Los Siete Pecados de la Sociedad

La ausencia de instituciones sólidas y eficaces sí es garantía del deterioro ético y moral de la sociedad, así como del fracaso de los países.

En octubre de 1925, Mahatma Gandhi publicó en un periódico de su India natal una lista de lo que consideraba las siete actitudes sociales –que podríamos llamar “anti instituciones”- que debilitan, socavan y, finalmente, destruyen las posibilidades de convivencia pacífica y de prosperidad material de cualquier país. Estos siete pecados sociales –que reflejan la pérdida de los valores esenciales, de las virtudes personales y de la ética; es decir, un deterioro de la cultura de las naciones- están evidentemente presentes en nuestra realidad cotidiana y amenazan con destruir nuestras posibilidades de desarrollo.

Uno, la política sin principios: nuestro sistema político se ha deteriorado continuamente, al punto que el principal incentivo por el cual las personas se involucran en la política partidista parece ser la búsqueda de enriquecerse –legal o ilegalmente- mediante el control de los recursos del erario público. Un resultado nefasto de este pecado es que las personas éticas y con principios prefieren alejarse del quehacer político, dejando la cancha libre a los menos capaces y más corruptibles. Dos, la riqueza sin trabajo: nuestra tendencia a celebrar al más listo, al que evade impuestos, al que piratea la señal de cable del vecino, al que se hace rico de la noche a la mañana con un negocio turbio, aunada a la ausencia de justicia, han normalizado el parasitismo social.

Tres, el placer sin responsabilidad: cuando no va acompañada del ejercicio de la responsabilidad, la legítima búsqueda del goce personal degenera en vicios que en última instancia causan costos a toda la sociedad (ya sea por los costos médicos, por el tiempo laboral perdido o por los daños ambientales que tales vicios generan). Cuatro, los negocios sin moral: el incumplimiento de contratos, la deslealtad al competir, la búsqueda de privilegios y “conectes” con el gobierno son todas prácticas que han proliferado, dañando gravemente el clima de negocios y la eficiencia de la economía.

Cinco, la ciencia sin humanidad: se ha hecho común emitir estudios técnicos (de impacto ambiental, de supervisión de obras públicas, de calidad de medicamentos) que utilizan la ciencia con fines perversos que acaban por infligir un severo daño a toda la ciudadanía. Seis, la religión sin sacrificio: el evangelio de la prosperidad y el de la licencia para pecar –ante la misericordia divina que todo lo perdona- generan un divorcio entre la fe que se dice profesar y la vida que se vive, lo cual termina por convertir a las iglesias en instrumentos al servicio de ladrones y corruptos. Y siete, la educación sin carácter: un magisterio no solo mal preparado, sino que más interesado en obtener privilegios sin esfuerzo que en formar a la niñez, es una receta para inculcar mediocridad y falta de carácter en las generaciones futuras.

La proliferación de estos siete pecados socava las instituciones gubernamentales, pero, al mismo tiempo, la debilidad de esas instituciones fomenta que tales pecados se cometan cada vez con más impunidad, configurando así un perverso círculo vicioso. Es cierto que una reforma institucional no es garantía de nada, pero también lo es que la ausencia de instituciones sólidas y eficaces sí es garantía del deterioro ético y moral de la sociedad, así como del fracaso de los países.

En Defensa de las Migraciones

Aunque no suelen ser populares (en el país que los recibe) los inmigrantes siempre han sido, a lo largo de la historia, una fuerza positiva para el progreso cultural y material de las naciones

Soy hijo de un inmigrante; más precisamente, de un refugiado de guerra. Guatemala recibió a mi padre de buen agrado, y aquí encontró acogida, empleo, esperanza, amor y prosperidad. Aquí maduró y formó una familia. Y aquí murió. Sé muy bien, por propia experiencia, que desde un punto de vista personal y familiar, la migración es un fenómeno que, sin estar exento de dolor y exigencias, puede dar frutos abundantes que benefician tanto al migrante como a la nación anfitriona.

De mi padre aprendí los elementos básicos del liberalismo (decimonónico, el de mi abuelo), y supe desde pequeño que cuanto más abierta esté una sociedad al libre tránsito de bienes y de personas, más próspera y civilizada será. El liberalismo --en oposición al populismo hoy tan de moda- generalmente favorece no sólo el libre comercio y la libre movilidad de capitales, sino también el libre movimiento de trabajadores, como factores que propulsan el desarrollo de las naciones.

Soy, además, economista, y en las aulas y en los libros aprendí que los flujos de migrantes (especialmente si son legales) resultan muy beneficiosos para la economía de los países recipiendarios. Los migrantes calificados llevan consigo conocimientos y pericias que generan empleo y riqueza. Los migrantes no calificados también contribuyen a la economía del país receptor al desempeñar labores que los locales no pueden o no quieren realizar. Sin migrantes, las economías de los países industrializados (aquejadas por el decrecimiento o el envejecimiento poblacional) habrían dejado de crecer.

Por todo ello, me llena de desconsuelo la ola de sentimientos anti-inmigración que se expande por el mundo. Me preocupa más aún que esos sentimientos incluyan el rechazo a los refugiados de guerra que solo buscan un lugar de amparo para sobrevivir y reconstruir su existencia. Y es triste que esto esté ocurriendo en países compuestos principalmente por inmigrantes (como Australia, Nueva Zelandia o los Estados Unidos de América) que parecen sufrir ahora de una “fatiga de compasión” hacia los migrantes.

Es cierto que las migraciones masivas y crecientemente ilegales requieren de ciertas regulaciones y de un tratamiento cuidadoso. Pero los temores respecto de que los migrantes roban los puestos de empleo a los trabajadores nativos, o que solo llegan a aprovecharse de los beneficios sociales del país anfitrión, o que son el germen de los movimientos terroristas, son todos temores infundados o, al menos, evidentemente exagerados.

La realidad histórica es que las migraciones han sido beneficiosas, aunque hay que reconocer que rara vez han sido populares. Por eso corresponde contrarrestar las preocupaciones y recelos que las migraciones despiertan con argumentos científicos y, sobre todo, con políticas públicas adecuadas para demostrar y potenciar los efectos positivos de las migraciones. Ello debe hacerse tanto a nivel multilateral (como el Pacto Mundial para una Migración Segura que se discute en la ONU), como a nivel de políticas domésticas bien diseñadas (como la ejemplar política migratoria de Canadá).

Guatemala también debe tener una política migratoria bien estructurada y de doble vía, que no solo defienda internacionalmente el derecho de los guatemaltecos de emigrar, sino que acoja sistemática y ordenadamente a quienes buscan nuestro país como destino. Los movimientos migratorios son inevitables y, si son ordenados y bien administrados, siempre son beneficiosos. No debemos cansarnos de afirmarlo en medio de esta ola de nacionalismos y aislacionismos que amenazan el progreso de las naciones y la paz mundial.

La Corrupción y el Debilitamiento de las Instituciones

Es mentira que el combate frontal a la corrupción debilita la eficiencia en la administración pública. Sería un craso error admitir que puede tolerarse un poco de corrupción a cambio de que la administración pública no se vea paralizada. La actitud correcta debe ser la de tolerancia cero a la corrupción.

Hace algunas semanas leí y escuché, no sin asombro, a algunos analistas políticos que se preguntaban si la lucha contra la corrupción que el país está librando desde abril de 2015 estaba ocasionando -como un daño colateral imprevisto- un debilitamiento de la institucionalidad pública. Nada más alejado de la verdad. Creo -al contrario de lo que dicha duda sugiere- que la lucha contra la corrupción y las instituciones se fortalecen mutuamente.

Por un lado, cualquier esfuerzo organizado para luchar contra la corrupción sólo puede ser exitoso si las instituciones que lo impulsan son efectivas; esto implica que la Contraloría de Cuentas, el Ministerio Público, la policía y los juzgados involucrados deben estar coordinados y ser eficientes. Por otro lado, mientras más efectivo sea el combate a la corrupción, más eficientes serán no solo estas instituciones directamente encargadas de llevar a cabo tal combate, sino el aparato estatal entero.

