UNA RESPUESTA ADECUADA ANTE LA CUARTA OLA

ÓMICRON ES DIFERENTE: NO ES PRUDENTE FIJARSE SOLAMENTE EN EL NÚMERO DE CONTAGIOS

La llegada de ómicron a Guatemala está causando la cuarta ola de infecciones desde que empezó la pandemia de covid-19. Sin embargo, aunque ómicron es más contagiosa que delta -la cepa dominante anterior-, es menos grave. Se está extendiendo rápidamente en todo el mundo, pero ahora más gente ya está vacunada o se ha contagiado previamente de covid, por lo que muchas personas tienen ya mayor protección contra el covid severo.

En este escenario resulta absolutamente injustificable -incluso irresponsable- el énfasis que los medios de comunicación y las propias autoridades ponen en el número de infectados, en vez de focalizarse en el número de hospitalizados y defunciones, cifras estas que son mucho más relevante no solo para evaluar la gravedad de esta ola, sino para aplicar las medidas adecuadas. De hecho, el número de contagios nunca fue del todo útil para calibrar las políticas a adoptar, pese a lo cual se insiste en destacar esta casi irrelevante figura y ello, siendo ómicron una variante más contagiosa pero mucho menos letal que sus predecesoras, se presta a desorientar a la opinión pública, a generar una falsa sensación de pánico y a precipitar medidas inefectivas para enfrentar la pandemia.

Es contraproducente para el bienestar mental y material de la ciudadanía que cada ola de contagios genere tensión, incertidumbre y frustración. Las autoridades están llamadas a evitar que esto ocurra, sin descuidar la atención debida a la pandemia. Como sociedad debemos aprender a convivir con este virus, sabiendo que este es hoy mismo muy diferente al que vimos al principio de la pandemia: el riesgo actual para la mayoría de las personas vacunadas es muy bajo, por lo que el acento debe ponerse en la vacunación, en el fortalecimiento del sistema de salud pública y en las medidas que han probado ser efectivas y socialmente menos dolorosas, en vez de pensar en encerronas, toques de queda o prohibiciones de viaje que solo elevan innecesariamente el costo social y económico de la pandemia.

No se trata de menospreciar la ola de ómicron, que está provocando que los hospitales se estén llenando de pacientes (aunque ahora la mayoría de ellos son personas no vacunada y los casos tienden a concentrarse en las áreas de atención primaria). La amenaza de que esta ola desborde nuestros precarios servicios de salud sigue siendo preocupante. Lo que importa es que las acciones para enfrentar esta cuarta ola sean las adecuadas. Las políticas públicas y el comportamiento social que deben reforzarse son aquellas que han probado ser más efectivas y que evitan el pánico y la incertidumbre. El gobierno debe facilitar pruebas rápidas, fáciles y económicas; incentivar la vacunación masiva (incluyendo menores de edad para retornar pronto a las clases presenciales); y, obligar al uso de mascarillas en interiores. A la sociedad le toca administrar un sano distanciamiento social (especialmente en interiores) y aprender que la ventilación es la medida no farmacológica más eficaz contra esta infeliz pandemia.

Los Riesgos del Toque de Queda

LA MAYOR PARTE DE LAS MEDIDAS ANTI PANDEMIA NO NECESITAN DE NINGÚN DECRETO

La lógica detrás de los confinamientos obligatorios (parciales o totales) era muy válida hace un año y medio, cuando no se conocían muchas particularidades del SARS-CoV-2, ni existían protocolos médicos para tratar la enfermedad, ni había vacunas. Sin negar que los confinamientos estrictos pueden reducir la velocidad de los contagios, debemos estar conscientes de que en el mundo académico y político existe un debate abierto respecto a si, en el balance, los beneficios del confinamiento son mayores a sus costos.

Luego de diecisiete meses de pandemia, la relación y actitud de la población guatemalteca hacia la enfermedad ha ido evolucionando y -como en cualquier pandemia en la historia humana- el público se ha habituado a ella. En los países ricos esa evolución ha sido más rápida porque, en la medida en que la población se vacuna y se aplican nuevos y más eficaces tratamientos médicos, la letalidad del Covid-19 se ha reducido dramáticamente: la tasa de mortalidad de quienes se infectan en el Reino Unido es ahora de 0.1 porciento, similar a la de la influenza. Eso da un claro indicio de cuáles debieron haber sido -desde el principio- las prioridades de política pública para combatir la pandemia: fortalecimiento del sistema de salud y vacunación masiva.

Independientemente de su efectividad en términos sanitarios, los confinamientos forzosos pueden tener costos importantes. Para el PIB de Guatemala, un toque de queda de ocho horas durante un mes podría significar una pérdida de más de tres millardos de quetzales (suponiendo un efecto proporcional al del confinamiento del año pasado); y, en términos de empleo, la pérdida podría equivaler a más de veinte mil puestos de trabajo. También tendría costos potenciales en términos de gobernabilidad, si el gobierno no es capaz (como hasta ahora) de efectuar compras de insumos médicos y contrataciones de personal sanitario de forma eficiente y trasparente. Tendría, además, costos sociales asociados no solo a la pérdida de libertades individuales ante un creciente poder del Estado, sino también en términos del mensaje de miedo y pesimismo que abatiría el espíritu ciudadano y, con él, los intercambios económicos, sociales y culturales.

Quizá el principal riesgo es que el toque de queda distrae la atención y los esfuerzos de las medidas que sí se necesitan para abatir la pandemia. Algunas pueden requerir de un estado de excepción: un mecanismo -focalizado, transparente y temporal- para la compra de insumos médicos y para la contratación de personal sanitario, o la prohibición de aglomeraciones. Pero muchas otras medidas pueden aplicarse sin más trámite: una campaña masiva y efectiva de vacunación; una mejora sustancial de la capacidad hospitalaria (incluyendo hospitales de campaña); una mejora de la calidad -y de la remuneración- del personal sanitario; restricción de aforos; fomento al teletrabajo; y, las medidas estándar que han probado su efectividad a nivel mundial, como el uso de mascarillas y la sana distancia social. Estas medidas no requieren de un decreto, sino de voluntad y capacidad política para hacer que se cumplan.

CALAMIDAD

 LA ESTRATEGIA PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA NO PUEDE BASARSE EN MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL

Guatemala está en la peor ola de contagios desde que empezó oficialmente la pandemia en marzo del año pasado. Luego de más de un mes de estar registrando más de dos mil contagios diarios, el Gobierno decidió finalmente establecer un estado de calamidad (a ser ratificado por el Congreso) cuya medida más conspicua es la prohibición de salir de casa durante las horas en que la gran mayoría de ciudadanos suele estar precisamente en casa, durmiendo. ¿Servirá de algo el toque de queda para reducir la velocidad de los contagios? En realidad, no mucho.

Los confinamientos solo logran detener los contagios cuando son estrictos (de 20 o más horas al día) y circunscritos a territorios específicos. Inevitablemente, siempre tienen un costo económico y social. Los países ricos pueden darse el lujo de establecer confinamientos porque están en capacidad de compensar los costos correspondientes. En países pobres el confinamiento solo tiene lógica en una situación como la del año pasado cuando, ante el desconocimiento sobre el comportamiento del virus y sobre los protocolos médicos más adecuados para su tratamiento, se recurrió a los mismos con el fin principal de ganar tiempo para que el sistema de salud estuviera en condiciones de atender la inevitable ola de casos y darles un tratamiento adecuado o, al menos, una muerte digna; todo ello en espera de que eventualmente se alcanzara la inmunidad de rebaño o, en el mejor de los casos, surgiera una vacuna.

Hoy no solo se conocen bastante bien el ciclo y protocolos médicos para tratar el Covid-19, sino que, además, existen ya diversas vacunas. Los confinamientos estrictos son (política y socialmente) impracticables en países como el nuestro ya que, si bien impedirían que la gente muriera de Covid, provocarían que muriese de hambre. La estrategia correcta para combatir la pandemia tiene tres ingredientes: reducir los contagios con una campaña masiva y efectiva de vacunación; reducir la letalidad fortaleciendo el sistema de salud pública; y, hacer cumplir las medidas estándar de prevención (mascarilla, distanciamiento social, limitación de reuniones).

Para aplicar tal estrategia se necesitaba tiempo, dinero y un estado funcional. El gobierno contó con tiempo y dinero. La vacunación masiva pudo empezarse desde marzo de este año (como en muchos de nuestros países vecinos); había dinero, había vacuna, pero hizo falta una gestión eficiente. Por su parte, el fortalecimiento del sector salud debió haber sido la prioridad uno del gasto público y pudo emprenderse con firmeza desde hace más de un año: hubo tiempo y recursos para aumentar sustancialmente el número de camas, medicamentos, personal y recursos para atender dignamente a los enfermos. Las vergonzosas imágenes que han circulado del hospital temporal del Parque de la Industria son una prueba triste y palpable de la precariedad de las instituciones estatales y de la injustificable pérdida de tiempo y de recursos con que se ha encarado la pandemia. Esas debilidades, por desgracia, no se resuelven con la declaratoria de un estado de excepción.

