Desigualdad: Realidad y Percepción

En Guatemala se ha reducido la desigualdad del ingreso, pero debido a que han disminuido los salarios de aquellos con mayor nivel educativo

La desigualdad económica es uno de los principales sospechosos de haber detonado las violentas protestas sociales acontecidas en Chile. Ahora empiezan a publicarse diversos análisis técnicos sobre el tema, que presentan datos objetivos para toda la región –incluyendo Guatemala- y que resultan dignos de reflexión, especialmente porque no necesariamente coinciden con las percepciones de la opinión pública.

Las cifras –en contraposición a las percepciones- muestran que la desigualdad se ha reducido en Guatemala y en Latinoamérica. El indicador usual (no exento de defectos) para medir la desigualdad en los ingresos entre los habitantes de un país es el Índice de Gini: si este es igual a cero indica completa igualdad, o sea que cuanto más bajo el indicador, menos desigualdad existe. Cifras del Banco Mundial analizadas en un reciente artículo de la BBC indican que Guatemala es uno de los países de la Región que más rápidamente ha reducido la desigualdad en los últimos 30 años. En 1990 Guatemala era el país más desigual de Latinoamérica con un Gini de 59.6, que se redujo a 48.3 en 2017. Solo El Salvador y Bolivia redujeron más la desigualdad en ese periodo (el cuarto país que más redujo la desigualdad fue Chile). Y Guatemala ya no es el país más desigual de la Región; ahora la desigualdad es mayor en Brasil, Panamá y Colombia.

Las principales canales para reducir la desigualdad son las políticas de redistribución (a través de los impuestos y el gasto público) y los cambios del mercado laboral (que modifican los ingresos de los trabajadores). La mala noticia en nuestro caso (al igual que para El Salvador) es que la mayor parte de la reducción en la desigualdad se debe al mercado laboral, pues –según los expertos- ha habido una reducción en la brecha salarial entre quienes tienen más educación y los menos educados, debido a una caída en los salarios de los primeros, lo cual es una forma poco deseable de reducir la desigualdad. Otro elemento importante de la caída en la desigualdad estaría dado por las remesas familiares, que han contribuido a que los ingresos de los más pobres hayan aumentado relativamente más.

Otro análisis reciente del economista chileno Sebastián Edwards, plantea un hallazgo importante: si bien los indicadores convencionales muestran una disminución significativa de la desigualdad, la percepción entre los ciudadanos es que la desigualdad ha aumentado considerablemente. Para el caso de Guatemala esto es muy evidente: unas cifras (Banco Mundial y BID) señalan que es uno de los países donde más se ha reducido la desigualdad, pero otras (CEPAL) indican que es el país latinoamericano donde más ha aumentado la percepción ciudadana respecto de una mayor desigualdad.

Esta paradoja (que, como en el caso chileno, constituye una amenaza para la paz social) puede deberse a que la gente no logra percibir las mejoras económicas que objetivamente han habido en las últimas décadas, o a que estas han sido insuficientes para satisfacer las aspiraciones sociales. O a que la gente aspira a algo más que meros ingresos: calidad de vida, seguridad en las calles y en los barrios, acceso a servicios públicos básicos de salud y educación, y una sensación de participación justa en las decisiones sociales y en el sistema político; es decir, un Estado funcional.

El Censo y Sus Circunstancias

Es imprescindible el fortalecimiento de la independencia, la calidad técnica y la transparencia del INE

Con seis años de retraso, hoy por fin empieza el Censo Nacional de Población y Vivienda, cuyos resultados deben proveer información específica sobre las características de los habitantes de Guatemala (incluyendo su edad, sexo, educación, ocupación y actividad económica, así como el lugar y condiciones de su residencia). En teoría, los censos permiten trazar la progresión de un país y definir su posición respecto de otras naciones. Para los gobiernos central y municipal, la información generada debe ayudarles a tomar decisiones con respecto a la planificación, monitoreo y evaluación de sus políticas. Y para las empresas la información puede servir para fines de planificación y estrategia (desarrollar de nuevos productos o hacer proyecciones de demanda de productos y servicios).

Debería, pues, existir un consenso respecto de que el censo (y, en general, las estadísticas) aportan un insumo esencial para la toma de decisiones y el diseño de buenas políticas públicas y empresariales. Pero, por desgracia, ese consenso parece no existir. Por un lado, en el ambiente de crispación y desinformación de las redes sociales, comenzaron a aparecer “advertencias” de que no se deje entrar a nadie a las colonias pues “grupos organizados de delincuentes” se harán pasar por encuestadores para cometer fechorías. Por otro lado, algunos pensadores libertarios han anunciado que no están dispuestos a colaborar con el censo por considerarlo violatorio de la privacidad individual.

Ambas “advertencias” tiene poco fundamento: el supuesto peligro de delincuentes disfrazados de encuestadores se elimina con exigir las credenciales correspondientes a los encuestadores, y el supuesto peligro de invasión de la privacidad se elimina rehusándose a responder solamente aquellas preguntas que el encuestado libertario considere inapropiadas. Lamentablemente, este tipo de boicots nos retrata como la sociedad desconfiada y tribal en la que nos estamos convirtiendo, pero también, en parte, es culpa de la debilidad institucional del Estado en materia de generación de estadísticas.

El Instituto Nacional de Estadística -INE- tiene ante sí el enorme desafío de llevar a feliz término el censo en medio del generalizado escepticismo y falta de conciencia ciudadana respecto de su utilidad y de su neutralidad. La labor habría sido más fácil, sin duda, si el INE hubiese desarrollado en los últimos años un vínculo más cercano con los usuarios de las estadísticas, con organizaciones de la sociedad civil, con los agentes económicos y con la prensa, que creara una masa crítica de usuarios que confiaran en la transparencia, calidad y no-politización de las estadísticas oficiales.

Por todo ello es imprescindible el fortalecimiento de la independencia, la calidad técnica y la transparencia del INE –como el que se plantea en la iniciativa de ley número 5329 que el Congreso está pendiente de empezar a discutir-. No se pudo para este censo; ojalá se logre para el siguiente.

