LA ESPERANZA DE LAS MICROFINANZAS

SIGUEN SIENDO UNA VÍA PROMETEDORA PARA TRANSFORMAR LA VIDA DE LAS PERSONAS DE BAJOS INGRESOS

Las instituciones de microfinanzas están llamadas a llevar servicios financieros a poblaciones desatendidas por el sistema financiero tradicional. Con variado grado de éxito, a lo largo de los años, las microfinanzas han logrado elevar el nivel de vida y empoderar socialmente a colectivos tradicionalmente excluidos (mujeres, microempresas o campesinos). Aun así, se estima que en el mundo hay dos mil millones de personas excluidas de los mercados financieros. La semana pasada asistí a la Semana Europea de Microfinanzas, en Luxemburgo, donde se identificaron y discutieron las tendencias y desafíos que para las microfinanzas plantea un mundo post pandemia y que definirán las posibilidades de que en el futuro estas puedan cumplir su promesa de incluir financieramente y empoderar socialmente a quienes hoy están excluidos.

Los confinamientos provocados por la pandemia exigieron una rápida transformación digital (especialmente en el mundo de las finanzas), mientras que la inflación mundial actual está mermando el poder adquisitivo (especialmente de los más pobres). Estas realidades desafían la intención de las microfinancieras de llevar financiamiento a las micro empresas, empoderar a las mujeres y acercar los servicios financieros a las personas de menores ingresos. Este escenario plantea retos que, tanto las autoridades gubernamentales como las propias entidades de microfinanzas y los demás agentes de inclusión financiera, deberán enfrentar en los próximos años.

Por el lado de la oferta de micro créditos, la digitalización puede ser la vía clave para acelerar la innovación, pero es una vía que no está exenta de riesgos. Las entidades microfinancieras deben esforzarse en transformar sus métodos de operación, por ejemplo, digitalizando el envío y recepción de remesas familiares desde el exterior, o habilitando las operaciones con sus clientes las 24 horas del día mediante herramientas tecnológicas adecuadas. Por el lado de la demanda, los potenciales usuarios de micro créditos deben poseer cada vez mejor educación financiera para hacer el mejor uso posible de todos los productos que están ahora a su alcance.

Pero la incertidumbre y las amenazas mundiales están en aumento. La pandemia ya fue duro golpe que tuvo repercusiones sobre la capacidad productiva de los usuarios, la privacidad de los datos de los clientes, la fluidez de las cadenas de suministro, el endeudamiento de las familias, y la inflación de precios de los alimentos y combustibles. Las crecientes externalidades negativas afectan el crecimiento económico, las expectativas y la confianza de los mercados. En este entorno incierto las microfinanzas siguen siendo una vía prometedora para transformar la vida de las personas de bajos ingresos, empoderándolos para salir adelante mediante sus propios emprendimientos; pero ello requiere no solo del esfuerzo e innovación de las propias entidades de microfinanzas, sino también del apoyo de un marco regulatorio y de políticas públicas que facilite el acceso de los más pobres a un financiamiento responsable, sostenible y de calidad.

¿Hay Acceso a los Servicios Financieros?

Para mejorar el acceso de la población a los servicios del sistema financiero (aumentar la profundización financiera) es necesario aplicar reformas legales e institucionales, tales como el fortalecimiento del Registro de Garantías Mobiliarias, una ley que regule las quiebras e insolvencias, y un marco regulatorio que incentive la operación de los burós de crédito y el acceso a la información que estos proveen¿

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la conferencia Centroamérica al Día (de COPADES) que tuvo lugar la semana pasada, fue que Guatemala es el país de la Región con el menor grado de penetración financiera, cuando esta se mide como el porcentaje que el crédito bancario representa respecto de la producción: el 37% en nuestro país es menor que el 42% en Nicaragua y el 44% en El Salvador, y contrasta aún más con el 58% de Costa Rica, el 60% de Honduras y, por supuesto, el 90% de Panamá.

