viernes, 28 de diciembre de 2012

Tendencias en Política Monetaria


Esta semana la Junta Monetaria revisó e introdujo algunos ajustes a la política monetaria. Dichos ajustes son apropiados pero, quizá, demasiado modestos. Las mejoras a dicha política deben enfocarse en adoptar acciones de política macro-prudencial como en otros países y en hacer más efectivas las señales de los precios en los mercados cambiario y monetario.

Hace unas semanas se publicó un trabajo de investigación sobre la situación y efectividad de la política monetaria en los países latinoamericanos que siguen un esquema de metas explícitas de inflación, entre los que se incluye Guatemala. El estudio de Nicolas Magud y Evridiki Tsounta (economistas del FMI) trata de medir si la política monetaria está siendo, o no, demasiado restrictiva, al comparar la tasa de interés líder del banco central con una tasa “neutral” estimada.
Para Guatemala, el referido estudio concluye que la política monetaria es aún “un tanto acomodaticia”, es decir, ligeramente expansiva porque la tasa de interés líder está por debajo de la tasa neutral estimada, ello a pesar de que el ritmo de crecimiento de la economía se ha recuperado luego de la desaceleración de 2009. Pero el estudio también advierte que dicha conclusión debe ser tomada con cautela debido a que la efectividad de la política monetaria en Guatemala puede ser más débil que en otros países con mercados financieros más avanzados.
En efecto, en nuestra economía los mecanismos de transmisión monetaria son débiles (las tasas de interés del mercado responden poco ante cambios en la tasa de interés líder), el esquema de metas de inflación es aún inmaduro, los mercados de liquidez están muy segmentados, las necesidades de liquidez del gobierno distorsionan los precios financieros, el tipo de cambio es muy inflexible, y la profundización financiera (es decir, el uso del sector financiero formal por parte de los agentes económicos) es aún muy baja.
Lo anterior sugiere la conveniencia de profundizar las mejoras que se han venido introduciendo en la política monetaria desde que se aprobó la nueva Ley Orgánica del Banco de Guatemala hace diez años. Pero también sugiere que dichas mejoras no deben enfocarse en medidas simplistas (como reducir arbitrariamente la tasa líder de interés), ni en medidas aventuradas –y, quizá, ilegales- (como despojar el banco central de sus reservas internacionales para que el gobierno las gaste) que, con la excusa de procurar el crecimiento económico, pueden dañar la ya débil efectividad de la política monetaria.
Por el contrario, las mejoras a dicha política deben enfocarse en adoptar acciones de política que se han venido aplicando con éxito en otros países. Destacan entre ellas las políticas llamadas “macro-prudenciales” que complementen el esquema de metas de inflación con medidas que limitan la volatilidad y minimizan los riesgos en las operaciones del sector financiero.
La creciente adopción de medidas macro-prudenciales alrededor del mundo se debe a que la reciente crisis financiera mundial demostró que la regulación financiera tradicional (micro-prudencial, que se enfoca en la situación de instituciones o productos financieros individualmente considerados) no tomaba en cuenta la “foto panorámica” del sistema financiero y su relación con la economía nacional, lo que hacía que los supervisores no vieran el bosque por fijarse en los árboles.
De manera que el establecimiento de una política macro-prudencial (que vele por la seguridad del sistema financiero y capture su interrelación con el sistema económico) debe ser una parte integral de la estrategia general del banco central, en conjunto con su esquema de metas de inflación y los objetivos de estabilidad del sistema de pagos, así como con sus instrumentos de política como las tasas de interés a corto plazo, la intervención cambiaria, la gestión de la liquidez a distintos plazos, los servicios de prestamista de última instancia, y medidas cuantitativas como el encaje o los límites de calce de monedas y plazos en las operaciones bancarias.
El desafío es, pues, establecer las medidas de política necesarias para garantizar que la estabilidad de precios y la estabilidad financiera son consistentes sabiendo que, normalmente, un gran aumento del apalancamiento, del crédito bancario y de los desajustes financieros suelen ocurrir al mismo tiempo que un crecimiento acelerado de la demanda agregada y de las presiones inflacionarias, y viceversa.
En estas medidas debe centrarse la política monetaria y financiera, sin olvidar que el crecimiento de largo plazo pasa más por la eficacia de otro tipo de políticas como la fiscal y, especialmente, las de productividad y fortalecimiento institucional.

