EL CRECIMIENTO COMO PRIORIDAD

¿QUÉ TIPO DE CRECIMIENTO? UNO QUE SEA MÁS RÁPIDO, MÁS SOSTENIBLE Y MÁS INCLUYENTE

Después de la rápida recuperación económica en 2021-22, las perspectivas para los próximos años son de retornar al crecimiento habitual (de un 3.5 por ciento anual) que, por desgracia, resulta mediocre cuando se compara al de otros países con similar nivel de desarrollo, e insuficiente cuando se compara con las tasas de crecimiento que se necesitan para mejorar significativamente los indicadores de bienestar de la población.

Muchos críticos de las políticas centradas en el crecimiento afirman que otros objetivos -como la igualdad o el ambiente- deberían ser prioritarios. En realidad, el crecimiento económico, la inclusión social y la sostenibilidad (política y ambiental) no son objetivos excluyentes, sino complementarios. El principal desafío de las políticas públicas para los próximos años es crear una ruta que conduzca a un crecimiento más rápido, más sostenible y más incluyente. Esas tres dimensiones juntas generarán la futura prosperidad, pero de las tres, el crecimiento es la fundamental porque sin él, ni la sostenibilidad ni la inclusión son posibles. El propósito del crecimiento económico no debe ser solo el de aumentar la riqueza, sino también el de lograr un bienestar más amplio. Ese crecimiento puede favorecer la inclusión al crear igualdad de oportunidades y generar un progreso de base amplia que reduzca la desigualdad y aumente la dignidad del trabajo.

El crecimiento es clave para promover los otros dos elementos porque, primero, genera empleos y con ellos aumenta los ingresos y el nivel de vida. Genera también seguridad y resiliencia, alivia la pobreza y promueve la educación. Así, el crecimiento económico también puede ayudar a la inclusión social cuando aumenta los ingresos de quienes están en la base de la pirámide social, lo cual coadyuva a su sostenibilidad sociopolítica. Y el crecimiento también puede tener un efecto positivo sobre la sostenibilidad ambiental si los excedentes que genera se canalizan, por ejemplo, a financiar inversiones de descarbonización y descontaminación. Pero este tipo de del crecimiento económico virtuoso no es automático. Las economías no siempre han salido de las recesiones con un crecimiento fuerte y sostenido.

La clave es aumentar la productividad sistémica, que es el principal motor del crecimiento económico. Es la única forma sostenible de hacer crecer una economía a largo plazo. Pero la tendencia de la productividad en nuestra economía se ha estancado (o disminuido) en las últimas décadas. En pocos años, nuestra transición demográfica habrá terminado y la expansión de la fuerza laboral ya no será el gran motor del crecimiento económico. Los tres factores que pueden generar más productividad son la adopción de nuevas tecnologías, los conocimientos y educación de la fuerza laboral, y, sobre todo, las instituciones eficientes que den certeza a los agentes económicos. Dar prioridad a estos tres factores requiere de un esfuerzo armonioso de las empresas, los gobiernos y la sociedad civil para reparar y mantener el tejido social, sin el cual resulta imposible generar un ambiente de confianza que viabilice los intercambios (económicos, sociales, culturales) que se necesitan para que exista prosperidad y bienestar para todos.

¿QUÉ PAÍS QUEREMOS?

ELEMENTOS PARA UN EVENTUAL DIÁLOGO NACIONAL SOBRE LAS ACCIONES QUE EL PAÍS REQUIERE

La semana pasada el Consejo Económico y Social -CES- hizo público su informe “Guatemala: ¿Qué país queremos?”, que es el resultado de un ejercicio de diálogo social que, durante varios meses, logró identificar una serie de propuestas (planteadas desde la perspectiva de los objetivos de desarrollo sostenible) cuya intención última es nutrir con elementos que estructuren un eventual diálogo nacional amplio sobre las acciones de política pública que el país requiere.

Esos elementos se concretan en acciones ordenadas en cuatro ámbitos fundamentales. El primero se refiere a las reformas institucionales del Estado que propicien certeza jurídica en un verdadero estado de derecho. El segundo es el ámbito económico, en el que se esbozan acciones para aumentar la productividad sistémica y el ritmo de crecimiento de la producción, a fin de generar mayores niveles de prosperidad y bienestar. El tercero trata sobre los aspectos ambientales y urbanos (incluyendo los flujos de personas y mercancías) que permitan la sostenibilidad del desarrollo. Y el cuarto es el ámbito social, donde se plantean acciones para fortalecer el tejido social, tomando en cuenta aspectos socioculturales que construyan una cultura de paz.

El impulso de estas acciones, evidentemente, no es tarea sencilla y requiere de un diálogo efectivo y profundo. Eso quedó claro en el panel de comentaristas que, con la participación de José Alejandro Arévalo y Richard Aitkenhead (dos destacados vecinos de estas páginas de elPeriódico), resaltó los hallazgos y desafíos derivados del informe. Los panelistas valoraron positivamente que en el ejercicio de diálogo que produjo el informe se hayan identificado y acordado los principales aspectos en los que Guatemala necesita mejorar y que, sobre eso, se hayan estructurado propuestas en los cuatro ámbitos identificados. Señalaron, sin embargo, que los desafíos para implementarlas son enormes e incluyen, por un lado, lograr una perseverancia que, por desgracia, no caracteriza a las políticas públicas en el país y, por otro, vencer la resistencia al cambio que tiende a prevalecer en el país.

