En el marco de la tragedia humana personificada en los cientos de niños guatemaltecos que, sin la compañía de sus padres, son arrestados y deportados desde Estados Unidos, es importante que las autoridades y líderes cobren conciencia de que las políticas contra los migrantes ilegales
son nocivas (para ambos países) desde un punto de vista económico
El endurecimiento de las medidas anti-migrantes, aunado
al creciente flujo de connacionales hacia los Estados Unidos, ha desvelado y
agravado una tragedia humana, con su particular incidencia en los menores de
edad. Esta tragedia debería obligar a las autoridades y a la opinión pública a
ver este fenómeno con todas sus aristas, incluyendo el hecho –demostrado a lo
largo de la historia- de que las migraciones tienen, en balance, un efecto
positivo tanto para el país emisor como para el receptor.
La migración se produce fundamentalmente por un
estímulo económico: un trabajador en Guatemala percibe un salario mucho menor
que el de un trabajador guatemalteco (con igual nivel de educación y
experiencia) en Estados Unidos. Esta brecha salarial refleja diferencias de
productividad derivadas de las disparidades en infraestructura, instituciones y
competencias: el guatemalteco gana más allá porque allá es más productivo pues
cuenta con mejor tecnología, infraestructura e instituciones.
A más migrantes, más producción global y más bienestar
general. Sin inmigrantes, la economía estadounidense habría sufrido una
ralentización de su crecimiento, escasez de mano de obra y una consecuente alza
de precios. Lamentablemente, muchos ciudadanos y líderes estadounidenses se
oponen a los inmigrantes que aportan las capacidades y fuerza de trabajo
necesarias para fortalecer el desempeño económico de su país, incluyendo
mejores salarios y mayor bienestar para todos (en ambos países).
No hay que negar que el creciente número de emigrantes
guatemaltecos evidencia la incapacidad del país de otorgar oportunidades a sus
ciudadanos para su realización material y humana. Pero este fenómeno también
revela la capacidad de los guatemaltecos de ser productivos cuando cuentan con
un entorno adecuado (en términos de infraestructura, imperio de la ley y oferta
de oportunidades) que les permite generar ingresos para subsistir y para enviar
excedentes a casa.
Las remesas son muy importantes en al menos dos
aspectos fundamentales de la economía nacional. En primer lugar, representan un
flujo de divisas crucial para que el país haga frente a su déficit comercial.
En 2013, el déficit comercial (exportaciones menos importaciones) ascendió a
casi US$7.5 millardos, equivalente a 13.9% del PIB. Las remesas alcanzaron ese
año los US$5.1 millardos. Gracias a ello, el déficit en cuenta corriente de la
balanza de pagos (que es el saldo que en verdad el país debe financiar desde el
exterior –con préstamos públicos y privados, e inversión extranjera-) sólo
llegó a ser de US$1.5 millardos, equivalente a 1.7% del PIB, que es fácilmente
obtenible en los mercados financieros internacionales. Sin las remesas
familiares el país habría tenido graves problemas para financiar su déficit
externo.
En segundo lugar, las remesas son una fuente de apoyo
para el consumo privado, que es el principal motor del PIB. La producción del
país, medida por la demanda agregada, depende en un 85% del gasto que realizan
los hogares y, según varias encuestas sobre el destino de las remesas, la mayor
parte de éstas se destina a gastos en consumo de bienes duraderos y no
duraderos. De manera que el principal componente del PIB (el consumo) se
sustenta en las remesas familiares.
Es importante enfatizar que las remesas son enviadas
por los guatemaltecos que ya están en los Estados Unidos, y no por los nuevos
flujos de migrantes. Lo anterior implica que, incluso si las medidas
anti-inmigración fuesen efectivas (cosa de por sí muy dudosa), la remesas
difícilmente se reducirán. Para que se diese una reducción en el flujo de
remesas, el gobierno estadounidense debería deportar a una gran fracción del
millón de guatemaltecos que habita en su territorio, y no sólo a una fracción
de los nuevos inmigrantes (que es lo que está ocurriendo actualmente).
Las políticas contra los migrantes ilegales son perversas desde un punto
de vista humanitario y de derecho internacional, pero también son nocivas (para
ambos países) desde un punto de vista económico. Nuestra diplomacia debería
insistir en los argumentos que demuestran sólidamente que una reforma
migratoria que asegure un mejor trato a nuestros compatriotas emigrantes no es
cuestión de pedir privilegios, sino que es un tema que entraña beneficios para
ambos países.