PARA SALIR DE ESTA LARGA PANDEMIA

 LAS PERSPECTIVAS QUIZÁ NO SEAN TAN OPTIMISTAS COMO LAS PINTA EL FMI

 Este año, de acuerdo a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, la economía de Guatemala podría crecer a un ritmo de 4.5 porciento, recuperándose de la caída de 1.5 porciento que ocasionó la pandemia el año pasado, que registró la peor recesión en casi 40 años y de cuyas secuelas el nivel de empleo y de ingreso per cápita no se podrán recuperar tan rápidamente como, aparentemente, sí hará la producción de bienes y servicios.

 Sin embargo, las previsiones del FMI lucen, a primera vista, extremadamente optimistas. La persistencia de la crisis sanitaria generada por el Covid-19 ensombrece gravemente las perspectivas de recuperación a corto plazo; al mismo tiempo, la pandemia amenaza con agravar varias fragilidades estructurales del país, planteando importantes desafíos a largo plazo: los sectores de clase media han sido muy afectados en sus ingresos; el cierre prolongado de las escuelas públicas dañará las perspectivas y calidad del empleo de miles de futuros adultos; y, el Estado no solo ha mostrado durante la crisis sus severas limitaciones en la provisión de servicios básicos, sino que ha incurrido en déficits fiscales que ponen en riesgo la tan preciada estabilidad macroeconómica. De manera que las perspectivas a corto plazo están comprometidas ante la incertidumbre creada por la pandemia y las sombrías esperanzas de vacunación, mientras que las de largo plazo están amenazadas por la dislocación económica y social generada por una pandemia ya muy prolongada.

 Ante este panorama, lo que realmente apremia es que se acelere el acceso a las vacunas. Sin una vacunación masiva, rápida y efectiva, será imposible impulsar las perspectivas de crecimiento y salud que con tanto optimismo prevé el FMI. Esto requiere que se ejecuten cuanto antes los recursos aprobados desde hace varios meses para la compra y aplicación de las vacunas, y que se implementen sistemas locales de salud más fuertes, al tiempo que se redoblan los esfuerzos de contención, profilaxis y tratamiento de la enfermedad. Eso, en el cortísimo plazo.

 Para el mediano y largo plazos se necesita un esfuerzo triple para desatar el inmenso potencial de nuestra economía: reformas institucionales audaces para generar un clima empresarial favorable e impulsar el crecimiento económico; ampliar el acceso a la infraestructura, la educación, y la salud de alta calidad; y, medidas fiscales para recuperar le sostenibilidad y revertir muchos años de mediocre crecimiento. Así pues, los encargados de las políticas públicas deben hacer frente no solo al desafío inmediato que plantea la crisis sanitaria (que, aparentemente durará aún mucho tiempo), sino también deben impulsar las políticas clave para fomentar la inversión y el acceso a los servicios públicos básicos que generen el crecimiento de largo plazo que el país necesita.

No Nos Ha Ido Tan Mal

 EL IMPACTO DE LA PANDEMIA ESTÁ SIENDO ENORME, PERO HA PODIDO SER PEOR

La pandemia de covid-19 ha tenido un impacto catastrófico que se manifiesta, simultáneamente, en una crisis sanitaria y una crisis económica sin precedentes. Hace un par de semanas se desató en las redes sociales una polémica en torno a una gráfica, elaborada por la consultora Diestra, en la que se evalúa el desempeño de los países ante la pandemia midiendo dos dimensiones: los decesos ocasionados por el virus (impacto sanitario) y la caída estimada del PIB (impacto económico). Ahí se evidenciaba que Guatemala era de los países menos afectados en el mundo. Algunos inmediatamente descalificaron la gráfica (arguyendo que las cifras estaban erradas), mientras que otros atribuyeron los resultados a las buenas políticas públicas adoptadas durante la crisis.

Objetivamente, la gráfica en cuestión resulta una herramienta interesante para comparar el impacto de la pandemia entre países. Incluso si las cifras para Guatemala se ajustaran (digamos que en vez de tener los 275 decesos registrados por millón de habitantes tuviéramos 400, y si en vez de una caída del PIB estimada oficialmente en -1.5% cayésemos un 3%), aun así, nuestro país sale mejor librado de la pandemia que la mayoría de países en el mundo. La pregunta relevante es si ese buen desempeño relativo se debe a las políticas públicas o es fruto del azar.

Las medidas de confinamiento observadas en Guatemala en los albores de la crisis no fueron ni tan estrictas como las medidas draconianas aplicadas, por ejemplo, en la India (que hicieron colapsar la actividad económica), ni tan relajadas como las que se aplicaron en la mayoría de los Estados Unidos (que provocaron una grave crisis sanitaria). También se adoptaron medidas efectivas en materia sanitaria: uso obligatorio de la mascarilla, distanciamiento social y lavado de manos. La resultante moderación en la tasa de contagios no es, sin embargo, completamente atribuible a las medidas oficiales, sino también al comportamiento precavido de los guatemaltecos, cuyos indicadores de movilidad se redujeron más que los de los países vecinos. Algunos sostienen que, además, la alta tasa de vacunación contra la tuberculosis que existe en el país pudo haber ayudado también a reducir la incidencia del covid-19.

En el campo económico, el impacto se moderó gracias a una rápida aprobación de programas de apoyo a las familias y empresas afectadas, así como por una política monetaria acomodaticia. Pero seguramente ayudó más el persistente flujo de remesas familiares, así como el espíritu emprendedor de los guatemaltecos, su ancestral ingenio, su capacidad de adaptación y su reconocida solidaridad.

Si bien es cierto que esas dos dimensiones -caída del PIB y número de decesos- no son las únicas medidas válidas del impacto de una tragedia humanitaria tan grave como la pandemia de covid-19, también lo es que no se puede negar que Guatemala ha salido mejor librada que muchos otros países, ni que ello se debe -en parte- al mérito de algunas de las políticas aplicadas. Pero tampoco podemos negar que hemos corrido con mucha suerte… hasta ahora.

¡La Vacuna!

LA VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 DEBE SER LA PRIORIDAD PRESUPUESTARIA Y LOGÍSTICA DEL GOBIERNO EN 2021

En medio de una segunda ola de contagios en el Hemisferio Norte, la gran noticia de la última semana ha sido el anuncio del alto grado de eficacia de al menos tres diferentes vacunas contra el covid-19. Gran Bretaña será el primer país en empezar a inocular a su población. Ahora es probable que, con la vacuna y las técnicas terapéuticas en continua mejora, veamos el final de la pandemia durante 2021, especialmente en los países ricos. Sin embargo, los países en vías de desarrollo no la tenemos tan clara: existen muchas dudas sobre nuestra capacidad para implementar políticas de inmunización masiva, especialmente en un entorno de fiera competencia entre países por acceder a suficientes vacunas.

La vacunación contra el covid-19 debería convertirse, por mucho, en el centro de las políticas públicas del Estado guatemalteco en 2021. Ello implica priorizar los recursos financieros y logísticos del gobierno para acceder a una cantidad adecuada de vacunas de la mejor calidad. Se sabe que las autoridades ya han efectuado una reserva inicial de una de las vacunas, pero se trata de una cantidad aún insuficiente de vacunas para alcanzar la inmunidad de grupo el año próximo. Y aún está pendiente de pagarse la mayor parte del costo de dichas vacunas.

Lo anterior implica, en primer lugar, que la vacunación debe ser una prioridad presupuestaria en 2021. Algunos expertos estiman que se necesitan unos Q1500 millones para comprar las vacunas suficientes para cubrir al 40 por ciento de la población que se necesita inmunizar para alcanzar la inmunidad de grupo. No es un monto descabellado y, ahora que se está revisando el presupuesto del Estado, resulta ser un rubro al que debe darse primacía. En segundo lugar, la vacunación deberá convertirse en una prioridad logística, lo que plantea un desafío complejo para un aparato estatal anquilosado, torpe y corrompido.

Transformar la lucha contra la pandemia en el eje del quehacer gubernamental reviste una serie de ventajas: puede convertirse en un tema unificador capaz de dar un rumbo definido y ampliamente popular al gobierno, de canalizar los esfuerzos de la sociedad civil hacia un fin indiscutiblemente noble y de apaciguar los justificados descontentos y frustraciones de la población respecto del aparato político. A estos réditos políticos derivados de una estrategia de vacunación se le sumarían sus innegables réditos económicos: el gasto público en la vacuna generaría retornos financieros enormes en la medida en que los “espíritus animales” (y con ellos la inversión y el consumo) se reaniman ante las perspectivas de un pronto retorno a la normalidad.  

