No es el Fin del Mundo

Esta pandemia no es el fin del mundo, pero muchas realidades económicas ya están cambiando

Las cifras de la pandemia siguen empeorando alrededor del mundo. Mientras que en Europa lo peor de la crisis ya parece haber quedado atrás, en los países en desarrollo -incluyendo Guatemala- el covid-19 está en plena expansión, causando un enorme daño no solo en vidas humanas sino también sobre la capacidad productiva de las economías. La magnitud del daño, sin embargo, podría no ser tan grande al compararla con la ocasionada por otras pandemias en el pasado.

Hasta ahora, se registran más de 7 millones a afectados por el covid-19, con un saldo de más de 400 mil muertos. Se trata de una pandemia grave, pero menos letal que otras grandes plagas de los últimos siete siglos. Incluso si los aciagos números actuales del covid-19 se duplicaran en los próximos meses, el saldo sería significativamente más benévolo que en otras pandemias del pasado: la Peste Negra (año 1350) arrojó 75 millones de muertos; la Gran Peste de Sevilla (1650), dos millones; el cólera en Rusia (1860), un millón; la Gripe Española (1919), cien millones; la Encefalitis Alérgica (1925), 1.5 millones; y, la Gripe Asiática (1958), 2 millones.

La lección histórica es que, si bien este tipo de tragedias acarrea gran sufrimiento humano y deja heridas en el tejido económico y social, estas heridas no son mortales. Los costos del covid-19 podrían ser incluso menores que en otras pandemias gracias a que la atención médica moderna y las medidas de salud pública son más efectivas. Económicamente, el efecto económico también será distinto porque el covid-19 afecta principalmente a los ancianos, que ya no están en la fuerza laboral y tienden a ahorrar relativamente más que los jóvenes, una gran diferencia con respecto a los siglos pasados cuando las personas tenían expectativas de vida más cortas. Además, la agresiva expansión fiscal emprendida esta vez por los gobiernos, si se maneja razonablemente, podrá mitigar las consecuencias económicas de la pandemia.

No es, pues, el fin del mundo, pero muchas realidades económicas ya están cambiando (y lo seguirán haciendo en los próximos meses), lo cual demandará un esfuerzo de adaptación por parte de productores, consumidores, inversionistas y gobiernos. Muchos de los problemas que enfrentaremos en la próxima década no serán nuevos, sino simplemente versiones más extremas de los que ya enfrentamos hoy: la pandemia solo las exacerbará. El desafío es salir de esta crisis mejor que antes, en función de lo cual habrá que tomar medidas para resolver estos problemas y lograr un cambio de fondo.

Las empresas saben ahora que no es sano que sus cadenas de suministros dependan de una sola fuente. Los trabajadores deben comprender que no pueden depender de una sola habilidad técnica. Los países en vías de desarrollo deben resistirse ante (y combatir juntos) las crecientes tendencias proteccionistas y antiglobalizadoras. Los gobiernos deben aprovechar la expansión del gasto público -sabiendo que debe ser estrictamente temporal- para incrementar la inversión pública en infraestructura, tecnología, salud pública y educación.

La pandemia no es el fin del mundo, pero la nueva normalidad nos exigirá un renovado esfuerzo de adaptación. La innovación será esencial para buscar nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas maneras de convivencia social con visión de largo plazo, nuevas capacidades productivas y una nueva ética empresarial, laboral y gubernamental.

Cómo (No) Atraer Inversiones de China

No es cambiando lealtades diplomáticas como vamos a atraer inversión de manera sostenible, sino fortaleciendo la institucionalidad del Estado

Una de las razones por la cuales países como El Salvador, República Dominicana o Costa Rica han roto recientemente sus relaciones diplomáticas con Taiwán para poder establecerlas con la República Popular de China, ha sido la de atraer las potencialmente cuantiosas inversiones chinas para apuntalar las famélicas tasas de inversión en estos países. Por la misma razón, más de una voz de algún economista guatemalteco arguye que a nosotros -que exhibimos una de las tasas de inversión más bajas del mundo- también nos convendría abandonar los más de sesenta años de lealtad con Taiwán para abrazar a la China Popular.

Al respecto, conviene recordar que Taiwán tiene relaciones diplomáticas plenas con apenas quince países (que cada vez son menos), de los cuales Guatemala es notoriamente el más grande -en términos de población, tamaño de la producción y monto de exportaciones, entre otros parámetros-, a pesar de lo cual las inversiones taiwanesas (públicas y privadas) en Guatemala son sumamente escasas. ¿Atraeríamos más inversiones si establecemos relaciones con la República Popular?

A juzgar por lo ocurrido en Costa Rica y El Salvador, no hay que esperar un súbito ni sostenido aumento de las inversiones después de cambiar lealtades de una a la otra China. De hecho, en toda la región latinoamericana, las inversiones provenientes de China Popular solamente son significativas en Chile y Panamá (casualmente las dos economías más sólidas de América Latina). Para entender el por qué, quizá sea bueno revisar lo ocurrido en el continente africano, donde todos los países (excepto uno: Suazilandia) han roto con Taiwán para acercase a China Popular, bajo la ilusión de atraer grandes inversiones hacia sus rezagadas economías.

Menos del 3% de la inversión extranjera de China va a África. Aunque al inicio del siglo las inversiones chinas en África aumentaron con rapidez, en años recientes casi se han detenido. La razón es el pésimo clima de inversiones en casi todo el continente africano: los -al inicio entusiastas- inversionistas chinos se han topado con el incumplimiento reiterado de las promesas de construir infraestructura por parte de los gobiernos africanos, con su incapacidad de proveer energía o acceso a tierras, con las invasiones a la propiedad privada, con la falta de registros adecuados de la propiedad, con las autoridades locales o las comunidades organizadas imponiendo restricciones a la inversión que no habían sido acordadas con el gobierno central, con los jueces locales dictando sentencias contrarias a los contratos previamente firmados. ¿Suena familiar?

La lección es clara: no es cambiando lealtades diplomáticas como vamos a atraer inversión de manera sostenible, sino fortaleciendo la institucionalidad del Estado y mejorando el clima para hacer negocios en el país, de manera que Guatemala resulte atractiva para inversionistas no solo de Taiwán y de China, sino de cualquier país que pueda traer los recursos y tecnología que tanta falta le hace a nuestra economía. Mientras tanto, el nuevo gobierno deberá ocuparse de sacarle mayor provecho a nuestra condición de ser el país más importante para Taiwán entre sus -cada vez menos- aliados.

Estados Unidos-Guatemala: las prioridades

Las prioridades de la agenda de los EE.UU. en Guatemala: creación de oportunidades (economía), combate a la criminalidad (seguridad) y a la corrupción (institucionalidad). No es para que ellos hagan algo, es para que NOSOTROS tomemos la responsabilidad en nuestras manos

La reciente visita del vicepresidente estadounidense, Mike Pence, a Guatemala tiene  similitudes con la que, en junio de 2014, realizó el entonces vicepresidente Joseph Biden. Ambas fueron precipitadas por los flujos de niños guatemaltecos que, al ingresar ilegalmente al territorio estadounidense, generaron una crisis humanitaria que, inadecuadamente manejada, se convirtió en una crisis de opinión pública que perjudica la imagen de los gobernantes, lo cual resulta particularmente inconveniente previo a las elecciones de medio término en los Estados Unidos.

Más allá del contundente mensaje de pedirle a los tres presidentes de los países del Triángulo Norte y a todos sus habitantes que se abstengan de viajar a los Estados Unidos sin una visa, la misión de Pence no fue distinta de la de Biden cuatro años atrás: existen tres causas de la migración ilegal que deben ser atendidas. Primera, nuestra economía no genera oportunidades de empleo, por lo que es una fábrica de pobres cuya única y desesperada esperanza es la migración. Segunda, nuestro Estado es incapaz de proveer la seguridad pública necesaria para reducir la criminalidad y el tráfico de drogas. Y, tercera, nuestras instituciones gubernamentales son débiles y propicias a ser infectadas por la corrupción y la ineficiencia.

