VACUNACIÓN, UNA PRIORIDAD ECONÓMICA

LA VACUNACIÓN DEBERÍA SEGUIR SIENDO LA POLÍTICA PÚBLICA CLAVE EN 2022

Recién se cumplió un año del inicio del proceso de vacunación contra el Covid-19 en Guatemala, tiempo durante el cual se ha logrado que la tercera parte de la población cuente con el esquema completo de vacunación, pero todavía uno de cada cuatro guatemaltecos no ha recibido ni una dosis. Eso nos coloca a la zaga en Latinoamérica en materia de vacunación. Más allá de las consideraciones éticas o políticas, conviene enfatizar que el retraso en la vacunación acarrea un alto costo económico. Algunos estudios estiman que los países más atrasados en la provisión de vacunas a su población podrían perder más de un 2 por ciento del PIB por ese retraso.

Un programa agresivo y masivo de vacunación puede impactar positivamente en la actividad económica. Por ejemplo, los flujos de turismo hacia el país van a depender en gran medida de los avances en vacunación: los viajeros provenientes de los países avanzados están evitando viajar a destinos con poblaciones sin vacunar. Vale la pena recordar que el sector de hoteles y restauración fue el más afectado durante el primer año de la pandemia (en Guatemala, su producción se redujo en 24 por ciento en 2020). El turismo puede ser un motor clave, en el corto plazo, para la recuperación económica, pero necesita (más que privilegios tributarios temporales) un ambiente propicio para florecer, y una población ampliamente vacunada resulta clave para generar dicho ambiente.

En el largo plazo, la vacunación masiva también es fundamental para elevar la productividad del aparato económico. Por ejemplo, empezar un rápido proceso para vacunar a la población de 5 a 11 años de edad es necesario y urgente para asegurar la presencia de los menores en las escuelas y detener el grave impacto que la ausencia de las escuelas (durante ya dos años) está teniendo en la adquisición de conocimientos y destrezas de la siguiente generación de trabajadores.

Por otro lado, el Covid-19 se volverá endémico más temprano que tarde, lo cual significa que el país tendrá que revisar su estrategia de salud pública para adaptarla a la nueva realidad. Durante los últimos dos años la tarea ha sido responder a las emergencias a corto plazo de cada ola de contagios, pero en pocos meses será necesaria una estrategia a más largo plazo para hacer frente a los coronavirus y a todas las amenazas de la salud pública, a fin de tener una población más productiva y sana. De nuevo, la base de esa estrategia es una población vacunada.

La vacunación debería seguir siendo la prioridad de las políticas públicas en 2022. Es necesario redoblar esfuerzos en relanzar con ímpetu la campaña de vacunación contra el Covid-19, que incluya la vacunación de los niños en edad escolar. Ello implica dedicar suficientes recursos públicos (financieros y humanos), tantos como sean necesarios, para que Guatemala no siga rezagándose respecto de los demás países latinoamericanos. En este campo es prudente ser ambiciosos y plantearse la meta de vacunar a todos los grupos etarios en un plazo perentorio. El gasto que esto implique debe ser visto como una inversión de altos réditos.

CRISIS Y DESCONTENTO

 LA CRISIS ECONÓMICA TIENE UN IMPACTO POLÍTICO, Y LAS DECISIONES POLÍTICAS TIENEN UN IMPACTO ECONÓMICO

Las crisis económicas suelen tener un impacto político y social negativo. La pandemia ocasionó una importante recesión en 2020 y, aunque se espera un buen crecimiento en 2021, los niveles de producción, ingresos y empleo aún quedarán por debajo de lo que habrían sido si no hubiese habido pandemia. Ello crea un ambiente de insatisfacción social que, de no ser atendido cuidadosamente con políticas públicas adecuadas, puede degenerar en un clima de descontento social, protestas e ingobernabilidad.