El tema es importante porque hay una relación entre el grado de profundización financiera de un país y sus niveles de bienestar y progreso material. Así lo demuestran estudios como el del Boston Consulting Group que ha encontrado una estrecha correlación entre su indicador de inclusión financiera (el porcentaje de individuos mayores de 15 años que poseen una cuenta bancaria) y su indicador de desarrollo económico sostenible para un amplio número de países. También existe evidencia empírica de que una mayor profundización financiera contribuye a la reducción de la pobreza y de la desigualdad.

La profundización financiera es multidimensional y, para el caso de Guatemala, no todas son malas noticias. Nuestro país es uno de los que ofrece mayor acceso físico a la infraestructura financiera. Según estudios del Fondo Monetario Internacional, el número de agencias bancarias ha crecido de 18.8 por cada cien mil habitantes en 2004, a 37 en 2014 (el promedio de Latinoamérica ese año fue de 24); además, el número de cajeros automáticos en Guatemala (si bien concentrados en las áreas urbanas del país) fue de 36 por cada cien mil habitantes, superior a los 25 cajeros en promedio latinoamericano, también en 2014.

Lo que hace falta es que ese acceso físico con el que hoy contamos se traduzca en un mayor uso efectivo de los servicios financieros por parte de la población de todos los niveles de ingreso: solo el 60% de las pequeñas y medianas empresas del país maneja cuentas bancarias (el promedio en Latinoamérica es de 92%). Si bien el relativo rezago de la penetración financiera en el país refleja una serie de factores estructurales (bajo nivel de ingreso per cápita, falta de educación financiera, prevalencia del sector informal y débil estado de derecho), mucho puede hacerse desde el gobierno para promover el acceso a los servicios financieros mediante el desarrollo de un marco legal, regulatorio e institucional apropiado y de un ambiente donde la información financiera fluya efectivamente.

Ya se ha avanzado, desde el ámbito regulatorio, en el diseño de una estrategia nacional para la inclusión financiera, la regulación de las microfinanzas y la emisión de normas para las transacciones con dinero móvil, pero aún resta mucho por avanzar en el campo legislativo e institucional. Es importante, por ejemplo, un marco legal (es decir, las leyes y su correcta aplicación) que proteja los derechos de propiedad y los derechos de los acreedores (sin lo cual se desincentiva el crédito y se alienta a los deudores a no pagar).

Otra reforma pendiente es la que fortalezca el (hasta ahora ineficiente) registro de garantías mobiliarias, ya que estas (que incluyen maquinaria y equipo) pueden hacer más accesible el crédito a las pequeñas empresas. También hace falta una ley de insolvencias que permita la salida ordenada del mercado y otorgue oportunidades de recuperación a las empresas en quiebra y a sus acreedores. Finalmente, un ambiente que propicie el flujo de información del mercado crediticio (especialmente mediante al funcionamiento de burós de crédito) resulta fundamental para propiciar una mayor inclusión financiera en el país.

¿Una Economía Positiva?

Surgieron propuestas concretas que pueden aportar a la solución de los desafíos que enfrenta la economía

El mes pasado tuvo lugar en Le Havre, Francia, el LH Forum donde se lanzó el Movimiento por una Economía Positiva. El evento, patrocinado por el Grupo Planet Finance –una organización internacional que promociona las microfinanzas entre los más pobres- fue inaugurado por el presidente francés, Francois Hollande, y reunió a un destacado número de académicos, empresarios, políticos, sindicalistas y activistas que compartieron su visión respecto de la manera en que la economía podría trascender su visión utilitarista y contribuir a la solución de los problemas de la sociedad.

