UNA OPORTUNIDAD BAJO TIERRA

El mundo compite por minerales críticos; Guatemala sigue discutiendo si debe extraerlos

Mientras buena parte del mundo libra una silenciosa competencia por asegurar el abastecimiento de minerales críticos, Guatemala permanece atrapada en un debate propio del siglo pasado. El litio, el cobre, el níquel, el grafito y las tierras raras —indispensables para semiconductores, turbinas eólicas, teléfonos inteligentes y aplicaciones militares— dejaron de ser simples materias primas para convertirse en activos estratégicos de la nueva economía global. Sin ellos no habrá vehículos eléctricos, baterías, centros de datos, inteligencia artificial, redes eléctricas modernas ni transición energética.

Recientes reportes del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial coinciden en que Latinoamérica posee una oportunidad histórica para insertarse en las nuevas cadenas globales de valor gracias a su abundancia de minerales estratégicos. Pero ambos advierten también que esa oportunidad solo podrá materializarse si los países construyen instituciones sólidas y marcos regulatorios capaces de atraer inversión de largo plazo y administrar responsablemente esos recursos. En otras palabras, la ventaja competitiva ya no consiste únicamente en poseer minerales, sino en poseer instituciones capaces de convertir esos minerales en desarrollo.

 Ese es precisamente el punto donde Guatemala ha venido fallando. Aquí seguimos planteando un falso dilema: minería sí o minería no. Sin embargo, la verdadera discusión debería ser si queremos participar responsablemente en una de las mayores oportunidades económicas del siglo XXI o preferimos autoexcluirnos por incapacidad de construir reglas modernas. Mientras otros países aprovechan esta ventana de oportunidad, Guatemala continúa perdiendo tiempo, inversiones y empleos.

Países como Canadá, Australia, Chile o Perú —con tan distintas culturas y orientaciones políticas— no optaron por prohibir la minería. Tampoco ignoraron las preocupaciones ambientales y sociales. Lo que hicieron fue desarrollar instituciones, procedimientos y mecanismos de supervisión que concilian la explotación de los recursos con la protección ambiental, los derechos de las comunidades y la certeza jurídica que requiere cualquier inversión de largo plazo.

En Guatemala ocurrió exactamente lo contrario. La incertidumbre jurídica, la ausencia de reglas claras para aplicar el Convenio 169 de la OIT, la conflictividad social y la judicialización de los proyectos terminaron paralizando un sector que llegó a ser uno de los más dinámicos de la economía. Paradójicamente, esa incertidumbre no ha protegido mejor el medio ambiente; más bien ha desalentado a las empresas con mayores estándares internacionales y ha reducido el interés por explorar el potencial geológico del país.

Paro todavía estamos a tiempo de cambiar de rumbo. Ello exige modernizar la legislación minera, regular de manera clara los procesos de consulta comunitaria, fortalecer la fiscalización ambiental, garantizar transparencia en el manejo de regalías y ofrecer reglas estables que atraigan inversión responsable. No se trata de favorecer a una industria en particular; se trata de construir instituciones capaces de administrar inteligentemente un patrimonio que pertenece a todos los guatemaltecos.

Los recursos naturales, por sí solos, nunca han garantizado el desarrollo. Lo que convierte la riqueza del subsuelo en prosperidad es la calidad de las instituciones que la gobiernan. Sin certeza jurídica, sin reglas previsibles y sin una regulación moderna, Guatemala corre el riesgo de dejar enterrada una de las mayores oportunidades económicas de las próximas décadas.

LA AGENDA PARA EL GRADO DE INVERSIÓN

Guatemala ya aprobó el examen macroeconómico; lo que todavía debe aprobar es el examen institucional

Los diagnósticos de las calificadoras de riesgo y del FMI sobre la economía de Guatemala ofrecen una guía bastante clara sobre las reformas que deberían priorizarse para crecer más y acercarse al grado de inversión. Durante las últimas semanas ocurrió algo poco frecuente: dos calificadoras y el FMI emitieron sus opiniones casi al mismo tiempo. Aunque utilizan metodologías distintas y observan variables diferentes, todos llegaron a conclusiones notablemente similares.

Aunque la atención pública suele concentrarse en si nos acercamos o no al grado de inversión, el dato verdaderamente relevante, sin embargo, suele encontrarse detrás de la calificación: las razones que explican por qué un país avanza o se estanca. Y es que la calificación de riesgo es más que un concurso para economistas o un mero ejercicio académico: influye en el costo del financiamiento soberano, en las condiciones de crédito para las empresas y, en última instancia, en la capacidad de una economía para atraer inversión y generar empleo.

Lo interesante es que las tres instituciones coinciden en dos conclusiones fundamentales. La primera es que Guatemala posee fortalezas macroeconómicas poco comunes en América Latina: baja deuda pública, disciplina fiscal, inflación controlada, reservas internacionales elevadas y una política monetaria creíble. Después de décadas de prudencia macroeconómica, el país ha construido un activo valioso que merece ser preservado. La segunda conclusión es todavía más importante: el principal obstáculo para seguir avanzando ya no es macroeconómico; es institucional. 

Las tres opiniones señalan, con distintos matices, los mismos problemas: infraestructura insuficiente, baja inversión, limitada capacidad de ejecución del Estado, debilidad institucional, fragmentación política, rezagos en productividad y dificultades para transformar estabilidad en crecimiento. En otras palabras, Guatemala ya aprobó el examen macroeconómico, pero todavía debe aprobar el examen institucional. Esto debería tener implicaciones directas para la agenda legislativa. Casi siempre el Congreso opera reaccionando a la coyuntura, a las crisis del momento o a iniciativas aisladas que carecen de visión estratégica. Pocas veces hemos contado con una hoja de ruta tan clara sobre cuáles son las reformas que podrían generar mayor impacto económico.

Si tomáramos en serio los mensajes de las calificadoras, la discusión legislativa debería concentrarse en temas como infraestructura, puertos, aeropuertos, alianzas público-privadas, profesionalización del servicio civil, modernización presupuestaria, fortalecimiento del Estado de Derecho, mercados financieros, facilitación del comercio, transparencia y mejora de la capacidad de ejecución del sector público. Y no es porque lo diga una institución internacional ni porque lo demande algún sector en particular, sino porque existe un amplio consenso de que esas son las áreas donde se encuentran hoy los principales cuellos de botella para el desarrollo del país.

El Congreso actual puede avanzar en varias de estas materias. Pero el mensaje es especialmente relevante para quienes aspiren a integrar la próxima legislatura. Más allá de las diferencias ideológicas o partidarias, Guatemala necesita una agenda de reformas orientada a resolver problemas estructurales y no únicamente a administrar urgencias. El diagnóstico está; corresponde a los líderes políticos convertirlo en acciones concretas. La estabilidad macroeconómica nos acercó al grado de inversión, pero serán las reformas institucionales las que determinen si finalmente logramos alcanzarlo.

LA ENERGÍA DE LAS INSTITUCIONES

Asegurar electricidad suficiente y competitiva depende de la calidad de las instituciones que regulan, coordinan y atraen inversión

Hace unos días participé en un foro organizado por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica con motivo de su aniversario. La actividad reunió a autoridades, empresarios, especialistas y representantes municipales para reflexionar sobre el futuro energético del país. La conversación comenzó con la geopolítica, la incertidumbre económica y las tensiones en los mercados energéticos que ocupan cada vez más espacio en el debate público. También se vieron las implicaciones que sobre el crecimiento y los costos para Guatemala ante una eventual escasez de energía. Mi intervención fue sobre una tercera dimensión igualmente importante: la institucional.

A partir de dos realidades innegables –que el mundo seguirá siendo incierto y que la demanda de energía en Guatemala crecerá en los próximos años-, la pregunta clave es si contamos con las instituciones necesarias para responder exitosamente a esos desafíos. La experiencia internacional deja una lección clara: los países rara vez se estancan por falta de recursos naturales; lo hacen porque permiten que la infraestructura estratégica se convierta en un cuello de botella para la inversión y la productividad.

La energía eléctrica es quizás el ejemplo más evidente. Aunque representa una proporción relativamente pequeña del producto interno bruto, prácticamente todas las actividades económicas dependen de ella. Sin energía suficiente, confiable y competitiva, la inversión pierde atractivo, la productividad se resiente y el crecimiento se vuelve más difícil. Por ello resulta preocupante que la demanda eléctrica crezca más rápido que la expansión de ciertas áreas críticas de la infraestructura. El problema no es solo técnico ni financiero; es, en buena medida, institucional.

Guatemala dispone de una ventaja que muchas veces damos por sentada: las reformas impulsadas en los años noventa permitieron ampliar significativamente la cobertura eléctrica, atraer inversión privada, diversificar la matriz energética y consolidar un esquema de regulación técnica relativamente sólido. No es un sistema perfecto, pero sus resultados comparativos han sido positivos. Por eso el primer objetivo debe ser preservar aquello que ha funcionado: competencia, reglas claras, regulación técnica y participación privada.