Cualquier diálogo en torno a esta agenda debe también priorizar las medidas más importantes, como podrían ser la necesaria restructuración del sistema electoral y de partidos políticos -cuya desnaturalización se asocia a la ineficiencia en el uso de los recursos fiscales- o combate a la desnutrición -que es un fenómeno multidimensional cuyas raíces yacen en la falta de oportunidades de educación, de empleo y de inversión-. El esfuerzo del CES es loable, pero el ejercicio de diálogo que implica debe ser armonizado con otros esfuerzos en marcha, como el programa Guatemala No Se Detiene, o el propio ejercicio de diálogo al que convocó hace poco la Presidencia de la República. El reto no es sencillo, pero no puede posponerse. El tiempo para un diálogo en torno a una agenda de nación se agota en la medida en que nos quedemos cada día más rezagados respecto a otros países que, no hace mucho, solían tener los mismos indicadores de bienestar y progreso que nosotros.

Réquiem por la Minería

El sector minero colapsó a un ritmo negativo de 16 por ciento anual entre 2016 y 2019, volviéndose irrelevante en materia de exportaciones y de recaudación fiscal

La minería en Guatemala llegó a ser el sector económico más dinámico (junto con el sector financiero) en la década de 2006 a 2015, con una tasa de crecimiento superior al 9 por ciento anual, en promedio. Las exportaciones de metales llegaron a representar más del 6 por ciento del total de las exportaciones del país, casi tanto como las de café o las de banano. Y las empresas mineras se constituyeron en los más importantes contribuyentes fiscales.

Todo eso cambió a partir de 2015. La caída de los precios internacionales de los metales preciosos le asestó un fuerte golpe al sector, pero más fuerte fue el golpe por el cierre de las grandes minas en el país. La mina de oro Marlin (de la empresa canadiense Goldcorp) inició ese año su proceso de cierre, que culminó en 2017. Este último año, la actividad de la mina de plata El Escobal (de la también canadiense Tahoe Resources) fue obligada por la Corte de Constitucionalidad -CC-a suspender operaciones debido a que las autoridades incumplieron el requisito de consultar a las comunidades indígenas conforme lo establece el Convenio 169 de la OIT. Antes, en 2016, la CC había suspendido las labores de la mina de oro Tambor (de la estadounidense KPA).

El sector minero colapsó a un ritmo negativo de 16 por ciento anual entre 2016 y 2019, volviéndose irrelevante en materia de exportaciones y de recaudación fiscal. El tiro de gracia al sector se lo dio el mes pasado una nueva sentencia de la CC suspendiendo las operaciones de la mina de níquel Fénix (del suizo Grupo Solway) por las mismas razones: incumplimiento de los requisitos de consulta a las comunidades indígenas. Las sentencias de la CC suspendiendo la actividad minera tienen un motivo en común: la inexistencia de un marco legal e institucional que regule y conduzca apropiadamente las consultas comunitarias que exige el Convenio 169.

La experiencia en Sudamérica contrasta con la nuestra. Aunque no exenta de conflictividad (especialmente ambiental) la actividad minera aporta más del 10 por ciento del PIB en Chile, Perú, Paraguay y Ecuador, y más del 5 por ciento en Bolivia, Uruguay, México y Colombia, indistintamente de si en esos países gobierna la izquierda o la derecha. La diferencia con nosotros es que en esos países existe un marco regulatorio (en varios de ellos están legisladas las consultas comunitarias) e institucional que busca conciliar los intereses del país, los de las empresas mineras y los de las comunidades.

La desidia de nuestras autoridades y legisladores en cuanto a proveer un marco legal e institucional para la minería ha provocado tal desorden e incertidumbre que pone en serias dudas el futuro del sector. La minería es un negocio de largo plazo: la exploración toma diez años, el desarrollo del proyecto otros cinco y la construcción otros tantos. La falta de autoridad y de regulación impide a las empresas decentes realizar razonablemente un esfuerzo de tal magnitud, lo que deja la puerta abierta a las empresas con menores estándares técnicos, ambientales, laborales y sociales. Si no se hacen las reformas del caso, serán estas empresas de quinta categoría las que se harán cargo de la minería en el país, en perjuicio del Estado, el medio ambiente y las comunidades.

Transporte Pesado en las Ciudades

Para regular la circulación de transporte pesado en los centros urbanos -y, con ello, solucionar una de las principales causas del insoportable tránsito citadino- no hay que inventar en agua azucarada. Basta ver las medidas racionales y efectivas que aplican en otras partes del mundo.

El transporte de mercancías es de vital importancia para la economía de cualquier región y, a pesar de que la demanda por este servicio va en aumento a media que las poblaciones urbanas crecen, las distintas autoridades no le han prestado la necesaria atención a la planificación, diseño, operaciones de los camiones y contenedores, así como de las vías por las que estos deben transitar. Esta falta de regulaciones adecuadas ocasiona aumentos en la congestión vehicular, costosos retrasos y genera riesgos a la seguridad física de las personas, tal como lo atestiguan los trágicos accidentes acontecidos hace pocos días en las afueras de la ciudad capital. Todo ello reduce la productividad de las áreas urbanas y obstaculiza su desarrollo económico.

En Guatemala, al igual que muchos países en vías de desarrollo, el crecimiento poblacional y la tasa de urbanización han avanzado más rápidamente que la oferta de infraestructura y de servicios de transporte. Una gran parte de las vías está deteriorada o sin asfaltar; el creciente tráfico se agrava por la mezcla de diferentes transportes que incluyen desde carretas haladas por personas hasta vehículos motorizados en mal estado. Los barrios marginales, parte del paisaje urbano, tienen necesidades y características de suministro diferentes que otras áreas de la ciudad.

En este escenario resulta esencial establecer medias que minimicen los problemas de congestión, polución e ineficiencia económica generados por el transporte pesado en las áreas urbanas. Ls países civilizados han aplicado con éxito medidas de este tipo, entre las que destacan la segregación de la circulación de camiones en tres ámbitos: las restricciones según el tonelaje de los camiones, la creación de vías especiales, y la limitación de horarios de circulación. Esta última se ha aplicado en la ciudad de Guatemala para forzar la circulación de camiones en horarios pico y así reducir la congestión.

