SE NECESITAN ESTADÍSTICAS CONFIABLES

ES PRECISO DOTAR DE RECURSOS AL INE (Y FORTALECER SU GOBERNANZA) PARA QUE REALICE LAS ENCUESTAS BÁSICAS

Para cualquier país es de crucial importancia contar con información fidedigna en materia de cifras demográficas, de facturación de negocios, de ingresos de las familias, de empleo o de pobreza para poder tomar decisiones empresariales y de política económica. Sin estadísticas confiables, el gobierno dará palos de ciego en sus políticas económicas y sociales, los inversionistas desperdiciarán su dinero sin saber dónde enfocarse y los ciudadanos divagarán sin saber cómo ni cuánto exigirles a sus autoridades gubernamentales.

Por ejemplo, en medio del actual clima mundial de alzas de precios, resulta indispensable que la medición de la inflación en el país sea precisa y creíble, y para ello es necesario (y urgente) que el INE logre concluir la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares -ENIGH-, sobre la cual se basará el cálculo de un nuevo índice de precios al consumidor -IPC-. Se sabe que esta encuesta empezó a realizarse desde el año pasado, pero que su conclusión está amenazada por falta de recursos financieros, pese a que el presupuesto anual del gobierno establece explícitamente la obligatoriedad de otorgar suficientes recursos para dicha encuesta.

Otra encuesta clave es la de Condiciones de Vida -ENCOVI- que podría dar indicadores sobre los niveles de vida y el bienestar de la población que son básicos para la aplicación de política pública. Pero en Guatemala solo se han hecho cuatro ENCOVIs en los últimos veinte años, y la última se realizó en el ya lejano 2014.

También es fundamental contar con información sobre la tasa de desempleo, que es uno de los indicadores más claros de cómo se está comportando la economía. No contar con datos de empleo de forma oportuna y fidedigna es condenar a la política económica del país a navegar sin brújula. Pero, recientemente, el Banco de Guatemala publicó las cuentas nacionales (ya revisadas) para 2021, y resulta que no fue posible actualizar la información sobre el sector informal ni la matriz de empleo e ingresos para 2020 debido a que (según lo aclara el propio Banguat en su sito web) el Instituto Nacional de Estadística -INE- no realizó la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos -ENEI-para ese año.

Para contar con esas estadísticas tan importantes, lo primero y más urgente es dotar el INE de los recursos financieros y técnicos necesarios para realizar las encuestas clave (ENIGH, ENCOVI y ENEI) de forma periódica y oportuna, sabiendo que existen recursos presupuestarios de sobra. Pero también, paralelamente, es preciso dotar al INE de la fortaleza institucional que su rol amerita, lo cual implica dotarlo de la autonomía operativa y financiera necesaria. Existe una buena oportunidad para hacerlo: la iniciativa 5917, que busca reformar la Ley Orgánica del INE fortaleciendo su gobernanza y capacidades técnicas, se encuentra desde febrero de este año en la Comisión de Economía del Congreso para emitir el dictamen correspondiente. El Pleno del Congreso debería priorizar su aprobación.

¿Es Momento de Repensar el Estado?

 La pandemia ha evidenciado la debilidad del Estado, pero también nos está demostrando que algunas pocas instituciones sí funcionan y son valiosas

“En tiempo de desolación, nunca hacer mudanza”, aconsejó Ignacio de Loyola a sus discípulos, “…mas estar firme y constante en los propósitos y determinación en que estaba el día antecedente a la tal desolación”. De manera que, actuando con prudencia ignaciana, una vez superado el período de tribulación que hoy vivimos, bien convendría aprender las lecciones que nos deja la pandemia y perseverar en el esfuerzo de reformar la débil institucionalidad que impide la modernización del Estado guatemalteco.

 

Porque si algo ha puesto en evidencia esta crisis económica y sanitaria es la enorme deficiencia de la mayoría de instituciones y la incapacidad del Estado de proveer los bienes públicos esenciales para el funcionamiento de cualquier economía y sociedad civilizadas. Muchas son las consecuencias de la ausencia de instituciones eficientes durante la pandemia: la falta de cifras creíbles para toma de decisiones empresariales y gubernamentales; el retraso en la provisión de ayuda a la población y a los empresarios más afectados; la ineficiencia y corrupción en la adquisición de suministros para combatir la crisis sanitaria; la escasez de cuadros técnicos que impriman un mínimo de agilidad a la administración pública; o la casi nula credibilidad de las cortes de justicia para dirimir conflictos y cimentar la paz social.

