rara vez han sido populares. Por eso corresponde contrarrestar las preocupaciones y recelos que las migraciones despiertan con argumentos científicos y, sobre todo, con políticas públicas adecuadas para demostrar y potenciar los efectos positivos de las migraciones. Ello debe hacerse tanto a nivel multilateral (como el Pacto Mundial para una Migración Segura que se discute en la ONU), como a nivel de políticas domésticas bien diseñadas (como la ejemplar política migratoria de Canadá).

Guatemala también debe tener una política migratoria bien estructurada y de doble vía, que no solo defienda internacionalmente el derecho de los guatemaltecos de emigrar, sino que acoja sistemática y ordenadamente a quienes buscan nuestro país como destino. Los movimientos migratorios son inevitables y, si son ordenados y bien administrados, siempre son beneficiosos. No debemos cansarnos de afirmarlo en medio de esta ola de nacionalismos y aislacionismos que amenazan el progreso de las naciones y la paz mundial.

El Ascenso del Proteccionismo

La reciente ola de nacionalismos radicales no anuncia cosas buenas. Ni en su faceta política (el populismo), ni en la social (xenofobia), ni en la económica (proteccionismo comercial). La experiencia histórica demuestra que, ya sea que venga de la izquierda o de la derecha del espectro político, el proteccionismo nunca ha mejorado el bienestar de las naciones.

El discurso inaugural de Donald Trump (“América primero”) deja pocas dudas. La cruda estrategia británica para abandonar Europa (“brexit duro”) lo confirma. El nacionalismo (con sus matices aislacionistas, populistas, proteccionistas y xenófobos) se está instalando como tendencia política, y ya no solo en el tercer mundo, como lo demuestra el ascenso en la intención de voto de personajes radicales como Geert Wilders -Holanda-, Marine Le Pen -Francia-, Frauke Petri -Alemania, o Matteo Salvini -Italia-.

La propuesta del nacionalismo se construye sobre la ansiedad, emociones y prejuicios de una ciudadanía insatisfecha. Algo parecido sucedió en los años treinta del siglo pasado, cuando los votantes estaban desesperados por su situación económica. Pero hoy la insatisfacción es de una naturaleza más compleja, pues la economía estadounidense está recuperándose y cercana al pleno empleo; la economía británica ha generado dos millones de plazas de trabajo en cinco años; las ganancias corporativas son elevadas; y, los niveles de vida en Europa siguen siendo de los más altos del mundo.

El problema estriba en los crecientes bolsones de población que no sienten incluidos en los beneficios de una desigual bonanza, esos que votaron por Trump. Los nacionalistas del Siglo Veintiuno se han aprovechado astutamente de las insatisfacciones económicas, sociales y culturales de aquellos a quienes la globalización y el cambio tecnológico han dejado atrás.

En el ámbito económico, el nacionalismo se manifiesta en forma de proteccionismo; es decir, de políticas económicas que, a través de las barreras al libre comercio (como la elevación de los aranceles a la importación) o a la libre circulación de personas (barreras a la inmigración), pretenden supuestamente proteger los puestos de trabajo y fomentar la producción de la industrias nacionales versus las extranjeras. La receta se ha probado una y otra vez en el último siglo, sin resultados positivos.

El ascenso del proteccionismo en el mundo desarrollado es una pésima noticia para países como el nuestro. Ya durante la Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado la situación fue agravada cuando los Estados Unidos adoptaron políticas comerciales altamente proteccionistas que, bajo la creencia errónea de que con ellas se crearían puestos de trabajo, desencadenaron medidas proteccionistas alrededor del mundo que profundizaron y expandieron la depresión económica. En contraste, después de la Segunda Guerra Mundial, bajo el liderazgo de los Estados Unidos, se promovió la liberalización del comercio internacional y ello generó una era de gran prosperidad y crecimiento para la economía mundial.

