EL MERCADO POLÍTICO

LA DISFUNCIONAL LEY ELECTORAL HA DEGRADADO EL MERCADO POLÍTICO, CON UNA OFERTA POLÍTICA CADA VEZ MÁS MEDIOCRE Y UN ELECTORADO QUE, EN VEZ DE SOLUCIONES, DEMANDA ENTRETENIMIENTO

La campaña electoral que está a pocos días de concluir ha puesto en evidencia una de las más graves fallas de la ley electoral vigente: la prohibición que existe para que los políticos puedan expresar sus opiniones y propuestas antes del inicio oficial de la campaña. Esta absurda prohibición, exacerbada por la miope interpretación de la ley por parte de los magistrados del TSE que consideran cualquier pronunciamiento público de un político constituye “propaganda anticipada”, impide a los políticos hacer política, mutilando así, flagrantemente, uno de los órganos vitales de cualquier democracia: la libre expresión del pensamiento. Una de las consecuencias más graves de tan absurda regulación es que la campaña política ha degenerado en un circo mediocre carente de propuestas, nulo en debates y desprovisto de calidad.

A esto se agrega un cambio estructural en el que los nuevos medios y plataformas de comunicación están teniendo un impacto significativo en la forma en que los políticos llevan a cabo sus campañas electorales. Estas plataformas, como Twitter, Instagram y TikTok, han introducido nuevas vías para la comunicación, el compromiso y la divulgación, ofreciendo a los políticos oportunidades que, desafortunadamente y salvo escasas excepciones, no han sido aprovechadas para bien.

En vez de aprovechar las redes sociales para compartir contenido de calidad, con propuestas atractivas, compartibles y virales, los videos de esta campaña que han ganado mayor visibilidad son aquellos que destacan por lo chusco y por su capacidad de satisfacer, con el auxilio de los influencers y de las noticias fabricadas, las demandas más sórdidas de entretenimiento de los usuarios de estos medios, exponiendo las miserias humanas de los candidatos que, a falta de propuestas de solución a los problemas nacionales, se presentan con bailecitos y chabacanerías a la espera de lograr algún “me gusta” en las redes sociales.

Es posible establecer ciertos paralelismos entre un proceso electoral en una democracia y una economía de mercado. Ambos involucran el concepto de ofrecer bienes o servicios para satisfacer ciertas necesidades o preferencias. Entonces, en la actual campaña electoral, la combinación de una legislación inadecuada, un TSE miope y un cambio estructural en los medios de comunicación política da como resultado un mercado político en que la oferta y la demanda se han degradado simultáneamente. El problema es que, en esta campaña que está por finalizar, los satisfactores ofertados han tenido muy escasa calidad, mientras que las preferencias de los demandantes se han inclinado más por el entretenimiento y el chisme que por la búsqueda de estadistas. En el mercado electoral, una oferta mediocre y anodina se ha acomodado a satisfacer una demanda ramplona y ávida de soluciones demagógicas para evadir la compleja realidad cotidiana.

Esta situación atenta gravemente contra la salud de nuestra endeble democracia. Los líderes políticos deberían estar pensado cómo después de estas elecciones -cuanto más pronto, mejor- arreglan la disfuncional Ley Electoral y de Partidos Políticos para lograr, al menos, dos propósitos fundamentales. Por un lado, recuperar la posibilidad de poder cumplir lo que les corresponde hacer como oferentes: ofertar las soluciones de política pública que permitan resolver los problemas económicos, políticos y sociales del país. Y, por otro, promover una mejor participación ciudadana y una mayor representatividad de los funcionarios electos. En tanto no lo hagan, y mientras sigan acomodados rehuyendo el debate y delegando sus obligaciones en los influencers y en los tiktokers, el mercado político continuará degradándose irremediablemente.

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LOS ELEVADOS PRECIOS DE LAS MEDICINAS

Muchos gobiernos alrededor del mundo están luchando contra los altos precios de los medicamentos

El precio de los medicamentos ha estado aumentando en los últimos años, no solo en Guatemala, sino alrededor del mundo. La Organización Mundial de la Salud estima que unos 100 millones de personas caen en la pobreza anualmente a causa de lo que deben pagar por sus medicinas. Hay evidencia de que los precios que se cobran por algunos medicamentos -especialmente los asociados a enfermedades catastróficas- son, en efecto, irracionalmente altos.

