Una Agencia Anticorrupción

En los países civilizados, los actos de corrupción se combaten, se previene y se desincentivan mediante la operación de las instituciones que velan por la integridad la transparencia de los actos de gobierno: un servicio civil motivado y basado en el mérito, una Contraloría de Cuentas profesional y autónoma, unos tribunales eficaces, etcétera. En los países donde lo anterior no existe, requiere de esfuerzos extraordinarios para combatir el cáncer de la corrupción que está carcomiendo las estructuras del Estado y, con ello, socavando los fundamentos de la convivencia social. Uno tales esfuerzos extraordinarios puede ser la creación de una oficina específica encargada de las labores anticorrupción.

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UNA AGENCIA ANTICORRUPCIÓN

Si tuviésemos que hacer un ranking de los obstáculos que enfrenta Guatemala para alcanzar un mayor nivel de desarrollo económico, una democracia más plena y un mejor nivel de vida para todos los ciudadanos, la corrupción seguramente ocuparía uno de los primeros lugares. La necesidad de combatir ese flagelo es tan evidente que los tres últimos gobiernos han intentado hacerlo (o al menos han buscado dar la impresión de que tienen la intención de hacerlo) mediante la creación de comisiones específicas (por ejemplo, la que en el actual gobierno coordina el Vicepresidente), sin que hasta ahora se hayan visto resultados dignos de mencionarse.

La sociedad civil tampoco ha sido muy exitosa en vigilar ni en prevenir el uso ilegal de los recursos públicos. Ni siquiera las ONGs nacionales que tienen el respaldo y experticia de entidades como Transparencia Internacional han logrado plantear apropiadamente mecanismos para evaluar la transparencia de negocios gubernamentales de gran magnitud (como, por ejemplo, la concesión de la construcción de la Franja Transversal del Norte); tampoco ha logrado integrarse a esfuerzos prometedores (pero finalmente frustrados) como el reiteradamente anunciado y nunca instalado Observatorio del Gasto Público.

Las instituciones que tienen el mandato legal de ejercer la vigilancia y fiscalización del gasto público (es decir, la Contraloría y el Congreso) están rebasadas por la creciente cantidad y grado de sofisticación de los actos corruptos y, con un sistema de justicia sumamente débil, son cada vez menos capaces de detectar y perseguir complejos casos de corrupción. Es más, en un sistema donde la coima y el cohecho son endémicos, los mecanismos convencionales de fiscalización pueden estar ellos mismos infectados del germen de la corrupción.

Lo anterior evidencia la complejidad que entraña el diseño de programas anticorrupción que sean efectivos. La experiencia exitosa de otros países incluye medidas que van desde la reforma del Organismo Judicial hasta el control y reingeniería de los procesos de compras y adquisiciones. Pero la medida concreta que más resultados inmediatos reporta es la creación de un agencia anticorrupción independiente. En una situación como la que enfrenta el país actualmente valdría la pena considerar la posibilidad de establecer urgentemente tal agencia.

Para que la misma dé resultados, es necesario contar con la voluntad y el apoyo político de las autoridades ejecutivas y legislativas, que la doten de los recursos necesarios (que más que un gasto serían una inversión por los ahorros que la agencia podría generarle al fisco) y de un marco legal que la proteja de cualquier interferencia política a fin de poder investigar a cualquier funcionario, sin importar su jerarquía. Evidentemente la agencia también debe contar con personal profesional, íntegro, adecuadamente remunerado y bien dirigido.

Por supuesto que no debe esperarse que una agencia anticorrupción pueda, por sí misma, acabar con ese flagelo: debe contar con el soporte de las demás autoridades de fiscalización y de justicia (la Contraloría, el Ministerio Público, las cortes), así como el apoyo de la sociedad civil y la confianza de la ciudadanía. Tal agencia no es panacea contra la corrupción, pero puede ser un importante primer paso.