La posición de los gobiernos estadounidenses (lo mismo el de Obama que el de Trump) es que los responsables de atacar esos tres problemas somos nosotros. Las herramientas que Estados Unidos tiene a su alcance para persuadir a los gobiernos centroamericanos son variadas, pero no necesariamente contundentes. La más obvia es la ayuda económica contenida en el Plan Alianza para la Prosperidad que, francamente, es demasiado pequeña como para volverse un verdadero incentivo para actuar. Otra herramienta, más ruda, es la amenaza de cerrar a piedra y lodo la frontera y, con ello, eliminar la válvula de escape social que para la gobernabilidad de Guatemala significan los migrantes; pero esa amenaza ha sido históricamente imposible de llevar a la práctica.

Quizá las herramientas más efectivas de que disponen los estadounidenses es la aplicación de sanciones individuales, al amparo de normas como las leyes Fatca o Magnitsky, o la cancelación de visas como la anunciada recientemente por la embajada de Estados Unidos en Guatemala. Mientras tanto, nuestros gobernantes podrán pedirle a Trump que se dé un mejor tratamiento a nuestros migrantes, que se desentierren programas como el TPS, o que se aumente la ayuda económica; sin embargo, si no mostramos algún avance significativo en cada una de las tres áreas prioritarias (creación de oportunidades económicas; reducción de la corrupción y de la debilidad institucional; y, combate al crimen organizado) cualquier petición será en vano. El riesgo de no avanzar en esas tres áreas –por nuestra propia conveniencia- es el de convertirnos en países parias.

El Cometa Haley

La fugaz visita de la embajadora estadounidense dejó mensajes (y secuelas) importantes

La fugaz visita de la embajadora de los Estados Unidos de América ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, a Honduras y Guatemala la semana anterior, se produjo en un entorno de incertidumbre política y económica en ambos países y, tratándose de la enviada especial del Presidente Donald Trump, levantó expectativas respecto de los motivos de fondo que obligaron a la embajadora a distraer su ocupada agenda en el Consejo de Seguridad de la ONU para dedicar unas horas de su tiempo a visitar estos dos convulsos países del Triángulo Norte de Centroamérica.

Para comprender las presumibles razones de su visita, conviene revisar que las prioridades de la agenda de los Estados Unidos para estos países, incluyendo especialmente Guatemala, se han centrado claramente en años recientes en tres temas fundamentales: el narcotráfico y sus flujos financieros; la migración ilegal –incluyendo la masiva migración de menores indocumentados; y, las seguridad regional y sus instituciones. El objetivo es evitar que los países del Triángulo Norte nos convirtamos en estados fallidos que sean terreno fértil para actividades terroristas y, por ende, una amenaza grave para la seguridad nacional estadounidense.

La agenda estadounidense no solo está explícitamente plasmada en la estrategia oficial del Departamento de Estado hacia Centroamérica (https://www.state.gov/p/wha/rt/strat/index.htm), sino que forma parte de un acuerdo bipartidista (republicano-demócrata) explicitado en el propio presupuesto gubernamental (Ley de Asignaciones Consolidadas de 2014 a 2017). Para minimizar los riesgos de que Guatemala, Honduras y El Salvador se conviertan en amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos, la referida agenda señala como principales caminos, por un lado, la lucha en contra de la corrupción y en pro de construir un estado de derecho y, por otro, la inversión social (particularmente en las áreas más deprimidas del país) para contener la migración ilegal.

No es de extrañar que estos temas hayan sido precisamente sobre los cuales la embajadora Haley (una estrella creciente en la filas del Partido Republicano) hizo hincapié durante su visita a Guatemala. Aunque algún analista haya afirmado que el rango de la funcionaria es demasiado alto y sus funciones demasiado específicas como para creer que su principal objetivo haya sido venir a dejar un mensaje a las autoridades gubernamentales y a otros líderes del país, sería muy ingenuo negar que, efectivamente, la visita de la embajadora dejó un mensaje muy preciso, que puede resumirse en tres temas.

Primero, que es menester garantizar que la elección de Fiscal General sea transparente y que los seleccionados por la Comisión de Postulación sean personas comprometidas con las prioridades antes mencionadas. Segundo, que las fuerzas de seguridad deben renovar su compromiso con la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, incluyendo el ejercido por las maras, pues estas actividades constituyen una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y, tercero, reiterar el apoyo firme del gobierno estadounidense a la lucha contra la corrupción, como política global, haciendo explícito el respaldo a CICG y al Comisionado Iván Velásquez.

El mensaje está claro y conviene tomar nota. Aunque admitirlo nos resulte molesto, y por parcial e incompleta que sea la agenda, las consecuencias de no satisfacer los requerimientos planteados por la embajadora Haley en su fugaz visita pueden ser negativas no solo para las relaciones entre ambos países, sino –como inevitable consecuencia- para el ambiente político guatemalteco y para el funcionamiento del aparato productivo nacional, en perjuicio de todos los guatemaltecos.

Sin Productividad, No Hay Prosperidad

Al gobierno gringo le preocupan tanto los niños migrantes como los carteles criminales del Triángulo Norte. Si nos quieren ayudar a combatir esos problemas, deben tener claro que cualquier “Alianza para la Prosperidad” tiene que apuntar a un aumento sensible en la productividad

El vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, realizó una visita a Guatemala para definir y priorizar la agenda del Plan Alianza para la Prosperidad que su gobierno impulsa en el Triángulo Norte de Centroamérica con el fin de reducir las amenazas que para la los norteamericanos representan la pobreza, las migraciones y la criminalidad de nuestros países. Resulta evidente que la prosperidad es la vía más adecuada para combatir tales problemas, pues la mejora en el bienestar material de los centroamericanos es una condición indispensable para la viabilidad de la Región. Para lograrlo, es indispensable que los esfuerzos se centren en aumentar la productividad de nuestras economías.

En efecto, lo que ha permitido que los países desarrollados sean lo que son, es el acelerado aumento que la productividad de sus trabajadores logró en los últimos siglos. Hoy un relojero en una fábrica en Suiza produce mil veces más relojes que los que producía su ancestro hace trecientos años. Similarmente, la productividad (es decir, la cantidad de bienes producidos por cada hora de trabajo) de un operario en la industria estadounidense se ha multiplicado por siete en el último siglo, lo que significa que ese obrero pude disfrutar de siete veces más ropa, aparatos domésticos o bienes suntuarios que el típico obrero estadounidense del siglo diecinueve.

Por desgracia, y en contraste con lo anterior, el aumento de la productividad en los países del Triángulo Norte centroamericano ha crecido a ritmos muchísimo más lentos. Un estudio que el economista chileno Felipe Larraín realizó hace pocos años para Guatemala, encontró que del (ya de por sí magro) crecimiento promedio del 4% anual que registró el PIB guatemalteco entre 1950 y 2002, la productividad apenas contribuyó con un miserable 0.2% anual. Trágico.

Aunque los temas económicos de la inflación, el déficit fiscal o el tipo de cambio son importantes y reciben gran atención de las políticas económicas y de los medios de comunicación, en el largo plazo ningún otro fenómeno económico tiene más impacto sobre la prosperidad y sobre la capacidad de la sociedad para gastar en hospitales, escuelas y servicios sociales, que el crecimiento de la productividad. La experiencia de los países desarrollados demuestra que crecimientos relativamente modestos de la productividad (digamos, de un 2% anual) pueden multiplicar por más de diez –en el transcurso de un siglo- la cantidad de bienes y servicios disponibles para cada ciudadano.