Quizá sea cierto que, en algunos casos, las batallas que se han librado en meses reciente contra el cáncer de la corrupción hayan podido ocasionar una ralentización en el -ya de por sí lento- desempeño de la burocracia pues, hasta antes de las acciones emprendidas por la CICIG y el Ministerio Público en contra del robo al erario público, no era habitual que en los actos de la administración se velara por el cumplimiento estricto de ciertos estándares de transparencia y se respetaran estrictamente las normas y regulaciones vigentes. Al tenerse más cuidado ahora en estos aspectos, algunos procesos estatales pudieron haberse entorpecido. Pero seguramente, a mediano y largo plazo, si la lucha contra la corrupción tiene éxito, las instituciones se verán fortalecidas y el funcionamiento del aparato estatal será, a la larga, más efectivo.

Sería un craso error admitir que puede tolerarse un poco de corrupción a cambio de que la administración pública no se vea paralizada. La actitud correcta debe ser la de tolerancia cero a la corrupción. Pero, paralelamente a una profundización de la estrategia anti-corrupción, deben ampliarse los esfuerzos de fortalecimiento de las instituciones del Estado. Tales esfuerzos implican, en primer lugar, la revisión y puesta al día de los marcos que rigen el quehacer de dichas instituciones.

Lo anterior demanda un esfuerzo tanto del Organismo Ejecutivo (a nivel de reglamentos) como del Legislativo (a nivel de leyes) para dotar a las instituciones de marcos regulatorios adecuados para ser efectivas. Los elementos clave de un buen marco regulatorio institucional incluyen: claridad respecto del mandato de cada institución (sus fines y funciones, y las herramientas para lograrlos); su estructura de gobernanza interna, incluyendo sus pesos-contrapesos internos y sus sistemas de rendición de cuentas; su grado de autonomía operativa y financiera (para blindarlas de influencias de grupos de poder o de interferencias políticas); y, los criterios de elegibilidad, así como las normas y procedimientos para el nombramiento y remoción de sus autoridades.

Además del marco regulatorio, las instituciones estatales requieren de un cuerpo de tecnócratas técnicamente capaces y debidamente remunerados lo cual, evidentemente, implica una profunda reforma del sistema del servicio civil nacional. Esto, al igual que el esfuerzo completo de fortalecimiento institucional, reclama de un liderazgo político firme y decidido. El primer paso debería ser, con carácter de urgente, el censo de empleados públicos anunciado por el Presidente en los primeros meses de su mandato. Lamentablemente, de dicho censo aún no se ha sabido nada.

El Peso de la Desconfianza

La profunda desconfianza, el "sospechosismo" sobre la "agenda oculta" del otro, el recelo respecto de la ideología contraria, nos están llevando a una situación de polarización y maniqueísmo que no solo impide el avance de las reformas que el país necesita, sino que impone costos enormes sobre la vida económica, política y social del país

Uno de los más pesados lastres que impiden que en Guatemala avancen las acciones, políticas y actividades cotidianas necesarias para el progreso del país es la profunda desconfianza que impera tanto en las relaciones entre unos y otros, como en las actitudes frente a las autoridades y a las instituciones.

La más reciente encuesta de Latinobarómetro revela que la sociedad guatemalteca manifiesta una severa falta de confianza: somos el país con porcentaje más bajo (31% de los encuestados, en comparación con el 54% regional) que confían en la democracia como sistema de gobierno; sólo el 20% de guatemaltecos cree que se puede confiar en la mayoría de las personas; muy pocos (34%) le confieren alguna credibilidad a la política y a los políticos; sólo el 15% (versus el 24% de los latinoamericanos) cree que el país está progresando. No sorprende, entonces, que seamos el país donde el mayor porcentaje de ciudadanos encuentra justificada la evasión de impuestos. La desconfianza generalizada en las autoridades se confirma en otras encuestas de opinión ciudadana que ubican a los partidos políticos, los sindicatos, el Congreso, el Gobierno Central y el Organismo Judicial como las instituciones menos confiables del país.

La extrema ineficiencia de los tres poderes del Estado, manifestada en la omnipresencia de la corrupción, y provocada fundamentalmente por un sistema político conformado ex profeso para esquilmar el erario público, explica y justifica las actitudes prevalecientes de desconfianza. Esta se manifiesta, por un lado, en un sospechosismo  -como dicen los mexicanos- y un recelo automático respecto de las intenciones que pueda haber detrás de cualquier propuesta que se plantee y, por otro, en una tendencia automática a encasillar (y generalizar) ideológicamente a quien se atreva a hacer propuestas.

Lo anterior está derivando en una peligrosa polarización de opiniones y posiciones en la dinámica pública del país. Ello se ha visto claramente, por ejemplo, en la reciente discusión de las reformas constitucionales al sector justicia: o se está en el bando que las apoya ciegamente, o en el que las adversa férreamente. Cualquier posición intermedia que reconozca que dicha propuesta de reformas tiene virtudes que deben preservarse, pero también defectos que deben corregirse, es vista, por un bando, como una actitud de obstaculización al progreso de país y, por el otro, como una traición a la sagrada soberanía nacional.

Desde el punto de vista de la eficiencia económica de las interacciones sociales, la desconfianza generalizada se traduce en unos elevados costos de transacción para la sociedad que, entre otros efectos nocivos, hace que a nivel privado los acuerdos contractuales deban ser blindados por un sinnúmero de cláusulas para prevenir el fraude, y que a nivel público se estanque la aplicación de políticas públicas virtuosas. Numerosos estudios demuestran que la falta de confianza en la sociedad obstaculiza el crecimiento económico, obstaculiza el comercio, afecta el desarrollo financiero, entorpece la innovación y el emprendedurismo, e impide la necesaria cooperación para la provisión de bienes públicos.

Percepciones de la Economía

Los guatemaltecos están desencantados de la democracia y, en general, con política. Pero también lo están (y esta puede ser la razón de lo anterior) con la situación económica del país. Aún así, parecen estar felices con sus vidas...

Cada año la encuesta de Latinobarómetro proporciona información muy ilustrativa sobre las percepciones de los latinoamericanos respecto de la situación política y su visión sobre la democracia, pero también arroja interesantes datos sobre la forma en que los habitantes de la región perciben su situación económica y de bienestar general. Para el caso de Guatemala, la más reciente encuesta, publicada este mes, aporta sorprendentes revelaciones.

De todos los latinoamericanos, los guatemaltecos son quienes menos apoyan la democracia: solo un 31% de los encuestados dijo preferir la democracia a cualquier otra forma de gobierno (el promedio de América Latina fue de 54%). Guatemala es también, junto con Uruguay, la sociedad que menos credibilidad (34%) confiere a los políticos (contra un 46% para el promedio latinoamericano). En gran medida, esa insatisfacción con la democracia y el sistema político refleja una insatisfacción ciudadana respecto de su bienestar económico.

En efecto, solo un 15% de los guatemaltecos (contra un 24% de los latinoamericanos) cree que el país esté progresando y solo un 18% (20% para Latinoamérica) está satisfecho con la situación económica del país. Al igual que el resto de la región, en Guatemala se percibe que los problemas más importantes del país están asociados a la inseguridad, el desempleo, el estancamiento económico y la corrupción.

El 20% de los guatemaltecos encuestados consideran que la delincuencia es el principal problema del país, mientras que el 28% de los encuestados lo ven en el campo económico (desempleo, falta de crecimiento y pobreza). Lo más preocupante es que Guatemala es el país donde la población está más aterrada con la delincuencia: un 26% teme todos los días ser víctima de un acto delictivo (contra un 12% en la región). Ese estado de psicosis es, por supuesto, un importante obstáculo para la actividad económica.