En el Foro resultó evidente que el concepto de Economía Positiva no está aun claramente definido, pues aún es una idea en proceso de construcción, alrededor de la cual se busca que la actividad empresarial tenga un impacto positivo en la protección y valoración del capital humano y del capital ambiental de la sociedad. En una secuencia variada de expositores, fueron desfilando en Le Havre una serie de ideas de varios sabores y colores. Si bien es cierto que se repitieron, inevitablemente, los lugares comunes, discursos sentimentalistas y propuestas vagas que suelen presentarse en este tipo de eventos (“hay que cambiar el modelo centrado en el interés particular”, “un nuevo paradigma económico es necesario”, o “impulsemos una economía menos individualista y más solidaria”), también lo es que surgieron ideas y propuestas prácticas y concretas que bien pueden aportar a la solución de los desafíos que enfrenta la economía moderna respecto de la exclusión social y el deterioro ambiental.

Hubo una especie de consenso en torno a la importancia de las empresas como eje en torno al cual gira la economía moderna: es a través de ellas como mejor puede lograrse el impacto positivo que la actividad económica puede tener en la sociedad. Al respecto se presentaron casos inspiradores como el de la Corporación B, una iniciativa empresarial estadounidense que, basada en la convicción de que las empresas son la fuerza más poderosa para el progreso de cualquier sociedad, certifica a aquellas que sobresalen por su compromiso y resultados sociales y ambientales.

El intercambio de opiniones y experiencias entre los participantes permitió vislumbrar la evolución que habrán de tener conceptos como el de la Responsabilidad Social Empresarial, o el concepto mismo de empresarialidad como una forma efectiva de solventar los problemas sociales de la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Se hizo claro que el estado de derecho y los marcos regulatorios son esenciales para, entre otros objetivos, potenciar los efectos económicos y sociales de las “empresas sociales” (esas organizaciones que no son ONGs pero que tampoco buscan la maximización de utilidades como su fin principal).

Entre las ideas discutidas en el Foro se recalcó el potencial de las microfinanzas para ayudar a superar la pobreza a través de la empresarialidad. Se presentaron historias inspiradoras sobre el impacto humano y positivo que pueden generar no solo las empresas sociales sino las empresas convencionales (incluyendo transnacionales como Renault, KPMG, Café Illy o GDF-Suez). Se concluyó que el llamado “comercio justo” no puede ser viable si no es a través de empresas económicamente sostenibles. Se identificó a la innovación como un factor clave para un modelo social incluyente, siempre que los innovadores se vuelvan también emprendedores. Se reflexionó sobre las dos claves del éxito empresarial –capital y conocimiento- y sobre cómo la búsqueda de utilidades, sin ser un fin en sí misma, puede apuntalar dicho éxito.

Dos lecciones centrales del Foro: primero, que si se tiene la perspectiva adecuada de largo plazo, no tiene por qué existir contradicción entre la búsqueda de utilidades y el equilibrio del capital humano y del ambiental; segunda, que la existencia de instituciones robustas, funcionales e incluyentes (como la igualdad ante la ley, el estado de derecho, la libertad de empresa y la democracia misma) es una condición necesaria para una Economía Positiva en cualquier país. La nueva Economía Positiva –si llega a materializarse- solo podrá realizarse sobre la base de instituciones viables: las empresas (el agente clave de la economía positiva) no pueden surgir ni progresar en ausencia de instituciones confiables.

Para Abordar el Desarrollo Rural

La reciente propuesta de URL-USAC para abordar el tema del Desarrollo Rural es meritoria. Se trata, empero, de un asunto polémico, complejo y pasional. No obstante ello, vale la pena hacer el esfuerzo de dialogar y tratar de definir algunas políticas públicas que, con pragmatismo y efectividad, contribuyan a mejorar las deplorables condiciones en las que vive un gran segmento de la población rural del país.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

PARA ABORDAR EL DESARROLLO RURAL

El abandono del antagonismo ideológico como punto de partida para abordar este delicado tema

Ya La pobreza el principal problema del área rural guatemalteca; y también lo es la baja productividad en el campo. Ambos son las dos caras de una misma medalla, que no es exclusiva de la ruralidad guatemalteca.  Muchos expertos en desarrollo, como Abhijit Banerjee de Instituto de Tecnología de Massachusetts –MIT-, sostienen que el combate a la pobreza rural pasa porque la población transite de la actividad agrícola hacia otras actividades donde el empleo sea más productivo, sin que ello implique descuidar la inversión y la productividad en el sector agropecuario. Esta difícil transición es particularmente importante para proteger a los más pobres contra uno de los principales enemigos de su economía: la volatilidad de los precios de los alimentos.