viernes, 21 de diciembre de 2012

Desafíos Tras Cada Tragedia


De qué forma el país podrá superar los desafíos que se han presentado en todos los desastres ocurridos en años recientes
El terremoto del 7 de noviembre, que afectó principalmente al Suroccidente del país, pone en evidencia nuevamente, por un lado, que Guatemala es uno de los países con mayor riesgo de desastres naturales y, por otro, la precariedad de nuestra infraestructura y la vulnerabilidad en la que viven miles de compatriotas.
Además de la tragedia humana, estos desastres acarrean consecuencias económicas negativas. En primer lugar, al producirse la tragedia surgen costos de emergencia (alimentos, medicinas y habilitación de rutas y refugios) que conllevan gastos del gobierno, la iniciativa privada y la comunidad internacional. Luego, siempre en el corto plazo, hay costos asociados a los daños al stock de capital (infraestructura, inventarios y bienes de capital) que implican una pérdida de riqueza nacional. Y luego, a mediano plazo, se puede producir una pérdida de producción e ingresos derivada de la menor capacidad productiva de familias y empresas, la cual, si no es compensada con un importante aumento en la inversión por reconstrucción, se traduce en una reducción permanente de la producción.
Distinguir y estimar el valor de estos diferentes efectos es importante porque permite calcular la magnitud de los daños y pérdidas ocasionadas por la catástrofe, valuar las necesidades de recursos para reconstrucción y elevar el nivel de conciencia sobre los beneficios económicos de reducir los riesgos asociados a ese tipo de eventos, así como evaluar de qué forma el país supera seis desafíos que se han presentado en todos los desastres ocurridos en años recientes.
El primer desafío es no distorsionar los cálculos de las pérdidas, daños y reparaciones necesarias. Es importante que las autoridades tengan cifras fidedignas a fin de que no se inflen artificialmente los gastos que se requieran para enfrentar los efectos del desastre. Hay que tener presente que el grueso del costo de un desastre natural recae principalmente sobre los ciudadanos y las empresas: el invaluable valor de las vidas afectadas, el costo de oportunidad de las labores productivas perdidas durante la emergencia y la transición, así como las pérdidas de infraestructura, equipo, e inventarios, es algo que no puede ser repuesto ni subsanado por el Estado.
El segundo desafío es no caer en la tentación de esperar (y menos mendigar) recursos a la comunidad internacional: durante el periodo inicial de emergencia toda ayuda externa es necesaria, pero para la reconstrucción el esfuerzo debe ser de los guatemaltecos, tanto en el ámbito privado como en el público. El tercer desafío es manejar transparente y eficientemente los recursos estatales que se destinen a la emergencia y a la reconstrucción.
El cuarto desafío es que se establezcan normas estrictas respecto de la calidad de la obra pública para que no vuelvan a construirse edificios endebles ni puentes de cartón que se caen a la primera llovizna. Esto es clave pues el progreso social y la expansión económica del país dependen en gran medida del nivel de desarrollo de su infraestructura. Puede aprovecharse esta coyuntura para aumentar la inversión en infraestructura para activar la economía y crear empleos, además de prestar servicios a la sociedad durante largo tiempo.
El quinto desafío, fundamental en un país propenso a los desastres, es el de adoptar medidas preventivas duraderas para proteger la vida y la propiedad (previsión, sistemas de alerta temprana, ordenamiento territorial, códigos de construcción, etcétera). Para muchas personas de bajos ingresos los costos de emplear medidas de precaución pueden resultar prohibitivos, por lo que requieren del auxilio del Estado.
El último desafío, el más complejo, es buscar con constancia e insistencia el desarrollo económico y social: la experiencia demuestra que mientras más desarrollado económicamente es un país, menor será su grado de vulnerabilidad ante los desastres naturales (y menores los costos que tales desastres ocasionan). De manera que las políticas que propicien el crecimiento de la producción, mayores niveles de educación y el fortalecimiento de las instituciones son tanto o más importantes que las políticas de mitigación y de prevención para salvar vidas y propiedades ante los inevitables desastres que, como el terremoto de noviembre, nos seguirán afectando en el futuro.

sábado, 15 de diciembre de 2012

¿Bonos para Pagar Deuda Espuria?