 

A raíz de la pandemia, la sociedad ha cobrado conciencia de lo oneroso que resulta la precariedad estructural del sistema de salud pública. Asimismo, la opinión pública se ha dado cuenta de que el gobierno puede seguir operando igual que antes, con la mitad de las oficinas estatales cerradas; que puede funcionar igual con menos ministerios y menos secretarías; que el hacinamiento de la población penitenciaria es una amenaza a la salud y seguridad públicas; que los barrios marginales -con sus estrechos callejones, escasez de agua y poca salubridad- representan un peligro sanitario no solo para sus habitantes sino para todo el país; y, que la flexibilidad de horarios y condiciones laborales es una exigencia del mundo moderno.

 

Pero también la pandemia nos está demostrando que algunas pocas instituciones sí funcionan y son valiosas. La histórica disciplina macroeconómica de Guatemala -reconocida por los mercados internacionales- ha mantenido abiertas las ventanillas de crédito interna y externamente. La estabilidad de precios ha sido un alivio invaluable en medio de la peor recesión económica de las últimas décadas. Las políticas monetarias y fiscales ortodoxas sí reditúan en una crisis como la actual. Muchos lustros de disciplina fiscal han permitido que el presupuesto estatal pueda inflarse rápidamente para aplicar medidas anti crisis, pero es menester retornar el déficit fiscal -gradual pero consistentemente- a sus niveles tradicionalmente bajos. Esas (pocas) instituciones que sí funcionan, hay que preservarlas y consolidarlas.

 

Cuando la crisis pase, no deberíamos regresar a la normalidad. No, al menos, a esa normalidad de instituciones débiles que impiden al Estado cumplir con sus obligaciones mínimas de proveer servicios básicos de seguridad, justicia, infraestructura, salud y educación primarias. Los programas de recuperación económica y social post-pandemia deberían aspirar a generar un desarrollo económico mucho más acelerado que el que teníamos antes, así como a mejorar sosteniblemente la calidad de vida de todos los guatemaltecos. Para ello es indispensable, desde ya, emprender con determinación -sin prisa, pero sin pausa- la reforma institucional del estado. Sin ella, a lo más que podremos aspirar es a retornar a nuestra mediocre normalidad pre pandémica.

El Rol Clave de las Estadísticas

El sistema estadístico nacional ha sido menospreciado desde siempre: mientras menos accesibles y más opacas sean las estadísticas, mejor les va a quienes medran ilegítimamente de erario público

 La pandemia ha puesto en evidencia cuán importante es contar con estadísticas confiables y oportunas para tomar decisiones, no solo (evidentemente) en el campo de la salud para decidir las medidas de política pública necesarias para enfrentar la crisis, sino también en el campo de las cifras demográficas, de facturación de negocios, de ingresos de las familias, de empleo o de pobreza necesarias para tomar decisiones empresariales y de política económica. Sin estadísticas confiables, vivimos en un mundo donde el gobierno da palos de ciego en sus políticas económicas y sociales; donde los inversionistas desperdician su dinero sin saber dónde enfocarse; y, donde los ciudadanos divagan sin saber por qué ni por cuánto reclamarles a sus dirigentes políticos.

 Por desgracia, el sistema estadístico nacional ha sido menospreciado desde siempre, sin que los líderes gubernamentales, empresariales y académicos logren valorar el rol clave de las estadísticas para el buen funcionamiento de la política, la economía y la sociedad. Incluso pareciera que a muchos, que medran del desorden en el aparato estatal, no les conviene que existan datos confiables que revelen cuántos empleados públicos hay y dónde están sus plazas, o dónde están las familias más pobres que deben recibir su transferencia dineraria, o cómo se relacionan las cifras de empleo con las tributarias, o cómo se cruzan los datos demográficos con los del padrón electoral, o  cuáles son y dónde están las empresas que más venden al gobierno. Mientras menos accesibles y más opacas sean las estadísticas, mejor les va a quienes medran ilegítimamente de erario público y peor les va a quienes -desde el ámbito público y el privado- quieren hacer las cosas correctamente.

