Quién Elige a los Jueces

La inclusión de una mayoría de “académicos” en las comisiones de postulación, lejos de lograr elevar el nivel de éstas, rebajó el de los entes supuestamente académicos

De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Los diputados constituyentes incluyeron varias de estas buenas intenciones en la Constitución Política de la República que, con el correr de los años, se han convertido en pesados lastres para el progreso del país. La semana pasada comentamos, por ejemplo, los graves problemas fiscales que hoy generan los bienintencionados situados constitucionales que le asignan un importante porcentaje de los impuestos a un pequeño número de privilegiadas entidades estatales. Otra de esas buenas intenciones que pavimentan nuestro infierno es la elección de magistrados del Organismo Judicial mediante el fracasado mecanismo de las comisiones de postulación.

Ser magistrado de la Suprema o de sala de apelaciones entraña un gran poder (pues deciden, por ejemplo, quién puede participar o no en las elecciones, cuándo debe cerrar operaciones una empresa, o si procede concede prisión preventiva a un acusado). Se trata, en consecuencia, de cargos muy apetecidos y su elección muy susceptible a vicios tales como el tráfico de influencias. Por desgracia, el sistema de comisiones de postulación ha probado ser tanto o más susceptible a estos vicios que la elección directa por parte de los políticos electos (que es lo habitual en democracias avanzadas). 

La bienintencionada inclusión de una mayoría de “académicos” -decanos de Derecho, un rector universitario, y miembros del Colegio de Abogados- en las comisiones de postulación, lejos de lograr elevar el nivel de éstas, rebajó el de los entes supuestamente académicos. Algunos decanos encontraron que, si facilitaban la obtención de títulos de abogado, podrían extender su base de apoyo, tanto en las facultades de derecho como en el Colegio. Así, se elevó la cantidad y se redujo la calidad de los nuevos abogados. Las facultades de derecho empezaron a proliferar como hongos fantasmas. Las elecciones para la decanatura de Derecho o para el directorio del Colegio se han convertido en bacanales donde lo que menos importa es la propuesta y la academia. Los electos suelen gozar de becas en el exterior, patrocinadas por “mecenas” que buscan traficar influencias en las cortes. De ahí que es poco probable que de las comisiones de postulación surjan magistrados eruditos, probos e independientes.

Ante la propensión de los estamentos políticos a buscar (por medios legítimos e ilegítimos) los favores de los magistrados, el remedio (que buscaba impedir que los políticos escogieran a los jueces) resultó peor que la enfermedad: la idea de las comisiones de postulación académicas sucumbió ante la propia corrupción que buscaba impedir. Por mucho que el guatemalteco desconfíe de los políticos, es necesario percatarse de que (tal como sucede en las democracias avanzadas) son estos (habiendo sido electos democráticamente) quienes deben ejercer la representación del pueblo y asumir la responsabilidad de elegir directamente a los magistrados, fiscalizarlos permanentemente y velar por que sean capaces e independientes. Si los políticos no cumplen con esta responsabilidad, debe ser el pueblo soberano quien los penalice en las siguientes elecciones. Las comisiones de postulación, en cambio, no responden ante nadie.

¿Hacer Caridad con Fondos Públicos?

La caridad, la beneficencia y la filantropía deben realizarse con recursos privados (de individuos o empresas); nunca deberían financiarse con fondos del erario público

Alrededor del mundo, las instituciones (ONGs, fundaciones, asociaciones) que se dedican a la caridad, al altruismo y a la beneficencia se sostienen mediante donaciones privadas, ya sea en forma de trabajo voluntario o de dinero provisto por el público en general, ya sea en forma de trabajo voluntario como de donaciones en especie y en dinero (incluyendo montos importantes donados por ricos filántropos). En Guatemala existen numerosas organizaciones de este tipo que prestan un servicio de gran beneficio para el país y sus comunidades.

Sin embargo, existe un creciente número de ONGs y fundaciones que, año con año, reciben fondos del erario público para realizar sus obras. Aunque esto es lícito, no debería ser normal: la provisión de servicios públicos debe estar a cargo del gobierno, ya sea de manera directa o mediante una transparente contratación de servicios. El darle dinero a una ONG (por muy bien intencionada que sea) equivale a una claudicación de las funciones gubernamentales. Las entidades de caridad no deberían suplantar al Estado (utilizando los recursos financieros de este), sino complementarlo (financiándose con donaciones privadas).

En el presupuesto gubernamental para 2020 (que el Congreso está en proceso de discutir y aprobar) se incluye un monto de más de Q660 millones a ser repartido a unas setenta ONGs y fundaciones para que -¿por delegación, aunque la función pública es indelegable?- ejecuten servicios (principalmente en las áreas de salud, educación, cultura y agricultura) que, en puridad, correspondería proveer al Estado. Muchas de esas entidades fueron elegidas arbitrariamente para recibir millones de quetzales del presupuesto sin que se sepan las razones de su escogencia. Otras son entidades muy respetadas que se han encargado por años de suplir la ausencia del Estado en la provisión de servicios tan loables como los de atención a enfermedades coronarios o renales. Pero incluso en el caso de estas, la aspiración debería ser que, idealmente, sean las instituciones del Estado las que provean tales servicios (ya sea directamente o mediante la contratación transparente del servicio).

Para alcanzar esa situación ideal, es necesario mejorar varios aspectos. Las ONGs, fundaciones y asociaciones deben adoptar mejores prácticas para modernizar su gobernanza, así como sus métodos de fondeo y evaluación de la eficiencia e impacto social de sus actividades. El gobierno puede ayudarlas fomentando la cultura de la donación (mediante medidas que podrían incluir exenciones fiscales a los montos donados).

Pero las mejoras más importantes son las que permitan que el gobierno no claudique de su obligación de prestar los servicios públicos esenciales, que cese paulatinamente de delegar tales servicios en ONGs y asociaciones elegidas arbitrariamente, y que gradualmente haga transparente la prestación de estos servicios (los que el Estado no esté en capacidad de proveer) por parte de ONGs, fundaciones y asociaciones mediante contrataciones realizadas conforme la ley. Aunque tal esfuerzo pueda resultar trabajoso, lento y exasperante, será algo sano y positivo para mejorar no solo la eficiencia del gasto público, sino también el desempeño y reputación de las propias ONGs, asociaciones y fundaciones involucradas.

Los Siete Pecados de la Sociedad

La ausencia de instituciones sólidas y eficaces sí es garantía del deterioro ético y moral de la sociedad, así como del fracaso de los países.

En octubre de 1925, Mahatma Gandhi publicó en un periódico de su India natal una lista de lo que consideraba las siete actitudes sociales –que podríamos llamar “anti instituciones”- que debilitan, socavan y, finalmente, destruyen las posibilidades de convivencia pacífica y de prosperidad material de cualquier país. Estos siete pecados sociales –que reflejan la pérdida de los valores esenciales, de las virtudes personales y de la ética; es decir, un deterioro de la cultura de las naciones- están evidentemente presentes en nuestra realidad cotidiana y amenazan con destruir nuestras posibilidades de desarrollo.

Uno, la política sin principios: nuestro sistema político se ha deteriorado continuamente, al punto que el principal incentivo por el cual las personas se involucran en la política partidista parece ser la búsqueda de enriquecerse –legal o ilegalmente- mediante el control de los recursos del erario público. Un resultado nefasto de este pecado es que las personas éticas y con principios prefieren alejarse del quehacer político, dejando la cancha libre a los menos capaces y más corruptibles. Dos, la riqueza sin trabajo: nuestra tendencia a celebrar al más listo, al que evade impuestos, al que piratea la señal de cable del vecino, al que se hace rico de la noche a la mañana con un negocio turbio, aunada a la ausencia de justicia, han normalizado el parasitismo social.

Tres, el placer sin responsabilidad: cuando no va acompañada del ejercicio de la responsabilidad, la legítima búsqueda del goce personal degenera en vicios que en última instancia causan costos a toda la sociedad (ya sea por los costos médicos, por el tiempo laboral perdido o por los daños ambientales que tales vicios generan). Cuatro, los negocios sin moral: el incumplimiento de contratos, la deslealtad al competir, la búsqueda de privilegios y “conectes” con el gobierno son todas prácticas que han proliferado, dañando gravemente el clima de negocios y la eficiencia de la economía.

Cinco, la ciencia sin humanidad: se ha hecho común emitir estudios técnicos (de impacto ambiental, de supervisión de obras públicas, de calidad de medicamentos) que utilizan la ciencia con fines perversos que acaban por infligir un severo daño a toda la ciudadanía. Seis, la religión sin sacrificio: el evangelio de la prosperidad y el de la licencia para pecar –ante la misericordia divina que todo lo perdona- generan un divorcio entre la fe que se dice profesar y la vida que se vive, lo cual termina por convertir a las iglesias en instrumentos al servicio de ladrones y corruptos. Y siete, la educación sin carácter: un magisterio no solo mal preparado, sino que más interesado en obtener privilegios sin esfuerzo que en formar a la niñez, es una receta para inculcar mediocridad y falta de carácter en las generaciones futuras.