La corrupción (otro importante lastre para la economía) también es percibida por los guatemaltecos como un problema importante; y, aunque un buen porcentaje (58%) de los encuestados confía en que la corrupción puede combatirse, un preocupante 40% estaría dispuesto a tolerarla a cambio de que el gobierno solucionara los otros problemas esenciales del país. Lo que es más grave, la elevada tolerancia a la corrupción se manifiesta también en que el guatemalteco es el latinoamericano que más justificación le ve a la evasión de impuestos.

Lo anterior no solo es compatible con la desconfianza que se tiene respecto del gobierno y el sistema político, sino también lo es con la insatisfacción que los guatemaltecos manifiestan respecto de su situación económica: el 60% de encuestados manifestó que sus ingresos no le alcanzan para vivir, porcentaje que no solamente es muy superior al de Latinoamérica en promedio (46%), sino que es el segundo más elevado de la región, solo inferior al de Venezuela.

De lo anterior podemos extraer una conclusión importante: los resultados del Latinobarómetro 2016 para Guatemala apuntan a que muchos de los puntos débiles que percibe la ciudadanía tienen qué ver con la debilidad de las instituciones estatales y con la ineficiencia (o ausencia) de los servicios gubernamentales esenciales, lo cual sugiere los temas que deberían centrar la atención de las políticas públicas prioritarias. Otro hallazgo importante: a pesar del desencanto con la política y la economía, el 70% de los guatemaltecos encuestados manifestó sentirse satisfecho con su vida. Eso se llama optimismo… o paciencia franciscana.

El Estado Ausente

La búsqueda e impulso de una agenda básica de país debería ser la que ocupara los espacios de opinión pública y los esfuerzos del liderazgo nacional, en vez de hacerlo los escándalos de corrupción, racismo e ignorancia con los que nuestros políticos colman las noticias.

La ausencia del Estado, de sus instituciones y de sus servicios básicos en amplias áreas del territorio guatemalteco es uno de los desafíos centrales para lograr el desarrollo económico-social del país y mejorar el bienestar de su población. Desde el punto de vista económico la ausencia del Estado, y la pobre institucionalidad en general, generan un campo fértil para la ingobernabilidad y la violencia que ahuyenta la inversión de todo tipo, incluyendo la inversión en capital humano y en instituciones.

La presencia del Estado explica en gran medida el contraste que muestra la evolución de países como Corea del Sur o China, por ejemplo, con gobiernos políticamente estables y protectores de la propiedad y la seguridad ciudadana que han logrado niveles de inversión y crecimiento suficientes para reducir significativamente la pobreza, en comparación con países como Guatemala que muestran escasos avances en materia de productividad y combate a la pobreza.

Es sabido que existe un muy reciente análisis elaborado en el Ministerio de Finanzas Públicas en el que se mapea la provisión de servicios públicos esenciales (de salud educación, seguridad, etcétera, que valen como indicadores de la presencia o ausencia del Estado) en el territorio nacional y se compara con los indicadores de pobreza en las distintas regiones. El resultado (que no tiene que sorprender a nadie) es que los indicadores de pobreza son más agudos en aquellas áreas donde el Estado está más ausente.

Tales hallazgos solo refuerzan la evidente necesidad de que el gobierno, con carácter de urgencia, impulse y adopte un marco muy preciso de políticas públicas básicas que guíen su accionar para propiciar un aumento sensible en la productividad, el crecimiento económico y el bienestar, a sabiendas de que muchas políticas de carácter estructural enfrentarán la oposición de las fuerzas ocultas que no quieren que cambie nada, de los populistas que se inclinan por soluciones baratas pero insostenibles y de quienes desean mantener viva la confrontación ideológica que tanto daño ha causado a Guatemala.

Resulta imprescindible identificar áreas clave de acción –como la nutrición, la educación, la salud, la infraestructura y el sistema de justicia- que impacten positivamente en la capacidad productiva del país y propicien un aumento en el nivel de ingresos de la población. Este tipo de políticas públicas, por supuesto, no genera resultados instantáneos: no se puede cosechar el mismo día que se siembra. Por ello se requiere de liderazgo político que sepa comunicar a la ciudadanía (y a los contribuyentes) los sacrificios que deben hacerse en el corto plazo para lograr los beneficios de largo plazo.

La búsqueda e impulso de una agenda básica de país debería ser la que ocupara los espacios de opinión pública y los esfuerzos del liderazgo nacional, en vez de hacerlo las historias chuscas y los escándalos cotidianos de diputados, funcionarios y exfuncionarios públicos. Por fortuna, la reforma del sector justicia parece, ¡por fin!, ser uno de los temas de Estado que tanto hacen falta debatir e impulsar.

Pero para que una agenda de Estado avance, es necesario que la población recupere (si es que alguna vez la tuvo) la fe en las instituciones públicas, en su transparencia y en su rendición de cuentas. Para empezar, sin duda, el primer paso es reformar el sistema político imperante pues, como me dijo un amigo politólogo, “así como estamos el sistema no puede combatir la corrupción, porque la corrupción es el sistema”.

Se Busca un Líder Como Simeone

¿Es posible para un Estado como el guatemalteco extraer lecciones del liderazgo del “Cholo” Simeone?

Aprovechando los aires veraniegos, divaguemos un poco sobre lo que un país como el nuestro, hambriento de liderazgos inspiradores, puede extraer como lecciones desde el lejano ambiente del futbol profesional; ese donde el líder de moda es un hombre que convirtió a una institución fallida y destrozada por dentro, en un ejemplo de resurrección y esperanza.

Bajo el liderazgo de Diego “el Cholo” Simeone, el club Atlético de Madrid no sólo recobró el prestigio perdido, sino que logró obtener más títulos en sus tres años como entrenador que todos los que el club obtuvo en los 25 anteriores. ¿Es posible para un Estado como el guatemalteco, que coquetea con el colapso y el suicidio colectivo, extraer lecciones del liderazgo de Simeone?

Son cinco las claves de ese liderazgo que, si fueran adoptadas por nuestros dirigentes, quizá conjurarían el espectro del Estado fallido. La primera clave es creer que se puede. El Cholo encontró un Atlético de Madrid en decadencia, con una dirigencia corrupta y sin credibilidad, financieramente deficitario y con muy escasos logros (hasta con un descenso breve a segunda división). Algo parecido a nuestro país.

El Cholo, que había conocido otro Atlético distinto (luchador en las adversidades, capaz de hacerle frente a los más grandes –con muchos menos recursos- y orgulloso de su historia), le inyectó a jugadores, dirigentes y afición un espíritu de optimismo, de fe en sí mismos e ilusión compartida. Y les dijo a todos que “el que no crea, que no moleste”. Cuánto bien le haría a Guatemala, sumida en la anomia y el cinismo colectivo, un liderazgo que nos hiciera creer que podemos ser un país exitoso; que podemos ser una sociedad más próspera y solidaria; que podemos decirle al que no quiera compartir esa fe que no moleste.

La segunda clave es el trabajo en equipo. Simeone encontró un club dividido en facciones, donde cada quien se conformaba con dar lo mínimo y nadie confiaba en nadie. Parecido a la Guatemala de hoy. Pero el Cholo, así como inyectó optimismo, también infundió una buena dosis de realismo: sólo el trabajo duro produce frutos; sólo con perseverancia se puede mejorar. Contrario a lo que prometen los políticos tercermundistas, no hay soluciones mágicas. Eso significa, lo mismo para un club de futbol que para una sociedad, que el trabajo en equipo implica que cada quién haga lo que le toca y contribuya con lo que el otro hace.

La tercera clave es la ilusión por ganar. El Atlético que encontró Simeone se arrastraba en la mediocridad de la media tabla; y, ante la frustración generalizada, tenía más de diez años de no vencer a su más acérrimo rival (el otro equipo de Madrid). Como Guatemala, que tiene años de no salir de los peores lugares en los índices de desarrollo humano, de competitividad o de transparencia. Pero el Cholo devolvió la ambición  a su equipo, les inculcó un estilo y unas señas de identidad  a las cuales se aferraron hasta lograr el éxito. Eso sí, con flexibilidad, dispuestos a adecuarse a las circunstancias, sin perder de vista su objetivo: ser tan competitivo como los otros y, de paso, vencer de nuevo –y repetidamente- a su rival histórico.