Pero eso no basta. Los desafíos actuales exigen fortalecer la coordinación entre el Gobierno Central, las municipalidades, las comunidades y los inversionistas; agilizar la resolución de conflictos relacionados con servidumbres y derechos de paso; mejorar la planificación de largo plazo; y, reforzar las capacidades técnicas de las instituciones del sector. La propia Constitución ofrece una guía que sigue teniendo plena vigencia: su artículo 129 declara de urgencia nacional la electrificación del país y reconoce un modelo de colaboración entre los estamentos estatales y la empresa privada. No plantea una disyuntiva entre mercado o Estado sino una alianza entre ambos.

La inversión eléctrica requiere horizontes de veinte o treinta años. Ningún inversionista compromete recursos de esa magnitud si percibe incertidumbre respecto de las reglas del juego. El capital puede convivir con el riesgo; lo que no tolera es la imprevisibilidad. Afortunadamente, Guatemala todavía tiene margen para actuar. Contamos con recursos renovables abundantes, experiencia acumulada y un sector privado con capacidad de inversión. La tarea no consiste en reinventar el modelo, sino en modernizarlo y prepararlo para las próximas décadas. Porque la mejor política energética no es la que reacciona ante una crisis, sino la que evita que esta ocurra.

EL ENEMIGO COMÚN

Guatemala necesita una estrategia nacional contra el crimen organizado, no otra guerra ideológica estéril

La reciente reunión entre Donald Trump y Lula da Silva dejó una lección política interesante. Dos líderes enfrentados ideológicamente encontraron un espacio de cooperación alrededor de un objetivo común: combatir el crimen organizado transnacional. Más allá de las diferencias sobre comercio o política exterior, ambos comprendieron algo esencial: enfrentar una amenaza sistémica exige coordinar esfuerzos antes que profundizar divisiones.

En Guatemala debemos tomar nota de ello. Nuestro principal enemigo nacional no es el adversario ideológico de turno. No es “la derecha” ni “la izquierda”; no son los empresarios, ni las ONG ni los medios. El verdadero enemigo del Estado de Derecho y del desarrollo es el crimen organizado en sus distintas manifestaciones: narcotráfico, pandillas, redes de extorsión y estructuras dedicadas al saqueo sistemático del Estado mediante corrupción y captura institucional.

El crimen organizado lo conforman estructuras permanentes y coordinadas, compuestas por individuos o grupos que, mediante violencia, intimidación o prácticas ilícitas en el aparato estatal, buscan obtener poder o beneficios ilícitos. El problema no se limita a las drogas o las armas. También incluye las redes que infiltran municipalidades, financian campañas, manipulan contrataciones públicas o capturan instituciones para garantizar impunidad. El objetivo final de estas estructuras no es solo enriquecerse: es controlar territorios, influir políticamente y debilitar la legalidad.

En años recientes se promovió maliciosamente la idea de que la principal amenaza para la política nacional provenía del financiamiento empresarial formal; sin embargo, las evidencias acumuladas —incluyendo investigaciones recientes sobre narcotráfico y caciques locales— sugieren que la fuerza más corrosiva para el sistema político proviene de las economías criminales asociadas al narcotráfico que no solo compran voluntades, sino que capturan territorios, roban elecciones y minan al Estado.

El asunto adquiere mayor relevancia con el nombramiento del nuevo Fiscal General. Más allá de simpatías o antipatías políticas, lo crucial es que las instituciones de seguridad y justicia funcionen con eficacia, independencia técnica, transparencia y coordinación. Lo que la ciudadanía, los inversionistas y la comunidad internacional observan no es la retórica ideológica, sino la capacidad real del Estado para garantizar certeza jurídica, combatir redes criminales y preservar el orden.

Existe, además, una coincidencia geopolítica que Guatemala debería aprovechar inteligentemente. El combate al crimen organizado constituye también una prioridad estratégica para Estados Unidos. Esa convergencia de intereses debería incentivarnos a convertir esta lucha en una política de Estado, respaldada por cooperación internacional, intercambio de inteligencia, fortalecimiento institucional y apoyo técnico.

Pero nada de eso será suficiente si el país continúa atrapado en guerras ideológicas mientras las estructuras criminales avanzan. El crimen organizado prospera cuando las sociedades se fragmentan, las élites se enfrentan entre sí y las instituciones se debilitan. Mientras tanto, el costo económico y social sigue creciendo: menor inversión, deterioro del clima de negocios, migración, y pérdida de confianza. Guatemala necesita una agenda mínima compartida que trascienda ciclos electorales, banderas partidarias y resentimientos ideológicos. Porque cuando un país no logra identificar correctamente a su verdadero enemigo, termina debilitándose a sí mismo mientras las mafias consolidan su poder.

EL ESPEJISMO DE LAS POSTULADORAS

No despolitizaron las designaciones: politizaron la academia

Hace unas semanas abordé las elecciones de segundo grado desde la óptica del riesgo-país. Hoy conviene mirarlas desde otro ángulo: el de las lecciones institucionales que están dejando. En 2026, Guatemala está renovando piezas clave de su arquitectura institucional —Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad, Ministerio Público y Contraloría—, procesos que, aunque indirectos, definen el funcionamiento efectivo del Estado de Derecho. Se trata de un ciclo concentrado de decisiones que reconfiguran el balance de poder.

La apuesta por el sistema que subyace a estos procesos —el de Comisiones de Postulación— fue, en su origen, ambiciosa: despolitizar las designaciones y elevar la calidad de los funcionarios. Hoy, a la luz de los hechos, hay que admitir que esa apuesta no ha cumplido sus objetivos. El problema de fondo es de diagnóstico, no de procedimiento. Se quiso eliminar la política de un proceso que es, por naturaleza, político. El resultado ha sido paradójico: no se despolitizaron las decisiones, sino que se trasladó la política —y, en muchos casos, sus peores prácticas— hacia espacios (la academia y los gremios profesionales) que no estaban diseñados para procesarla.

La evidencia es clara: los procesos mantienen formalidades —convocatorias, tablas de gradación, evaluaciones—, pero las decisiones relevantes suelen tomarse fuera de esos espacios. Persisten señales de captura, negociación previa y discrecionalidad, mientras que la transparencia, aunque mayor, no se traduce en rendición de cuentas efectiva. El resultado es un sistema que combina lo peor de dos mundos: ni asegura independencia ni garantiza responsabilidad. A diferencia de los políticos electos, los comisionados no rinden cuentas ante la ciudadanía. Y, a diferencia de sistemas abiertamente políticos, el proceso carece de mecanismos claros de responsabilidad por las decisiones tomadas.

Quisimos sacar la política por la puerta…
y regresó por la ventana, con toga académica.

Sería injusto ignorar los avances. En este ciclo se han cumplido plazos, ha habido participación amplia y observación relevante. Pero esos logros, siendo valiosos, no compensan los problemas estructurales: opacidad en decisiones clave, exclusión de perfiles idóneos y dudas persistentes sobre la calidad de las designaciones. La conclusión incómoda es que “el remedio salió peor que la enfermedad”. La solución de fondo —revertir el modelo constitucional y devolver la responsabilidad a autoridades electas, bajo esquemas de nombramientos escalonados y contrapesos— es conceptualmente sólida, pero políticamente compleja. Las democracias avanzadas no eliminan la política de estos procesos; la ordenan y la hacen responsable.

Mientras tanto, hay un espacio más realista de reforma. Si el sistema de postuladoras va a persistir, debe corregir sus incentivos. Eso implica, al menos, tres ajustes. Primero, reconocer explícitamente la naturaleza política del proceso: negarla solo la desplaza hacia la informalidad. Segundo, abandonar el formalismo vacío: la evaluación debe centrarse en mérito sustantivo —trayectoria, independencia, criterio— y no en acumulación mecánica de puntos. Tercero, mejorar la integración y operación de las comisiones: reglas claras de conflicto de interés, estándares mínimos para quienes participan y trazabilidad real de las decisiones.

En el fondo, el problema no es quién decide, sino bajo qué incentivos decide. Las elecciones de segundo grado de 2026 están dejando una lección que conviene no desaprovechar: las instituciones no se blindan sustituyendo actores, sino diseñando sistemas donde las decisiones correctas sean, también, las más convenientes para quienes las toman.

LA CLAVE DE LA PROSPERIDAD

Más allá de la estabilidad macro, el desafío es elevar la productividad del país

En una entrevista reciente me pidieron resumir, en una frase, la situación económica de Guatemala. Respondí recurriendo a una imagen que he utilizado en varias ocasiones: somos una economía con doble personalidad: una disciplinada —con estabilidad macroeconómica, inflación controlada y prudencia fiscal— convive con una rezagada —mediocre crecimiento, escasa inversión y productividad insuficiente. No es una metáfora caprichosa. Los datos lo confirman: fundamentos macroeconómicos razonablemente sólidos coexisten con un desempeño estructural gris. Crecemos, sí, pero no lo suficiente para cerrar brechas de ingreso ni para transformar sostenidamente las condiciones de vida de la mayoría. La pregunta relevante es, entonces, por qué no logramos traducir estabilidad en prosperidad. La respuesta —incómoda— es conocida: baja productividad sistémica.