El Poder de la Ciudadanía

La importancia del poder ciudadano radica en que una ciudadanía activa –política y comunitariamente- puede presionar a que los gobiernos rindan cuentas y tomen medidas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos

Hace pocos días se publicó la primera edición del Índice de Empoderamiento Cívico de las Américas –ACE- para 2018, elaborado por The Economist Intelligence Unit (una empresa especializada en análisis de inteligencia estratégica) y por Humanitas360 (tanque de pensamiento que promueve el cambio en Latinoamérica mediante la participación ciudadana). El índice intenta medir la capacidad de la ciudadanía de influir sobre las decisiones de gobierno, pues una ciudadanía activa –política y comunitariamente- puede presionar a que los gobiernos rindan cuentas y tomen medidas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Para medir dicha capacidad, el índice ACE estima 22 indicadores agrupados en tres dimensiones del empoderamiento ciudadano: (1) el ambiente que lo habilita –el marco legal, social y educativo que permite a las personas participar en la vida social-; (2) su situación objetiva –indicadores de participación ciudadana en la vida política y comunitaria-; y, (3) la percepción pública respecto a tal empoderamiento –cómo se siente la gente respecto a su rol en la vida política y comunitaria-. El hecho de que Guatemala sea uno de los siete países para los cuales se calculó esta primera edición del índice –junto con Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos y México- es indicativo de lo relevante que nuestro país se ha convertido, desde las protestas que culminaron con la salida del binomio Pérez-Baldetti en 2015, como referente en materia de participación ciudadana y cambio social.

Tanto en el índice total, como en la calificación de cada una de sus tres dimensiones, Estados Unidos obtiene, por mucho, la mejor calificación, lo que implica que en Latinoamérica aún tenemos un largo camino por andar en materia de participación ciudadana. De los restantes seis países latinoamericanos, Chile es el mejor calificado, mientras que Guatemala ocupa el último lugar, aunque con la salvedad de que Venezuela no obtuvo una calificación global por falta de datos confiables, por lo que probablemente nuestro país califique mejor que Venezuela en varios indicadores.

Los indicadores que perjudican la calificación de Guatemala se refieren a aspectos tales como el acceso general a la educación y a la salud, la elevada criminalidad, la baja participación ciudadana en peticiones y la elevada percepción de corrupción. También tiene bajas calificaciones en materia de representación de minorías en los poderes del Estado, de falta de confianza en las instituciones gubernamentales y de falta de controles sobre abusos de las fuerzas policiales.

A pesar de que Guatemala tiene bajas puntuaciones, muestra aspectos positivos del empoderamiento cívico en indicadores tales como la presencia de elecciones libres y justas, y la capacidad de formar libremente organizaciones políticas y cívicas (aunque este último indicador podría perjudicarse si la Ley de ONGs que ahora se discute en el Congreso incorporase aspectos contrarios al libre funcionamiento de las organizaciones cívicas).

Bajo las condiciones adecuadas, la participación ciudadana puede ayudar a los gobiernos a mejorar los servicios públicos, la gestión de las finanzas públicas, la gobernanza institucional y la inclusión social. Guatemala está viviendo una transición política y social que, hasta ahora, ha carecido de una agenda de largo plazo y de un liderazgo que la conduzca al desarrollo económico y social. Ante ese vacío, la participación ciudadana es la vía que queda para que el proceso iniciado en abril de 2015 resulte beneficioso en el mediano plazo y, en este contexto, indicadores como el índice ACE pueden servir de referencia para evaluar la efectividad y la evolución de dicho poder ciudadano.

El Ascenso del Proteccionismo

La reciente ola de nacionalismos radicales no anuncia cosas buenas. Ni en su faceta política (el populismo), ni en la social (xenofobia), ni en la económica (proteccionismo comercial). La experiencia histórica demuestra que, ya sea que venga de la izquierda o de la derecha del espectro político, el proteccionismo nunca ha mejorado el bienestar de las naciones.

El discurso inaugural de Donald Trump (“América primero”) deja pocas dudas. La cruda estrategia británica para abandonar Europa (“brexit duro”) lo confirma. El nacionalismo (con sus matices aislacionistas, populistas, proteccionistas y xenófobos) se está instalando como tendencia política, y ya no solo en el tercer mundo, como lo demuestra el ascenso en la intención de voto de personajes radicales como Geert Wilders -Holanda-, Marine Le Pen -Francia-, Frauke Petri -Alemania, o Matteo Salvini -Italia-.

La propuesta del nacionalismo se construye sobre la ansiedad, emociones y prejuicios de una ciudadanía insatisfecha. Algo parecido sucedió en los años treinta del siglo pasado, cuando los votantes estaban desesperados por su situación económica. Pero hoy la insatisfacción es de una naturaleza más compleja, pues la economía estadounidense está recuperándose y cercana al pleno empleo; la economía británica ha generado dos millones de plazas de trabajo en cinco años; las ganancias corporativas son elevadas; y, los niveles de vida en Europa siguen siendo de los más altos del mundo.

El problema estriba en los crecientes bolsones de población que no sienten incluidos en los beneficios de una desigual bonanza, esos que votaron por Trump. Los nacionalistas del Siglo Veintiuno se han aprovechado astutamente de las insatisfacciones económicas, sociales y culturales de aquellos a quienes la globalización y el cambio tecnológico han dejado atrás.

En el ámbito económico, el nacionalismo se manifiesta en forma de proteccionismo; es decir, de políticas económicas que, a través de las barreras al libre comercio (como la elevación de los aranceles a la importación) o a la libre circulación de personas (barreras a la inmigración), pretenden supuestamente proteger los puestos de trabajo y fomentar la producción de la industrias nacionales versus las extranjeras. La receta se ha probado una y otra vez en el último siglo, sin resultados positivos.

El ascenso del proteccionismo en el mundo desarrollado es una pésima noticia para países como el nuestro. Ya durante la Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado la situación fue agravada cuando los Estados Unidos adoptaron políticas comerciales altamente proteccionistas que, bajo la creencia errónea de que con ellas se crearían puestos de trabajo, desencadenaron medidas proteccionistas alrededor del mundo que profundizaron y expandieron la depresión económica. En contraste, después de la Segunda Guerra Mundial, bajo el liderazgo de los Estados Unidos, se promovió la liberalización del comercio internacional y ello generó una era de gran prosperidad y crecimiento para la economía mundial.

A lo largo de la historia, la experiencia (y la teoría) económica es contundente: el proteccionismo comercial (y migratorio) es incapaz de aumentar el número de plazas de trabajo o, ni siquiera, de alterar sustancialmente la balanza comercial entre países. Por desgracia, tanto los políticos –sean de derechas o de izquierdas, de países pobres o de ricos- como sus votantes (acostumbrados aquellos a ofrecer, y estos a desear, soluciones mágicas a sus problemas nacionales) no entienden, ni quieren entender esta lección.

En este mundo paradójico, en el que la globalización es defendida (en Davos) por el Secretario General del Partido Comunista chino, mientras se ve amenazada por el líder electo a nombre del Partido Republicano estadounidense, solo nos queda insistir en lo que la teoría y la historia económica sostienen sólidamente: el proteccionismo –sea de izquierdas o de derechas- es, en general, nocivo al crecimiento económico y al bienestar de las naciones.