La cuarta clave es ir partido a partido. Al sumar fe, trabajo y ambición, resulta importante ahuyentar los fantasmas del pasado tanto como los del futuro. Lo que importa es el próximo partido; no el de ayer ni el de mañana. Para Guatemala, eso significaría dejar en el pasado los traumas de la confrontación y no angustiarse porque otros países nos lleven la delantera; concentrarnos en lo problemas de hoy: la corrupción, la desnutrición y la debilidad institucional. Si vamos partido a partido podemos mantener la visión de largo plazo pero centrando los esfuerzos en los temas urgentes del momento.

La quinta clave es pasión y orgullo. Simeone sabía cuando llegó como entrenador que, pese a sus horas bajas, el Atlético de Madrid era un equipo altivo, de arraigo y tradiciones; con un pasado del cual enorgullecerse y con una base social valiosa. Como Guatemala, pues. Y a partir de ese orgullo y de esa base pudo recobrar la dignidad y obtener éxitos, partido a partido. Quizá reflexionando sobre estas trivialidades durante el descanso de Semana Santa, podamos ser capaces de pensar que con un liderazgo de ese estilo tal vez Guatemala tendría un mejor futuro.

Nihilismo Moral en la Política

Según la escala de valores imperante en la política nacional, el santo patrono de nuestros políticos bien podría ser Poncio Pilato

La suspensión (provisional) de varios artículos de la ley del presupuesto estatal para el ejercicio fiscal 2015, recientemente decretada por la Corte de Constitucionalidad, es una bocanada de esperanza para quienes creemos que aún es posible evitar en el año electoral un deterioro (aún mayor al existente) en la transparencia y efectividad del gasto público. Y aunque la suspensión pude ser revertida en la resolución final de la Corte, hasta ahora representa una reivindicación moral para quienes –resistiéndonos al pragmatismo imperante- creemos que la política debe estar acotada por principios éticos elementales.

Hace algunas semanas, en una conversación con un grupo de amigos –que incluyó algún politólogo allegado al partido de gobierno- escuché severas críticas a la posición pública del G40 –grupo de analistas económicos y expertos fiscales- en la que señalaba que la forma en que el Congreso aprobó el presupuesto había generado varias disposiciones atentatorias contra la transparencia y calidad del gasto. Entre tales disposiciones destacan la que autoriza que se contraten ONGs para la ejecución de obra pública, la que permite ejecutar gasto sin contar con los certificados de disponibilidad presupuestaria (normas que contradicen los preceptuado en la Ley Orgánica del Presupuesto), o la que establece una partida de gasto sin fin específico de más de Q1,900 millones a cargo del Ministerio de Comunicaciones.

Quienes criticaban la posición del G40 –todos ellos personas serias y decentes- aducían que ésta era ingenua, ya que lo actuado por el Congreso no solo era legal sino que, además, el Legislativo estaba en su derecho de aprobar una ley (la anual del presupuesto) que contradijera claramente lo dispuesto por otra (la Ley Orgánica del Presupuesto) si ello convenía coyunturalmente a sus intereses políticos. En otras palabras, que los técnicos (ya sea del G40 o de las comisiones legislativas que diseñaron la Ley Orgánica del Presupuesto) pueden aducir lo que quieran, pero que los políticos son los que mandan.

De nada sirvió tratar de explicarle a los críticos que el punto central del G40 era de naturaleza ética: el presupuesto aprobado no sólo contradice la letra y el espíritu de la Ley Orgánica, sino que significa un enorme riesgo (casi una certeza) de que el presupuesto de 2015 se ejecutará con opacidad, ineficiencia y corrupción. Evocar valores éticos no parece ser de utilidad en una realidad como la nuestra, agobiada por un sistema político en el que el objetivo principal de la política ya no es ejercer el poder para impulsar ideas, sino acceder a los recursos públicos para enriquecerse. Aquí, introducir el tema ético en el debate solo conduce a un inútil juego de palabras.

En este ambiente, quien quiera tener éxito en la política parece estar condenado a practicar el nihilismo moral que le quite el lastre de la ética para poder progresar ágilmente en un ejercicio del poder político sin ideología y sin ideales. El santo patrono de la política criolla bien puede ser Poncio Pilato, aquél funcionario que ejerce el poder sin que le importen ni la verdad, ni la justicia, ni hacer lo que es correcto, sino que actúa en función de mantener sus privilegios y se justifica en los procedimientos.

En la lógica de Pilatos, resulta irrelevante que el presupuesto aprobado por el Congreso para 2015 esté repleto de incongruencias y de normas que propician la corrupción, pues lo importante es que el Legislativo ejerció su poder cumpliendo las normas del sistema político actual. Cualquier argumento técnico o moral resulta peligroso para la soberanía de la política pues le recorta las alas.

Esa visión miope no alcanza a ver que la ética no solo es compatible con la política, sino que en un sistema democrático resulta necesaria para darle sustento y sostenibilidad. No alcanza a ver que apropiarse de fondos públicos para beneficio propio y del partido político es robar. Lo mismo que evadir impuestos, traficar influencias o hacer negocios a costillas del fisco. Y robar es siempre –cualquiera que sea la situación histórica, el sistema político o la realidad cultural imperante- una acción reprobable, inmoral y perjudicial para la sociedad. Cualquier sistema político que no reconozca esto, por muy pragmático que sea, debe estar condenado al fracaso.

Nadie le Cree a Nadie

Construir el capital social  es un esfuerzo que el país demanda de su liderazgo

Con frecuencia, la esencia y el carácter de un país son percibidos con mayor claridad por los extranjeros que han vivido en él. Carlos Castresana, para bien o para mal, es uno de esos extranjeros a los que por razones profesionales les ha tocado vivir en Guatemala y se han formado una opinión concreta de nuestra realidad. En una reciente entrevista televisiva, Castresana describió a la sociedad guatemalteca como una “en la que nadie cree a nadie” y donde “la mentira está instalada como parte del discurso”.

Independientemente de que se esté o no de acuerdo con las obras y pareceres de quien fuera el primer jefe (entre 2007 y 2010) de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG- , es difícil negar que lleva razón el abogado español al sintetizar tan lapidariamente el talante receloso, evasivo y artificioso que suele  manifestar el comportamiento social del guatemalteco típico. La tradicional amabilidad del guatemalteco con el visitante del exterior no se repite fácilmente en el trato con los connacionales fuera del círculo familiar.  Existe cierta reticencia entre personas que no se conocen entre sí para colaborar en pro del bien común. Este fenómeno de escasez de capital social es perjudicial para el desarrollo del país.

Las raíces de esto pueden encontrarse en la historia: la conquista violenta, el mestizaje no aceptado y, sobre todo, la guerra civil que aún deja secuelas de profundas suspicacias mutuas entre los bandos en conflicto, seguida de una paz endeble cuya cruda realidad desmoronó rápidamente las grandes expectativas que había planteado. Con un Estado débil, corrompido y disfuncional, la desconfianza y la desilusión ciudadana respecto del gobierno se profundizó; la apatía y el fatalismo se fueron generalizando.

Todo lo anterior tiene implicaciones importantes respecto de la capacidad del país de progresar económica y socialmente. Para que un país democrático con una economía de mercado funcione de manera eficaz, la colaboración entre sus ciudadanos es tan importante como la competencia. Ciertamente, el capital físico (infraestructura y equipo) y el capital humano (capacidades y conocimientos de las personas) son importantes para el desarrollo de cualquier país. Igualmente, las instituciones fuertes y eficientes, así como un medio ambiente sostenible, son factores necesarios para el progreso. Pero, además de lo anterior, el capital humano –es decir, la confianza mutua entre los miembros de la comunidad, que genera redes y valores compartidos que, a su vez, incentivan la cooperación social- es esencial para la productividad, el crecimiento económico y el bienestar social.