Sin embargo, dedicar una buena parte del presupuesto y de los recursos logísticos del Estado a la vacuna reduce las oportunidades de hacer negocios turbios con el erario, por lo que quizá muchos funcionarios corruptos no alcancen a ver la importancia de colocar la vacunación como la prioridad uno del gobierno en 2021. Cambiar eso será otro enorme desafío para el gobierno.

Enfocarse y Priorizar

¿CUÁN DIFÍCIL ES ENFOCARSE EN LO IMPORTANTE Y PRIORIZAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS?

La semana pasada se señaló en este espacio que las instituciones son un factor esencial del crecimiento económico y, consecuentemente, que los esfuerzos para reformarlas y fortalecerlas deberían ser centrales en la estrategia de desarrollo nacional. También se destacó, sin embargo, que los resultados de tales esfuerzos solo llegan a verse en el mediano plazo, razón por la cual la reforma institucional no suele estar entre las prioridades de los líderes políticos del país. Por otra parte, también la semana pasada el gabinete económico presentó -¡por fin!- un plan para la reactivación económica, compuesto por más de sesenta medidas que, ojalá, puedan implementarse rápidamente, aunque casi seguramente se toparán con la sempiterna incapacidad de ejecución del aparato estatal (que se ha hecho aún más evidente durante la pandemia).

Por ello, en tanto los poderes del Estado se animan a emprender las necesarias reformas institucionales, y en tanto la maquinaria gubernamental logra afinarse para impulsar las múltiples acciones de reactivación anunciadas, quizá algo más pragmático y racional sería centrarse en gestionar un conjunto más acotado y manejable de prioridades qué sí puedan hacer una diferencia positiva en las posibilidades de progreso del país.

Una de las primeras lecciones que aprenden los estudiantes novicios de economía es que las necesidades (personales, empresariales o gubernamentales) son infinitas, mientras que los recursos disponibles para satisfacerlas son finitos. De ahí surge la exigencia de que esos recursos escasos (el oikos) deban gestionarse con prudencia y disciplina (el nomos). Para nadie es un secreto que los recursos (financieros, humanos e institucionales) de los que dispone un Estado como el guatemalteco son extremadamente escasos, por lo que debería caer de su peso que es imposible para cualquier gobierno resolver todos los problemas del país al mismo tiempo.

Otro gallo le cantaría a Guatemala si los gobiernos, en vez de pretender satisfacer todas las demandas sociales simultáneamente (lo cual es imposible, especialmente con un aparato público famélico y disfuncional), se enfocaran en proveer los cuatro servicios públicos esenciales que necesitan la economía y la sociedad para operar con un mínimo de eficiencia. Primero, la atención primaria en salud y la nutrición infantil, aspectos cuyo fortalecimiento es fundamental en la lucha contra la pandemia en los próximos meses. Segundo, la educación primaria, que es esencial para proveer oportunidades para todos y aumentar la productividad sistémica. Tercero, la seguridad ciudadana y la impartición de justicia, sin las cuales continuará imperando la incertidumbre jurídica y el caos social. Y, cuarto, la infraestructura física que provea las comunicaciones y la energía que se requieren para que los intercambios económicos y sociales fluyan con abundancia.

Enfocarse en esos pocos temas, priorizar los recursos hacia su atención y perseverar en no desviarse de esas prioridades siempre ha sido un desafío para cualquier gobierno. Un sistema político desnaturalizado y una persistente miopía de sus líderes hacen muy difícil superar tal desafío. Tampoco ayuda que la opinión pública carezca de una agenda estratégica y que las élites tengan múltiples objetivos dispersos. Si eso no cambia -y si continuamos como sociedad sin enfocarnos en resolver esos cuatro temas esenciales- el gasto gubernamental (financiado con recursos provenientes de los impuestos actuales y del endeudamiento público que deberá pagarse con impuestos en el futuro) seguirá siendo, esencialmente, un desperdicio.

¿Es Momento de Repensar el Estado?

 La pandemia ha evidenciado la debilidad del Estado, pero también nos está demostrando que algunas pocas instituciones sí funcionan y son valiosas

“En tiempo de desolación, nunca hacer mudanza”, aconsejó Ignacio de Loyola a sus discípulos, “…mas estar firme y constante en los propósitos y determinación en que estaba el día antecedente a la tal desolación”. De manera que, actuando con prudencia ignaciana, una vez superado el período de tribulación que hoy vivimos, bien convendría aprender las lecciones que nos deja la pandemia y perseverar en el esfuerzo de reformar la débil institucionalidad que impide la modernización del Estado guatemalteco.

 

Porque si algo ha puesto en evidencia esta crisis económica y sanitaria es la enorme deficiencia de la mayoría de instituciones y la incapacidad del Estado de proveer los bienes públicos esenciales para el funcionamiento de cualquier economía y sociedad civilizadas. Muchas son las consecuencias de la ausencia de instituciones eficientes durante la pandemia: la falta de cifras creíbles para toma de decisiones empresariales y gubernamentales; el retraso en la provisión de ayuda a la población y a los empresarios más afectados; la ineficiencia y corrupción en la adquisición de suministros para combatir la crisis sanitaria; la escasez de cuadros técnicos que impriman un mínimo de agilidad a la administración pública; o la casi nula credibilidad de las cortes de justicia para dirimir conflictos y cimentar la paz social.

 

A raíz de la pandemia, la sociedad ha cobrado conciencia de lo oneroso que resulta la precariedad estructural del sistema de salud pública. Asimismo, la opinión pública se ha dado cuenta de que el gobierno puede seguir operando igual que antes, con la mitad de las oficinas estatales cerradas; que puede funcionar igual con menos ministerios y menos secretarías; que el hacinamiento de la población penitenciaria es una amenaza a la salud y seguridad públicas; que los barrios marginales -con sus estrechos callejones, escasez de agua y poca salubridad- representan un peligro sanitario no solo para sus habitantes sino para todo el país; y, que la flexibilidad de horarios y condiciones laborales es una exigencia del mundo moderno.

 

Pero también la pandemia nos está demostrando que algunas pocas instituciones sí funcionan y son valiosas. La histórica disciplina macroeconómica de Guatemala -reconocida por los mercados internacionales- ha mantenido abiertas las ventanillas de crédito interna y externamente. La estabilidad de precios ha sido un alivio invaluable en medio de la peor recesión económica de las últimas décadas. Las políticas monetarias y fiscales ortodoxas sí reditúan en una crisis como la actual. Muchos lustros de disciplina fiscal han permitido que el presupuesto estatal pueda inflarse rápidamente para aplicar medidas anti crisis, pero es menester retornar el déficit fiscal -gradual pero consistentemente- a sus niveles tradicionalmente bajos. Esas (pocas) instituciones que sí funcionan, hay que preservarlas y consolidarlas.

 

Cuando la crisis pase, no deberíamos regresar a la normalidad. No, al menos, a esa normalidad de instituciones débiles que impiden al Estado cumplir con sus obligaciones mínimas de proveer servicios básicos de seguridad, justicia, infraestructura, salud y educación primarias. Los programas de recuperación económica y social post-pandemia deberían aspirar a generar un desarrollo económico mucho más acelerado que el que teníamos antes, así como a mejorar sosteniblemente la calidad de vida de todos los guatemaltecos. Para ello es indispensable, desde ya, emprender con determinación -sin prisa, pero sin pausa- la reforma institucional del estado. Sin ella, a lo más que podremos aspirar es a retornar a nuestra mediocre normalidad pre pandémica.

Salud Pública y Prosperidad Económica

La calidad de la salud pública tiene un enorme impacto en la economía.

Desde hace mucho tiempo, el sistema guatemalteco de salud pública padece graves deficiencias. El Índice de Seguridad Sanitaria Global (una herramienta que analiza comparativamente la seguridad sanitaria y capacidades relacionadas en 195 países) ubicó el año pasado a nuestro país en el puesto 125, el segundo peor de Latinoamérica. La pandemia de Covid-19 solo vino a evidenciar los terribles costos de esas deficiencias y cuán central es la salud para las personas, la sociedad y la economía. La calidad de la salud pública tiene un enorme impacto en la economía. El rápido crecimiento económico mundial en el último siglo está asociado a los avances en materia de vacunas, antibióticos, sanidad pública y nutrición que han mejorado los estándares de vida y la capacidad productiva de la humanidad. Es evidente que una buena salud pública favorece el crecimiento económico al expandir la fuerza laboral y mejorar la productividad y las interacciones sociales.

Un reciente estudio del McKinsey Global Institute -titulado “Priorizar la salud: una prescripción para la prosperidad”- estima que la falta de servicios adecuados de salud le cuesta cada año a la economía cuarenta y tres días de trabajo perdidos por persona (por enfermedad o muerte prematura) y una reducción de cinco por ciento en la productividad laboral por padecimientos crónicos, lo cual implica una pérdida de quince por ciento del PIB (¡tres veces más del costo previsto de la pandemia!). Si se aplicaran las herramientas sanitarias ya existentes (medidas de prevención mediante ambientes más higiénicos y comportamientos sociales saludable, así como acceso a vacunas, medicina preventiva y terapias estándar) esas pérdidas podrían reducirse en un cuarenta por ciento.

