UN TESORO EN RIESGO

OLEADAS DE POLÍTICAS POPULISTAS ESTÁN PONIENDO EN PELIGRO LA ESTABILIDAD A LARGO PLAZO

La pandemia ha traído consigo un resurgimiento del gran gasto gubernamental y una paulatina pérdida de respeto por la disciplina macroeconómica. En su afán por revertir la caída en la producción provocada por los confinamientos, mantener funcionales los servicios de salud, preservar los empleos e ingresos de los ciudadanos, y evitar el descontento generalizado y la ingobernabilidad, los gobiernos alrededor del mundo se involucraron en un aumento del gasto público sin precedentes. Como resultado, tanto el estamento político como la ciudadanía están cada vez menos comprometidos con la estabilidad macroeconómica que, hasta hace apenas un lustro, se tenían en grande aprecio.

En muchos países, y particularmente en Latinoamérica, la pandemia ha exacerbado los ya crecientes sentimientos de insatisfacción ciudadana. Según el más reciente Latinobarómetro, la mayoría de ciudadanos piensa que el acceso a la salud, la educación y la justicia es desigual; los problemas económicos y el desempleo encabecen la lista de preocupaciones públicas; el descontento se está agravando. Y los populistas han aprovechado este resentimiento para desacreditar las instituciones y vandalizarlas. Las instituciones que generan la disciplina fiscal y monetaria están siendo socavadas. Los populistas persuaden a los votantes de que el sistema les está fallando y una de sus herramientas preferidas es aumentar el gasto público a manos llenas, arbitraria e irresponsablemente. Un ejemplo reciente es la nueva Presidenta de Honduras que, en su toma de posesión, ofreció regalar la energía eléctrica a “los pobres”, siempre que la paguen “los ricos”.

En Guatemala el peligro de caer en la tentación del gasto público irresponsable está a la orden del día. En el Congreso existen varias iniciativas preocupantes. Una iniciativa (Bono de la Esperanza) -promovida por una ex candidata presidencial- pretende regalar dinero al público por Q18 millardos al año. Otra (Programa del Servicio Cívico Ambiental) -promovida por un ex presidente del Congreso- busca resarcir a ex combatientes militares pro casi Q16 millardos en tres años. En esa línea, recientemente se aprobó un aumento -sin estudios que lo soporten- al bono al adulto mayor. Y a eso agreguemos la ocurrencia de un ex candidato presidencial (al estilo hondureño) de dar gratis el servicio eléctrico a “los pobres”.

Por muy bien intencionadas que puedan ser esas propuestas, el problema que tienen es que generan un despilfarro del erario e insostenibilidad fiscal. Una lección clara de esta pandemia es que los estímulos fiscales desmedidos impulsan la inflación y la inestabilidad económica. El más claro ejemplo de esto es la sorprendentemente elevada inflación que está sufriendo el propio Estados Unidos: el país industrializado que más ha derrochado, es el que está teniendo la mayor inflación. La estabilidad macroeconómica de la que goza Guatemala es un tesoro que costó mucho obtener y que, muchas veces, no se aprecia… hasta que se pierde. Quienes tenemos la suerte de haberlo heredado debemos esforzarnos por protegerlo.

OPACIDAD EN LOS GOBIERNOS LOCALES

DEBE MEJORARSE LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO DE LAS MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS DE DESARROLLO

Al sumar los recursos financieros que, provenientes del presupuesto estatal, reciben anualmente las municipalidades y los consejos departamentales de desarrollo, esos gobiernos locales resultaron ejecutando el año anterior cerca de Q12 millardos, que representan case el 14 por ciento del total de ingresos tributarios. Por eso es muy preocupante que muchas municipalidades y consejos de desarrollo (aunque también otras entidades, como la propia Universidad de San Carlos) parecen obviar el proceso de rendición de cuentas -indispensable no solo para que la Contraloría de Cuentas desempeñe adecuadamente su labor fiscalizadora, sino también para que la ciudadanía contribuyente sepa en qué y cómo se están gastando los impuestos-.

Aunque el escrutinio sobre el gasto público suele focalizarse en el gobierno central, la mejora en la calidad del gasto pasa por mejorar la fiscalización de los gastos a cargo de los gobiernos locales que, conviene recordarlo, reciben importantes aportes financieros del presupuesto estatal -derivados de mandatos constitucionales o legales- que no solo merman y hacen muy rígido el margen de maniobra presupuestal del gobierno central, sino que son gastados por la municipalidades y los consejos en rubros que casi nunca están alineados con las políticas de Estado de largo plazo.

Además, el propio presupuesto estatal aprobado por el Congreso advierte que existen riesgos fiscales asociados a las deudas adquiridas por las municipalidades (incluyendo un alto componente de cuentas por pagar a proveedores o contratistas), lo que genera la amenaza de que el gobierno central tenga que salir en “rescate” de las municipalidades en el eventual caso de que estas presenten alguna dificultad financiera, poniendo presión sobre los recursos del gobierno central, con el costo de oportunidad que tendría esa situación.