Diversos estudios indican que mientras más confíen entre sí las personas, mejor será el desempeño de la sociedad en la que habitan ya que, por ejemplo, podrán trabajar juntos de manera más eficiente. También para las empresas, operar en un ambiente de mejor capital social haría innecesarios muchos contratos y salvaguardias complicados, y así ahorrarían en gastos legales y administrativos. Otros estudios indican que los empresarios de los países más pobres son reacios a confiar la administración de sus empresas a personas que no pertenecen a su círculo cercano: temen que esa gente les robe y que el sistema judicial no los proteja. Este temor limita la capacidad de las buenas empresas de expandirse. Por el contrario, los países con mayores niveles de capital social –es decir, de confianza-, por lo general tienen una mayor productividad y por ende son más ricos, en parte porque las buenas empresas tienen más recursos humanos e institucionales a su disposición.

De manera que construir el capital social (o reconstruir el tejido social, que algunos le llaman, si es que alguna vez lo hubo) es un esfuerzo que el país demanda de su liderazgo. No es algo sencillo de lograr en un ambiente de añejos enfrentamientos ideológicos, de corrupción generalizada y de sistemas judiciales en deterioro. Pero es un esfuerzo necesario: si la unión hace la fuerza, la desunión significa la debilidad. Por ahora, tanto la desconfianza mutua imperante como la mentira firmemente instalada en el discurso político, exacerban la desunión de Guatemala, que nos deja a merced de los corruptos y de los criminales organizados, enemigos de nuestra endeble democracia.

Faltan Matices

Sin una visión política balanceada nuestro sistema democrático seguirá a la deriva

A veces Guatemala da la impresión de estarse convirtiendo en un país sin matices ideológicos. Quizá a causa de la ansiedad colectiva por encontrar certezas para un entorno desordenado y un futuro sombrío, se nos pide auto-etiquetarnos con precisión: izquierdista o derechista (en lo político), pro mercado o pro estado (en lo económico), conservador o liberal (en lo social). Y dependiendo de la etiqueta, así será la forma en que seremos tratados, en que se confiará o no en nosotros, o en que seremos aceptados o rechazados.

Eso que ocurre en el ámbito intelectual, también se replica en materia de las políticas públicas. Los políticos parecen ignorar cada día más a los tecnócratas, a quienes suelen considerar ingenuos, poco prácticos y hasta molestos. Los tecnócratas, por su parte, tienden a ver a los políticos como inconsistentes, cortoplacistas, empíricos y hasta peligrosos. Los primeros olvidan que el ejercicio del poder, si no está sustentado en ideas, es pura improvisación. Y los segundos ignoran que los planes y técnicas, sin pragmatismo ni respaldo político, son sólo sueños.

Por supuesto que tener una posición ideológica no solo es conveniente, sino necesario para orientar adecuadamente el rumbo del Estado, pero el radicalismo y la polarización suelen imponer obstáculos poderosos a la buena marcha de la política y las políticas. Para encontrar el balance requerido, quienes aspiran a ser líderes nacionales deben tener convicciones ideológicas claras, basadas en ideas firmes, pero al mismo tiempo deben tener la capacidad de ser flexibles y ceder cuando al rival lo asiste la razón.

Líderes como Margaret Tatcher (por la derecha) o Felipe González (por la izquierda) transformaron sus países con base en sus convicciones e ideas claras que inspiraron confianza en el futuro y engendraron el surgimiento de un Tony Blair (por la izquierda) ni un José María Aznar (por la derecha) quienes, a su vez, fueron capaces de amoldar sus propias convicciones para reconocer las virtudes de lo andado por sus predecesores.

Ese liderazgo que combina las convicciones con el pragmatismo –dentro de una visión de Estado- es un bien escaso que nuestro país precisa con urgencia, pero que se ve impedido de surgir por una polarización ideológica que parece empeñarse en revivir la guerra civil y por un sistema político light cuyo principal objetivo es el acceso al poder para practicar el patrimonialismo.

El resultado es un vacío de ideas que se convierte en campo fértil para ofertas políticas simplonas, protestas callejeras que demandan un regreso a los “gloriosos” años setenta, y descalificaciones superficiales del rival que es percibido como enemigo. La polarización se ve alimentada por la propia naturaleza de los enfoques políticos tradicionalmente opuestos: cómo controlar el poder de los mercados versus cómo controlar el poder del estado.

Lo ideal sería que ambas tradiciones ideológicas evolucionen y se renueven aprendiendo una de otra, pero ello es casi imposible en un ambiente polarizado y en un sistema patrimonialista. Por ello es importante que en el espectro ideológico existan matices que permitan el avance de políticas y acciones de gobierno conducentes al progreso económico y social. Matices que desde la izquierda comprendan las virtudes de la destrucción creadora generada por la competencia y los mercados, y que desde la derecha acepten que el estado debe hacerse cargo de las víctimas de dicha destrucción creadora. Matices que se percaten de que el rol del estado como garante del buen funcionamiento del mercado puede ser un mal necesario que, sin embargo, debe mantenerse limitado y controlado.

Sin una visión política balanceada, nuestro sistema democrático seguirá a la deriva en las aguas del patrimonialismo. Y mientras el sistema esté a la deriva, los votantes podrán ser víctimas de la demagogia que ofrece soluciones falsas a problemas autogenerados. La única forma en que los demagogos (de izquierda y de derecha) pueden ser derrotados, es mediante la guía de líderes moderados (de izquierda y de derecha) dispuestos a aprender de sus adversarios, a negociar con ellos, a huir de la polarización –hoy tan generalizada- y, sobre todo, a brindar esperanza a sus conciudadanos sobre un futuro que puede ser moldeado en favor del interés general.

Exhortación Contra el Egoísmo

Aunque una parte (pequeña, por cierto) de la exhortación Evangelii Gaudium ha causado polémica pues incurre en generalizaciones sobre el mercado que en principio son incorrectas, el mensaje que por medio de ella nos intenta transmitir el Papa Francisco debemos acogerlo con espíritu humilde y mente abierta. Esta es una buena época para reflexionar al respecto. ¡Feliz Navidad!

Juan Pablo II –el Papa polaco-  convencía con su carisma, su ángel, su apabullante “no sé qué” que derribaba murallas. Benedicto XVI –tan alemán él- lo hacía mediante el intelecto, la contundencia lógica y una sabiduría que parecía ancestral. Y Francisco ha iniciado su andadura papal acudiendo al sentimiento, a la ternura y, un poco, a los golpes de efecto –claro, es argentino-.  Cada uno, haciendo uso de los carismas que Dios les dio, ha apelado al corazón y al intelecto de las personas (feligreses o no) para fortalecer a la Iglesia y construir un mundo mejor.

El más reciente intento en ese sentido es la exhortación apostólica Evangelii Gaudium que, como su nombre lo indica, es un llamado a todos los fieles y pastores a anteponer y anunciar la alegría del evangelio, por encima de la tristeza individualista que brota de un corazón avaro, de una búsqueda de placeres superficiales y de una conciencia aislada, pues cuando la vida interior se centra únicamente en los intereses egoístas, no existe espacio para los demás ni, por ende, para Dios y la alegría de su amor que nos incita a hacer el bien.

Y en ese afán de predicar contra el egoísmo que mata el alma, el Papa abordó el tema de la injusticia social de una manera que causó cierta dosis de escándalo entre aquellos católicos que, aunque aborrezcamos la inequidad y la exclusión social, estamos convencidos de las bondades (no sólo económicas sino, incluso, morales) del libre mercado. El Papa pareció estar convencido (y querer convencernos) de que los culpables de la pobreza y de la desigualdad que dañan a la sociedad de hoy son el capitalismo “salvaje” y el “excesivo” libre mercado, llegando a afirmar que “esa economía mata”.