Lucha Contra la Corrupción: Lo que Aún Falta

Aunque luchar contra la corrupción puede tener costos en el corto plazo, puede significar grandes réditos económicos a mediano plazo. Pero para lograrlo hay que perseverar y, sobre todo, fortalecer las instituciones.

El viernes pasado se celebró el Día Internacional Contra la Corrupción, que se conmemoró en Guatemala con muestras de satisfacción –desde enhorabuenas del Secretario General de las Naciones Unidas a la Fiscal Thelma Aldana, hasta auto-felicitaciones de la sociedad civil por sus inspiradoras protestas del año pasado-, en celebración por lo que se ha avanzado en los últimos meses.

Debemos reconocer el despertar ciudadano en contra de la corrupción que se vivió el año pasado, así como los esfuerzos del MP y el empuje de la CICIG. Pero el monstruo de la corrupción es demasiado grande y poderoso como para darnos por satisfechos. Aún falta mucho por hacer: la lucha contra la corrupción debe ser algo sistémico e integral, no solamente un conjunto de esfuerzos aislados.

La situación aún es muy grave. La corrupción está tan arraigada en el quehacer público en Guatemala que muchas decisiones (en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial) se toman solamente por el interés de enriquecerse (a costa de sobornos, sobreprecios o tráfico de influencias), y no motivadas por el interés colectivo. No se trata de transacciones aisladas, sino de una auténtica captura del Estado por redes y costumbres corruptas tan arraigadas que ya no son la excepción, sino que se han convertido en el patrón de comportamiento y en la norma de funcionamiento.

Los costos económicos y sociales son altísimos. La corrupción generalizada impide al Estado cumplir con sus funciones básicas: por un lado implica desperdiciar millones de quetzales de gasto público (que se deja de hacer o, en el mejor de los casos, que se hace mal) y, por otro, daña profundamente la voluntad de los contribuyentes de pagar impuestos, lo cual compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad económica del país. La corrupción debilita igualmente el cumplimiento de los contratos, el cobro de adeudos y, en general, la confianza en los mercados, con el consiguiente costo en pérdida de productividad económica.

La corrupción daña también la infraestructura: la inversión pública está corroída por sistemas opacos de contratación, deudas flotantes espurias, y sobrecostos recurrentes; la inversión privada, por su parte, se ve obstaculizada por la corrupción asociada a los trámites, licencias y normas desordenadas y arbitrarias que plagan la operatoria gubernamental. La corrupción también impide la inversión pública en educación y en salud, lo que imposibilita mejorar el capital humano del país. Y, por si esto fuera poco, la corrupción también daña la calificación de riesgo-país y, con ello, encarece el financiamiento público y privado para el desarrollo.

Combatir la corrupción requiere de un esfuerzo integral, sistemático y multifacético que incluya acciones en materia de transparencia, adoptando las mejores prácticas internacionales de gobierno abierto; en materia de aplicación estricta de la ley, para castigar a los funcionarios corruptos y confiscarles su botín; en materia de facilitación de trámites y regulaciones, para minimizar el riesgo de que las decisiones burocráticas discrecionales degeneren en sobornos; y, en materia de construcción de instituciones que, como la Contraloría y el servicio civil, son esenciales para combatir la corrupción.

Los resultados de tal esfuerzo tomarán tiempo y serán efectivos solo cuando en la mentalidad de los actores clave (tanto en el sector público como en el privado) se asuma que las reglas del juego de verdad han cambiado. Lograrlo requiere de visión de Estado, perseverancia, decisión política y liderazgo, virtudes estas que, por desgracia, no suelen abundar por estos lares.

Jurisdicción Indígena: Sistemas en Competencia

En un país como el nuestro, donde el racismo es aún -desgraciadamente- una práctica común, la discusión de temas como el Derecho Indígena, si no se maneja con respeto y sensibilidad, puede generar (como ya lo está haciendo) posiciones extremas y sin sustento.  antídoto para evitar tal situación (y sus consecuencias nefastas para el frágil tejido social) es enfocar tan delicado tema desde una perspectiva técnica: el pluralismo jurídico.

En el contexto del diálogo para reformar el sector justicia del país (incluyendo cambios a la Constitución), en las últimas semanas se ha estado debatiendo sobre el reconocimiento de la jurisdicción indígena. Aunque el análisis del tema puede ser complejo –o hasta polémico-, podría ser esclarecedor si se enfoca desde la perspectiva del análisis del pluralismo jurídico.

El pluralismo jurídico es la coexistencia dentro de un Estado de diversos conjuntos de normas jurídicas, situación que se da (sea de hecho o de derecho) en todos los sistemas jurídicos en los que junto al sistema central (oficial) de justicia coexisten otros sistemas reconocidos como, por ejemplo, la lex mercatoria (en el campo del derecho internacional público) o las normas y códigos eclesiales (en el campo del derecho religioso).

El pluralismo jurídico es una realidad (reconocida en muchos países, desarrollados o no) porque, contrario a lo que sostiene el positivismo jurídico, el Derecho no solamente proviene de la ley escrita, sino también de otras fuentes (como la costumbre); es decir, que el Derecho no es producto del Estado, sino de la interacción social, por lo que las distintas fuentes del Derecho (como la ley y la costumbre) en la práctica compitan entre sí hasta que la que resulte más eficiente para impartir justicia prevalece sobre las demás.

En Guatemala, uno de los sistemas jurídicos que coexisten con el oficial es el llamado derecho indígena: una realidad innegable, que debe ser respetada y que suele aplicarse para impartir justicia en muchas regiones del país donde el Estado está ausente para tales propósitos. Además, debe tenerse presente que en el país ya existen antecedentes judiciales donde se ha reconocido el orden normativo de comunidades indígenas, como consta tanto en resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, amén de que también se reconoce en tratados internacionales ratificados oficialmente.

Dicha situación sugiere que no es necesario modificar la Constitución para reconocer la existencia de la jurisdicción indígena, porque esta ya es una realidad operativa. Por lo tanto, el planteamiento de la reforma constitucional propuesta debe entenderse más bien como una reivindicación social y política de las comunidades indígenas del país, y no como un cambio sustancial a la operatoria del sistema judicial. Esta reivindicación no hay que confundirla con otras que pretenden establecer territorios autónomos con sistemas jurídicos independientes: eso no sería pluralismo jurídico, sino independencia política.

Ahora bien, una consecuencia de reconocer explícitamente la existencia de un orden normativo, es que el mismo debe adecuarse a las limitaciones naturales de cualquier sistema jurídico; es decir que, como mínimo, debe respetar estrictamente los derechos humanos (tanto derechos individuales como garantías procesales) y los preceptos de la Constitución Política de la República, por lo que todo sistema –en un ambiente de pluralismo político- debe encuadrarse en un marco claro que limite cualquier arbitrariedad.