Pero las medidas de restricción de horarios deben complementarse con otras como la prohibición (o al menos el cobro de peajes) de circular o estacionar en ciertas calles: cualquiera que haya visitado un país desarrollado habrá podido ver que ni siquiera los camiones medianos –mucho menos los contenedores- circulan por la ciudad, además de que aplican restricciones al estacionamiento, así como horarios estrictos para hacer fletes o repartir productos. Algunas ciudades han empezado a explorar la creación de carriles exclusivos para camiones, separándolos del resto del tráfico, con el propósito de reducir el tiempo de viaje, mejorar la confiabilidad y seguridad del sistema, y reducir las emisiones en el movimiento de bienes en áreas urbanas.

Otras medidas más convencionales, aún ausentes en Guatemala, tienen que ver con la segregación del transporte según el tonelaje del vehículo. En las ciudades avanzadas los contenedores se quedan estacionados en grandes terminales específicas ubicadas en las afueras del área urbana, y la distribución de mercaderías se hace en camiones de bajo tonelaje. Solo excepcionalmente se permite a grandes camiones transitar (en horas de la madrugada) con permisos especiales.

Para aplicar estas medidas (normales en otras latitudes) hace falta un profundo cambio que actualice el confuso marco regulatorio del tránsito de vehículos y del ordenamiento urbano en el país. Hoy carecemos de instituciones y autoridades con un mandato preciso en la materia. El desorden prevaleciente está teniendo no solo enormes costos económicos y de bienestar para los habitantes de la ciudad sino que, lo que es peor, está costando valiosas vidas de guatemaltecos.

Estratégico, No Ideológico

La regulación del uso y posesión del agua es un tema fundamental, como pocos, para las posibilidades de prosperidad en Guatemala. Sería un error de terribles consecuencias que el tema se politizara y se perdiera así la oportunidad de contar con un marco regulatorio moderno acorde a las mejores prácticas internacionales

De pronto, el tema de la gestión y regulación de los recursos hídricos se ha puesto de moda. A treinta años de esperar, en vano, que el Congreso de la República emita una ley al respecto –como lo ordena el artículo 127 de la Constitución Política-, ahora surge un súbito interés por dicha legislación. El peligro es que las prisas parlamentarias suelen ser malas consejeras, especialmente cuando se trata de temas tan complejos, técnicos y socialmente sensibles como el del agua.

La regulación del agua es un tema estratégico para la gobernabilidad y el desarrollo de Guatemala; no es un tema trivial pues, entre otras razones, es en torno al uso del agua donde se están gestando los conflictos sociales más difíciles de resolver en el país. Las características tan particulares del agua, como un bien esencial que es para la subsistencia, le añaden complejidad a su gestión y regulación desde el ámbito público.

El agua es, por una parte, un recurso económico escaso y fundamental para la producción; pero, al mismo tiempo, y así lo establece la Constitución, se trata de un bien de dominio público con implicaciones sociales, culturales y ambientales cuya cuantificación es imposible de calcular con exactitud. Además, la gestión del agua debe tomar en cuenta una serie de características especiales de este bien: su naturaleza de recurso móvil (que problematiza determinar los derechos de propiedad sobre su uso), el carácter incierto du su demanda y su oferta (sujetas a factores climáticos, demográficos, tecnológicos y políticos cambiantes), la diversidad de usos (que a veces compiten entre sí), la importancia de la calidad sobre la cantidad (dependiendo del destino que se le quiera dar), o el problema de cuantificar su valor económico. Todos estos aspectos hacen que la regulación de los recursos hídricos deba hacerse con objetividad y sumo cuidado técnico.

En muchos países han logrado encontrar soluciones a tales complejidades. Por ejemplo, para dilucidar si el agua es un bien económico más (cuya asignación más eficiente la puede determinar el mercado), o si es un activo social (con elevado valor comunitario), se encuentra una solución aceptando que se trata de un bien de dominio público, pero estableciendo, al mismo tiempo, que el derecho de su uso es privado y puede regularse como tal.

Además, no sólo existen experiencias exitosas de regulación en latitudes tan apartadas como California o Sudáfrica, sino que también existen en Guatemala (por ejemplo, en Río Hondo, Zacapa) esquemas tradicionales de gestión comunitaria del recurso hídrico, de las cuales deben extraerse lecciones claras, tal como deben extraerse de los estándares internacionales disponibles en esta materia.

Y quizá más importante que el marco regulatorio deben ser las políticas públicas enfocadas a la gestión y planificación que orienten el desarrollo sostenible del sector del agua. En este sentido, las acciones en materia de reforestación deberían ser estratégicamente prioritarias para asegurar que la riqueza hídrica de Guatemala no se siga perdiendo aceleradamente ya que ello constituye una de las principales amenazas para la gobernabilidad y el potencial de desarrollo del país.

De manera que, puestos a emitir la ley específica que la Constitución manda para regular el tema del agua, todos estos aspectos deberían ser tomados en consideración en un proceso técnico y cuidadoso, donde participen los mejores expertos que existan sobre la materia. En este tema, como en pocos, el futuro del país está en juego.

Moratoria y Protestas

Con o sin moratoria, el futuro del sector minería en los próximos cinco años se vislumbra con muy escaso dinamismo

Con el propósito de obtener algo de paz social y gobernabilidad, así como de comprar tiempo para fortalecer el marco regulatorio de la actividad minera, el gobierno ha anunciado un periodo de moratoria de dos años para cualquier nueva explotación minera. Aunque tal decisión pudo haberse quedado en el ámbito administrativo del Organismo Ejecutivo, el gobierno decidió enviarle otra papa caliente al Congreso con un proyecto de ley en el que se oficializaría la moratoria.