 Por ello, la reforma del sistema estadístico nacional (que implica necesariamente fortalecer el Instituto Nacional de Estadística -INE-) debiera ser una prioridad. La fortaleza de las oficinas nacionales de estadística descansa en dos pilares: la calidad técnica de la información que producen y su habilidad para resistirse a las presiones políticas a las que están expuestas. Por ejemplo, las cifras del empleo o de la actividad económica pueden manipularse para desviar las decisiones de endeudamiento e inversión y las cifras de inflación pueden manipularse para encubrir los problemas económicos, por lo que los políticos a veces se ven tentados a manipular los datos. El trabajo de la oficina de estadísticas es resistirse a esas presiones políticas y mantener los números honestos y creíbles.

 Para tal efecto es imprescindible, por un lado, que el INE tenga un presupuesto adecuado y una estructura de gobierno corporativo moderna y robusta y, por otro, que sus autoridades y técnicos puedan trabajar sin obstáculos ni presiones políticas a fin de que sus estadísticas gocen de calidad y credibilidad. Actualmente, aunque su gerente es un técnico reconocido y respetado, el INE tiene un presupuesto miserable y un gobierno corporativo débil y propenso a la politización, lo cual menoscaba la calidad y credibilidad de las estadísticas que produce. Para que es institución pueda rescatar su credibilidad es necesario goce del respaldo -político y financiero- que le permita adoptar las mejores prácticas en materia de recopilación y difusión de estadísticas, así como de la autonomía operativa y financiera necesaria para respaldar su trabajo. Un primer paso en ese sentido es cambiar la forma de elegir a sus autoridades y adquirir el mandato de adoptar estándares internacionales en materia estadística. Existe al menos una iniciativa de ley en el Congreso que apunta a reformar la Ley Orgánica del INE en ese sentido. Ojalá pudiera discutirse y aprobarse con la prontitud que las circunstancias demandan.

Desigualdad: Realidad y Percepción

En Guatemala se ha reducido la desigualdad del ingreso, pero debido a que han disminuido los salarios de aquellos con mayor nivel educativo

La desigualdad económica es uno de los principales sospechosos de haber detonado las violentas protestas sociales acontecidas en Chile. Ahora empiezan a publicarse diversos análisis técnicos sobre el tema, que presentan datos objetivos para toda la región –incluyendo Guatemala- y que resultan dignos de reflexión, especialmente porque no necesariamente coinciden con las percepciones de la opinión pública.

Las cifras –en contraposición a las percepciones- muestran que la desigualdad se ha reducido en Guatemala y en Latinoamérica. El indicador usual (no exento de defectos) para medir la desigualdad en los ingresos entre los habitantes de un país es el Índice de Gini: si este es igual a cero indica completa igualdad, o sea que cuanto más bajo el indicador, menos desigualdad existe. Cifras del Banco Mundial analizadas en un reciente artículo de la BBC indican que Guatemala es uno de los países de la Región que más rápidamente ha reducido la desigualdad en los últimos 30 años. En 1990 Guatemala era el país más desigual de Latinoamérica con un Gini de 59.6, que se redujo a 48.3 en 2017. Solo El Salvador y Bolivia redujeron más la desigualdad en ese periodo (el cuarto país que más redujo la desigualdad fue Chile). Y Guatemala ya no es el país más desigual de la Región; ahora la desigualdad es mayor en Brasil, Panamá y Colombia.

Las principales canales para reducir la desigualdad son las políticas de redistribución (a través de los impuestos y el gasto público) y los cambios del mercado laboral (que modifican los ingresos de los trabajadores). La mala noticia en nuestro caso (al igual que para El Salvador) es que la mayor parte de la reducción en la desigualdad se debe al mercado laboral, pues –según los expertos- ha habido una reducción en la brecha salarial entre quienes tienen más educación y los menos educados, debido a una caída en los salarios de los primeros, lo cual es una forma poco deseable de reducir la desigualdad. Otro elemento importante de la caída en la desigualdad estaría dado por las remesas familiares, que han contribuido a que los ingresos de los más pobres hayan aumentado relativamente más.

Otro análisis reciente del economista chileno Sebastián Edwards, plantea un hallazgo importante: si bien los indicadores convencionales muestran una disminución significativa de la desigualdad, la percepción entre los ciudadanos es que la desigualdad ha aumentado considerablemente. Para el caso de Guatemala esto es muy evidente: unas cifras (Banco Mundial y BID) señalan que es uno de los países donde más se ha reducido la desigualdad, pero otras (CEPAL) indican que es el país latinoamericano donde más ha aumentado la percepción ciudadana respecto de una mayor desigualdad.

