¿Es Momento de Repensar el Estado?

 La pandemia ha evidenciado la debilidad del Estado, pero también nos está demostrando que algunas pocas instituciones sí funcionan y son valiosas

“En tiempo de desolación, nunca hacer mudanza”, aconsejó Ignacio de Loyola a sus discípulos, “…mas estar firme y constante en los propósitos y determinación en que estaba el día antecedente a la tal desolación”. De manera que, actuando con prudencia ignaciana, una vez superado el período de tribulación que hoy vivimos, bien convendría aprender las lecciones que nos deja la pandemia y perseverar en el esfuerzo de reformar la débil institucionalidad que impide la modernización del Estado guatemalteco.

 

Porque si algo ha puesto en evidencia esta crisis económica y sanitaria es la enorme deficiencia de la mayoría de instituciones y la incapacidad del Estado de proveer los bienes públicos esenciales para el funcionamiento de cualquier economía y sociedad civilizadas. Muchas son las consecuencias de la ausencia de instituciones eficientes durante la pandemia: la falta de cifras creíbles para toma de decisiones empresariales y gubernamentales; el retraso en la provisión de ayuda a la población y a los empresarios más afectados; la ineficiencia y corrupción en la adquisición de suministros para combatir la crisis sanitaria; la escasez de cuadros técnicos que impriman un mínimo de agilidad a la administración pública; o la casi nula credibilidad de las cortes de justicia para dirimir conflictos y cimentar la paz social.

 

A raíz de la pandemia, la sociedad ha cobrado conciencia de lo oneroso que resulta la precariedad estructural del sistema de salud pública. Asimismo, la opinión pública se ha dado cuenta de que el gobierno puede seguir operando igual que antes, con la mitad de las oficinas estatales cerradas; que puede funcionar igual con menos ministerios y menos secretarías; que el hacinamiento de la población penitenciaria es una amenaza a la salud y seguridad públicas; que los barrios marginales -con sus estrechos callejones, escasez de agua y poca salubridad- representan un peligro sanitario no solo para sus habitantes sino para todo el país; y, que la flexibilidad de horarios y condiciones laborales es una exigencia del mundo moderno.

 

Pero también la pandemia nos está demostrando que algunas pocas instituciones sí funcionan y son valiosas. La histórica disciplina macroeconómica de Guatemala -reconocida por los mercados internacionales- ha mantenido abiertas las ventanillas de crédito interna y externamente. La estabilidad de precios ha sido un alivio invaluable en medio de la peor recesión económica de las últimas décadas. Las políticas monetarias y fiscales ortodoxas sí reditúan en una crisis como la actual. Muchos lustros de disciplina fiscal han permitido que el presupuesto estatal pueda inflarse rápidamente para aplicar medidas anti crisis, pero es menester retornar el déficit fiscal -gradual pero consistentemente- a sus niveles tradicionalmente bajos. Esas (pocas) instituciones que sí funcionan, hay que preservarlas y consolidarlas.

 

Cuando la crisis pase, no deberíamos regresar a la normalidad. No, al menos, a esa normalidad de instituciones débiles que impiden al Estado cumplir con sus obligaciones mínimas de proveer servicios básicos de seguridad, justicia, infraestructura, salud y educación primarias. Los programas de recuperación económica y social post-pandemia deberían aspirar a generar un desarrollo económico mucho más acelerado que el que teníamos antes, así como a mejorar sosteniblemente la calidad de vida de todos los guatemaltecos. Para ello es indispensable, desde ya, emprender con determinación -sin prisa, pero sin pausa- la reforma institucional del estado. Sin ella, a lo más que podremos aspirar es a retornar a nuestra mediocre normalidad pre pandémica.

Salud Pública y Prosperidad Económica

La calidad de la salud pública tiene un enorme impacto en la economía.

Desde hace mucho tiempo, el sistema guatemalteco de salud pública padece graves deficiencias. El Índice de Seguridad Sanitaria Global (una herramienta que analiza comparativamente la seguridad sanitaria y capacidades relacionadas en 195 países) ubicó el año pasado a nuestro país en el puesto 125, el segundo peor de Latinoamérica. La pandemia de Covid-19 solo vino a evidenciar los terribles costos de esas deficiencias y cuán central es la salud para las personas, la sociedad y la economía. La calidad de la salud pública tiene un enorme impacto en la economía. El rápido crecimiento económico mundial en el último siglo está asociado a los avances en materia de vacunas, antibióticos, sanidad pública y nutrición que han mejorado los estándares de vida y la capacidad productiva de la humanidad. Es evidente que una buena salud pública favorece el crecimiento económico al expandir la fuerza laboral y mejorar la productividad y las interacciones sociales.

Un reciente estudio del McKinsey Global Institute -titulado “Priorizar la salud: una prescripción para la prosperidad”- estima que la falta de servicios adecuados de salud le cuesta cada año a la economía cuarenta y tres días de trabajo perdidos por persona (por enfermedad o muerte prematura) y una reducción de cinco por ciento en la productividad laboral por padecimientos crónicos, lo cual implica una pérdida de quince por ciento del PIB (¡tres veces más del costo previsto de la pandemia!). Si se aplicaran las herramientas sanitarias ya existentes (medidas de prevención mediante ambientes más higiénicos y comportamientos sociales saludable, así como acceso a vacunas, medicina preventiva y terapias estándar) esas pérdidas podrían reducirse en un cuarenta por ciento.

Si bien es cierto que el costo financiero que conlleva mejorar el sistema de salud es uno de los aspectos que ha impedido tomar acciones concretas al respecto, también lo es que ha hecho falta en el debate un enfoque que tome en cuenta los retornos económicos de invertir en la sanidad pública: de acuerdo a el referido estudio de McKinsey, por cada dólar invertido en mejorar el sistema de salud es posible obtener un retorno económico de cuatro dólares. Pero no solo se trata de gastar más en salud, sino de gastar mejor: el gasto público en salud ha venido aumentando en Guatemala (de un 5 a un 9 por ciento de presupuesto estatal en los últimos años) sin que ello se haya traducido en una mejora en los servicios de salud.

La crisis del Covid-19 no solo plantea un desafío para repensar la salud pública y reconstruir la economía, sino que presenta una oportunidad única para reformar el sistema de salud con vistas a generar bienestar material para toda la población. Ello requerirá un esfuerzo consciente del gobierno, el Congreso y la sociedad para hacer de la salud púbica una prioridad económica y para transformar el sistema de salud en uno basado en las mejores prácticas a nivel internacional y enfocado en las áreas de mayor retorno socio-económico. Hace tres lustros se propuso en el extinto Plan Visión de País una reforma institucional para sistematizar y priorizar las políticas públicas en salud, establecer un mecanismo de coordinación de las políticas sanitarias (el Sistema Nacional de Salud), fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud y redefinir el modelo de atención en salud. Si se hubieran aprobado esas reformas en su momento, quizá otro gallo nos habría cantado en esta pandemia, pero los sindicatos enquistados en ese ministerio y otras fuerzas opuestas al cambio impidieron su aprobación. Quizá ahora, la bofetada propinada por el Covid-19 pueda servir para despertar la conciencia social respecto de la conveniencia de retomar alguna suerte de reforma al sistema de salud como la propuesta en aquella ocasión.

La Debilidad del Sistema de Salud

La decisión presidencial de sustituir a toda la cúpula del Ministerio fue la correcta

Al Ministerio de Salud Pública se le asignó una ampliación presupuestaria de casi Q1.7 mil millones para combatir el covid-19. Al 19 de junio, en medio de la peor etapa de la pandemia, apenas había ejecutado un 3.6% del total de esos recursos. Ni duda cabe que algo está muy mal en el sistema de salud del país. Pero la debilidad de dicho sistema no es algo nuevo. El Índice Global de Seguridad Sanitaria -una herramienta que evalúa comparativamente la seguridad sanitaria y capacidades relacionadas en 195 países- califica a Guatemala (en el puesto 125) como uno de los países menos preparados para enfrentar una crisis sanitaria.