Eso sí, el proyecto de ley enviado el 10 de julio es muy cuidadoso en acotar la moratoria exclusivamente para el caso de la minería metálica (para la cual no se concedería ni renovaría ninguna licencia de exploración ni de explotación durante dos años), por lo que no afectaría otras actividades del sector, tales como canteras, petróleo o gas natural. En el corto plazo, la moratoria podría no tener mayor impacto sobre la economía del país, por varias razones.

Por un lado, el sector de minas es de los más pequeños de la economía (su peso dentro del PIB es inferior al 1%) y su aporte a las exportaciones, aunque llegó a ser superior al 6% del total, está en franco declive. Esto último obedece principalmente a que la mina Marlin ya alcanzó su estado de madurez y ahora está en su ciclo de declive productivo. Por otro lado, salvo el caso de la mina San Rafael, no existen nuevos proyectos significativos de minería en el país, lo cual se debe, en parte, a que el auge de la demanda de metales en los mercados mundiales se ha ralentizado y, en parte, a la inadecuada infraestructura de comunicaciones del país y a la falta de una adecuada normativa, lo cual dificulta cualquier nueva inversión. De manera que, con o sin moratoria, en el futuro del sector minería en los próximos cinco años no se vislumbra mayor dinamismo.

La moratoria, eso sí, entraña al menos dos riesgos. Por un lado, se puede estar enviando un mensaje de falta de certeza para los inversionistas, y por otro, se puede estar sentando un precedente peligroso que podría querer replicarse en otras áreas donde existen protestas públicas en contra de ciertas actividades (hidroeléctricas o plantas industriales, por ejemplo). El primer riesgo puede eliminarse si se aprovechan los próximos dos años para consensuar y aprobar una moderna ley de minería. La reducción del segundo dependerá de si el gobierno logra manejar la conflictividad y la protesta social.

Las autoridades calculan que la moratoria ayudará a minimizar uno de los principales focos de conflictividad social y de descontento, particularmente en el área rural. El plazo propuesto para la moratoria sugiere también que el gobierno estará tratando de posponer las protestas y los conflictos asociados a la actividad minera hasta después de las elecciones, para que sea el nuevo gobierno (en enero de 2016) quien deba resolver la problemática; esto en el caso de que en los próximos meses no se avance en el nuevo marco legal para a minería.

Pero por el bien del país, para evitar que siga escalando la conflictividad social, y por el potencial que tiene su sector minero, es necesario que los líderes nacionales logren discutir y consensuar dicho marco legal. Aunque nunca llegaremos a ser un país netamente minero (como, por ejemplo, Sudáfrica donde la minería aporta el 8% del PIB, el 50% del valor de las exportaciones y da empleo a medio millón de trabajadores), es importante contar con un marco regulatorio efectivo y acorde a los mejores estándares internacionales, que viabilice el aprovechamiento de nuestros vastos recursos naturales para combatir los males de la pobreza, la desigualdad y el desempleo, que impiden el bienestar de los guatemaltecos.

Con o sin moratoria, urge modernizar marco regulatorio de la minería para incentivar la inversión de calidad en el sector; para mejorar los ingresos del Estado (por vía de las regalías y el impuesto sobre la renta); para mejorar la distribución de ingresos a las comunidades y municipalidades donde se ubiquen las minas; para mejorar los parámetros y los controles ambientales; para facilitar el acceso de las comunidades para participar en esos proyectos; y, para fortalecer las capacidades técnicas de los Ministerios de Ambiente y de Energía y Minas. Tal es el desafío para el liderazgo nacional.

El Temporal Sin Nombre

La naturaleza se ensañó de nuevo con Guatemala. Y, de nuevo, las lecciones vuelven a ser las mismas. Los enormes costos de la catástrofe (humanos y económicos) podrían haber sido mejores si el Estado hubiese hecho algún esfuerzo mínimo en materia de prevención de desastres, que es la primera línea de defensa de un país propenso a este tipo de fenómenos. Pero la segunda, y más contundente, línea de defensa es conseguir un nivel más alto de desarrollo económico y social. Está claro que, mientras más desarrollado es un país, menores son los costos provocados por los desastres naturales (recuerden, si no, los efectos tan distintos de un terremoto en Haití y otro (más fuerte y menos costoso) en Chile).

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

EL TEMPORAL SIN NOMBRE

La experiencia de los dos desastres anteriores (Stan y Ágata) no ha sido del todo ejemplar

El clima se ha ensañado nuevamente con Guatemala. El Temporal Sin Nombre, con sus copiosas lluvias de los últimos días, ha puesto de manifiesto, otra vez, la precariedad de nuestra infraestructura y, peor aún, la enorme vulnerabilidad en la que viven miles de compatriotas que ni siquiera tuvieron la oportunidad de ser alertados de la amenaza climática que arrasó con cosechas, caminos, viviendas y, por desgracia, vidas humanas.

Apenas el año pasado la tormenta tropical Ágata segó la vida de más de 150 guatemaltecos, destruyó más de 30 puentes y dañó 25 mil viviendas. Antes de eso los huracanes Mitch (1998) y Stan (2005) habían causado pérdidas aún mayores a las de Ágata, y habían puesto de manifiesto que los desastres naturales, además del terrible costo humano que conllevan, acarrean también consecuencias económicas negativas a corto y mediano plazos. A corto plazo porque los daños al stock de capital (maquinaria, cultivos, infraestructura) significa una pérdida de riqueza nacional; y, a mediano plazo, porque dicha pérdida reduce la capacidad productiva de familias y empresas en las regiones afectadas, lo cual, si no es compensando con un importante aumento en la inversión por reconstrucción, se traduce un reducción permanente de la producción de bienes y servicios.

Evidentemente, cuando ocurren desastres naturales como el actual Temporal Sin Nombre, el gobierno juega un rol crucial, pues es el llamado a prestar y coordinar los servicios de alivio a los damnificados, así como las obras de rescate y emergencia, lo cual ocurre durante e inmediatamente después de que se produce el desastre. También el gobierno debe emprender los esfuerzos posteriores de reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura pública.