La proliferación de estos siete pecados socava las instituciones gubernamentales, pero, al mismo tiempo, la debilidad de esas instituciones fomenta que tales pecados se cometan cada vez con más impunidad, configurando así un perverso círculo vicioso. Es cierto que una reforma institucional no es garantía de nada, pero también lo es que la ausencia de instituciones sólidas y eficaces sí es garantía del deterioro ético y moral de la sociedad, así como del fracaso de los países.

Fiscalización del Gasto Público

Existe un amplio campo para mejorar la fiscalización del gasto público, tanto con medidas administrativas como con reformas al marco legal

Si el Estado ha de cumplir con sus funciones fundamentales (proveer servicios públicos básicos de seguridad, justicia, salud, educación e infraestructura) es imprescindible que el correspondiente gasto público se efectúe con transparencia y eficiencia, lo cual, a su vez, requiere de un sistema eficaz de fiscalización y control de dicho gasto. La semana pasada fui invitado a un foro organizado por FUNDESA para discutir la situación y opciones de mejora del sistema de control del gasto gubernamental.

Un punto a resaltar es que el control del gasto público no es asunto de una sola institución, sino que requiere de un sistema coordinado de fiscalización y rendición de cuentas que, en Guatemala, debe sostenerse en tres pilares: primero, la Contraloría General de Cuentas, que es el ente fiscalizador por excelencia; segundo –un pilar hasta ahora ignorado y desperdiciado- las Unidades de Auditoría Interna –UDAIs- que debe tener todo ente estatal (o, en el caso de las instituciones autónomas, sus auditorías externas); y, tercero, el propio Congreso de la República que, además de sus roles de legislación y representación, debe cumplir un rol básico de controlar las acciones del gobierno.

En el eficaz funcionamiento de este sistema debe descansar la prevención y el combate a la corrupción que, idealmente, debería tener un énfasis preventivo, en vez de uno punitivo como el que se aplicó en nuestro país desde que la Cicig destapó el caso La Línea en 2015: debido a que la vía administrativa fue incapaz de detectar ilícitos en el gasto público, tuvieron que ser los entes de persecución penal los que se activaron para combatirlos. Para que los mecanismos penales –que deberían ser de última instancia- no se conviertan en la única alternativa para combatir la corrupción, es preciso reformar y fortalecer los sistemas preventivos de fiscalización y control del gasto gubernamental.

Existe un amplísimo margen para mejorar el sistema de control del gasto público mediante cambios administrativos profundos y reformas al marco legal vigente. En el ámbito administrativo, por ejemplo, la Contraloría debería reducir la arbitrariedad e inconsistencia de sus hallazgos adoptando estándares, uniformando criterios y estableciendo precedentes sistemáticamente. El gobierno debería elevar el estatus y el accionar de las UDAIs de cada ministerio con una visión preventiva de manejo de riesgos. Y el Congreso debería establecer procedimientos por escrito para cumplir acuciosamente y con plazos perentorios su obligación de aprobar –o improbar- la ejecución presupuestaria del gobierno.

También el marco legal debe ser fortalecido. Le Ley Orgánica de la Contraloría podría definir mejor su mandato (para obligarla a supervisar la calidad del gasto) y la forma de elección del contralor (para asegurar su profesionalidad e independencia); también podría regularse el papel central de las UDAIs. Y las disposiciones relativas a la declaración de probidad de los funcionarios públicos deberían ampliarse para incluir una declaración de intereses que permita vigilar que tales funcionarios no abusen de su cargo para beneficiar a sus familiares, empresas o socios particulares. Todas estas reformas son posibles, si tan solo existiera la anhelada “voluntad política”.

Pensiones Demagógicas

Existen en el Congreso varias iniciativas de ley para darle más dinero a los jubilados del Estado. Lamentablemente esas iniciativas son irresponsablemente demagógicas, porque son financieramente inviables. 

La demagogia apela a los sentimientos y emociones del pueblo para ganar su apoyo político; mediante la retórica y la promesa fácil busca tocar las pasiones, las necesidades sentidas o los temores escondidos de las masas para conseguir votos. El político demagogo no se apoya en su propuesta de gobierno, sino en sus promesas de campaña, que ofrecen soluciones falsas a problemas reales; es un vendedor de atajos ilusorios.

Entre esas falsas promesas, pocas hay tan “sexys” para el electorado, tan efectivas para ganar el voto sentimental de los electores, como la de ofrecer mayores pensiones para los jubilados. No es de extrañar que este año electoral hayan proliferado iniciativas de ley (como la No. 5562 y la No. 5570 que se discuten en el Congreso) que ofrecen incrementar a los pensionados y jubilados de las clases pasivas del Estado. Una de esas iniciativas ofrece no solo incrementar las pensiones en Q1,500.00 mensuales, sino también aumentarlas periódicamente.

Lamentablemente esas iniciativas son irresponsablemente demagógicas, porque son financieramente inviables. Los diputados ponentes las han planteado sin contar siquiera con estudios técnicos ni opiniones de la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- o del Ministerio de Finanzas Públicas para evaluar su viabilidad e impacto en las cuentas del Estado. Si partimos de que existen más de cien mil jubilados del Estado, un incremento de pensiones como el propuesto requeriría anualmente más de Q2 mil millones adicionales, equivalentes al 2.5% del total del presupuesto aprobado para 2019 y requerirían de aumentar en más de 40% el presupuesto vigente para las clases pasivas; es más, solo este aumento sería muy superior a los presupuestos de los ministerios de Agricultura, de Cultura y Deportes, de Relaciones Exteriores, de Economía, de Ambiente y de Energía y Minas.

Si se diera tal incremento, es de esperar que el mismo se financie a costa de una reducción de otros gastos corrientes y de los gastos en inversión del Estado, o bien que se genere un incremento en el déficit fiscal y, por ende, en el endeudamiento público. Lo que da más grima es que, por un lado, la propia Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado establece que para garantizar la estabilidad financiera del régimen, la ONSEC debe efectuar revisiones técnicas y actuariales por lo menos cada cinco años; y que, por otro lado, el propio proyecto de presupuesto que el Congreso aprobó para 2019 advierte en un anexo que “la principal amenaza a que está expuesto el régimen de clases pasivas civiles del Estado es la aprobación de leyes que incrementan los montos de las pensiones u otros beneficios, sin haber realizado previamente un estudio actuarial ni un análisis presupuestario y financiero para determinar la capacidad del Estado para absorber los costos, lo que compromete el destino de ingresos”.

Al parecer, la campaña política provoca amnesia en algunos diputados que olvidan lo que ellos mismos aprobaron hace unos meses y, con tal de cazar algunos votos ingenuos, plantean soluciones falsas a problemas reales, poniendo en riesgo la viabilidad financiera del sistema de clases pasivas y, en el largo plazo, la propia estabilidad de las finanzas públicas.

La USAC en la encrucijada

Las nuevas autoridades de la USAC deben priorizar la transparencia y la rendición de cuentas respecto del uso de los fondos (sufragados por todos los guatemaltecos), así como la mejora en la calidad académica de sus egresados.

La muy próxima elección de rector encuentra a la Universidad de San Carlos –USAC- en una encrucijada: el país está viviendo una compleja transición política -cuya piedra angular ha sido el combate a la corrupción-y, en esa encrucijada, la USAC está llamada a asumir, si no algún liderazgo, al menos un firme compromiso de esclarecer las múltiples críticas y sospechas que se han planteado en medios de comunicación en relación con malos manejos administrativos y financieros, que ponen en serio entredicho la credibilidad de la Carolingia.

Una forma directa de asumir ese compromiso sería reconocer que la USAC es una entidad pública que se debe a toda la sociedad (no solo a su comunidad educativa), pues se sostiene fundamentalmente con el aporte que todos los guatemaltecos –pobres y ricos, urbanos y rurales, jóvenes y viejos- hacemos mediante el pago de nuestros impuestos. Los guatemaltecos aportamos a la USAC casi Q1800 millones anuales, principalmente para que le brinde educación a más de 200 mil estudiantes que, en su mayoría, pertenecen a los estratos socioeconómicos medios de la población. Este presupuesto representa más del 3% de los ingresos tributarios del país y es más elevado que el de muchos ministerios de gobierno (como los de Agricultura, Economía o Trabajo) y mayor que el de todas las secretarías y dependencias del Ejecutivo combinadas.

El principal desafío del próximo rector (o rectora) es el de poner en orden la casa, lo cual supone, antes que nada, rendirle cuentas claras a la sociedad. Si la autonomía que constitucionalmente tiene la USAC le confiere derechos y privilegios para cumplir con sus funciones, le debería conferir también la obligación de usar de manera eficaz y transparente los recursos del erario público que se le confían anualmente. Sin una efectiva rendición de cuentas, la autonomía universitaria deviene ilegítima.