En un mundo caracterizado por esa volatilidad de precios, la actividad agrícola no es el mejor mecanismo para que los pobres se protejan de tales vaivenes. Sin embargo, sacar a los pobladores rurales de sus actividades ancestrales, o sustituirlas con técnicas más productivas, es una tarea política y socialmente compleja, por lo que elevar la productividad en el área rural es uno de los principales desafíos para las políticas públicas en los próximos años.

En ese sentido, es oportuna la reciente propuesta conjunta de las universidades Rafael Landívar (y su instituto de ambiente y recursos naturales –IARNA-)  y de San Carlos (y su instituto de problemas nacionales –IPNUSAC-) para abordar el desarrollo rural integral de Guatemala. La propuesta se refiere a la problemática de la pobreza rural, la desnutrición crónica y la degradación ambiental, y al respecto plantea la necesidad de lograr un acuerdo nacional que defina las políticas prioritarias para enfrentar esos retos.

Entre los aspectos positivos de la propuesta destacan el abandono del antagonismo ideológico como punto de partida para abordar este delicado tema, así como la identificación de varios puntos de convergencia entre la visión economicista del desarrollo rural (que enfatiza el aumento de la productividad) y el modelo de economía campesina (que se centra en el combate a la pobreza) que, hasta ahora, eran vistos como contrapuestos. Tales puntos de convergencia incluyen la búsqueda de la competitividad, la inserción en los mercados mundiales, la subsidiariedad del Estado hacia los campesinos pobres, así como el rol primordial de la inversión privada y de la empresarialidad rural.

Si bien la propuesta de IPNUSAC-IARNA reconoce la posibilidad de construir sobre las convergencias identificadas, recomienda que los vacíos que existen en ambos modelos (economicista y campesino) se llenen en el mediano plazo mediante el ejercicio de una ciudadanía plena de los campesinos, el enfoque territorial de las políticas y el cuidado de la sostenibilidad ambiental, mientras que en el corto plazo aboga por rescatar la política de seguridad alimentaria y nutricional abandonada casi desde su nacimiento en el gobierno de Oscar Berger.

No obstante lo anterior, la propuesta de IPNUSAC-IARNA tiene algunas debilidades que deben solventarse previo a lograr un acuerdo nacional que de verdad sea útil  para el desarrollo rural. Por ejemplo, la inclusión de varias políticas polémicas como la concesión de subsidios estatales a los agricultores o la “recuperación” de tierras ociosas, que en otros países no han sido precisamente exitosas. O la curiosa defensa que hace de la iniciativa de Ley 4084, presentada por la UNE durante la actual legislatura, cuando se trata de una ley internamente inconsistente y políticamente inaplicable que resulta perversa pues, lejos de ayudar al desarrollo rural, desvía la discusión hacia temas ideológicos. Desafortunadamente, la propuesta pone dicha iniciativa de ley (así como la política de desarrollo rural del actual gobierno, igualmente inconsistente e impracticable), como un “piso” para el diálogo (pero, curiosamente, el excelente documento técnico sobre desarrollo rural que el propio IARNA preparó en 2006 en el contexto del esfuerzo del Plan Visión de País ni siquiera se menciona en la bibliografía de la actual propuesta).

Si estas debilidades logran superarse, la propuesta de IPNUSAC-IARNA es un buen punto de partida para lograr una verdadera política de largo plazo para el desarrollo rural que el país reclama con urgencia.

