UNA OPORTUNIDAD BAJO TIERRA

El mundo compite por minerales críticos; Guatemala sigue discutiendo si debe extraerlos

Mientras buena parte del mundo libra una silenciosa competencia por asegurar el abastecimiento de minerales críticos, Guatemala permanece atrapada en un debate propio del siglo pasado. El litio, el cobre, el níquel, el grafito y las tierras raras —indispensables para semiconductores, turbinas eólicas, teléfonos inteligentes y aplicaciones militares— dejaron de ser simples materias primas para convertirse en activos estratégicos de la nueva economía global. Sin ellos no habrá vehículos eléctricos, baterías, centros de datos, inteligencia artificial, redes eléctricas modernas ni transición energética.

Recientes reportes del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial coinciden en que Latinoamérica posee una oportunidad histórica para insertarse en las nuevas cadenas globales de valor gracias a su abundancia de minerales estratégicos. Pero ambos advierten también que esa oportunidad solo podrá materializarse si los países construyen instituciones sólidas y marcos regulatorios capaces de atraer inversión de largo plazo y administrar responsablemente esos recursos. En otras palabras, la ventaja competitiva ya no consiste únicamente en poseer minerales, sino en poseer instituciones capaces de convertir esos minerales en desarrollo.

 Ese es precisamente el punto donde Guatemala ha venido fallando. Aquí seguimos planteando un falso dilema: minería sí o minería no. Sin embargo, la verdadera discusión debería ser si queremos participar responsablemente en una de las mayores oportunidades económicas del siglo XXI o preferimos autoexcluirnos por incapacidad de construir reglas modernas. Mientras otros países aprovechan esta ventana de oportunidad, Guatemala continúa perdiendo tiempo, inversiones y empleos.

Países como Canadá, Australia, Chile o Perú —con tan distintas culturas y orientaciones políticas— no optaron por prohibir la minería. Tampoco ignoraron las preocupaciones ambientales y sociales. Lo que hicieron fue desarrollar instituciones, procedimientos y mecanismos de supervisión que concilian la explotación de los recursos con la protección ambiental, los derechos de las comunidades y la certeza jurídica que requiere cualquier inversión de largo plazo.

En Guatemala ocurrió exactamente lo contrario. La incertidumbre jurídica, la ausencia de reglas claras para aplicar el Convenio 169 de la OIT, la conflictividad social y la judicialización de los proyectos terminaron paralizando un sector que llegó a ser uno de los más dinámicos de la economía. Paradójicamente, esa incertidumbre no ha protegido mejor el medio ambiente; más bien ha desalentado a las empresas con mayores estándares internacionales y ha reducido el interés por explorar el potencial geológico del país.

Paro todavía estamos a tiempo de cambiar de rumbo. Ello exige modernizar la legislación minera, regular de manera clara los procesos de consulta comunitaria, fortalecer la fiscalización ambiental, garantizar transparencia en el manejo de regalías y ofrecer reglas estables que atraigan inversión responsable. No se trata de favorecer a una industria en particular; se trata de construir instituciones capaces de administrar inteligentemente un patrimonio que pertenece a todos los guatemaltecos.

Los recursos naturales, por sí solos, nunca han garantizado el desarrollo. Lo que convierte la riqueza del subsuelo en prosperidad es la calidad de las instituciones que la gobiernan. Sin certeza jurídica, sin reglas previsibles y sin una regulación moderna, Guatemala corre el riesgo de dejar enterrada una de las mayores oportunidades económicas de las próximas décadas.

AUTONOMÍA SÍ; IMPUNIDAD NO

La autonomía fortalece al Estado solo cuando va acompañada de transparencia y rendición de cuentas

La existencia de entidades autónomas dentro del Estado responde a una lógica institucional perfectamente razonable. Hay funciones públicas cuya naturaleza exige estabilidad, especialización técnica e independencia respecto de los vaivenes políticos. Por ello existen bancos centrales, universidades estatales, organismos electorales y otras instituciones con distintos grados de autonomía. Pero la autonomía nunca fue concebida como un fin en sí mismo. Lejos de ser un privilegio, la autonomía debe ser vista como un contrato con la sociedad para cumplir un mandato específico.

En efecto, la experiencia internacional demuestra que las entidades autónomas sólo justifican su existencia cuando concurren cuatro condiciones básicas: un mandato claro y acotado; una gobernanza que incorpore pesos y contrapesos; independencia funcional para ejercer sus competencias; y mecanismos robustos de rendición de cuentas. Cuando alguno de estos elementos desaparece, la autonomía deja de ser una fortaleza institucional y se convierte en un problema.

En Guatemala, con demasiada frecuencia se ha confundido autonomía con soberanía. Algunas municipalidades han pretendido utilizarla para obstaculizar proyectos nacionales; otras entidades actúan como si estuvieran fuera del aparato estatal. El caso más preocupante es, probablemente, el de la Universidad de San Carlos. La Constitución le garantiza una posición privilegiada: autonomía, patrimonio propio, exenciones fiscales y una asignación no menor del cinco por ciento de los ingresos ordinarios del Estado. Para 2027 ello representará más de Q3,200 millones provenientes de los contribuyentes.

Precisamente por disfrutar de ese privilegio constitucional, la obligación moral de rendir cuentas debería ser aún mayor. Durante años, las actuales autoridades universitarias han sido objeto de fuertes cuestionamientos sobre la legitimidad de su permanencia en los cargos. Independientemente de esas acusaciones y de las consecuentes controversias jurídicas, lo que sí resulta inevitable señalar es que toda institución cuya legitimidad es tan cuestionada debería responder con más transparencia, no con menos.

La comparación con la Universidad Nacional Autónoma de México resulta ilustrativa. La UNAM publica sistemáticamente estados financieros, informes presupuestarios, resultados de auditorías, indicadores académicos y abundante información que permite evaluar objetivamente su desempeño. La transparencia forma parte de su estrategia para proteger su autonomía. La USAC ha dado algunos pasos positivos en esa dirección, pero todavía está lejos de ofrecer un nivel comparable de rendición de cuentas.

Sería una sorprendente señal de recuperación institucional si las autoridades universitarias decidieran, por iniciativa propia, abrir completamente la información sobre el uso de los recursos públicos recibidos durante estos años; publicar indicadores verificables sobre sus resultados académicos y financieros; y, aun cuando la ley no las obligue, someter periódicamente sus estados financieros y su gestión a auditorías externas verdaderamente independientes.

La autonomía no se fortalece levantando muros frente al resto del Estado ni refugiándose en privilegios constitucionales. Se fortalece demostrando, todos los días, que la sociedad puede confiar en quien administra recursos públicos. Las entidades autónomas pueden ser claves para una república moderna y eficaz. Pero sólo lo serán si recuerdan que siguen siendo parte del Estado y que, en última instancia, su verdadero mandante no es su burocracia interna sino los ciudadanos que las financian.