El nuevo rector (o rectora) debería volver la vista hacia las mejores prácticas en materia de transparencia de otras universidades estatales (un viajecito a la UNAM, para copiar sus sistemas de transparencia y rendición de cuentas, no le caería mal). Por ejemplo, debería persuadir al Consejo Superior Universitario de que aplique pautas de buen gobierno corporativo y cree comités independientes y especializados en los distintos temas sobre los cuales la USAC debe responder ante la ciudadanía, especialmente en materia presupuestaria, administrativa y financiera. Un comité para administrar el patrimonio universitario y el manejo de los asuntos presupuestarios, y otro comité de auditoría, conformados por personas honorables y expertas en asuntos financieros, serian esenciales.

Las nuevas autoridades deberían publicar periódica y oportunamente los estados financieros dictaminados por un auditor externo calificado, así como los estados financieros mensuales; el estado de ingresos, gastos e inversiones; y, los reportes y observaciones de auditoría interna de las diferentes instancias universitarias. También  un sistema de indicadores para medir el desempeño: su gasto anual por alumno; qué porcentaje de quienes ingresan a la universidad se gradúan; y, cuántos artículos académicos en revistas internacionales o cuántos libros publican sus profesionales.

El nuevo rector (o rectora) debe comprender que la mejor manera de darle legitimidad y sostenibilidad a la autonomía universitaria consiste en rendirle cuentas a la población respecto del manejo de los millonarios recursos a su cargo y de los resultados académicos con ellos obtenidos. Y eso es lo que los electores deberían exigirle a sus candidatos a rector. Así darían un paso decisivo para el rescate institucional de la universidad estatal.

¿ES INMORAL QUE LOS BANCOS PRESTEN DINERO AL GOBIERNO?

LAS CRÍTICAS RECIENTES

Últimamente se han expresado severas críticas a las inversiones que los bancos privados hacen en bonos del gobierno, es decir, al concepto mismo de que los bancos puedan otorgarle dinero en préstamo al Estado. Algunas de estas críticas, aparentemente técnicas, llegan a cuestionar incluso la prohibición contenida en el artículo 133 de la Constitución que prohíbe al Banco de Guatemala (banco central) otorgarle financiamiento al gobierno, aduciendo que tal prohibición hace que los bancos privados llenen el vacío que deja el banco central y perciban por ello grandes ganancias.

Otras críticas, evidentemente emocionales, califican de “inmorales” las inversiones bancarias en bonos estatales, no solo por los rendimientos que las mismas generan, sino porque, además, están exentas de impuestos. El riesgo de este tipo de críticas, por muy bienintencionadas que parezcan, es que pueden inducir a cambios de políticas o de leyes que resultarían más caros y perniciosos que el supuesto problema que pretenden atacar. Todo porque, en su afán de criticar un síntoma (las utilidades que perciben los bancos por invertir en títulos estatales), no alcanzan a ver el problema de fondo que no es otro que la debilidad estructural de las finanzas públicas guatemaltecas.

QUÉ ES UN BANCO

Para analizar el tema conviene tener clara la naturaleza de la banca privada, cuya función en la economía es la de ser intermediarios financieros: los bancos obtienen recursos (recibiendo depósitos o préstamos) de personas que poseen un superávit financiero (ahorrantes, inversionistas u otros bancos) y los canalizan (concediendo préstamos o haciendo inversiones) hacia personas que tienen un déficit financiero (individuos, empresas, proyectos o gobiernos); a las primeras les paga una tasa de interés (pasiva) y a las segundas les cobra otra (tasa activa), de cuyo diferencial cubren sus costos y obtienen sus utilidades. Ese proceso de intermediación financiera le imprime eficiencia a la asignación de los recursos financieros en el país y contribuye a crear una economía más productiva.

POR QUÉ LOS BANCOS INVIERTEN EN BONOS

Se colige entonces que resulta normal (como lo es en casi cualquier país) que, además del otorgamiento de crédito al sector privado, los bancos incluyan entre sus operaciones activas la inversión en títulos gubernamentales, que no son otra cosa que un préstamo bancario a un sector financieramente deficitario (el gobierno). Claro está que para la economía en su conjunto resultaría ideal que los bancos destinaran sus recursos mayoritariamente a financiar nuevos emprendimientos e inversiones, en lugar de financiar el déficit fiscal. En Guatemala, a octubre pasado solo el 55% de los activos bancarios en Guatemala correspondían a créditos concedidos. Sin embargo, existen razones que explican el apetito de los bancos nacionales por los títulos públicos, como lo es el caso de su fácil negociación, que permite hacerlos líquidos en el mercado secundario, cuando requieren de liquidez para sus operaciones.

La primera y principal razón es que el gobierno tiene un déficit fiscal estructural que lo obliga constantemente a buscar financiamiento externo e interno, para lo cual, entre otros mecanismos, coloca bonos en el mercado que los bancos suelen estar dispuestos a comprar, especialmente cuando existe una baja demanda de créditos por parte de los  sectores productivos de la economía (que es un poco lo que viene sucediendo en Guatemala en los últimos tres años, en que la incertidumbre política ha incidido en una posposición de las decisiones de inversión privada).

Otra razón que inclina a los bancos a invertir en bonos del gobierno es que los intereses que estos instrumentos generan, por decisión gubernamental, están exentos de pagar el Impuesto Sobre la Renta y, además, tienen un plazo de vencimiento promedio de 15 años y una tasa de rendimiento promedio  de 7.1% que, aunque inferior a la tasa de interés promedio en el otorgamiento de créditos (8.8%), requiere de muchos menos costos para obtenerla.  Además, los bonos del Estado son considerados, para efectos regulatorios, como activos de bajo riesgo, por lo que los bancos tienen que aprovisionar menos capital para tales activos que para los préstamos al sector privado. Asimismo, la tasa de interés que paga el gobierno por sus bonos incorpora un factor de riesgo (riesgo-país), el cual depende de la calificación (grado y perspectiva) que hacen las calificadoras internacionales. En el caso de Guatemala, dicha calificación se ve perjudicada por el lento ritmo de crecimiento económico, como por la debilidad institucional y la existencia de un problema de fiscal estructural, lo cual hace que la tasa de interés deba ser más elevada para atraer a los inversionistas. Todo esto hace que los títulos gubernamentales sean atractivos para los bancos, por lo que resulta plenamente normal y racional que los bancos busquen ese tipo de inversiones como destino para sus recursos financieros.

LA TENTACIÓN DE REGRESAR AL PASADO

Claro está que el hecho de dedicar ese superávit financiero de la sociedad a pagar el agujero fiscal, en vez de destinarlo a financiar actividades privadas, es una señal de que el país está invirtiendo menos de lo que debería en nuevos proyectos productivos que le permitirían crecer más y generar más empleos. Algunos periodistas achacan esta situación a la prohibición constitucional que impide al banco central financiar al gobierno y, con base en tal premisa, sugieren que deberíamos regresar a la situación anterior en la que los bancos no tenían ningún incentivo de invertir en bonos del gobierno porque estos los compraba el Banco de Guatemala pagando intereses extremadamente bajos.

En realidad, regresar al pasado permitiendo que el banco central le diera crédito concesional al gobierno sería una pésima noticia para la economía ya que este tipo de financiamiento se hacía mediante la emisión masiva de dinero sin respaldo que --como lo demuestra la experiencia internacional y la historia nacional- ocasiona nocivas consecuencias macroeconómicas al generar inflación y ocasionar pérdidas al banco central que dejan permanentemente lisiada a la política monetaria.

En efecto, existen tres argumentos sólidos que desaconsejan el crédito de banca central al gobierno causante de pérdidas en el balance del instituto emisor. En primer lugar, que actuar como agente cuasifiscal puede afectar la capacidad del banco central para cumplir con su mandato de preservar la estabilidad macroeconómica; en segundo lugar, que dicha actuación disfraza las debilidades fiscales del gobierno, oscurece su responsabilidad e impide la debida rendición de cuentas; y, en tercer término, que las experiencias de hiperinflación registrada en los últimos cien años alrededor del mundo se originan en la emisión monetaria derivada del financiamiento de banca central al gobierno.

EL TEMA DE FONDO

El tema de fondo no es si los bancos obtienen demasiadas utilidades por otorgarle crédito al gobierno mediante la inversión en bonos, sino que es identificar por qué el gobierno tiene una sempiterna necesidad de recurrir a ese financiamiento o, en el peor de los casos, a financiamiento subsidiado por parte del banco central. La debilidad fiscal estructural del Estado guatemalteco (evidente tanto por el lado de los ingresos, como por el lado de la calidad del gasto) es la enfermedad detrás de los síntomas del incesante endeudamiento gubernamental.