Ello implica que una autoridad (la Corte Suprema) debe vigilar el respecto a esos límites. También se requiere de una normativa de coordinación entre los distintos órdenes jurídicos, a fin de evitar posibles contradicciones o espacios de inaplicabilidad. Esas normas, en el caso de la jurisdicción indígena, deberían aclarar quiénes podrían considerarse autoridades legítimas de conformidad con las normas propias de las comunidades. En la práctica, esto podría ser más importante que la mera reforma constitucional que se ha planteado.

Ley Electoral: Reforma Superficial

Las reformas a la Ley Electoral que se están discutiendo en el Congreso no tocan el fondo del corrompido y disfuncional sistema de partidos políticos que tiene secuestrada a nuestra endeble democracia. Su aprobación solo va a ser un placebo para las demandas de cambio que exige la ciudadanía.

Uno de los principales obstáculos al desarrollo del país es el sistema político, centro generador de corrupción, de mal gobierno y de ineficiencia institucional. De ahí el clamor ciudadano y la coincidencia de las élites en cuanto a la necesidad y urgencia de reformar profundamente dicho sistema, pese a la natural resistencia de los partidos y de las autoridades políticas y electorales.

No se trata de hacer cambios sólo porque sí, o solo para complacer a las multitudes. Se trata de hacer cambios serios, integrales y profundos al sistema electoral y de partidos políticos. En ese sentido, las reformas de la iniciativa 4974 que el Congreso acordó apresuradamente a finales del año pasado (y sobre las que la Corte de Constitucionalidad recién emitió opinión) resultan ser una gran decepción por superficiales, parciales y artesanales.

Vele reconocer que dichas reformas son resultado de una serie de esfuerzos del liderazgo político y de instancias de la sociedad civil por encontrar soluciones viables a los problemas estructurales del sistema. Pero esos esfuerzos se dieron antes de los eventos desencadenados en abril de 2015 y no toman en cuenta las lecciones aprendidas de la dinámica social y del proceso electoral que se derivaron de tales eventos y que claman por otro tipo de reformas, más atrevidas, profundas e integrales.

Si bien las actuales reformas incluyen innovaciones interesantes (como la obligatoriedad de revisar el marco legal después de cada proceso electoral, o la de convertir en vinculante el voto nulo mayoritario), también incluyen crasos errores. Por ejemplo, al fijar el número máximo total de diputados (eso está bien) se incluye la aberración de dejar fijo el número de diputados por distrito electoral, como si la demografía no fuese cambiante, contraviniendo flagrantemente el principio constitucional de representatividad en relación a la cantidad de habitantes por distrito. Otro ejemplo: cargar un costo oneroso al fisco para financiar –sin topes razonables - la propaganda electoral de los partidos políticos.

Pero lo peor es lo que no se incluyó en las reformas: el real fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral (en su gobernanza y en su calidad de tribunal supremo), la democratización de los partidos políticos (ni siquiera se discutió la posibilidad –inadmisible para los partidos con dueño- del voto secreto en las asambleas partidarias), o la representatividad del elector (mediante, por ejemplo, listados semi-abiertos para elegir directamente a su diputado).

Sin estas reformas profundas, el sistema político seguirá siendo el principal obstáculo al desarrollo del país, y las reformas que actualmente se discuten en el Congreso no serán más que un parche superficial y una oportunidad perdida; una bocanada de oxígeno para la vieja política. 

Rotondas Trágicas

Ni autoridades, ni conductores, parecen estar preparados  para aprovechar las ventajas que ofrecen las rotondas

La semana pasada ocurrió un terrible accidente, de unas dimensiones realmente trágicas. Ingrid Batén, una joven de 15 años recién venida a la capital desde Momostenango, murió cuando se dirigía a bordo de la palangana de un picop rumbo a su primer día de trabajo. En la rotonda del monumento a la Guerra Nacional contra los Filibusteros, donde convergen la Avenida de la Reforma y calle Mariscal Cruz, el picop fue embestido por otro vehículo, Ingrid salió despedida y murió al caer al pavimento. Sus sueños de superación se truncaron en un segundo.

Es paradójico que esto haya ocurrido una rotonda pues, en teoría, estos mecanismos de distribución vial son más seguros que otros sistemas (como los semáforos). Pero acontece que en Guatemala ni las autoridades ni los conductores parecen tener los conocimientos y actitudes necesarias para aprovechar adecuadamente las ventajas que ofrecen los redondeles.

Las rotondas (redondeles o glorietas) son mecanismos para distribuir el tránsito de vehículos en una intersección de dos o más calles, que la convierte en un círculo –en cuyo centro suele haber un monumento- donde los vehículos circulan en un solo sentido (contrario a las agujas del reloj). La glorieta debe tener dos carriles y regirse por unas sencillas reglas: el vehículo que ya está incorporados tiene derecho de vía; quien quiera incorporarse puede hacerlo en la vía externa del círculo, cediendo el paso a quien ya venga (a su izquierda) incorporado; quien circule en el carril interno puede hacerlo continuamente, pero deberá trasladarse al carril externo para cruzar hacia alguna de las calles que convergen a la rotonda.

Cuando autoridades y conductores conocen y aplican esas reglas, las glorietas tienen múltiples ventajas. Reducen la congestión de vehículos pues no exigen que se hagan paradas completas (a menos que sea necesario) o prolongadas (lo cual los hace menos contaminantes); son más baratos de operar (una vez construidos) que los semáforos; y ofrecen mayor seguridad: según el Departamento de Transporte de Estados Unidos,  al sustituir encrucijadas por rotondas se reducen los accidentes en 35%, el consiguiente número de heridos en 76% y el de fallecidos en 90%.

Por eso, y por su estética, las glorietas han proliferado desde que se construyó la primera en Letchworth, Inglaterra, en 1909. Hace 20 años habría unas 30 mil rotondas en el planeta; hoy debe haber más de 60 mil. Los franceses son particularmente aficionados a las glorietas, que se apegan a su visión estético-monumental; pero también en Estados Unidos están cobrando popularidad: en la última década se han construido más de 2 mil de ellas. En Australia hay más de 8 mil, y también abundan en Hong Kong, Israel  y Jordania.

Lo malo es que en países con menos cultura vial que aquellos (es decir, en países subdesarrollados) las rotondas pueden ocasionar más problemas que beneficios. Si los conductores y autoridades no saben –o no respetan- las reglas, las glorietas son garantía de caos, congestionamientos y accidentes. Muchas rotondas en ciudades como Nairobi, Bagdad, Guatemala o Quetzaltenango han tenido que ser descongestionadas mediante la permanente presencia de policías de tránsito.