Ciertamente existen razones de mercado que explican en parte esto, como el envejecimiento de la población, la mayor cobertura de seguros médicos y la creciente demanda de una sociedad con más ingresos y esperanza de vida. Pero también existen razones asociadas a los sistemas de adquisiciones que -por ineficiencia y por corrupción- inflan artificialmente el costo de la medicina. No hay que olvidar que las empresas farmacéuticas obtienen monopolios (más o menos temporales) a través de patentes y contratos otorgados por los gobiernos.

Muchos gobiernos alrededor del mundo están luchando contra los altos precios de los medicamentos. En Guatemala, el tema ha cobrado notoriedad luego de que las declaraciones del respetado médico Román Carlos Bregni y del propio presidente Giammattei, denunciando los altos costos de las medicinas, han puesto en evidencia la necesidad de aplicar urgentemente políticas públicas efectivas para enfrentar el problema.

Esas políticas deben aplicarlas los dos mayores compradores estatales –el Ministerio de Salud y el IGSS- y deben ser equilibradas y cuidadosas para generar transparencia y competencia sin desincentivar la oferta ni afectar la calidad de las medicinas. Hasta ahora, las farmacéuticas han ejercido su enorme poder económico y prácticas agresivas -y a veces ilícitas- para “convencer” a los médicos de recetar sus productos y a las autoridades, de comprarlos a precios inflados.

Varias medidas pueden aplicarse, empezando por acciones que promuevan la transparencia en el mercado de medicinas, como podría ser un sistema permanente de publicidad de precios, o abordar la falta de competencia con medidas enérgicas contra las tácticas empleadas por las farmacéuticas para excluir competidores u obstaculizar el uso de medicamentos genéricos. Y se puede recurrir a la experticia de agencias internacionales para realizar procesos de compra por subasta más transparentes y eficientes.

El IGSS ya lo ha estado haciendo: sus autoridades reportan un ahorro de Q3.6 millardos en cuatro años como parte del convenio firmado con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos -UNOPS-. El Ministerio de Salud debería hacer algo similar. Además de la UNOPS existen otras agencias que pueden ayudar en el proceso (en Ucrania, por ejemplo, el gobierno contrató a Crown Agents, una agencia de desarrollo británica, para comprar medicamentos y en un año generó un ahorro millonario). El primer paso de las nuevas autoridades debería seguir avanzando en esta ruta, en vez de abandonarla como parece ser la intención de quienes quieren seguir lucrando con la salud pública.

Nuestra Enfermedad Holandesa

“Enfermedad holandesa" es un término que los economistas usaronpor primera vez en1977 para describir el impacto que tuvo una bonanza de gas del Mar del Norte sobre la economía de los Países Bajos. Esta enfermedad implica que un auge de las exportaciones de productos primarios hace que aumente el valor de la moneda local(es decir, se aprecia) lo que, a su vez, hace que otras partes de la economía (el resto de las exportaciones y, de hecho, todo el aparato productivo) se vuelvan menos competitivas, lo que lleva a un déficit externo y a una dependencia aún mayor de los bienesprimarios.

Guatemala está padeciendo desde hace tiempo su particular enfermedad holandesa, aunque de una cepa distinta: nuestro principal producto de exportación-en pleno auge- no es un bien primario, sino que, desafortunadamente,son los migrantes chapines que desde los Estados Unidos envían un flujo de remesas tan grande que, por sí solo, excede el monto de todo el déficit comercial del país con el exterior.

Como toda enfermedad exótica, el remedio para la enfermedad holandesa no puede ser convencional. ¿Qué medidas han aplicado otros países infectados por este tipo de trastorno? Los casos exitosos han optado por comprar las divisas excedentes generadas por el flujo extraordinario de exportaciones, acumularlas en fondos soberanos (o fondos de estabilización), e invertir los rendimientos de dichos fondos en diversificar la producción nacional (en previsión del día fatal en que cese el flujo extraordinario de divisas).

Bien harían las autoridades económicas guatemaltecas en evaluar ese tipo de medidas para mitigar los efectos de nuestra particular enfermedad holandesa. El banco central podría, por ejemplo, establecer un tramo específico de las reservas monetarias internacionales para alimentarlo mediante la compra (utilizando una regla explícita)de las divisas  que atiborran el mercado cambiario por los flujos de dólares que (principalmente por remesas) ingresan al país; y, ese tramo de reservas debería invertirlo en valores de alto rendimiento que generen flujos al estado para convertirlos en inversiones que diversifiquen la capacidad productiva del país.