Por todo ello resulta imprescindible que en la ejecución del presupuesto se preste especial atención al seguimiento y fiscalización del gasto de los gobiernos locales (y también al de otras instituciones descentralizadas y autónomas que ejecutan parte del presupuesto), para lo cual es necesario que las entidades a cargo del control del gasto público (los despachos superiores, las unidades de auditoría interna, la Contraloría y el propio Congreso de la República) velen porque las instituciones que manejan recursos del erario nacional cumplan con la obligatoriedad de mantener actualizada la información que deben proporcionar, utilizando los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que para el efecto tienen a su disposición (como el SIAF, el SICOIN y GUATENÓMINAS).

Los gobiernos locales juegan un papel crucial para el bienestar y desarrollo de sus poblaciones pues, al estar más cerca de la gente, pueden tener una comprensión inmediata de las fortalezas, las necesidades y los problemas de sus comunidades. Pero, por muy autónomas que sean las municipalidades, no son estados independientes: tienen la obligación de ser transparentes, rendir cuentas y estar debidamente fiscalizados por las autoridades correspondientes.

LITUANIA, GUATEMALA… Y TAIWÁN

GUATEMALA PODRÍA APROVECHAR CON PRAGMATISMO SU RELACIÓN ESPECIAL CON TAIWÁN

Lituania es uno de los países más pequeños de Europa, con menos de 2.8 millones de habitantes que producen anualmente unos US$ 55 millardos, en un territorio de 65.3 mil kilómetros cuadrados. Guatemala tiene mayor tamaño (el más grande de Centroamérica), con casi 18 millones de habitantes que producen unos US$77 millardos en 109 mil kilómetros cuadrados de territorio. Los lituanos (con un ingreso per cápita de unos US$19 mil anuales) son más ricos que los guatemaltecos (US$4.6 mil anuales). Se trata, evidentemente, de dos países muy distintos, pero que tienen un punto en común: son dos de los apenas 14 países que mantienen algún tipo de lazos diplomáticos con Taipei (aunque el gobierno Lituania aún no los establece plenamente).

Hace cinco años eran 21 los países que reconocían a Taiwán pero, desde entonces, Panamá, República Dominicana, Burkina Faso, El Salvador, Kiribati, las Islas Salomón y, ahora, Nicaragua han cambiado su lealtad hacia a la República Popular China. El embate diplomático que sufre Taiwán por parte de China hace muy relevante el papel que sus pocos aliados puedan jugar en el concierto de las naciones. En la reciente batalla entre las Chinas por ganarse el reconocimiento de Lituania, Taiwán ha desplegado todo su arsenal diplomático y financiero: creará un fondo de US$200 millones de inversión estratégica que será financiado por el fondo de desarrollo nacional de Taiwán y contará con el respaldo del banco central taiwanés. El Fondo invertirá en industrias lituanas, especialmente en alta tecnología. Simultáneamente, Taiwán acelerará su proceso de aprobación de exportaciones lituanas y buscará vincular las empresas lituanas con las cadenas de suministro taiwanesas.

Guatemala, por su parte, es la economía más grande de todas con quienes Taiwán tiene relaciones y, por ello, deberíamos posicionarnos como uno de los principales socios estratégicos de la isla, máxime en la coyuntura geopolítica actual en la que en el Sudeste de Asia se libra una batalla por la hegemonía económica entre China y Estados Unidos, mientras que en Centroamérica China Popular está en plena ofensiva para aumentar sus activos (políticos y económicos) en la Región, ante la manifiesta incomodidad estadounidense por la creciente influencia china en su patio trasero.

En lugar de estar considerando cambiarnos de bando (lo que le ha traído resultados muy por debajo de los esperados a nuestros vecinos que ya lo han hecho), Guatemala debería abrazar a Taiwán -junto con Singapur, Japón y Corea del Sur- como un socio estratégico en Asia. Debemos sacarle mucho más provecho a nuestra relación especial con Taiwán, pero no a cambio de estadios de fútbol ni de carreteras que nunca terminan de construirse sino, como Lituania, mediante inversiones estratégicas de largo plazo. Un fondo bien organizado, como el lituano, enfocado quizá a infraestructura (con una gobernanza que lo blinde contra la corrupción) y una ampliación del tratado de libre comercio deberían ser la ruta estratégica de las relaciones entre ambos países en este momento crítico.

UNA RESPUESTA ADECUADA ANTE LA CUARTA OLA

ÓMICRON ES DIFERENTE: NO ES PRUDENTE FIJARSE SOLAMENTE EN EL NÚMERO DE CONTAGIOS

La llegada de ómicron a Guatemala está causando la cuarta ola de infecciones desde que empezó la pandemia de covid-19. Sin embargo, aunque ómicron es más contagiosa que delta -la cepa dominante anterior-, es menos grave. Se está extendiendo rápidamente en todo el mundo, pero ahora más gente ya está vacunada o se ha contagiado previamente de covid, por lo que muchas personas tienen ya mayor protección contra el covid severo.