A lo largo de la historia, la experiencia (y la teoría) económica es contundente: el proteccionismo comercial (y migratorio) es incapaz de aumentar el número de plazas de trabajo o, ni siquiera, de alterar sustancialmente la balanza comercial entre países. Por desgracia, tanto los políticos –sean de derechas o de izquierdas, de países pobres o de ricos- como sus votantes (acostumbrados aquellos a ofrecer, y estos a desear, soluciones mágicas a sus problemas nacionales) no entienden, ni quieren entender esta lección.

En este mundo paradójico, en el que la globalización es defendida (en Davos) por el Secretario General del Partido Comunista chino, mientras se ve amenazada por el líder electo a nombre del Partido Republicano estadounidense, solo nos queda insistir en lo que la teoría y la historia económica sostienen sólidamente: el proteccionismo –sea de izquierdas o de derechas- es, en general, nocivo al crecimiento económico y al bienestar de las naciones.

Trump y la economía (de Guatemala)

La mala noticia es que las políticas económicas anunciadas por Trump durante su campaña electoral serían -en general- negativas para Guatemala. La buena noticia es que es muy poco probable que algún día se lleguen a aplicar.

Durante su campaña electoral, el ahora presidente electo de los Estados Unidos anunció varias medidas de política que, si se llegan a aplicar (lo cual podría nunca ocurrir, tratándose de promesas de campaña) tendrían repercusiones, directa o indirectamente, sobre la economía guatemalteca.

En su plan de acción, Trump enfatizó el objetivo de proteger el empleo estadounidense mediante medidas proteccionistas, entre las que incluye: renegociar o denunciar tratados de libre comercio (incluyendo el NAFTA); elevar tarifas (aranceles) sobre bienes importados para proteger la producción de bienes locales; declarar oficialmente a China como “manipulador cambiario” e identificar abusos comerciales-laborales que cometan otros países en perjuicio del empleo estadounidense (con posibles sanciones); y, facilitar la producción de fuentes de energía doméstica (incluyendo petróleo, shale y gas natural).

Trump también ofreció medidas para restaurar la seguridad nacional con potenciales repercusiones económicas, entre las que se incluyen: deportar a millones de inmigrantes ilegales con antecedentes criminales; aumentar sensiblemente el gasto militar y de seguridad estratégica; y, restringir la inmigración desde países que se juzguen incapaces de identificar los antecedentes (terroristas) de los potenciales migrantes.

En el área fiscal, Trump ofreció un plan de alivio (reducción) de impuestos sobre la renta y una simplificación tributaria que, aunados a un plan de facilitación de regulaciones y eliminación de restricciones a ciertas actividades (como la energética) generaría un aumento de la actividad económica que podría (según él) duplicar el crecimiento del PIB y pagar la totalidad de la deuda pública.

En el corto plazo todas esas políticas (si llegan a aplicarse) tardarán en tener algún impacto y, sin lo tienen, hasta podría ser positivo en términos de crecimiento de la economía estadounidense. Pero en el mediano plazo, para países como Guatemala podrían tener repercusiones –no del todo positivas-, pues se trata de medidas claramente proteccionistas, de tono nacionalista (algunas muy radicales que, aunque no guste reconocerlo a los admiradores de Trump, rayan en el populismo).

Las restricciones comerciales que favorece el nuevo presidente republicano perjudicarían directamente a las exportaciones guatemaltecas y, en general, al comercio mundial. El desequilibrio fiscal que ocasionarían las políticas de Trump impactaría en la inflación y en las tasas de interés internacionales, encareciendo el financiamiento externo que Guatemala necesita. Y, aunque lo anterior podría propiciar una depreciación del quetzal que dé algún alivio a los exportadores, las restricciones migratorias podrían tener un impacto mucho más negativo, al implicar una reducción de los flujos de remesas familiares, factor clave en el que se ha sustentado nuestra demanda interna (y el crecimiento económico) en los últimos años.