Quizá esa pequeña parte de la exhortación apostólica no fue redactada de la manera más adecuada. O quizás sí… sólo Dios lo sabe. Lo cierto es que pocos días después de publicada, para alivio de los economistas de mercado católicos, Francisco expresó una contundente aclaración: en una entrevista al diario La Stampa, el Papa respondió a quienes lo tildaron de marxista, a raíz de lo que escribió en la Evangelii Gaudium, diciendo que él siempre ha creído que esa ideología está equivocada y explicó que en el texto le la exhortación apostólica no habló como técnico sino según la Doctrina Social de la Iglesia.

Pero lo importante no es si una parte de dicho texto nos causa inconformidad o si las posteriores aclaraciones papales nos reconfortan. Lo importante es que, con humildad, tratemos de escuchar sinceramente, sin prejuicios, lo que se nos quiere decir con esas reflexiones, aunque ideológicamente nos choquen. La fe debe ejercerse por libre elección y no debe temer sumergirse en el libre mercado de las ideas. Ello exige buscar la verdad de la manera más apropiada y respetuosa de la dignidad humana, lo cual entraña la necesidad de investigar científicamente, de educar (incluso a nuestros pastores espirituales), de aprender (incluso de nuestros rivales ideológicos) y de comunicarnos exponiendo francamente la verdad que creemos haber encontrado, a fin de ayudarnos mutuamente en esa búsqueda.

Y para ello, nada mejor que seguir las enseñanzas de quien vino al mundo a hacer el bien, a hacer que los ciegos (que no ven el sufrimiento de su vecino enfermo) vean, que los cojos (que no se mueven a auxiliar a una víctima) caminen, los leprosos (impuros por la corrupción) queden limpios y que los sordos (que no oyen a sus hijos pedirles tiempo) escuchen.

La iglesia no tiene por qué dar recetas de política pública, pero –debemos comprenderlo así- tiene la obligación de dar mensajes que abarquen todo el orden moral –incluyendo la justicia- que debe regular las relaciones humanas. De manera que la exhortación papal contra el egoísmo hay que acogerla con espíritu humilde y mente abierta; con la razón puesta en el libre mercado (el peor sistema económico que existe, excepto por todos los demás que se conocen), pero con el corazón puesto en la caridad. A fin de cuentas, para toda persona de bien, creyente o no, economista o presbítero, político o ciudadano raso, lo más importante en materia de políticas públicas debiese ser cómo mejorar la calidad de vida de los más desposeídos, pero hacerlo de forma sostenible y justa. Que la Navidad nos reconforte y sirva para meditar al respecto.

Una Luz de Esperanza

Una inusual alineación de astros ha permitido que en el usualmente paralizado Congreso de la República se haya producido un avance concreto con la emisión de un Dictamen Conjunto de las llamadas leyes de transparencia. Se siente una bocanada de oxígeno cuando hay avances simultáneos en el combate a la corrupción y el fortalecimiento institucional

La corrupción generalizada (en todos los niveles de la sociedad) y la dramática debilidad de las instituciones del Estado (desde los organismos Legislativo y Judicial hasta las instituciones de vigilancia y control) son dos de los lastres más pesados que impiden el progreso de Guatemala. Ambos problemas parecen tan irremontables que a veces nos invade un sentimiento de frustración y angustia que nos lleva a vislumbrar un futuro irremisiblemente fallido para el país.

Por eso se siente como una bocanada de oxígeno cuando se producen, en una inusual confluencia de intereses, avances simultáneos en ambas áreas (combate a la corrupción y fortalecimiento institucional) como el que se produjo en el Congreso la semana pasada: tras un largo proceso de discusión y análisis, con el acompañamiento de tanques de pensamiento e instancias de la sociedad civil, tres comisiones de trabajo del Congreso de la República –las de Legislación y Puntos Constitucionales, de Probidad, y Extraordinaria Nacional por la Transparencia- emitieron el Dictamen Conjunto No. 1-2013 sobre la Iniciativa de Ley No. 4461, que contiene un conjunto de reformas legales en favor de la transparencia en el manejo de los recursos del erario público (es decir, de los recursos provenientes de los impuestos de todos los guatemaltecos).

Dadas las circunstancias en el Congreso (cuasi-paralizado por una interpelación ministerial desnaturalizada) y en la sociedad civil (cada día más polarizada), el acuerdo logrado en torno al referido dictamen constituye un esfuerzo meritorio de negociación política, con un importante componente técnico, que logró concitar consensos –a través de todo el espectro ideológico- en torno al combate a la corrupción. De tal manera que por fin, tras varios meses de espera, el Congreso de la República tiene en sus manos la oportunidad de aprobar reformas esenciales a tres leyes orgánicas de central importancia: la Ley Orgánica del Presupuesto, la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, y la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria.

Las reformas contenidas en el referido Dictamen Conjunto permitirán, entre otros objetivos, impedir que se incurra en la llamada “deuda flotante” al obligar a que todo gasto cuente con el correspondiente respaldo presupuestario; prohibir que ONGs ejecuten obras públicas; sancionar penalmente a quienes incumplan con las normas presupuestarias; y, convertir en normas permanentes diversas disposiciones que anteriormente debían aprobarse anualmente con cada presupuesto (todas ellas reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto). También incluye reformas orientadas a modernizar el mandato de la Contraloría General de Cuentas y explicitar su mandato de fiscalizar a todas las entidades que manejan recursos del Estado, al tiempo que fortalece sus capacidades técnicas y sancionatorias (mediante reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas); así como fortalecer la autonomía y eficacia de la Superintendencia de Administración tributaria al permitir la renovación parcial de su Directorio y afinar los mecanismos para el establecimiento de sus metas recaudatorias (mediante reformas a la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria).

Ciertamente, el contenido de este inusualmente positivo dictamen resulta insuficiente pues, por un lado, solamente incorpora aquellas reformas mínimas que pudieron ser consensuadas políticamente en las tres comisiones signatarias y, por otro, aún deja pendientes otra serie de reformas relacionadas con la transparencia (como las reformas a la Ley de Probidad o a la Ley de Contrataciones del Estado). Sin embargo, es de justicia destacar que las reformas contenidas dicho dictamen constituyen un esperanzador paso adelante en la lucha contra la corrupción y en favor del uso eficiente de los recursos provenientes de los impuestos de los guatemaltecos.

Queda ahora en manos del Pleno del Congreso atender el clamor ciudadano por la transparencia y convertir este Dictamen Conjunto –sin alterar el espíritu de su contenido- en Ley de la República, lo que, de lograrse, se traducirá en un mejor y más adecuado uso de los recursos de los guatemaltecos, que es el complemento indispensable que aún le hace falta a la reforma tributaria aprobada el año anterior.

Paráfrasis de un Sueño

El 28 de agosto de 1963 se pronunció una de las alocuciones más célebres de la historia contemporánea. Me aventuro a elucubrar qué habría dicho Martin Lugher King si, en vez de ser el líder espiritual de la minoría afroamericana de Estados Unidos ese año, fuese el líder de un grupo víctima de la exclusión en la Guatemala actual. A sus 50 años, el discurso del reverendo King aún puede inspirar sentimientos de esperanza y de conciliación social... incluso entre nosotros 

En 1985, inspirados por el clamor ciudadano de vivir en una democracia y de poner fin al enfrentamiento fratricida, los representantes electos por el pueblo plasmaron en la Constitución de la República que todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos; que deben tener iguales oportunidades y responsabilidades; que el estado, cuyo fin supremo es la realización del bien común, debe proteger a la persona y a la familia; y, que los guatemaltecos deben guardar una conducta fraternal entre sí.

Pero casi un cuarto de siglo después, debemos enfrentar el hecho trágico de que la igualdad de oportunidades es un espejismo lejano, que el estado no brinda protección a sus ciudadanos ni procura el bien común, y que la desconfianza y el recelo mutuos –contrarios a la conducta fraternal- definen las relaciones entre los guatemaltecos. Las promesas de la Constitución son el pagaré de una deuda que el pueblo ansía cobrar sin más demoras.