Si bien es cierto que el costo financiero que conlleva mejorar el sistema de salud es uno de los aspectos que ha impedido tomar acciones concretas al respecto, también lo es que ha hecho falta en el debate un enfoque que tome en cuenta los retornos económicos de invertir en la sanidad pública: de acuerdo a el referido estudio de McKinsey, por cada dólar invertido en mejorar el sistema de salud es posible obtener un retorno económico de cuatro dólares. Pero no solo se trata de gastar más en salud, sino de gastar mejor: el gasto público en salud ha venido aumentando en Guatemala (de un 5 a un 9 por ciento de presupuesto estatal en los últimos años) sin que ello se haya traducido en una mejora en los servicios de salud.

La crisis del Covid-19 no solo plantea un desafío para repensar la salud pública y reconstruir la economía, sino que presenta una oportunidad única para reformar el sistema de salud con vistas a generar bienestar material para toda la población. Ello requerirá un esfuerzo consciente del gobierno, el Congreso y la sociedad para hacer de la salud púbica una prioridad económica y para transformar el sistema de salud en uno basado en las mejores prácticas a nivel internacional y enfocado en las áreas de mayor retorno socio-económico. Hace tres lustros se propuso en el extinto Plan Visión de País una reforma institucional para sistematizar y priorizar las políticas públicas en salud, establecer un mecanismo de coordinación de las políticas sanitarias (el Sistema Nacional de Salud), fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud y redefinir el modelo de atención en salud. Si se hubieran aprobado esas reformas en su momento, quizá otro gallo nos habría cantado en esta pandemia, pero los sindicatos enquistados en ese ministerio y otras fuerzas opuestas al cambio impidieron su aprobación. Quizá ahora, la bofetada propinada por el Covid-19 pueda servir para despertar la conciencia social respecto de la conveniencia de retomar alguna suerte de reforma al sistema de salud como la propuesta en aquella ocasión.

La Debilidad del Sistema de Salud

La decisión presidencial de sustituir a toda la cúpula del Ministerio fue la correcta

Al Ministerio de Salud Pública se le asignó una ampliación presupuestaria de casi Q1.7 mil millones para combatir el covid-19. Al 19 de junio, en medio de la peor etapa de la pandemia, apenas había ejecutado un 3.6% del total de esos recursos. Ni duda cabe que algo está muy mal en el sistema de salud del país. Pero la debilidad de dicho sistema no es algo nuevo. El Índice Global de Seguridad Sanitaria -una herramienta que evalúa comparativamente la seguridad sanitaria y capacidades relacionadas en 195 países- califica a Guatemala (en el puesto 125) como uno de los países menos preparados para enfrentar una crisis sanitaria.

El referido índice señala en particular la poca capacidad del sistema de salud guatemalteco para responder efectivamente a una crisis sanitaria como la que enfrentamos debido, principalmente, a las enormes debilidades institucionales que ya eran evidentes desde antes de esta tragedia. Con menos de diez mil camas en los hospitales nacionales (cuando se necesitarían más de cincuenta mil), con precarias instalaciones, con escaso y poco especializado recurso humano, con una enorme fragmentación y poca coordinación de las instituciones que lo conforman, y con uno de los presupuestos más pobres del continente, el sistema de salud nacional es uno de los eslabones más débiles de nuestro endeble Estado.

De manera que al Ministerio de Salud lo sorprendió esta pandemia con muy pocas herramientas para enfrentarla. Lo grave es que esas pocas herramientas las utilizó muy mal. Pese a que, como se indicó, se le asignaron oportunamente recursos financieros extraordinarios, no supo gestionarlos: tardaron mucho en detectar los casos de contagio comunitario; aplicaron protocolos improvisados que solo saturaron innecesariamente los hospitales; tardaron en contratar y pagarle a los médicos; y, tardaron lo indecible en comprar medicamentos, equipo y pruebas.

La decisión presidencial de sustituir a toda la cúpula del Ministerio fue la correcta. El desafío de las nuevas autoridades es acelerar (con transparencia) la ejecución del gasto. La contratación y pago de nuevos médicos puede acelerarse recurriendo al rubro presupuestario de servicios extraordinarios. Por otra parte, es perfectamente lícito y factible realizar la compra de insumos y medicamentes acudiendo directamente a proveedores del extranjero (pese a la irracional resistencia que a tal procedimiento plantean los cuadros “técnicos” del Ministerio de Salud).

Ojalá que ahora sí tengamos a las autoridades correctas para enfrentar una pandemia… y para enfrentar las resistencias enquistadas en el corrompido aparato burocrático del Ministerio. Eso es lo urgente. Lo importante, sin embargo, será que, una vez superada la crisis, nos propongamos como sociedad una reforma sustantiva del sistema de salud pública, haciendo énfasis en una coordinación interinstitucional que configure una estructura operativa que gestione los recursos y gerencie los servicios en función de una política nacional de largo plazo para reducir las enormes brechas existentes en el acceso a los servicios de salud. Es menester pensar desde ya en el necesario reordenamiento institucional del sistema de salud que modifique la estructura funcional, los modelos de atención, la organización interna, así como la provisión y gestión de los recursos financieros que necesita dicho sistema.

Hay que Invertir en Capital Humano

El Estado gasta poco, y mal, en las que deberían ser las prioridades de sus políticas púbicas: atención primaria en salud, nutrición infantil, educación primaria. Mucho del presupuesto gubernamental de gastos se desperdicia en objetivos secundarios y superfluos. Urge corregir y re-priorizar el presupuesto; y los partidos políticos deberían tener tal cosa como una oferta central de su campaña electoral

A los economistas nos gusta hacer el símil entre el capital físico (equipo, planta, maquinaria e infraestructura) de un país y su capital humano (es decir, la cantidad, calidad, grado de formación y productividad de las personas involucradas en un proceso productivo). Formalmente, el concepto de capital humano fue desarrollado por Theodore Schultz y Gary Becker, quienes lo consideraron como cualquier otro tipo de capital, que si se invierte en él puede traer múltiples beneficios para la sociedad. En efecto, el crecimiento económico de los países se puede explicar considerando el capital humano como un factor clave de la producción, pues invirtiendo en él se puede aumentar la productividad sistémica, impulsar el progreso tecnológico y, además, obtener múltiples beneficios en otras áreas como el progreso cultural y el bienestar y la paz social.

Lo que no ha sido tan fácil es medirlo. Por eso es bienvenida la medición del Índice de Capital Humano -ICH- que el Banco Mundial publicó a finales del año pasado para 157 países y que mide la cantidad de capital humano que un niño nacido hoy puede esperar acumular a los 18 años. El ICH compuesto por cinco indicadores: la probabilidad de supervivencia hasta los cinco años, los años de escolaridad esperados de un niño, los puntajes de las pruebas estandarizadas (calidad del aprendizaje), la tasa de supervivencia de adultos (jóvenes que sobrevivirán hasta los 60 años), y la proporción de niños no atrofiados (por desnutrición).

La calificación de Guatemala, como en tantos otros índices, es desalentadora. Con cifras para 2017, nuestro país se ubica -con un puntaje de 0.46 sobre 1- en el puesto 104 (de 157 países) y ocupa el penúltimo lugar del continente americano (solo detrás, claro está, de Haití). Todos nuestros vecinos ocupan mejores posiciones: Honduras en el puesto 103, El Salvador en el 97 y México en el 64. El ICH de Guatemala no solo es inferior al promedio de Latinoamérica, sino también al del grupo de países de similar nivel de ingresos. Lo que es peor, entre 2012 y 2017 el valor de nuestro ICH apenas aumentó de 0.44 a 0.46.

Si el país lograra duplicar su calificación en el ICH podría, en el largo plazo, duplicar su PIB per cápita. Por ende, la mejora del capital humano debería ser una prioridad en las políticas del gobierno y ocupar un lugar central en los planes de gobierno que los partidos políticos presentarán en la campaña electoral. Por desgracia, es poco probable que tal cosa ocurra debido a que la inversión en capital humano (con todo y lo esencial que es para el desarrollo del país) es una política que tarda mucho tiempo en producir frutos, lo que la hace políticamente poco atractiva a corto plazo.

Quizá la vergüenza de vernos tan mal calificados en el ICH pueda, aunque sea por orgullo nacional, ayudar a crear conciencia y aumentar la presión para que se adopten políticas públicas de mejora del capital humano, lo cual implica un esfuerzo de priorizar el gasto público hacia los rubros que aumenten las inversiones en las personas (educación de calidad, atención primaria en salud, combate a la desnutrición) en vez de desperdiciarlo en gastos superfluos e ineficientes.