Esta paradoja (que, como en el caso chileno, constituye una amenaza para la paz social) puede deberse a que la gente no logra percibir las mejoras económicas que objetivamente han habido en las últimas décadas, o a que estas han sido insuficientes para satisfacer las aspiraciones sociales. O a que la gente aspira a algo más que meros ingresos: calidad de vida, seguridad en las calles y en los barrios, acceso a servicios públicos básicos de salud y educación, y una sensación de participación justa en las decisiones sociales y en el sistema político; es decir, un Estado funcional.

Darle Sentido al Censo

El INE es el llamado a darle sentido a los resultados del censo, y para ello debe dar las explicaciones técnicas pertinentes.

Aunque con un atraso significativo (seis años después de lo que la ley mandaba y un año después de finalizada la etapa censal), el acto de presentación de los resultados del censo de población (en el escenario del Teatro Nacional) resultó prematuro: las cifras –según admiten as propias autoridades- son aún preliminares y están sujetas a ajustes. En los censos anteriores nunca hubo un acto público de presentación de datos preliminares, sino que los resultados se publicaron hasta que ya estaban técnicamente conciliados. El reconocimiento de que las cifras sean preliminares solo contribuido a que surjan abundantes suspicacias respecto de los datos publicados, por varias razones.

El dato de 14.9 millones de habitantes resultó ser bastante más bajo que el de las proyecciones que publicaban los organismos internacionales y el propio INE, que rondaban los 16.6 millones para 2018, y resulta muchísimo más bajo que el dato de 19.7 millones de guatemaltecos registrados en el Renap ese año. En el nuevo censo, la tasa de crecimiento anual de la población se ubica en 1.8% anual, que no solo es la más baja de toda la historia de los censos, sino que es significativamente más baja con la tasa de crecimiento poblacional que el propio INE aún publica y que en los últimos años superaba el 2.5% anual.

Estas diferencias son muy significativas, y pueden ser atribuidas a diversas causas: 1) una alta omisión censal; es decir, que el censo dejó de contabilizar a un número importante de habitantes –error que ha sido habitual en los censos anteriores-; 2) un aumento de las emigraciones –que ocasionaría que el número de guatemaltecos aumentase más en el exterior que dentro de nuestras fronteras-; 3) una reducción de las tasas de fecundidad y natalidad –lo cual que es normal en toda transición demográfica-; y, 4) un aumento de la tasa de mortalidad –algo muy poco probable-.

Por su parte, las discrepancias con las cifras del Renap podrían deberse a que los sistemas de esta entidad son tan precarios que no son capaces de registrar los decesos ni, mucho menos, las emigraciones (cabe comentar que en la mayoría de países desarrollados ya no se realizan censos para medir el tamaño de la población, sino que este se determina mediante diversos sistemas de información centrados en  un padrón continuo, de gestión informatizada, más barato y certero que cualquier censo).

El INE es el llamado a darle sentido a los resultados del censo, y para ello debe dar las explicaciones técnicas pertinentes que permitan desvanecer las dudas y suspicacias que se han generado con la prematura publicación de los datos, indicando cuáles de las causas aquí identificadas (u otras) explican las diferencias entre las cifras nuevas y las que se habían estado manejando los últimos años. En ello se juega su credibilidad.

El Retraso del Censo

Las leyes ordenan ciertas acciones o medidas específicas, pero nadie las cumple ni las hace cumplir

La semana anterior anunciaron las autoridades que, finalmente, pronto se publicarán los resultados del XII Censo Nacional de Población y VII Censo Nacional de Vivienda, un largo año después de concluido el trabajo de campo (etapa censal). Pero este retraso –justificado con el argumento oficial de que no convenía publicar cifras de población en medio del proceso electoral, para no correr el riesgo de politizar el censo- no es lo más preocupante. Lo verdaderamente grave es que el último censo, anterior a este, data de 2002 (hace dieciocho años), cuando la propia Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadísticas dispone explícitamente (en su artículo 28) que los censos de población y de vivienda deben realizarse, como mínimo, cada diez años. Desde 1940 que no se tenía tal nivel de retraso en la realización de un censo.