Las diferencias de productividad entre los países avanzados y los del Triángulo Norte se deben, fundamentalmente, a diferencias en las capacidades de los trabajadores, por una parte, y a diferencias en el entorno económico, por la otra. Las diferencias en las capacidades tienen que ver con la educación y la salud de los ciudadanos –el “capital humano”, que le dicen-. Un trabajador alemán, generalmente mejor educado, nutrido y con acceso a servicios de salud de mucha mejor calidad en comparación con un guatemalteco, va a ser claramente más productivo que éste. Y las diferencias en el entorno también son cruciales: está demostrado que el mismo trabajador guatemalteco es mucho más productivo en California (donde se respetan los contratos, el transporte es confiable, la tecnología es accesible y los criminales son perseguidos y castigados) que en Guatemala.

De manera que cualquier Alianza para la Prosperidad debe apuntar a un aumento sensible en la productividad y, para ello, debe enfocarse en que el gasto público (complementado con el apoyo de los países cooperantes) se utilice eficientemente, por un lado, en mejorar la educación, la salud y la nutrición de los ciudadanos; y, por el otro, en mejorar el entorno económico, lo cual implica aumentar la infraestructura física y el acceso a la tecnología, así como invertir en las instituciones que propicien la seguridad ciudadana y la efectiva impartición de justicia.

Sólo aumentando la productividad pueden elevarse la prosperidad social y los niveles de vida en el largo plazo. Ningún otro factor económico contribuye más a reducir la pobreza y a aumentar la calidad de vida de los ciudadanos, así como a potenciar la capacidad del país para financiar la educación, la salud pública, la preservación del medio ambiente y el fomento de la cultura.

Nadie le Cree a Nadie

Construir el capital social  es un esfuerzo que el país demanda de su liderazgo

Con frecuencia, la esencia y el carácter de un país son percibidos con mayor claridad por los extranjeros que han vivido en él. Carlos Castresana, para bien o para mal, es uno de esos extranjeros a los que por razones profesionales les ha tocado vivir en Guatemala y se han formado una opinión concreta de nuestra realidad. En una reciente entrevista televisiva, Castresana describió a la sociedad guatemalteca como una “en la que nadie cree a nadie” y donde “la mentira está instalada como parte del discurso”.

Independientemente de que se esté o no de acuerdo con las obras y pareceres de quien fuera el primer jefe (entre 2007 y 2010) de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG- , es difícil negar que lleva razón el abogado español al sintetizar tan lapidariamente el talante receloso, evasivo y artificioso que suele  manifestar el comportamiento social del guatemalteco típico. La tradicional amabilidad del guatemalteco con el visitante del exterior no se repite fácilmente en el trato con los connacionales fuera del círculo familiar.  Existe cierta reticencia entre personas que no se conocen entre sí para colaborar en pro del bien común. Este fenómeno de escasez de capital social es perjudicial para el desarrollo del país.

Las raíces de esto pueden encontrarse en la historia: la conquista violenta, el mestizaje no aceptado y, sobre todo, la guerra civil que aún deja secuelas de profundas suspicacias mutuas entre los bandos en conflicto, seguida de una paz endeble cuya cruda realidad desmoronó rápidamente las grandes expectativas que había planteado. Con un Estado débil, corrompido y disfuncional, la desconfianza y la desilusión ciudadana respecto del gobierno se profundizó; la apatía y el fatalismo se fueron generalizando.

Todo lo anterior tiene implicaciones importantes respecto de la capacidad del país de progresar económica y socialmente. Para que un país democrático con una economía de mercado funcione de manera eficaz, la colaboración entre sus ciudadanos es tan importante como la competencia. Ciertamente, el capital físico (infraestructura y equipo) y el capital humano (capacidades y conocimientos de las personas) son importantes para el desarrollo de cualquier país. Igualmente, las instituciones fuertes y eficientes, así como un medio ambiente sostenible, son factores necesarios para el progreso. Pero, además de lo anterior, el capital humano –es decir, la confianza mutua entre los miembros de la comunidad, que genera redes y valores compartidos que, a su vez, incentivan la cooperación social- es esencial para la productividad, el crecimiento económico y el bienestar social.

Diversos estudios indican que mientras más confíen entre sí las personas, mejor será el desempeño de la sociedad en la que habitan ya que, por ejemplo, podrán trabajar juntos de manera más eficiente. También para las empresas, operar en un ambiente de mejor capital social haría innecesarios muchos contratos y salvaguardias complicados, y así ahorrarían en gastos legales y administrativos. Otros estudios indican que los empresarios de los países más pobres son reacios a confiar la administración de sus empresas a personas que no pertenecen a su círculo cercano: temen que esa gente les robe y que el sistema judicial no los proteja. Este temor limita la capacidad de las buenas empresas de expandirse. Por el contrario, los países con mayores niveles de capital social –es decir, de confianza-, por lo general tienen una mayor productividad y por ende son más ricos, en parte porque las buenas empresas tienen más recursos humanos e institucionales a su disposición.

De manera que construir el capital social (o reconstruir el tejido social, que algunos le llaman, si es que alguna vez lo hubo) es un esfuerzo que el país demanda de su liderazgo. No es algo sencillo de lograr en un ambiente de añejos enfrentamientos ideológicos, de corrupción generalizada y de sistemas judiciales en deterioro. Pero es un esfuerzo necesario: si la unión hace la fuerza, la desunión significa la debilidad. Por ahora, tanto la desconfianza mutua imperante como la mentira firmemente instalada en el discurso político, exacerban la desunión de Guatemala, que nos deja a merced de los corruptos y de los criminales organizados, enemigos de nuestra endeble democracia.

Desafíos Tras Cada Tragedia

De qué forma el país podrá superar los desafíos que se han presentado en todos los desastres ocurridos en años recientes

El terremoto del 7 de noviembre, que afectó principalmente al Suroccidente del país, pone en evidencia nuevamente, por un lado, que Guatemala es uno de los países con mayor riesgo de desastres naturales y, por otro, la precariedad de nuestra infraestructura y la vulnerabilidad en la que viven miles de compatriotas.

Además de la tragedia humana, estos desastres acarrean consecuencias económicas negativas. En primer lugar, al producirse la tragedia surgen costos de emergencia (alimentos, medicinas y habilitación de rutas y refugios) que conllevan gastos del gobierno, la iniciativa privada y la comunidad internacional. Luego, siempre en el corto plazo, hay costos asociados a los daños al stock de capital (infraestructura, inventarios y bienes de capital) que implican una pérdida de riqueza nacional. Y luego, a mediano plazo, se puede producir una pérdida de producción e ingresos derivada de la menor capacidad productiva de familias y empresas, la cual, si no es compensada con un importante aumento en la inversión por reconstrucción, se traduce en una reducción permanente de la producción.

Distinguir y estimar el valor de estos diferentes efectos es importante porque permite calcular la magnitud de los daños y pérdidas ocasionadas por la catástrofe, valuar las necesidades de recursos para reconstrucción y elevar el nivel de conciencia sobre los beneficios económicos de reducir los riesgos asociados a ese tipo de eventos, así como evaluar de qué forma el país supera seis desafíos que se han presentado en todos los desastres ocurridos en años recientes.

El primer desafío es no distorsionar los cálculos de las pérdidas, daños y reparaciones necesarias. Es importante que las autoridades tengan cifras fidedignas a fin de que no se inflen artificialmente los gastos que se requieran para enfrentar los efectos del desastre. Hay que tener presente que el grueso del costo de un desastre natural recae principalmente sobre los ciudadanos y las empresas: el invaluable valor de las vidas afectadas, el costo de oportunidad de las labores productivas perdidas durante la emergencia y la transición, así como las pérdidas de infraestructura, equipo, e inventarios, es algo que no puede ser repuesto ni subsanado por el Estado.