El Plan de Gobierno, de Nuevo

Vuelvo al tema del Plan de Gobierno. Resulta que, contrario a lo que creía hace algunas semanas, sí existe un plan bien estructurado, que se está aplicando, y que responde claramente a las líneas estratégicas de seguridad nacional del gobierno... de los Estados Unidos de América

Una de las debilidades que se le atribuyen al gobierno de Jimmy Morales es la ausencia de un plan de gobierno. Y no es que no existan programas de acción gubernamental, sino que estos han sido planteados por los distintos funcionarios (ministros de gobierno o comisionados presidenciales) de manera aislada, por compartimentos, lo cual impide articular un conjunto de acciones priorizadas.

Dicha estructura priorizada -o plan de gobierno- es importante no sólo porque transmite certeza a la ciudadanía sobre el accionar del gobierno (lo cual es importante en la actual coyuntura de desaceleración económica), sino también porque permite ordenar el presupuesto estatal en función de ciertos objetivos, así como impulsar una agenda legislativa ordenada hacia tales objetivos (lo cual es importante de cara a la gobernabilidad en la actual situación de fragmentación legislativa).

Hace algunos días, sin embargo, un amigo politólogo me hizo ver ciertas evidencias que apuntan a que -de forma implícita- existe un plan de gobierno estructurado y priorizado que, además, se está cumpliendo al pie de la letra. Ese plan implícito ordena sus acciones en cuatro líneas estratégicas: dinamizar el sector productivo; desarrollar el capital humano; mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia; y, fortalecer las instituciones y combatir la corrupción.

Aunque las líneas estratégicas son ambiciosas, en la práctica el plan actualmente se concentra en ciertas acciones muy concretas. En el área de dinamización productiva se ha lanzado un programa piloto en tres municipios (Momostenango, Nebaj y Jocotán) para convertirlos en “modelos” a replicar, mediante esfuerzos en salud, educación y empleo; estas acciones apenas están empezando, por lo que aún no existen avances medibles. En el área de capital humano, la prioridad parece ser la restructuración y depuración del Ministerio de Salud Pública, ya en marcha, pero cuyos avances estarán sujetos al éxito que tenga la nueva ministra en su lucha contra estructuras muy arraigadas (dentro y fuera del ministerio) que intentarán descarrilar sus esfuerzos.

En el área de seguridad y justicia, además de las acciones a nivel regional (apoyadas por los Estados Unidos) en contra de las pandillas, la prioridad número uno parece ser la reforma al sector justicia impulsada por los tres organismos del Estado (que incluye una reforma constitucional) y que avanza a pasos acelerados con el apoyo de la CICIG y el Ministerio Público -MP-.

Y en el área de fortalecimiento institucional y combate a la corrupción son, de nuevo, la CICIG y el MP quienes están impulsando acciones muy precisas en contra de estructuras corruptas enraizadas en el aparato estatal, a las cuales se les unen las acciones que la SAT está emprendiendo con gran éxito en contra de la evasión tributaria.

Este plan de gobierno, según la interpretación de mi amigo politólogo, tiene el objetivo de propiciar condiciones de seguridad y de cambios políticos y económicos que permitan a los habitantes prosperar y, con ello, reducir la migración (especialmente de menores de edad), la porosidad fronteriza (campo fértil del terrorismo internacional) y la narcoactividad. Casualmente, estos objetivos coinciden con las prioridades de seguridad nacional que el gobierno de los Estados Unidos de América ha asignado a sus relaciones con el Triángulo Norte de Centroamérica.

Por ello es que, casualmente también, el plan de gobierno implícito aquí esbozado, coincide plenamente con la orientación del Plan Alianza para la Prosperidad, co-financiado por el gobierno estadounidense (como referencia, puede consultarse el sitio www.whitehouse.gov/the-press-office/2016).

La Ilusión de Crecer al 6%

Todos quisiéramos que la economía guatemalteca creciera más y generara mayor bienestar para todos. Pero eso no se logra con sólo desearlo. Hay un trabajo profundo que debió emprenderse desde hace mucho tiempo, pero que -por querer buscar atajos, o por descuidar los temas importantes en beneficio de los urgentes- nunca se ha logrado.

Desde los Acuerdos de Paz, pasando por diversas propuestas para acelerar el crecimiento económico, se ha planteado la deseable meta de que la economía guatemalteca –medida por su Producto Interno Bruto, PIB- crezca a una tasa anual de 6%, a fin de reducir efectivamente la pobreza. Por desgracia, en la práctica, el PIB ha crecido solamente a un ritmo del 3.5% -en promedio- durante los últimos 15 años (similar a los anteriores 15 años) y parece poco probable que eso pueda cambiar en el corto plazo.

Nuestra economía se asemeja a una carabela impulsada por una enorme vela central y cuatro velas secundarias. La vela del mástil mayor es la del consumo privado: más del 85% del PIB es impulsado por el consumo de los hogares que, a su vez, crece por el aumento vegetativo de la población. Ello explica por qué el crecimiento de la economía se ubica normalmente en torno a ese 3.5%. Las velas secundarias que empujan al PIB son, en su orden, las exportaciones, la inversión en bienes de capital y el consumo del gobierno. Sólo cuando un viento favorable hincha estas velas secundarias es que el PIB logra crecer más allá del 3.5%.

Por ejemplo, en 2014 el barco del PIB creció encima de su tendencia, a 4.2%, debido a que los vientos provenientes del exterior soplaron sobre la vela de las exportaciones, que aumentaron casi 8% en términos reales. En 2015 la carabela también avanzó a una velocidad (4.1%) superior a su crecimiento vegetativo, esta vez impulsada por el viento que infló la vela mayor del consumo y la de la inversión física; en ambos casos, los vientos volvieron a provenir del exterior debido a la reducción de los precios de los productos primarios y de los bienes de capital en los mercados internacionales, lo que a los guatemaltecos comprar más bienes de consumo y más maquinaria y equipo.

Por desgracia, esos vientos favorables han cesado en 2016 y continuarán ausentes en 2017. Las exportaciones están deprimidas y los precios de los productos primarios están subiendo en los mercados internacionales. Nuestra carabela continuará avanzando, pero lo hará sólo con sus propias fuerzas sustentadas en el consumo privado (y este, a su vez, en el crecimiento poblacional y en las remesas familiares). Eso explica por qué el Banco de Guatemala redujo recientemente su proyección de crecimiento económico.

Para alcanzar el sueño de crecer a tasas de 6% debemos dejar de depender de los impredecibles vientos externos. Y eso solo se logra generando internamente tres elementos clave: la acumulación de bienes de capital (infraestructura y maquinaria), la eficiencia en el uso de los factores de producción (productividad del trabajo) y la innovación. Decirlo es fácil, pero lograrlo requiere de un esfuerzo sistemático, continuo y políticamente complejo.

Si bien ese esfuerzo requiere de medidas gubernamentales de largo plazo (en educación, salud, seguridad e infraestructura), en el corto plazo podría empezarse afrontando los retos que afectan más las decisiones de inversión y generación de empleo en Guatemala. Los cinco retos más apremiantes (según el World Economc Forum) que deberían ocupar un lugar prioritario en una agenda de políticas públicas son: la criminalidad; la corrupción; la mano de obra poco capacitada; la ineficiencia y excesiva burocracia gubernamental; y, la escasa e inadecuada infraestructura pública.

Mientras no se atiendan estos temas de fondo, pensar en que, por designio de los dioses marinos, soplarán vientos favorables que impulsen nuestra nave económica hacia tasas de crecimiento del 6%, será solamente una vana ilusión.

La Clave es Priorizar

Hay tanto por hacer, y las demandas ciudadanas son tan amplias, que resulta imprescindible priorizar las políticas gubernamentales. Lo mejor sería priorizar la reforma política-institucional y la focalización del gasto público.

Se acabó la Semana Santa (tradicional parteaguas en el año político guatemalteco); las élites del país deberían aprovechar la ocasión para impulsar los cambios profundos que la ciudadanía está reclamando desde hace casi un año. Para hacerlo es esencial priorizar las acciones a emprender.

Lo primero es reconocer que el obstáculo más inmediato a vencer es el propio sistema político, principal fuente de la corrupción, la ineficiencia y el deterioro institucional que nos aquejan. Por eso, las prioridades de gobierno deben incluir un componente de comunicación que envíe señales precisas a la ciudadanía, de manera que esta perciba que sus demandas de cambio institucional están siendo atendidas.

Para ello conviene centrar los esfuerzos en, al menos, cuatro áreas clave. Una es la reforma del servicio civil, pero en un esfuerzo liderado por la nueva política, no por los políticos tradicionales que solo buscan hacer cambios cosméticos que no transformen el ineficiente sistema actual. Esta reforma debe empezar por hacer un inventario de todas las plazas del Estado y por el control electrónico de todos los pagos de planilla.