En un reciente artículo, el Nobel de Economía Michael Spence retoma una idea central de la teoría del crecimiento: la prosperidad sostenida no surge del consumo, ni de los ciclos externos favorables, sino de aumentos en la productividad, impulsados por tres motores fundamentales: especialización, innovación y acceso a mercados amplios. Todo ello, facilitado por el comercio y por instituciones sólidas. Visto desde Guatemala, el contraste es evidente. Nuestra economía sigue dependiendo en exceso del consumo —particularmente de las remesas— y adolece de niveles persistentemente bajos de inversión. La innovación es incipiente, y aunque somos una economía relativamente abierta, no hemos logrado insertarnos plenamente en cadenas de valor dinámicas.

 Pero el punto más crítico —y menos comprendido en el debate público— es el institucional. La productividad no es solo un fenómeno tecnológico o empresarial; es, ante todo, un resultado sistémico. Depende del conjunto de reglas formales e informales que estructuran los incentivos (certeza jurídica, calidad regulatoria, funcionamiento de la justicia, eficiencia del Estado), que determinan si los recursos se asignan hacia actividades productivas o se diluyen en la informalidad, la captura o la ineficiencia. Sin instituciones que reduzcan la incertidumbre y premien la inversión, la productividad no despega. Esto tiene implicaciones que van más allá del diseño de políticas públicas. Supone también un cambio en el imaginario colectivo. Durante años hemos celebrado —con razón— la estabilidad macroeconómica. Pero hemos sido menos exigentes en materia de productividad. Quizá sea momento de ajustar prioridades.

Si el sector empresarial quiere crecer, su agenda no puede limitarse a defender la estabilidad macro; debe apostar más por la promoción del libre mercado y de la certeza jurídica, la reducción de barreras, la adopción tecnológica y el capital humano. Si la sociedad civil aspira a mayor inclusión, no basta con redistribuir: también debe promover condiciones para generar riqueza sostenida. Y si el Estado busca resultados duraderos, deberá asumir que las reformas institucionales —aunque complejas— son la única vía para elevar la productividad.

Los caminos son conocidos: simplificar trámites, digitalizar servicios públicos, fortalecer la justicia, invertir en infraestructura y profundizar la apertura comercial. Nada de esto es novedoso. Lo difícil, como siempre, ha sido hacerlo de forma consistente. La economía guatemalteca no carece de fortalezas, pero estas, por sí solas, no bastan. La estabilidad es necesaria, pero no suficiente. La prosperidad tiene una clave más exigente: elevar la productividad del sistema en su conjunto. Y eso, como sabemos, no ocurre por inercia.

ELECCIONES SECUNDARIAS Y RIESGO-PAÍS

La estabilidad macro depende, en última instancia, de la calidad institucional

En 2026 Guatemala vive una convergencia inédita de relevos en instituciones clave del Estado. El calendario político —que abarca la elección de magistrados de la CC y del TSE, Fiscal General, rector de la USAC, Contralor General, Presidente del Banco de Guatemala y Superintendente de Bancos, entre otros— reconfigurará el equilibrio institucional del país. No es un detalle procedimental: es un evento macroinstitucional.

Estos procesos, conocidos como “elecciones de segundo grado”, suelen estar rodeados de litigios, presiones corporativas, intentos de captura y polarización política. Este año, además, confluyen en pocos meses. La simultaneidad eleva la incertidumbre. Desde la perspectiva del riesgo-país, la preocupación no es ideológica; es técnica. Las calificadoras internacionales han advertido reiteradamente que los riesgos sociopolíticos se transmiten al crédito soberano por cuatro canales: gobernabilidad, cambios de política, desempeño económico y volatilidad financiera. América Latina ofrece ejemplos abundantes al respecto.

Cuando estos procesos de designación se judicializan en exceso, se retrasan o pierden credibilidad, el primer canal afectado es la gobernabilidad. Si, además, las nuevas autoridades electas llegan a generar dudas sobre su independencia técnica o su probidad, se activa el segundo: riesgo de cambios abruptos en políticas públicas o de debilitamiento institucional. El resultado suele ser una mayor prima de riesgo, menor inversión y menor crecimiento económico potencial.

El riesgo no es inmediato ni automático; es gradual y acumulativo, pero es real

Cierto es que Guatemala parte de fortalezas macroeconómicas innegables: deuda pública relativamente baja, estabilidad monetaria, reservas internacionales adecuadas. Pero no opera en el vacío. Su crecimiento ha sido relativamente modesto; su Congreso está fragmentado; la calidad legislativa es irregular; la justicia enfrenta cuestionamientos; la corrupción persiste como amenaza latente; el crimen organizado penetra en instituciones y territorios; el entorno internacional es más proteccionista y volátil que hace una década. Es decir, nuestros amortiguadores macro existen, pero nuestros cimientos institucionales no siempre son igual de sólidos.

En este contexto, la integración de la CC y del TSE afecta crucialmente la certeza jurídica y la estabilidad política futura. La designación del Fiscal General incide en la percepción de Estado de Derecho. La elección del Presidente del Banco de Guatemala y del Superintendente de Bancos no es un asunto corporativo; es una señal a los mercados sobre la continuidad de la disciplina monetaria y financiera. La Contraloría impacta la credibilidad fiscal. Cada pieza importa. Los mercados no reaccionan a discursos, sino a expectativas racionales sobre reglas. Si las reglas se perciben frágiles o capturables, el costo del financiamiento aumenta, incluso si las variables macro actuales lucen sanas. El riesgo no es inmediato ni automático; es gradual y acumulativo. Pero es real.

Por eso el llamado es sencillo: cordura, respeto a los plazos legales, transparencia en las postulaciones y criterios meritocráticos en las designaciones. No se trata de satisfacer a actores externos; se trata de preservar el activo más valioso que un país pequeño y abierto puede tener: credibilidad. Un fracaso en estos procesos no dañaría solo a las instituciones involucradas. Dañaría la reputación crediticia del país y, con ello, el clima de inversión, el crecimiento y el bienestar. La estabilidad macro se construye en los balances; la confianza, en las instituciones. 2026 no es solo un calendario político; es una prueba de madurez republicana.

TRÁFICO, PODER Y COORDINACIÓN

 El atasco capitalino es, ante todo, un problema de coordinación institucional

En la Ciudad de Guatemala ya no hay hora pico: el atasco no es un evento, sino un estado permanente. Recorrer 30 kilómetros puede tomar horas; a cualquier hora hay atascos. El problema es tan grave que la prestigiosa revista The Economist publicó recientemente un artículo sobre este grave problema en la urbe más grande de Centroamérica. Los costos son tangibles. Se estima que los guatemaltecos pierden alrededor de Q1,300 mensuales en productividad por congestión y que el impacto agregado ronda los US$4 mil millones al año. No hablamos solo de incomodidad, sino de competitividad, acceso a servicios, contaminación y oportunidades perdidas. El tiempo de traslado se convierte en un costo que perjudica el crecimiento.

En semanas recientes, algunas municipalidades y sectores empresariales han pedido al Gobierno acelerar la puesta en marcha de la Dirección de Infraestructura Prioritaria (DIPP) y ejecutar los recursos presupuestarios aprobados para obras estratégicas. Tienen razón en algo esencial: no es defendible que una entidad como la DIPP, creada para agilizar proyectos, arranque con tanta lentitud en un contexto de urgencia económica y social. Pero el Gobierno también señala una realidad incómoda: la infraestructura vial arrastra una historia de planificación débil, ejecución fragmentada y recurrente corrupción. Los grandes proyectos han sido, con frecuencia, sinónimo de sobrecostos, opacidad y litigios. La desconfianza no surge en el vacío.

El problema es que, mientras se discute sobre recursos y megaproyectos, el núcleo del desafío es, esencialmente, institucional. Es importante tener claro que en muchas megaciudades alrededor del mundo la congestión no obedece solo a falta de inversión, sino a una gobernanza fragmentada: autoridades superpuestas, escasa coordinación y ausencia de visión metropolitana. Donde no hay articulación, el transporte no conecta con la expansión urbana y las decisiones se contradicen.

La experiencia internacional demuestra que las ciudades que han ordenado su crecimiento no lo han hecho solo a fuerza de chequera, sino con arreglos institucionales claros. El caso de Tokio es un ejemplo de una autoridad metropolitana que coordina funciones estratégicas, mientras gobiernos locales gestionan servicios de proximidad bajo competencias bien delimitadas. La inversión importa, pero la arquitectura institucional es decisiva.

