VALORES ECONÓMICOS QUE SE ESTÁN PERDIENDO

 El libre comercio y la disciplina fiscal están bajo amenaza de los populismos de izquierda y derecha

Hasta hace pocos años existía un sentir -relativamente generalizado entre los hacedores de políticas económicas e, incluso, entre la clase política- en cuanto al rol crucial que el libre comercio entre países y el mantenimiento de la disciplina fiscal a nivel doméstico jugaban para el progreso de las naciones. Sin embargo, ese consenso (que surgió a raíz de las múltiples crisis económicas que el proteccionismo comercial y el despilfarro fiscal generaron el siglo pasado) parece estar retrocediendo a pasos agigantados, lo que podría tener ingratas consecuencias económicas para Guatemala.

En efecto, el libre comercio ha sido una fuerza impulsora del progreso global desde hace más de cien años: con el acceso a nuevos mercados se logran economías de escala, mayor especialización y eficiencia, mejor tecnología y más opciones para los consumidores, lo que genera crecimiento económico y bienestar. Pero, en años recientes, una ola mundial de nacionalismos a nivel político se ha manifestado en medidas proteccionistas (aranceles, cuotas y otras barreras al comercio). Esta preocupante tendencia amenaza con reducir los flujos comerciales, obstaculizar la innovación, atrofiar las cadenas de suministros y aumentar los precios, lo que puede entrañar consecuencias severas para países como Guatemala, que dependen del acceso a los mercados globales para exportar y para abastecer el aparato productivo.

De manera similar, los países que han sido fiscalmente responsables -con bajos déficits fiscales y niveles de deuda sostenibles- han experimentado un mejor desempeño económico en términos de estabilidad y crecimiento. Pero el surgimiento de varios gobiernos populistas (de izquierdas y derechas) alrededor del planeta en años recientes está poniendo “de moda” políticas contrarias a la disciplina fiscal. Muy probablemente esas políticas acarrearán un aumento del costo de la deuda, un encarecimiento del crédito para toda la economía y un deterioro en la calificación de riesgo-país. Resulta preocupante que esa tendencia hacia una menor disciplina fiscal esté empezando a cobrar ímpetu en Guatemala -como lo sugiere el recién aprobado Presupuesto del Estado para 2025-.

El peligro es real y próximo. Los partidos políticos, conservadores y progresistas, aunque separados en aspectos ideológicos, están convergiendo perversamente cuando se trata de aplicar medidas que restringen el comercio y aumentan el déficit fiscal. La simpatía de los propios votantes favorece cada vez más las ideas proteccionistas y de expansión del gasto público. El libre comercio y la responsabilidad fiscal, pese a sus demostrados beneficios, están perdiendo la batalla de la opinión pública.

Es necesario que se recobre la conciencia de que, en un mundo interconectado, las barreras al comercio pueden conducir a un menor crecimiento, a un menor bienestar de los consumidores y mayores tensiones geopolíticas. Es necesario también recobrar la conciencia de que la indisciplina fiscal populista puede conducir a inestabilidad, menor crecimiento y, en casos graves, crisis económicas.

Las crecientes barreras al comercio y déficits fiscales en todo el mundo deben ser contrarrestados con mayor apertura económica y mayor prudencia fiscal, pero ello requiere que las fuerzas políticas ya no sigan avanzando en la dirección opuesta. Los académicos, los hacedores de políticas pública, los líderes sociales y los votantes deben converger hacia estrategias viables que permitan posicionar la apertura comercial y la sostenibilidad fiscal en el centro del debate público, en un entorno cada vez más adverso a esos valores.