Lo ideal sería que estas importantes labores las desempeñara el gobierno con prontitud, efectividad y calidad evitando a toda costa que, en las inevitables premuras con que se debe actuar, se produzcan actos de corrupción y pillaje de los escasos recursos públicos. Lamentablemente, la experiencia de los dos desastres anteriores (Stan y Ágata) no ha sido del todo ejemplar: se produjeron enormes retrasos en la reconstrucción y la calidad de la infraestructura ha demostrado (con gran claridad en los últimos días) ser muy escasa.

El grueso del costo de un desastre natural, sin embargo, recae principalmente sobre los ciudadanos y las empresas. Por una parte, el valor de las vidas perdidas o afectadas es incuantificable. Por otra, el costo de oportunidad de las labores productivas perdidas durante la emergencia y la transición, así como las pérdidas de equipo, cosechas e inventarios, es algo que no puede ser repuesto ni subsanado por el Estado.

Pero existen dos temas puntuales que todo gobierno puede y debe impulsar, mediante las políticas públicas adecuadas, para reducir los costos asociados a los desastres naturales: prevención y desarrollo. Para un país tan vulnerable como Guatemala, la puesta en práctica de políticas permanentes y coherentes de prevención de desastres, por un lado, y la búsqueda sistemática del desarrollo integral, por otra, son esfuerzos que el gobierno, en conjunto con el sector empresarial y la sociedad civil organizada, deben poner en práctica para que en el futuro estos fenómenos no tengan un saldo humano y económico tan negativo.

En una país propenso a los desastres, es menester adoptar medidas preventivas para proteger la vida y la propiedad (previsión, sistemas de alerta temprana, ordenamiento territorial, códigos de construcción, etcétera). Sin embargo, para muchas personas de bajos ingresos los costos de emplear medidas de precaución pueden resultar prohibitivos, por lo que requieren del auxilio del Estado.

A la vez, no hay que perder de vista que la experiencia demuestra que mientras más desarrollado económicamente es un país, menor será su grado de vulnerabilidad ante los desastres naturales (y menores los costos que tales desastres ocasionan): de manera que las políticas que propicien el crecimiento de la producción, mayores niveles de educación y el fortalecimiento de las instituciones son tanto o más importantes que las políticas de mitigación y de prevención para salvar vidas y propiedades ante los inevitables desastres que, como este Temporal Sin Nombre, nos seguirán afectando en el futuro.
COMENTARIOS DE LOS LECTORES

Mar, 10/18/2011 - 09:55 — ssamayoa

¿Que tendrán los chilenos que no tienen los guatemaltecos?
En 2010 ellos (los chilenos) sufrieron un terremoto de magnitud 8.8 con una duración de casi 3 minutos (como referencia para los que lo vivimos, el de Guatemala del 76 fué de 7.5 y duró 39 segundos), devastó su infraestructura ($1200 de US$ se estimó que costaría la reconstrucción en 3-4 años) y su economía sufrió un duro golpe.
Pero ya están casi recuperados a menos de 2 años de lo ocurrido.
Nosotros nisiquiera hemos reconstruido lo del Mitch del 98.
¿Que nos hará falta digo yo?
¿Será que tenemos problemas de aprendizaje?

Priorizar, Sin Perder el Equilibrio

Un enfoque sistémico e integral del Desarrollo aconseja que las políticas públicas se apliquen de tal manera que no se perjudiquen los equilibrios que deben existir entre el sistema económico-financiero, el socio-demográfico, el político-institucional y el ecológico-ambiental. A continuación, algunas ideas de cómo podría integrarse una política pública ambiental que tome en cuenta el referido enfoque.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

PRIORIZAR, SIN PERDER EL EQUILIBRIO
Una priorización de políticas que busque el equilibrio sistémico y el desarrollo sostenible implica alejarse de posiciones fundamentalistas

Cualquiera que sea el equipo de gobierno que asuma las riendas del país en enero de 2012 –comentábamos la semana pasada-, además de apagar los incendios coyunturales que ya existen o que inevitablemente surgirán en los próximos meses, deberá concentrar sus acciones de política pública en unas pocas áreas bien focalizadas: capital humano, infraestructura básica e institucionalidad del Estado; de lo contrario, la dispersión de esfuerzos y la escasez de recursos gubernamentales continuarán impidiendo que se logren avances significativos en materia de desarrollo económico y social.

Sin embargo, aunque la agenda de políticas de Estado debe ser, necesariamente, escueta, ello no significa que su implementación sea sencilla. Al contrario, una agenda de gobierno diseñada con visión de largo plazo debería considerar no sólo la aplicación priorizada de un conjunto coherente de políticas, sino también la calidad y sostenibilidad del desarrollo que se derivaría de ellas. La sostenibilidad requiere de una interrelación equilibrada entre las distintas dimensiones del desarrollo: la dimensión económico-financiera, la socio-demográfica, la político-institucional y la ambiental-territorial.

El desarrollo sostenible es, pues, un tema de naturaleza sistémica, no de índole sectorial por lo que, bajo esa perspectiva, resulta pertinente el concepto de “desarrollo sostenible” definido por las Naciones Unidas como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Este concepto, aparentemente sencillo, es en realidad bastante complejo pues combina el término “desarrollo” –que implica un cambio direccional y progresivo- con el término “sostenible”, que conlleva una la permanencia en el tiempo. Esto ayuda a dimensionar el justo rol que debe asignársele al tema ambiental en una estrategia de desarrollo. Por ejemplo, una sociedad que buscara preservar sus recursos naturales a costa de aumentar el nivel de pobreza de su población podría ser calificada como sostenible ambientalmente, pero de ninguna manera se podría hablar de desarrollo sostenible en este caso, pues podría llegar a hacerse socialmente insostenible.