COMENTARIOS DE LOS LECTORES

Mar, 11/29/2011 - 10:11 — Hector Adolfo Barrera Ortiz

Este es un tiempo político  en el que analistas y los nuevos funcionarios tratan de reanimar las propuestas y el lanzamiento de nuevas ideas. Este es el caso del desarrollo rural. García Lara hace un recuento de esta dinámica de análisis a partir de las propuestas del IPNUSAC-IARNA. La perspectiva del desarrollo rural tiene varios caminos. El enfoque legalista que asume la necesidad de que el Congreso de la República apruebe una ley especifica, apoyado por la UNE, IARNA, SEGEPLAN y A. Zapata, que no es mas que la continuaciòn de un modelo que viene desde el gobierno de O. Berger, socializado por este último desde los dialógos de Visión de País. Esta orientación ya tiene un fuerte desgaste, primero por la propia presión de los partidos polìticos, el cual no lleva a ningún destino final, es la excusa para màs estudios-"consultorías", que van y vienen, ahora actualizados otra vez por A. Zapata y comitiva.
La viabilidad del desarrollo rural para por las ideas ya esbozadas por García Lara, así como los planteamientos de Abhijit Banerjee, del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), sostienen que el combate a la pobreza rural pasa porque la población transite de la actividad agrícola hacia otras actividades donde el empleo sea más productivo, sin que ello implique descuidar la inversión y la productividad en el sector agropecuario. Esta difícil transición es particularmente importante para proteger a los más pobres contra uno de los principales enemigos de su economía: la volatilidad de los precios de los alimentos.
Esto es cierto y me parece oportuno con los problemas cíclicos de vulnerabilidad alimentaria, especialmente en áreas muy pobres del país, en donde las familias, en situación de subsistencia familia, tienen como base de su economía la producciòn de maíz y frijol. Afortunadamente en los últimos dos años las lluvias han sido favorables a estos cultivos y los campesinos no han sufrido escacez de granos básicos. Pero tengamos a la vista, por que puede producirse una alarma alimentaria. Resulta que por la misma precariedad es frecuente que las familias rurales, se ven obligados a vender sus inventarios, quedando expuestos a una extrema vulnerabilidad, debido a la falta de efectivo para poder acudir al mercado. Al respecto el Programa Mundial de Alimentos, PMA-, ha generado una valiosa experiencia en el área rural en acciones de fortalecimiento organizacional, compra de excedentes de maíz, educaciòn y comprensión de lal importancia de la administración adecuada de los inventarios de granos básicos comoo un principio de gestión de las reservas alimentarias, protección de estas reservas, facilitándoles silos familiares y una visión integral del desarrollo rural, con la idea de que las familias pasen a otras actividades de mayor productividad y diversificación de sus opciones para el mejoramiento de la economía rural y fuerte apoyo a la asociatividad como una estrategia para darle sostenibilidad a los esfuerzos comunitarios.
Desde luego esta perspectiva de integralidad del desarrollo rural, tiene otras implicaciones y de aquí se desprende el otro camino que me parece màs práctivo, más viable y es el de la articulación y promoción de la institucionalidad rural. En el país ya existen muchos esfuerzos, el MAGA-ICTA, USAID, FAO, PMA, INTECAP y otras cadena de instituciones que deben coordinarse, cambiando la lógica de la práctica de hacer las cosas. Abandonar el discurso de la oferta y pasar a la lógica desde el tejido social, desde lo rural, desde lo comunitario atender las demandas de las organizaciones rurales, de los comités de mujeres rurales que ya han sido preparadas por el PMA, facilitándoles metodologias para la inclusiòn de las políticas de género, como sustento del desarrollo rural y de la economía campesina.
El potencial del desarrollo rural es parte de las reservas que el país tiene para promover la producción de alimentos, de recursos forestales y en general de los recursos naturales, tan desarticulados del empresariado rural, pero sobre todo para crear condiciones para la eliminación de la pobreza y el desempleo y la baja productividad de los empleos y los ingresos de la población rural. Pero de nuevo, el nuevo gobiernoo de debería de retomar la vía del impulso a nueva institucionalidad, despolitizada, más técnica y más comprometida, dejando por un lado la tentación de ser "ejecutores" y dejar en manos de contrapartes y organizaciones calificadas para dar asistencia técnica y  tecnologías más efiicientes. Este es el modelo que han seguido otros países más competitivos. Que el Estado sea únicamente un gestor de la política pública, pero que ésta sea expresión de la demanda de los campesinos y sus organizaciones desde lo rural.