¿Qué hacer en Guatemala? Primero, poner en funcionamiento la DIPP sin más dilación, pero con estándares estrictos de transparencia y evaluación costo-beneficio. No basta ejecutar; hay que ejecutar bien. Segundo, el debate debe elevarse del plano político-partidario al plano metropolitano. El tráfico no reconoce fronteras municipales ni afinidades ideológicas. Una autoridad o mecanismo de coordinación metropolitana —con reglas claras, datos compartidos y planificación integrada de uso de suelo y transporte— es indispensable.

Tercero, entender que la solución no es exclusivamente vial. Transporte público eficiente, gestión inteligente del tráfico y ordenamiento territorial son más complejos que inaugurar pasos a desnivel, pero más rentables a largo plazo. Cuarto, fortalecer controles y profesionalización técnica para que la respuesta a la desconfianza no sea la parálisis.

El tráfico no es solo un problema de movilidad. Es un espejo de nuestra dificultad para coordinar y ejecutar políticas públicas en un entorno fragmentado. Mientras discutimos culpas, el reloj corre y los motores siguen encendidos. Destrabar la ciudad exige algo más que asfalto: exige reglas claras, cooperación y visión de largo plazo.

EN EL NUEVO ORDEN GLOBAL: MESA O MENÚ

                El orden económico global se fractura; Guatemala debe adaptarse...                sin traicionar principios

Durante décadas, países pequeños como Guatemala prosperaron —modestamente, pero con estabilidad— bajo un orden económico internacional relativamente predecible. No era perfecto ni plenamente justo, pero funcionaba lo suficiente como para permitirnos crecer, comerciar y atraer inversión sin tener que navegar un océano de incertidumbre. Ese mundo, nos guste o no, se está desvaneciendo.

El reciente discurso de. Primer ministro canadiense, Mark Carney, en el Foro de Davos fue notable por su crudeza. Carney no habló de una “transición”, sino de una ruptura del orden económico global. Y lanzó una advertencia tan cruda como certera: si no estamos en la mesa, estamos en el menú. Para países sin poder hegemónico, el margen de error es estrecho. Fingir que nada cambia —“vivir dentro de la mentira”, en palabras de Václav Havel— ya no es una opción. ¿Qué implica esto para Guatemala?

Primero, asumir la realidad con honestidad. El orden basado en reglas se debilita; el comercio entre países se ha convertido en instrumento de poder; y las grandes potencias usan aranceles, finanzas y cadenas de suministro como armas. En este contexto, la neutralidad pasiva no protege, y la complacencia no compra seguridad. Segundo, recurrir al pragmatismo sin abandonar los principios. Aquí el enfoque de Carney resulta especialmente valioso: realismo basado en valores. Para Guatemala, eso significa seguir defendiendo el Estado de Derecho, la democracia liberal y la economía de mercado, pero adaptando nuestra estrategia económica y comercial a un mundo más fragmentado y transaccional.

Tercero, fortalecer lo que controlamos puertas adentro. Instituciones sólidas, certeza jurídica, disciplina macroeconómica y un entorno propicio para la inversión privada siguen siendo nuestra primera línea de defensa. Sin más productividad, ni mejor capital humano ni reglas claras, no hay diversificación posible ni política exterior creíble. Cuarto —y aquí está el giro estratégico— diversificar con inteligencia. Estados Unidos seguirá siendo nuestro principal socio económico y político, pero conviene recordar un dato incómodo: el comercio exterior estadounidense representa apenas alrededor del 13% de las importaciones mundiales y cerca del 9% de las exportaciones globales. Apostarlo todo a un solo mercado, por cercano que sea, es una vulnerabilidad, no una virtud. 

Guatemala necesita ampliar su red de acuerdos comerciales y económicos

Guatemala necesita ampliar su red de acuerdos comerciales y económicos hacia Asia y otras regiones dinámicas: Japón, Singapur, Indonesia y la ASEAN en general, India, e incluso profundizar vínculos con economías afines que no generan fricciones innecesarias con Washington. Diversificar no es desafiar al hegemón; es gestionar riesgos. En ese marco, nuestra relación con Taiwán adquiere un valor estratégico aún mayor. Apostar por Taiwán —y no por China Popular— tiene costos y riesgos geopolíticos evidentes. Precisamente por eso, Guatemala debe procurar una relación económica más ambiciosa con la Isla: más compras, más inversión productiva, más encadenamientos reales. La lealtad estratégica también debe traducirse en beneficios económicos concretos.

Finalmente, Guatemala debe entender que, en este nuevo orden, negociar en solitario nos debilita. Unirse, pactar y coordinar con países de tamaño similar aumenta nuestra capacidad de resistencia y de influencia. No se trata de levantar muros, sino de construir redes. El viejo orden no va a volver. La nostalgia no es una estrategia. Pero con reformas internas, diversificación externa y una dosis saludable de realismo, Guatemala puede sentarse a la mesa… y evitar terminar en el menú.

CRECER EN LA INCERTIDUMBRE

La incertidumbre global no justifica la inacción interna: para crecer más, hay que hacer reformas

Guatemala —siendo una economía pequeña y abierta— no decide los precios internacionales, pero sí puede decidir con qué reglas los afronta. Y esa distinción, que a veces se pierde en medio del ruido geopolítico, es crucial para entender el desafío que hoy plantea el crecimiento económico. Venimos de una secuencia de shocks poco habituales: pandemia, disrupciones logísticas, inflación global y un endurecimiento monetario sincronizado. A ello se suma hoy un mundo más fragmentado, con tensiones geopolíticas crecientes, tentaciones proteccionistas y un “nuevo orden” cada vez menos regido por reglas claras. Para países como el nuestro, que viven de comerciar, atraer inversión y generar confianza, el entorno externo es todo menos cómodo.

Aun así, todo indica que la economía guatemalteca continuará creciendo a un ritmo constante, aunque relativamente moderado, similar al de las últimas décadas. El problema no es tanto ese crecimiento coyuntural, como su techo estructural. Desde hace décadas, el país crece más lento que muchos de sus pares en otras latitudes, invierte menos que sus vecinos y casi no mejora su productividad. Y lo más preocupante es que la agenda de reformas —la única capaz de elevar ese techo estructural— sigue siendo débil, fragmentada o postergada indefinidamente.

En materia de políticas macroeconómicas, el contraste es evidente. La política monetaria ha preservado su disciplina y credibilidad. Hay más dudas con las finanzas públicas que, aquí y en buena parte del mundo, se expanden aceleradamente a fuerza de endeudamiento. Esa expansión del gasto, el deterioro de la calidad presupuestaria y la ausencia de reglas fiscales claras contribuyen a reducir los márgenes de maniobra del Estado. Reequilibrar la combinación de políticas es impostergable: una consolidación fiscal creíble debe reconstruir amortiguadores, sin sacrificar inversión pública prioritaria ni gasto social efectivo. No hacerlo es hipotecar el futuro para comprar tranquilidad presente.

Pero el crecimiento no se decreta desde el presupuesto. Depende, sobre todo, de las instituciones. Mejorar la gobernanza —fortalecer el Estado de derecho, elevar la eficacia del gobierno y enfrentar con seriedad al crimen organizado— no es un lujo moral, sino una condición para un buen desempeño económico. Sin reglas claras y cumplimiento creíble, la inversión se retrae o se encarece. Impulsar la inversión privada requiere, además, mejorar el clima de negocios, fomentar la competencia y abrirnos más al comercio internacional, no cerrarnos tras aranceles que encarecen insumos y castigan productividad. La inversión pública, por su parte, debe ser mejor ejecutada, más transparente y orientada a cerrar brechas reales, no a multiplicar proyectos políticamente rentables pero económicamente estériles.

Finalmente, crear empleos formales y elevar la productividad exige enfrentar la informalidad y modernizar el mercado laboral, incluso para adaptarse a tecnologías como la inteligencia artificial. Proteger el empleo del pasado no garantiza el empleo del futuro. Nada de esto ocurrirá si la clase política sigue atrapada en el cortoplacismo electoral. Las reformas que generan crecimiento no suelen dar réditos inmediatos, pero sí evitan el círculo vicioso de bajo crecimiento, frustración social y populismo. La incertidumbre global no es excusa para postergar reformas. Al contrario: es cuando el mundo se vuelve más incierto que las reglas internas deben volverse más sólidas. Guatemala no controla el nuevo orden mundial, pero sí puede decidir si quiere crecer dentro de él… o resignarse a padecerlo.