El asunto es de suma trascendencia para el futuro del país, puesto que la debilidad estructural de las finanzas públicas (caracterizada por los bajos ingresos, la ineficiencia en el gasto y la corrupción enquistada en las estructuras gubernamentales) impide satisfacer las necesidades sociales, de seguridad y de infraestructura críticas y para apoyar el crecimiento a largo plazo. El desafío real es mejorar la administración y la estructura tributaria, dentro de una estrategia de reforma fiscal integral que asegure el apoyo del público, lo cual pasa por profundizar las medidas de mejora en la transparencia fiscal, en la eficiencia del gasto y en el combate a la corrupción que permitan aumentar la credibilidad del gobierno.

Las críticas al crédito de los bancos al gobierno no solo no se sustentan técnicamente (y no hay que olvidar que es una práctica común en la gran mayoría de países), sino que confunden los síntomas con la enfermedad, con lo cual distraen la atención de la opinión pública y los esfuerzos de política pública que deberían centrarse en solucionar el desafío de fondo que plantea la debilidad estructural de las finanzas públicas del país.

El Censo, los Precios y el INE

Las reformas quirúrgicas, precisas, focalizadas, pueden ser tan importantes como las grandes reformas. El Instituto Nacional de Estadística es una pieza clave (pero casi siempre ninguneada) de la gestión gubernamental que merece una reforma importante: devolverle a su Junta Directiva la potestad de nombrar, evaluar y remover a su gerente.

Hace unos días el gobierno anunció oficialmente que el censo general de población se realizará en 2018, dieciséis años después del último realizado en 2002, aún lejos del estándar recomendado por Naciones Unidas de censar a la población cada diez años. Un censo requiere de mucha técnica y eficiencia, pues es una herramienta crucial de políticas públicas que puede tener repercusiones en los ámbitos político, social y económico. Los programas sociales de gobierno, el diseño de las políticas fiscales y monetarias, y la definición de los distritos electorales con base en los cuales se reparten las curules del Congreso de la República, son todos ellos aspectos que demandan estadísticas demográficas creíbles, oportunas y confiables.

Por ello, las autoridades a cargo del censo deben ser, además de técnicas y eficientes, absolutamente honradas e independientes de cualquier grupo de interés: sería muy peligroso que por intereses políticos se abusara o manipulara la información obtenida del censo. En el proceso también es esencial la transparencia, el acceso a la información  y la continua vigilancia ciudadana para lograr lo que un buen censo ofrece al país: auto-conocimiento, así como mejores y más eficientes políticas públicas.

Otra pieza de información estadística, el Índice de Precios al Consumidor –IPC- (que mide el nivel de precios y la inflación en el país) también es fundamental para la toma de decisiones de política económica. En semanas recientes, a raíz del rápido aumento en los precios de los alimentos (a una velocidad mucho mayor que otros rubros que componen el IPC), algunos analistas han cuestionado no solo la calidad del índice, sino la intención y autonomía de las autoridades a cargo de calcularlo.

Aunque el fenómeno de la inflación de alimentos ha sido explicado por estudios serios (efectuados por el Fondo Monetario Internacional) donde se establece que las causas obedecen más a cuellos de botella de abastecimiento (debido a la mala calidad de la infraestructura vial), que a la calidad y manipulación de la metodología por parte de los funcionarios a cargo del cálculo, resulta preocupante y peligroso que se ponga en duda la honestidad e intención de la institución gubernamental a cargo de las estadísticas oficiales.

El Instituto Nacional de Estadística –INE- es, por ley, la autoridad rectora del Sistema Estadístico Nacional y tiene a su cargo, entre otras responsabilidades, tanto el censo de población como el IPC. Los activos más valiosos que debería cultivar y defender la Junta Directiva del INE (que, en teoría, es su máxima autoridad) son su credibilidad, su fiabilidad y su integridad. Sin ellos se menoscaba la utilidad económica, política y social de sus estadísticas.

Uno de los obstáculos más importantes para lograrlo es que actualmente el INE es una institución con dos cabezas: por un lado, la Junta Directiva (presidida por el Ministro de Economía y conformada por representantes de instituciones públicas y sectores sociales) y, por otro lado, el Gerente nombrado directamente por el Presidente de la República (que, por ello, no es claramente subalterno de su Directiva).

Una reforma legal necesaria para rescatar la credibilidad del INE y potenciar la utilidad de las cifras que produce, sería la de conferir (sin ambigüedades) a su Junta Directiva la potestad de nombrar, evaluar y remover a su Gerente para velar porque este sea independiente de cualquier interés político o espurio. Aparentemente es una reforma sencilla, pero se trata de adoptar una práctica de gobierno corporativo demostradamente efectiva que fortalecería decididamente la institucionalidad pública.

Prestigiar la Política

Un sistema político funcional es necesario para que exista democracia y gobernabilidad. Sin gobernabilidad es imposible el desarrollo económico. Por ello es tan importante reformar y prestigiar el sistema político, que no es otra cosa que llenarlo de personas decentes.

Las prácticas de corrupción que se desvelaron en toda su crudeza hace dos años (y que aún carcomen inclementes las entrañas del Estado) son el efecto más visible del destrozo del sistema político guatemalteco. Los sobornos, el tráfico de influencias, las plazas fantasmas, así como los sobreprecios en las contrataciones y adquisiciones del gobierno han sido los esquemas más utilizados (tanto en el gobierno central como en los gobiernos locales) para saquear el erario público con el fin de enriquecer a funcionarios y a políticos corruptos. Y todas las pistas del delito conducen a un lugar: el sistema de partidos políticos.

La numerosas investigaciones y enjuiciamientos contra dirigentes políticos que, merced a las acciones de la CICIG y el Ministerio Público, se han producido en los últimos meses, ha revelado el deterioro del sistema. De todas las profesiones que se practican en el país, la de político es una de las más desprestigiadas. Pero, ¿cómo llegamos aquí? ¿Y qué debemos hacer para cambiar la situación a fin de que la ciudadanía pueda elegir mejores representantes?

En el sistema actual los diputados se eligen en listados (nacional y departamentales) cerrados, en vez de representar distritos más pequeños y cercanos al ciudadano, lo cual no solo hace que las campañas electorales resulten caras y proclives a la corrupción, sino que impide la cercanía entre el votante y sus representantes. A la inexistente representatividad se une, por un lado, la falta de transparencia y democracia interna en los partidos y, por otro, la debilidad y politización del Tribunal Supremo Electoral –TSE-. Ello configura el actual sistema político clientelar y patrimonialista que dificulta la gobernabilidad e impide el buen desempeño de la economía nacional.

Hoy el Congreso está más fragmentado que nunca. Los partidos políticos carecen de ideología o de un programa de gobierno para ofrecer a los votantes quienes, además, en su gran mayoría ignoran quién es el diputado que los representa o por quien votaron en las pasadas elecciones. El Ejecutivo impulsa sus iniciativas de ley mediante coaliciones legislativas frágiles y efímeras. Eso permitió en el pasado (y esperemos que sólo en el pasado) la práctica de compra de votos a cambio de favores, obras o sobornos, para viabilizar proyectos del gobierno tal como, según se dice, ocurrió en el escandaloso caso Odebrecht, aún pendiente de resolver.

Hasta ahora, la necesaria depuración de este sistema, evidentemente agotado, se ha estado dando principalmente por la vía judicial, tanto en el caso de la persecución penal de políticos corruptos, como de la cancelación de partidos políticos que han violado la ley. Quienes impulsan esta vía esperan que tal terapia de choque pueda lograr quizá, y solo quizá, una mejora en la calidad de los diputados y dirigentes políticos en las próximas elecciones. Pero los tribunales no pueden hacerlo todo: son los políticos quienes deben reformarse a sí mismos y al sistema.

La timorata reforma a la Ley Electoral de finales de 2015, que se concentró en el tema del financiamiento electoral (un síntoma, no la causa, de la enfermedad) y terminó dándoles más recursos estatales a los partidos, debe ser mejorada y profundizada. La democracia interna de los partidos, el fortalecimiento de la autonomía del TSE y, sobre todo, la mejora en la representatividad de los funcionarios electos (idealmente mediante la creación de distritos electorales más pequeños) deben ser las guías de una nueva reforma que rescate, dignifique y prestigie la política.  Si no se hace, en las próximas elecciones tendremos nuevamente una oferta electoral de poca calidad y proclive a la corrupción.

¿Y Dónde Está la Contraloría?

La lucha contra la corrupción, en cualquier país civilizado, tiene como pieza clave el rol fiscalizador de la Contraloría de Cuentas. ¿Por qué en Guatemala -inmersa desde hace meses en una histórica batalla contra la corrupción estatal- la Contraloría brilla por su ausencia?

La corrupción en el Estado es un cáncer perverso de consecuencias nefastas sobre el desempeño global del país, pues distorsiona la asignación de recursos económicos -lo que ocasiona ineficiencia-, provoca la pérdida de confianza en lo líderes -lo que abona a la ingobernabilidad- y amenaza los cimientos mismos de la democracia. Estos efectos adversos de la corrupción son ampliamente reconocidos, pero poco se dice de cuáles son las mejores herramientas para combatirla.