El segundo desafío es no caer en la tentación de esperar (y menos mendigar) recursos a la comunidad internacional: durante el periodo inicial de emergencia toda ayuda externa es necesaria, pero para la reconstrucción el esfuerzo debe ser de los guatemaltecos, tanto en el ámbito privado como en el público. El tercer desafío es manejar transparente y eficientemente los recursos estatales que se destinen a la emergencia y a la reconstrucción.

El cuarto desafío es que se establezcan normas estrictas respecto de la calidad de la obra pública para que no vuelvan a construirse edificios endebles ni puentes de cartón que se caen a la primera llovizna. Esto es clave pues el progreso social y la expansión económica del país dependen en gran medida del nivel de desarrollo de su infraestructura. Puede aprovecharse esta coyuntura para aumentar la inversión en infraestructura para activar la economía y crear empleos, además de prestar servicios a la sociedad durante largo tiempo.

El quinto desafío, fundamental en un país propenso a los desastres, es el de adoptar medidas preventivas duraderas para proteger la vida y la propiedad (previsión, sistemas de alerta temprana, ordenamiento territorial, códigos de construcción, etcétera). Para muchas personas de bajos ingresos los costos de emplear medidas de precaución pueden resultar prohibitivos, por lo que requieren del auxilio del Estado.

El último desafío, el más complejo, es buscar con constancia e insistencia el desarrollo económico y social: la experiencia demuestra que mientras más desarrollado económicamente es un país, menor será su grado de vulnerabilidad ante los desastres naturales (y menores los costos que tales desastres ocasionan). De manera que las políticas que propicien el crecimiento de la producción, mayores niveles de educación y el fortalecimiento de las instituciones son tanto o más importantes que las políticas de mitigación y de prevención para salvar vidas y propiedades ante los inevitables desastres que, como el terremoto de noviembre, nos seguirán afectando en el futuro.

Energía Social Desperdiciada

El populismo ofrece soluciones mágicas que, por lo regular, desembocan en desastres cuando el remedio sale más caro que la enfermedad. El anti-estatismo (empezando por el de los anarco-capitalistas libertarios) debilita el sentido de Nación y contribuye a poner en riesgo la gobernabilidad. Ambas expresiones abonan a la proliferación de ONGs  que se oponen sistemáticamente a todo, pues a través de su activismo generalizado aseguran el sustento de la cooperación internacional. Los guatemaltecos debemos aprender del pasado para no repetirlo, y debemos esforzarnos por salir de la trampa de la infame olla de cangrejos en la que cada quien se contenta con el fracaso del vecino. Para ello es necesario que toda la energía social que se percibe en la realidad actual se canalice hacia construir (no a destruir) un mejor futuro.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

ENERGÍA SOCIAL DESPERDICIADA

Las protestas en las calles y la toma de carreteras se han convertido en el primer recurso (en vez de ser el último, como en sociedades más evolucionadas) para expresar la oposición de diversos sectores y organizaciones sociales a determinadas medidas o actividades: en los últimos años ha habido un tsunami de protestas y disturbios contra políticas de gobierno y contra operaciones de inversión privada (minas, hidroeléctricas, fábricas, plantaciones, etcétera). El “poder de la calle” es, por una parte, resultado de la falta de representatividad y eficiencia de nuestro sistema de partidos políticos y, por otra, consecuencia de la tremenda debilidad del estado guatemalteco y sus instituciones, así como de una ausencia de sentido de nación que sea capaz de crear una visión de futuro compartido.

Estos movimientos sociales organizados pueden jugar un rol constructivo si se organizan en torno a reivindicaciones concretas generadoras de propuestas específicas; pero cuando únicamente se centran en esgrimir el poder de veto, sin proponer soluciones ni abrirse al diálogo, dificultan la agenda de desarrollo y debilitan aún más la institucionalidad, el estado y el sentido de nación. Resulta paradójico que este tipo de movimientos “anti-todo” se vean fortalecidos, probablemente sin querer, por algunos aliados inadvertidos.

Por ejemplo, los libertarios opuestos sistemáticamente a todo lo que suene a gobierno han predicado durante años un discurso anti-estatal que echó raíz en una población recelosa del gobierno debido a los terribles abusos de autoridad que manchan nuestra historia. El problema es que una población suficientemente desconfiada del gobierno es –azuzada por la retórica libertaria- tierra fértil para el discurso populista “anti-todo” que la seduce a luchar en contra de su propio interés de salir de la pobreza y la exclusión.

Otros que, aparentemente sin querer, contribuyen a que poblaciones enteras arriben al callejón sin salida de la oposición “anti-todo” son los ciudadanos noruegos, suecos u holandeses cuyos impuestos se convierten en millonarias contribuciones a ONGs que, supuestamente, deberían apoyar el combate a la pobreza en el Tercer Mundo pero que, muchas veces, sólo están interesadas en conservar el statu quo y perpetuar el círculo que les permita seguir recibiendo la generosa cooperación extranjera.

Curiosamente, en Guatemala los libertarios y las ONGs “anti-todo” parecen ser relativamente más abundantes que en otros países latinoamericanos, lo cual hace que aquí sea más difícil fortalecer la democracia representativa, robustecer al estado y construir un sentido de nación compartido por la mayoría de guatemaltecos. La gran cantidad y prominencia de ONGs activistas –que agrupan a intelectuales anticapitalistas, defensores de la madre tierra, clérigos, militantes del new age y bohemios- es indicativa de la ausencia de estado y de instituciones ciudadanas en el país.

Esa enorme energía social que las ONGs activistas canalizan hoy hacia protestas sin propuestas podría estar mejor utilizada en organizar a las comunidades para exigir y vigilar que el gobierno local y el nacional hagan buen uso de los impuestos y que implementen políticas que aseguren que los recursos del país se aprovechen hoy sin comprometer a las futuras generaciones. Nuestra sociedad debe aprender del pasado y salir de la tristemente célebre trampa de los cangrejos guatemaltecos.

Otros países lo han logrado. Alemania es hoy el pilar firme en el que aún se sostiene la economía europea, pero no siempre fue así: luego de una terrible hiperinflación los alemanes decidieron que “nunca más”, así que adoptaron las instituciones y reglas necesarias para evitar que tal situación se repitiera, y construyeron la masa ciudadana crítica que entiende y defiende tales instituciones y reglas.

Guatemala tiene que combatir monstruos más terribles que la hiperinflación, de manera que construir las instituciones, reglas y masa ciudadana crítica que necesitamos es una tarea muy compleja. No obstante ello, el potencial humano, el deseo ciudadano y el sentido de “nunca más” parecen estar aquí y debemos aprovecharlos. Pero si la insatisfacción popular se ve descarrilada por el anti-estatismo y por el populismo, todo ese potencial de energía social se verá desperdiciado.

La "Cooperación" Económica Externa

No todo lo que brilla es oro. Y no todo lo que nos regalan (así se trate de regalos de cumpleaños) es algo que necesitemos. La ayuda económica externa, para un país como Guatemala (que NO ES de los más pobres del mundo) es muy bienvenida y necesaria en casos de emergencia (como desastres naturales o hambrunas) y es muy útil cuando se utiliza para construir instituciones usando la experticia de otros países que nos superan en ese campo. El resto de la "ayuda" debemos verlo con escepticismo.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

LA “COOPERACIÓN” ECONÓMICA EXTERNA

No todo lo que se clasifica como ayuda oficial al desarrollo es genuinamente ayuda  

La semana pasada se informó que la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN- estimaba que, como mínimo, la cooperación económica internacional recibida por Guatemala en los últimos quince años ascendía a unos Q70 millardos, aunque la titular del ramo reconoció que, por diversas razones (como la falta de archivos ordenados) la información era solamente aproximada.