Al mismo tiempo, es necesario saber que la pobreza y la degradación ambiental son fenómenos que se refuerzan mutuamente. En Guatemala, mucho de la degradación ambiental se debe al uso económicamente inadecuado del territorio. Dicho deterioro genera procesos de deforestación y otras amenazas a la diversidad biológica que se traducen en que un gran potencial de generación de riqueza en el país es miopemente desaprovechado. Además, la sostenibilidad del desarrollo se ve amenazada por la escasa cobertura y calidad de los servicios públicos de agua y saneamiento, por el agotamiento y abandono de la zona marino-costera y por la contaminación creciente de importantes cuencas hidrográficas.

De manera que, desde una perspectiva sistémica del desarrollo sostenible, es necesario contar con una agenda ambiental realista y pragmática que implique una mejora en el gasto gubernamental dedicado a la protección ambiental, una restructuración de la institucionalidad del sector, una política de recuperación de bosques y fortalecimiento del sistema de áreas protegidas, un programa de conservación y restauración de suelos, así como una revitalización de los ecosistemas que reduzca la vulnerabilidad del país ante desastres naturales.

Al momento de priorizar las políticas ambientales que apoyen el desarrollo económico sostenible, la política de gestión del agua, saneamiento y manejo de recursos hídricos podría ser la que ocupe el lugar central como eje articulador del sistema ambiental-territorial, no sólo porque alrededor de una buena política de recursos hídricos puede generarse un reordenamiento institucional y regulatorio de los temas ambientales, sino también porque es el tipo de política que puede concitar acuerdos entre sectores responsables, tanto del lado ambientalista como del lado empresarial. Una priorización de políticas que busque el equilibrio sistémico y el desarrollo sostenible implica alejarse, claro está, de posiciones fundamentalistas (como los “anti”: anti-hidroeléctricas, anti-minería, anti-plantaciones) que tan de moda parecen estar en el país.

Números de Catástrofe

La tormenta Ágatha estuvo fea y causó muchos daños al país. Las pérdidas de vidas humanas y de propiedades fueron muy dolorosas, especialmente en el caso de los más desposeídos. La vulnerabilidad de nuestro país ante estas catástrofes es evidente. Lo que no es tan evidente es el infladísimo presupuesto de daños que el gobierno sugiere que debemos pagar para la reconstrucción. Conviene, por lo tanto, espulgar un poco las estimaciones oficiales para tener una interpretación adecuada de las mismas. De lo contrario, corremos el riesgo de caer en irresponsabilidades fiscales que, al final de cuentas, nos saldrán más caras que la mismísima Ágatha.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS
NÚMEROS DE CATÁSTROFE

El pasado viernes se hicieron públicas, finalmente, las estimaciones oficiales del impacto económico de la tormenta Ágatha en Guatemala, calculadas por la Comisión Económica para América Latina –CEPAL-, conforme a la metodología que dicha entidad ha venido aplicando para este tipo de desastres. Las cifras son útiles porque permiten contar con un registro de los daños y pérdidas ocasionadas por la catástrofe, valuar las necesidades de recursos para reconstrucción y elevar el nivel de conciencia sobre los beneficios económicos de reducir los riesgos asociados a ese tipo de eventos.

Las cifras sirven también para vincular la magnitud del desastre con y la demanda de recursos económicos que de ella se deriva, así como para comparar dichas cifras con otros desastres similares, ambos temas muy importantes para fines de programación fiscal. En ese sentido, conviene hurgar un poco dentro de las cifras oficiales e interpretar cuidadosamente su significado.

Para el efecto, resulta útil la distinción que la CEPAL hace de los dos tipos de impacto económico del desastre. Por un lado están los daños propiamente dichos, que se refieren al impacto directo que se produce por la destrucción parcial o total del stock o acervo de activos físicos (infraestructura, maquinaria e inventarios); estos daños suceden específicamente al momento de la catástrofe y, en el caso de Ágatha, se calculan en Q4,800 millones. Por otro lado están las pérdidas que suceden después del evento y a lo largo de un período relativamente prolongado; estas pérdidas indirectas se reflejan en cambios en los flujos económicos esperados que, para Ágatha, la CEPAL estima en Q3,055 millones.

Resulta evidente que ambos conceptos son diferentes y que los gastos de reconstrucción del país solamente pueden estar referidos al primero de ellos (los daños). Además, no todos los daños deben forzosamente ser cubiertos con recursos del Estado, ya que los mismos incluyen daños al acervo privado. Esto es importante tenerlo presente para evitar confusiones respecto de la necesidad de recursos por parte del fisco para la reconstrucción post-Ágatha, los cuales no deberían ser superiores a los referidos Q4,800 millones, en vez de los más de Q7,800 millones que varios medios de comunicación publicaron (sin mayor análisis) como necesarios.

Las cifras publicadas también resultan útiles para comparar el impacto económico de Ágatha con, por ejemplo, los ocasionados por la tormenta Stan en 2005. Sumando los daños y pérdidas que estimó la CEPAL para cada uno de esos eventos, se puede apreciar que el impacto estimado para Ágatha suma Q7,856 millones, mientras que los que en su oportunidad se atribuyeron a Stan fueron del orden de Q7,512 millones, lo cual implica un aumento de 4.6% de aquella catástrofe a la actual. Es más, si se toma en cuenta que los precios de los bienes y servicios entre 2006 y 2010 han aumentado en alrededor de 25%, se puede decir que el impacto económico de Ágatha es, en términos reales, mucho menor al producido por Stan y, casi seguramente, al del huracán Mitch de 1998.