Los injustificables niveles de desnutrición infantil, la falta de oportunidades de empleo, la debilidad de nuestras instituciones políticas, de seguridad y de justicia, y la escandalosa corrupción en el manejo de la cosa pública, son todos factores que deprimen las posibilidades de un futuro mejor y que amenazan con perpetuar la sensación de frustración y desesperanza que invade hoy a los guatemaltecos.

No, no podemos estar satisfechos hasta que estas realidades dolorosas cambien. Pero tampoco podemos dejarnos vencer por el pesimismo: los guatemaltecos somos veteranos de la angustia creativa y nos hemos sobrepuesto muchas veces (sobre crisis, terremotos, dictadores y desastres), trabajando con la fe puesta en el poder redentor del sufrimiento inmerecido. Y con base en esa experiencia debemos ser capaces de creer que la situación actual puede cambiar y, sin dejar de ser realistas, soñar esperanzados en una Guatemala mejor.

Podemos soñar que un día el estado cumplirá su misión constitucional  de “garantizarle a los habitantes de la república la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”. Soñar que un día en los verdes llanos de Urbina, cerca de Xelajú, los hijos de los guerreros quichés y los hijos de los soldados castellanos y de sus aliados nahuas serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la fraternidad.

Podemos soñar que un día todos los territorios del país, incluyendo rincones como Camotán y Jocotán, hundidos hoy en un oprobioso abandono y en una hambruna inexcusable, se transformarán en oasis de justicia, abundancia y bienestar. Soñar que nuestros hijos vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel ni por el dinero que posean, sino por el contenido de su carácter, por su honradez, su intelecto y su bondad. Soñar que un día el ser corrupto, ladrón o ventajista no será una aspiración política ni una causa de vanagloria, sino un motivo de vergüenza familiar, de escarnio público y de proceso penal.

Podemos soñar. Debemos soñar. Soñar como el profeta (Isaías 40, 4-5) para “que se eleven todos los valles, y las montañas y colinas se abajen; que los barrancos se transformen en llanuras y los cerros en planicies. Entonces se manifestará la gloria de Dios y la verán juntos todos los hombres”. Esa es nuestra esperanza, que refleja el profundo anhelo de los guatemaltecos de vivir en libertad, igualdad y fraternidad; anhelo que surge de esta tierra anegada en una  sangre que no cesa de manar, dividida aún por la desconfianza, la descalificación, la exclusión y la discriminación mutuas. El día que ese anhelo se cumpla, ese día podremos cantar, sin sentir vergüenza, el hermoso himno de Alcántara: “Es mi bella Guatemala un gran país que en la América del Centro puso Dios; es su suelo paraíso do anida la paz, ¡la libertad!”.

Cuando permitamos que aniden –y prevalezcan- entre nosotros- esa paz y esa libertad; cuando erradiquemos el rencor y la desconfianza; cuando luchemos juntos por generar prosperidad, igualdad de derechos y de oportunidades; ese día, todos los hijos de Dios y de esta tierra; mayas, ladinos, garífunas y xincas; protestantes, católicos o irreligiosos; acoplados en nuestra diversidad, podremos caminar hacia un destino común y exclamar: ¡Unidos, por fin! ¡Hermanos, por fin! ¡Guatemaltecos, por fin!

El Fango de la Política

¿Existe espacio para la ética en la política de hoy? Algunos pocos políticos nos demuestran que aún es posible ser a la vez honesto y político... pero son muy pocos. 

En Guatemala la profesión de político no es, precisamente, de las más prestigiosas. Las madres aconsejan a sus hijos (y los hijos imploran a sus padres) que por favor no se metan en política. La actividad político partidista, en cualquiera de sus manifestaciones, es interpretada exclusivamente en función de los intereses personales del político o de sus patrocinadores. Mientras más elevados y loables sean los principios que invoque el político, más grande es la desconfianza que despierta. Si osa hablar de ética, sacrificio, servicio, principios morales o convicciones religiosas, provocará burla y escándalo en vez de admiración.

Hoy en día resulta inconcebible que alguien considere la política como servicio público. Ni siquiera la reciente decisión que han adoptado algunos admirados deportistas de incorporarse a la política partidista ayuda a disminuir el desprestigio de la actividad política. Quizá fue el propio Maquiavelo quien inauguró el deterioro de la política al identificar su ejercicio como el arte de mantenerse en el poder a toda costa, independientemente de cualquier consideración moral de los objetivos perseguidos por la acción política. Pero las cosas no tienen por qué seguir siendo así.

El ser humano es, por naturaleza, un ente social y político, por lo que el quehacer político tiene una dignidad intrínseca y debería tener un valor ético indiscutible. Desde que la democracia se concibió en la antigua Grecia, la consagración a la actividad política era considerada como la vida más digna para el hombre; el politikos bios que nos enseñó Aristóteles. Y no es para menos.

La política es el arte de lo posible; es decir, el conjunto de acciones que se emprenden en procura de una vida mejor para todos, la coordinación de esfuerzos para la construcción del bien común. A pesar de que muchos ciudadanos (no sólo en Guatemala sino en todo el mundo) están desencantados de ella –porque en los últimos tiempos ha mostrado sus aspectos malignos: escándalos, corrupción, enfrentamientos, descalificaciones mutuas-, hay que tener presente que la política es un medio indispensable para construir el bien común.

Hace algunos días, el propio Papa Francisco sostuvo ante un grupo de jóvenes que para los cristianos es un deber, una obligación, involucrarse en la política por muy fangosa y sucia que parezca, porque es desde adentro de ese ámbito donde se puede trabajar por el bien común. Pero participar en política no necesariamente implica meterse a un partido político. Un buen ciudadano puede participar en varios niveles: generando y procesando información; planteando y resolviendo consultas; y, tomando y exigiendo decisiones.

En efecto, si bien todos los ciudadanos pueden (y deben) participar por medio del voto para elegir a sus gobernantes, su involucramiento en la política incluye otros medios, como la formación de las orientaciones políticas y de las opciones legislativas que, según ellos, favorezcan mayormente el bien común, así como mediante el cumplimiento de sus deberes civiles ordinarios y la cooperación con los demás ciudadanos según el ámbito de competencia de cada quien.

Pero, ¿queda todavía espacio para la ética en la política de hoy? ¿Es posible ser a la vez honesto y político? ¿Pueden tenerse principios morales o religiosos y meterse en ese mundo de negociaciones, pactos e intereses? Para responder afirmativamente a estas preguntas es crucial entender que la política no es sólo el arte del acuerdo, sino el arte de deliberar sobre cómo tenemos que vivir juntos, como conglomerado social; y para que ese arte fluya es imperativo que se rija por principios éticos y que persiga objetivos trascendentes.

El objetivo último de procurar el bien común tiene que estar sustentado en valores éticos fundamentales inscritos en la naturaleza del ser humano. Con esos valores y esos objetivos la política se convierte en una vocación para servir a los demás. Sin ellos, puede seguirse deformando hasta convertirse en un instrumento para corromper y controlar a la sociedad en favor de grupos de interés y devenir, como lo demuestra la historia, en un totalitarismo abierto o encubierto. Es necesario que, para rehabilitar la política, los ciudadanos le pierdan el miedo (o el asco) y la vinculen con la ética, con el bien común y con la moral personal.

Corrupción: Monumental Desafío

Como sociedad nos hemos acostumbrado a la ineficiencia estatal y somos cada día más tolerantes ante la corrupción

A finales del año pasado tuvo lugar una reunión del grupo de economistas y analistas económicos –conocido como G-40- con el Superintendente de Administración Tributaria, en la que el funcionario presentó los avances y planes de mejora del ente recaudador. Derivado de dicha presentación y del subsiguiente intercambio de impresiones, resulta claro que el tema de ingresos tributarios no puede evaluarse aisladamente del tema de la calidad del gasto público y que, más allá del tema estrictamente fiscal, el país necesita una reflexión profunda sobre la eficiencia de las instituciones y la actitud ciudadana respecto del funcionamiento del Estado.