La noticia publicada incluyó también una serie de comentarios que criticaban la falta de efectividad de dicha ayuda debido a la falta de políticas gubernamentales de largo plazo y a la débil institucionalidad pública. Además, se dejó ver que los países cooperantes podrían estar insatisfechos por los magros resultados de su ayuda en términos de reducción de la pobreza y mejora del desarrollo del país.

En todo caso, es conveniente tomar con mucha cautela las “gigantescas” cifras a las que supuestamente asciende la cooperación extranjera. En primer lugar porque, en términos relativos, la asistencia oficial para el desarrollo que recibe Guatemala no es tan significativa pues, según la OCDE (el club de los países cooperantes), representó un 1.25% de su ingreso nacional bruto (en promedio anual de 2007 a 2009), porcentaje muy similar al del promedio del grupo de países clasificados como de ingreso medio-bajo (entre los que se incluyen, por ejemplo, Guatemala, Paraguay y El Salvador). En estos términos, evidentemente, nuestro país recibe menos cooperación económica que otros de menor nivel de ingreso como Bolivia (que recibió ayuda equivalente a un 4% de su ingreso nacional, en el mismo periodo), Honduras (3.8%), Nicaragua (13.1%), Mozambique (20.8%), o Burindi (41.2%).

En segundo lugar, las cifras de cooperación internacional no están bien registradas, no sólo en nuestros desordenados archivos gubernamentales, sino también en los de los países donantes, cuyos ciudadanos financian con sus impuestos muchos proyectos y actividades oficiales y de ONGs que no sólo suelen tener poco impacto en el bienestar de los pobres sino que, en ocasiones, se rigen por motivaciones políticas y diplomáticas poco transparentes.

En tercer lugar, no todo lo que se clasifica como ayuda oficial al desarrollo es genuinamente ayuda. En el caso de Guatemala, casi el 70% de la “cooperación” registrada por SEGEPLAN corresponde a préstamos –muchos de ellos “atados” a ciertas condiciones que favorecen a empresas del país otorgante- que tarde o temprano nuestro país debe devolver, si bien es cierto a tasas de interés subsidiadas y con períodos de gracia incorporados. Del restante 30% (las verdaderas donaciones) una buena tajada se concede a fundaciones, iglesias y otras asociaciones que utilizan los recursos con la eficacia que su buena fe y capacidad institucional les permiten.

La efectividad de la ayuda económica externa, en términos de impulsar el desarrollo económico y humano, ha sido puesta en duda por diversos académicos a nivel internacional. Economistas como Peter Thomas Bauer, Dambisa Moyo, Paul Mosley o Peter Boone han comprobado que no existe correlación entre la ayuda recibida y el crecimiento económico de los países recipiendarios, entre otras razones, por el drenaje de recursos que su debilidad institucional ocasiona en forma de proyectos y gastos improductivos.

Por ello los propios países de la OCDE adoptaron en 2005 una serie de principios para aumentar la efectividad de su ayuda externa. Tales principios incluyen la necesidad de que el país recipiendario se apropie de las políticas y estrategias financiadas por la cooperación, que la misma esté alineada con las prioridades de desarrollo de cada país, que los cooperantes se coordinen en la priorización del destino de su ayuda, que ésta esté enfocada a lograr resultados y que todas tanto donantes como recipiendarios sean responsables del uso transparente y eficiente de los recursos.

Ante el poco avance mostrado por los cooperantes en el cumplimiento de estos simples principios, y con la crisis económica por la que ahora atraviesan, no podemos sino ser pesimistas respecto de que algún día se pongan de acuerdo en los temas que realmente pueden ayudar al desarrollo y bienestar de los países menos desarrollados: la apertura de sus mercados a nuestros productos y la apertura de sus fronteras a nuestros trabajadores.
COMENTARIOS DE LOS LECTORES

Mar, 08/16/2011 - 10:38 — Sergio Petronio Licardie Vetorazzi

Respecto de los datos estadísticos sobre la relación cooperación internacional,-  ingreso nacional bruto pueden conjeturarse algunos conceptos. Guatemala no requiere de ayudas internacionales y produce bastante, por eso la baja. relación. Otro. Somos malos pedigüeños  y por eso no nos dan la lana. Tenemos mala fama y nos tienen desconfianza. Somos muy presumidos y no recibimos cualquier cosa. Yo creo que somos malos pedigüeños con algo de creídos y presumidos. Por ejemplo el presumido presidente que no solicito la condición migratoria en USA y paso a fastidiar a miles de miles de guatemaltecos que viven ilegalmente en USA. Allí fuimos malos pedigüeños y presumidos. Por otro lado la relación ingreso nacional y lo que nos dan (cooperación) no es una cifra útil para comparar entre los países que reciben mas o menos dinero, de la misma forma también no se analiza en que se gasta y si paga impuestos al gobierno.

La Tentación de Mendigar

.Parece ser un juego divertido: nuestro gobierno hace como que necesitamos con urgencia que nos regalen un montón de dinero, y nuestros "países amigos" hace como si nos donaran una enorme cantidad de recursos financieros frescos. Sin embargo, a la postre, se trata de un juego perverso. Aparte de la penosa pérdida de tiempo y recursos que se gastan en las convenciones de países donantes, se pierde también una gran dosis de dignidad nacional y, lo peor de todo, se pierde el norte respecto de dónde deben estar las prioridades del país: generar nuestros propios medios para atender esfuerzos como el de la reconstrucción del país y para promover un desarrollo sostenido.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

LA TENTACIÓN DE MENDIGAR

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En la tradición de los “grupos consultivos”, tan socorridos en la década pasada, el Ejecutivo ha organizado la “Conferencia internacional de cooperantes para la reconstrucción con transformación de Guatemala”, con el objeto de obtener recursos financieros para subsanar los daños y pérdidas ocasionadas por los desastres que el inusual invierno ha dejado en el país (que, según los números del gobierno, ascienden a Q15 millardos).

Tras la bienintencionada iniciativa subyace, sin embargo, el riesgo de presentarnos como un país abatido e incapacitado de generar sus propias soluciones, que necesita de generosas donaciones de los países ricos para poder salir de su desesperada situación. Un país como Guatemala que no es, ni por asomo, de los más pobres del mundo (aunque a veces demos la impresión de serlo) requiere que la cooperación internacional se maneje con cuidado para no caer en la tentación de mendigar que, a la postre, puede ser realmente contraproducente para el desarrollo sostenido del país.

La autoridades deben evitar inflar las cifras de los recursos que realmente se requieren para reparar los daños. Cualquier catástrofe natural genera tres tipos de costos. El primero se refiere a los gastos de emergencia (alimentos, medicinas y habilitación de rutas) que, sin duda, requieren de toda la ayuda, en efectivo o en especie, gubernamental o privada, que la comunidad internacional otorgue. Como estos gastos sólo existen en el muy corto plazo posterior a la tragedia, no deben incluirse en ningún “grupo consultivo” posterior.

El segundo tipo de costos se refiere al daño que el desastre ocasiona sobre los activos (stocks), los cuales ocurren durante o inmediatamente luego del desastre y que se reflejan en un impacto sobre la infraestructura, los bienes de capital y los inventarios. Este tipo de daños incluye pérdidas privadas que, por muy lamentables que sean, no deben ser financiadas con recursos públicos ni, por ende, incluirse en los costos gubernamentales de la reconstrucción.