Es importante que las autoridades de gobierno y los legisladores tengan en cuenta estas consideraciones a efecto de que los ajustes fiscales que se requieran para enfrentar los efectos del desastre se apeguen a la realidad y que eviten usar de excusa el impacto de Ágatha para inflar indebidamente los gastos. En las actuales circunstancias, un aumento inmoderado del déficit fiscal podría provocar problemas de sostenibilidad al funcionamiento del gobierno y al servicio de los compromisos de gasto, lo cual podría generar unos números incluso más catastróficos que los de la propia tormenta tropical en términos de inestabilidad económica y pérdida de bienestar para los guatemaltecos.

Además de lo anterior, es crucial que se guarde mucho cuidado en la transparencia del uso de los recursos que se destinen a la reconstrucción, así como que se establezcan normas muy estrictas respecto de la calidad de la obra pública para que, al menos, no vuelvan a construirse puentes de cartón-piedra que se caen a la primera llovizna.

OPINIÓN DE LOS LECTORES

Antonio Morales 06-07-2010 17:33:43 horas

Lo que queda claro es que el Gobierno pretende inflar las cifras de la tragedia para usarlas de excusa y así inflar el gasto público con fines electorales. Es una vergüenza que los reportes de prensa no hayan tenido el cuidado de expulgar bien las cifras que, según el lic. García Lara, son la mital de lo que el Gobierno anda diciendo que necesita para la reconstrucción. Qué vergüenza.

UNA DECISIÓN TRASCENDENTAL

El falso dilema entre la explotación de los recursos naturales y la preservación del medio ambiente, aunque es muy útil para darle de comer los dueños de ciertas organizaciones ecologistas, no resulta de mucha ayuda como argumento para dilucidar las decisiones de política pública que un país como Guatemala debe tomar al respecto. En la columna de esta semana escribo sobre la situación del pozo Xan, en Petén. El tema es de suyo polémico, como puede apreciarse en la reacción de Roberto (sin apellidos), uno de mis amables lectores en Siglo XXI, quien afirma que mi columna es una "pseudo opinión; ignorante o vendida". Bien se ve que el tema ecológico desata pasiones; por desgracia, las pasiones en poco contribuyen al diálogo o al esclarecimiento de la verdad y son, por ello, aliadas de los radicales, de los intolerantes y de los violentos.

Una Decisión Trascendental

El parque Laguna del Tigre, en Petén, es un área protegida que hace algunos años albergaba una selva tropical rica y diversa. Hoy en día es un área deforestada, invadida y arrasada, lo cual puede apreciarse a simple vista al sobrevolar la zona; se trata, en la práctica, de un “potrero protegido”, sin ley ni orden, donde conviven en extraña simbiosis los invasores ilegales y los traficantes de drogas. Allí está ubicado el campo petrolero Xan (operado por la sociedad francesa Perenco), que produce más del 90% del petróleo que se extrae en Guatemala. La trascendental decisión que, en onsejo de ministros, tome el presidente Colom respecto a la prórroga del contrato de dicha explotación petrolera habrá de sopesar los argumentos ambientalistas (generalmente opuestos a la prórroga) y las razones económico-pragmáticas (que la favorecen). Las consideraciones y desacuerdos que levanta este tema son, ciertamente, muy complejas. Los argumentos de los ambientalistas indican que la explotación petrolera requiere de caminos que atraviesan y dañan la selva y que son usados por los depredadores, además de que entraña el riesgo de derrames que afectarían gravemente el equilibrio ecológico. Sin embargo, aunque hay que reconocer que en el pasado las empresas petroleras fueron indiferentes respecto del ambiente, hoy en día es posible reconciliar los intereses económicos nacionales con la preservación de la selva y sus habitantes. La explotación petrolera no tiene por qué dañar la selva o sus habitantes: Una medida esencial practicada en otros países incluye la creación de un fondo petrolero independiente y transparente, basado en la experiencia de Noruega, similar al Fonpetrol vigente en Guatemala, pero mejorado en cuanto a su sistema de pesos y contrapesos. La explotación petrolera tiene el potencial de generar riqueza con un menor impacto sobre la selva que el que tienen la explotación ganadera, la siembra de maíz o la depredación forestal, que son las actividades económicas alternativas que han destruido el parque Laguna del Tigre. Alrededor del mundo los ambientalistas suelen estar de acuerdo con la explotación petrolera en la selva cuando ésta se desarrolla con técnicas conservacionistas, como por ejemplo la exploración por puente aéreo (que no requiere de carreteras) o la perforación horizontal (que requiere de un menor número de pozos). En parte por ello es que el Gobierno de Perú está impulsando la exploración de más de 20 áreas petroleras, muchas de ellas en la selva; Colombia tiene planes de hacer lo mismo en su selva meridional; Hugo Chávez ha esbozado un plan para llevar gas a Argentina a través de la Amazonia y presta ayuda a Evo Morales para explorar petróleo en la selva; y el Gobierno ecuatoriano ha propuesto a los países industriales no explotar un importante manto petrolero en territorio amazónico a cambio de que le paguen$350 millones anuales durante 10 años. En todo caso, debe cobrarse conciencia de que si se cancela la operación de Perenco, Guatemala prácticamente cesaría de producir petróleo, con las pérdidas de ingreso y empleo que ello signifique, y el precedente nefasto que se sentaría para las intenciones de atraer inversión extranjera al país. Si el pozo Xan se cierra, ello no significaría recuperar la selva ya perdida; si continúa operando, en cambio, el Conap podría utilizar los más de 30 millones de quetzales anuales que le tocarían (y que curiosamente aún no ha reclamado) para financiar sus operaciones de reforestación en el parque. Si el pozo cierra no se implantaría la ley y el orden perdidos en el parque, sino más bien se perdería el único bolsón donde el Estado guatemalteco aún ejerce autoridad en esa tierra de nadie. Si Xan se cierra, el petróleo será tarde o temprano succionado (horizontalmente) desde territorio mexicano y Guatemala perdería para siempre el producto (y los impuestos y regalías que genera). Ojalá los ambientalistas se den cuenta de esto porque de lo contario, paradójicamente, no estarían viendo el bosque por ver solamente el árbol. OPINIÓN DE LOS LECTORES Mario David Gabriel Echeverría 16-03-2010 16:08:48 horas Pienso que existen puntos en los que todos salgan beneficiados, los ambientalistas deben preocuparse y responsabilizarse de tener control de áreas protegidas y no solamente anteponer argumentos contra uso de nuestros recursos. No es válido facilitar el usufructo ilegal de invasores constitudinarios parceleros que no trascienden más que para generar economías de subsistencia o extrema pobreza. Apostemos por un país productivo, que tanto nos hace falta. JOSUE AUGUSTO PEREZ FIGUEROA 16-03-2010 20:32:55 horas Lo que si discute es la indiferencia de los empresarios para conservar el ambiente. Siempre salen con el pretexto de los costos, sin embargo, los costos no aumentan, siempre serán los mismos, excepto quien los asume. Perenco no quiere asumir los costos por que le restan “competitividad” entonces se los traslada al pueblo de Guatemala y a la humanidad entera. Esto es lo que hay que evitar. Perenco debe asumir los costos del medio ambiente. Roberto 18-03-2010 11:31:36 horas Usted es partidario de la desinformación del Gobierno, ¿cierto? Por si no lo sabía, este sector es aún (y con toda la destrucción que ha sido víctima) el humedal más importante de Mesoamerica. El último lugar de reproducción de guacamayas y hogar de infinidad de animales, los cuales están en peligro de extinción. Que triste que en el periodismo hayan personas que se vendan al mejor postor. Siglo Veintiuno, ojo con este tipo de pseudo opiniones, o son ignorantes o vendidas.