Pero quizá no haya que preocuparse demasiado. El plan económico de Trump es inconsistente por donde se le mire (reduce impuestos pero eleva aranceles, paga la deuda pero sube el gasto, elimina restricciones pero obstruye el mercado laboral). Por su parte, los republicanos, que tienen mayoría en las dos cámaras legislativas, no tolerarán un aumento desmedido del déficit fiscal. Y la realidad hará ver al nuevo presidente que es más fácil prometer en campaña, que incidir desde el gobierno en las variables económicas. Pronto habrá de percatarse de que no es factible reactivar la economía simplemente mediante decretos ejecutivos. Eso, ojalá, lo tornará más pragmático y menos dogmático.

La Devaluación que No Llega

Sabemos dos cosas. La primera es que el quetzal se va a depreciar (devaluar) en algún momento, porque el país tiene un déficit externo estructural y porque las tasas de interés en el exterior van a aumentar La segunda es que ese momento no va a ocurrir en el corto plazo.

Las fluctuaciones del tipo de cambio (quetzales por dólar) suelen ser un tema favorito de las secciones económicas en la noticias y son siempre un tema de discusión, y hasta de polémica, en función de los intereses de los distintos grupos (importadores, exportadores, consumidores, tecnócratas o políticos) involucrados.

Recientemente se levantó la idea de que el gobierno debería propiciar una depreciación de la moneda como una manera fomentar la actividad exportadora, largamente afectada por la caída de los precios en los mercados internacionales. Después de todo, países como México, Perú o Colombia, con sistemas cambiarios similares al nuestro, han registrado en meses recientes depreciaciones fuertes y aceleradas en sus monedas.

Pero resulta que los factores que han generado esas depreciaciones no están ni cerca de ocurrir en Guatemala. No hay que olvidar que el tipo de cambio es simplemente el precio de una moneda con relación a otra y, como cualquier precio, está determinado por la oferta y la demanda: a mayor abundancia de dólares, menor será el precio (tipo de cambio) de la moneda nacional, y viceversa. Mientras que en los países mencionados ha habido una escasez de dólares en los últimos años, en nuestro país ha habido una gran abundancia.

Tal abundancia de dólares en Guatemala se da por diversos factores. Si bien el precio medio de las exportaciones tuvo una caída, el de las importaciones se ha reducido aún más, lo cual provocó en que la balanza comercial del país se redujera el año pasado en más de US$500 millones, lo que implica una menor demanda de divisas para pagar al exterior. A esto se suma un extraordinario flujo de remesas familiares que en 2015 superó los US$6 mil millones. Además continuaron ingresando al país capitales financieros en forma de préstamos (al gobierno y al sector privado) y de inversión directa.

Esa plétora de divisas provocó que el Banco de Guatemala, para evitar una apreciación desordenada del quetzal, comprara a los bancos más de US$375 millones el año anterior, incrementando así sus Reservas Monetarias Internacionales hasta alcanzar casi US$8 millardos, cantidad que hace que los agentes económicos sientan que una devaluación es poco probable en el corto plazo y actúen en consecuencia.

Ciertamente la depreciación del quetzal va a ocurrir en algún momento, cuando los precios internacionales se estabilicen y vuelvan a provocar un incremento en el déficit comercial del país, y cuando el previsible incremento en las tasas de interés externas provoquen que los capitales financieros dejen de acudir hacia el país. Pero eso no va a ocurrir pronto, pues los factores de abundancia de dólares van a persistir este año. De momento, quienes anhelan una depreciación del quetzal deberán armarse de paciencia.

Una Oportunidad Para la Integración Económica

Una próxima unión aduanera Guatemala-Honduras imprime un tono de optimismo sobre el mar de frustraciones históricas integracionistas

Cuando en 1960 los cinco países del norte del istmo se unieron en el Mercado Común Centroamericano –MCCA-, la integración económica prometía ser el camino para la unión y el desarrollo de la región. Más de medio siglo después, esa promesa no sólo se ha incumplido, sino que cada vez luce menos creíble.