El referido índice señala en particular la poca capacidad del sistema de salud guatemalteco para responder efectivamente a una crisis sanitaria como la que enfrentamos debido, principalmente, a las enormes debilidades institucionales que ya eran evidentes desde antes de esta tragedia. Con menos de diez mil camas en los hospitales nacionales (cuando se necesitarían más de cincuenta mil), con precarias instalaciones, con escaso y poco especializado recurso humano, con una enorme fragmentación y poca coordinación de las instituciones que lo conforman, y con uno de los presupuestos más pobres del continente, el sistema de salud nacional es uno de los eslabones más débiles de nuestro endeble Estado.

De manera que al Ministerio de Salud lo sorprendió esta pandemia con muy pocas herramientas para enfrentarla. Lo grave es que esas pocas herramientas las utilizó muy mal. Pese a que, como se indicó, se le asignaron oportunamente recursos financieros extraordinarios, no supo gestionarlos: tardaron mucho en detectar los casos de contagio comunitario; aplicaron protocolos improvisados que solo saturaron innecesariamente los hospitales; tardaron en contratar y pagarle a los médicos; y, tardaron lo indecible en comprar medicamentos, equipo y pruebas.

La decisión presidencial de sustituir a toda la cúpula del Ministerio fue la correcta. El desafío de las nuevas autoridades es acelerar (con transparencia) la ejecución del gasto. La contratación y pago de nuevos médicos puede acelerarse recurriendo al rubro presupuestario de servicios extraordinarios. Por otra parte, es perfectamente lícito y factible realizar la compra de insumos y medicamentes acudiendo directamente a proveedores del extranjero (pese a la irracional resistencia que a tal procedimiento plantean los cuadros “técnicos” del Ministerio de Salud).

Ojalá que ahora sí tengamos a las autoridades correctas para enfrentar una pandemia… y para enfrentar las resistencias enquistadas en el corrompido aparato burocrático del Ministerio. Eso es lo urgente. Lo importante, sin embargo, será que, una vez superada la crisis, nos propongamos como sociedad una reforma sustantiva del sistema de salud pública, haciendo énfasis en una coordinación interinstitucional que configure una estructura operativa que gestione los recursos y gerencie los servicios en función de una política nacional de largo plazo para reducir las enormes brechas existentes en el acceso a los servicios de salud. Es menester pensar desde ya en el necesario reordenamiento institucional del sistema de salud que modifique la estructura funcional, los modelos de atención, la organización interna, así como la provisión y gestión de los recursos financieros que necesita dicho sistema.

Sector Justicia: Vacuna y Medicina

La falta de independencia e imparcialidad del sistema de justicia debe ser combatida con mejoras en su diseño institucional que actúen como medicamento y como vacuna contra la subordinación de la justicia a intereses espurios

El covid-19 ha obligado a familiarizarnos con las enfermedades catastróficas y con los remedios para enfrentarlas. En estas circunstancias puede ser ilustrativo comparar la precariedad de nuestro sistema de Justicia con las características de una pandemia. El sector justicia de Guatemala padece una grave enfermedad: muchos jueces no son imparciales ni independientes, muchos responden a compromisos personales o de grupo, otros son propensos a la corrupción y al tráfico de influencias, y un gran número de ellos carece de un nivel académico y profesional apropiado. El resultado es la precariedad de una justicia que ni es pronta, ni es cumplida.

Contrario a la creencia generalizada, esa precariedad no se debe tanto a la politización en la elección de jueces y magistrados (ese proceso es siempre -querámoslo o no- un acto político), como al rudimentario diseño de gobernanza institucional de las cortes, que las hace proclives a la mediocridad y a su captura por parte de grupos de interés. Del mismo modo que al covid-19 solo podremos vencerlo cuando apliquemos un medicamento idóneo y una vacuna específica, la falta de independencia e imparcialidad del sistema de justicia debe ser combatida con mejoras en su diseño institucional que actúen como medicamento y como vacuna contra la subordinación de la justicia a intereses espurios.

Para el efecto, un medicamento idóneo es escalonar la renovación de los plenos; es decir, cambiar el sistema actual en que los plenos de magistrados de las cortes (Suprema y de Constitucionalidad) se eligen todos simultáneamente. Si los magistrados se eligieran uno por uno, se obligaría a los entes nominadores a llegar a acuerdos, se evitaría la “repartición de cuotas” entre nominadores, se fortalecería el proceso de escrutinio de los candidatos y se facilitaría la indispensable vigilancia de la opinión pública sobre el proceso de elección. Esto está demostrado en muchos países con sistemas judiciales sólidos, independientes, imparciales y eficaces.

Por otro lado, la vacuna para prevenir la captura del sistema judicial se obtiene ampliando el periodo del mandato de los magistrados. Los países con mayor independencia judicial son aquellos en los que el plazo de las judicaturas es mayor, debido a que el paso del tiempo (y la certeza de permanencia en el puesto) permiten que los jueces se distancien de quienes participaron en su nombramiento, así como de los grupos de interés involucrados en el proceso. Un nombramiento por 15 años o más, fomentaría el criterio independiente e imparcial de los jueces magistrados.

Se sabe que la propuesta de reforma constitucional al sector Justicia anunciada por el presidente Giammattei incluye propuestas tanto para escalonar la renovación de magistrados (aunque aparentemente solo de la Corte Suprema), como para ampliar los períodos de las magistraturas (aunque aparentemente solo hasta diez años). Si además incluyera una mejora al proceso de nominación de candidatos que privilegie los méritos y la carrera, podríamos decir que estaría bien encaminada. La duda, claro está, radica en el momento. San Ignacio de Loyola prescribía: "en tiempo de desolación nunca hacer mudanza, mas estar firme y constante en los propósitos y determinación en que estaba el día antecedente”. De manera que, si bien la necesidad de fortalecer el sector justicia aconseja reformar la Constitución, la prudencia sugiere conducir el proceso de reforma con calma y sabiduría, permitiendo una sana discusión que genere un texto técnicamente bien logrado y favorezca el apoyo popular necesario para su aprobación final.

Ganar Tiempo ¿Para Qué?

Los modelos epidemiológicos –aunque imperfectos– son herramientas que permiten vislumbrar un horizonte temporal para la reapertura de la actividad económica

Al covid-19 solo se le podrá vencer cuando un importante porcentaje de la población (se calcula que un 60%) haya adquirido inmunidad, la cual solo se logra de dos formas. Una, mediante el contagio natural (lo que, por desgracia, puede implicar un gran número de decesos). Dos, mediante un contagio inducido, ya sea aplicando una bien diseñada estrategia de inmunidad de grupo, o aplicando masivamente la aún inexistente vacuna. Mientras no haya una vacuna ni una estrategia de inmunidad de grupo (que requiere un sistema de salud muy robusto), solo queda aplicar políticas (más o menos estrictas) de distanciamiento social que permitan ganarle tiempo a la pandemia.

Pero este “ganar tiempo” debe tener un propósito claro, pues las políticas de distanciamiento social (especialmente las de confinamiento de la población) tienen un costo económico brutal. Hay que ganar tiempo para que el sistema hospitalario no se vea desbordado: actualmente el número de camas hospitalarias disponibles en el país ronda las 8,500 (de las cuales más del 70 por ciento ya estaban ocupadas antes de la pandemia); los modelos epidemiológicos predicen la necesidad de ese número de camas solo para atender a los enfermos de covid-19. Por ende, el gobierno hace bien en aprovechar este periodo de confinamiento para aumentar el número de camas en los hospitales. Asimismo, hay que ganar tiempo para equipar el sistema de salud (con médicos, equipo y medicamentos), a fin de que la tasa de mortalidad de la pandemia no llegue a niveles social y políticamente intolerables.