REFRENAR EL GASTO PÚBLICO

SE LE HA PERDIDO EL RESPETO AL DÉFICIT FISCAL. LAS CONSECUENCIAS PUEDEN SER CATASTRÓFICAS

El impacto fiscal de dos leyes recién aprobadas en el Congreso (la ley de apoyo a los consumidores de combustibles y la ley de infraestructura estratégica) es inmenso. El presupuesto de gastos aprobado en noviembre -que ye era históricamente elevado- se verá aumentado de Q101.4 millardos a Q105.4 millardos, con lo que el déficit fiscal previsto para 2022 aumentará de un preocupante nivel superior al 2.9% del PIB a un francamente alarmante 3.4% del PIB. Los analistas e instituciones financieras internacionales han advertido que cualquier porcentaje superior al 2% es, para Guatemala, una amenaza para la sostenibilidad fiscal y la estabilidad de nuestra economía.

A raíz de la pandemia, los políticos alrededor del mundo (y en Guatemala también) parecen haberle perdido el miedo a los desequilibrios fiscales, olvidando las lecciones de la historia. Es de simple sentido común y de elemental prudencia que se le pongan límites a esta aparentemente irrefrenable tendencia a gastar más de lo que los ingresos fiscales aconsejan. Una forma de evitar que la sostenida expansión del gasto fiscal provoque desequilibrios macroeconómicos -que ha probado ser exitosa en muchos países- es el uso de las llamadas reglas de responsabilidad fiscal (o reglas macrofiscales), que establece límites cuantitativos a ciertas variables para dar seguimiento y limitar los indicadores fiscales.

El más importante es el indicador del déficit fiscal. Un déficit superior al 2% del PIB sólo podría justificarse ante demandas ingentes de carácter estructural o social (como el caso de alguna necesidad impostergable de invertir -transparentemente- en infraestructura o atención social que, en todo caso, debería ser un incremento temporal, en tanto se ponen en marcha los esfuerzos para incrementar la recaudación fiscal. Otro límite clave es el del ahorro corriente (ingresos corrientes menos gastos corrientes). Entre las reglas fiscales que se utilizan en distintos países también destacan las reglas de gasto, que ponen límites razonables al gasto primario o al gasto corriente en términos absolutos, a sus tasas de crecimiento o a sus tasas como porcentaje del PIB; y, por otro lado, las reglas de ingreso que se vinculan a la determinación de techos o pisos a los ingresos fiscales

Dada la predisposición de la clase política a gastar a manos llenas, es conveniente empezar a aplicar este tipo de reglas, dándoles una naturaleza legislativa que limite, por ejemplo, la diferencia entre ingresos y gastos corrientes, de manera que su resultado (superávit de la cuenta corriente) no sea menor al equivalente al 3% del PIB (como se contempló en los principios del Pacto Fiscal de 2001). Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo  subraya que las reglas fiscales han contribuido a reducir la probabilidad de crisis fiscales y su prociclicalidad, siempre que su aplicación no perjudique la inversión pública. Sería una gran muestra de madurez política y visión de Estado que el Congreso empezara a considerar la adopción de este tipo de reglas de autocontrol, para compensar los potenciales perjuicios de la juerga de gastos que nos heredó la pandemia.

UN TESORO EN RIESGO

OLEADAS DE POLÍTICAS POPULISTAS ESTÁN PONIENDO EN PELIGRO LA ESTABILIDAD A LARGO PLAZO

La pandemia ha traído consigo un resurgimiento del gran gasto gubernamental y una paulatina pérdida de respeto por la disciplina macroeconómica. En su afán por revertir la caída en la producción provocada por los confinamientos, mantener funcionales los servicios de salud, preservar los empleos e ingresos de los ciudadanos, y evitar el descontento generalizado y la ingobernabilidad, los gobiernos alrededor del mundo se involucraron en un aumento del gasto público sin precedentes. Como resultado, tanto el estamento político como la ciudadanía están cada vez menos comprometidos con la estabilidad macroeconómica que, hasta hace apenas un lustro, se tenían en grande aprecio.