Segundo, una política de transparencia total y lucha frontal contra la corrupción que incorpore medidas de impacto, tales como la reforma aduanera o la apertura de un observatorio anti-corrupción donde la ciudadanía, con el apoyo de la comunidad internacional, pueda denunciar y ver reflejadas sus demandas. Tercero, una real y profunda reforma de la Ley Electoral que incluya los temas clave que fueron ignorados en las reformas que actualmente discute el Congreso: otorgarle un verdadero rol supremo al TSE, el voto secreto en las asambleas partidarias, el rediseño de los distritos electorales y la posibilidad de elegir a los diputados en listados abiertos. Cuarto, aprovechar el clima de indignación ciudadana para mantener la presión de la opinión pública –y exigir la rendición de cuentas- sobre el centro visible del sistema vigente: el Congreso de la República.

Simultáneamente,  la coyuntura obliga a atender la problemática fiscal. Los recursos financieros son escasos; ello demanda un esfuerzo serio (y visible) de austeridad y focalización del gasto en áreas clave como nutrición, salud, educación primaria, infraestructura vial y seguridad ciudadana,  especialmente si ya cuentan con programas específicos. Esto implica necesariamente la decisión de restarle prioridad (y recursos) a programas que no son eficaces (como los de fertilizantes, bolsas, o fondo de vivienda). Ello requiere de valentía política, pero puede dar réditos importantes si se comunica adecuadamente.

Solo una vez puestas en marcha estas medidas, se estará en posibilidades de proponer reformas que permitan aumentar la recaudación fiscal y expandir los programas de gobierno a otras áreas.

Irresponsabilidad en Salud Pública

El despilfarro de recursos del erario se ve agravado por la imprudente política salarial del Ministerio de Salud

Guatemala tiene unos de indicadores de salud más precarios del mundo. Los bajos niveles de salud de la población se derivan de un proceso histórico de ingentes necesidades acumuladas, cuyos factores principales tienen que ver con el limitado acceso a servicios de salud y saneamiento, lo cual refleja en gran medida la relativa escasez de recursos del presupuesto que el gobierno dedica al sector y, especialmente, la inadecuada organización y gestión de la instituciones públicas en el área de la salud.

Si a lo anterior le sumamos un manejo miope e irresponsable en el uso de los escasos recursos a cargo del Ministerio de Salud Pública  tenemos lo que tenemos: la peor crisis de salud pública en los últimos veinte años. Un hecho central en dicho manejo inadecuado es la forma en que se contrata, administra y remunera el personal de dicho ministerio.

Por un lado, el número de empleados del Ministerio de Salud se ha multiplicado de forma exorbitante. Mientras que en 2008 había unos 26 mil trabajadores en nómina, la cifra se elevó a unos 42 mil en 2013, y continuó incrementándose hasta alcanzar los 50 mil empleados en 2014. Evidentemente, este aumento exponencial del número de empleados no se ha traducido en una mejora en la calidad y cobertura de los servicios de salud. Más bien al contrario. Ello levanta automáticamente dudas de cuál ha sido la verdadera razón para contratar tantos nuevos empleados en tan poco tiempo: ¿se trata de contrataciones para atender compromisos políticos? ¿Será quizá un mero descuido administrativo? ¿O serán plazas fantasmas para sustraer ilícitamente recursos del presupuesto?

Este acelerado incremento en la plantilla de salubristas estatales tiene un impacto palmario en las finanzas públicas. En 2010 los guatemaltecos pagamos Q1,360 millones por la nómina de empleados del Ministerio de Salud. Esta cifra se ha elevado hasta los Q2,420 millones en el presente año. Es decir que en cinco años el costo de la plantilla de dicho ministerio ha aumentado en un 43%, que significa ¡más de mil millones de quetzales! El que semejante incremento se haya verificado sin que se produjera una mínima mejora en la calidad y cobertura de los servicios –sino más bien al contrario-, vuelve a levantar enormes dudas no sólo sobre la calidad del gasto sino, lo que es peor, sobre la probidad con que este se maneja.

Este despilfarro de los escasos recursos del erario público se ve agravado por la imprudente política salarial del Ministerio de Salud en los últimos años, cuyo vicio más conspicuo es el de acordar generosos pactos colectivos con el poderoso (políticamente) Sindicato  Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala. Estos pactos colectivos los ha firmado el Ministro de Salud sin siquiera haber consultado sus implicaciones con el Ministerio de Finanzas Públicas. Eso es equivalente a que el gerente de producción de una empresa decida otorgar dadivosos aumentos salariales a sus operarios sin preguntarle al gerente financiero si la empresa cuenta con dinero para hacerlo.

Para agregar insulto a la herida, la semana pasada las autoridades anunciaron con jolgorio que, como fruto de los referidos pactos colectivos, pagarán un “bono por antigüedad real” a unos 21 mil empleados de la cartera de salud con un costo para el fisco que supera los Q250 millones anuales. Destaca el hecho de que se trata de un “bono por respirar”, al que se hacen merecedores los trabajadores del ministerio por mantenerse vivos: no importa si trabajan bien o mal, si están o no capacitados, si asisten o no a sus labores, el bono se les dará (y en mayor cantidad a quien tenga más tiempo de permanecer en nómina).

El único beneficio concreto de este derroche de dadivosidad (con los recursos del tesoro del país) es el clima de paz y concordia que se genera entre los sindicalistas y las autoridades de gobierno. Pero eso no compensa los costos. La salud pública es un factor clave para generar desarrollo económico y social. En Guatemala, la mala gestión de la salud pública se convierte en una limitante clara de dicho desarrollo. Por ello es imprescindible cambiar radicalmente la forma en que se organizan las instituciones del sector y mejorar sustancialmente su gestión de recursos a fin de garantizar la adecuada prestación de servicios a la población.

Nefasto Común Denominador

La corrupción es, sin duda, el tema subyacente en la mayoría de problemas de la vida pública del país

La profesión más peligrosa del mundo es ser chofer de autobús en Guatemala: sólo en lo que va del año han asesinado a 80 pilotos y ayudantes de camioneta. Y estas cifras aumentan año con año, desde hace más de una década. En ninguna nación civilizada del planeta existe un precedente similar. Detrás de esta vergonzosa tragedia existen varias causas, como las extorsiones, las maras, la desidia de las autoridades municipales, o la ineficiencia policíaca y de inteligencia civil. Pero lo que distingue a Guatemala de otros países es el origen del botín: el gigantesco monto del subsidio (más de Q300 millones anuales) que de manera obscura y evidentemente ineficiente reciben del fisco las empresas de transporte público. La corrupción aquí es, sin duda, un tema subyacente.

El sistema penitenciario no sólo está colapsado, sino que se encuentra de hecho “privatizado” en manos del crimen organizado. Esto se explica en parte por la falta de recursos humanos, técnicos y financieros del sistema. Pero se explica más por las intrincadas redes de negocios ilícitos que lo infestan; es decir, por la corrupción que allí impera.

La cultura, que es una de las riquezas potenciales más grandes del país –capaz de generar ingresos, empleos, cohesión social y bienestar general- ocupa el último lugar en las prioridades del ministerio responsable, donde se prefiere privilegiar la compra y reparto de pelotas y uniformes o el alquiler de juegos de feria mecánicos porque aparentemente allí es donde está el negocio. El problema no es si el ministro del ramo es culto o si los recursos son escasos, sino la falta de visión y transparencia en la administración de los mismos.

Los tribunales de justicia (un pilar para que las sociedades y los mercados prosperen) no son, en general, confiables para los guatemaltecos que los ven como un enorme y lento bazar de favores, influencias y canonjías. Además del inadecuado marco legal o del insuficiente presupuesto que afectan al Organismo Judicial, la corrupción es un aspecto que surge claro en cualquier diagnóstico del sector.

Los hospitales públicos están colapsados, sin medicina, sin estructura y sin sentido. No sólo la profunda disfuncionalidad administrativa del ministerio del ramo o su insuficiencia presupuestaria explican el desastre. El colosal y turbio negocio de las medicinas es la principal fuente de distorsiones en la gestión de la salud pública, donde el asunto de fondo es uno de sobornos y cohechos.

Las escuelas públicas son escasas y muchas se encuentran en condiciones precarias, al tiempo que los exámenes estandarizados reportan un pésimo desempeño de los estudiantes que sufren de una bajísima calidad en la enseñanza. No sólo la escasez de presupuesto para la construcción de escuelas o la baja calidad del magisterio o sus pésimos salarios explican las penas de la educación, sino también la sospechosamente ineficaz y borrosa manera en que se construyen las escuelas (como la mayoría de obras públicas) o en que se asignan las plazas magisteriales explican el estado ruinoso del sector educación.

Las municipalidades y los consejos de desarrollo reciben la cuarta parte del presupuesto del Estado, sin que lo inviertan en rubros prioritarios que se alineen con las políticas públicas de salud, educación, seguridad e infraestructura. Estas voluminosas transferencias presupuestarias se han convertido en el principal objeto del deseo de alcaldes y gobernadores para fines (políticos o personales) ajenos al bien público. También aquí yace implícito un problema de corrupción.