También hay que ganar tiempo para planificar la estrategia de reapertura económica (incluyendo la realización de tests aleatorios para monitorear los potenciales focos de contagio). Hay que ganar tiempo para preparar las políticas de reactivación económica (incluyendo reformas institucionales) que deben impulsarle al terminar la crisis. En función de lo anterior, hay que ganar tiempo (y el gobierno de Guatemala ya lo ha hecho) para acopiar los recursos financieros que se necesitan, por un lado, para proveer la ayuda sanitaria y humanitaria a los grupos más vulnerables y la asistencia financiera a las empresas que lo requieran durante la emergencia; y, por otro lado, para echar a andar la reactivación económica.

Los modelos epidemiológicos –aunque imperfectos - son herramientas que permiten vislumbrar un horizonte temporal para la reapertura de la actividad económica. Esos modelos indican que las medidas de distanciamiento social pueden empezar a relajarse gradualmente al alcanzar el pico de contagios (lo que en Guatemala ocurriría alrededor de la tercera semana de mayo). Y la “nueva normalidad” podría ocurrir al acercarse a cero el número de nuevos casos (lo que en Guatemala podría ocurrir alrededor de la cuarta semana de agosto). Así, hay que ganar tiempo para diseñar un plan de desescalada gradual del confinamiento, con fases y fechas. Cada fase debe indicar qué ramas de actividad pueden irse reactivando y bajo qué protocolos sanitarios. Un plan claro, aunque sea por fases y sujeto a la evolución de los contagios, es muy importante para dar certeza económica a las decisiones y planes de las empresas. Afortunadamente hay varios ejemplos de países que ya lo están haciendo, y es de esperar que, con base en esa experiencia, el equipo de gobierno también lo esté diseñando. Lo urgente es que dicho plan sea anunciado cuanto antes.

Sin Confianza No Se Avanza

La confianza de la ciudadanía en sus gobernantes (en su conocimiento, liderazgo y capacidad) puede ser el factor clave que permita salir con buen pie de esta crisis

Hace algunos días el diario digital El Confidencial publicó una columna de opinión de Ignacio Varela, escrita en el contexto español pero con reflexiones muy pertinentes para la realidad guatemalteca. Planteaba el columnista que la pandemia de covid-19 ha visto cómo países vecinos, con geografía, clima y sistemas socioeconómicos semejantes, mostraban diferencias abismales en el impacto destructivo del coronavirus -tanto en la salud pública como en la economía-. La razón principal es, muy posiblemente, la política: la eficiencia de los gobiernos, la calidad de la vida política y la relación de la sociedad con el Estado son factores cruciales para manejar una crisis como la actual.

El politólogo Francis Fukuyama identifica la confianza de los ciudadanos en su gobierno como el factor clave, ya que ante una crisis grave e inesperada deben hacer una enorme delegación de autoridad en el poder ejecutivo y, para que tal delegación sea efectiva, es imprescindible que la sociedad confíe en la capacidad de sus gobernantes para gestionar la crisis. Varela sostiene que la confianza social en los gobiernos descansa sobre tres pilares. Uno, la experiencia, conocimientos técnicos e imparcialidad de los gobernantes para tomar decisiones para el interés común. Dos, el liderazgo de la máxima autoridad ejecutiva. Y tres, la capacidad para crear consensos amplios, superar fronteras ideológicas o territoriales, y concitar voluntades para la ejecución de las medidas que deban adoptarse.

Si uno de estos tres pilares falla, la crisis se complica… y si fallan dos o tres, se vuelve un desastre, tal como parece haber sido el caso en la España de Sánchez, el Brasil de Bolsonaro, o la Turquía de Erdogan. En Guatemala, hasta ahora, nos ha ido bastante bien, especialmente en cuanto a los dos primeros pilares sobre los que se basa la confianza ciudadana en tiempos de crisis: por un lado, el presidente Giammattei es no solo un político experimentado en la función pública, sino que además tiene un grado académico en medicina; y, por otro lado, ha estado ejerciendo su liderazgo con diligencia y aplomo. Ello le ha ganado la confianza de grandes sectores de la población, incluso de quienes no votaron por él.

La clave para superar la crisis está, sin embargo, en el tercer pilar de la confianza ciudadana. El gobierno ha logrado los consensos mínimos que necesitaba para lograr las ampliaciones presupuestarias (por más de Q20 millardos) que necesita para afrontar la crisis generada por la pandemia; en adición a ese monto, la semana pasada el gobierno logró colocar exitosamente bonos en los mercados internacionales por US$1.2 millardos más.

El desafío es doble. Por el lado del Ejecutivo, la imperiosa necesidad de una ejecución eficaz, pronta y transparente de los recursos, tanto para brindar auxilio humanitario a los sectores sociales más afectados por la crisis, como para oxigenar el aparato productivo con los créditos y alivios para las empresas y los empleos en riesgo. Por el lado del Legislativo, la exigencia de lograr acuerdos políticos para aprobar las leyes y disposiciones que se requerirán no solo durante la etapa de emergencia, sino también para preparar el entorno institucional y regulatorio de la recuperación económica. Superar este desafío, con un sistema político tan fragmentado como el actual, requerirá de una madurez y una visión pocas veces vistas en nuestra historia.

¿Es Factible la Integración Centroamericana?

Entre 1960 y 1978 Centroamérica se integró rápida y exitosamente; pero en la década de los ochenta, en el marco de los conflictos armados, el esfuerzo integracionista vivió un marcado retroceso

Está puesta sobre la mesa de discusión la idea de que la integración de los países centroamericanos (particularmente en el ámbito económico) puede ser una vía efectiva para lograr el desarrollo integral de nuestras naciones. Cabe preguntarse si, a estas alturas de un proceso que comenzó hace sesenta años, a lo largo de los cuales ha sufrido múltiples altibajos, aún es razonable pensar en que la integración económica de Centroamérica es un esfuerzo factible.

Conviene recordar que todo proceso de integración económica se da por etapas: área de comercio preferencial (primer paso en que los países de la región eliminan barreras arancelarias para ciertos productos); área de libre comercio (cuando acuerdan reducir o eliminar barreras al intercambio de todos los productos de la región); la unión aduanera (que elimina las barreras arancelarias y adopta un arancel externo común frente a los países no miembros); el mercado común (donde pueden circular libremente los bienes, servicios, capitales y mano de obra); la unión monetaria (que supone la adopción de una política monetaria común y una moneda única); y, la unión económica completa (con políticas comercial, monetaria y fiscal comunes, incluyendo tasas de interés y de impuestos comunes).

Centroamérica lleva décadas estancada en la etapa de unión aduanera, aunque esto no necesariamente debe interpretarse como un fracaso definitivo. Entre 1960 y 1978 la Región experimentó un acelerado proceso de intercambio y de institucionalización que generó una reducción sustancial del costo del comercio, aumentó la disponibilidad y diversidad de bienes y servicios, mejoró la eficiencia y promovió la cooperación entre los países. Fue una etapa cuyo enfoque fue exclusivamente en el ámbito económico y que alcanzó un éxito equiparable al de la integración europea en su momento.

En la década de los ochenta, en el marco de los conflictos armados, el esfuerzo integracionista vivió un marcado retroceso. Con el soplo de los vientos de paz, la integración revivió a inicios de los años noventa, pero (visto en retrospectiva) con un enfoque que resultó equivocado: se le dio énfasis a lo político sobre lo económico. Esto distrajo la atención y desvió recursos, al tiempo que se empezó a crear una institucionalidad que, a la postre, ha resultado inútil (como el Parlacén o el SICA). Centrarse en la integración política fue como poner la carreta delante de los bueyes.

La vía para volver a impulsar la integración centroamericana pasa por reenfocarse en lo económico (por etapas), empezando por restituir los logros de la unión aduanera y depurar la institucionalidad orientándola hacia ese propósito. El primer requisito para lograrlo es -como en tantas otras decisiones estratégicas- que los presidentes de dos o más países (más probablemente del Triángulo Norte) adopten la decisión política correspondiente, conscientes de que todo proceso de integración conlleva ceder algo de soberanía, para lo cual deben concitar el necesario apoyo popular y de las élites, convenciéndolos de lo mucho que tenemos por ganar de una integración económica más profunda. Además, se requiere de valentía para navegar en contra de la corriente proteccionista y nacionalista -hoy dominante en el mundo- que deplora el libre intercambio de bienes y factores (trabajo y capital), intercambio indispensable para que la integración económica sea factible.