La experiencia reciente a nivel internacional resalta dos vías exitosas para el combate a la corrupción. Una se refiere a las instituciones políticas que restringen la búsqueda de renta de los funcionarios, especialmente de aquello electos, a quienes la vigilancia ciudadana, la vindicta pública y el riesgo de no ser re-electos pueden inducirlos a evitar actos de corrupción (en Guatemala, los acontecimientos iniciados en mayo de 2015 son una muestra de lo que el poder ciudadano puede hacer al respecto). La otra se enfoca en la efectividad de las instituciones judiciales y de persecución penal, cuyas acciones legales pueden disuadir a los potenciales corruptos de intentar infringir la ley.

Pero ambos enfoques, para ser efectivos y sostenibles en el tiempo requieren, en primer lugar, de la habilidad del Estado de detectar oportunamente los actos de corrupción. Tal habilidad debe estar en manos de la institución que está llamada a ser la pieza central del fortalecimiento de la probidad de la gestión pública y de su rendición de cuentas, como medios de lucha contra el peculado, el tráfico de influencias, la malversación de fondos y el desvío de recursos públicos: la Contraloría de Cuentas.

La Contraloría, en cumplimiento de su mandato legal, debería emitir dictamen de los estados financieros y liquidación del presupuesto del Estado y de las entidades autónomas y descentralizadas e informarlo al Congreso de la República; promover de oficio los juicios de cuentas en contra de funcionarios y empleados públicos; y, nombrar interventores en las instituciones sujetas a control cuando compruebe actos anómalos. Pero, además de estas labores habituales, la Contraloría debería hacer auditorías aleatorias a las entidades públicas, tal como, por ejemplo, lo ha hecho exitosamente Brasil en años recientes.

La Contraloría brasileña aplica el Programa de Fiscalizaçao por Sorteios Públicos, que consiste en auditorías aleatorias a las municipalidades; las municipalidades se eligen por sorteo (público) y se les audita por el uso de fondos federales durante los tres años previos, por parte de un equipo de 10 a 15 contralores durante dos semanas, para inspeccionar la existencia y calidad de las contrataciones de obras y servicios públicos efectuadas. Los contralores son contratados con base en un examen público y son remunerados con salarios competitivos (de manera que se reduzca el riesgo de que caigan en actos corruptos). El resultado de la auditoría es publicado en internet y enviado el Ministerio Público.

Un programa como éste debería ser inmediatamente implementado por la Contraloría General de Cuentas de Guatemala, y no sólo enfocado a las municipalidades del país, son también a los consejos de desarrollo, a las entidades autónomas (especialmente a aquellas que, como la Universidad de San Carlos, se niegan a acogerse a herramientas de transparencia como el SIAF y el SICOIN), y a los fideicomisos estatales (tales como el FOPAVI, COVIAL o el del transporte de la Ciudad de Guatemala). Así podría la Contraloría empezar a cumplir el papel que su Ley Orgánica y el momento histórico que vive el país le exigen.

La USAC Debe Rendir Cuentas

La Universidad de San Carlos es una entidad estatal. Autónoma, sí, pero estatal; es decir, propiedad de todos los guatemaltecos que financiamos su sostenimiento. A pesar de ello, es una de las entidades más opacas del Estado, pues no rinde cuentas a nadie ni tiene mecanismos adecuados de control de sus multimillonarios gastos. Cambiar esto no requiere de gran ciencia, solo de voluntad y buena fe.

La Universidad de San Carlos -USAC- tiene vigente un presupuesto de Q1,894.8 millones para el presente año. En los cinco años previos, la USAC se ha gastado más de Q6.6 millardos que el gobierno le ha asignado por concepto de aporte constitucional. Encima de eso, sus autoridades ahora están solicitando (y cabildeando intensamente) para que el Congreso les apruebe un endeudamiento con el BCIE (que va a incrementar la deuda pública) por más de Q900 millones para usarlos en construcción de edificios y compra de equipo.

Estos montos millonarios no serían tan llamativos de no ser porque la USAC incurre persistentemente en un grave pecado: no rinde cuenta de sus actuaciones a quien la sostiene financieramente, que no es otro que el pueblo de Guatemala. En efecto, desde el más acomodado empresario hasta el más humilde campesino contribuyen con sus impuestos al sostenimiento de la universidad estatal, independientemente de si se benefician o no de los servicios que esta presta.

En una práctica que raya en lo escandaloso, la USAC no está conectada con las plataformas de Guatenóminas o de Guatecompras, ni con los sistemas de Contabilidad Integrada -Sicoin-, de Administración Financiera -SIAF- o de auditoría gubernamental -SAG- del Ministerio de Finanzas Públicas. Bien hacen los diputados de la Comisión de Finanzas en exigirle a las autoridades sancarlistas que se integren a dichos sistemas, aunque estas digan que no tienen la obligación legal de hacerlo, porque sí tienen una obligación moral con la ciudadanía que financia esa casa de estudios.

Bien haría la USAC en seguir el buen ejemplo de la Universidad Nacional Autónoma de México -UNAM-, en cuyo modelo de autonomía se inspiró la de aquella. El Portal de Transparencia de la UNAM, de acuerdo con la normativa de la UNAM y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, proporciona acceso a 48 aspectos relacionados con las actividades de la universidad, tales como su estructura organizacional; el número de plazas y las remuneraciones de sus empleados; la información financiera sobre su presupuesto; los informes de auditorías internas y externa; los datos sobre sus proveedores y contratistas; las estadísticas y evaluaciones sobre su producción académica; y, las actas de su Junta de Gobierno y de su Consejo Superior; entre otros (http://www.transparencia.unam.mx/).

En contraste, nada de esto publica la USAC. La Universidad de San Carlos en su sitio de internet no tiene disponible ningún apartado sobre transparencia de información, como lo ordena la Ley de Acceso a la Información Pública; tampoco proporciona información sobre sus ingresos y egresos, sus estados financieros o auditorías realizadas (si es que las realiza); ni siquiera proporciona información mínima sobre el número de estudiantes y profesionales titulados, la cantidad de personal académico que labora en dicha casa de estudios, el gasto efectuado por alumno ni las publicaciones o investigaciones efectuadas durante el año.

La USAC, además, resulta más onerosa para los contribuyentes que su homóloga mexicana. Mientras que la UNAM se financia con un aporte estatal equivalente al 0.19% del PIB de México, la USAC lo hace con un 0.28% del PIB guatemalteco. Es de justicia, pues, que la USAC emprenda, cuanto antes, un programa profundo de transparencia y rendición de cuentas. En esta nueva era de intolerancia a la corrupción, los guatemaltecos nos merecemos saber en qué, cómo y con qué resultados se gasta la USAC los dineros que aportamos para su sostenimiento.

Reforma Institucional: Jueces Indepedientes

La piedra angular de todo sistema de justicia es la independencia de los jueces a cargo de impartirla

Para que la República y su gobierno cumplan con su propósito de organizar la convivencia ciudadana y el bien común, es indispensable que las leyes se cumplan y que se ejerza efectivamente el principio de separación de poderes. Es evidente que el correcto funcionamiento del Poder Judicial es fundamental para que prevalezca el Estado de Derecho y el sistema de pesos y contra pesos en el poder público. El imperio de la ley (que implica una justicia independiente) es fundamento de un sistema judicial que nos brinde seguridad, resuelva pacíficamente las disputas que surgen en la sociedad, y nos permita prosperar. La piedra angular de todo sistema de justicia es la independencia de los jueces a cargo de impartirla.

El clamor ciudadano que actualmente se expresa en contra de la corrupción y del sistema patrimonialista imperante demanda, ciertamente, una reforma del sistema judicial. Dicha reforma debe partir del principio, fundamental en una democracia, de que los jueces en lo individual, y el poder judicial en general, sean imparciales e independientes de cualquier presión externa e interna, de manera que el ciudadano común pueda tener la confianza de que sus casos serán decididos de manera justa y en apego a la ley. En el desempeño de su función, los jueces deben estar libres de cualquier influencia indebida, sin importar de dónde provenga: de presiones indebidas por el Ejecutivo o el Legislativo, por litigantes particulares, por grupos de presión y medios de comunicación, o por el interés del propio juez o de jueces de mayor jerarquía.

Es, por tanto, de vital importancia que cada juez sea capaz de decidir los casos únicamente con base en la evidencia presentada en el tribunal por las partes y de conformidad con la ley. Solamente los hechos y el derecho pertinentes deben constituir la base de los veredictos judiciales. Sólo así pueden los jueces cumplir con su responsabilidad constitucional de impartir justicia pronta, imparcial y cumplida.

El punto de inicio de cualquier reforma al sistema de justicia debe encontrarse en el principio de independencia judicial y este, a su vez, en un buen sistema de carrera de los jueces y magistrados. Para el efecto, debemos partir del artículo 209 de la Constitución, que instituye la carrera judicial y que establece que los ingresos, promociones y ascensos de dicho personal se deben hacer por medio de oposición. Es, pues, un mandato constitucional el de utilizar los concursos de oposición para todos aquellos que ingresen o pertenezcan a la carrera judicial. Esta carrera, regida por su ley específica, incluye tanto a magistrados (de la Corte Suprema, de la Corte de Apelaciones y de los demás tribunales colegiados), como a los jueces de instancia y de paz.