Quizá surja la duda de si tal política sería compatible con el esquema de metas de inflación que hasta ahora, y con un notable grado de éxito, ha venido aplicando el banco central para mantener la estabilidad macroeconómica. Me parece que, si el remedio contra la enfermedad holandesa se aplica de forma temporal, explícita y reglada, puede ser totalmente compatible con las metas de inflación. Y lo será más si se aplica como parte de una política macroeconómica integral que incluya una perspectiva macroprudencial, es decir, de sostenibilidad de los sistemas productivo y financiero del país. Al respecto, hay que recordar que uno de los riesgos de la pérdida de competitividad ocasionada por la enfermedad holandesa es que las empresas afectadas se vean imposibilitadas de pagar sus deudas (préstamos obtenidos), con el consiguiente deterioro de la cartera bancaria y la amenaza que ello pueda generar para la estabilidad de toda la economía. Esta debe ser, evidentemente, otra razón de peso para que se tomen medidas prudenciales, coherentes e integrales desde la Junta Monetaria.

Una mala idea, políticamente sexy

No hay que negar que en ocasiones los usuarios de tarjetas de crédito son víctimas de abuso  y de violación a su privacidad. La solución a esto no pasa por poner precios topes a la tasa de interés, que solamente le quitarán a muchos usuarios el acceso a este tipo de crédito

Muchos usuarios de tarjetas de crédito en Guatemala sufren el acoso telefónico y la invasión a su privacidad por parte de los emisores, ya sea para ofrecer productos y servicios (que nadie ha solicitado), o para recordarles el pago de sus saldos (aunque no haya llegado la fecha). Por otro lado, algunos tarjetahabientes han acumulado deudas considerables -ya sea por desconocimiento de las condiciones crediticias de la tarjeta, por su escasa cultura financiera, o por pura irresponsabilidad personal-. Pero el peor remedio que un legislador puede encontrar a estos problemas es el pretender que, mediante una ley de Tarjeta de Crédito como la que recientemente se empezó a discutir en el Congreso, se fije un tope a las tasas de interés.

Quizá los diputados ponentes tengan la loable intención de que, manteniendo artificialmente bajo el costo del financiamiento, se pueda mejorar el acceso al crédito a los tarjetahabientes. Pero los precios tope a las tasas de interés van a lograr exactamente el efecto contrario. Es natural que los créditos que se otorgan vía tarjeta de crédito sean más caros que otros créditos, precisamente porque van dirigidos a prestatarios más riesgosos: consumidores de clase media sin historial crediticio, o pequeños empresarios sin garantías reales. Si a las tarjetas de crédito se les prohíbe  cobrar la tasa de interés que los cubra de esos riesgos, pues simplemente dejarán de otorgar esos créditos a quienes más los necesitan.

La experiencia mundial demuestra lo contraproducentes que resultan los precios tope a las tasas de interés. Por ejemplo, cuando el Banco Central de África Occidental puso tope a las tasas de microcréditos, fueron los usuarios más pobres y en las áreas más remotas (es decir, los más riesgosos) quienes primero dejaron de recibir préstamos. En Nicaragua, en 2001, se introdujo un techo a la tasa de interés de microfinanzas, con el resultado de que el crecimiento del crédito se redujo de un 30 por ciento anual, a un 2 por ciento, dejando sin acceso al crédito a los más necesitados. Y lo mismo ha ocurrido en países desarrollados: cuando el estado de Oregón introdujo en 2007 un tope a las tasas de interés sobre préstamos de día de pago, se incrementó la proporción de personas que reportaron dificultades para obtener créditos en 20 puntos porcentuales. Al final de cuentas, los precios tope solo logran reducir la disponibilidad del producto cuyo precio se pretende controlar.

Nadie niega que en ocasiones los usuarios de tarjetas de crédito son víctimas de abuso, y que algunos de ellos están sobre endeudados (quizá porque nunca debieron haber sido sujetos de crédito). Pero los topes a las tasas de interés son el remedio equivocado para las fallas de ese mercado, que se originan en la insuficiente competencia o en la poca información disponible sobre prestamistas y clientes. Lo que se necesita no son precios tope, sino mayor transparencia acerca de los costos, tarifas y condiciones de los créditos, así como más fuentes de financiamiento y más información sistemática sobre el récord crediticio de los prestatarios. En esto deberían enfocarse los reguladores, y no en medidas populistas que políticamente son sexys, pero que financieramente son un desastre anunciado.