La Ausencia del Estado y sus Consecuencias

Para que haya progreso se necesita bienes públicos básicos (seguridad, justicia, salud y educación primaria, infraestructura) y un Estado que -basado en instituciones sólidas y eficientes- los provea

“Una porción considerable del país está fuera del control estatal, condición que es aprovechada por el crimen organizado”, resumía hace unos días el diario Prensa Libre al reportar cómo no solo el Valle del Polochic, sino también la región Ixil, la costa Sur-Occidental y el norte de Petén están bajo el poder de poderosas organizaciones delictivas. La ausencia del Estado en esas regiones genera un refugio a los grupos ilícitos, fomenta la conflictividad social, impide la gobernanza y frena el progreso económico.

El Estado se organiza –se supone- para conformar un método descentralizado de entrega de bienes públicos a quienes habitan dentro de sus fronteras. Entre esos bienes públicos, el más prominente es el de la seguridad personal: evitar invasiones y pérdidas de territorio; abatir amenazas contra el orden público; prevenir los crímenes contra las personas; y, permitir que los ciudadanos resuelvan sus disputas de forma pacífica. El Estado –se supone- debe tener métodos y normas sistemáticas para que impere la ley, se proteja la propiedad, se respeten los contratos, se resuelvan las disputas en el sistema judicial y prevalezcan los valores que prioricen el juego limpio necesario para el intercambio económico y la convivencia social.

Otro bien público esencial es el que permite a los ciudadanos participar de manera libre y plena en los procesos políticos mediante el derecho a competir en las elecciones, el respeto a las instituciones políticas nacionales (legislatura y tribunales) y municipales, la tolerancia al disenso y el respeto a los derechos humanos. Otros bienes públicos esenciales que debe proveer el Estado incluyen la atención primaria en salud, educación básica, infraestructura de comunicaciones, e instituciones monetarias y fiscales que favorezcan la prosperidad. En la medida en que el Estado no pueda proporcionar estos bienes, más débil se vuelve y más se aproxima a ser un estado fallido. Guatemala aún está lejos de ser un estado fallido, pero sí es un estado frágil, viscoso, desestructurado.

Según el Índice de Estados Frágiles 2019 (publicado en abril por el Fondo por la Paz y la revista Foreign Policy), que mide la debilidad de los estados en función de factores sociales, políticos y económicos, Guatemala se ubica en la categoría de “alerta elevada”, junto con países tales como Madagascar o Camboya. Nuestro país (ranqueado en el puesto 57, con 81.4 puntos) está aún lejos de la categoría de estados fallidos (como Yemen, el peor ranqueado, en el puesto 1 con 113.5 puntos), pero está aún más lejos de los estados más sólidos (como el mejor calificado, Finlandia, en el puesto 178, con solo 16.5 puntos).

Lo sucedido la semana pasada en El Estor es una enorme señal de alerta para todos: el Estado guatemalteco le está fallando a sus ciudadanos. Debemos dar prioridad a la reforma institucional que permita recobrar la capacidad de proveer los bienes públicos básicos de calidad (seguridad, justicia, participación política, inversión pública de calidad en salud, educación e infraestructura), y hacerlos presentes en todo el territorio nacional. En eso nos jugamos el futuro del país.

La Hora de los Estadistas

La hora de los candidatos ya pasó. El largo periodo de transición –de aquí hasta enero– se presenta propicio para que las autoridades electas asuman el liderazgo.

Terminó la campaña política; al tiempo que escribo esta columna, aún no han cerrado las urnas, pero pronto sabremos quién dirigirá los destinos del país a partir de enero próximo. Durante la campaña, la inercia electorera -y la mayoría de periodistas- obliga a los candidatos a ofrecer soluciones a todos los problemas habidos y por haber. Uno de los principales desafíos del candidato ganador será salirse de esa dinámica de tratar de complacer a todo el mundo -persiguiendo más objetivos de los que es posible cumplir, ofreciendo más programas de los que es posible ejecutar- y tener la valentía de priorizar sus políticas de gobierno.

El fragor de la batalla electoral y el caldeado clima de polarización que vive Guatemala desde hace demasiados meses crean un entorno confuso en el que es muy fácil perderse entre las descalificaciones mutuas y los detalles de la coyuntura, lo que provoca una especie de inconciencia colectiva respecto de los grandes problemas que aquejan al país y que están allí, cual gigantes invisibles, sin que nadie haga algo para enfrentarlos. La vergonzosa desnutrición infantil, el creciente crimen organizado y la falta de oportunidades económicas (origen de la emigración masiva) son esos grandes problemas cuya solución debería priorizarse. El factor común de estos graves problemas se encuentra en la ausencia del Estado y en la debilidad de sus instituciones, en torno a lo cual debería construirse y consensuarse una agenda mínima de nación.

La hora de los candidatos ya pasó. El largo periodo de transición -de aquí hasta enero- se presenta propicio para que las autoridades electas asuman el liderazgo, con visión de estadistas, para generar conciencia y producir consensos. Conciencia respecto a los grandes enemigos en común (desnutrición, crimen organizado, falta de oportunidades) y consensos en torno a una agenda mínima priorizada. Para lograrlo, el primer paso debe ser un llamado a la unidad nacional para enfrentar esos desafíos, pues si no se desactiva el clima de polarización, el nuevo gobierno tendrá muy poco margen de maniobra.

Un segundo paso es reconocer que el aparato estatal ya no da la talla para solucionar los graves problemas arriba indicados. La agenda mínima priorizada debe empezar por plantear una reforma básica a las principales instituciones estatales: el sector justicia, el servicio civil, el control y eficacia del gasto público, y el propio sistema electoral y de partidos políticos. No hace falta pensarlo demasiado; no hay “plan de gobierno perfecto”, pues nadie sabe qué rutas, obstáculos y oportunidades surgirán en el camino. Lo importante es identificar bien las prioridades del gobierno y plantear con claridad los resultados que se desean alcanzar.

Y tercero, el gobierno entrante necesita reconocer que fue electo con un escaso entusiasmo popular y que, por ello, debe esforzarse en generar un diálogo ordenado, en torno a los principales problemas ya apuntados y que le dé el necesario respaldo ciudadano a la agenda de Estado que se priorice para resolverlos. Generar conciencia y consensos, ese es el reto. Y es importante empezar a enfrentarlo desde ya o, de lo contrario, el país perderá otros cuatro años sin lograr encarrilarse hacia el desarrollo y el bienestar.

Hagamos grande a Centroamérica otra vez

“Si usted viviera allí”, le sugieren Shultz y Aspe a sus lectores estadounidenses, “también emigraría”

George Shultz fue secretario de Trabajo y del Tesoro (finanzas públicas) de Richard Nixon, así como secretario de Estado (relaciones exteriores) de Ronald Reagan. Pedro Aspe fue secretario de Hacienda de Carlos Salinas De Gortari. Ninguno de los dos, evidentemente, es un enemigo de la libre empresa ni del sistema capitalista. La semana pasada publicaron en el Wall Street Journal un artículo que titularon “Make Central America Great Again”, con la presumible intención de hacerlo llamativo para los funcionarios de la administración Trump.

Shultz y Aspe sostienen en su artículo que lo mejor que puede hacer el gobierno de Trump para detener el flujo de migrantes ilegales del Triángulo Norte es invertir para mejorar esos países. Y es que los flujos de migrantes ilegales ocurren porque estos buscan en los Estados Unidos las oportunidades económicas y la seguridad personal que no encuentran en sus lugares de origen debido a la baja calidad de las instituciones de gobierno, a la violencia, a la falta de empleo y a la vulnerabilidad ante los desastres naturales. “Si usted viviera allí”, le sugieren a sus lectores estadounidenses, “también emigraría”.