En este escenario resulta absolutamente injustificable -incluso irresponsable- el énfasis que los medios de comunicación y las propias autoridades ponen en el número de infectados, en vez de focalizarse en el número de hospitalizados y defunciones, cifras estas que son mucho más relevante no solo para evaluar la gravedad de esta ola, sino para aplicar las medidas adecuadas. De hecho, el número de contagios nunca fue del todo útil para calibrar las políticas a adoptar, pese a lo cual se insiste en destacar esta casi irrelevante figura y ello, siendo ómicron una variante más contagiosa pero mucho menos letal que sus predecesoras, se presta a desorientar a la opinión pública, a generar una falsa sensación de pánico y a precipitar medidas inefectivas para enfrentar la pandemia.

Es contraproducente para el bienestar mental y material de la ciudadanía que cada ola de contagios genere tensión, incertidumbre y frustración. Las autoridades están llamadas a evitar que esto ocurra, sin descuidar la atención debida a la pandemia. Como sociedad debemos aprender a convivir con este virus, sabiendo que este es hoy mismo muy diferente al que vimos al principio de la pandemia: el riesgo actual para la mayoría de las personas vacunadas es muy bajo, por lo que el acento debe ponerse en la vacunación, en el fortalecimiento del sistema de salud pública y en las medidas que han probado ser efectivas y socialmente menos dolorosas, en vez de pensar en encerronas, toques de queda o prohibiciones de viaje que solo elevan innecesariamente el costo social y económico de la pandemia.

No se trata de menospreciar la ola de ómicron, que está provocando que los hospitales se estén llenando de pacientes (aunque ahora la mayoría de ellos son personas no vacunada y los casos tienden a concentrarse en las áreas de atención primaria). La amenaza de que esta ola desborde nuestros precarios servicios de salud sigue siendo preocupante. Lo que importa es que las acciones para enfrentar esta cuarta ola sean las adecuadas. Las políticas públicas y el comportamiento social que deben reforzarse son aquellas que han probado ser más efectivas y que evitan el pánico y la incertidumbre. El gobierno debe facilitar pruebas rápidas, fáciles y económicas; incentivar la vacunación masiva (incluyendo menores de edad para retornar pronto a las clases presenciales); y, obligar al uso de mascarillas en interiores. A la sociedad le toca administrar un sano distanciamiento social (especialmente en interiores) y aprender que la ventilación es la medida no farmacológica más eficaz contra esta infeliz pandemia.

2022, DESAFÍOS ECONÓMICOS (Parte II)

ESTRUCTURALMENTE, EL DESAFÍO MÁS GRANDE ES MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD SISTÉMICA DE LA ECONOMÍA

La semana pasada decíamos que, coyunturalmente, el principal desafío macroeconómico en 2022 será preservar la estabilidad y resiliencia, que son un activo invaluable para el país. Sin embargo, el problema de fondo de nuestra economía continúa siendo el secularmente lento ritmo de crecimiento, que dificulta mejorar los niveles de bienestar de la población. Detrás de este problema subyace el desafío estructural más grande que enfrentamos: mejorar la productividad sistémica de nuestra economía.

A pesar de la estabilidad macroeconómica (aunque, claro está, no a causa de ella), en los últimos cuarenta años el PIB por habitante de Guatemala ha sido el que menos ha crecido de todos los países centroamericanos, y en Latinoamérica solo Argentina y Venezuela han tenido un desempeño peor que el nuestro. Dos causas explican, principalmente, el mediocre crecimiento de la producción nacional. Por un lado, la escasísima inversión en infraestructura: la formación de capital en Guatemala es menos del 15 por ciento del PIB, cuando el promedio mundial es de casi un 25 por ciento. Y, por otro lado, la exigua productividad de los factores de producción: la productividad laboral en Guatemala es de las más bajas de Latinoamérica (solo en Bolivia y Venezuela es más baja) y ha permanecido casi estancada durante treinta años.

Una condición imprescindible para aumentar la productividad y la inversión es que impere un estado de derecho en el que se garanticen los derechos individuales y la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. La certeza jurídica es un requisito indispensable para satisfacer las necesidades operativas y las interacciones de mercado en la economía, de manera que estas se basen en reglas (formales e informales) que sean, a la vez, estables y adaptativas. Esas reglas conforman las instituciones que, como custodios de la certeza jurídica, permiten que surja entorno predecible y estable que genere confianza, desencadene la inversión y asegure que los intercambios económicos se produzcan de manera eficiente, todo lo cual permitiría elevar la productividad sistémica y, con ella, el crecimiento económico y el bienestar material.

La existencia de instituciones sólidas y eficaces es indispensable para lograr el ambiente de paz social y gobernabilidad necesario para la adopción de nuevas tecnologías, para promover la inversión (en personas y en infraestructura) y para lograr un buen clima de negocios. Desde una perspectiva económica es, pues, necesario reformar y fortalecer las principales instituciones del Estado (sistemas de justicia, de servicio civil, de partidos políticos, de regulación de mercados, etcétera) para mejorar la productividad sistémica y habilitar a la sociedad para compartir riesgos, proveer redes de protección social y crear oportunidades para todos. Estas reformas no son fáciles de implementar, ni dan resultados inmediatos, pero son imprescindibles pues sin ellas ninguna otra política pública, ni ningún crecimiento económico, podrán sostenerse en el tiempo.