En muchos países, y particularmente en Latinoamérica, la pandemia ha exacerbado los ya crecientes sentimientos de insatisfacción ciudadana. Según el más reciente Latinobarómetro, la mayoría de ciudadanos piensa que el acceso a la salud, la educación y la justicia es desigual; los problemas económicos y el desempleo encabecen la lista de preocupaciones públicas; el descontento se está agravando. Y los populistas han aprovechado este resentimiento para desacreditar las instituciones y vandalizarlas. Las instituciones que generan la disciplina fiscal y monetaria están siendo socavadas. Los populistas persuaden a los votantes de que el sistema les está fallando y una de sus herramientas preferidas es aumentar el gasto público a manos llenas, arbitraria e irresponsablemente. Un ejemplo reciente es la nueva Presidenta de Honduras que, en su toma de posesión, ofreció regalar la energía eléctrica a “los pobres”, siempre que la paguen “los ricos”.

En Guatemala el peligro de caer en la tentación del gasto público irresponsable está a la orden del día. En el Congreso existen varias iniciativas preocupantes. Una iniciativa (Bono de la Esperanza) -promovida por una ex candidata presidencial- pretende regalar dinero al público por Q18 millardos al año. Otra (Programa del Servicio Cívico Ambiental) -promovida por un ex presidente del Congreso- busca resarcir a ex combatientes militares pro casi Q16 millardos en tres años. En esa línea, recientemente se aprobó un aumento -sin estudios que lo soporten- al bono al adulto mayor. Y a eso agreguemos la ocurrencia de un ex candidato presidencial (al estilo hondureño) de dar gratis el servicio eléctrico a “los pobres”.

Por muy bien intencionadas que puedan ser esas propuestas, el problema que tienen es que generan un despilfarro del erario e insostenibilidad fiscal. Una lección clara de esta pandemia es que los estímulos fiscales desmedidos impulsan la inflación y la inestabilidad económica. El más claro ejemplo de esto es la sorprendentemente elevada inflación que está sufriendo el propio Estados Unidos: el país industrializado que más ha derrochado, es el que está teniendo la mayor inflación. La estabilidad macroeconómica de la que goza Guatemala es un tesoro que costó mucho obtener y que, muchas veces, no se aprecia… hasta que se pierde. Quienes tenemos la suerte de haberlo heredado debemos esforzarnos por protegerlo.

PRESUPUESTO 2022: LO BUENO, LO MALO Y LO FEO

EL PRESUPUESTO ES, CADA VEZ, UNA HERRAMIENTA MENOS ÚTIL PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DEL PAÍS

El Congreso aprobó el Presupuesto del Estado para 2022, luego de una discusión parlamentaria muy superficial y centrada en repartir clientelarmente el erario. Lo bueno es que, por fin, luego de tres años sin presupuesto, el año próximo al menos tendremos un presupuesto contra el cual se pueda contrastar y fiscalizar el desempeño financiero del Estado, el gobierno podrá contar con una guía para operar con más transparencia la ejecución del gasto, y los mercados tendrán más certeza. En sí mismo, eso es ya un avance.

Lo malo es que, lejos de corregir los errores de la iniciativa que le envió el Ejecutivo, el Congreso le agregó más defectos. Así, el déficit fiscal aprobado para 2022 será significativamente superior al que se registrará este año, aspecto que envía un pésimo mensaje a los mercados financieros, ya preocupados por el innecesariamente creciente endeudamiento público del país. La Comisión de Finanzas Públicas del Congreso, excusándose en un aumento de los ingresos tributarios del que no especificó las fuentes, incluyó aumentos injustificados -como el aumento de sueldos para el magisterio o para el dudoso programa de seguro médico escolar-, elevó sin mayor vergüenza el presupuesto del propio Congreso, y no solo avaló, sino que exacerbó la pésima práctica de regalarle dinero a dedo a muchas ONGs para que hagan caridad privada con el dinero de los contribuyentes.

Encima de esto, varias normas de ejecución incluidas en el presupuesto aprobado tergiversan e, incluso, violan otras leyes -especialmente la Ley Orgánica del Presupuesto- con disposiciones tan inapropiadas y peligrosas como las que explícitamente permiten que el gobierno se endeude para financiar gastos de funcionamiento, o las que fomentan la opacidad y el despilfarro al eximir a ciertas entidades la obligación de reintegrar los recursos no ejecutados al fondo común.