En prácticamente todas las regiones del mundo los disturbios sociales se están esparciendo, tanto por la frustración ciudadana con el manejo de la crisis por parte de los gobiernos, como por el percibido aumento de la desigualdad y de la corrupción, factores que tienden a aumentar las tensiones y disparidades existentes. En las últimas semanas, Guatemala está cayendo precisamente en ese tipo de escenario.

Diversos estudios señalan que, a lo largo de la historia, existe una correlación entre las crisis económicas y el deterioro de las instituciones democráticas, especialmente cuando las vulnerabilidades sociales subyacentes se agravan por la recesión. Un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional estima que un ambiente de protestas y malestar social puede ocasionar daños importantes al desempeño económico: el PIB de un país sería un uno por ciento más bajo después de un episodio grande de disturbios sociales. El estudio también encuentra que el impacto adverso de los disturbios suele ser mayor en países con instituciones débiles y limitados espacios de políticas públicas: los países que (como Guatemala) ya tenían antes de la pandemia fundamentos institucionales débiles se verán más afectados si el descontento social se convierte en ingobernabilidad.

Decisiones como la de la Fiscal General de despedir al jefe de la FECI -independientemente de su justificación administrativa o política- pueden ocasionar reacciones sociales y diplomáticas con consecuencias económicas indeseables si se adoptan en un ambiente ya crispado a causa de la pandemia y su manejo. “En tiempos de desolación, no hacer mudanza”, aconsejaba San Ignacio –y menos en medio de la peor ola de contagios de Covid-19 que ha incrementado la percepción negativa sobre la forma en que el gobierno ha manejado la pandemia y la vacunación; y menos aun cuando el gobierno gringo ya advirtió específicamente no hacer esa mudanza-.

Ahora toca afrontar las protestas públicas con sabiduría y prudencia, tratando de anticipar las necesidades de los ciudadanos con políticas que brinden oportunidades para alcanzar prosperidad, generar empleos, agilizar la vacunación y contener el impacto a largo plazo de la crisis, lo cual quizá requiera de un amplio diálogo sobre el rol del Estado y sobre el uso transparente y eficaz de los fondos públicos. De lo contrario, la ingobernabilidad no solo obstaculizará la recuperación económica, sino que amenazará con minar nuestra ya endeble democracia liberal.

MEDIDAS PARA ACELERAR EL CRECIMIENTO

EXISTEN MEDIDAS CONCRETAS QUE, A CORTO PLAZO, PUEDEN AYUDAR A MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD

 La reactivación está en marcha: diversos indicadores económicos apuntan a una recuperación dinámica del nivel de producción. En gran medida, esta reactivación es inercial, ya que después de una recesión ocasionada por un shock exógeno (como la que ocurrió el año pasado a causa de la pandemia de Covid-19) casi siempre se produce un rebote como el que estamos experimentando. Si ese rebote no va acompañado de un aumento en la productividad, lo más probable es que, después de este año de recuperación, nuestra economía retorne a los niveles estables, pero muy mediocres de crecimiento, similares a los de los últimos lustros.

 La única forma en que nuestra economía crecerá más rápidamente de forma sostenible es mediante un aumento de la productividad, que solo puede obtenerse si se mejora el marco institucional -político y económico- y, con él, la certeza jurídica, el clima de negocios y la inversión en capital físico y humano. Por desgracia, ello solo es posible a mediano plazo. Sin embargo, a corto plazo es posible lograr algunas mejoras en la productividad si se identifican adecuadamente aquellos cambios que la pandemia ha provocado en la estructura y en las relaciones económicas, y se aprovechan para inyectar dinamismo y eficiencia a dichas relaciones.

 En efecto, la pandemia ha modificado la forma en que muchas personas obtienen y gastan sus ingresos: se ha acelerado el uso de medios digitales, así como la automatización de muchos procesos que ahora se hacen remotamente, y se ha generalizado el tele-trabajo en muchos sectores. Muchos de estos cambios vinieron para quedarse y pueden estar logrando aumentos de la productividad en diversos sectores de la actividad económica. Sin embargo, otros sectores se han visto fuertemente afectados por la crisis y por la automatización de procesos, y es probable que los empleos que se pierdan en estos sectores nunca lleguen a recuperarse.