Gobernabilidad y Prosperidad

El desorden social, la violencia, la delincuencia, la corrupción, el saqueo del erario público, el irrespeto a la autoridad, son todos síntomas de un proceso de ingobernabilidad. En un entorno así, resulta imposible propiciar la inversión y la generación de empleos lo cual, a su vez, contribuye al desorden social, a la violencia, a la delincuencia, a la corrupción, etcétera, configurando un círculo vicioso en el que la falta de prosperidad y la ingobernabilidad se refuerzan mutuamente. Es menester romper ese círculo vicioso fortaleciendo el capital humano y el capital social del país, tomando en cuenta, especialmente, que la crisis económica mundial puede esta llegando a su fin y no puede encontrarnos, otra vez, sin estar preparados para aprovechar los frutos de la recuperación económica.

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GOBERNABILIDAD Y PROSPERIDAD

Durante más de un año la crisis financiera mundial ha sido el tópico central de los debates sobre políticas públicas. Hoy, a medida que la recuperación económica empieza a vislumbrarse, vale la pena trasladar el foco de la discusión hacia un tema que para Guatemala parece tener cada vez mayor pertinencia: la relación entre la gobernabilidad y la prosperidad económica. La existencia de un mínimo de gobernabilidad en el país es necesaria para que, una vez superada la crisis mundial, los negocios florezcan, el crecimiento económico tome lugar y, en consecuencia, la prosperidad material se produzca. De manera recíproca, cuando existe prosperidad económica resulta mucho más fácil mantener la gobernabilidad del país.

El espectro de una gran depresión mundial, que amenazaba hace algunos meses con convertirse en una pavorosa realidad, parece estar descartado, en gran medida gracias a las agresivas decisiones que en materia de estímulos fiscales y monetarios adoptaron los gobiernos en las economías avanzadas. En el caso nuestro, hemos logrado capear el temporal de mejor manera que en crisis anteriores, merced a los esfuerzos que se vienen realizando desde hace varios años en materia de mejora en los fundamentos macroeconómicos: el tipo de cambio flexible puede estar sirviendo como un amortiguador de la crisis; la disciplina fiscal ha mantenido (al menos hasta hace algunos meses) la deuda pública en montos manejables; y, el sistema bancario ha logrado financiarse con recursos líquidos del mercado doméstico.

No obstante lo anterior, aún existen riesgos que pueden dar al traste con la incipiente recuperación. Uno de ellos es la tentación en la que pueden caer los políticos de abandonar las políticas macroeconómicas prudentes (como mantener bajo control el déficit fiscal y el endeudamiento público), lo cual puede derivar en inestabilidad económica y ésta, a su vez, en ingobernabilidad. Por ello resulta crucial, por ejemplo, que el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para 2010 sea aprobado con los montos reducidos que sugiere el Ministerio de Finanzas Públicas, en vez de pretender simplemente repetir durante el próximo año el presupuesto aprobado para 2009; ello constituiría una enorme irresponsabilidad de insospechadas consecuencias en términos de ingobernabilidad y, por ende, de falta de prosperidad económica.

Este es el momento de insistir en que las políticas públicas no deben desenfocarse. Para que la recuperación económica nos encuentre en una posición tal que podamos beneficiarnos de ella, es menester recalcar que las claves de la prosperidad continúan siendo las mismas que antes de la crisis: capital humano y capital social. El primero demanda invertir cada vez más, y mejor, en educación, servicios de salud, conocimiento científico y oportunidades para las mujeres. Por su parte, el capital social requiere que se mantenga la gobernabilidad, que se garanticen los derechos de propiedad y el imperio de la ley a fin de favorecer la inversión y el empleo. El futuro del país está en una encrucijada histórica y, querámoslo o no, la elección del derrotero está en gran medida en manos de los políticos. Que Dios los ilumine.