Por lo tanto, es necesario reformar las comisiones de postulación a fin de que explícitamente todos los aspirantes a una magistratura que formen parte de la carrera judicial deban haber completado satisfactoriamente el proceso de concurso por oposición que para el efecto convoque el Consejo de la Carrera Judicial. En el caso de los aspirantes que no forman parte de la carrera (que provienen de la práctica liberal de la profesión), estos deberán cumplir con la aprobación del perfil a que hace referencia la ley.

Eso sí, todos los aspirantes (sean o no parte de la carrera judicial) deben aprobar una estricta evaluación realizada por la Unidad de Capacitación Institucional; estas evaluaciones deben ser periódicas y sus resultado deben hacerse públicos. Además, el Consejo de la Carrera Judicial debe convocar a concursos por oposición no sólo para el ingreso a la carrera judicial, sino también para el proceso de elección de magistrados de magistrados a la Corte Suprema, a la Corte de Apelaciones y a los demás tribunales colegiados.

Estas mínimas reformas son un primer paso necesario para asegurar una elevación de las calidades profesionales de jueces y magistrados, a fin de fortalecer su independencia. Sólo el buen funcionamiento de las cortes y una eficaz administración de la justicia harán posible que el Estado cumpla con su obligación de preservar la paz y asegurar los derechos de los guatemaltecos, así como la correcta fiscalización y castigo de aquellos que quebrantan la ley, tanto en el ámbito privado como en el ejercicio de la función pública.

Los Retos del "Nuevo" Contralor

A diferencia de la Contraloría de hace unos años, hoy debe perseguir un nuevo y ambicioso objetivo fundamental

El viejo refrán asegura que “nunca segundas partes fueron buenas”, lo cual auguraría poco éxito al “nuevo” (y repitente) Contralor General de Cuentas de la Nación, Carlos Mencos. Por fortuna, se trata de un adagio y no de una condena ineludible. Algunas veces, las segundas partes resultan buenas. Si no, que lo digan Miguel de Cervantes con El Quijote, o Francis Ford Coppola con El Padrino.

En política, cuando las primeras partes fueron muy malas, es más factible que las segundas resulten mejores. Tal fue el caso del presidente peruano Alan García que, después de una desastrosa primera gestión, se reivindicó con decencia y efectividad en su segunda oportunidad. O del polémico Marion Berry que, siendo alcalde de Washington DC, fue a prisión por fumar crac y contratar prostitutas, pero al salir libre fue reelecto y ejerció con honestidad y recato. Ojalá que esta segunda gestión del licenciado Mencos se asemeje a estos casos excepcionales.

El agresivo cáncer de la corrupción está tan diseminado en Guatemala que no queda más que ser optimistas y otorgarle el beneficio de la duda al nuevo contralor. Pero es crucial que el licenciado Mencos esté consciente de que la Contraloría que ahora le toca dirigir es, en varios aspectos esenciales, distinta de la que dejó hace algunos años. Para empezar, resulta que (para bien de la Contraloría y del país) a finales de 2013 el Congreso introdujo mejoras importantes a su Ley Orgánica, entre ellas conferirle un mandato explícito que antes no tenía.

En efecto, a diferencia de la Contraloría de hace unos años, hoy debe perseguir un objetivo fundamental: “La Contraloría General de Cuentas es el ente técnico rector de la fiscalización y el control gubernamental, y tiene como objetivo fundamental dirigir y ejecutar con eficiencia, oportunidad, diligencia y eficacia las acciones de control externo y financiero gubernamental, así como velar por la transparencia de la gestión de las entidades del Estado o que manejen fondos públicos, la promoción de valores éticos y la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, el control y aseguramiento de la calidad del gasto público y la probidad en la administración pública”. Como se ve, el objetivo es claro y ambicioso, a la altura de lo que los entes fiscalizadores de los países más transparentes ejecutan regularmente.

También hoy la Contraloría tiene un ámbito de competencia más amplio del que le tocó cubrir al licenciado Mencos en su primera etapa. Ahora deberá (como lo indica el artículo 2, reformado, de su ley orgánica) fiscalizar no solo a los Organismos del Estado, entidades autónomas y descentralizadas, las municipalidades y sus empresas, sino también deberá hacerlo con las “demás instituciones que conforman fideicomisos constituidos con fondos públicos, consejos de desarrollo, instituciones o entidades públicas que por delegación del Estado presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero, de toda persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado o haga colectas públicas y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado”, así como con “los contratistas de obras públicas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones, fundaciones, patronatos, comités, organismos regionales e internacionales, fideicomisos  y cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos”.

Ahora también la Contraloría está obligada a someterse a una auditoría externa anual y a presentarla ante el Congreso de la República para que éste la fiscalice. Y, finalmente, uno de los retos más complejos del nuevo contralor será enfrentar a las redes de corrupción que se extienden y enraízan en varias instituciones del Estado, incluyendo a la propia Contraloría.

Ojalá que el nuevo contralor esté a la altura de estos retos que antes no tuvo que enfrentar. No hay que olvidar que la función de la Contraloría de Cuentas es crucial en cualquier sociedad, pero en la coyuntura actual de Guatemala, la mejora urgente en su efectividad resulta clave no solo para que funcionen las políticas públicas que propicien el desarrollo económico, sino que incluso para la sobrevivencia misma de nuestro débil sistema republicano y democrático.

Nihilismo Moral en la Política

Según la escala de valores imperante en la política nacional, el santo patrono de nuestros políticos bien podría ser Poncio Pilato

La suspensión (provisional) de varios artículos de la ley del presupuesto estatal para el ejercicio fiscal 2015, recientemente decretada por la Corte de Constitucionalidad, es una bocanada de esperanza para quienes creemos que aún es posible evitar en el año electoral un deterioro (aún mayor al existente) en la transparencia y efectividad del gasto público. Y aunque la suspensión pude ser revertida en la resolución final de la Corte, hasta ahora representa una reivindicación moral para quienes –resistiéndonos al pragmatismo imperante- creemos que la política debe estar acotada por principios éticos elementales.

Hace algunas semanas, en una conversación con un grupo de amigos –que incluyó algún politólogo allegado al partido de gobierno- escuché severas críticas a la posición pública del G40 –grupo de analistas económicos y expertos fiscales- en la que señalaba que la forma en que el Congreso aprobó el presupuesto había generado varias disposiciones atentatorias contra la transparencia y calidad del gasto. Entre tales disposiciones destacan la que autoriza que se contraten ONGs para la ejecución de obra pública, la que permite ejecutar gasto sin contar con los certificados de disponibilidad presupuestaria (normas que contradicen los preceptuado en la Ley Orgánica del Presupuesto), o la que establece una partida de gasto sin fin específico de más de Q1,900 millones a cargo del Ministerio de Comunicaciones.

Quienes criticaban la posición del G40 –todos ellos personas serias y decentes- aducían que ésta era ingenua, ya que lo actuado por el Congreso no solo era legal sino que, además, el Legislativo estaba en su derecho de aprobar una ley (la anual del presupuesto) que contradijera claramente lo dispuesto por otra (la Ley Orgánica del Presupuesto) si ello convenía coyunturalmente a sus intereses políticos. En otras palabras, que los técnicos (ya sea del G40 o de las comisiones legislativas que diseñaron la Ley Orgánica del Presupuesto) pueden aducir lo que quieran, pero que los políticos son los que mandan.

De nada sirvió tratar de explicarle a los críticos que el punto central del G40 era de naturaleza ética: el presupuesto aprobado no sólo contradice la letra y el espíritu de la Ley Orgánica, sino que significa un enorme riesgo (casi una certeza) de que el presupuesto de 2015 se ejecutará con opacidad, ineficiencia y corrupción. Evocar valores éticos no parece ser de utilidad en una realidad como la nuestra, agobiada por un sistema político en el que el objetivo principal de la política ya no es ejercer el poder para impulsar ideas, sino acceder a los recursos públicos para enriquecerse. Aquí, introducir el tema ético en el debate solo conduce a un inútil juego de palabras.

En este ambiente, quien quiera tener éxito en la política parece estar condenado a practicar el nihilismo moral que le quite el lastre de la ética para poder progresar ágilmente en un ejercicio del poder político sin ideología y sin ideales. El santo patrono de la política criolla bien puede ser Poncio Pilato, aquél funcionario que ejerce el poder sin que le importen ni la verdad, ni la justicia, ni hacer lo que es correcto, sino que actúa en función de mantener sus privilegios y se justifica en los procedimientos.