Lo feo es que, incluso si se hubiesen corregido estos errores, los presupuestos gubernamentales (no solo el recién aprobado) exhiben serios problemas estructurales de muy difícil solución y que, paulatinamente, hacen que el Estado sea cada vez menos capaz de proveer los servicios públicos esenciales. El gasto de funcionamiento -particularmente la masa salarial- crece incansablemente en detrimento de la inversión pública. Los situados para las municipalidades y Consejos de Desarrollo no solo siguen aumentando, sino que son cada vez más opacos y menos alineados con las políticas públicas de largo plazo. Se normaliza la incapacidad del Estado al delegarle a ONGs la provisión de servicios que deberían ser proveídos o contratados por el gobierno. Los agujeros negros de las clases pasivas o de la deuda con el IGSS, siguen aumentando a pasos agigantados. Además, persiste una desconexión absoluta entre los objetivos de desarrollo de largo plazo y la asignación de los recursos fiscales

Si a todo lo anterior le agregamos la perenne inoperancia de la Contraloría de Cuentas, nos encontramos con un escenario en el que el presupuesto gubernamental se convierte, año con año, en una herramienta cada vez menos útil.

Las Tres Opciones del Congreso

 ES NECESARIO APROBAR EL PRESUPUESTO PARA 2021, PERO ANTES HAY QUE CORREGIRLO

 A principios de septiembre, el Ejecutivo presentó al Congreso su propuesta de presupuesto de ingresos y gastos del Estado para 2021, que apunta a continuar con una política fiscal notoriamente expansiva: se prevé un déficit fiscal de 4.9% del PIB que refleja un techo de gasto de Q99.7 mil millones que, aunque menor a los Q107.7 millardos del presupuesto ampliado de 2020, resulta significativamente más alto que los Q87 millardos originalmente previstos en el presupuesto prepandémico de 2020. Con ello, el endeudamiento público aumentará aún más hasta alcanzar un alarmante nivel que equivaldría a más del 360% de los ingresos tributarios.

 Antes de la fecha límite del 30 de noviembre, el Congreso deberá decidir qué hacer con esa propuesta, para lo cual tiene tres opciones. La primera -y peor- opción es la de no aprobar el presupuesto, tal como ha ocurrido varias veces en años recientes. Esta opción (reflejo de la incapacidad política de llegar a acuerdos parlamentarios por el bien del país) es, casi siempre, la menos deseable porque obliga a mantener vigente el presupuesto del año previo, con los consabidos problemas que esto acarrea, no solo en cuanto la dificultad operatoria del ya ineficiente aparato estatal, sino porque implica realizar múltiples (opacas y truculentas) transferencias a lo largo del año. Y ahora la situación seria aún más grave porque, de repetirse el inflado presupueste de 2020, las variables macro-fiscales se deteriorarían aún más, poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal del país.

 Otra opción -no tan grave, pero igualmente desaconsejable- sería aprobar el presupuesto tal como lo presentó el Ejecutivo, o con muy pequeños ajustes negociados con fines políticos. Esta opción, aunque cómoda para los diputados, implicaría que el Congreso no haga su trabajo de revisar, discutir y corregir las principales debilidades que, como cada año, sufre el proyecto de presupuesto. Esta vez, la corrección de tales debilidades puede significar la diferencia entre iniciar una dinámica de deterioro permanente de las cuentas fiscales o emprender una ruta gradual de consolidación fiscal que permita mantener la buena reputación financiera del país en los mercados nacionales e internacionales.

 La mejor opción que tiene el Congreso es la de introducir las enmiendas necesarias para mejorar la eficacia del gasto y asegurar la sostenibilidad fiscal del país. Entre ellas destaca la necesidad de reducir el techo de gastos a niveles más prudentes: los gastos de funcionamiento se han disparado en 2020 (como resultado de las ampliaciones que se aprobaron para combatir los efectos de la crisis); esos gastos deberían de reducirse en 2021 mucho más de lo que se plantea en el proyecto de presupuesto. Ello permitiría que el déficit fiscal y la deuda pública se moderen gradualmente hasta recuperar niveles más sostenibles.