85 Años de Vuelo

Nuestra moneda, el Quetzal, nació hace 85 años, como parte de una profunda reforma monetaria, bancaria y fiscal llevada a cabo durante el gobierno del General Chema Orellana. Al igual que las otras dos reformas monetarias y bancarias subsiguentes (la de 1945-46 y la de 2001-02), la reforma de 1924-26 se gestó en medio de notables esfuerzos técnicos, de intrigas políticas y de extrañas coincidencias. En cada una de esos procesos existió un equipo de técnicos guatemaltecos de alto nivel, asesorado por expertos internacionales de enorme prestigio. En 1924 el equipo guatemalteco estuvo liderado por Carlos O. Zachrisson, y los expertos internacionales por el "Doctor Dinero", Edwin Kemmerer. He aquí la historia resumida.

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85 AÑOS DE VUELO

En 1926 gobernaba Guatemala el General José María Orellana. Las condiciones de la economía eran adversas debido, entre otras razones, a las graves limitaciones financieras que tenía el fisco (¿les parece conocido?), agobiado por la falta de financiamiento y la dificultad de obtener empréstitos del exterior. Lo anterior se concatenaba con un sistema monetario y bancario caótico en el que seis diferentes bancos privados emitían billetes de distintas denominaciones de peso y a quienes el gobierno debía también importantes sumas de dinero.

Para entonces los países de Europa y Norteamérica gozaban ya de los frutos de la Revolución Industrial que se hacían evidentes en la provisión de servicios públicos tales como el transporte ferroviario, las carreteras, los servicios telefónicos y eléctricos, que eran la envidia de los gobiernos de países como el nuestro que, para aspirar a acortar la distancia que los empezaba a separar cada vez más de aquellas realidades, tenían que buscar fuertes empréstitos. Pero con su escasa vocación de ahorro, su reputación de ineficiencia y corrupción, así como su historial de incumplimiento de sus obligaciones financieras, los gobiernos latinoamericanos encontraban muy difícil que los capitalistas extranjeros (los decentes, claro está) estuvieran dispuestos a arriesgarse a darles préstamos. Y no había Banco Mundial que entrara al rescate.

En tales circunstancias el gobierno de Orellana sólo tenía dos opciones. Una era continuar en el desorden financiero y seguir cautivo de los financistas que también agobiaron al gobierno de Estrada Cabrera con préstamos onerosos y asfixiantes. La otra era reformar el sistema monetario, modernizar el fisco y fortalecer los sistemas contables del gobierno, con el propósito de reconstruir la reputación financiera del país y mejorar así la calificación crediticia a fin de tener acceso a préstamos en condiciones razonables; cuánto mejor si tales reformas las lideraba algún connotado académico estadounidense que diera credibilidad al proceso y que tuviera buenos contactos en Washington, D.C.

Orellana se decantó por la segunda opción y contrató al profesor Edwin Walter Kemmerer, a la sazón profesor de la Universidad de Princeton, quien se estaba ganando a pulso el sobrenombre de “Doctor Dinero” por sus labores de asesor estrella en los procesos de reforma monetaria y bancaria en varios países de Latinoamérica. Según se narra en su interesante biografía (escrita por su hijo Donald y cuyo ejemplar de la edición de 1993 llegó a mis manos gracias a la amabilidad de Mauricio Zachrisson, nieto del Ministro de Hacienda de Orellana que lideró la reforma), el profesor Kemmerer encontró en Guatemala un ambiente de intriga política y de lucha de intereses económicos muy poderosos (¿les parece conocido?), que con dificultad, perseverancia y argumentos técnicos logró superar. El plan de Kemmerer para reformar el sistema monetario y financiero del país, mediante el cual se adoptaba el patrón oro, se creaba una moneda a la par del dólar estadounidense, se limpiaba la deuda pública y se creaba una nueva moneda, fue finalmente aprobado por el gabinete de Orellana y devino ley de la República en noviembre de 1926. El Quetzal, nuestra moneda, cumple este mes 85 años y aún revolotea, causando de cuando en vez alguna polémica en círculos académicos, políticos y empresariales.