En la lógica de Pilatos, resulta irrelevante que el presupuesto aprobado por el Congreso para 2015 esté repleto de incongruencias y de normas que propician la corrupción, pues lo importante es que el Legislativo ejerció su poder cumpliendo las normas del sistema político actual. Cualquier argumento técnico o moral resulta peligroso para la soberanía de la política pues le recorta las alas.

Esa visión miope no alcanza a ver que la ética no solo es compatible con la política, sino que en un sistema democrático resulta necesaria para darle sustento y sostenibilidad. No alcanza a ver que apropiarse de fondos públicos para beneficio propio y del partido político es robar. Lo mismo que evadir impuestos, traficar influencias o hacer negocios a costillas del fisco. Y robar es siempre –cualquiera que sea la situación histórica, el sistema político o la realidad cultural imperante- una acción reprobable, inmoral y perjudicial para la sociedad. Cualquier sistema político que no reconozca esto, por muy pragmático que sea, debe estar condenado al fracaso.

El Desafío del Nuevo Rector

Sin una efectiva rendición de cuentas, la autonomía universitaria deviene ilegítima

La Universidad de San Carlos –USAC- culminó recientemente el proceso interno de elección de quien será su nuevo rector para el período 2014-2018. Quizá cuatro años sean muy pocos para enfrentar los innumerables retos que Carlos Alvarado Cerezo deberá enfrentar para revertir los graves problemas académicos, económicos y administrativos que aquejan a la universidad estatal, de donde se hace evidente que él y su equipo deberán priorizar sus acciones y enfocar sus esfuerzos en los temas más ingentes.

Una forma adecuada de establecer esas prioridades es partir del reconocimiento de que la USAC es una entidad pública que se sostiene fundamentalmente con el aporte que todos los guatemaltecos –pobres y ricos, urbanos y rurales, jóvenes y viejos- hacemos mediante el pago de nuestros impuestos. En efecto, los guatemaltecos le confiamos a la USAC más de Q1400 millones al año, principalmente para que le brinde educación a más de 180 mil estudiantes que, en su mayoría, pertenece a los estratos socioeconómicos medios del país.

En ese sentido, resulta incuestionable que uno de los principales desafíos (quizá el más importante de todos) de la nueva administración sancarlista sea el de poner en orden la casa, lo cual supone, antes que nada, rendirle cuentas claras a la sociedad de la cual se sostiene y a la cual se debe. El precio de la autonomía que la Constitución Política de la República le confiere a la USAC debe ser (como lo debió ser siempre) el uso eficaz y transparente de los recursos del erario público que se le confían anualmente. Sin una efectiva rendición de cuentas, la autonomía universitaria deviene ilegítima.

Los más denodados esfuerzos de las autoridades universitarias deberían entonces dirigirse a explicar cuán eficiente es esa casa de estudios en brindar educación superior de calidad y en realizar investigación científica a favor de la sociedad guatemalteca; asimismo, y no menos importante, esos esfuerzos deben dirigirse a rendir cuentas respecto de cómo gastan o invierten los cientos de millones de quetzales que reciben del gobierno central. Para el efecto no hace falta inventar el agua azucarada, sino seguir el ejemplo de las mejores prácticas en materia de transparencia administrativa de otras universidades estatales de este Hemisferio.

Una manera pragmática de hacerlo sería que el nuevo rector persuada al Consejo Superior Universitario de que, en aplicación de las pautas exitosas de buen gobierno corporativo, conformen comités específicos especializados en los distintos temas estratégicos sobre los cuales la USAC debe responder ante la ciudadanía, especialmente en materia presupuestaria, administrativa y financiera. Un comité para administrar el patrimonio universitario y el manejo de los asuntos presupuestarios, y otro comité de auditoría, ambos conformado por personas de reconocida honorabilidad y experticia en asuntos financieros, podría ser un gran avance.

El funcionamiento de dichos comités, que idealmente deberían ser independientes del rector y del Consejo, garantizaría un manejo más transparente y probo de su abultado presupuesto. Las autoridades también deberían adoptar la sana costumbre de publicar periódicamente sus estados financieros, debidamente dictaminados por un auditor externo calificado, los cuales deberían estar disponibles como información pública junto con información mensual de los estados de situación financiera; el estado de ingresos, gastos e inversiones; así como las revisiones, observaciones y el seguimiento de los resultados de auditoría interna practicadas a diferentes instancias universitarias. La USAC también debería publicar un sistema de indicadores para medir su desempeño como, por ejemplo, cuánto es su gasto anual por alumno; qué porcentaje de quienes ingresan a la universidad se gradúan; cuántos artículos académicos en revistas internacionales o cuántos libros publican sus profesionales.

El desafío del nuevo rector pasa por comprender que la mejor y más decente manera de darle legitimidad y sostenibilidad a la autonomía universitaria consiste en rendirle cuentas claras a la población respecto del manejo de los millonarios recursos a su cargo y de los resultados académicos con ellos obtenidos. Ese sería el primer gran paso concreto en el rescate institucional de la universidad estatal.

Bonos o Préstamos

Corriéndome el riesgo de agregar más confusión al tema, especialmente ahora que el Ejecutivo ha enviado una iniciativa de ley en la que se pide, primero, reducir el presupuesto para 2013, luego se pide aumentar (sí!!!) el presupuesto para 2013, y luego se solicita aprobar unos préstamos cuya aprobación ya había sido previamente solicitada, para finalmente pedir (sin mayores explicaciones) que se aprueben los infames bonos de la deuda flotante. Pero el punto es que el dilema del Congreso es el siguiente: elegir entre los bonos para pagar una deuda espuria, y los préstamos que ya estaban presupuestados

La sospechosa insistencia e injustificable prisa con la que el gobierno busca que el Congreso le apruebe endeudarse en Q3.5 millardos mediante la emisión de bonos del tesoro, coloca al Legislativo ante un difícil dilema. Resulta que el dictamen (no vinculante) que emitió la Junta Monetaria, recomienda al Congreso aprobar tales bonos sólo si se cumple una restricción clave: que el déficit fiscal resultante del nuevo endeudamiento no exceda de un monto equivalente a 2.3% del PIB, que es el nivel originalmente contemplado en el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado para 2013, que el propio Congreso aprobó y que no incluía tales bonos.

En otras palabras, la Junta Monetaria, emulando a Pilatos, le indica al Legislativo que la única manera en que la aprobación de los tales bonos no cause daños macroeconómicos sería que estos se emitan en sustitución del endeudamiento previsto en el Presupuesto vigente, consistente en dos préstamos (uno del BID y otro del BIRF) que ya están negociados y cuyos recursos tienen como destino la inversión social y productiva. Menudo consejo.

Lo correcto sería hacer lo contrario: aprobar los préstamos y no los bonos. Desde un punto de vista macroeconómico los préstamos están ya previstos como parte del financiamiento del déficit fiscal para 2013, por lo que no alteran las condiciones de estabilidad previstas en el mismo y en la política monetaria. Desde el punto de vista financiero, los préstamos del BID y del BIRF son más convenientes pues han sido negociados a una tasa de interés relativamente baja. Desde el punto de vista de la eficiencia del gasto, los préstamos también son más convenientes que los bonos pues ya tienen especificado su destino hacia fines de desarrollo económico y social.

Y lo más importante, desde el punto de vista de la transparencia y la credibilidad del gobierno, los préstamos no levantan los múltiples cuestionamientos que surgen alrededor de los bonos. Desde el origen espurio de la “deuda flotante” que se pretende pagar con los bonos (la cual tiene su origen en obras que fueron contratadas “de palabra” y sin respaldo presupuestario), hasta el dudoso listado de destinatarios de dichos pagos (auto-elaborado por el Ministerio de Comunicaciones, sin el aval de la Contraloría), todo el proceso alrededor de los tales bonos ha sido sumamente opaco.

Esta opacidad hace que, de ser aprobados, los bonos levantarán serias dudas a nivel internacional sobre la transparencia y eficacia del gasto público, sobre la certeza jurídica de las normas presupuestarias y, lo que es peor, sobre la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo, todo lo cual puede afectar gravemente la calificación de riesgo-país de Guatemala cuya perspectiva, a manera de advertencia, ya fue recientemente revisada hacia la baja por Fitch Ratings, una de las calificadoras más importantes.

De manera que un escenario aconsejable es uno en que el Congreso aprueba los préstamos, pero no los bonos. Un escenario negativo es uno en que se aprueban los bonos, pero no los préstamos. Y un escenario intermedio es uno en que no se aprueban ni los unos ni los otros. En este último, aunque se evitarían las consecuencias de los cuestionados bonos, el presupuesto de 2013 quedaría desfinanciado y ello podría paralizar el funcionamiento del gobierno en el último tramo del año, lo cual acarrearía consecuencias indeseables en materia de gobernabilidad puesto que serían desatendidas a las ingentes demandas ciudadanas de seguridad, educación, salud e infraestructura.