PROPIEDAD, INSTITUCIONES Y DESARROLLO REAL

Los derechos de propiedad solo rinden si están protegidos por un marco institucional efectivo

En el reciente evento organizado por el Observatorio de Derechos de Propiedad, tuvimos el privilegio de dialogar con el economista peruano Hernando De Soto, fundador del Instituto para la Libertad y la Democracia, y con Lorenzo Montanari, director ejecutivo de la Property Rights Alliance. Del encuentro pueden derivarse importantes lecciones en torno a un tema central para el desarrollo del país y el ordenamiento del Estado: la relación entre los derechos de propiedad y el fortalecimiento institucional. De Soto ha recordado durante décadas que muchos países en desarrollo están llenos de activos que no “existen” legalmente: viviendas, parcelas, talleres, negocios familiares sin títulos formales. Son —en sus palabras— capitales muertos, riquezas que no pueden servir de garantía, que no se pueden vender ni invertir y que, por tanto, permanecen improductivas.

Montanari presentó el Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2025, en el que Guatemala aparece rezagada en casi todos sus componentes: entorno legal, derechos de propiedad física, protección de la propiedad intelectual y capacidad del Estado para hacer cumplir la ley. Ese rezago no es una simple estadística: se traduce en menor inversión, baja productividad y escasa movilidad social. Los países con instituciones sólidas que garantizan la propiedad tienden a registrar también mayor innovación, menor desigualdad y más oportunidades reales de progreso para sus ciudadanos

Los derechos de propiedad son herramientas esenciales para el desarrollo económico. Saber que lo que uno posee está protegido permite asumir riesgos, emprender, e innovar. En cambio, la incertidumbre sobre la tenencia, la lentitud judicial o la arbitrariedad administrativa generan desconfianza, informalidad y pobreza. Desde una óptica liberal, la propiedad es el punto de partida de la responsabilidad individual y del dinamismo productivo.  Su protección requiere de instituciones capaces de hacer operativa la ley. No se trata de aprobar más normas, sino de lograr que los registros funcionen, los jueces resuelvan con rapidez y las reglas no cambien según el capricho político.

En este contexto, el fortalecimiento institucional resulta clave. El Ejecutivo debe modernizar los registros, digitalizar trámites y reducir burocracia para facilitar la formalización y la transabilidad de los activos. El Organismo Judicial necesita tribunales especializados, independientes y ágiles que garanticen la certeza jurídica. Y el Legislativo debe aprobar un marco estable y previsible que resista la tentación populista de debilitar la propiedad privada.

En la práctica, Guatemala podría avanzar mediante la formalización de activos con programas que combinen titulación, interoperabilidad de registros y acceso al crédito; mediante la medición del desempeño institucional: tiempos registrales, eficacia judicial y capacidad del sistema para convertir títulos en capital transable; y, mediante la promoción de la transabilidad real de los bienes, porque solo cuando la propiedad puede usarse, venderse o servir de colateral se convierte en motor de desarrollo.

El desafío no es solo técnico; es político e institucional. La protección de los derechos de propiedad debe ser una política de Estado, pues donde hay certeza jurídica florecen la inversión, el ahorro y la innovación. Guatemala tiene una gran reserva de capital dormido que solo despertará si el Estado garantiza derechos de propiedad claros, defendibles y transables. La prosperidad no surge de decretos, sino de la certeza de saberse dueño de lo propio y de poder usarlo para construir futuro.

¿A UN PASO DEL GRADO DE INVERSIÓN?

Estamos cerca del grado de inversión, pero aún pesan mucho las debilidades institucionales

La reciente decisión de Fitch Ratings de elevar la calificación soberana de Guatemala a BB+ con perspectiva estable es, sin duda, una buena noticia para el país. Con ello, esta calificadora equipara su nota con la que ya otorgaban, desde meses atrás, las otras calificadoras relevantes (Moody’s y Standard & Poor’s), colocando al país a solo un peldaño del ansiado grado de inversión. Pero conviene no exagerar en la celebración: llegar a ese grado será muy difícil, y mantener lo logrado exigirá prudencia.

Fitch justifica su decisión de mejorar la calificación del país en la solidez macroeconómica, el bajo endeudamiento público —25 % del PIB, el menor de América Latina—, la estabilidad de precios y el superávit externo respaldado por reservas monetarias internacionales récord. Coincide con Moody’s y S&P en destacar la ortodoxia de las políticas fiscal y monetaria, el papel estabilizador de las remesas familiares y la resiliencia del sistema bancario. Guatemala sigue siendo, en el vecindario, un país fiscalmente responsable y monetariamente predecible.

Sin embargo, las tres agencias calificadoras coinciden en advertir los mismos riesgos: el creciente déficit fiscal, la debilidad institucional y la pobreza persistente. El déficit del gobierno central, que en 2024 fue apenas de 1 % del PIB, se proyecta que podría más que duplicarse hasta alcanzar el 3.5% del PIB para 2026, impulsado por elevados presupuestos que, en teoría, deberían destinarse a mayor gasto social e infraestructura, pero que en la práctica se diluyen en gastos opacos y poco efectivos. Mientras tanto, la escasa capacidad de ejecución, la falta de prioridades claras y las rigideces estructurales del presupuesto resultan incompatibles con un Estado que pretenda financiar bienes públicos de calidad sin comprometer la estabilidad fiscal.

Las calificadoras son claras: para alcanzar el grado de inversión no basta con una macroeconomía ordenada. Hace falta un entorno de gobernanza sólida, certeza jurídica y Estado de Derecho efectivo. Guatemala puntúa apenas en el percentil 27 del índice mundial de gobernanza del Banco Mundial, con niveles preocupantemente bajos en los subíndices que miden el Estado de Derecho, el control de la corrupción y la efectividad gubernamental. Dicho de otra forma: el principal obstáculo para la mejora de la calificación del país ya no es macroeconómico, sino institucional y político.

La paradoja es evidente: el país exhibe fortalezas que muchos vecinos envidiarían —estabilidad, deuda baja, inflación contenida—, pero no logra convertirlas en crecimiento más rápido ni en mejores oportunidades para su población. La productividad (que es el factor clave de la prosperidad) está estancada porque las maltrechas instituciones no generan confianza ni incentivan la inversión privada de largo plazo. Sin reformas sustantivas al sistema de justicia, al servicio civil, a la administración pública y al sistema electoral y de partidos políticos, difícilmente se reducirá esa brecha.

Obtener el grado de inversión sería mucho más que un galardón simbólico. Significaría crédito más barato, mayor inversión extranjera y acceso a nuevos mercados financieros. Pero, como se deduce de la opinión de las calificadoras, solo un esfuerzo nacional sostenido, que combine prudencia macroeconómica con fortalecimiento institucional, podrá llevarnos hasta allí. No es fácil, pero tampoco imposible. Se requiere conciencia y visión de todos los estamentos para lograrlo. Lo importante es entender que el verdadero riesgo de Guatemala no está en sus cifras económicas, sino en su política.

UN ÁRBITRO TÉCNICO PARA EL CONGRESO

Sin un análisis fiscal independiente, el Congreso legisla en la oscuridad y compromete el futuro

En el Congreso se legisla demasiado a ciegas: se aprueban leyes, ampliaciones y transferencias millonarias sin que exista un análisis técnico independiente que mida su impacto sobre la sostenibilidad fiscal del país. Las consecuencias son graves: compromisos ocultos, déficits crecientes y decisiones clientelares que hipotecan el futuro. En los últimos años, el Legislativo ha multiplicado los decretos que asignan fondos a entidades y programas sin respaldo técnico ni evaluación del gasto. Los ejemplos abundan: aportes extraordinarios a Consejos de Desarrollo, transferencias a municipalidades sin planes de ejecución y subsidios de dudoso impacto económico. Cada quetzal aprobado así, es un paso más hacia la opacidad y la pérdida de disciplina fiscal.

A diferencia de tal precariedad, el Congreso de los Estados Unidos -por ejemplo- cuenta desde 1974 con la Congressional Budget Office (CBO), una oficina técnica y no partidista creada precisamente para evitar que la política destruya la aritmética. La CBO estima el costo real de cada ley que se discute, proyecta los ingresos y gastos del gobierno a diez años y analiza el efecto de las decisiones legislativas sobre el déficit y la deuda. Su credibilidad es tal que ningún partido se atreve a ignorar sus cálculos. No dicta política. sino pone sobre la mesa los números; pero eso basta para ordenar el debate. Si una propuesta tiene un impacto fiscal insostenible, la CBO lo advierte y los legisladores deben ajustarla o justificar su costo. Su transparencia e independencia técnica son el mejor antídoto contra el populismo presupuestario. 

El contraste con Guatemala es evidente. Aquí, ninguna comisión de trabajo del Congreso tiene ese rol técnico, ni el personal especializado, ni los modelos de proyección y de información completa. No existe la práctica obligatoria de acompañar cada iniciativa con un estudio de impacto fiscal. En la práctica, los diputados deciden sobre miles de millones de quetzales sin saber cuánto cuestan sus decisiones ni cómo se financiarán.

Esa debilidad institucional amenaza nuestra estabilidad macroeconómica. Lo que empezó como excepciones “temporales” —asignaciones extraordinarias, fondos discrecionales, ampliaciones de última hora— se ha vuelto la norma. Los recursos públicos se reparten según afinidades políticas, no conforme a prioridades nacionales. Y mientras tanto, la deuda pública crece y los incentivos para gastar sin control se multiplican.