Lo Primero es Cumplir la Ley

En las sociedades desarrolladas, cuando se presentan problemas o surgen crisis que deben enfrentarse, lo primero que cruza la mente de quienes están a cargo de las políticas públicas es consultar el marco legal para guiar sus decisiones. En Guatemala, en cambio, parece que lo primero que se cruza por la mente de los dirigentes es inventarse una solución grandiosa, o por lo menos chilera, que les permita dar la impresión de estar haciendo un histórico aporte al progreso de la humanidad, todo ello sin importar qué marco legal exista para regir su accionar. Esta semana presento cuatro ejemplos que evidencian cuánto se recurrre a este expediente en nuestro país.
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LO PRIMERO ES CUMPLIR LA LEY
Las crisis tienden a despertar el ingenio y la inventiva de los humanos, lo cual suele resultar positivo para el progreso de la civilización. Empero, cuando se trata de políticas públicas, la reacción inicial ante cualquier crisis debería ser la de ubicarse en el marco legal vigente y sólo a partir de allí poner a trabajar le inventiva y el ingenio. De lo contrario, las decisiones que se adopten pueden conducir a la arbitrariedad o a la ineficiencia de la gestión pública. Para ilustrar el punto pensemos, por ejemplo, en la crisis alimentaria cuya solución, independientemente de las medidas paliativas y asistencialistas, debe empezar por alinear todas las acciones en función de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la que establece al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –CONASAN- como ente rector de todo lo relativo al tema y lo integra por el Vicepresidente de la República (quien lo debe coordinar), ocho ministerios, tres Secretarías de la Presidencia y representantes de la sociedad civil. Uno de los mandatos del CONASAN es diseñar y ejecutar un Plan Estratégico que ordene las distintas iniciativas en la materia; de manera que en el tema alimentario ya hay directrices establecidas en ley y no debería haber dónde perderse.
Igualmente, ante la crisis de seguridad han surgido múltiples propuestas y se han revelado incontables necesidades que deben ser atendidas por el Estado y que, siendo los recursos escasos, requieren de una priorización. Como primer punto de las agendas de seguridad debe figurar el estricto cumplimiento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad cuya máxima autoridad, el Consejo Nacional de Seguridad, está presidido por el Presidente de la República e integrado por el Vicepresidente, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Gobernación, el Ministro de Defensa, el Secretario de Inteligencia Estratégica y el Procurador General de la Nación; el Consejo debe coordinar el diseño y aplicación de la Política Nacional de Seguridad donde se definen los cursos de acción para prevenir y combatir las amenazas que se presenten sobre las condiciones de vulnerabilidad de la sociedad y sus instituciones.
Una crisis más recientes es la emergencia ambiental suscitada en el lago de Atitlán, la cual debió haberse evitado si tan solo se hubiese cumplido con el mandato legal otorgado desde 1996 a la Autoridad para el Manejo Sustentable del lago –dependiente de la Vicepresidencia de la República- que tenía a su cargo planificar, coordinar y ejecutar las medidas de preservación de la cuenca de acuerdo con un plan de manejo integrado.
Otra crisis actual que puede mencionarse es la falta de recursos financieros líquidos que, por múltiples razones, está afectando las arcas gubernamentales y que está generando un intenso debate en el Congreso respecto de reorientar el uso de algunos préstamos externos para cubrir gastos corrientes. Tal debate es innecesario pues la Ley Orgánica del Presupuesto especifica claramente que “no se podrán realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes u operativos”.Estos son sólo algunos ejemplos que dejan en claro que, para enfrentar cualquier crisis, las políticas públicas deben empezar por cumplir lo que la ley manda.

OPINIÓN DEL LECTOR
Buenas tardes Mario, solo queria unirme a esta opinion que ilustras en tu columna del martesDonde el Aplicar las Leyes ya existantes, bastaria para un funcionamiento correcto del Pais y en varios casos permitiria resolver Grandes problemas actuales.Hasta la VistaCordiales Saludos Eric Malbrun