Cierto es que durante sus primeros lustros el MCCA fue muy exitoso: el comercio regional se expandió velozmente, lo mismo que las inversiones. Pero la inverosímil guerra del fútbol (Honduras-El Salvador), primero, y después las guerras civiles (en Nicaragua, El Salvador y Guatemala), detuvieron cualquier progreso, con la ayuda de la inveterada falta de interés político (especialmente en Costa Rica) respecto de la integración centroamericana.

Al finalizar los conflictos armados, el comercio intrarregional se reactivó, las exportaciones aumentaron y el crecimiento económico se estabilizó; las instituciones regionales empezaron a proliferar, lo mismo que las grandes propuestas de integración: la creación del Sistema de Integración Centroamericana –SICA- en 1991, la firma del Protocolo de Guatemala en 1993, el Plan Puebla-Panamá (impulsado por México) en 2000, en “Relanzamiento” de la integración centroamericana (en San Salvador en 2010). A pesar de estos intentos, los avances de la integración económica han sido tan abundantes como los retrocesos, y el sueño de unir a América Central parece tan distante como siempre.

Por eso reconfortan las noticias que apuntan a avances concretos y específicos en materia de integración centroamericana, aunque sean menos ambiciosos y rimbombantes que los grandes planes de décadas pasadas. El anuncio que recientemente hizo en Roma el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales, en cuanto a que la unión aduanera entre Guatemala y Honduras será una realidad en diciembre de este año, introduce un tono de optimismo en el mar de frustraciones integracionistas.

Este tipo de esfuerzo, basado más en la "voluntad política" de los gobernantes que en los añejos planes y tratados de integración, busca evadir las dificultades características de las negociaciones multilaterales (que exige un acuerdo entre cinco o más partes que tienen diferentes sistemas cambiarios y disímiles niveles de desarrollo relativo), apostando por acuerdos bilaterales como un atajo hacia una integración económica más completa. Este enfoque de una integración por etapas, y a velocidades distintas según la voluntad de los países socios, parece adecuado para el caso de Honduras y Guatemala.

En conjunto, estas dos economías representan más del 45% de la producción del MCCA, así como casi el 40% del comercio intrarregional. Además, se trata de los dos países más populosos de Centroamérica, que suman más de 22 millones de habitantes (57% del total del MCCA). Las posibilidades de incrementar el intercambio comercial y de inversiones entre ambos países es enorme; y podría ser un precursor para que el anunciado “Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica”, impulsado por el gobierno estadounidense, pueda tener alguna repercusión económica tangible y sostenible.

Pero, como la historia lo demuestra, practicar la integración económica es mucho más difícil que hacer promesas sobre ella. El desafío que se han planteado los presidentes Pérez Molina y  Hernández implica pasar del actual estatus de comercio libre sin arancel externo común, a uno de libre circulación de bienes y personas con arancel común. Ello implica acordar políticas comunes sobre asuntos que van desde los códigos aduaneros hasta la política de competencia y los subsidios a la inversión, lo cual requerirá algo más que pura voluntad política.

Cualquier profundización de la integración económica implica una cierta pérdida de soberanía, y toma tiempo; por eso es que ha sido tan compleja en todo el mundo. Pero la fusión de Guatemala y Honduras –y, eventualmente, de El Salvador- en un solo espacio económico conjunto con libre circulación de personas, bienes y capitales (sin aduanas ni restricciones para el cruce de fronteras) generaría múltiples oportunidades de crecimiento económico (mediante mayor productividad y economías de escala, y más competencia e inversiones). El cumplimiento de la promesa está, de nuevo, en manos de los gobiernos.

Lecciones de una Apreciación Cambiaria

La mayoría de países desarrollados dejan que su moneda flote libremente

La semana pasada una sorpresiva decisión del banco central de Suiza puso de cabeza los mercados financieros internacionales: el Banco Nacional Suizo dejó sin efecto su techo cambiario de 1.20 francos suizos por cada euro, que había defendido durante tres años y medio. Con la noticia,  el valor del franco suizo se elevó (apreció) en 20% y el mercado de valores helvético cayó en casi un 13% en un solo día. Y las repercusiones se dejaron sentir en los mercaos internacionales: el precio del oro comenzó a subir, el dólar se apreció y las bolsas de valores se desquiciaron en Europa y Asia.

