La Destrucción de un País

El caso de Venezuela nos advierte los riesgos de no proteger la integridad física y la libertad individual de los ciudadanos. Un análisis desde el punto de vista institucional nos permite aquilatar la gravedad de los actos de desgobierno de Maduro.

Las más recientes decisiones adoptadas por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela se dirigen, con paso seguro, hacia la completa destrucción de la economía y de la democracia de esa alguna vez prometedora nación. Aunque es aún poco probable que en Guatemala arribemos a semejantes niveles de degradación, no está demás advertir los riesgos que conlleva recorrer caminos políticos como el venezolano.

La “guerra económica” anunciada por Maduro para reducir la inflación de más del 50% anual (una de las más elevadas del mundo), se basa en dos acciones extremas. Por un lado, se prohíbe por decreto que suban los precios y, por otro, se mete a la cárcel a decenas de dueños de tiendas que, en respuesta a la escalada de costos, osaron elevar sus precios de venta e incurrieron en el delito de “usura”. Mientras tanto, la escasez de bienes básicos como la leche, arroz, aceite de cocina y papel higiénico se acentúa, la inflación no cede y las empresas dejan de invertir y generar empleos.

Más allá de las graves consecuencias económicas de tales medidas, vale la pena destacar sus efectos devastadores para la democracia y el desarrollo a largo plazo del país. En efecto, las acciones de Maduro tienen un impacto fatal sobre las instituciones constitucionales y democráticas que están diseñadas para reducir la arbitrariedad en la toma de decisiones de gobierno, por lo que su consecuencia inevitable será el debilitamiento, la desestabilización y la deslegitimación del funcionamiento de los mercados y de la vida social.

Existe un consenso amplio entre economistas en cuanto a la importancia de las instituciones para el desarrollo económico y social, aunque con opiniones distintas respecto de la importancia de las diferentes instituciones; en todo caso, la protección de los derechos de propiedad siempre aparece como una institución fundamental. Diversos estudios demuestran que el crecimiento económico sostenible florece en aquellos países donde existen instituciones que protegen el derecho a la vida, a la libertad individual y a la propiedad.

Es decir, en aquellos lugares donde se respetan las reglas del juego y donde el poder del gobierno está bien acotado, donde se fomenta la competencia y se combaten las prácticas monopólicas, es donde los agentes económicos se dedican a actividades productivas y a invertir, lo cual consecuentemente genera un crecimiento económico estable y sostenido. Esos lugares suelen ser también democracias consolidadas. El profesor Douglas North (premio Nobel) sostiene que la democracia y el desarrollo económico se refuerzan mutuamente a través de un entramado institucional en el que destaca, como factor catalizador, la existencia de salvaguardias contra la desaparición física, y contra la privación de la libertad y de la propiedad individuales.

Las acciones adoptadas por Maduro atacan directa y mortalmente esas salvaguardias. Por un lado, la desaparición física y el encarcelamiento de opositores al gobierno hacen que, aunque un país tenga elecciones periódicas y multipartidarias, en la práctica no exista democracia. En ese caso las elecciones son sólo una farsa que sirve a los gobernantes para identificar el grado de lealtad (o deslealtad) de los distintos grupos de población y distritos electorales.

Por otro lado, cuando los propietarios de empresas (pequeñas, medianas o grandes) pueden ser sumariamente desaparecidos o encarcelados, entonces la institución de la propiedad privada desaparece para todo propósito práctico; y eso significa que cualquier esperanza de crecimiento económico estable de largo plazo también desaparece.

La máxima degradación de cualquier gobierno ocurre cuando éste no sólo ya no garantiza la libertad y la inviolabilidad de la persona como ciudadano y como propietario, sino que es el propio gobierno quien viola esos principios. Con ello devasta la democracia y arruina las posibilidades de desarrollo económico y social. Venezuela nos presenta un ejemplo de cómo destruir un país. Ojalá los guatemaltecos tengamos la prudencia de no caer en los mismos errores, exigiendo a los líderes de todos los sectores del país, especialmente a los líderes políticos, su compromiso irrestricto con la protección a la integridad física y a la libertad (de locomoción, de expresión y de emprendimiento) de los guatemaltecos.