El Congreso necesita su propio órgano técnico de análisis fiscal: una oficina independiente, integrada por economistas y especialistas en finanzas públicas, con mandato legal y autonomía suficiente para emitir análisis imparciales sobre toda iniciativa que implique gasto, exoneraciones o deuda. Su creación requeriría una reforma institucional seria, pero sería una de las más trascendentes en décadas. Esa oficina —una suerte de CBO guatemalteca— debería tener tres virtudes: independencia frente a los partidos, estabilidad presupuestaria y transparencia metodológica. Sus informes deberían ser públicos, con supuestos claros y cálculos replicables, a fin de ganarse la confianza ciudadana y convertirse en árbitro creíble entre el entusiasmo político y la prudencia fiscal.

Modernizar la forma en que el Congreso analiza, aprueba y fiscaliza el presupuesto es una necesidad urgente. Sin una brújula técnica que ponga límites al desorden, el país seguirá condenado a repetir el ciclo de improvisación y despilfarro que cada año erosiona la estabilidad conquistada con tanto esfuerzo. No se puede seguir legislando sin saber cuánto cuesta hacerlo.

UNA PIEZA EN EL ROMPECABEZAS ANTICORRUPCIÓN

Una nueva Secretaría de Integridad Pública sería muy positiva, pero solo apenas un primer paso 

Hace unos días, el Presidente Arévalo anunció una iniciativa para crear una Secretaría de Integridad Pública en sustitución de la Comisión Nacional contra la Corrupción. La propuesta de ley busca fortalecer la transparencia y la coordinación de las políticas anticorrupción desde la Presidencia. La iniciativa merece una valoración positiva: es un gesto político relevante, un reconocimiento de que la corrupción sigue siendo un problema central para el desarrollo y una señal de que el Ejecutivo quiere relanzar el tema.

Sin embargo, si algo enseñan la experiencia internacional y la literatura especializada, es que una nueva secretaría, por sí sola, difícilmente transformará la realidad. Por ejemplo, el reciente libro “La corrupción bajo una nueva lupa” (de Carroll Ríos, David Casasola y José Gálvez), ofrece un enfoque claro: la corrupción no es solo un asunto moral o de voluntad política, sino un fenómeno sistémico que responde a incentivos, estructuras institucionales y niveles de impunidad. Su combate exige un conjunto de medidas más amplio y sostenido.

Entre las lecciones más importantes que aporta el libro destacan cuatro. La primera es la profesionalización del servicio civil: donde los cargos públicos siguen siendo botín partidario, la corrupción florece. Guatemala necesita un sistema meritocrático que premie la capacidad y reduzca la dependencia de padrinos políticos. La segunda es la digitalización de la gestión pública y de las contrataciones: plataformas abiertas y en tiempo real (como las que ya funcionan en Chile o México) reducen la discrecionalidad y permiten la fiscalización ciudadana en cada etapa del gasto.

La tercera es la reducción de la discrecionalidad política en la asignación de recursos (especialmente en los fondos y transferencias donde hay espacios propicios para el clientelismo), adoptando una distribución con criterios técnicos, transparencia total y auditorías externas. La cuarta es el fortalecimiento de la justicia: el factor disuasivo central no es la severidad de las penas, sino la certeza de castigo. Si las investigaciones no prosperan en tribunales independientes y eficaces, la corrupción seguirá siendo un negocio rentable.

A estas dimensiones se suma un aspecto crucial: el papel de las entidades fiscalizadoras superiores. En Guatemala, la Contraloría General de Cuentas debería ser el verdadero freno institucional contra el despilfarro y la captura de recursos públicos. Hoy, sin embargo, la CGC carga con la percepción de ser un ente burocrático, lento y politizado. Transformarla en una institución independiente, profesional y tecnológicamente avanzada es quizás la reforma más urgente del sistema anticorrupción. Eso implica mejorar la forma en que el Contralor es electo; que las auditorías se realicen en tiempo real; y que los hallazgos se traduzcan en procesos judiciales y en información accesible a la ciudadanía. 

Una Secretaría de Integridad puede llegar a ser una pieza positiva en este rompecabezas, pero no debemos sobrestimar su alcance. Si queremos pasar de los gestos a los resultados, la prioridad está en reformar los sistemas que generan los incentivos equivocados y en fortalecer las instituciones que pueden sancionar efectivamente. Celebramos la intención presidencial, pero recordemos que la verdadera lucha contra la corrupción también requiere reformas estructurales. Una secretaría puede coordinar, pero el corazón de la integridad pública está en la profesionalización, la digitalización, la justicia independiente y, sobre todo, en una Contraloría independiente, profesional y con dientes de acero.

PUERTOS: LA GRAN REFORMA PENDIENTE

Los puertos son una llave de su competitividad futura del país: se necesita una reforma integral

La infraestructura portuaria es, para un país pequeño y abierto como Guatemala, mucho más que un asunto técnico: es un eslabón crítico que conecta nuestra economía con el mundo. No obstante, el sistema portuario nacional funciona hoy con leyes incompletas, gobernanzas fragmentadas y limitaciones que frenan tanto la eficiencia operativa como la atracción de inversión. El reciente Summit de Infraestructura: Puertos para el Desarrollo -en el que participé como panelista- volvió a poner sobre la mesa la urgencia de una reforma legal integral.

Actualmente, en el Congreso se discuten dos iniciativas de ley para rediseñar el sistema portuario nacional: una presentada por el Ejecutivo y otra por una diputada que preside la Comisión de Comunicaciones e Infraestructura. Ambas iniciativas contienen elementos valiosos, pero también carencias y vacíos. Lejos de ser contrapuestas, deberían entenderse como complementarias: la tarea clave del parlamento es articular lo mejor de cada una en un marco normativo coherente.

En mi participación en el panel sobre certeza jurídica y autoridad para el desarrollo portuario destaqué cinco desafíos que el Congreso debe superar si quiere aprobar una buena ley. El primero es no legislar con precipitación: la ley de la Autoridad Portuaria aprobada el año pasado dio al Ejecutivo 120 días para presentar un proyecto integral, pero el Congreso no está sujeto a plazos. Es preferible tomarse un tiempo prudencial, escuchar a expertos y aprender de las mejores prácticas internacionales. El segundo desafío es diferenciar con claridad los problemas de corto plazo —dragado, mantenimiento de muelles y rompeolas— de los retos de largo plazo –como ordenar la institucionalidad y habilitar nuevas inversiones—.

Para atender los problemas de corto plazo habría que identificar las “cirugías legales” que deben practicarse a las leyes orgánicas de las portuarias existentes para destrabar operaciones. Pero para los asuntos de mediano y largo plazo se requiere de una reforma integral que otorgue certeza jurídica, ordene la estrategia nacional en materia portuaria, establezca una autoridad rectora técnica y autónoma, y defina mecanismos claros de financiamiento, fiscalización y participación privada. Esa visión coincide con lo que los mejores marcos legales a nivel internacional establecen para el funcionamiento de un sistema portuario eficiente: institucionalidad robusta, gobernanza con contrapesos, reglas claras para concesiones y alianzas público-privadas, todo ello contemplando un régimen de transición ordenado del viejo sistema hacia el nuevo modelo de desarrollo portuario.

La discusión de la reforma portuaria debería asumirse como un asunto de Estado

Conviene recordar que las leyes no son instrumentos de gestión operativa; son marcos de actuación. La gestión recae en las juntas directivas y en las autoridades portuarias. Por ello, la ley debe ser lo suficientemente clara para habilitar soluciones y dar certeza jurídica, pero no tan detallada que intente administrar la cosa pública desde el Legislativo. Lo fundamental es que fije los objetivos estratégicos, los equilibrios institucionales y los incentivos correctos.

La discusión de la reforma portuaria debería asumirse como un asunto de Estado. Guatemala necesita dejar de lado las banderas partidarias y construir consensos amplios para una reforma de largo plazo que modernice nuestros puertos, los convierta en verdaderas plataformas logísticas regionales y libere el potencial competitivo del país. La oportunidad está servida: o seguimos remendando con soluciones de coyuntura, o apostamos de una vez por esta gran reforma pendiente.

NO HAY GASTO MÁGICO SIN INSTITUCIONES FUERTES

Intentar acelerar obras sin reformar el Estado es como inyectarle aire a un globo pinchado

La semana pasada participé en un programa radial de opinión en el que discutimos la situación del gasto del gobierno, incluyendo su transparencia, velocidad y calidad de ejecución. En la entrevista insistí en la idea de que incrementar el gasto público en infraestructura solo impulsará el desarrollo si el aparato estatal está a la altura del desafío. Los datos lo confirman: aunque al primer semestre de 2025 el gobierno alcanzó una ejecución presupuestaria superior a la de los dos gobiernos anteriores en el mismo periodo, ese aumento no se tradujo en inversión real: solo se ejecutó el 30.1% del gasto de inversión. La inversión pública no despega mientras el gasto de funcionamiento absorbe más del 70% del gasto ejecutado.