La autoridad monetaria suiza claudicó en su lucha por evitar la apreciación de su moneda, a sabiendas de que tan súbita decisión causaría pánico en los mercados y pérdidas considerables a muchos agentes económicos, en particular a los bancos, a los fondos de inversión, y, obviamente, a la industria suiza que está muy orientada a las exportaciones y que, por lo tanto, ve afectada su competitividad cada vez que se aprecia el franco.

La mayoría de países desarrollados dejan que su moneda flote libremente (su valor lo determinan las transacciones en los mercados financieros y físicos). Pero Suiza decidió en 2011 imponer un límite a la apreciación de su moneda, con lo que sus autoridades monetarias se comprometieron a comprar moneda extranjera para empujar hacia abajo el valor del franco cada vez que tal techo se aproximaba. Esto lo hicieron porque durante la crisis financiera internacional, Suiza se vio inundada de flujos de capital de inversionistas que buscaban un refugio ante la turbulencia económica mundial. Ello provocó una apreciación fuerte del franco suizo, la cual empezó a perjudicar a los exportadores y a la competitividad de la industria suiza.

Durante más de tres años el banco central helvético pudo defender el techo fijado y evitó un colapso de sus exportaciones, pero al costo de tener que comprar cantidades masivas de euros en el esfuerzo. Hasta que ya no pudo más. Lo sorpresivo es que el banco nacional suizo no haya cedido de manera gradual (elevando escalonadamente el techo cambiario), sino que lo haya hecho abruptamente dejando flotar al franco en ascenso libre.

La razón de tal precipitación parece ser que el Banco Central Europeo está a punto de anunciar medidas de “facilitación  cuantitativa” (es decir, un aumento de la emisión monetaria) por 2 millardos de euros, lo que depreciaría al euro y haría insostenible el techo autoimpuesto para el franco suizo, pues el banco central helvético ya no podría seguir comprando cantidades ingentes de euros.

Lo ocurrido en Suiza y Europa puede entrañar algunas lecciones para Guatemala, donde también se ha producido una apreciación del quetzal (respecto del dólar estadounidense), acelerada en meses recientes no sólo por el fuerte flujo de remesas familiares y de capitales especulativos (que aumentan la oferta de dólares en el mercado), sino también por la caída en picada en el precio del petróleo y sus derivados (que reduce la demanda de dólares en el país).

El Banco de Guatemala –Banguat- ha reaccionado comprando cantidades importantes de dólares, aunque permitiendo (conforme la regla cambiaria vigente) una apreciación gradual del quetzal. Si bien esto es menos contundente que establecer un límite a la apreciación cambiaria (como Suiza en 2011), resulta más prudente para un país pequeño como  el nuestro y evita una eventual reversión abrupta (como Suiza en 2015). Ahora bien, los efectos de la apreciación del quetzal sobre la actividad productiva son equivalentes a una restricción de las condiciones monetarias, lo cual aconsejaría contrarrestar dicha apreciación con medidas de expansión monetaria.

Esto lo sabe bien el Banco Nacional Suizo que, al mismo tiempo que abandonó el techo cambiario, redujo su tasa de interés agresivamente, con lo que los bancos deben pagar ahora más que antes por el privilegio de refugiar sus reservas en la banca suiza, lo cual debe inducirlos a mover su dinero a otra parte, ayudando así a depreciar el franco. El Banguat debe tomar nota de esta lección y, aunque ya redujo (en noviembre) su tasa líder de interés, la continua apreciación del quetzal y la rápida caída del precio de los combustibles deberían aconsejarle algo más de agresividad en el relajamiento monetario.