Los países ricos necesitan de un flujo continuo -pero ordenado- de migrantes para renovar sus envejecidas poblaciones y dar sostenibilidad a sus economías. Pero en la realidad (como ocurre con los migrantes centroamericanos) esos flujos se dan por oleadas atropelladas que causan agobio y malestar en muchas sociedades industrializadas. Lo que es más grave es que esas oleadas vendrán en el futuro de países más grandes, y con más pobreza, que los del Triángulos Norte, tal el caso de Nigeria, Congo, India o Paquistán. Por ello el llamado a la acción es a los países avanzados, empezando por los Estados Unidos, para que, si quieren evitar las consecuencias de estas oleadas, contribuyan a cambiar la situación en los países emisores de migrantes, a fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Y lo anterior solo se logra mejorando la calidad de sus gobiernos, fortaleciendo sus instituciones y aumentando su capacidad de proveer los servicios públicos básicos (educación, salud, seguridad y justicia). Entre las herramientas con las que, para el efecto, cuenta el gobierno estadounidense para contribuir al desarrollo de Centroamérica está su presupuesto de ayuda externa, su propia experticia y su músculo en organismos internacionales -como el Banco Interamericano de Desarrollo- para impulsar un programa profundo de fortalecimiento de capacidades en nuestra Región.

Por desgracia, ni el Plan Alianza para la Prosperidad del gobierno de Obama, ni el “Plan Marshall” del gobierno de López Obrador, ni -mucho menos- las políticas de construcción de muros y de separación de familias migrantes del gobierno de Trump se enfocan en atender los problemas de fondo del Triángulo Norte. Más bien parece que buscaran atender la conveniencia política y no soluciones de largo plazo, las cuales, aunque más difíciles de aplicar, resultan a la larga más efectivas. Ojalá los funcionarios del gobierno estadounidense pongan la debida atención a los consejos de Shultz y Aspe, por el bien de su propio país… y del nuestro.

La Búsqueda (Infructuosa) del Salvador

Los guatemaltecos no deberíamos buscar al salvador que nos resuelva todos los problemas con su varita mágica y que, probablemente, polarice aún más el enrarecido ambiente, ya que las consecuencias de ello pueden ser graves

Una de las paradojas de los regímenes democráticos que a lo largo de Latinoamérica se han venido sucediendo desde hace cuarenta años, es la persistencia de los votantes en preferir a los candidatos que ofrecen soluciones rápidas, salidas milagrosas, remedios fáciles a los sempiternos problemas de nuestro subdesarrollo. Guatemala no es, para nada, la excepción a esta infructuosa búsqueda ciudadana por un salvador que rescate al país del abismo. Y ante tal demanda del electorado, la oferta electoral se manifiesta: la mayoría de candidatos presidenciales se presenta pidiendo que voten por su personalidad –y no por su programa de gobierno-, y que confíen en su capacidad –y no en las instituciones republicanas-.

El populismo se ha convertido en epidemia y complacer a las multitudes se ha vuelto la principal oferta electoral. Los ciudadanos están justamente frustrados con la elevada criminalidad, la incontrolable corrupción y el escaso crecimiento económico. Los votantes, desesperados, acuden a las manos duras o a las dádivas económicas; quieren ver sangre y resultados inmediatos. Así, en tiempos de desesperación, es fácil que se inclinen por las opciones más radicales y extremistas. Y, dada la proliferación de candidatos populistas, en ocasiones algunos de ellos resultan electos.

Ya sucedió el año pasado en México (donde eligieron al típico populista de izquierda que se siente ungido para gobernar por encima de las instituciones establecidas) y en Brasil (donde eligieron al típico populista de derecha, autoritario y misógino, dispuesto a arreglar todos los males con su mano dura). Y también ha sucedido en el pasado, cuando en medio de un periodo de crisis, el pueblo ha optado por elegir un salvador. Se dio en los años noventa en un Perú que, agobiado por el terrorismo, la hiperinflación y la recesión, eligió a su no-político populista, Alberto Fujimori. Se dio también en una Venezuela que, afligida por el colapso del precio del petróleo y por la corrupción rampante –que hicieron quebrar a su Estado del Bienestar-, eligió como salvador al golpista coronel Hugo Chávez.

Las secuelas de elegir ese tipo de gobernantes son duraderas... y no son buenas. Entre ellas destaca la polarización política que se enraíza y mina el tejido social y entorpece los flujos económicos. Si algún culpable hay de estas consecuencias, es el sistema político (“el mecanismo”, “el establishment”) que ha sido incapaz de construir las instituciones que son indispensables para que el Estado pueda ejercer, como mínimo, sus funciones básicas de proteger la vida de los ciudadanos y evitar la malversación de los fondos públicos.

Las lecciones que Guatemala puede derivar de estas experiencias son fundamentales. En las elecciones del próximo domingo, los guatemaltecos no deberíamos buscar al salvador que nos resuelva todos los problemas con su varita mágica y que, probablemente, polarice aún más el enrarecido ambiente, ya que las consecuencias de ello pueden ser graves. Ojalá pudiéramos elegir, si no a un estadista (que a estas alturas parece pedir demasiado), al menos a una persona con la suficiente visión y liderazgo para iniciar la construcción de las instituciones que necesitamos y conducir la reforma urgente de nuestro fallido sistema político.

Como Si Todo Estuviera "Normal"

La situación en el país dista mucho de ser "normal". Urgen soluciones de fondo en vez de parches. Se necesita un acuerdo nacional que debe construirse desde ya

Poco a poco -y a pesar de las absurdas limitaciones impuestas por la Ley Electoral- los candidatos presidenciales están teniendo más exposición ante los medios de comunicación y ante los votantes, y han comenzado -a cuenta gotas- a presentar sus propuestas de gobierno, sus personalidades, sus pretendidas virtudes que los diferencian de sus competidores. Lo que más llama la atención es que todos ellos, con contadísimas excepciones, lo que proponen es “administrar mejor” la cosa pública, “mejorar” las políticas existentes, o “rescatar” las que ya se han ensayado en algún momento del pasado reciente (sean las de descentralización, combate a la corrupción, o las transferencias de efectivo, por ejemplo).

Ese tono de normalidad de las propuestas de campaña contrasta con una realidad que se está desvelando como devastadora: la reciente captura y enjuiciamiento de varios candidatos ya inscritos en este proceso electoral, por parte de las autoridades antinarcóticas de los Estados Unidos, pone de manifiesto hasta qué grado el crimen organizado ha permeado un sistema de partidos políticos ya de por sí atrofiado por su diseño patrimonialista, que ha logrado destruir el rol de los partidos políticos como intermediarios entre la sociedad y el gobierno, hasta convertirlos en franquicias para acceder a negocios –lícitos e ilícitos- con los recursos del Estado.

Sobre este sistema político perverso se escenifica un persistente y cada vez más grave proceso de deterioro de las instituciones estatales, en las que la mediocridad y la improvisación han echado raíces. La administración de justicia –esencial para la convivencia social y el funcionamiento de los mercados- es tardía e impredecible. La burocracia –que debería estar profesionalmente al servicio del contribuyente- se ha convertido en moneda de pago para correligionarios y amiguetes. Este deterioro generalizado está corroyendo vorazmente la confianza ciudadana (el “capital social”) indispensable para que la sociedad y la economía progresen y generen bienestar.

Parece que los líderes políticos y sus asesores no se han percatado de que la situación dista mucho de ser normal y que la solución a la grave crisis institucional, que impide el desarrollo del país, no pasa por “administrar mejor” la precaria realidad, ni por ofrecer pequeños programas de alivio a la profunda incapacidad institucional del Estado. Las grandes reformas que el país necesita (en su sistema electoral y de partidos políticos, en su sistema de justicia, en su servicio civil o en la gestión y control del gasto público) parecen estar ausentes de las propuestas electorales.