La referida (e incumplida) disposición legal de censar la población cada diez años no es una ocurrencia de los legisladores, sino que es una buena práctica que ha sido ampliamente recomendada e impulsada a nivel internacional. En efecto, tomando en cuenta el carácter crucial que la información demográfica tiene para la efectividad de las políticas públicas, la ONU indica que los censos deben levantarse a intervalos regulares, a fin de disponer de información comparable en una secuencia fija, recomendando que se levante un censo nacional por lo menos cada diez años, aunque en algunos casos señala que es necesario levantar censos con más frecuencia, por la rapidez con que se producen cambios importantes en la población y en las condiciones habitacionales.

Este incumplimiento de plazos del censo pone de manifiesto, una vez más, uno de los problemas recurrentes en la gestión gubernamental en Guatemala: las leyes ordenan ciertas acciones o medidas específicas, pero nadie las cumple ni las hace cumplir (los ejemplos de disposiciones legales que se incumplen son abundantes en la Ley Orgánica del Presupuesto, la ley de compras, la de los consejos de desarrollo, etcétera). En el caso del censo, es al propio INE a quien más le compete y conviene velar porque su ley se cumpla, aunque puede ser que su debilidad institucional dé una excusa a sus autoridades para aducir que no tienen el presupuesto ni gozan del apoyo gubernamental necesarios para cumplir con su mandato. Sin embargo, el INE –que hasta ahora se ha librado de ser acusado por incumplimiento de deberes- podría al menos emitir un reglamento específico para la realización de censos, en el que se establezcan todos los pasos preparatorios para que cada diez años se haga uno y para que se le insista al Ejecutivo que presupueste los recursos financieros correspondientes.

También el Congreso de la República tiene mucho que hacer en este campo, en cumplimiento de su obligación de fiscalizar al gobierno y de velar porque las leyes emitidas por ese organismo tengan el debido cumplimiento. El Congreso debería haber citado –hace más de un lustro- a las autoridades del INE para exigirles cumplir con los plazos del censo. Además, el Congreso tiene en sus manos al menos un buen proyecto de reforma legal para fortalecer las capacidades del INE y debería darle la necesaria consideración. Las estadísticas demográficas y habitacionales son demasiado importantes como para que nadie en el Estado les ponga la atención que se merecen.

Desempleo, Subempelo... y el INE

No contar con datos de empleo de forma periódica, técnica y confiable es condenar a la política económica del país a navegar sin brújula

La más reciente Encuesta de Empleo e Ingresos –ENEI- publicada por el Instituto Nacional de Estadística –INE-, correspondiente a diciembre de 2018 y da cuenta de que la tasa de desempleo de Guatemala es de un 2.8% de la Población Económicamente Activa –PEA-, nivel ligeramente superior al de 2.7% registrado en 2017, con un mayor nivel de incidencia en el Área Metropolitana del país.

Esta tasa de desempleo resulta baja si se le compara con la de la mayoría de países; sin embargo, su bajo nivel esconde un problema más grave: el subempleo. En Guatemala el subempleo (una de las manifestaciones de la economía informal) hace las funciones de lo que sería un seguro de desempleo para aquellos que carecen de acceso a puestos de trabajo en el mercado formal. De manera que un indicador más realista de la situación estructural del mercado laboral en Guatemala sería la tasa de subempleo visible, también publicada en la ENEI, que en 2018 ascendió a 10.0%. Si sumamos ambas tasas, el desempleo tácito en nuestro país sería de un 12.8% (más análogo al de otros países).

La tasa de desempleo es, en los países civilizados, uno de los indicadores más claros de cómo se está comportando la economía. El aumento del desempleo es un signo de una economía débil, con un crecimiento lento y poco gasto, que podría provocar la acción del gobierno con medidas fiscales que busquen reducir el desempleo e impulsar la economía. Por el contrario, si el empleo está aumentando y la economía está creciendo, eso podría causar temores de inflación y el banco central, con un mandato de controlar la inflación, podría elevar las tasas de interés para desacelerar una economía sobrecalentada. Por ejemplo, el año pasado el PIB de Guatemala creció muy poco, lo cual habría impedido incrementar significativamente la capacidad de absorción de la fuerza de trabajo que se agrega cada año al mercado; si tuviésemos un indicador confiable de desempleo, se podrían haber tomado decisiones oportunas de política económica.

El problema es que no tenemos ese indicador. La ENEI es la única información oficial respecto del empleo a nivel nacional, y no es confiable. En los países avanzados los datos de desempleo se publican mensualmente. En Guatemala, el INE no calcula ni publica la ENEI de manera periódica, por lo que los datos más recientes no son comparables con los de periodos previos. Lo que es peor, antes la ENEI se hacía dos veces al año y ahora, por falta de fondos, solo se realiza una vez al año.