Mar, 11/29/2011 - 12:07 — Facebook User

Pese al abandono total de las áreas rurales afectadas por la guerrilla en Guatemala se logró y se dio un gran paso con la política social que desarrollo este gobierno, porque ahora estos sectores tiene una mayor atención, realmente hay que considerar estas propuestas  e iniciativas y pese a que esta gestión ya está por concluir le compete ahora al próximo Gobierno.

Mar, 11/29/2011 - 12:32 — Sofi Ruiz

No todo será fácil y menos en temas agrarios y rurales, acordémonos que ese campo ha sido el
más olvidado y que ahora hay que volver a retomar para propiciar el desarrollo de miles de guatemaltecos.

Mar, 11/29/2011 - 12:47 — Crista Lopez

Estas son las reformas e iniciativas que se necesitan para que Guatemala pueda culminar con ese desarrollo que tanto se ha esperado,  ya se iniciaron las bases de este pero se necesita dotar a la población de las herramientas necesarias para su evolución.

Mar, 11/29/2011 - 15:06 — ssamayoa

No es dando abono "gratis", no es dando crédito "barato" por parte de una institución gubernamental (ese espacio ya lo llenan algunas ONGs, algunas reales y otras de papel), no es creando entes estatales que traten de "dirigir" el desarrollo agrario (donde está el MAGA? donde está en INTA?), el desarrollo agrario se dará cuando EDUQUEMOS a nuestros connacionales no solo en cuestiones técnicas (se le enseña algo en la escuela al niño del campo que pueda usar en sus faenas diarias? aló reforma educativa!) sino en que PUEDEN LOGRAR SALIR DE LA POBREZA. ¿Acaso no lo han hecho muchos pese a la carga cultural y a los gobiernos shutes?
A los que menos les conviene que salgamos de la pobreza es a los políticos.

Jue, 12/01/2011 - 16:55 — david castro

Como campesino trabajador de la tierra desde mis 5 años, tuve la dicha de sembrar y cosechar muchas legumbres y granos básicos; les digo a los estudiosos y politiqueros: No necesitamos limoznas, ni que se apiaden de nosotros, menos que los que dicen "pagan impuestos" reclamen que la "redistribución de la Riqueza" no les beneficia a ellos etc. etc. etc.SOLO NECESITAMOS CONDICIONES JUSTAS DE COMPRA Y VENTA DE INSUMOS Y COSECHAS respectivamente.
Es imposible sobrevivir y siendo totalmente antieconómico si hace 20 años el quintal de abono 15-15-15 costaba Q40.00 y hoy Q.200.00 (incremento del 500%), mientras que el quinta de papas, se sigue vendiendo hoy a Q,100.00 igual que hace 20 años (0% de incremento).

Inclusión Financiera

Las microfinanzas son un instrumento poderoso para incorporar a los pobres al proceso productivo, a los mercados y a la vida ciudadana. Cuando una mujer que ha estado excluida de la vida productiva se encuentra con que puede contar con un microcrédito para invertir en su pequeño negocio, o que puede ahorrar una mínima parte de sus ingresos para prevenir cualquier emergencia (o simplemente para celebrar los quince años de su hija), descubre un mundo nuevo de posibilidades de crecimiento como persona y como ciudadana. Las microfinanzas no son panacea ni la solución mágica para salir de la pobreza, pero sí son una herramienta muy útil para transitar por el camino del desarrollo sostenible.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS
INCLUSIÓN FINANCIERA