Venezuela y Su (Muy) Lento Progreso

Comparado con otros países de la Región, los logros del modelo venezolano se ven francamente modestos

 Los casi 14 años que Hugo Chávez gobernó en Venezuela despiertan pasiones, a favor y en contra, que dificultan evaluar objetivamente el legado que el popular coronel golpista ha dejado a sus ciudadanos. Sin embargo, una rápida revisión de algunos indicadores (cifras oficiales, puras y duras) puede ayudar a esclarecer los logros del chavismo en materia económica y social, en comparación con otros países latinoamericanos que no han seguido las recetas del “socialismo del siglo XXI”.

El modelo chavista se caracterizó por una creciente intervención del Estado en la economía. Se estima que desde 1999 el gobierno venezolano expropió o nacionalizó más de dos mil empresas y propiedades de todos los sectores y tamaños. Otra política fue la de fijar precios de alimentos, alquileres y medicinas. El bolívar fue devaluado cinco veces y en paralelo se establecieron cupos para la entrega de divisas. Este modelo es, claramente, distinto del aplicado en Brasil, Chile, Colombia o México, más favorables a la empresa privada, la libre competencia y los mercados. ¿Ha tenido más éxito el modelo venezolano?

En términos de estabilidad, resulta claro que Venezuela –con una inflación promedio de 22.5% anual entre 1998 y 2012- ha sido mucho más inestable que, por ejemplo, Colombia (6.4% de inflación promedio anual en el mismo periodo) o Perú (2.9%). La elevada inflación venezolana significó un terrible costo para los sectores más pobres de su población, y una distorsión enorme que de las decisiones económicas que las hizo más ineficientes. El tipo de cambio, por su parte, se devaluó en un 662% en Venezuela desde 1998, mientras que el colombiano lo hizó hecho en 12% y el peruano más bien se revaluó revaluado en 19%.

El crecimiento anual de la producción en esos 14 años fue de 2.8% en Venezuela, menor al 3.4% de Colombia y al 4.9% en Perú. En otras palabras, el modelo chavista permitió que la economía sea hoy 42% mayor que la de 1998, lo cual es positivo, pero menos eficiente que lo sucedido en Colombia o Perú, donde las respectivas economías son ahora 51% y 73% más grandes hoy que hace 14 años.

La deuda pública externa creció 229% en Venezuela en ese periodo, mientras que en Colombia lo hizo en 114% y en Perú en 53%, lo que revela el alto grado de dependencia económica del modelo chavista en comparación con sus vecinos. Ello permitió a los colombianos aumentar sus reservas monetarias internacionales hasta los US$37 millardos (328% de aumento en el periodo), y a los peruanos alcanzar los US$64 millardos (564% de aumento), mientras que Venezuela sólo las aumentó en 101% (hasta los US$30 millardos) en esos 14 años.

La inversión extranjera directa hacia Venezuela acumuló unos US$15.3 millardos entre 1999 y 2011, mientras que hacia Perú acumuló US$48.3 millardos y hacia Colombia, US$50.3 millardos, lo que evidencia lo poco atractivo que son para los inversionistas las políticas chavistas.

El modelo venezolano depende del petróleo, cuyos ingresos se dedican a financiar un elevado gasto público. Chávez defendió esto diciendo que "el socialismo del siglo XXI" convirtió a Venezuela en "el país menos desigual del continente”. Varios indicadores confirman el avance social, que no dista mucho del de sus vecinos. La tasa de desempleo promedio en Venezuela fue de 11.6%, algo menor que la de 12.4% de Colombia, y mucho mayor que la de 8.5% de Perú. La desigualdad en la distribución del ingreso, medida por el coeficiente de Gini, mejoró en Venezuela (de 0.498 en 1999 a 0.397 en 2011), pero eso también lo logró el antagónico modelo peruano (que lo redujo de 0.545 a 0.452), aunque no tanto el colombiano (de 0.572 a 0.545).

Puestos a escoger, el modelo peruano resulta más atractivo, pues ha logrado (callada la boca) mejores resultados, sin los elevados costos en eficiencia y paz social del modelo chavista, cuyas características ha resumido muy bien el nicaragüense Sergio Ramírez en un reciente ensayo: “Un gobierno populista crea satisfacciones paliativas en la población que se transforman en apoyo electoral, pero al costo de degradar la dignidad de los electores con donaciones, subsidios y regalías. Pero estas políticas ni resuelven el problema de la democracia, que más bien debilitan, ni resuelven el problema del desarrollo económico sostenible”.