La realidad exige que los candidatos a dirigir los destinos del país (algunos de ellos, los mejores de ellos) se planteen, con visión de Estado, priorizar estas grandes reformas, sabiendo que las mismas solo podrán lograrse mediante un gran acuerdo nacional. Y ese acuerdo nacional debe construirse desde ya. Quizá sea ingenuo esperar que en plena campaña surja la iniciativa de un grupo de candidatos rivales para comprometerse a impulsar, gane quien gane, una agenda mínima de reformas que el país reclama a gritos. Pero en tiempos de crisis, lo último que debemos perder es la esperanza.

ESTADO DÉBIL, ECONOMÍA DÉBIL

La modernización económica y el progreso del país pasan necesariamente por reformar sus instituciones: sistema de justicia, servicio civil, sistema electoral, calidad del gasto

El factor clave que explica el escaso desarrollo económico y el lento crecimiento de la producción nacional es la baja productividad sistémica de nuestro aparato productivo. Y la principal causa de esa escasa productividad es la debilidad del Estado y la disfuncionalidad de sus instituciones, que imponen costos elevados al funcionamiento de las empresas y obstaculizan tanto el emprendimiento, como el sano intercambio de bienes y servicios. Un Estado débil -y más que eso, un Estado ausente o, peor aún, un Estado fallido- perjudica la eficiencia de todas las empresas, sean estas grandes o pequeñas, formales o informales.  

Los tribunales son tan lentos (y muchas veces corruptos) que el cumplimiento de los contratos se dificulta y se impide la resolución de conflictos mercantiles. Esto hace que las empresas y, especialmente, los bancos prefieran circunscribirse a hacer negocios solo con aquellas empresas a quienes conocen y comprenden bien, lo cual restringe el acceso al crédito a una miríada de nuevos (pero desconocidos) emprendedores. La escasa y deteriorada infraestructura obliga frecuentemente a las compañías a incurrir en costos para construir sus propias vías de comunicación. Las cadenas de suministro son escabrosas, la tramitología burocrática es siniestra y los mercados de mano de obra, bienes y servicios no son confiables.

En un clima así, debido a la ausencia del Estado se genera una enorme falta de confianza social, donde es simplemente racional que los ciudadanos prefieran hacer las cosas confiando solo en sí mismos, por lo que la abrumadora mayoría de las empresas (pequeñas y grandes, formales e informales) son familiares (es decir, cerradas a los inversionistas que no forman parte del núcleo familiar), lo cual inhibe el desarrollo del mercado accionario y el acceso a la propiedad para los pequeños inversionistas. También es normal que en tal entorno de falta de certeza los grandes conglomerados sean los únicos que tengan el músculo para incursionar en nuevas áreas de negocios, muchas veces en perjuicio de nuevos emprendimientos. Así, aunque existen muchos bolsones de eficiencia e innovación en nuestra economía, el funcionamiento global de la misma es ineficiente y la productividad sistémica, muy baja.

La falta de confianza generalizada -debido a que no imperan la ley ni las instituciones- es corrosiva para la economía. Si el Estado no es capaz de hacer cumplir la ley y los contratos comerciales, si no puede proveer los servicios públicos básicos (seguridad, salud y educación primarias, infraestructura) que hagan que valga la pena pagar impuestos, y si no puede ofrecer un sistema político que sirva a los intereses nacionales, la única institución en la que puede confiar la gente -como en cualquier sociedad primitiva- es la familia. Por ello, la modernización y el progreso del país pasan necesariamente por reformar el sistema de justicia, el gasto público, el servicio civil y el sistema electoral y de partidos políticos. Esas reformas no darán resultados instantáneos, pero si no se emprenden pronto, y con perseverancia, estaremos condenados a un eterno atraso.

Un Gran Debate Nacional: ¿la Solución?

Como dijo Sócrates: “el secreto del cambio es enfocar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo”

El Presidente de la República fue electo, postulado por un partido político nuevo, de derecha moderada. Los votantes lo eligieron, entre otras razones, por ser relativamente joven y nuevo en el tinglado político, lo que entrañaba la ansiada posibilidad de que un outsider, una vez en el poder, pudiera cambiar las viejas maneras de hacer política. El Presidente comenzó su mandato con entusiasmo, proponiendo cambios que se alineaban con las expectativas ciudadanas de una profunda reforma de la gestión pública.

Sin embargo, pronto se encontró con realidades políticas que dificultaron su gestión y obstaculizaron los cambios anhelados. Proliferaron las protestas de diferentes grupos exigiendo, unos, modificar el rumbo de los cambios y, otros, acelerar las reformas. La reacción del gobernante fue la de poner oídos sordos a las voces de los descontentos e improvisar medidas bajo presión llegando, incluso, a recurrir a la fuerza pública para reducir al orden a sus opositores.

Desafortunadamente, el descontento fue escalando y el nivel de confrontación aumentó a tal grado que incluso muchos de quienes apoyaban la postura del Presidente empezaron a resentir los efectos negativos que la incertidumbre y la confrontación estaban ejerciendo sobre su actividad comercial y su viabilidad económica. El Presidente, como hombre de Estado, sabe que la polarización política puede poner en riesgo las instituciones republicanas que tanto ha costado construir; sabe que la confrontación no es buena; sabe que conviene escuchar las voces razonables de descontento de la ciudadanía; y sabe que hay bienes comunes (como preservar la República, la democracia y sus instituciones) superiores a los intereses personales o partidarios.

Por ello, ante la amenaza de una debacle institucional, el Presidente convocó a un Gran Debate Nacional en el que, a través de cabildos abiertos en todo el país, consultará el sentir de los ciudadanos para que expresen sugerencias respecto de cuatro temas esenciales (ingresos y gastos estatales, servicios públicos, medio ambiente y democracia) con la intención de “transformar el descontento en soluciones”. Solo el tiempo dirá si este debate público solucionará la tensa situación que hoy vive Francia, pero ciertamente es una forma civilizada, democrática y republicana de enfrentar las crisis. La estrategia entraña riesgos, pero el Presidente Macron sabe que el futuro de su país bien vale la pena correrlos.

Extrayendo lecciones del ejemplo francés, quizá a Guatemala le convendría también –para salir de la crisis política que nos está agobiando y resquebrajando las instituciones republicanas- un gran debate nacional sobre reformas clave (sistema electoral, calidad del gasto público, sistema de justicia, e infraestructura, por ejemplo) que le aseguren al país un mejor futuro. Como dijo Sócrates: “el secreto del cambio es enfocar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo”.

Estado de Derecho y Crecimiento Económico

Estamos en una situación crítica de impredecibles consecuencias económicas y sociales, en donde debe prevalecer la sensatez y el respeto a las instituciones republicanas: sin Estado de Derecho no hay prosperidad

El principal problema de la economía guatemalteca es que su ritmo de crecimiento es extremadamente lento, lo cual no solo impide corregir los bochornosos indicadores de pobreza del país, sino que nos deja cada vez más atrasados respecto de otras naciones que hasta hace cuarenta años mostraban niveles de bienestar material similares a los nuestros: en 1978 Guatemala tenía un ingreso per cápita real superior en 80% al de Tailandia, y en más de 100% al de China; hoy ambos países superan a Guatemala en más de un 80%.

La razón fundamental de este retroceso relativo radica en la baja productividad sistémica de la economía guatemalteca que, a su vez, se deriva principalmente de la (cada vez más grave) debilidad de las instituciones públicas que impide al Estado cumplir con su obligación de proveer los servicios públicos esenciales para el funcionamiento básico del aparato económico (seguridad, justicia, infraestructura, salud y educación primarias).

La crisis política actual -donde la policía se enfrenta con los fiscales, donde la suprema corte se enfrenta con la corte de lo constitucional, donde diputados al Congreso llaman a desobedecer las órdenes judiciales y donde el Ejecutivo se enfrenta con la ONU- no hace más que revelar y agudizar el continuo deterioro institucional. Y eso, querámoslo o no, tiene graves repercusiones para la economía. Ya desde hace tiempo que las calificadoras de riesgo y la banca internacional vienen advirtiendo que la disfuncionalidad institucional es un obstáculo para la inversión y el crecimiento en Guatemala; y la semana pasada la calificadora Moody’s lo reiteró enfáticamente.