El acceso al crédito y al ahorro contribuye a reducir la pobreza cuando se usa efectivamente en actividades que generan ingresos o disminuyen riesgos. Esa inclusión financiera resulta crucial para habilitar a las mipymes para que se incorporen a la dinámica económica nacional. La literatura sobre microfinanzas subraya cómo las imperfecciones del mercado financiero impiden a los pobres obtener préstamos garantizados con sus ingresos futuros, por lo que no pueden invertir ni crecer económicamente. De allí la importancia de mejorar el acceso a las microfinanzas, especialmente en el área rural. En los últimos veinte años las microfinanzas han impulsado una expansión de los servicios financieros hacia los más pobres. Sin embargo, la demanda insatisfecha de servicios financieros es todavía enorme: algunos estudios estiman que el 68% de los adultos guatemaltecos están excluidos de tales servicios. Tal exclusión financiera inhibe a los más pobres en su habilidad de construir patrimonio, incrementar sus ingresos y administrar la incertidumbre asociada a sus actividades económicas.
La falta de acceso al crédito se debe, entre otras causas, a que los interesados (especialmente en el caso de las mujeres y los campesinos) no cuentan con documentos de identidad personal, no tienen títulos de propiedad que respalden el financiamiento o no poseen información adecuada sobre el manejo de créditos, por lo que muchos ni siquiera se atreven a solicitarlos. La oferta de servicios financieros, por su parte, es limitada en el área rural debido a factores tales como la débil infraestructura institucional, el tamaño de los mercados locales que no pueden soportar los costos fijos relacionados con las tecnologías bancarias, o las limitaciones que impone la normativa jurídica que limita el desarrollo lícito de formas alternativas de acceso al crédito. La Encuesta de Condiciones de Vida –ENCOVI- revela que los pobres del área rural del país recurren a préstamos para financiar sus actividades agrícolas y, en ocasiones, para suavizar su consumo (para atender emergencias o gastos médicos). Estos servicios pueden ser informales o formales. Los primeros tienen mayor flexibilidad e inmediatez, pero carecen de la confiabilidad, seguridad y mejor precio que normalmente ofrecen los servicios financieros formales. Por lo tanto, un reto crucial para las políticas públicas es promover el acceso a servicios financieros formales que sean tan flexibles e inmediatos como las herramientas informales, pero que sean también confiables, seguros y baratos.La inclusión financiera puede favorecerse creando un ambiente regulatorio propicio al desarrollo de las entidades proveedoras de servicios financieros. En tal sentido, conviene retomar el esfuerzo de promulgar un marco legal que permita dar certeza jurídica a la operación de las entidades de micro-crédito, las instituciones de micro-finanzas y las cooperativas de ahorro y crédito. Las regulaciones deberían incluir normas relativas al conocimiento de los clientes y al combate del lavado de activos o de la comisión de otros fraudes y delitos; también deberían velar por aspectos operativos tales como la existencia de guías para mejorar la solidez patrimonial de las entidades financieras. El objetivo sería crear un marco jurídico que permita a las entidades extender sus servicios financieros formales a los pobres, sin descuidar los niveles de riesgo de tales operaciones. Aunque grandes sectores de la población aún están excluidos del acceso a servicios básicos de ahorro y crédito, la creciente competencia y sofisticación en la gama de productos disponibles está cambiando el panorama de las microfinanzas, por lo que se requiere de políticas públicas que apoyen la maduración de esta industria mediante la acción complementaria del sector privado y del gobierno: aquél como una fuente permanente de innovación de productos y procesos, y éste en su rol de facilitador del funcionamiento y desarrollo del mercado.

Comentarios de los lectores

Luis Arriaza 13-04-2010 17:55:15 horas
Muy interesante columna como siempre. Sin embargo Mario Alberto, también se debe tomar en consideración los aspectos culturales y de educación en el área rural, los cuales son también un impedimento para el crecimiento de la bancarización y el acceso financiero.

Mynor Rene Flores 13-04-2010 19:52:59 horas
Excelente artículo lo felicito, me gustaría que escribiera más al respecto. En mi opinión el sistema financiero está diseñado para favorecer una élite que se presta el ahorro nacional, créditos vinculados, créditos de consumo (tarjeta de crédito) que sólo permite esclavizar a tarjetahabiente y no se avanza en lo verdaderamente virtuoso que sería el crédito productivo con baja tasa de interés y que generaría fuentes de empleo.