El tercer tipo de costos son las pérdidas en la capacidad productiva (flujos futuros de producción) que se dan después del fenómeno, durante un período extenso y que se reflejan en una menor generación de ingresos; aunque pueden cuantificarse como parte de los daños del desastre, no se justifica su inclusión dentro de los recursos para la reconstrucción pues estos se enfocan, más bien, a restituir los activos destruidos, no a suplir la reducción de la producción originada en tal destrucción.

Una vez los costos de la reconstrucción están bien cuantificados, debe hacerse la profunda reflexión respecto a si financiar la misma con donaciones y “créditos blandos” (los cuales suelen traer condiciones aparejadas), o pagarlos con recursos domésticos. Por supuesto que esto trae a la mesa el escabroso tema de los impuestos que los guatemaltecos nos esforzamos por evadir y posponer, pero que una situación como la actual vuelve a evidenciar como crucial para el desarrollo futuro del país.

Debemos tener claro que los países que tienen éxito son los que construyen instituciones fuertes. Y, lo queramos o no, se necesita del pegamento de los impuestos para crear buenas instituciones, pues a fin de cuentas son los impuestos los que crean un vínculo sólido entre el gobierno y los gobernados: una población que paga impuestos está más interesada en pedirle al gobierno que rinda cuentas, que no robe, y que gaste con eficiencia. Y si los impuestos (no la caridad internacional) constituyen la fuente de ingresos del gobierno, éste estará interesado en favorecer la empresa y la inversión privadas. La ayuda externa, por muy generosa que sea, puede minar este vínculo gobierno-ciudadanos y, por ende, retardar el desarrollo institucional.

Por último, las autoridades deben ser realistas en cuanto al monto de recursos que aspiran a obtener de la multitudinaria conferencia internacional que concluye hoy martes. Sólo tienen que ver lo ocurrido con los grupos consultivos del pasado en los que, luego de pasar la vergüenza de mendigar recursos, Guatemala recibía la promesa de los países “amigos” de aportarle algunos millones de dólares (sujetos a innumerables condiciones): después de muchos años reciclar las mismas promesas, apenas una pequeñísima porción de dichos recursos fue efectivamente aportada.

Comentarios de los lectores

julio ambrosio 12-10-2010 09:32:33 horas

Da vergüenza que otros nos saquen de problemas. Guatemala tiene los recursos para solucionar sus propios problemas. La ayuda de esos países lo único que genera es injerencia en asuntos internos del país. Como resultado de esas ayudas hoy el país está sumergido en violencia, narcotráfico y corrupción. Roberto Aparicio 12-10-2010 11:34:54 horas Que feo eso de tender la mano para pedir limosnas, nos hace ver como un pueblo sin dignidad (no tenemos sangre en la cara, dicho chapín) y lo peor es que cuando llega alguna ayuda, le caen encima los alagartados corruptos, sobrevalorando los trabajos.Total parece que tenemos una cultura de pedigüeños, "Miren" nada mas: pedigüeños en las camionetas, en las calles, en las radios los religiosos, en las pasarelas,; hasta una maratón tenemos en un canal evangélico.

OBSTÁCULOS AL DESARROLLO RURAL

La situación de pobreza, exclusión, desnutrición y baja productividad en el área rural guatemalteca es extremadamente grave. Es urgente aplicar medidas de política pública que alivien la situación. Sin embargo, muchos de quienes dicen defender a los pobres rurales obstaculizan el avance de las políticas necesarias para revertir la situación. Ya sea porque no son capaces de converger a un acuerdo que permita las reformas posibles aunque deban sacrificarse algunas reformas deseables, o sea porque realmente desean conservar el status quo que les permite obtener recursos financieros de los donantes europeos, algunos dirigentes campesinos le apuestan a la estrategia del "todo o nada", que sólo entorpece y obstaculiza el urgente desarrollo rural del país.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

OBSTÁCULOS AL DESARROLLO RURAL

El área rural de Guatemala concentra a la mayoría de la población trabajadora del país. El último censo de población estableció que el 42% de la población económicamente activa se ubica en actividades primarias (fundamentalmente del sector agropecuario). Sin embargo, según las cuentas nacionales, esas mismas actividades generan únicamente el 14% del Producto Interno Bruto.

Existe, pues, una gran diferencia entre la cantidad de personas que trabajan en actividades agropecuarias y el ingreso que ellas perciben lo cual, evidentemente, se traduce en los altos índices de pobreza que se registran en el área rural. Otra forma de leer estas cifras es que una gran cantidad de personas empleadas en el área rural genera muy poca producción. De manera que la baja productividad de los factores de producción y la alta incidencia de la pobreza son las dos caras de la misma moneda del desarrollo rural.

Más allá de las múltiples opiniones subjetivas que existen sobre la materia, se dispone de varios estudios científicos, rigurosamente elaborados (como por ejemplo, uno realizado por el Instituto de Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Rafael Landívar en 2006), que identifican los principales cuellos de botella que deben superarse para corregir el círculo vicioso de improductividad y pobreza en el área rural.

Dichos cuellos de botella tienen que ver, por un lado, con la ausencia de un conjunto de políticas de largo plazo enfocadas a aumentar la productividad, a generar excedentes en las economías campesinas y a propiciar la participación de la población en las decisiones económicas y en la vida política y social del país. Por el otro, se relacionan con que no existe una institucionalidad coordinada y bien fiscalizada a cargo de tales políticas.

De las múltiples iniciativas de ley que se han estado impulsando para promover el desarrollo rural del país, muy pocas se basan en los diagnósticos científicos disponibles y, por lo tanto, no acometen con propiedad la tarea de facilitar políticas públicas pertinentes y de fortalecer la institucionalidad del estado. La más reciente de ellas, elaborada conjuntamente por el Ejecutivo y algunas organizaciones campesinas y que se tradujo en la iniciativa 4084 (Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral), también fracasa en el intento.

Tal iniciativa, pecando de poco realista y demasiado detallista, plantea políticas de forma incierta o contradictoria respecto de los aspectos que, según los estudios técnicos, deberían privilegiarse (la productividad, la excedentariedad y la participación). No sólo omite priorizar políticas clave (como la de Mipymes o las de enfoque territorial –que toman en cuenta la vocación de los territorios-), sino que plantea obligaciones deliberadamente ambiguas respecto de temas tan polémicos como la reforma del régimen de tenencia de la tierra, la definición de tierras comunales o la revisión de los tratados de libre comercio vigentes.

Además, la referida iniciativa debilita la institucionalidad del estado pues, por una parte, despoja a los Consejos de Desarrollo de su función de mecanismo formulación participativa de las políticas y, por otra, también dispone la creación de un nuevo ministerio con duplicidad de funciones y sin presupuesto, además de minar al Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional al plantear nuevo sistema paralelo al mismo.

Por eso llama la atención y despierta suspicacias que algunas agrupaciones creadas, supuestamente, para promover el desarrollo de la población rural insistan en empujar a toda costa una ley técnicamente deficiente y políticamente inviable. ¿Por qué insistir en una ley tan compleja con un contenido tan controversial? ¿Por qué no converger hacia una ley más simple, quizá menos ambiciosa, pero más viable? Lamentablemente pereciera que esta vez, como en tantas ocasiones en la historia, los radicales de ambos extremos del espectro político coinciden en que, en el fondo, lo que quieren es que no se apruebe ninguna ley que favorezca el desarrollo rural: que nada cambie para que todo siga igual, incluyendo su modus vivendi.