Hay un cuarto escenario, el más negativo de todos: que el Congreso apruebe tanto los préstamos como la emisión de los tales bonos. En este escenario se incumpliría, evidentemente, la condición de estabilidad sugerida por la Junta Monetaria, pues el déficit fiscal superaría el equivalente al 3% del PIB, lo cual significaría un enorme retroceso en materia de disciplina macroeconómica y pondría en riesgo la sostenibilidad fiscal del país. Ello, aunado a las dudas que la aprobación de los bonos generaría en cuanto a la calidad, transparencia e institucionalidad del gasto público, plantearía una grave amenaza para la calificación e imagen del país a nivel internacional, con consecuencias muy negativas para las posibilidades de financiamiento externo hacia los sectores público y privado.

Corrupción: Monumental Desafío

Como sociedad nos hemos acostumbrado a la ineficiencia estatal y somos cada día más tolerantes ante la corrupción

A finales del año pasado tuvo lugar una reunión del grupo de economistas y analistas económicos –conocido como G-40- con el Superintendente de Administración Tributaria, en la que el funcionario presentó los avances y planes de mejora del ente recaudador. Derivado de dicha presentación y del subsiguiente intercambio de impresiones, resulta claro que el tema de ingresos tributarios no puede evaluarse aisladamente del tema de la calidad del gasto público y que, más allá del tema estrictamente fiscal, el país necesita una reflexión profunda sobre la eficiencia de las instituciones y la actitud ciudadana respecto del funcionamiento del Estado.

Por desgracia, parece que como sociedad nos hemos acostumbrado a la ineficiencia estatal y somos cada día más tolerantes con la corrupción. Poca gente tiene conciencia de que los recursos fiscales son de todos los ciudadanos y que, como tales, tenemos la obligación de velar por su buen uso. Esa actitud de condescendencia ante la corrupción es un signo del deterioro en los valores y principios, algo que en un país civilizado no debiese ser aceptable ni normal.

Pero en nuestra realidad, por parte de políticos y funcionarios parece normal creer que ser diputado (o afiliado-activista de un partido político que hace gobierno) equivale a tener derecho a plazas en la administración pública para asignarlas a parientes o amigos. Pero no: eso es nepotismo y podría constituir delito de tráfico de influencias o de nombramientos ilegales.

Parece normal creer que el ejercicio de un cargo público lleva consigo el derecho a conceder contratos u obras públicas a empresas de su propiedad o de sus familiares. Pero no: eso es abusar del cargo y podría constituir delito de fraude, abuso de información privilegiada o enriquecimiento ilícito.

Parece normal contratar obras o servicios sin contar con la partida presupuestaria que respalde ese gasto (lo que ha generado la espuria “deuda flotante” que hoy amenaza la estabilidad fiscal). Pero no: eso es no sólo irresponsable, sino que viola flagrantemente la Ley Orgánica del Presupuesto y podría constituir delito de malversación y peculado culposo.

Parece normal contraer deuda pública con el fin de pagar gastos recurrentes (pago de salarios, compra de fertilizantes, pago de prestaciones a jubilados, etcétera), en vez de endeudarse sólo para pagar inversiones o repagar deuda. Pero no: eso no sólo es un suicidio financiero, sino una flagrante violación a la Ley Orgánica del Presupuesto y a la Constitución Política de la República.

Parece normal incumplir con obligaciones legales que propician el correcto funcionamiento de las instituciones públicas como, por ejemplo, la obligación de incluir en el presupuesto las cuotas patronales que el Estado debe pagar al IGSS, o el reconocimiento al Banco de Guatemala de las pérdidas anuales en que éste haya incurrido para mantener la estabilidad. Pero no: omitir estas obligaciones en el presupuesto no sólo debilita la institucionalidad del Estado, sino que podría implicar un delito por incumplimiento de deberes.

Y del lado de los ciudadanos y empresas parece normal no dar ni pedir factura cuando se efectúa una compra, o declarar que las propiedades inmuebles valen muchísimo menos que su costo real de mercado, con el propósito de pagar menos impuestos que los que en justicia corresponden. Pero no: eso es evasión de impuestos y perjurio. También parece normal pagar “comisiones” (sobornos) a funcionarios para que autoricen o aceleren la aprobación de una disposición o contrato. Pero no, eso constituye delito de soborno o peculado.

Es necesario combatir esta cultura de impunidad, donde ninguna institución se hace responsable de la ineficiencia en el gasto público, donde no se rinden cuentas, y donde nadie se indigna por ello. Hay que combatir esta cultura de nihilismo ciudadano respecto de la corrupción, la cual cambiará únicamente en la medida en que aumenten los niveles de riqueza, de educación y de participación democrática de todos los guatemaltecos. Se trata de una monumental tarea que requiere de instituciones que funcionen, de ciudadanos que sean más responsables y de líderes (tanto en el sector público como en el privado) que se atrevan a tomar decisiones para hacer que se cumplan las leyes.

Esperanza Santa

La sociedad de hoy está confundida, desorientada y sin valores. Quizá la Semana Santa sea un momento propicio para reflexionar respecto de los principios que pueden ayudarnos a superar esta situación.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

 ESPERANZA SANTA

Este Viernes Santo, por primera vez después de muchos años, habrá asueto oficial en Cuba, como una concesión extraordinaria de Raúl Castro a la petición directa del Papa Benedicto XVI en su reciente visita a la isla; quizá un signo de esperanza de que –con la debida paciencia, la adecuada disposición de ánimo y la confluencia apropiada de circunstancias- es posible construir la concordia y el progreso social incluso en presencia de posiciones aparentemente irreconciliables (en este caso el castro-leninismo cubano y el catolicismo romano).

El mensaje del Papa en México y Cuba se enfocó a insuflar esperanza en dos naciones afligidas por problemas que, en gran medida, se replican a lo largo de Latinoamérica. El pontífice expresó en México sus sentimientos encontrados de alegría y esperanza, a la vez que de luto y angustia, como los que sentimos diariamente los habitantes de esta región rica en recursos humanos y naturales, pero violenta e injusta al mismo tiempo.

El Papa explicó que uno de los propósitos principales de su viaje (y una misión de la Iglesia en el mundo moderno) era educar las conciencias, desde una perspectiva de responsabilidad moral, a fin de combatir los males de la violencia y la injusticia. Desde su perspectiva, la falta de conciencia moral es lo que hace que sociedades como la mexicana (o, por extensión, la guatemalteca) sucumban ante la idolatría del dinero fácil y las falsas promesas de la corrupción y el narcotráfico.

En contraste con su predecesor, el carismático Juan Pablo II, el papa Benedicto recurre más a la razón que a la emoción en su intento de ganar almas para la causa: si Dios no está presente en la vida cotidiana, el vacío lo llena el mundo moderno con sus propios paraísos; por ende, la Iglesia tiene por misión evidenciar lo falso de tales paraísos y hacer presente la verdad de Dios que da esperanza en medio de una realidad cotidiana difícil de soportar.

Plantea el Papa que la Iglesia no es un poder político, sino un poder moral cuya función es educar las conciencias, pero debe hacerlo tanto en el ámbito de la ética individual, como en el de la ética pública, ya que muchos de los líderes sociales (políticos, empresarios, comunitarios y religiosos) son creyentes cristianos en su vida privada, pero en el ámbito público practican la confrontación, la avaricia, o la búsqueda de gloria personal. El reto que Benedicto XVI le plantea a su propia Iglesia es el de formar conciencias no sólo con base en una moral individual, sino también en una moral pública que sea razonable para que pueda ser compartida y practicada tanto por creyentes como por no creyentes y, por ello, debe tratarse de una moral basada en la razón.

Este reto está en línea con pensamiento del Papa desde sus tiempos de cardenal Ratzinger: la razón puede fortalecer la fe y ésta, a su vez, iluminar la razón. La creciente secularización del mundo moderno es una de razones por las que, en opinión del Papa, la sociedad de hoy está confundida, desorientada y sin valores; por ello, el anuncio de Dios a través de la razón puede infundir esperanza en una sociedad que, a través de ese anuncio, puede redescubrir los valores esenciales que la guíen en su progreso.

Lo paradójico es que, según lo atestiguan el recibimiento y las celebraciones populares que desató la visita papal a México, en Latinoamérica el cristianismo es aún un asunto muy emotivo, lo que complica el desafío de la Iglesia pues debe mantener un equilibrio entre la intuición del corazón y la racionalidad de la fe, a fin de que razón y corazón se complementen en la educación de las conciencias para la construcción de una sociedad más solidaria y justa, más próspera y segura.

La Semana Santa en Guatemala –repleta de manifestaciones de emotividad religiosa, pero también de costumbres y tradiciones seculares- puede ser una ocasión propicia para reflexionar sobre los valores que la mayoría de guatemaltecos (creyentes o no) compartimos con líderes religiosos como el Papa: el respeto a la familia, a la libertad, a la justicia y a la dignidad de la persona. Esos valores no sólo contribuyen a evitar que los jóvenes caigan en la ambición del dinero fácil a través de caminos falsos y violentos, sino también a superar la desesperanza y desconsuelo que muchas veces amenaza con envolvernos.