 También debe corregirse el injustificable y absurdo uso del endeudamiento para financiar gasto recurrente (la deuda pública solo debería destinarse a inversión). Asimismo, deben establecerse mecanismos para blindar los más de Q4 millardos que se prevén para infraestructura que, de no protegerse, se perderán dentro de la caja negra de la obra pública. Es necesario obligar al gobierno a que -¡por fin!- genere información sistemática del número y costo de la plantilla de trabajadores del sector público, así como obligar a los gobiernos locales a adoptar prácticas esenciales de rendición de cuentas. Y es clave ajustar varias normas presupuestarias que son básicas para asegurar una mayor transparencia en el gasto gubernamental. Ojalá exista la madurez, capacidad y voluntad del Congreso para hacer tales ajustes y aprobar un presupuesto gubernamental responsable para el próximo año.

Recobrar la Disciplina Fiscal

 REDUCIR EL DÉFICIT FISCAL ES UN DESAFÍO CRUCIAL PARA QUE GUATEMALA CONSERVE SU BUENA REPUTACIÓN EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

La deuda pública incluida en el proyecto de presupuesto del Estado para 2021–recién entregado al Congreso de la República para su discusión y eventual aprobación- asciende a la histórica cifra de Q32.6 millardos, monto que -como porcentaje del PIB-, cuando se compara con otros países, resulta relativamente bajo, al igual que son bajos los montos de gasto y de ingresos previstos (lo cual no sorprende porque el tamaño del gobierno guatemalteco es históricamente pequeño). Pero cuando se compara el endeudamiento como porcentaje de los ingresos tributarios, que es una medida de la capacidad de pago del Estado, la cifra se torna preocupante.

El endeudamiento público se ha disparado este año -y continuará aumentando en 2021- debido a que los gastos extraordinarios derivados de la crisis generada por el Covid-19 debieron ser financiados con deuda. Esos gastos generan un precipitado aumento del déficit fiscal —gastos que superan los ingresos— que pasó de representar un 2.2% del PIB en 2019, a alrededor de 6% en 2020. Según el proyecto de presupuesto, el déficit empezará a reducirse en 2021 -a un 4.9% del PIB-, pero aún se trata de un nivel anómalamente alto. Afortunadamente, las previsiones presupuestarias indican la intención de reducirlo gradualmente hasta volver a ubicarlo en niveles de 2%, considerados sostenibles por expertos internacionales.

Esa reducción del déficit es un desafío crucial para la economía guatemalteca. Nuestro país posee una muy buena reputación en los mercados financieros internacionales, ganada a pulso a lo largo de las últimas tres décadas merced a la aplicación de políticas monetarias y fiscales prudentes. Esa reputación ha sido clave para que el país logre acceder a los mercados financieros en condiciones favorables, lo que para otros países (como El Salvador o Costa Rica) resulta impensable, especialmente en estos tiempos de crisis. La buena reputación financiera del país es un invaluable activo que es menester preservar, lo cual implica retomar la disciplina fiscal.

Para el efecto, es importante que el fisco -tal como se esboza en el proyecto de presupuesto 2021- adquiera el compromiso de reducir gradualmente el déficit a niveles sostenibles, para lo cual será necesario plasmar en ley la ruta de retorno a la ortodoxia fiscal. De lo contrario, la deuda pública seguirá creciendo más allá de los límites tolerables, lo que significa que sería impagable, desencadenando una crisis fiscal y cortando el acceso al crédito externo, no sólo para el gobierno, sino también para el sector empresarial.