Microfinanzas Frente a la Crisis Mundial

Las microempresas han estado recibiendo un impulso clave (mediante el otorgamiento de préstamos y de otros servicios financieros) por parte de las instituciones de microfinanzas, lo que les ha permitido desarrollarse y prosperar. Por desgracia, las instituciones de microfinanzas no han estado exentas de sufrir los rigores de la crisis económica mundial, tanto por el lado de sus fuentes de financiamiento (las remesas y los préstamos externos) que se han reducido, como por el lado de los clientes (al caer la actividad económica y las remesas se deteriora la capacidad de pago de sus clientes). La semana pasada tuve el honor de participar en un foro sobre este tema, a lo cual me refiero en la opinión publicada en Siglo XXI esta semana. Aquí les va...

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

MICROFINANZAS FRENTE A LA CRISIS MUNDIAL

El considerar a los pobres o a los tradicionalmente excluidos del mercado (como, por ejemplo, las mujeres del área rural) como clientes potencialmente rentables, en vez de verlos como sujetos necesitados de caridad, ha sido el enfoque que ha hecho de las microfinanzas una actividad extraordinariamente dinámica en Guatemala y en el mundo entero durante las últimas dos décadas. La crisis económica mundial, sin embargo, ha tenido un fuerte impacto sobre las remesas familiares, el turismo, las exportaciones y los flujos de crédito hacia los países en desarrollo, afectando negativamente los segmentos del mercado atendido por las instituciones de microfinanzas. En ese contexto, la semana pasada fui invitado a participar como panelista en una discusión sobre cómo deben afrontar estas instituciones la actual crisis, todo ello en el marco del Cuarto Congreso Regional de Remesas, Microfinanzas y Bancarización.

En dicho foro se discutió que, aunque la instituciones de microfinanzas son muy diversas (las hay lucrativas y no lucrativas, las que reciben depósitos del público y las que no lo hacen, las que dependen de donaciones externas y las que son autosuficientes, las que son bancos y las que son ONGs), la creciente integración de esta actividad en las corrientes financieras internacionales ha generado una mayor vulnerabilidad de tales instituciones ante los ciclos económicos mundiales y los riesgos de que sus carteras se deterioren ha aumentado ante los efectos de la crisis. Una primera lección que surge de la actual coyuntura es que las entidades de microfinanzas que han logrado capear el temporal más fácilmente son aquellas que contaban con una solidez patrimonial holgada antes de la crisis, al igual que aquellas que han descansado en fuentes locales para la obtención de recursos prestables, ya que las fuentes externas se han restringido durante la crisis, generando mayores riesgos de volatilidad de la liquidez y de la tasa de interés, así como un mayor riesgo cambiario.

Lo anterior conduce al debate acerca de si las entidades de microfinanzas deberían o no estar facultadas para recibir depósitos del público o si mejor deberían actuar en alianza con los bancos comerciales, captadores de depósitos por antonomasia. En cualquier caso, el marco legal que regula las microfinanzas en Guatemala no es el más apropiado para enfrentar una crisis como la actual, y su modernización es una labor pendiente que está durmiendo innecesariamente el sueño de los justos en las comisiones legislativas.

Por otra parte, la reducción del flujo de remesas familiares puede estar afectando la capacidad de pago de muchos usuarios de microcrédito, lo cual podría redundar en un deterioro de la calidad de la cartera crediticia de las entidades de microfinanzas, razón de más para fortalecer su capital, diversificar su clientela y modernizar su marco legal pero, sobre todo, para encontrar fórmulas que permitan renegociar los créditos en condiciones satisfactorias tanto para los usuarios como para las entidades prestamistas, a manera de evitar que los atrasos se conviertan en impagos absolutos. En este campo el rol de los burós de crédito (en los que las entidades de microfinanzas pueden intercambiar referencias de sus potenciales clientes) se vuelve fundamental y clama por su institucionalización y su efectiva regulación.