Es cierto que existen razones legítimas que explican por qué al gobierno le cuesta ejecutar su presupuesto; pero reconocerlas no significa claudicar del compromiso de mejorar la calidad y cantidad de los servicios públicos. El lento ritmo del gasto refleja la persistencia de tres lastres: corrupción enquistada en el aparato estatal, un servicio civil con escasa capacidad y sin incentivos adecuados, y funcionarios paralizados por el temor a una justicia disfuncional y politizada. La tentación de buscar “atajos” para tratar de superar esos obstáculos –como la iniciativa de “Ley de agilización de la inversión pública”— es fuerte, pero equivale a renunciar a reformar los problemas de fondo. Ese es el riesgo: sacrificar la esperanza de una transformación duradera del aparato estatal en nombre de resultados inmediatos que, sin una institucionalidad sólida, nunca llegan a realizarse o, simplemente, se dilapidan.

"No basta simplemente con hinchar el presupuesto del Estado"

Y es que no basta simplemente con hinchar el presupuesto del Estado. Aquí aplica el viejo axioma neoclásico: si la cadena productiva es defectuosa, meter más insumos solamente genera más desperdicio. En el océano de gastos que atraviesa nuestro Estado, sin controles, sin capacitación, sin incentivos y sin supervisión, el dinero se evapora o se convierte en obras incompletas, sobrevaloradas o fuera de tiempo.

Existen, empero, algunas salidas pragmáticas que podrían explorarse para acelerar el gasto y mejorar su calidad sin recurrir a atajos simplistas. A corto plazo, como lo planteamos en una columna anterior, es factible crear fondos específicos de propósito especial enfocados en temas clave (infraestructura, electrificación, nutrición) y diseñados con una gobernanza ágil, transparente y responsable. Esa arquitectura aislaría proyectos estratégicos del ruido burocrático que los retrasa o desvirtúa. También es viable acudir a convenios con actores internacionales —como el acuerdo al que llegó el gobierno con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. para rescatar la actividad portuaria en la Costa Sur— que permitan apalancar capacidades externas y sistemas con resultados probados.

La clave de un gasto público más eficaz está más bien en las reformas estructurales que el país demanda desde hace años: fortalecer el servicio civil, profesionalizar la supervisión de obra pública, modernizar el sistema de contrataciones e institucionalizar la transparencia y rendición de cuentas. Estas reformas no son políticamente fáciles ni ofrecen réditos inmediatos, pero son imprescindibles y eficaces. Hoy, la administración electa por su promesa de cambio y combate a la corrupción enfrenta una encrucijada: tomar el camino fácil del atajo con fines electoreros, o apostar por una reforma con visión de Estado. De lo que decida dependerá si el gasto público deja de ser un globo pinchado y se convierte en trampolín de desarrollo real.

LAS REGLAS DEL JUEGO SÍ IMPORTAN

 Las inversiones no llegan por decreto: se construyen con certeza, instituciones y visión de largo plazo

La semana pasada participé como panelista en un foro organizado por FUNDESA sobre los habilitadores para atraer inversión extranjera directa a Guatemala. Fue una oportunidad valiosa para reflexionar, desde la perspectiva del entorno institucional, sobre por qué Guatemala no crece más rápido, ni recibe los flujos de inversión que su ubicación y estabilidad merecerían. En el panel me tocó comentar dos aspectos clave para la generación de inversiones: el estado de nuestro sistema de justicia y la calidad de nuestras políticas públicas; dos temas que suelen estar en la última página del PowerPoint, pero que deberían ocupar la primera.

Empecemos por lo primero. La inversión, tanto nacional como extranjera, es un acto de confianza. Y esa confianza depende, en buena medida, de la existencia de un sistema de justicia independiente e imparcial, pronta y cumplida, profesional y eficiente. Sin certeza jurídica, no es posible que se produzca una inversión sostenida. Y sin inversión, no hay desarrollo económico ni generación de empleo. No se trata únicamente de combatir la corrupción o despolitizar el sistema. Se trata de rediseñar su arquitectura institucional: de garantizar independencia mediante una mejora sólida y precisa de la forma en que se eligen y permanecen los jueces; de asegurar su profesionalismo con una verdadera carrera judicial; y de blindar al sistema contra capturas e injerencias por parte de grupos de interés externos.

Sin embargo, una reforma estructural puede tomar tiempo en llegar; en el ínterin, urge fortalecer mecanismos alternativos de solución de controversias. Al respecto, existen esfuerzos que han venido promoviendo una reforma integral a la Ley de Arbitraje. Esta modernización se enfoca en adoptar estándares internacionales, acortar los tiempos de resolución de disputas y ofrecer un canal confiable, ágil y menos politizado para resolver conflictos mercantiles y de otra índole. El Organismo Judicial ha manifestado su anuencia para respaldar una iniciativa para reformar y modernizar la vía del arbitraje para la resolución de disputas, lo cual es alentador. Ello no solo contribuirá a descongestionar los tribunales ordinarios, sino que puede enviar una señal positiva a los inversionistas de que en Guatemala hay voluntad de modernizar las reglas del juego.

La inversión no ocurre por decreto. Se construye sobre confianza y reglas claras

Pero no basta con reformar leyes. También es indispensable que las políticas públicas —las decisiones cotidianas del Estado— estén alineadas con los principios de transparencia, participación y responsabilidad institucional. Hoy en día, muchas decisiones públicas en Guatemala aún se toman bajo lógicas clientelares, con escasa planificación, débil rendición de cuentas y mínima evaluación de resultados. Eso limita tanto la calidad del gasto como la efectividad de las inversiones públicas. La inversión no ocurre por decreto. Se construye sobre confianza, instituciones funcionales, reglas claras y una visión de largo plazo. Como lo han reiterado expertos y agencias calificadoras: la debilidad estructural de Guatemala no es macroeconómica, sino institucional.

Si queremos atraer inversión que transforme, necesitamos un Estado que funcione. Y para ello, se requiere algo más que promesas: se necesita continuidad en las reformas, voluntad política para enfrentar intereses enquistados y una ciudadanía que exija resultados. Guatemala tiene potencial. Pero el potencial no basta: hay que liberar su energía productiva con las reglas correctas, instituciones fuertes y una brújula de largo plazo. De eso se trata, al final, la inversión: de apostar por un país donde valga la pena quedarse.

ENTRE RISAS Y REZAGOS

Guatemala sonríe más de lo que progresa… y eso debería preocuparnos

En semanas anteriores, mientras el país celebraba la clasificación de la selección de fútbol a la siguiente ronda, pasaron relativamente desapercibidas dos publicaciones que nos confrontan con una realidad menos festiva. Se trata del más reciente Reporte de Felicidad Mundial y del nuevo Índice de Desarrollo Humano (IDH), que contienen datos reveladores sobre Guatemala y —más allá de su interés técnico— ofrecen pistas valiosas sobre las prioridades que deberíamos adoptar como sociedad.

El primero evalúa el nivel de satisfacción con la vida en 146 países, con base en una encuesta que se realiza a nivel global. Guatemala ocupa el puesto 44 a nivel mundial, y el noveno en América Latina, superada por países como Costa Rica, México y Uruguay. Aunque seguimos ubicados por encima de la media global, lo cierto es que en apenas cuatro años descendimos 14 posiciones, desde el lugar 30 en 2021.

Resulta llamativo que, a pesar de los bajos niveles de ingreso, seguridad o escolaridad, los guatemaltecos seguimos reportando una vida razonablemente satisfactoria. Esto se explica, en parte, por nuestras sólidas redes familiares y comunitarias: comemos juntos, ayudamos al vecino, donamos generosamente. De hecho, Guatemala aparece en el lugar 20 en el subíndice de donaciones. Pero cuando se trata de confiar en extraños, policías o instituciones, nos hundimos al fondo: puesto 127. Esa mezcla de calidez interpersonal y desconfianza estructural es, sin duda, muy chapina.

El segundo informe, el IDH, mide aspectos más tangibles: esperanza de vida, escolaridad y nivel de ingresos. Guatemala aparece en la posición 137 de 193 países, apenas dos puestos mejor que el año anterior. Estamos entre los rezagados de América Latina, por delante solo de Honduras y Haití. Aunque ha habido progreso desde los años noventa, hoy el avance está estancado. Y si se ajusta por desigualdad, nuestro índice cae una cuarta parte.

Somos felices para nuestro ingreso, pero pobres para nuestro nivel de optimismo

En resumen: somos felices para nuestro ingreso, pero pobres para nuestro nivel de optimismo. Esta paradoja chapina se sintetiza en una frase: sonreímos mucho, pero progresamos poco. Una paradoja que debería alarmarnos pues, si no hacemos algo, podríamos quedarnos atrapados en esa cómoda pero engañosa sensación de optimismo.