Comentarios de los lectores

GIL ZU 24-08-2010 10:12:47 horas

En 1954 los invasores crearon EL INSTITUTO DE TRANSFORMACION AGRARIA pero lo unico que transformó fue la economia de terratenientes y seguidores de Castillo Armas. Este Domingo el escritor Jaime Barrios Carrillo denuncia que cada taza de cafe en USA que les exportamos la venden a $ 3.oo, pero a los Productores solo les dan 0.15 y los productores le pagan a los Jornaleros TRES CENTAVOS POR CADA TAZA DE CAFE.HAY QUE CAMBIAR EL ESTADO. virgilio reyes 24-08-2010 12:41:55 horas Todo depende desde que lado se mire la propuesta. Los abogados del Estado y de las organizaciones sociales hablaron al respecto y no vieron que la propuesta de ley afectara el funcionamiento de los Consejos. Lo lamentable es que la metodologia del congreso utiliza concesos de artículo por artículo de la cita ley, donde es evidente que por parte del sector empresarial, no los habrá. Tristemente dejaron pasar una oportunidad historica para quitarse la presión por acceso al desarrollo en el campo.

Lo Difícil Era lo Más Fácil

En Guatemala es muy común creer que con tener un buen diseño de solución a un problema, o un buen plan de trabajo, o una buena ley, es suficiente para tener éxito en materia de políticas públicas. Se olvida (o se ignora) el hecho de que aquello es sólo el principio del trabajo. Y aunque el diseño, la planificación o el marco legal son pasos necesarios para la implementación de buenas políticas públicas, lo más importante --pero lo más difícil- es la gestión perseverante en torno a un objetivo claro lo que va a permitir el éxito buscado. Tal gestión requiere de voluntad política, de una ciudadanía involucrada y de una burocracia eficaz. ¿Cuándo empezamos?

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

LO DIFÍCIL ERA LO MÁS FÁCIL

Después de más de treinta años de conflicto armado interno, lograr un acuerdo que permitiera una paz firme y duradera se antojaba difícil. La firma de la paz requirió de un gran esfuerzo de conciliación, buena voluntad de las partes enfrentadas y muchas jornadas de negociación y penduleo. La difícil labor dio, a fin de cuentas, sus frutos. Sin embargo, pocos se percataron de que la tarea más difícil era la que venía después de la firma de la paz: aplicar las medidas de política pública, gestionar las acciones de gobierno, promover las reformas legales y fiscalizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos para, de esa manera, lograr los objetivos trazados en los acuerdos. La ineficacia para realizar esta tarea hizo que los acuerdos de paz sean hoy sólo una referencia lejana que languidece en los anaqueles de algunos académicos y dirigentes de oenegés.

También fue difícil la constitución de un Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, tan necesario en un país que carga con la vergüenza de ver a un número injustificablemente alto de sus hijos afectados por la desnutrición aguda y crónica. Conformar ese sistema significó horas de planificación y negociación, la elaboración de una ley y el gasto de recursos que generó su aprobación e implementación, así como los costos de funcionamiento que para el erario público representan el Consejo y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Pero ese difícil esfuerzo resultó ser la parte fácil: lo verdaderamente difícil ha sido hacer que el Consejo se reúna con la periodicidad y atribuciones que la ley le manda, y difícil también ha sido que la Secretaría coadyuve a coordinar la labor de todas las entidades públicas encargadas de combatir la desnutrición. La falta de una gestión concienzuda no ha permitido que el Sistema funcione y logre evitar la próxima e inminente crisis alimentaria.

Resultó igualmente difícil consensuar una Ley Marco de Seguridad que obligara a que las instituciones del gobierno responsables de la seguridad ciudadana se coordinaran en torno a una política nacional de seguridad y con base en una serie de lineamientos técnicos. Después de años de esfuerzo, cabildeo, negociaciones, dictámenes técnicos, seminarios dirigidos por expertos nacionales y extranjeros, se logró que los partidos políticos y sociedad civil de todo el espectro ideológico convinieran en una ley de seguridad que aprobó el congreso en mayo de 2008, en donde se establece un plan de vuelo para el fortalecimiento institucional y el desarrollo de una política de seguridad basada en la inteligencia estratégica. Pero eso era lo más fácil, lo difícil ha sido tan siquiera encontrar a alguien en la función pública o en la sociedad civil que se acuerde que existe la referida ley, no digamos ya que la misma se utilice (como debiera ser) de guía para el accionar de las instituciones en materia de seguridad ciudadana.

Participar en política también es difícil, y ganar una elección, más. Los últimos gobernantes han accedido al poder luego de haber perdido las elecciones en al menos una ocasión, y se han debido esforzar mucho, y han elaborado planes de gobierno para sustentar su campaña electoral hasta lograr el triunfo. Pero la parte más difícil ha sido tener que gobernar y han debido archivar sus planes de gobierno de la campaña para tener que elaborar, sobre la marcha y ya en el ejercicio del poder, otros planes más pragmáticos y cumplibles.

En todos los casos mencionados, lo verdaderamente difícil es gestionar, implementar, ejecutar y administrar la cosa pública. Ello requiere de voluntad política del oficialismo y de la oposición para honrar los acuerdos nacionales y los compromisos adquiridos. Requiere de una sociedad civil que vigile constante y disciplinadamente a la clase política, y que la premie o castigue mediante el voto. Y requiere de una tecnocracia capacitada y de un servicio civil profesional que esté al servicio de la nación y no de intereses partidarios. La receta es simple, pero muy difícil de aplicar.

OPINIÓN DE LOS LECTORES

Roberto Escobar 20-04-2010 10:49:53 horas

No he visto cambios. Seguimos igual, la violencia y corrupcion se mantiene igual. Democracia que ha hecho millonarios a algunos y enpobrecido el muchos.

COMERCIO VERSIS CARIDAD

Conozco muchos ciudadanos y organizaciones europeas y estadounidenses que, con la mejor de las intenciones, la mayor de las noblezas y el más loable espíritu humanitario (y en estos epítetos no escondo ningún sarcasmo) canalizan sus recursos económicos y humanos para brindar ayuda a los más desfavorecidos de nuestros ciudadanos. Yo, en su lugar, haría lo mismo... si no fuera economista (y lúgubre). Las pruebas son contundentes: el comercio de bienes y servicios entre países es una fuerza generadora de riqueza que ha sacado a millones de personas de la pobreza en las últimas décadas. La caridad es útil y necesaria en situaciones de catástrofes naturales o bélicas y también puede ser efectiva en otras circunstancias si está bien focalizada hacia programas clave. Los activstas pro-tercer mundo de los países avanzados deberían dedicar más energia y tiempo a exigir a sus gobiernos la eliminación de las barreras que tienen impuestas a los productos provienientes del Sur y a desmantelar los intrincados mecanismos de subsidios a sus ineficientes productores agrícolas que sacan del mercado a los productores de los países pobres. He aquí mi entrega de esta semana...

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

COMERCIO VERSUS CARIDAD

Hace algunas semanas me referí a los riesgos que la crisis mundial entrañaba para los flujos de cooperación internacional y a la consecuente necesidad de re-orientar tales flujos hacia fines más productivos. Un amigo lector me comentó que la magnitud de la crisis demandaba re-orientar los esfuerzos hacia el fomento del comercio internacional, antes que hacia la caridad internacional. Y no deja de tener razón.

Para muchos ciudadanos del Primer Mundo resulta inadmisible que en países como Guatemala, por ejemplo, una de cada tres mujeres no sepa leer, que la mitad de los hogares rurales no tenga cobertura de agua y saneamiento, y que 30 de cada mil bebés nacidos vivos muera antes de su primer cumpleaños, lo cual evidencia una inmensa brecha en la calidad de vida entre nuestros países y los de ellos, realidad que los induce a buscar una solución urgente. Algunos de estos bienintencionados ciudadanos primermundistas culpan a la globalización por tan aberrante inequidad, sin reflexionar quizá en que, si toda la industria y el comercio mundiales se detuvieran mañana, ello difícilmente ayudaría a los países pobres. La experiencia alrededor del mundo es contundente en cuanto a que la mejor herramienta, necesaria pero no suficiente, para reducir la pobreza es el crecimiento económico. Más seres humanos han salido de la pobreza a través del crecimiento de los últimos setenta años que en los anteriores setecientos. Evidentemente, más personas habrían podido salir de la pobreza de no ser por la falta de instituciones adecuadas y por la mala gestión económica y política en el Tercer Mundo.