Es muy probable que el esfuerzo que requerirá el retorno a la ortodoxia implique (cuando concluya la emergencia) la necesidad de establecer diálogo nacional que conduzca a un pacto fiscal integral, es decir, uno que no se centre solamente en los ingresos tributarios (sabiendo que, eventualmente, la deuda pública debe pagarse con impuestos y no con más deuda), sino que aborde centralmente cómo mejorar la calidad del gasto público, que cada año se ha venido deteriorando más en términos de despilfarro, ineficiencia y opacidad. Dicho diálogo también deberá incluir la adopción de ciertas reglas cuantitativas -como existen en otros países- para evitar que una indisciplina fiscal -obligada por la crisis actual- se vuelva costumbre y dañe la estabilidad económica.

Un primer paso es que el Congreso apruebe la trayectoria de reducción del déficit incluida en el proyecto de Presupuesto para 2021. Sería nefasto que, por el contrario, el Congreso no aprobara un presupuesto para el próximo año, lo cual significaría decidir dejar vigente el enorme y desordenado presupuesto del año actual; es decir, una receta para el caos y el despilfarro.

Tres Claves para la Reactivación

No hay soluciones mágicas. Las políticas y reformas necesarias para una reactivación sostenida no son fáciles, pero son imprescindibles

La semana anterior, fui invitado por la Escuela de Negocios de Alto Nivel de la Universidad Panamericana a participar, junto con un panel de distinguidos colegas, en conversatorio donde se nos pidió que, luego de identificar los tres problemas principales que impiden el crecimiento económico del país, sugiriésemos tres soluciones específicas para reactivar la actividad económica, empresarial y social en Guatemala. Resumo mi participación en ese foro.

Respecto de los problemas, destaco, en primer término, la falta de conciencia sobre la realidad nacional por parte de las instituciones y lideres del país; esa falta de conciencia impide priorizar las políticas públicas y esto, a su vez, conduce a un desorden gigantesco en la administración pública y a un desperdicio perenne de los escasos recursos fiscales. El segundo problema es la baja productividad sistémica de la economía nacional (que es la contracara de los elevados niveles de pobreza prevalecientes), el cual se retroalimenta con el tercer problema fundamental, cual es la aguda debilidad institucional que no solo impide al Estado proveer los servicios públicos esenciales, sino que también provoca (como lo evidencia la crisis actual del sistema judicial) una falta de certeza jurídica que obstaculiza la inversión y, por tanto, el desarrollo.

En ese contexto, sugiero tres áreas clave para que las políticas públicas -política y financieramente viables- coadyuven con la reactivación económica. La primera es blindar (de manera urgente, técnica y sólida) los enormes recursos presupuestarios con que cuenta el gobierno tras el extraordinario endeudamiento que le autorizó el Congreso. Esos Q20 millardos no solo se han ejecutado con extrema lentitud (lo que implica que quedarán recursos en caja sin utilizar), sino que es posible que vuelvan a duplicarse el año próximo (en el probable caso de que el Congreso no apruebe el proyecto de presupuesto para 2021). Estos recursos extraordinarios, aunque son una amenaza para la estabilidad fiscal -y más bien por eso mismo-, deben blindarse para evitar que se desperdicien en gasto corriente o en programas demostradamente fracasados y opacos. Para el efecto, deben crearse vehículos financieros de propósito especial enfocados a gastos prioritarios, como podrían ser un fondo específico para combatir la desnutrición, fondos de garantía para crédito empresarial, un fondo para infraestructura y fondos para fortalecer los sistemas de salud y seguridad social.

Una segunda área clave para la reactivación debe ser la facilitación de negocios, que implica reducir e informatizar trámites administrativos, invertir en capacitación hacia nuevas tecnologías (que definirán el mercado de trabajo del futuro), flexibilizar el mercado laboral (que implica facilitar el trabajo a tiempo parcial y establecer un seguro de desempleo complementario a los programas que hoy conduce el seguro social) y modernizar los sistemas de pagos (incluyendo su digitalización y la inclusión financiera de toda la población).