 Por lo tanto, es imprescindible que las políticas públicas ayuden, por un lado, a que los sectores que están cobrando dinamismo en el nuevo entorno se reafirmen y fortalezcan pero, simultáneamente, a que los empresarios y empleados afectados en los sectores más golpeados puedan hacer una transición hacia nuevas actividades y empleos. Existe ya un conjunto de medidas -pendientes de aprobar o de aplicar- que las autoridades gubernamentales podrían estar impulsando para coadyuvar en ese proceso: un marco legal para regular las insolvencias y la restructuración de empresas; la reglamentación del trabajo a tiempo parcial; los programas de reentrenamiento y capacitación laboral en tecnologías informáticas; un seguro de desempleo (a cargo del IGSS); esquemas de garantía crediticia para las actividades con potencial productivo; o, el fortalecimiento de la resolución de conflictos mediante el arbitraje. Para todas estas medidas ya existen propuestas concretas. Lo que hace falta, como siempre, es que los encargados (en los tres poderes del Estado) les asignen la prioridad que se merecen.

PARA SALIR DE ESTA LARGA PANDEMIA

 LAS PERSPECTIVAS QUIZÁ NO SEAN TAN OPTIMISTAS COMO LAS PINTA EL FMI

 Este año, de acuerdo a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, la economía de Guatemala podría crecer a un ritmo de 4.5 porciento, recuperándose de la caída de 1.5 porciento que ocasionó la pandemia el año pasado, que registró la peor recesión en casi 40 años y de cuyas secuelas el nivel de empleo y de ingreso per cápita no se podrán recuperar tan rápidamente como, aparentemente, sí hará la producción de bienes y servicios.

 Sin embargo, las previsiones del FMI lucen, a primera vista, extremadamente optimistas. La persistencia de la crisis sanitaria generada por el Covid-19 ensombrece gravemente las perspectivas de recuperación a corto plazo; al mismo tiempo, la pandemia amenaza con agravar varias fragilidades estructurales del país, planteando importantes desafíos a largo plazo: los sectores de clase media han sido muy afectados en sus ingresos; el cierre prolongado de las escuelas públicas dañará las perspectivas y calidad del empleo de miles de futuros adultos; y, el Estado no solo ha mostrado durante la crisis sus severas limitaciones en la provisión de servicios básicos, sino que ha incurrido en déficits fiscales que ponen en riesgo la tan preciada estabilidad macroeconómica. De manera que las perspectivas a corto plazo están comprometidas ante la incertidumbre creada por la pandemia y las sombrías esperanzas de vacunación, mientras que las de largo plazo están amenazadas por la dislocación económica y social generada por una pandemia ya muy prolongada.

 Ante este panorama, lo que realmente apremia es que se acelere el acceso a las vacunas. Sin una vacunación masiva, rápida y efectiva, será imposible impulsar las perspectivas de crecimiento y salud que con tanto optimismo prevé el FMI. Esto requiere que se ejecuten cuanto antes los recursos aprobados desde hace varios meses para la compra y aplicación de las vacunas, y que se implementen sistemas locales de salud más fuertes, al tiempo que se redoblan los esfuerzos de contención, profilaxis y tratamiento de la enfermedad. Eso, en el cortísimo plazo.

 Para el mediano y largo plazos se necesita un esfuerzo triple para desatar el inmenso potencial de nuestra economía: reformas institucionales audaces para generar un clima empresarial favorable e impulsar el crecimiento económico; ampliar el acceso a la infraestructura, la educación, y la salud de alta calidad; y, medidas fiscales para recuperar le sostenibilidad y revertir muchos años de mediocre crecimiento. Así pues, los encargados de las políticas públicas deben hacer frente no solo al desafío inmediato que plantea la crisis sanitaria (que, aparentemente durará aún mucho tiempo), sino también deben impulsar las políticas clave para fomentar la inversión y el acceso a los servicios públicos básicos que generen el crecimiento de largo plazo que el país necesita.