Una de las maneras más efectivas para fomentar el desarrollo es la de abrir mercados a los productores pobres para que vendan sus productos. De manera que los consumidores de los países ricos, en vez de sentirse culpables por comprar productos importados (sentimiento que está siendo perversamente impulsado como falsa salida a esta crisis), deberían cobrar conciencia de que su consumo de tales productos genera empleos en los países en vías de desarrollo. Por supuesto que los consumidores deben tener la responsabilidad de asegurarse de que los productos que compran no se hayan generado mediante la explotación indebida de los trabajadores ni del ambiente, pero también deben saber que las exportaciones permiten a los países pobres generar ingresos que, a su vez, crean demanda de bienes nacionales e importados y, con ello, crecimiento económico. A más comercio internacional, aunque sea mediante tratados bilaterales de libre comercio, habrá más empleos; y un empleo, aunque sea relativamente mal remunerado en comparación con lo que gana un trabajador en, digamos, Bélgica, es la mejor salida para que un obrero tercermundista tenga el chance de construir una vida mejor.

La ayuda económica proveniente de gobiernos y ONGs del Primer Mundo, en cambio, no ha probado ser tan efectiva como el comercio para reducir la pobreza en el mundo. Y no es que la cooperación internacional sea mala per se; es que ha estado mal enfocada al asistencialismo, en vez de orientarse a pocos pero efectivos destinos como la educación (en especial de las niñas) y el desarrollo de la micro y pequeña empresa. Y como complemento –no sustituto- de la mejor forma de ayuda al desarrollo: el comercio internacional.

Opinión del lector

Pepe Recinos - Guatemala-wi ¿Comercio para mejor desarrollo?. Es una de las quimeras de siempre, que nos quita esperanzas, cuando vemos a los países asiáticos que compiten ventajosamente con nuestra mano de obra, mediante salarios ínfimos. Sin embargo, no todo está perdido, pues para el desarrollo económico INMEDIATO y visible, logrando el disparo de tasas de crecimiento en todos los indicadores positivos, NADA HAY MEJOR que el Control de la Natalidad de las clases pobres para que se adecúen a las tasas de crecimiento de las clases Alta y Media. Los efectos serían tan evidentes: en lugar de estar esperando la "caridad" internacional, con el manejo demográfico se vería la mejora de la economía familiar, la mejora de la economía nacional: más Ingreso y PIB per cápita. En un par de años pasaríamos del lugar 121 al 100 y quien quita que hasta alcancemos a Costa Rica. Evitemos el desastre demográfico y ecológico. Somos 14 millones, a la tasa de 2.5% anual (duplicándonos cada 28 años), dentro de 56 años seremos: 56 millones. Entonces nos comeremos unos a otros. Soylent Green, diría Charlton Heston. Lamentablemente aquí nadie es político de valía, que pueda incluir en un Plan de Gobierno esta medida estratégica.

sergio licardie - México La mejor forma de salir de la crisis es favorecer al mercado interno, pero no a la producción sino garantizarle a la demanda que pueda pagar lo que va a consumir. Un crédito de gobierno, barato, rápido, generaría mas producción y mas mercado, los productores tienen pisto e invertirían para el mercado.

Crisis y Cooperación Internacional

La cooperación interancional, que mueve miles de millones de dólares anualmente, es una ensalada de entidades donantes y recipiendarias cuyos ingredientes van desde las más sacrosantas y bienintencionadas instituciones, hasta los más mafiosos y perversos intereses. Esta semana comparto con ustedes algunas reflexiones sobre este asunto, haciendo hincapié en que la cooperación externa, como todo en la vida, tiene sus matices buenos y sus matices malos pero que, en todo caso, nuestra aspiración como país, debería ser que, algún día, no necesitásemos más de dicha cooperación. Ahí les va...

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

CRISIS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
La ayuda internacional hacia los países del tercer mundo ha crecido y se ha sofisticado sustancialmente en los últimos años. Millardos de dólares fluyen anualmente desde y hacia entidades estatales y organizaciones no gubernamentales para financiar gastos de ayuda humanitaria, infraestructura, atención de emergencias por desastres naturales o bélicos, y asistencia técnica. Muchas ONGs promueven diversos temas económicos, religiosos, políticos, o ambientales que son importantes para su membresía. Aunque formalmente las fuentes de la cooperación internacional pueden separarse en públicas (gobiernos) y privadas (entidades benéficas), en la práctica esta distinción es difícil de establecer pues muchas de las entidades privadas (como Médicos Sin Fronteras u Oxfam, por ejemplo) se financian en gran parte con fondos gubernamentales.
Debe haber en el mundo más de cincuenta mil ONGs dedicadas, al menos en principio, al combate a la pobreza, la mayoría de ellas pequeñas organizaciones ubicadas en los países recipiendarios, lo que indicaría también la conveniencia de dividirlas, según su especialización, en entidades donantes y entidades distribuidoras pero también, en la práctica, es difícil hacer esta distinción. Como sea, la crisis económica mundial está planteando una amenaza para la actividad de estas entidades, en la medida en que los donantes (que al fin de cuentas son los ciudadanos de los países industrializados) varían dramáticamente sus prioridades de gasto, implicando una contracción de los recursos disponibles para ayuda internacional, que ya venía desacelerándose antes de la crisis. Según datos de la OCDE, la meta establecida en 1970 para los países ricos de dar un 0.7% de su PIB en ayuda internacional seguirá sin cumplirse durante muchos años; solamente Dinamarca, Holanda, Luxemburgo, Noruega y Suecia han alcanzado esa cifra, mientras que la contribución promedio de la OCDE no supera el 0.45% del PIB.
Aunque la cooperación internacional, cuando es bien focalizada y efectivamente utilizada, puede ser de gran ayuda a los países y grupos más necesitados, no ha estado nunca exenta de críticas razonables. La rendición de cuentas, por ejemplo, no es precisamente una característica distintiva de las ONGs; también se critica su vulnerabilidad ante la corrupción imperante tanto en entidades públicas como en instituciones privadas de los países beneficiarios de la ayuda, haciéndola inefectiva. Muchas veces, la ayuda proporcionada resulta inadecuada, en parte debido a la insuficiencia de recursos y en parte a la pobre planeación y ejecución de los programas en los países recipiendarios. Más de fondo es la crítica a los donantes respecto a que, antes que la caridad, podría ser más beneficioso que abrieran sus mercados y removieran sus subsidios agrícolas para permitir a los países en desarrollo crecer y desarrollarse.Aunque para los países de ingresos medios, como Guatemala, la ayuda internacional no es cuestión de vida o muerte, sí puede ser un apoyo importante para el fortalecimiento institucional y comunitario, pero tal apoyo debe orientarse a los propósitos que nosotros mismos decidamos alcanzar. Uno de ellos debería ser mejorar la eficiencia y calidad de nuestros gobiernos para que, si estos hacen su trabajo apropiadamente, tengamos menos necesidad de la cooperación internacional.

Opinión del lector

javier villasenor - guatemala
Senor Garcia: he estado cerca de personas que se dedican a conseguir estos recursos en el extranjero. Son politicos grado 6 (aquellos que no la hicieron del 1 al 5) Su articulo es muy bueno pero informativo solamente. Me hubiera gustado encontrar mas investigacion local, analisis y criterio personal sobre el tema... hay tela de donde cortar! Saludos