No contar con datos de empleo de forma periódica, técnica y confiable es condenar a la política económica del país a navegar sin brújula. Es preciso dotar al INE de la fortaleza institucional que se le daría en cualquier Estado digno. Un primer paso inicial para reformar el INE es darle la autonomía funcional y financiera necesaria para su eficaz funcionamiento -y para que deje de distraer sus recursos (por presiones políticas) en temas secundarios y se centre en los temas prioritarios (como la ENEI)-, tal como está previsto en una iniciativa de ley (la número 5329) que hasta ahora está durmiendo el sueño de los justos en el Congreso.

Empleados Públicos: un Agujero Negro

La reforma del sistema de servicios civil es complementaria de la reforma del sistema electoral y de partidos políticos. Ambas reformas son imprescindibles para que nuestro país sea viable en el futuro.

El costo de los salarios de los empleados públicos es una carga cada vez más pesada para el presupuesto del Estado. Este renglón aumentó dramáticamente en un 80 por ciento entre 2009 y 2013; eso equivale al doble del crecimiento registrado por los ingresos tributarios en el mismo período. Una gran parte de la explicación de tal aumento subyace en la proliferación de pactos colectivos suscritos sin ninguna directriz durante los últimos 20 años.  En 1998, la masa salarial de los empleados públicos representaba un 24 por ciento del presupuesto, mientras que en la Administración Pérez Molina llegó a representar el 37 por ciento. En el proyecto de presupuesto para 2019, dicho porcentaje del presupuesto ascendería a 37.2 por ciento.

Esta carga se está saliendo de control y ya resulta impostergable encontrar maneras de corregir estructuralmente el problema, entre las que se cuenta el saber con certeza el número de empleados públicos por dependencia y renglón presupuestario al que pertenecen, la revisión integral de la legislación relacionada con el servicio civil y las clases pasivas, así como regular adecuadamente la suscripción de pactos colectivos de condiciones de trabajo en entidades públicas.

Es bien sabido que los puestos en la administración pública han sido utilizados desde hace años con fines políticos –las plazas de trabajo en el gobierno se usan como prebendas para los correligionarios políticos-, lo cual ha pervertido simultáneamente el sistema electoral y de partidos políticos y el sistema del servicio civil. Ambos sistemas necesitan ser reformados profunda y prontamente.

El primer paso es conocer con exactitud el número de empleados públicos que laboran en el Estado, así como bajo qué renglón se encuentran nominalmente y en qué entidad prestan sus servicios. Sin un inventario completo de toda la planilla de empleados del gobierno resulta imposible saber cuál es el verdadero costo que significan los salarios y prestaciones para el erario público.

Una de las ofertas del actual gobierno, que se plasmó en el proyecto de presupuesto del Estado para 2017 (pero no en el de 2019), era la de hacer un censo de los trabajadores del sector público. El censo lo realizarían el INE, el RENAP y la ONSEC, y sería financiado por medio de una cooperación de la Unión Europea. Por su parte, el MINFIN señaló hace meses que hacían los últimos ajustes para publicar la nómina del personal permanente de las entidades de Gobierno Central.

Por desgracia, hasta hoy el referido censo no ha sido realizado y se ha incumplido con el Decreto 29-2016, “Ley para la Viabilización de la Ejecución Presupuestaria y Sustitución de Fuentes de Financiamiento al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado”. Sin saber cuántos empleados públicos existen, el rubro de remuneraciones para empleados públicos (que supera los Q25 millardos presupuestados para 2019)  seguirá siendo un agujero negro que se tragará insaciablemente todos los recursos de los contribuyentes.

El Censo y Sus Circunstancias

Es imprescindible el fortalecimiento de la independencia, la calidad técnica y la transparencia del INE

Con seis años de retraso, hoy por fin empieza el Censo Nacional de Población y Vivienda, cuyos resultados deben proveer información específica sobre las características de los habitantes de Guatemala (incluyendo su edad, sexo, educación, ocupación y actividad económica, así como el lugar y condiciones de su residencia). En teoría, los censos permiten trazar la progresión de un país y definir su posición respecto de otras naciones. Para los gobiernos central y municipal, la información generada debe ayudarles a tomar decisiones con respecto a la planificación, monitoreo y evaluación de sus políticas. Y para las empresas la información puede servir para fines de planificación y estrategia (desarrollar de nuevos productos o hacer proyecciones de demanda de productos y servicios).