El nefasto común denominador de la mayoría de problemas que afectan la vida pública del país es la corrupción. Por eso apena que el liderazgo social y empresarial del país (independientemente de diferencias ideológicas) no se centre en vigilar y repudiar la corrupción que como un cáncer que consume los escasos recursos tributarios. Por eso aflige que la próxima elección de Contralor General de Cuentas siga siendo un mercado de influencias y no augure un buen futuro para esa institución clave de la república. Por eso angustia que la Política Criminal acordada recientemente por los tres organismos del Estado y el Ministerio Público para 2015 excluya por completo –inexplicada e inexplicablemente- el combate a la corrupción como una prioridad impostergable.

A Reponerse del Golpe

Debemos tomar nota de las razones que impulsaron a Fitch a reducir la calificación de Guatemala

No sorprendió, pero dolió. La calificación de riesgo-país que otorga a Guatemala la agencia Fitch Ratings fue degradada de BB+ a BB, lo cual envía un mensaje negativo a los mercados sobre  las contingencias a considerar por parte de cualquier inversionista. Lo anterior podría acarrear consecuencias sobre el costo deuda pública (bonos), los flujos de inversión hacia el país, el costo del crédito (por ejemplo, para vivienda), la viabilidad de las iniciativas de participación público-privadas, la reputación e imagen internacional del país y, por ende, sobre el desempeño económico futuro.

Cuando por primera vez calificó al país, Fitch le asignó en julio de 2006 la nota de BB+ (apenas un escalón por debajo del “grado de inversión” que anhelan los países en vías de desarrollo), y lo sostuvo allí en los siguientes siete años, incluso en medio del fragor de la crisis internacional de 2008-2010, por lo que esta degradación es la primera que sufre el país por parte de esa agencia.

Si bien la nueva calificación nos aleja otro escalón del grado de inversión, y es una escala menor que la que aún nos asigna otra de las tres calificadoras (Moody’s) y que la obtenida por países vecinos como Costa Rica, cabe indicar que aún es igual a la que nos ha mantenido la otra calificadora (Standard & Poor’s) y un escalón superior a la que ostentan países como El Salvador.

Pero de lo que debemos tomar nota es de las razones que impulsaron a Fitch a reducir la calificación de Guatemala, en seguimiento de lo que ya había advertido el año pasado en su anterior ejercicio de evaluación del país, cuando redujo la perspectiva del país de “estable “ a “negativa”. El razonamiento expresado por Fitch respecto de su decisión señala dos debilidades clave: por un lado, el país ha sido incapaz de mejorar sustancialmente sus perspectivas de crecimiento económico y, por el otro, no ha podido ampliar su base de ingresos tributarios ni mejorar su flexibilidad fiscal. Estos dos aspectos han erosionado en los últimos años la posición relativa de Guatemala en la categoría de países con calificación BB.

La calificación, según Fitch, también se ve afectada por una débil gobernabilidad y por los bajos indicadores de desarrollo humano, así como por la fragmentación del sistema político y una legislatura dividida y lenta que ha frenado la agenda de políticas y de reformas.

Afortunadamente, la situación del país aún conserva importantes aspectos positivos que Fitch no duda en reconocer y sobre los cuales –para reponerse del duro golpe de la degradación- debemos trabajar en fortalecerlos y construir sobre ellos. En particular, el hecho de que Guatemala aún mantenga (pese a la reducción) una calificación relativamente aceptable –mejor que las de El Salvador u Honduras- se debe a la tradición (de un cuarto de siglo) de mantener déficit fiscales relativamente moderados y una notable estabilidad macroeconómica y financiera. La base de estas fortalezas yace en las políticas fiscal y monetaria que tanto el Ministerio de Finanzas como el Banco de Guatemala, respectivamente, han impulsado responsablemente desde hace dos décadas.

De cara al futuro, el primer paso es consolidar esas fortalezas y transmitir un mensaje de confianza a la comunidad financiera sobre la estabilidad y viabilidad económica del país. En ese sentido resulta atinada la decisión presidencial de confirmar a Dorval Carías como sucesor de María Castro en la cartera de Finanzas Públicas, pues se trata de un tecnócrata de carrera consciente de la crucial importancia de conservar la disciplina fiscal.

Pero el principal reto es el de impulsar, sobre la base de la referida estabilidad macroeconómica, las políticas coherentes que mejoren la eficacia del Estado y favorezcan el crecimiento económico sostenible. Esas políticas no son otras que las de aumentar la inversión en capital humano (salud y educación) y en capital físico, fundamentado en un gobierno subsidiario y compacto: pequeño pero fuerte y eficiente.

Este es el desafío nacional más trascendente: que todos los liderazgos involucrados (en los estamentos económicos, políticos y sociales) sean capaces de hacer las concesiones que cualquier diálogo civilizado demanda, a fin de arribar a los consensos que se requieren parar impulsar consistentemente tales políticas.

Para Incentivar la Inversión

Guatemala tiene un nivel de inversión muy bajo, lo que explica en gran medida el escaso dinamismo de nuestra economía y los elevados niveles de pobreza. Por ende, es necesario incentivar la inversión, lo cual no se logra con medidas de maquillaje, sino concentrándonos en los temas de fondo. 

La inversión es el factor clave para aumentar la producción y el bienestar de un país. Solamente la inversión (que aumenta la disponibilidad de capital en la economía) y la innovación pueden aumentar significativamente la frontera de posibilidades producción, ya que los otros factores de la producción o son fijos y no crecen –la tierra- o sólo crecen vegetativa y lentamente –el trabajo-.

La inversión es el único componente de la demanda agregada capaz de dinamizar la producción y responder sensiblemente a estímulos de política pública; los otros componentes de dicha demanda sólo responden a factores inerciales (el caso del consumo privado) o exógenos (las exportaciones), o no pueden ser sostenibles por periodos prolongados (el gasto de gobierno).

Por desgracia, Guatemala tiene un nivel de inversión muy bajo, lo que explica en gran medida el escaso dinamismo de nuestra economía y los elevados indicadores de pobreza del país. La inversión en Guatemala representa solamente un 15% del valor de la producción total (medida por el PIB), cuando el promedio de dicho porcentaje en Latinoamérica es de 23% ¡y en China 50%! Además, Guatemala atrae muy poca inversión extranjera directa en comparación con nuestros vecinos. Entonces, ¿qué podemos hacer para que aumenten la inversión?

Guatemala brinda algunas condiciones favorables para la inversión: la inflación es relativamente baja y estable, la deuda pública es manejable, el sistema financiero es sólido, hemos tenido varias elecciones libres y democráticas consecutivas, los recursos naturales son abundantes, y el grado de apertura al comercio exterior es grande con un déficit exterior manejable. Por lo tanto, los obstáculos que impiden que crezca la inversión deben ubicarse en otros aspectos que son claves para que cualquier inversionista decida emprender un negocio en nuestro país.

Para empezar, el tamaño del mercado guatemalteco está muy limitado (en relación al tamaño de la población) debido al elevado porcentaje de la población en situación de pobreza (más de la mitad) y al consiguiente pequeño tamaño de la clase media, lo que hace que Guatemala sea un destino de inversión menos atractivo que otros países de similar dimensión. Esto no solo es resultado de la elevada concentración del ingreso sino que, principalmente, del escaso dinamismo de la producción, lo que configura un complejo círculo vicioso: una economía poco dinámica no es atractiva para la inversión, y la poca inversión impide un mayor crecimiento de la economía.

Todo ello es el resultado de que nunca hemos efectuado las reformas estructurales que otros países lograron implementar en los últimos veinte años. Entre las consecuencias de ese fracaso destaca la pobre infraestructura física, particularmente en carreteras que acerquen y conecten los mercados: mientras que la inversión en infraestructura representa el 10% del PIB en China y el 6% en India, es menos del 1% en nuestro país.

Otro factor de igual importancia es la baja productividad del trabajo, lo que está conectado con el bajísimo nivel educativo y con las graves deficiencias nutricionales prevalecientes. Asimismo, la rigidez del mercado laboral (ni siquiera contamos con un marco regulatorio del trabajo a tiempo parcial). A esto hay que agregar el clima de violencia y criminalidad que, junto con la corrupción generalizada, ahuyentan a cualquier inversionista bienintencionado. Y, para terminar, la ineficiencia y debilidad de las instituciones públicas (incluyendo una baja recaudación tributaria) impiden que el Estado pueda cumplir con proveer la infraestructura, salud, educación, seguridad y certeza jurídica que requiere la inversión privada para florecer y contribuir con el crecimiento y prosperidad del país.