De India a Guatemala

India y Guatemala son países que tienen muchas características comunes; y tienen muchas otras que, aunque distintas, vale la pena comparar

Para un ciudadano indio, nuestro país puede parecer difícil de entender. Ello es natural porque, geográficamente, India es el país antípoda de Guatemala y, culturalmente, ambos países son, asimismo, totalmente diferentes. Sin embargo, en el campo de la economía tienen muchas características comunes y muchas otras que, aunque distintas, vale la pena comparar.

En el ámbito de las políticas macroeconómicas los dos países han adoptado medidas correctas a lo largo de varios años que les han permitido reducir significativamente su vulnerabilidad ante shocks externos: déficits fiscales pequeños, política monetaria disciplinada con un régimen cambiario relativamente flexible, déficit externo moderado, y reservas monetarias internacionales abundantes para ser utilizadas en caso de presiones financieras externas.

También existen similitudes en varios aspectos negativos: la inversión extranjera es muy baja en ambos países (en comparación con sus relativos tamaños y con las cantidades de inversión que atraen otros países de similar nivel de desarrollo); además, la recaudación tributaria es ineficiente, existe un gran desperdicio del gasto público (incluyendo en ambos casos programas que despilfarran recursos en subsidios al transporte y en reparto de fertilizantes, al tiempo que se invierte relativamente poco en salud y educación), niveles de corrupción elevados, y mercados domésticos de capital poco desarrollados (no existe, por ejemplo, un marco regulatorio específico para procesos de quiebras e insolvencias).

Pero también existen muchas disimilitudes entre ambos países. A diferencia de Guatemala, India ha avanzado en reformas estructurales y cuenta desde hace muchos años con un servicio público de carrera y un sistema judicial relativamente confiable. Pero quizá la diferencia más importante es que India ha progresado velozmente en años recientes logrando reducir la tasa de pobreza de un 45% de la población en 1994 a un 22% en 2012. En Guatemala la tasa de pobreza sólo se redujo de 63% a 53% en el mismo periodo.  India logró este rápido avance merced a que su producción (medida por el PIB) ha crecido durante varios años a una tasa promedio anual de 6.7% que, aunque recientemente se ha decelerado un poco, revela que la creación de mejores empleos y el aumento de la productividad se traduce no sólo en crecimiento económico sino en mayor bienestar.

Sin embargo, India aún enfrenta el reto de sacar de la pobreza a 270 millones de personas y de mejorar el nivel de vida de cientos de millones más. Un reciente estudio del McKinsey Global Institute sobre India revela que, encima de la línea de pobreza, ese país debe emprender una serie de acciones para mejorar la “línea de empoderamiento” que determina el nivel mínimo de consumo que se requiere para satisfacer ocho necesidades básicas –alimentación, energía, vivienda, agua potable, saneamiento, salud, educación y seguridad social- a niveles suficientes para alcanzar un estándar de vida decente (no sólo de subsistencia mínima).

Las reformas, ambiciosas pero económicamente lógicas, que McKinsey propone para India se agrupan en cuatro áreas. Primero, acelerar la creación de empleos para acomodar a la creciente fuerza de trabajo, especialmente en la industria y los servicios, para lo cual el Estado debe facilitar la apertura de negocios, aumentar la infraestructura física, flexibilizar el mercado laboral y expandir la educación vocacional hacia los más pobres.

Segundo, acelerar la productividad de la microempresa rural invirtiendo en infraestructura física y reformas que mejoren el acceso al mercado, a nuevas tecnologías y a servicios de extensión agrícola. Tercero, aumentar el gasto público en servicios básicos de salud, energía, agua y saneamiento. Y cuarto, hacer más efectivo el gasto público (incluyendo un combate frontal a la corrupción) mediante estrategias que incorporen alianzas del gobierno con los sectores empresarial y social, la participación activa de las comunidades y el uso de tecnologías para eficientar y monitorear la operación gubernamental.

No tiene por qué sorprender que estas políticas, que permitirían a los ciudadanos alcanzar un sentido fundamental de seguridad económica, de oportunidad y de dignidad ciudadana, sean evidente y razonablemente, extensibles de India a Guatemala.