Debería, pues, existir un consenso respecto de que el censo (y, en general, las estadísticas) aportan un insumo esencial para la toma de decisiones y el diseño de buenas políticas públicas y empresariales. Pero, por desgracia, ese consenso parece no existir. Por un lado, en el ambiente de crispación y desinformación de las redes sociales, comenzaron a aparecer “advertencias” de que no se deje entrar a nadie a las colonias pues “grupos organizados de delincuentes” se harán pasar por encuestadores para cometer fechorías. Por otro lado, algunos pensadores libertarios han anunciado que no están dispuestos a colaborar con el censo por considerarlo violatorio de la privacidad individual.

Ambas “advertencias” tiene poco fundamento: el supuesto peligro de delincuentes disfrazados de encuestadores se elimina con exigir las credenciales correspondientes a los encuestadores, y el supuesto peligro de invasión de la privacidad se elimina rehusándose a responder solamente aquellas preguntas que el encuestado libertario considere inapropiadas. Lamentablemente, este tipo de boicots nos retrata como la sociedad desconfiada y tribal en la que nos estamos convirtiendo, pero también, en parte, es culpa de la debilidad institucional del Estado en materia de generación de estadísticas.

El Instituto Nacional de Estadística -INE- tiene ante sí el enorme desafío de llevar a feliz término el censo en medio del generalizado escepticismo y falta de conciencia ciudadana respecto de su utilidad y de su neutralidad. La labor habría sido más fácil, sin duda, si el INE hubiese desarrollado en los últimos años un vínculo más cercano con los usuarios de las estadísticas, con organizaciones de la sociedad civil, con los agentes económicos y con la prensa, que creara una masa crítica de usuarios que confiaran en la transparencia, calidad y no-politización de las estadísticas oficiales.

Por todo ello es imprescindible el fortalecimiento de la independencia, la calidad técnica y la transparencia del INE –como el que se plantea en la iniciativa de ley número 5329 que el Congreso está pendiente de empezar a discutir-. No se pudo para este censo; ojalá se logre para el siguiente.

La Pobreza en las Estadísticas

Las estadísticas que miden la pobreza son esenciales para orientar el diseño de las políticas públicas (y también las acciones de responsabilidad social empresarial) en materia de bienestar social. Es de especial importancia que el INE esté a la altura para producir indicadores confiables y robustos en este campo.

Hace algunas semanas, la CEPAL nos sorprendió cuando en su publicación “Panorama social de América Latina" ubicó a Guatemala como el segundo país más pobre del continente, con una incidencia de pobreza de 70.5%, solo por encima de Nicaragua (74.1%), empatado con Honduras (70.5%) y por debajo de todos los demás, incluyendo Haití. Esta estimación publicada por la CEPAL se basa en el índice de pobreza multidimensional que calcula el PNUD para sus informes de desarrollo humano.

Sin pretender entrar a disquisiciones metodológicas, lo que vale la pena destacar es que dicho indicador no coincide con el índice oficial de pobreza total que calcula el Instituto Nacional de Estadística -INE-, el cual se basa en las encuestas de condiciones de vida -ENCOVI-. El dato más reciente corresponde a 2014 (desgraciadamente no hay una ENCOVI más actualizada), e indica que el 59.3% de la población se encontraba en pobreza ese año; es decir, que más de la mitad de la población tenía un consumo por debajo de Q10,218 al año. La tendencia del indicador es ascendente, según las cuatro ENCOVIs existentes (de los años 2000, 2006, 2011 y 2014), pues aumentó 2.9 puntos porcentuales, pasando de 56.4% en 2000 a 59.3% en 2014.

La diferencia entre un resultado y el otro se explica sencillamente porque las metodologías utilizadas son diferentes y no son comparables entre sí. La cifra oficial del INE, basada en las encuestas de condiciones de vida, es básicamente una medida monetaria (unidimensional) que calcula el costo más un valor de consumo no alimenticio complementario: los que tienen ingresos menores a dicho costo están por debajo de la línea de pobreza. Por su parte, el dato de la CEPAL es, en cambio, un índice multidimensional que, además del nivel de ingresos, incluye estimaciones de necesidades no satisfechas, tales como privación de vivienda, protección social o rezago escolar.