Además de la ignorancia de las reglas, las glorietas generan problemas cuando están mal diseñadas o se ubican en intersecciones de tránsito pesado. Por ejemplo, la rotonda de Mariscal, en la zona 11 capitalina, sólo tiene un carril de ancho; o las de Cayalá, que fueron construidas sin considerar la enorme densidad del tránsito que albergarían. Al final, muchas glorietas citadinas han debido ser eliminadas (en su concepción original), como lo atestiguan muchas exrotondas a lo largo de las avenidas de las Américas y Reforma.

Pero para las rotondas sobrevivientes, bien vale la pena tratar de rescatar sus virtudes estéticas y de facilitación del tráfico. Ello requiere de voluntad y compromiso de parte de los conductores; pero también demanda esfuerzo de las autoridades municipales para construir adecuadamente las glorietas, señalizarlas y educar a los usuarios; también de las autoridades de Tránsito, para que las licencias de conducir no se otorguen corruptamente al mejor postor, sino a quien llene los requisitos indispensables. Así se evitarían tragedias como la que le costó la vida a Ingrid Batén.

Instituciones Degeneradas

El gobierno representativo siempre ha sido un sueño difícil de alcanzar en nuestro medio

Hace cinco años que la gran crisis económica mundial alcanzó su clímax en las economías desarrolladas. Y hace un par de años que salió publicado un libro que, con una visión un tanto fatídica, anunciaba el declive de la civilización occidental y de sus grandes potencias. Niall Ferguson, historiador escocés y profesor en la universidad de Harvard, publicó en 2012 su pequeño, oportuno e interesante estudio La Gran Degeneración: Cómo Decaen las Instituciones y Mueren las Economías, que trata sobre el vínculo que existe entre las instituciones y el desempeño económico y social.

Ferguson ofrece en su libro en su libro una descripción de los factores que llevaron, en su visión, al estancamiento de las potencias occidentales. Los síntomas de este declive incluyen el aumento de la criminalidad, de la deuda pública, del envejecimiento poblacional, de la pobreza y de la desigualdad, acompañado de una reducción del crecimiento económico y de la calidad educativa, entre otros.

Detrás de esos síntomas está la degeneración de las instituciones, que son el intrincado marco en que las fuerzas sociales actúan para el progreso o caída de la civilización. Las cuatro instituciones básicas que, según Ferguson, constituyen los pilares de la civilización occidental son el gobierno representativo, el mercado libre, el imperio de la ley y la sociedad civil. Estas instituciones (y no la ubicación geográfica o el clima) fueron las que colocaron a las potencias occidentales en el camino del progreso, hasta su reciente decadencia.

Si esta visión, francamente pesimista, tiene muchos elementos que deben hacer reflexionar a los líderes de los países industrializados, resulta mucho más desafiante para países con menor grado de desarrollo, como Guatemala, no tanto porque nuestras instituciones estén en decadencia sino, lo que es peor, porque quizá nunca en nuestra historia hemos contado con ellas.

Muchos de los síntomas –y otros- que aquejan a las potencias de Occidente están entre nosotros desde hace tiempo: altos niveles de pobreza y desigualdad, criminalidad y comportamiento antisocial, insuficiente crecimiento económico, creciente insatisfacción con los servicios gubernamentales, juventud desempleada y desesperanzada. Y lo más preocupante, quizá, es que ni siquiera estamos dando los pasos necesarios para fortalecer los cuatro pilares institucionales antes mencionados.

El pilar del gobierno representativo siempre ha sido un sueño difícil de alcanzar en nuestro medio, poco acostumbrado a vivir en una democracia republicana en la que los pesos y contrapesos mantengan enfocados y controlados los poderes del Estado minimizando los riesgos de que se abuse del poder y se caiga en el autoritarismo, nefasto para la innovación y el ejercicio de la libertad individual. Lejos de consolidar un gobierno representativo, nuestros países parecen estar retrocediendo hacia un Estado patrimonialista, típico de sociedades premodernas cuya característica primordial es la tendencia de los poderosos a apropiarse de los bienes públicos.

El pilar del mercado libre no puede desarrollarse mientras la clase media sea tan pequeña, la pobreza tan generalizada, la innovación tan escasa y la competencia tan limitada. El mercado tampoco puede funcionar si el tercer pilar, el imperio de la ley, se ve impedido de funcionar debido a un sistema de justicia atrasado, atrofiado y corrupto.

Finalmente, el pilar de la sociedad civil –compuesta por las asociaciones, sindicatos, gremios y grupos de interés- no puede jugar su papel clave en la construcción de una sociedad próspera si sus líderes únicamente buscan privilegios, rentas y canonjías del gobierno o de gobiernos extranjeros, y si la ciudadanía permanece apática, pasiva e ignorante, limitando su participación únicamente a votar resignadamente cada cuatro años.

Una de las conclusiones del libro de Ferguson es la importancia que para la construcción de las instituciones esenciales, y para el progreso de las sociedades, reviste la colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno y las empresas privadas para resolver los serios problemas que nos afectan. Ello requiere que los líderes políticos, cívicos y empresariales de nuestro país asuman su responsabilidad con decisión y visión de país.

Exhortación Contra el Egoísmo

Aunque una parte (pequeña, por cierto) de la exhortación Evangelii Gaudium ha causado polémica pues incurre en generalizaciones sobre el mercado que en principio son incorrectas, el mensaje que por medio de ella nos intenta transmitir el Papa Francisco debemos acogerlo con espíritu humilde y mente abierta. Esta es una buena época para reflexionar al respecto. ¡Feliz Navidad!

Juan Pablo II –el Papa polaco-  convencía con su carisma, su ángel, su apabullante “no sé qué” que derribaba murallas. Benedicto XVI –tan alemán él- lo hacía mediante el intelecto, la contundencia lógica y una sabiduría que parecía ancestral. Y Francisco ha iniciado su andadura papal acudiendo al sentimiento, a la ternura y, un poco, a los golpes de efecto –claro, es argentino-.  Cada uno, haciendo uso de los carismas que Dios les dio, ha apelado al corazón y al intelecto de las personas (feligreses o no) para fortalecer a la Iglesia y construir un mundo mejor.

El más reciente intento en ese sentido es la exhortación apostólica Evangelii Gaudium que, como su nombre lo indica, es un llamado a todos los fieles y pastores a anteponer y anunciar la alegría del evangelio, por encima de la tristeza individualista que brota de un corazón avaro, de una búsqueda de placeres superficiales y de una conciencia aislada, pues cuando la vida interior se centra únicamente en los intereses egoístas, no existe espacio para los demás ni, por ende, para Dios y la alegría de su amor que nos incita a hacer el bien.