Debe hacerse lo posible por minimizar las consecuencias negativas de emitir bonos para pagar la “deuda flotante”
La anunciada intención de emitir bonos para pagar la llamada “deuda flotante” debe ser analizada cuidadosamente. En primer lugar, por el origen espurio de dicha “deuda”, que se origina por el pago pendiente de obras que el gobierno supuestamente ya recibió, pero que no estaban debidamente presupuestadas. Se trata, pues, de compromisos que surgieron improvisadamente, mediante la decisión de algún funcionario que incumplió con el requisito de solicitar al Congreso que modificara el presupuesto, como la ley manda.
La decisión de colocar bonos para financiar tales pagos podría acarrear consecuencias negativas para la credibilidad institucionalidad, la moral tributaria y, por supuesto, en el ámbito macroeconómico. En el primer caso, resulta evidente que el pago de una supuesta deuda que nunca fue formalmente contraída según las normas legales minaría la credibilidad de las instituciones –como la Contraloría de Cuentas o los ministerios de Comunicaciones y de Finanzas-, que deberían ser las primeras preocupadas por no avalar las prácticas anómalas y opacas que se han venido dando desde hace años y que han dado origen a la “deuda flotante”.
De dichas malas prácticas han sido también responsables las empresas constructoras que durante años han aceptado operar de esa manera poco seria. La perversidad de estas prácticas se manifiesta también en que, por tratarse de obras improvisadas y sin presupuestar, se dificulta fiscalizar que las mismas cumplan con estándares mínimos de calidad.
Para evitar mayores daños a la institucionalidad y a la moral fiscal, debería hacerse pública la auditoría externa que el gobierno anterior contrató en enero de 2011, que se supone se envió a la Contraloría para su análisis en enero de 2012, y con base en la cual el actual mandatario (cuando era presidente electo) se comprometió a determinar si era lícito hacer los pagos y si se deducirían responsabilidades legales a quienes hubieran contratado obras sin partida presupuestaria.
En el ámbito macroeconómico deben prevenirse los impactos negativos sobre las variables monetarias y el déficit fiscal. Es evidente que cualquier colocación de deuda pública tiene efectos sobre la liquidez de la economía, por lo cual es indispensable tener certeza del verdadero tamaño de la “deuda flotante” (con base en la comentada auditoría externa), así como de las condiciones en las que se colocarían los bonos (en qué moneda, en qué mercados y a qué plazos). Una manera de reducir estos impactos sería que, en vez de colocar los bonos en el mercado, se utilicen para pagar directamente (con bonos) a los contratistas que, según la mencionada auditoría, sean acreedores legítimos.
El efecto macroeconómico más importante, sin embargo, sería el impacto sobre el déficit fiscal, por sus repercusiones sobre la calificación de riesgo-país, las tasas de interés y el costo de la deuda pública y de la política monetaria. Y es que para emitir bonos destinados a pagar “deuda flotante” primero debe reconocerse presupuestariamente el gasto, lo cual requiere una probación del Congreso que amplíe el presupuesto y, en consecuencia, un incremento del déficit fiscal del año en que se efectúen los pagos. Si se emitieran bonos por Q3,500 millones como se ha estado mencionando, el déficit fiscal de 2013 subiría del 2.5% del PIB (según el presupuesto recién aprobado) a un 3.3%, cifra que sin dunda preocuparía muchísimo a las calificadoras de riesgo.
En todo caso, si luego de publicar los resultados de la auditoría externa y de efectuar los cuidadosos análisis técnicos y políticos que la situación amerita, resulta inevitable pagar parte de la “deuda flotante”, es menester realizar todos los esfuerzos necesarios para que nunca más vuelva a repetirse este problema, fruto del desorden y la opacidad en el gasto público. Al respecto, vale la pena recordar que el Fondo Monetario Internacional recomendó hace meses (en otro estudio que tampoco se ha hecho público) que se establezcan sanciones legales más fuertes, que se implementen controles administrativos más estrictos, y que se castigue efectivamente a los funcionarios responsables. Además, es necesario que el Congreso apruebe con urgencia las reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto que el propio Ejecutivo envió en marzo pasado.