Pero el principal peligro radica en las consecuencias de largo plazo de este deterioro. Vale la pena verse en el espejo de países que se han tornado fallidos para evitar cometer sus mismos errores. Moisés Naim y Francisco Toro lo describían a la perfección en un reciente artículo sobre el suicidio colectivo de su país: “...las causas del fracaso de Venezuela tienen raíces más antiguas y profundas. Varias décadas de gradual descalabro económico le abrieron el camino a un demagogo carismático que, inspirado por una ensalada de malas ideas, consiguió instaurar una autocracia corrupta”.

Estamos en una situación crítica de impredecibles consecuencias económicas y sociales, en donde debe prevalecer la sensatez y el respeto a las instituciones republicanas. Como dijo en su comunicado el Consejo Nacional Apostólico de los jesuitas: “más importante que cualquier comisión es el respeto al Estado de Derecho y el servicio al bien común de todos los habitantes del país”. Sin Estado de Derecho no será posible alcanzar un crecimiento económico robusto, ni combatir la pobreza, ni vivir en una democracia funcional.

Por Qué Triunfan las Naciones

No existen soluciones mágicas para salir del subdesarrollo. Las naciones que han tenido éxito en las últimas décadas han sido perseverantes en privilegiar el crecimiento económico a través de una agenda coherente de políticas públicas que aumentan la productividad

Hace poco más de un lustro dos economistas del MIT y de Harvard escribieron un exitoso libro (Por Qué Fracasan las Naciones) que mostraba cómo los países que carecen de instituciones económicas incluyentes –que resguarden los derechos de propiedad, creen igualdad de oportunidades y fomenten la inversión en nuevas tecnologías- son aquellos que fracasan en sus intentos de aumentar el crecimiento económico y lograr el bienestar para sus habitantes.

Sabemos que la carencia de instituciones conduce al fracaso de las naciones; pero, ¿cómo hace para triunfar los países exitosos? Un reciente reporte (Otuperformers: High-growth emerging economies and the companies that propel them)del McKinsey Global Institute identifica los factores comunes que caracterizan a los países que han logrado mayores crecimientos de su ingreso per cápita en los últimos años. Siete economías (China, Hong Kong, Indonesia, Malasia, Singapur, Corea del Sur y Tailandia) han registrado tasas de crecimiento del PIB por habitante mayores al 3.5 por ciento anual durante 50 años, mientras que otras 11 (entre las que se incluyen Azerbaiyán, Bielorrusia, Camboya y Vietnam) lo han logrado durante 20 años, sacando así de la pobreza a cientos de millones de sus habitantes. En contraste, el crecimiento del PIB por habitante de Guatemala ha crecido en menos de 1 por ciento anual en promedio durante la última década.

Es posible establecer un patrón en el comportamiento de esas naciones exitosas: ha existido en todas ellas un consenso respecto a la prioridad de fomentar el crecimiento económico y de alinear la agenda pública en torno al objetivo de elevar la productividad (producir más, con menos recursos), centrándose para ello en tres aspectos que se refuerzan mutuamente: productividad (para permitir mejores decisiones en la asignación de los recursos), ingresos (para que esa inversión productiva retorne a la gente que la creó), y demanda (para reinvertir ese ingreso en nueva productividad).

La mejora en la productividad requiere inversión en infraestructura, en tecnología y en talento humano, así como promover la competencia y la eficiencia de los mercados. Trasformar la productividad en un mayor ingreso de las personas requiere flexibilidad de los mercados (incluyendo el laboral) y paz social. Y aumentar la demanda requiere de políticas macroeconómicas (fiscal y monetaria) ágiles y adaptables, mercados financieros sanos y apertura al exterior. Y todo ello con base en un estado institucionalmente eficiente. Tal es la receta de los países que han triunfado.

La lección para Guatemala es que no existen soluciones mágicas para salir del subdesarrollo. Lo que se necesita es un liderazgo (político, empresarial, social y sindical) capaz no solo de construir un consenso alrededor del objetivo de aumentar el crecimiento y la productividad, sino también capaz de guiar y aplicar con perseverancia una agenda integral de políticas públicas que conduzca a ese fin.

Es el Hambre, No la Violencia

Los desafíos más urgentes de Guatemala (tanto para nosotros mismos como para los Estados Unidos) tienen que ver con la creación de empleos y oportunidades. Precisa que nos sentemos a trabajar en un proyecto de Estado para el desarrollo económico

Históricamente, Guatemala nunca había sido una prioridad en la política exterior de los Estados Unidos (salvo, quizá, por el episodio de la Liberación en el lejano 1954). Pero en los últimos años nuestro país se fue convirtiendo paulatinamente en una amenaza a la seguridad nacional de aquel país, por tres motivos: la expansión del narcotráfico, el desafío del terrorismo (particularmente el islámico) y el creciente flujo de migrantes ilegales (incluyendo es especial el de menores de edad). Este último aspecto ha adquirido tales connotaciones políticas en aquel país, que se ha convertido en un tema de campaña electoral de relevancia para las próximas elecciones de medio término.

En ese contexto, llaman poderosamente la atención las declaraciones de funcionarios de la CBP (la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense), en las que señalan que la principal causa detrás del creciente flujo de familias guatemaltecas que migran ilegalmente hacia ese país es el hambre, no la violencia. La evaluación de la CBP señala que son factores de "empuje" tradicionales -pobreza y falta de oportunidades- los que impulsan la ola migratoria, en vez de un aumento en el crimen, lo cual sugiere que las causas de la emigración podrían aliviarse mediante la reducción del hambre y la creación de empleos en Guatemala.

Siendo ese el caso, la generación de oportunidades de empleo formal y el combate contra la pobreza deberían marcar las prioridades de la agenda estadounidense hacia nuestro país. En ese sentido, la estrategia para el involucramiento de los Estados Unidos con el Triángulo Norte de Centroamérica (vigente desde hace varios años) contiene tres ejes que podrían ser retomados (quizá dentro del Plan Alianza para la Prosperidad) para re enfocar los esfuerzos de ambos países hacia tales prioridades.

El eje de seguridad (que incluye el fortalecimiento institucional de las fuerzas de seguridad) es necesario para favorecer un clima de negocios adecuado a la inversión. El eje de gobernabilidad (que incluye la reforma del servicio civil y del sector justicia, así como el combate a la corrupción) es fundamental para que el Estado prevea eficazmente los servicios públicos esenciales para mejorar la productividad sistémica. Y el eje de prosperidad (que incluye la inversión -transparente y eficiente- en infraestructura y en educación) es clave para la crear oportunidades de emprendimiento y empleo.

No se trata de que los Estados Unidos nos imponga su agenda. Se trata más bien de que los guatemaltecos, con pragmatismo, nos demos cuenta de que sobre esos ejes es posible construir una agenda de nación. No debemos sentarnos a esperar que los gringos nos vengan a resolver la vida, ni a que en las próximas elecciones surja mágicamente el líder preclaro que improvisará las soluciones a todos nuestros problemas. Necesitamos trabajar en un proyecto de Estado.

A Más Confrontación, Menos Inversión

Vivimos tiempos difíciles. La transición de una cultura de impunidad y corrupción a otra donde imperen la ley y el estado de derecho es complicada. Se requiere de madurez y disposición a dialogar, cualidades sociales muy escasas estos días.

El clima de polarización y confrontación en el país se ha acentuado peligrosamente. La comunicación entre personas de distinta opinión está rota. Esas son malas noticias para la economía porque un clima de negocios enrarecido por la hostilidad y la desconfianza entre diversos sectores de la sociedad es muy adverso para la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleo, aspectos que, según varias encuestas, son los que más angustian al guatemalteco promedio.

Es preocupante también la forma en que los eventos políticos nacionales se están percibiendo en el exterior, según se recoge en medios tan diversos como el New York Times, The Economist o, incluso, el reciente comunicado de la calficadora Fitch Ratings que alerta sobre los efectos negativos que dichos eventos pueden tener sobre la calificación de riesgo-país. Todo ello perjuicio de los potenciales flujos de inversión (financiera y directa) hacia Guatemala.