Y en ese afán de predicar contra el egoísmo que mata el alma, el Papa abordó el tema de la injusticia social de una manera que causó cierta dosis de escándalo entre aquellos católicos que, aunque aborrezcamos la inequidad y la exclusión social, estamos convencidos de las bondades (no sólo económicas sino, incluso, morales) del libre mercado. El Papa pareció estar convencido (y querer convencernos) de que los culpables de la pobreza y de la desigualdad que dañan a la sociedad de hoy son el capitalismo “salvaje” y el “excesivo” libre mercado, llegando a afirmar que “esa economía mata”.

Quizá esa pequeña parte de la exhortación apostólica no fue redactada de la manera más adecuada. O quizás sí… sólo Dios lo sabe. Lo cierto es que pocos días después de publicada, para alivio de los economistas de mercado católicos, Francisco expresó una contundente aclaración: en una entrevista al diario La Stampa, el Papa respondió a quienes lo tildaron de marxista, a raíz de lo que escribió en la Evangelii Gaudium, diciendo que él siempre ha creído que esa ideología está equivocada y explicó que en el texto le la exhortación apostólica no habló como técnico sino según la Doctrina Social de la Iglesia.

Pero lo importante no es si una parte de dicho texto nos causa inconformidad o si las posteriores aclaraciones papales nos reconfortan. Lo importante es que, con humildad, tratemos de escuchar sinceramente, sin prejuicios, lo que se nos quiere decir con esas reflexiones, aunque ideológicamente nos choquen. La fe debe ejercerse por libre elección y no debe temer sumergirse en el libre mercado de las ideas. Ello exige buscar la verdad de la manera más apropiada y respetuosa de la dignidad humana, lo cual entraña la necesidad de investigar científicamente, de educar (incluso a nuestros pastores espirituales), de aprender (incluso de nuestros rivales ideológicos) y de comunicarnos exponiendo francamente la verdad que creemos haber encontrado, a fin de ayudarnos mutuamente en esa búsqueda.

Y para ello, nada mejor que seguir las enseñanzas de quien vino al mundo a hacer el bien, a hacer que los ciegos (que no ven el sufrimiento de su vecino enfermo) vean, que los cojos (que no se mueven a auxiliar a una víctima) caminen, los leprosos (impuros por la corrupción) queden limpios y que los sordos (que no oyen a sus hijos pedirles tiempo) escuchen.

La iglesia no tiene por qué dar recetas de política pública, pero –debemos comprenderlo así- tiene la obligación de dar mensajes que abarquen todo el orden moral –incluyendo la justicia- que debe regular las relaciones humanas. De manera que la exhortación papal contra el egoísmo hay que acogerla con espíritu humilde y mente abierta; con la razón puesta en el libre mercado (el peor sistema económico que existe, excepto por todos los demás que se conocen), pero con el corazón puesto en la caridad. A fin de cuentas, para toda persona de bien, creyente o no, economista o presbítero, político o ciudadano raso, lo más importante en materia de políticas públicas debiese ser cómo mejorar la calidad de vida de los más desposeídos, pero hacerlo de forma sostenible y justa. Que la Navidad nos reconforte y sirva para meditar al respecto.

La Incapacidad de Dialogar

Pareciera que en Guatemala todos estamos bajo sospecha de tener una agenda oculta

Hace algunos días un amigo y mentor me envío una columna de Arturo Pérez-Reverte que me pareció sencillamente fascinante. Aunque dirigida por el escritor y periodista español al público ibérico, la columna (titulada Conmigo o Contra Mi) que critica el triste estado del sistema político y –especialmente- el alto grado de responsabilidad que los propios ciudadanos tienen en el deterioro de dicho sistema, es absolutamente aplicable y relevante al caso de Guatemala.

El escepticismo sobre el futuro del sistema político y el desencanto con la “casta parásita que nos gobierna” es atribuible, según al autor, a la ignorancia y abulia política de los propios gobernados, que los convierte en ovejitas indefensas en manos de los viejos lobos políticos. Sin una participación activa ni decisiones educadas por parte de los ciudadanos, no habrá democracia plena aunque haya elecciones periódicas. Además, el sistema actual no soluciona los asuntos de estado mediante el diálogo y el debate de argumentos serios, sino que –casi por instinto- recurre a la descalificación, al enfrentamiento visceral, a la polémica teatral. Y así, no hay manera de que las decisiones políticas se basen en el sentido común ni que procuren el bien común.

La incapacidad de debatir es igual de grande que la tendencia a encasillar ideológicamente al oponente. Pérez-Reverte da ejemplos concretos de esta tendencia en España, pero igualmente se pueden encontrar para Guatemala. Si alguien opina que Árbenz perdió el control de la Revolución del 44 al confiar ciegamente en los comunistas, no encontrará argumentos respecto a si confió o no confió en ello, sino furibundas críticas que, aderezadas con el infaltable ataque contra la oligarquía criolla, tildarán de fascista y genocida a quien así osó opinar. O si opina que la Revolución de 1871 cometió enormes abusos contra los indígenas y contra la Iglesia Católica, el opinante será acusado de rechazar al glorioso ejército nacional o de ser un cachureco irredento.

Pareciera además que, al igual que Pérez-Reverte lo percibe para España, en Guatemala todos estamos bajo sospecha de tener una agenda oculta, de militar en algún bando ideológico o en un grupo de interés. Y desde el “juicio por genocidio” se ha acentuado esta inclinación en encasillar en el bando enemigo a quien sea discrepe: sos rojo o sos crema. Qué importa si sos probo, detestás la corrupción y está dispuesto a combatirla; y qué importa si creés que la impunidad se combate con el imperio de la ley, aplicado por parejo a todos; y qué importa si creés que la desnutrición crónica infantil es la peor vergüenza que podamos sentir los guatemaltecos, y actuás en consecuencia. Me vale. Si sos del bando contrario, sos mi enemigo y cuanto digás carece de validez.

Con esas actitudes resulta fácil entender la Guerra Civil. La de España, según Pérez-Reverte; pero quizá también la guatemalteca. Según el escritor, los abusos y crímenes que ambos bandos cometieron en el conflicto de 1936-39 ya no son repetibles, pero la pulsión vil de destruir sin misericordia al adversario permanece en el inconsciente colectivo español. En el caso de Guatemala uno podría ser, incluso, menos optimista: los abusos y crímenes extremos son aquí algo real y presente. Un nuevo conflicto interno violento es algo más que un riesgo.

Ojalá que este autodestructivo clima de desconfianza pueda cambiar. Quizá, como Pérez-Reverte lo diagnostica para su país, la solución pase por reconocer una historia conflictiva y enseñarla correctamente a las nuevas generaciones para que –a diferencia nuestra- la asuman, desde las guerras intestinas antes de la Conquista, hasta el abuso y la explotación de después, pasando por revoluciones y contrarrevoluciones excluyentes, dirigidas por grupos de interés y líderes de poca calidad moral. Y pasa también, como en España, por tener dirigentes políticos lúcidos, probos y dispuestos a decir la verdad sobre el país que hemos construido.