Ambos índices apuntan a los mismos nudos: baja inversión en capital humano, servicios públicos de mala calidad y un entorno institucional que genera mucha desconfianza. Romper esa trampa requiere más que crecimiento económico: exige que el Estado invierta mejor en su gente. Tres áreas son prioritarias. Primero, nutrición y primera infancia: se debe duplicar la inversión en los primeros mil días, pues un niño bien nutrido aprende más, gana más y vive mejor. Segundo, educación de calidad: hay que dejar de contar aulas y comenzar a medir aprendizajes, mejorar capacidades docentes, formación continua y evaluaciones serias. Tercero, confianza institucional: cuando las reglas se cumplen y la ley se aplica, florecen la economía y el bienestar.

En la columna anterior destacamos la resiliencia de nuestra economía, pero esa resiliencia no basta si el progreso no se traduce en vidas más largas, más educadas y plenas. No basta con tener amortiguadores macroeconómicos si seguimos condenando a la gente a la informalidad, la malnutrición o la desconfianza crónica. Guatemala se caracteriza porque su gente quiere salir adelante, confía en su círculo cercano, y enfrenta la adversidad con una sonrisa. Pero hace falta que esa sonrisa venga acompañada de capacidades reales y oportunidades efectivas. Solo entonces seremos, al mismo tiempo, felices y desarrollados.

NAVEGAR EN AGUAS TURBULENTAS

 Guatemala debe reforzar sus amortiguadores macroeconómicos ante el nuevo entorno global incierto

El nuevo episodio de proteccionismo global, exacerbado por el gobierno de Estados Unidos, ha sumido a la economía mundial en aguas agitadas. Con aranceles que alcanzan máximos en los últimos cien años —y con reacciones negativas en los mercados de acciones, bonos y divisas—, el entorno global se ha tornado volátil y riesgoso. La OMC advierte que el volumen del comercio mundial podría contraerse este año; el Banco Mundial y el FMI han recortado sus previsiones de crecimiento global; y la inflación, lejos de disiparse, podría repuntar como efecto colateral de los aranceles. La advertencia es clara: estamos navegando un ciclo de creciente incertidumbre internacional.

Guatemala, aunque relativamente blindada y resiliente, no está exenta de riesgos ante esta turbulencia. Nuestras exportaciones hacia los Estados Unidos —que representan más del 30% del total— podrían perder competitividad frente a países como México, que quedó exento del arancel base del 10%. Ya se reportan cancelaciones de pedidos para productos agrícolas clave como frutas y vegetales. Además, un menor crecimiento en los Estados Unidos podría ralentizar el envío de remesas —nuestro principal sostén externo— y generar presiones sobre el tipo de cambio. En este contexto, la primera línea de defensa es nuestra política macroeconómica.

La buena noticia es que no partimos de cero. Contamos con amortiguadores que es menester preservar: una baja deuda pública, un déficit fiscal moderado, un tipo de cambio estable, superávit en la balanza de pagos y un nivel vigoroso de reservas monetarias internacionales. Pero estos colchones no son inmutables. Para mantenerlos, se requiere prudencia sostenida en la política fiscal y disciplina en la política monetaria. No es momento para aventuras fiscales (como la de seguirse endeudando solo para aumentar el gasto público ineficiente), ni para intervencionismos cambiarios. Los errores en estas áreas no se notan de inmediato… pero cuando lo hacen, ya suele ser tarde para corregirlos sin dolor.

La segunda acción es política: urge tomar la iniciativa y sentarse a negociar con los Estados Unidos. El gobierno norteamericano ha señalado formalmente ciertas prácticas administrativas guatemaltecas que considera "desleales". En lugar de caer en la tentación de la confrontación ideológica, convendría ofrecer mejoras regulatorias e institucionales a cambio de un trato arancelario preferencial. No sería la primera vez que corregir una deficiencia interna nos abre una puerta externa. Y en el proceso, se fortalecería nuestra institucionalidad pública.

"Requiere prudencia sostenida en la política fiscal y disciplina en la política monetaria"

Pero quizá lo más importante es mirar más allá de la tormenta coyuntural. Esta crisis debería ser el detonante para retomar una agenda de reformas estructurales que hemos postergado por demasiado tiempo. Mejorar la productividad sistémica requiere inversión en infraestructura, educación, conectividad y tecnología, pero también un Estado funcional, con instituciones confiables, reglas claras y justicia efectiva. La más reciente misión del FMI lo dejó entrever: la estabilidad económica guatemalteca es valiosa, pero necesita ser acompañada por una mejora sustancial en la calidad del gasto público y la gobernanza.

La historia lo ha demostrado: los países que emergen fortalecidos de las crisis no son los que se refugian en la inercia, sino los que las aprovechan para reformar y construir. Guatemala ha demostrado resiliencia. Pero resistir no basta. Ni se trata solo de capear el temporal: se trata de aprovechar la tormenta para corregir el rumbo, a fin de salir de ella más robustos y resilientes.

CENTROAMÉRICA: EL SANTO GRIAL DE LA INVERSIÓN

Si Guatemala y El Salvador no logran generar más inversiones, su crecimiento seguirá siendo modesto

En Centroamérica la inversión —es decir, el gasto en infraestructura, planta y equipo para producir más y mejor— se ha convertido en una especie de Santo Grial: todos la buscan, la veneran, pero pocos la encuentran. Los números no mienten: ni Guatemala ni El Salvador logran generar ni atraer suficiente inversión para sostener un crecimiento robusto. Ambos países, con fortalezas evidentes —estabilidad macroeconómica en Guatemala, mejoras en seguridad e infraestructura en El Salvador— siguen exhibiendo tasas de inversión crónicamente bajas.

La inversión —la parte del PIB que no se consume, sino que se transforma en capital productivo— permanece anémica en nuestros países. En Guatemala, ronda el 15% del PIB; en El Salvador, la cifra es similar. Son porcentajes que nos condenan a un crecimiento mediocre, a una economía que no despega y a una generación de empleo insuficiente. Y mientras nosotros seguimos en el letargo, Nicaragua y Costa Rica, dos vecinos con perfiles muy distintos, sí logran atraer flujos de capital importantes. El año pasado, Guatemala atrajo apenas US$1.6 millardos de inversión extrajera directa -IED- y El Salvador apenas US$0.6 millardos. En contraste, Nicaragua y Costa Rica, con modelos radicalmente distintos, sí están logrando captar capitales. En 2024 ingresaron US$3 millardos de IED a Nicaragua, y US$4 millardos a Costa Rica. ¿Por qué ellos sí y nosotros no?

Nicaragua lo logra con un modelo de atracción de inversiones controvertible: ofrece prebendas, exenciones y tratos preferenciales a ciertos inversionistas —muchos provenientes de países “no convencionales”— a cambio de convertirse en socios del régimen de Ortega. Se trata de una inversión de alto riesgo político, que saca del país cada año casi tantos recursos como los que ingresa, con escasa sostenibilidad en el largo plazo. Costa Rica, en cambio, ofrece un modelo más convencional. Con su régimen de zonas francas, una democracia funcional, estabilidad jurídica y paz social, ha logrado posicionarse como un destino confiable para inversiones de largo plazo; y una proporción importante de las utilidades generadas por esa inversión permanece y se reinvierte en el país. Es un modelo que, con todos sus retos, ha dado frutos.

"Para atraer inversión, no basta con tener estabilidad macroeconómica"

La comparación revela que, para atraer inversión, no basta con tener estabilidad macroeconómica ni con reducir la criminalidad. Tampoco es suficiente abrir las puertas al capital extranjero sin un marco normativo sólido que garantice derechos, reglas claras y certidumbre a largo plazo. La inversión —sobre todo la inversión seria, productiva, de largo aliento— no busca únicamente incentivos fiscales. Busca institucionalidad.

En Guatemala seguimos atrapados en un círculo vicioso: escasa inversión genera bajo crecimiento, lo que a su vez impide mejorar las condiciones estructurales para atraer más inversión. La falta de certeza jurídica, la debilidad del Estado de derecho, la ineficiencia del sistema judicial, la corrupción y la ausencia de infraestructura básica son los verdaderos cuellos de botella.

No podemos aspirar a replicar el caso costarricense si nuestra institucionalidad se asemeja más a la de Nicaragua. Tampoco podemos seguir creyendo que con "marca país" o buena imagen internacional bastará. El inversionista ve más allá del eslogan: mide el riesgo, sopesa el retorno, evalúa la gobernanza. ¿La lección? La inversión no se decreta ni se maquilla. Se cultiva con paciencia institucional. Costa Rica lo entendió hace décadas. Nicaragua, aunque capta capitales, juega con fuego. Guatemala y El Salvador aún parecen no haber decidido qué modelo seguir.