La pandemia ha generado una crisis sin precedentes, manifestada en una de las recesiones más profundas de nuestra historia. La crisis conlleva un enorme aumento de la incertidumbre, lo cual provoca que los agentes económicos reduzcan y pospongan sus decisiones de consumo y de inversión, al tiempo que aumentan -por razones de precaución- sus tenencias de dinero en efectivo o en sus cuentas bancarias. Esta situación se está danto en muchos países y Guatemala no es la excepción: mientras que el crédito bancario está en franca desaceleración, los depósitos bancarios se están incrementando.
La incertidumbre generada por la crisis conduce a un aumento en el riesgo de otorgar préstamos, razón por la cual los bancos son mucho más precavidos que lo habitual y prefieren acumular liquidez antes que perjudicar la sanidad de su cartera crediticia. En crisis como la actual, el sistema bancario empieza a acumular grandes excedentes de liquidez que no encuentran la ruta para convertirse en créditos productivos. Y sin un flujo eficiente de financiamiento, será imposible lograr la ansiada reactivación económica, ya que esta depende casi exclusivamente del consumo y de la inversión privadas, y no del gasto gubernamental -por mucho que el gobierno se empeñe en aumentarlo-.
Eso sí, las políticas públicas pueden (y deben) ayudar a que la reactivación económica se produzca y sea sostenible. Si esas políticas ayudan a que los trabajadores conserven sus empleos, a que las empresas aumenten su producción y a que las redes de intercambios comerciales se preserven, la recuperación se producirá antes y con más fuerza. En particular, es fundamental que las políticas públicas protejan y fomenten los flujos financieros, esenciales para lubricar los engranajes del aparato productivo. Una manera de hacerlo es mediante el establecimiento de fondos de garantía.
Los fondos de garantía surgieron en Europa a fines del siglo XIX y hoy funcionan exitosamente en más de cien países. Esos fondos brindan garantías para que quienes no tengan acceso al crédito puedan cubrir una parte del riesgo de incumplimiento del préstamo; en caso de incumplimiento, el prestamista recupera el valor de la garantía. Los esquemas de garantía pública suelen implicar subvenciones estatales, sobre todo inicialmente y, por lo general, son administrados por una organización descentralizada o, incluso, privada. Una ventaja de estos esquemas es que, en caso de incumplimiento del préstamo, la garantía se paga con cargo al presupuesto del gobierno, lo cual le da una mayor credibilidad dentro del sector bancario.
Más que insistir fútilmente en reactivar la economía a fuerza de gasto público, debería pensarse en políticas alternativas de reactivación -como los referidos esquemas de garantía- que potencien la actividad privada con la ayuda subsidiaria de fondos públicos. Los fondos de garantía de crédito pueden reducir el riesgo asociado a los préstamos en tiempos de incertidumbre y hacer productivos los excedentes de liquidez que hoy abundan en el mercado financiero, mejorando las condiciones de los préstamos y facilitando el acceso al crédito formal para las pequeñas empresas. Ahora que el Congreso está analizando el presupuesto estatal para 2021, valdría la pena pensar “fuera de la caja” y -en vez de destinar gastos a destinos ineficientes y proclives a la corrupción- presupuestar recursos para establecer fondos de garantía debidamente estructurados, con un sólido marco de gobernanza y rendición de cuentas, que permitan desencadenar el crédito (especialmente para la micro, pequeña y mediana empresa) que hoy está estancado en el pantano de incertidumbre.