En ausencia de líderes internos que llamen a la conciliación, conviene escuchar el reciente llamado a la paz, a la tolerancia y al diálogo del Papa Francisco (http://www.vatican.va/holy_father/francesco/homilies/2013). O reflexionar, a la luz de la situación guatemalteca, el artículo de Pérez-Reverte (http://www.perezreverte.com/articulo/patentes-corso).

Paráfrasis de un Sueño

El 28 de agosto de 1963 se pronunció una de las alocuciones más célebres de la historia contemporánea. Me aventuro a elucubrar qué habría dicho Martin Lugher King si, en vez de ser el líder espiritual de la minoría afroamericana de Estados Unidos ese año, fuese el líder de un grupo víctima de la exclusión en la Guatemala actual. A sus 50 años, el discurso del reverendo King aún puede inspirar sentimientos de esperanza y de conciliación social... incluso entre nosotros 

En 1985, inspirados por el clamor ciudadano de vivir en una democracia y de poner fin al enfrentamiento fratricida, los representantes electos por el pueblo plasmaron en la Constitución de la República que todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos; que deben tener iguales oportunidades y responsabilidades; que el estado, cuyo fin supremo es la realización del bien común, debe proteger a la persona y a la familia; y, que los guatemaltecos deben guardar una conducta fraternal entre sí.

Pero casi un cuarto de siglo después, debemos enfrentar el hecho trágico de que la igualdad de oportunidades es un espejismo lejano, que el estado no brinda protección a sus ciudadanos ni procura el bien común, y que la desconfianza y el recelo mutuos –contrarios a la conducta fraternal- definen las relaciones entre los guatemaltecos. Las promesas de la Constitución son el pagaré de una deuda que el pueblo ansía cobrar sin más demoras.

Los injustificables niveles de desnutrición infantil, la falta de oportunidades de empleo, la debilidad de nuestras instituciones políticas, de seguridad y de justicia, y la escandalosa corrupción en el manejo de la cosa pública, son todos factores que deprimen las posibilidades de un futuro mejor y que amenazan con perpetuar la sensación de frustración y desesperanza que invade hoy a los guatemaltecos.

No, no podemos estar satisfechos hasta que estas realidades dolorosas cambien. Pero tampoco podemos dejarnos vencer por el pesimismo: los guatemaltecos somos veteranos de la angustia creativa y nos hemos sobrepuesto muchas veces (sobre crisis, terremotos, dictadores y desastres), trabajando con la fe puesta en el poder redentor del sufrimiento inmerecido. Y con base en esa experiencia debemos ser capaces de creer que la situación actual puede cambiar y, sin dejar de ser realistas, soñar esperanzados en una Guatemala mejor.

Podemos soñar que un día el estado cumplirá su misión constitucional  de “garantizarle a los habitantes de la república la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”. Soñar que un día en los verdes llanos de Urbina, cerca de Xelajú, los hijos de los guerreros quichés y los hijos de los soldados castellanos y de sus aliados nahuas serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la fraternidad.

Podemos soñar que un día todos los territorios del país, incluyendo rincones como Camotán y Jocotán, hundidos hoy en un oprobioso abandono y en una hambruna inexcusable, se transformarán en oasis de justicia, abundancia y bienestar. Soñar que nuestros hijos vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel ni por el dinero que posean, sino por el contenido de su carácter, por su honradez, su intelecto y su bondad. Soñar que un día el ser corrupto, ladrón o ventajista no será una aspiración política ni una causa de vanagloria, sino un motivo de vergüenza familiar, de escarnio público y de proceso penal.

Podemos soñar. Debemos soñar. Soñar como el profeta (Isaías 40, 4-5) para “que se eleven todos los valles, y las montañas y colinas se abajen; que los barrancos se transformen en llanuras y los cerros en planicies. Entonces se manifestará la gloria de Dios y la verán juntos todos los hombres”. Esa es nuestra esperanza, que refleja el profundo anhelo de los guatemaltecos de vivir en libertad, igualdad y fraternidad; anhelo que surge de esta tierra anegada en una  sangre que no cesa de manar, dividida aún por la desconfianza, la descalificación, la exclusión y la discriminación mutuas. El día que ese anhelo se cumpla, ese día podremos cantar, sin sentir vergüenza, el hermoso himno de Alcántara: “Es mi bella Guatemala un gran país que en la América del Centro puso Dios; es su suelo paraíso do anida la paz, ¡la libertad!”.

Cuando permitamos que aniden –y prevalezcan- entre nosotros- esa paz y esa libertad; cuando erradiquemos el rencor y la desconfianza; cuando luchemos juntos por generar prosperidad, igualdad de derechos y de oportunidades; ese día, todos los hijos de Dios y de esta tierra; mayas, ladinos, garífunas y xincas; protestantes, católicos o irreligiosos; acoplados en nuestra diversidad, podremos caminar hacia un destino común y exclamar: ¡Unidos, por fin! ¡Hermanos, por fin! ¡Guatemaltecos, por fin!

Un Libro sobre la Semana Santa

El ensayo, publicado recientemente, constituye una prueba del valor que tienen las manifestaciones culturales como motores del desarrollo económico y social

Luego de más de dos años en elaboración, recientemente se publicó el libro “El Valor Económico de la Semana Santa en la Antigua Guatemala”, que busca evidenciar el enorme potencial de desarrollo económico y social que puede encontrarse en los abundantes recursos culturales y artísticos de Guatemala. El deseo de escribir un ensayo como éste data de hace casi cuatro años, cuando Ana Luz Castillo (bailarina y administradora cultural), Luisa Fernanda González (gestora y promotora cultural), Julio Solórzano Foppa (historiador y productor artístico) y yo unimos esfuerzos en el campo intelectual para difundir y hacer conciencia sobre la vinculación que existe entre Economía y Cultura.

Dado que la cultura aporta entre un 7% y un 9% del PIB de Guatemala, el grupo Satélite (como se bautizó nuestro esfuerzo) empezó por identificar aquellas expresiones culturales en el país que podrían ser sujeto de cuantificación y, por ende, constituirse en pruebas convincentes del valor de la cultura como motor de desarrollo.

De ahí surgió, casi de su propio peso, que la Semana Santa antigüeña, siendo esencialmente una celebración religiosa, también era un fenómeno cultural, económico y social de implicaciones profundas.

Afortunadamente para la elaboración de los estudios contamos con el apoyo de la Cooperación Española y, en particular, con el acompañamiento de Oikós (Observatorio Andaluz para la Economía de la Cultura y el Desarrollo) que nos facilitó el acceso a las metodologías que recientemente se han aplicado para este tipo de estudios en Andalucía, las cuales modificamos y adecuamos a las condiciones y características de las celebraciones de la Semana Santa en La Antigua Guatemala.