Finalmente, debe iniciarse la reforma de las principales instituciones del Estado (el servicio civil, el sector justicia, los partidos políticos, el seguro social, el sistema estadístico y la Contraloría de Cuentas, por ejemplo). Estas reformas no son fáciles, pero son imprescindibles pues sin ellas ninguna otra política pública tendrá largo aliento; sin ellas será difícil lograr el clima de paz social y gobernabilidad necesarias para la adopción de nuevas tecnologías; sin ellas no habrá inversión (ni en personas ni en infraestructura); sin ellas no habrá certeza jurídica para un buen clima de negocios. La pandemia es, ciertamente una maldición; pero quizá también sea la oportunidad de acometer, por fin, las tantas veces postergadas reformas en estas áreas clave.

Presupuesto 2021: una Oportunidad para la Recuperación Económica

El fortalecimiento de la sanidad pública resulta crucial para minimizar costos de una eventual segunda oleada de contagios

Como cada año, el proceso de elaboración del Presupuesto del Estado para el año próximo está ya en marcha, pero esta vez las circunstancias demandan un reenfoque profundo. Cuando finalmente concluyan las etapas de mitigación de la pandemia y de reapertura de la economía, el país tendrá una oportunidad de relanzar la economía. El presupuesto debe convertirse en la herramienta central para dirigir las políticas públicas que aprovechen esa oportunidad única. El relanzamiento exitoso de la economía nacional dependerá en gran medida de que las prioridades del presupuesto se focalicen en cinco temas cruciales.

El primero es mejorar las redes de protección social. El desempleo ocasionado por la pandemia, así como la reducción en los flujos de remesas familiares al país, conllevarán una reducción en los ingresos de un segmento considerable de la población, que desafortunadamente se concentra en los grupos económicamente más vulnerables. Si bien durante la etapa crítica se aplicaron paquetes temporales de transferencias de efectivo y de bolsas de alimentos, es necesario que estos programas se restructuren con un carácter permanente, pero que estén mejor focalizados y diseñados para estabilizar automáticamente los ingresos de las personas en caso de crisis o catástrofes futuras.

Una segunda prioridad debe ser los sistemas sanitarios y de atención y prevención de desastres. La pandemia ha puesto de manifiesto que la salud pública es estratégica para preservar el funcionamiento de la economía y el desarrollo de las relaciones sociales, especialmente cuando se trata de una emergencia nacional ocasionada por epidemias o desastres naturales. El fortalecimiento de la sanidad pública resulta crucial para minimizar costos de una eventual segunda oleada de contagios, así como para reducir expectativas pesimistas de los agentes económicos y reducir el “confinamiento voluntario” que deprime la demanda agregada de la economía. Ello requiere invertir en infraestructura, equipamiento y recurso humano en salud.

Tercero, debe priorizarse la inversión en infraestructura física, tanto en sistemas de salud que protejan a las personas y minimicen los riesgos de epidemias en el futuro como en la infraestructura vial y tecnológica que requerirá la actividad productiva en la nueva normalidad. Al respecto, es esencial mejorar la eficiencia de la inversión pública para evitar que los fondos destinados a obras públicas de infraestructura se pierdan por ineficiencia o corrupción.

Una cuarta prioridad será la generación de empleos, algo en lo que el presupuesto estatal puede contribuir decididamente, no solo directamente a través del gasto público en actividades creadoras de puestos de trabajo, sino que -más importante- de manera indirecta a través de la transmisión de señales certeras que impulsen a los agentes económicos a invertir y consumir con más confianza respecto al rumbo futuro de la economía. Y, por último, el presupuesto debe formularse priorizando la sostenibilidad fiscal, lo que implica que el Presupuesto del Estado para 2021 debe esbozar la ruta del retorno gradual a los indicadores de solidez fiscal (déficits y endeudamiento moderados) de las décadas previas a la crisis. Esto es especialmente importante dada la reputación de prudencia y de solvencia que se le reconoce a Guatemala en los mercados financieros internacionales, la cual es menester preservar para mantener abiertos los canales de financiamiento internacional que tanto el sector público como el privado necesitarán durante la reactivación económica.