LAS CRÍTICAS RECIENTES
Últimamente se han expresado severas críticas a las
inversiones que los bancos privados hacen en bonos del gobierno, es decir, al
concepto mismo de que los bancos puedan otorgarle dinero en préstamo al Estado.
Algunas de estas críticas, aparentemente técnicas, llegan a cuestionar incluso
la prohibición contenida en el artículo 133 de la Constitución que prohíbe al
Banco de Guatemala (banco central) otorgarle financiamiento al gobierno,
aduciendo que tal prohibición hace que los bancos privados llenen el vacío que
deja el banco central y perciban por ello grandes ganancias.
Otras críticas, evidentemente emocionales, califican de
“inmorales” las inversiones bancarias en bonos estatales, no solo por los
rendimientos que las mismas generan, sino porque, además, están exentas de
impuestos. El riesgo de este tipo de críticas, por muy bienintencionadas que
parezcan, es que pueden inducir a cambios de políticas o de leyes que resultarían
más caros y perniciosos que el supuesto problema que pretenden atacar. Todo
porque, en su afán de criticar un síntoma (las utilidades que perciben los
bancos por invertir en títulos estatales), no alcanzan a ver el problema de
fondo que no es otro que la debilidad estructural de las finanzas públicas
guatemaltecas.
QUÉ ES UN BANCO
Para analizar el tema conviene tener clara la naturaleza de la
banca privada, cuya función en la economía es la de ser intermediarios
financieros: los bancos obtienen recursos (recibiendo depósitos o préstamos) de
personas que poseen un superávit financiero (ahorrantes, inversionistas u otros
bancos) y los canalizan (concediendo préstamos o haciendo inversiones) hacia
personas que tienen un déficit financiero (individuos, empresas, proyectos o
gobiernos); a las primeras les paga una tasa de interés (pasiva) y a las
segundas les cobra otra (tasa activa), de cuyo diferencial cubren sus costos y obtienen
sus utilidades. Ese proceso de intermediación financiera le imprime eficiencia
a la asignación de los recursos financieros en el país y contribuye a crear una
economía más productiva.
POR QUÉ LOS BANCOS INVIERTEN EN BONOS
Se colige entonces que resulta normal (como lo es en casi
cualquier país) que, además del otorgamiento de crédito al sector privado, los
bancos incluyan entre sus operaciones activas la inversión en títulos
gubernamentales, que no son otra cosa que un préstamo bancario a un sector
financieramente deficitario (el gobierno). Claro está que para la economía en
su conjunto resultaría ideal que los bancos destinaran sus recursos
mayoritariamente a financiar nuevos emprendimientos e inversiones, en lugar de
financiar el déficit fiscal. En Guatemala, a octubre pasado solo el 55% de los
activos bancarios en Guatemala correspondían a créditos concedidos. Sin
embargo, existen razones que explican el apetito de los bancos nacionales por
los títulos públicos, como lo es el caso de su fácil negociación, que permite
hacerlos líquidos en el mercado secundario, cuando requieren de liquidez para
sus operaciones.
La primera y principal razón es que el gobierno tiene un
déficit fiscal estructural que lo obliga constantemente a buscar financiamiento
externo e interno, para lo cual, entre otros mecanismos, coloca bonos en el
mercado que los bancos suelen estar dispuestos a comprar, especialmente cuando
existe una baja demanda de créditos por parte de los sectores productivos de la economía (que es un
poco lo que viene sucediendo en Guatemala en los últimos tres años, en que la
incertidumbre política ha incidido en una posposición de las decisiones de
inversión privada).