Conviene recordar que en la década de los ochenta (la década perdida de nuestra economía) fueron precisamente el conflicto interno y el rompimiento del tejido social las causas principales que incidieron en el desplome de la inversión, la pérdida de la estabilidad económica y la ralentización severa de la actividad productiva.

En este momento crítico, y en aras del bien superior de la Nación, es imprescindible reducir la intensidad del enfrentamiento y restablecer la comunicación entre los grupos en conflicto. Ello requiere madurez por parte de los distintos liderazgos para ceder y aceptar compromisos que eviten el agravamiento de la crisis. Ceder y aceptar.

Aceptar, por ejemplo, que la salida y relevo del comisionado Velásquez (mejor si pronto y voluntario) aliviaría las tensiones (y daría una salida viable a las resoluciones que la Corte de Constitucionalidad tiene que emitir respecto de su expulsión del país). Aceptar que la CICIG es un experimento clave para la ONU y que su continuidad es necesaria para transferir capacidades y reformar el sector justicia (esencial para la eficiencia económica); pero aceptar también que debe ser reformada (en cuanto a la definición de su mandato, su gobernanza y su obligación de rendir cuentas) para fortalecer su credibilidad y eficacia.

Aceptar que el país estaba podrido de corrupción y que quienes cometieron faltas o delitos deben reconocerlos y redimir el daño causado. Aceptar que se necesitan herramientas jurídicas transicionales para viabilizar tal reconocimiento. Aceptar que si todos los transgresores fueran encarcelados, no alcanzarían todos los estadios de futbol del país convertidos en prisión para albergarlos.

El sistema político corrompió y debilitó al Estado, sus instituciones y sus relaciones con la ciudadanía. La transición necesaria para revertir esa situación no es fácil, pero sin una disposición a ceder y a aceptar madura y responsablemente por parte de los distintos liderazgos nacionales, no habrá una base para plantear la agenda mínima de reformas institucionales que el país y su economía necesitan desesperadamente.

Economía: Prepararse para el Chubasco

Algunos riesgos se ciernen sobre el panorama económico internacional y el panorama electoral nacional, que pueden afectar el desempeño de nuestra economía, que ya se encuentra desacelerada. Es momento de plantear una estrategia de política económica

El desempeño de la economía guatemalteca en los últimos cuarenta años ha sido mediocre si se le compara con el de otros países de similar tamaño e ingresos. Las principales causas de tal mediocridad son los bajos niveles de inversión y de productividad que se derivan de un ambiente de negocios turbio y de una institucionalidad pública débil e incapaz de proveer a la sociedad de los bienes públicos que son esenciales para que una economía sea funcional. Como resultado, el ingreso per cápita del país ha estado estancado por décadas. En adición a estos problemas estructurales, ahora resulta que la economía está más desacelerada de lo habitual. El Banco de Guatemala ha revisado a la baja su predicción de crecimiento económico para 2018.

Las causas de esta desaceleración se encuentran en los bajos niveles de confianza de los consumidores y de los inversionistas (según lo muestran diversos índices) ante la aparente ausencia de una agenda priorizada de desarrollo económico, así como la caída en la producción de ciertas actividades que solían ser las más dinámicas (como la producción minera o la generación hidroeléctrica) pero que se han visto afectadas por la falta de certeza en los casos judiciales en que se han visto envueltas. A ello se agrega la ralentización que desde 2015 afecta el gasto gubernamental y la inversión pública, así como la desaceleración que han empezado a experimentar las remesas familiares (que son el combustible que activa el consumo de los hogares, principal motor histórico de la producción nacional).

Encima de esto, se avizoran nubarrones en el horizonte económico. Las tasas de interés están subiendo en los mercados internacionales, encareciendo el crédito hacia los países en vías de desarrollo. La guerra comercial de Estados Unidos con sus principales socios empezará a entorpecer los flujos comerciales y, eventualmente, la producción mundial. Los precios de nuestros productos de exportación están más bajos que los de los insumos que importamos, lo que deteriora nuestros términos de intercambio y reduce nuestro poder de compra. Y, previsiblemente, las remesas familiares seguirán desacelerándose.

A todos estos elementos se agrega la previsión de un año electoral turbulento, con lo que se configura un elevado riesgo de tormentas económicas para 2019. Las señales de alertan están claras y lo que procede es tomar las medidas económicas preventivas que aminoren los riesgos. Esto implica la adopción de un plan económico con componentes de corto plazo (política fiscal y monetaria) que generen una reactivación de la demanda agregada, y con medidas de largo plazo (reformas institucionales y estructurales) que aumenten la inversión y la productividad en nuestra economía para que el crecimiento sea más sólido. Es importante que los hacedores de la política económica empiecen cuanto antes a reparar el tejado, antes de que empiecen a caer los aguaceros.

Estados Unidos-Guatemala: las prioridades

Las prioridades de la agenda de los EE.UU. en Guatemala: creación de oportunidades (economía), combate a la criminalidad (seguridad) y a la corrupción (institucionalidad). No es para que ellos hagan algo, es para que NOSOTROS tomemos la responsabilidad en nuestras manos

La reciente visita del vicepresidente estadounidense, Mike Pence, a Guatemala tiene  similitudes con la que, en junio de 2014, realizó el entonces vicepresidente Joseph Biden. Ambas fueron precipitadas por los flujos de niños guatemaltecos que, al ingresar ilegalmente al territorio estadounidense, generaron una crisis humanitaria que, inadecuadamente manejada, se convirtió en una crisis de opinión pública que perjudica la imagen de los gobernantes, lo cual resulta particularmente inconveniente previo a las elecciones de medio término en los Estados Unidos.

Más allá del contundente mensaje de pedirle a los tres presidentes de los países del Triángulo Norte y a todos sus habitantes que se abstengan de viajar a los Estados Unidos sin una visa, la misión de Pence no fue distinta de la de Biden cuatro años atrás: existen tres causas de la migración ilegal que deben ser atendidas. Primera, nuestra economía no genera oportunidades de empleo, por lo que es una fábrica de pobres cuya única y desesperada esperanza es la migración. Segunda, nuestro Estado es incapaz de proveer la seguridad pública necesaria para reducir la criminalidad y el tráfico de drogas. Y, tercera, nuestras instituciones gubernamentales son débiles y propicias a ser infectadas por la corrupción y la ineficiencia.

La posición de los gobiernos estadounidenses (lo mismo el de Obama que el de Trump) es que los responsables de atacar esos tres problemas somos nosotros. Las herramientas que Estados Unidos tiene a su alcance para persuadir a los gobiernos centroamericanos son variadas, pero no necesariamente contundentes. La más obvia es la ayuda económica contenida en el Plan Alianza para la Prosperidad que, francamente, es demasiado pequeña como para volverse un verdadero incentivo para actuar. Otra herramienta, más ruda, es la amenaza de cerrar a piedra y lodo la frontera y, con ello, eliminar la válvula de escape social que para la gobernabilidad de Guatemala significan los migrantes; pero esa amenaza ha sido históricamente imposible de llevar a la práctica.

Quizá las herramientas más efectivas de que disponen los estadounidenses es la aplicación de sanciones individuales, al amparo de normas como las leyes Fatca o Magnitsky, o la cancelación de visas como la anunciada recientemente por la embajada de Estados Unidos en Guatemala. Mientras tanto, nuestros gobernantes podrán pedirle a Trump que se dé un mejor tratamiento a nuestros migrantes, que se desentierren programas como el TPS, o que se aumente la ayuda económica; sin embargo, si no mostramos algún avance significativo en cada una de las tres áreas prioritarias (creación de oportunidades económicas; reducción de la corrupción y de la debilidad institucional; y, combate al crimen organizado) cualquier petición será en vano. El riesgo de no avanzar en esas tres áreas –por nuestra propia conveniencia- es el de convertirnos en países parias.