A partir de allí se realizaron una serie de entrevistas preparatorias con conocedores de las distintas áreas de estudio (tradiciones religiosas, autoridades locales, turismo, estadística, etcétera). El trabajo de campo, que implicó encuestar a más de 1,500 sujetos (residentes, visitantes, comercios, industrias, y hermandades), se realizó durante la Semana Santa de 2011 y se afinó en la de 2012. A partir de los datos recabados se realizó en análisis estadístico, la validación de resultados y la redacción final del ensayo, finalmente publicado por Editorial Cultura. En todo este proceso contamos con el apoyo de numerosas entidades e individuos involucrados en los temas de cultura y economía.

Los hallazgos que presenta el libro permiten dimensionar y valorar el movimiento económico y la generación de ingresos durante las celebraciones de la Semana Santa en La Antigua Guatemala. Se trata éste de un fenómeno cultural con un grado superlativo de costo-efectividad: por cada quetzal gastado en producir esta celebración religiosa, se genera un flujo adicional de Q165 en consumos y gastos diversos en la economía antigüeña. En esta capacidad multiplicadora es fundamental el rol de las hermandades, que no ha sido suficientemente aquilatado por toda la sociedad guatemalteca como para concitar el apoyo que tales organizaciones deberían recibir de todos los sectores, especialmente de quienes más se benefician de esta celebración popular.

La clave de esta capacidad generadora de ingresos se potencia por los factores culturales intangibles que caracterizan a La Antigua, entre los que destaca el escenario monumental configurado por la propia ciudad y su entorno, así como las tradiciones y conocimientos ancestrales de la sociedad antigüeña. El libro también identifica a los actores principales que hacen posibles las celebraciones, el origen de los visitantes, el rol de los antigüeños, los tipos de actividad económica y de generación de ingresos, las percepciones de seguridad pública y el potencial de la gastronomía como atractivo turístico.

Esperamos que el conocimiento de la actividad económica generada por éste y otros fenómenos artísticos y culturales en Guatemala (como podrían ser otras celebraciones populares tradicionales –religiosas o no- y los festivales artísticos cada vez más frecuentes), pueda facilitar la adopción de políticas públicas en beneficio de toda la población del país. El libro está siendo distribuido en Guatemala por el Fondo de Cultura Económica.

Esperanza Santa

La sociedad de hoy está confundida, desorientada y sin valores. Quizá la Semana Santa sea un momento propicio para reflexionar respecto de los principios que pueden ayudarnos a superar esta situación.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

 ESPERANZA SANTA

Este Viernes Santo, por primera vez después de muchos años, habrá asueto oficial en Cuba, como una concesión extraordinaria de Raúl Castro a la petición directa del Papa Benedicto XVI en su reciente visita a la isla; quizá un signo de esperanza de que –con la debida paciencia, la adecuada disposición de ánimo y la confluencia apropiada de circunstancias- es posible construir la concordia y el progreso social incluso en presencia de posiciones aparentemente irreconciliables (en este caso el castro-leninismo cubano y el catolicismo romano).

El mensaje del Papa en México y Cuba se enfocó a insuflar esperanza en dos naciones afligidas por problemas que, en gran medida, se replican a lo largo de Latinoamérica. El pontífice expresó en México sus sentimientos encontrados de alegría y esperanza, a la vez que de luto y angustia, como los que sentimos diariamente los habitantes de esta región rica en recursos humanos y naturales, pero violenta e injusta al mismo tiempo.

El Papa explicó que uno de los propósitos principales de su viaje (y una misión de la Iglesia en el mundo moderno) era educar las conciencias, desde una perspectiva de responsabilidad moral, a fin de combatir los males de la violencia y la injusticia. Desde su perspectiva, la falta de conciencia moral es lo que hace que sociedades como la mexicana (o, por extensión, la guatemalteca) sucumban ante la idolatría del dinero fácil y las falsas promesas de la corrupción y el narcotráfico.

En contraste con su predecesor, el carismático Juan Pablo II, el papa Benedicto recurre más a la razón que a la emoción en su intento de ganar almas para la causa: si Dios no está presente en la vida cotidiana, el vacío lo llena el mundo moderno con sus propios paraísos; por ende, la Iglesia tiene por misión evidenciar lo falso de tales paraísos y hacer presente la verdad de Dios que da esperanza en medio de una realidad cotidiana difícil de soportar.

Plantea el Papa que la Iglesia no es un poder político, sino un poder moral cuya función es educar las conciencias, pero debe hacerlo tanto en el ámbito de la ética individual, como en el de la ética pública, ya que muchos de los líderes sociales (políticos, empresarios, comunitarios y religiosos) son creyentes cristianos en su vida privada, pero en el ámbito público practican la confrontación, la avaricia, o la búsqueda de gloria personal. El reto que Benedicto XVI le plantea a su propia Iglesia es el de formar conciencias no sólo con base en una moral individual, sino también en una moral pública que sea razonable para que pueda ser compartida y practicada tanto por creyentes como por no creyentes y, por ello, debe tratarse de una moral basada en la razón.

Este reto está en línea con pensamiento del Papa desde sus tiempos de cardenal Ratzinger: la razón puede fortalecer la fe y ésta, a su vez, iluminar la razón. La creciente secularización del mundo moderno es una de razones por las que, en opinión del Papa, la sociedad de hoy está confundida, desorientada y sin valores; por ello, el anuncio de Dios a través de la razón puede infundir esperanza en una sociedad que, a través de ese anuncio, puede redescubrir los valores esenciales que la guíen en su progreso.

Lo paradójico es que, según lo atestiguan el recibimiento y las celebraciones populares que desató la visita papal a México, en Latinoamérica el cristianismo es aún un asunto muy emotivo, lo que complica el desafío de la Iglesia pues debe mantener un equilibrio entre la intuición del corazón y la racionalidad de la fe, a fin de que razón y corazón se complementen en la educación de las conciencias para la construcción de una sociedad más solidaria y justa, más próspera y segura.

La Semana Santa en Guatemala –repleta de manifestaciones de emotividad religiosa, pero también de costumbres y tradiciones seculares- puede ser una ocasión propicia para reflexionar sobre los valores que la mayoría de guatemaltecos (creyentes o no) compartimos con líderes religiosos como el Papa: el respeto a la familia, a la libertad, a la justicia y a la dignidad de la persona. Esos valores no sólo contribuyen a evitar que los jóvenes caigan en la ambición del dinero fácil a través de caminos falsos y violentos, sino también a superar la desesperanza y desconsuelo que muchas veces amenaza con envolvernos.