Otra razón que inclina a los bancos a invertir en bonos del gobierno
es que los intereses que estos instrumentos generan, por decisión
gubernamental, están exentos de pagar el Impuesto Sobre la Renta y, además,
tienen un plazo de vencimiento promedio de 15 años y una tasa de rendimiento
promedio de 7.1% que, aunque inferior a la
tasa de interés promedio en el otorgamiento de créditos (8.8%), requiere de
muchos menos costos para obtenerla. Además,
los bonos del Estado son considerados, para efectos regulatorios, como activos
de bajo riesgo, por lo que los bancos tienen que aprovisionar menos capital
para tales activos que para los préstamos al sector privado. Asimismo, la tasa
de interés que paga el gobierno por sus bonos incorpora un factor de riesgo
(riesgo-país), el cual depende de la calificación (grado y perspectiva) que hacen
las calificadoras internacionales. En el caso de Guatemala, dicha calificación se
ve perjudicada por el lento ritmo de crecimiento económico, como por la
debilidad institucional y la existencia de un problema de fiscal estructural,
lo cual hace que la tasa de interés deba ser más elevada para atraer a los
inversionistas. Todo esto hace que los títulos gubernamentales sean atractivos
para los bancos, por lo que resulta plenamente normal y racional que los bancos
busquen ese tipo de inversiones como destino para sus recursos financieros.
LA TENTACIÓN DE REGRESAR AL PASADO
Claro está que el hecho de dedicar ese superávit financiero
de la sociedad a pagar el agujero fiscal, en vez de destinarlo a financiar
actividades privadas, es una señal de que el país está invirtiendo menos de lo
que debería en nuevos proyectos productivos que le permitirían crecer más y
generar más empleos. Algunos periodistas achacan esta situación a la
prohibición constitucional que impide al banco central financiar al gobierno y,
con base en tal premisa, sugieren que deberíamos regresar a la situación
anterior en la que los bancos no tenían ningún incentivo de invertir en bonos
del gobierno porque estos los compraba el Banco de Guatemala pagando intereses
extremadamente bajos.
En realidad, regresar al pasado permitiendo que el banco
central le diera crédito concesional al gobierno sería una pésima noticia para
la economía ya que este tipo de financiamiento se hacía mediante la emisión
masiva de dinero sin respaldo que --como lo demuestra la experiencia
internacional y la historia nacional- ocasiona nocivas consecuencias
macroeconómicas al generar inflación y ocasionar pérdidas al banco central que
dejan permanentemente lisiada a la política monetaria.
En efecto, existen tres argumentos sólidos que desaconsejan
el crédito de banca central al gobierno causante de pérdidas en el balance del
instituto emisor. En primer lugar, que actuar como agente cuasifiscal puede
afectar la capacidad del banco central para cumplir con su mandato de preservar
la estabilidad macroeconómica; en segundo lugar, que dicha actuación disfraza
las debilidades fiscales del gobierno, oscurece su responsabilidad e impide la
debida rendición de cuentas; y, en tercer término, que las experiencias de
hiperinflación registrada en los últimos cien años alrededor del mundo se
originan en la emisión monetaria derivada del financiamiento de banca central
al gobierno.
EL TEMA DE FONDO
El tema de fondo no es si los bancos obtienen demasiadas
utilidades por otorgarle crédito al gobierno mediante la inversión en bonos,
sino que es identificar por qué el gobierno tiene una sempiterna necesidad de
recurrir a ese financiamiento o, en el peor de los casos, a financiamiento
subsidiado por parte del banco central. La debilidad fiscal estructural del
Estado guatemalteco (evidente tanto por el lado de los ingresos, como por el
lado de la calidad del gasto) es la enfermedad detrás de los síntomas del
incesante endeudamiento gubernamental.
El asunto es de suma trascendencia para el futuro del país,
puesto que la debilidad estructural de las finanzas públicas (caracterizada por
los bajos ingresos, la ineficiencia en el gasto y la corrupción enquistada en
las estructuras gubernamentales) impide satisfacer las necesidades sociales, de
seguridad y de infraestructura críticas y para apoyar el crecimiento a largo
plazo. El desafío real es mejorar la administración y la estructura tributaria,
dentro de una estrategia de reforma fiscal integral que asegure el apoyo del público,
lo cual pasa por profundizar las medidas de mejora en la transparencia fiscal,
en la eficiencia del gasto y en el combate a la corrupción que permitan aumentar
la credibilidad del gobierno.
Las
críticas al crédito de los bancos al gobierno no solo no se sustentan técnicamente
(y no hay que olvidar que es una práctica común en la gran mayoría de países),
sino que confunden los síntomas con la enfermedad, con lo cual distraen la
atención de la opinión pública y los esfuerzos de política pública que deberían
centrarse en solucionar el desafío de fondo que plantea la debilidad
estructural de las finanzas públicas del país.