sábado, 8 de diciembre de 2012

Sorpresas del Presupuesto 2013


Lo verdaderamente malo es que, con las enmiendas que aprobó el Congreso, el déficit fiscal aumenta más allá de lo deseable
El pasado 23 de octubre el Congreso de la República aprobó sorpresivamente el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2013 que asciende a Q66,985 millones, y lo hizo no sólo en tiempo récord (menos de una hora entre su recepción en el Pleno y su aprobación, prácticamente sin discusión), sino con una anticipación récord (ya que lo usual ha sido que se apruebe cerca de la fecha legal límite del 30 de noviembre).
Una aprobación tan expeditiva es prueba irrefutable de que cuando el Ejecutivo desea que se apruebe una ley en la actual legislatura, cuenta con los mecanismos necesarios para lograrlo. Así sucedió también con las leyes de actualización tributaria, la ratificación del Estatuto de Roma, los préstamos de organismos financieros internacionales, y la ley contra en enriquecimiento ilícito. Es una lástima que no haya existido el mismo interés en otras leyes (como las reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto o a la Ley Orgánica de la Contraloría) que el propio Ejecutivo envió al Congreso y que podrían tener un efecto muy positivo sobre la transparencia y calidad del gasto público.
Lo malo del presupuesto aprobado para 2013 –contrariamente a lo que algunos analistas han señalado- no radica en la fragilidad de los supuestos en los que se basa (inevitable tratándose de un “pre-supuesto”), ni en que su tamaño sea excesivo. Por ejemplo, el supuesto de crecimiento nominal del PIB de 7.6% no puede calificarse de descabellado si se toma en cuenta que la suma del crecimiento real de la economía (estimado en 3.5%, como máximo) y el crecimiento de la inflación (que se estimó en 3.4%, como punto medio) se aproxima a ese porcentaje
Tampoco su tamaño –medido como porcentaje del PIB- puede calificarse como gigantesco, pues si bien es cierto que representa un 15.8% del PIB, contra un 15.2% en el presupuesto de 2012, no es muy diferente del de otros años (en 2006 alcanzó el 15.9% del PIB). Incluso el monto del presupuesto puede calificarse de razonable si se compara con otros países: los presupuestos de Chile, Perú, Costa Rica u Honduras rondan el equivale a 25% del PIB, mientras que los de Nicaragua, Argentina y Brasil superan el 30%.
Lo verdaderamente malo del presupuesto 2013 es que su proceso de aprobación –apresurado y opaco- implicó una serie de modificaciones al gasto respecto de la propuesta original del Ejecutivo, lo cual produjo que el déficit finalmente aprobado aumentara a un nivel equivalente al 2.5% del PIB. En cambio, el proyecto originalmente presentado por el Ejecutivo al Congreso en agosto sí contemplaba una reducción del déficit a 2.2% del PIB, en seguimiento a un necesario proceso de ajuste que se inició a partir de 2010.
Las enmiendas clientelares que aprobó el Congreso implican un retroceso en el proceso de corrección gradual del déficit, el cual lo estaba retornando a su nivel crítico de 2% del PIB, nivel que la comunidad financiera internacional considera aceptable para Guatemala; a alejarnos de dicho nivel, el Congreso ha puesto en peligro la calificación de riesgo del país, con todas las consecuencias que ello conlleva.
A ello se añade que en el presupuesto aprobado no se eliminó completamente la posibilidad de que se siga incurriendo en la ilegal deuda flotante, que se repartieron recursos para obras sin base técnica, que está lleno de rigideces debido a las pre-asignaciones de gastos por disposiciones constitucionales o legales, y que se permite el irracional uso de duda para pagar gastos recurrentes.
Lo anterior, aunado a una estimación demasiado optimista en la recaudación de impuesto sobre la renta, el rápido aumento de la deuda pública y la incertidumbre existente respecto de algunas contingencias (como la susodicha deuda flotante, el costo de las consultas populares, o la inminente quiebra del régimen de clases pasivas), hace que el presupuesto del Estado para 2013 sea más una fuente de incertidumbre que una herramienta útil para administrar la política fiscal.
Afortunadamente se trata de un presupuesto, no de una condena ineludible: el Ejecutivo bien puede ejecutarlo con responsabilidad e inteligencia, buscando superar los estándares de calidad del gasto fijados por el Congreso y reducir el déficit fiscal que el Congreso le autorizó, lo cual sería un paso en la dirección correcta para retomar manejo adecuado y sostenible de la deuda pública.

ENERGÍA ELÉCTRICA: SE ACABARON LAS VACAS GORDAS

URGEN MEDIDAS PARA EVITAR UN DÉFICIT DE SUMINISTRO   Durante años, el sistema eléctrico nacional tuvo un superávit de oferta; es decir, su c...