Por desgracia, parece que como sociedad nos hemos acostumbrado a la ineficiencia estatal y somos cada día más tolerantes con la corrupción. Poca gente tiene conciencia de que los recursos fiscales son de todos los ciudadanos y que, como tales, tenemos la obligación de velar por su buen uso. Esa actitud de condescendencia ante la corrupción es un signo del deterioro en los valores y principios, algo que en un país civilizado no debiese ser aceptable ni normal.

Pero en nuestra realidad, por parte de políticos y funcionarios parece normal creer que ser diputado (o afiliado-activista de un partido político que hace gobierno) equivale a tener derecho a plazas en la administración pública para asignarlas a parientes o amigos. Pero no: eso es nepotismo y podría constituir delito de tráfico de influencias o de nombramientos ilegales.

Parece normal creer que el ejercicio de un cargo público lleva consigo el derecho a conceder contratos u obras públicas a empresas de su propiedad o de sus familiares. Pero no: eso es abusar del cargo y podría constituir delito de fraude, abuso de información privilegiada o enriquecimiento ilícito.

Parece normal contratar obras o servicios sin contar con la partida presupuestaria que respalde ese gasto (lo que ha generado la espuria “deuda flotante” que hoy amenaza la estabilidad fiscal). Pero no: eso es no sólo irresponsable, sino que viola flagrantemente la Ley Orgánica del Presupuesto y podría constituir delito de malversación y peculado culposo.

Parece normal contraer deuda pública con el fin de pagar gastos recurrentes (pago de salarios, compra de fertilizantes, pago de prestaciones a jubilados, etcétera), en vez de endeudarse sólo para pagar inversiones o repagar deuda. Pero no: eso no sólo es un suicidio financiero, sino una flagrante violación a la Ley Orgánica del Presupuesto y a la Constitución Política de la República.

Parece normal incumplir con obligaciones legales que propician el correcto funcionamiento de las instituciones públicas como, por ejemplo, la obligación de incluir en el presupuesto las cuotas patronales que el Estado debe pagar al IGSS, o el reconocimiento al Banco de Guatemala de las pérdidas anuales en que éste haya incurrido para mantener la estabilidad. Pero no: omitir estas obligaciones en el presupuesto no sólo debilita la institucionalidad del Estado, sino que podría implicar un delito por incumplimiento de deberes.

Y del lado de los ciudadanos y empresas parece normal no dar ni pedir factura cuando se efectúa una compra, o declarar que las propiedades inmuebles valen muchísimo menos que su costo real de mercado, con el propósito de pagar menos impuestos que los que en justicia corresponden. Pero no: eso es evasión de impuestos y perjurio. También parece normal pagar “comisiones” (sobornos) a funcionarios para que autoricen o aceleren la aprobación de una disposición o contrato. Pero no, eso constituye delito de soborno o peculado.

Es necesario combatir esta cultura de impunidad, donde ninguna institución se hace responsable de la ineficiencia en el gasto público, donde no se rinden cuentas, y donde nadie se indigna por ello. Hay que combatir esta cultura de nihilismo ciudadano respecto de la corrupción, la cual cambiará únicamente en la medida en que aumenten los niveles de riqueza, de educación y de participación democrática de todos los guatemaltecos. Se trata de una monumental tarea que requiere de instituciones que funcionen, de ciudadanos que sean más responsables y de líderes (tanto en el sector público como en el privado) que se atrevan a tomar decisiones para hacer que se cumplan las leyes.

Esperanza Santa

La sociedad de hoy está confundida, desorientada y sin valores. Quizá la Semana Santa sea un momento propicio para reflexionar respecto de los principios que pueden ayudarnos a superar esta situación.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

 ESPERANZA SANTA

Este Viernes Santo, por primera vez después de muchos años, habrá asueto oficial en Cuba, como una concesión extraordinaria de Raúl Castro a la petición directa del Papa Benedicto XVI en su reciente visita a la isla; quizá un signo de esperanza de que –con la debida paciencia, la adecuada disposición de ánimo y la confluencia apropiada de circunstancias- es posible construir la concordia y el progreso social incluso en presencia de posiciones aparentemente irreconciliables (en este caso el castro-leninismo cubano y el catolicismo romano).

El mensaje del Papa en México y Cuba se enfocó a insuflar esperanza en dos naciones afligidas por problemas que, en gran medida, se replican a lo largo de Latinoamérica. El pontífice expresó en México sus sentimientos encontrados de alegría y esperanza, a la vez que de luto y angustia, como los que sentimos diariamente los habitantes de esta región rica en recursos humanos y naturales, pero violenta e injusta al mismo tiempo.

El Papa explicó que uno de los propósitos principales de su viaje (y una misión de la Iglesia en el mundo moderno) era educar las conciencias, desde una perspectiva de responsabilidad moral, a fin de combatir los males de la violencia y la injusticia. Desde su perspectiva, la falta de conciencia moral es lo que hace que sociedades como la mexicana (o, por extensión, la guatemalteca) sucumban ante la idolatría del dinero fácil y las falsas promesas de la corrupción y el narcotráfico.

En contraste con su predecesor, el carismático Juan Pablo II, el papa Benedicto recurre más a la razón que a la emoción en su intento de ganar almas para la causa: si Dios no está presente en la vida cotidiana, el vacío lo llena el mundo moderno con sus propios paraísos; por ende, la Iglesia tiene por misión evidenciar lo falso de tales paraísos y hacer presente la verdad de Dios que da esperanza en medio de una realidad cotidiana difícil de soportar.

Plantea el Papa que la Iglesia no es un poder político, sino un poder moral cuya función es educar las conciencias, pero debe hacerlo tanto en el ámbito de la ética individual, como en el de la ética pública, ya que muchos de los líderes sociales (políticos, empresarios, comunitarios y religiosos) son creyentes cristianos en su vida privada, pero en el ámbito público practican la confrontación, la avaricia, o la búsqueda de gloria personal. El reto que Benedicto XVI le plantea a su propia Iglesia es el de formar conciencias no sólo con base en una moral individual, sino también en una moral pública que sea razonable para que pueda ser compartida y practicada tanto por creyentes como por no creyentes y, por ello, debe tratarse de una moral basada en la razón.

Este reto está en línea con pensamiento del Papa desde sus tiempos de cardenal Ratzinger: la razón puede fortalecer la fe y ésta, a su vez, iluminar la razón. La creciente secularización del mundo moderno es una de razones por las que, en opinión del Papa, la sociedad de hoy está confundida, desorientada y sin valores; por ello, el anuncio de Dios a través de la razón puede infundir esperanza en una sociedad que, a través de ese anuncio, puede redescubrir los valores esenciales que la guíen en su progreso.

Lo paradójico es que, según lo atestiguan el recibimiento y las celebraciones populares que desató la visita papal a México, en Latinoamérica el cristianismo es aún un asunto muy emotivo, lo que complica el desafío de la Iglesia pues debe mantener un equilibrio entre la intuición del corazón y la racionalidad de la fe, a fin de que razón y corazón se complementen en la educación de las conciencias para la construcción de una sociedad más solidaria y justa, más próspera y segura.

La Semana Santa en Guatemala –repleta de manifestaciones de emotividad religiosa, pero también de costumbres y tradiciones seculares- puede ser una ocasión propicia para reflexionar sobre los valores que la mayoría de guatemaltecos (creyentes o no) compartimos con líderes religiosos como el Papa: el respeto a la familia, a la libertad, a la justicia y a la dignidad de la persona. Esos valores no sólo contribuyen a evitar que los jóvenes caigan en la ambición del dinero fácil a través de caminos falsos y violentos, sino también a superar la desesperanza y desconsuelo que muchas veces amenaza con envolvernos.