Para incentivar la inversión no existen soluciones mágicas; la tarea es difícil y los esfuerzos deben centrarse en las áreas enumeradas. No hay que empezar de cero: en el Congreso de la República existen iniciativas de ley que podrían coadyuvar al avance de las reformas económicas requeridas. Por ejemplo existe una iniciativa para regular el trabajo a tiempo parcial (iniciativa 4648) y otra para dar estabilidad jurídica y tributaria a la inversión (iniciativa 3996). Por allí podríamos empezar para lograr en el corto plazo algún avance concreto.

De Cara al Tercer Año

Ha concluido la primera mitad del periodo gubernamental. En materia de política económica, no es necesario recurrir a mega-soluciones ni a políticas súper-innovadoras para sacar adelante al país

El tercer año de cada gobierno, como el que se inicia hoy, ha sido decisivo en la era democrática para que la respectiva administración defina su legado en materia de política económica. A estas alturas de su mandato, las autoridades electas ya saben aquilatar cuáles son sus verdaderas posibilidades y fortalezas, así como las restricciones que enfrentan. Puestos a elegir las áreas en las cuales enfocar los esfuerzos en la segunda mitad de su gestión, el reto más difícil es el de abandonar la tentadora y facilona visión de corto plazo que busca obtener réditos electorales y adoptar en cambio un enfoque de Estado en función de dejar un legado perdurable a la Nación.

Una vez superado ese reto crucial, no es necesario recurrir a mega-soluciones ni a políticas súper-innovadoras para sacar adelante al país y dejar una huella trascendente. Aunque es difícil de aceptar, nada de lo que haga el gobierno hará que la economía crezca más allá de un 3.5% anual en los dos próximos años, pues esta es la lentísima velocidad a la que, en el mejor de los casos, puede aspirar a crecer nuestra economía que cada día se rezaga más respecto de otras economías similares que sí han hecho sus tareas.

Esas tareas requieren simplemente de administrar la cosa pública con perseverancia, paciencia, disciplina y enfoque en los temas fundamentales. La priorización de la acción pública en las áreas clave pasa, en primer lugar, por propiciar un ambiente adecuado para que los guatemaltecos tomen decisiones económicas razonables. Ello implica un mínimo de condiciones de seguridad, justicia y gobernabilidad.

En efecto, la criminalidad desenfrenada desincentiva las inversiones, incrementa los costos operativos de las empresas y desvía gastos de gobierno que podrían usarse para atender otras necesidades económicas y sociales. Ello demandará acciones en materia de fortalecer a la policía y a los tribunales, así como de profundizar la línea de política exterior que impulse un tratamiento alternativo para combatir el narcotráfico, primera causa del crimen organizado. La gobernabilidad también demandará esfuerzos para tener un Organismo Legislativo eficiente e independiente del Ejecutivo, como debe ser en una República.

En segundo lugar, la estabilidad macroeconómica de la que hemos gozado durante varios años no debe darse por garantizada. Hay que protegerla y fortalecerla evitando caer en déficit fiscales crecientes, impidiendo endeudamientos públicos gravosos y respetando la autonomía del banco central en materia de política monetaria.

La calidad del capital humano (la educación y la salud de la población) es un tercer aspecto que debe privilegiarse en una agenda de Estado: con resultados tan desastrosos como los que muestran las pruebas de calidad educativa publicadas recientemente por el Ministerio de Educación será imposible mejorar a largo plazo la productividad del país. De manera similar, la escasa e inadecuada infraestructura física (especialmente carreteras secundarias) es un cuarto factor que restringe las posibilidades de un crecimiento económico más sano y que, por ello, debe atenderse como prioridad.

Si el Estado no invierte más y mejor en educación, salud e infraestructura, poco se mejorará la productividad requerida para atender los muchos problemas sociales del país; y esa inversión no puede hacerse sin ingresos fiscales, por lo que una quinta área de prioridad debe ser la simplificación del sistema tributario y la ampliación de su base, en parte mediante la inclusión de la economía informal al circuito tributario.

Finalmente, es menester reducir la frustración social respecto de la calidad de los servicios públicos y las ineficiencias del Estado para lograr la paz social que se necesita para lograr un buen desempeño económico. Ello exige, urgentemente, reducir los enormes niveles de corrupción con medidas concretas y tangibles que trasciendan los discursos electorales.

Poner los pies sobre la tierra, trabajar con perseverancia y enfocarse en estas seis áreas prioritarias (seguridad y clima de negocios; estabilidad macro; capital humano; infraestructura de comunicaciones; ingresos fiscales; y, transparencia y anticorrupción) es la clave para construir una política económica coherente y perdurable que se constituya en un auténtico legado para el país.

Pacto Social en Peligro

El pacto social sobre cuyas precarias bases se desarrolla la vida política y económica del Estado Guatemalteco está amenazado por  el círculo vicioso que se configura alrededor de la pobre recaudación fiscal y de la pésima calidad (y opacidad) de los servicios públicos esenciales

El Banco Mundial diseña periódicamente (en coincidencia con los periodos de gobierno) una “estrategia de alianza con el país” para orientar sus operaciones con Guatemala. La más reciente estrategia (para el periodo 2013-2016) parte de un diagnóstico que describe dos características esenciales de la economía guatemalteca. Por un lado, el desempeño económico de Guatemala muestra una notable estabilidad, como resultado de políticas macroeconómicas prudentes, a pesar de la debilidad de las instituciones democráticas. Pero, por otro lado, los elevadísimos niveles de pobreza reclaman con urgencia que se acelere el ritmo de crecimiento y que se asegure que éste sea más incluyente.

El diagnóstico destaca, entre otros aspectos, la lentitud con la que crece la economía guatemalteca y la enorme desigualdad social reflejada en los dispares niveles de consumo. También señala que los elevados índices de delincuencia y violencia son una amenaza grave para el desarrollo del país y obstaculizan los esfuerzos del gobierno en materia de combate a la pobreza.

Tomando en cuenta esa situación, el Banco plantea como objetivos de su estrategia de país, por un lado, fortalecer las políticas públicas de desarrollo social y, por otro, la promoción del crecimiento económico incluyente y sostenible; con ello busca apoyar los esfuerzos que el gobierno afirma estar haciendo para mejorar el potencial de crecimiento económico y avanzar hacia una sociedad más equitativa.

Para ello, sin embargo, el Banco Mundial recalca que el nivel de ingresos del estado resulta insuficiente, pues estructuralmente no logra movilizar recursos adecuados para fomentar el desarrollo y las políticas sociales. Y aunque el Banco reconoce que las medidas de política fiscal y administrativas que se aprobaron el año pasado tendrán un impacto positivo en el mediano plazo, resulta evidente que es precisamente la debilidad del Estado –tanto en lo fiscal como en lo institucional- el factor que pone en riesgo la consecución de los ambiciosos objetivos planteados en la referida estrategia, tal como otro estudio del propio Banco Mundial lo sugiere.

En efecto, un reciente estudio publicado por dicho organismo multilateral, titulado “La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina”, señala que el gran crecimiento que la clase media ha experimentado en la Región en los últimos años está en peligro, debido a la fragilidad del pacto social que apenas se está construyendo y que da sustento a dicha movilidad social. Ello implica que los beneficios que se derivan de una tener una clase media creciente (que incluyen la posibilidad de un mayor crecimiento económico basado en el mercado interno, y la existencia de una sociedad más igualitaria, que también es propicia para un mejor desempeño económico) están en riesgo de perderse ante la imposibilidad de concretar un pacto social que implique el sostenimiento del Estado y de sus instituciones por parte de la ciudadanía.

La principal amenaza contra dicho pacto social es lo que el estudio del Banco llama “el círculo vicioso de los impuestos bajos y la mala calidad de los servicios” que, aunque referido a toda Latinoamérica, parece describir a detalle lo que ocurre en Guatemala. La baja recaudación tributaria es un factor que, junto con la ineficiencia y la corrupción, impide que el Estado cumpla con su obligación de prestar servicios básicos (salud, educación, seguridad e infraestructura) a la población.

Cuando los ciudadanos de clase media no reciben a satisfacción estos servicios, optan por desvincularse del Estado y auto-proveerse tales servicios. Ello entraña una ruptura de su identidad ciudadana y se traduce en una bajísima moral tributaria que, a su vez, refuerza la baja recaudación tributaria y, con ello, se perpetúa la baja calidad de los servicios públicos.

La ruptura de ese círculo vicioso –y, por ende, la viabilidad de un Estado incluyente que promueva el bienestar de sus ciudadanos-, requiere de esfuerzos que van más allá de simples reformas tributarias y que pasan por un compromiso sólido con la transparencia, el combate a la corrupción y el fortalecimiento institucional. Por desgracia, la actuación que en tiempos recientes ha tenido el gobierno en torno a la IVE, el FONAPAZ, la Portuaria Quetzal, el IGSS o la SAT parecen ir exactamente en el sentido contrario al que se requiere para mantener vivo nuestro agonizante pacto social.