Lo Primero es Cumplir la Ley

En las sociedades desarrolladas, cuando se presentan problemas o surgen crisis que deben enfrentarse, lo primero que cruza la mente de quienes están a cargo de las políticas públicas es consultar el marco legal para guiar sus decisiones. En Guatemala, en cambio, parece que lo primero que se cruza por la mente de los dirigentes es inventarse una solución grandiosa, o por lo menos chilera, que les permita dar la impresión de estar haciendo un histórico aporte al progreso de la humanidad, todo ello sin importar qué marco legal exista para regir su accionar. Esta semana presento cuatro ejemplos que evidencian cuánto se recurrre a este expediente en nuestro país.
§ POLÍTICAS PÚBLICAS

LO PRIMERO ES CUMPLIR LA LEY
Las crisis tienden a despertar el ingenio y la inventiva de los humanos, lo cual suele resultar positivo para el progreso de la civilización. Empero, cuando se trata de políticas públicas, la reacción inicial ante cualquier crisis debería ser la de ubicarse en el marco legal vigente y sólo a partir de allí poner a trabajar le inventiva y el ingenio. De lo contrario, las decisiones que se adopten pueden conducir a la arbitrariedad o a la ineficiencia de la gestión pública. Para ilustrar el punto pensemos, por ejemplo, en la crisis alimentaria cuya solución, independientemente de las medidas paliativas y asistencialistas, debe empezar por alinear todas las acciones en función de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la que establece al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –CONASAN- como ente rector de todo lo relativo al tema y lo integra por el Vicepresidente de la República (quien lo debe coordinar), ocho ministerios, tres Secretarías de la Presidencia y representantes de la sociedad civil. Uno de los mandatos del CONASAN es diseñar y ejecutar un Plan Estratégico que ordene las distintas iniciativas en la materia; de manera que en el tema alimentario ya hay directrices establecidas en ley y no debería haber dónde perderse.
Igualmente, ante la crisis de seguridad han surgido múltiples propuestas y se han revelado incontables necesidades que deben ser atendidas por el Estado y que, siendo los recursos escasos, requieren de una priorización. Como primer punto de las agendas de seguridad debe figurar el estricto cumplimiento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad cuya máxima autoridad, el Consejo Nacional de Seguridad, está presidido por el Presidente de la República e integrado por el Vicepresidente, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Gobernación, el Ministro de Defensa, el Secretario de Inteligencia Estratégica y el Procurador General de la Nación; el Consejo debe coordinar el diseño y aplicación de la Política Nacional de Seguridad donde se definen los cursos de acción para prevenir y combatir las amenazas que se presenten sobre las condiciones de vulnerabilidad de la sociedad y sus instituciones.
Una crisis más recientes es la emergencia ambiental suscitada en el lago de Atitlán, la cual debió haberse evitado si tan solo se hubiese cumplido con el mandato legal otorgado desde 1996 a la Autoridad para el Manejo Sustentable del lago –dependiente de la Vicepresidencia de la República- que tenía a su cargo planificar, coordinar y ejecutar las medidas de preservación de la cuenca de acuerdo con un plan de manejo integrado.
Otra crisis actual que puede mencionarse es la falta de recursos financieros líquidos que, por múltiples razones, está afectando las arcas gubernamentales y que está generando un intenso debate en el Congreso respecto de reorientar el uso de algunos préstamos externos para cubrir gastos corrientes. Tal debate es innecesario pues la Ley Orgánica del Presupuesto especifica claramente que “no se podrán realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes u operativos”.Estos son sólo algunos ejemplos que dejan en claro que, para enfrentar cualquier crisis, las políticas públicas deben empezar por cumplir lo que la ley manda.

OPINIÓN DEL LECTOR
Buenas tardes Mario, solo queria unirme a esta opinion que ilustras en tu columna del martesDonde el Aplicar las Leyes ya existantes, bastaria para un funcionamiento correcto del Pais y en varios casos permitiria resolver Grandes problemas actuales.Hasta la VistaCordiales Saludos Eric Malbrun