Cada metodología (y existen muchas otras que se utilizan alrededor del mundo) tiene sus ventajas y desventajas, sin que hasta ahora sea posible discernir una que sea superior a las demás, por lo que debe tenerse claro que los diferentes cálculos pueden arrojar resultados disímiles para el mismo país en el mismo periodo de tiempo; por ello, es necesario que las entidades a cargo de estas estimaciones sean muy rigurosas en cuanto a las definiciones metodológicas y, al mismo tiempo, muy humildes respecto de la exactitud de sus resultados numéricos.

También, y asociado a lo anterior, debe existir mucha prudencia para no sobrestimar ni subestimar las cifras de pobreza, pues las políticas públicas de reducción de la pobreza -esenciales para fomentar el bienestar social y generar un clima de gobernabilidad favorable a la actividad económica- deben basarse en cifras confiables. Independientemente de la diferencia de resultados y de si somos el segundo país más pobre de América (según la CEPAL) o el cuarto (según el INE), lo cierto es que los indicadores señalan un incremento de la incidencia en la última década, lo cual señala la importancia de tener estadísticas confiables para guiar las acciones gubernamentales en la materia.

Para lograrlo, es esencial que los entes oficiales encargados de calcular los indicadores de pobreza (el INE, en el caso de Guatemala) sean instituciones altamente profesionales e independientes de cualquier presión política o de grupos de interés. La iniciativa de Ley 5329, que reforma la Ley Orgánica del INE y que ya goza de dictamen favorable en el Congreso de la República, es una buena oportunidad de avanzar cuanto antes en este sentido. Ojalá se apruebe pronto.

¿Ricos o Pobres?

Quizá no seamos tan pobres como creemos... ni tan ricos

Ser pobre o ser rico es, objetivamente hablando, una situación relativa. Cualquier guatemalteco cuyas posesiones materiales valgan unos Q16,500 (sumando sus depósitos bancarios, inversiones financieras y otras propiedades muebles e inmuebles, menos el monto de sus deudas) podría creerse poco afortunado; pero, en realidad, sería más rico que la mitad de la población mundial. Esto de acuerdo con un estudio reciente, el Global Wealth Report –GWR-, publicado por el Credit Suisse Research Institute a finales del año pasado.

Un guatemalteco que, por ejemplo, posea un apartamento en la zona 21 de la capital, un sedán coreano de diez años de antigüedad y una cuenta monetaria de Q3 mil, estará ubicado entre el 25% de las personas más ricas del mundo. Y el dueño de una riqueza neta superior a Q750 mil (dueño de, digamos, una casa en la zona 7, un rancho en la playa, cuentas bancarias por Q15 mil y un carro alemán modelo 2014) será un privilegiado más rico que el 92% de los humanos.

El GWR, a diferencia de otros estudios sobre prosperidad y desigualdad, calcula los activos netos de los hogares, en vez de centrarse en los ingresos. El estudio revela que existen diferencias de riqueza entre individuos y entre países que se explican por muchas razones. Aquellos individuos con poca riqueza se encuentran desproporcionadamente entre los más jóvenes (que han tenido pocas posibilidades de acumular activos) o entre quienes han sufrido pérdidas, o viven en regiones donde las perspectivas de creación de riqueza son limitadas, o pertenecen a alguna minoría. En el otro extremo del espectro, hay muchas personas con enormes fortunas adquiridas mediante una combinación de talento, trabajo duro o buena suerte.

La pirámide de riqueza presentada en el GWR tiene una gran base ocupada por unos 3,500 millones de personas (el 70% de todos los adultos del mundo) con una riqueza individual inferior a Q75 mil en 2017. Otros 1,100 millones de adultos (21% del total) caen en el rango de Q75 mil a Q750 mil. Estos dos conjuntos (el 91% del total de adultos), aunque tengan una modesta riqueza, en conjunto acumulan activos netos por casi Q300 millardos, lo que subraya el potencial económico de este grupo cuya importancia a menudo se pasa por alto.

En el tope de la pirámide están los millonarios (literalmente, los individuos cuya riqueza supera el millón de dólares). Son unos 36 millones de personas en el mundo (menos del 1% del total), cuya riqueza supera los US$128 billones (46% de la riqueza mundial). Esos millonarios residen principalmente en los Estados Unidos (43% del total de millonarios), aunque también habitan en países capitalistas como Japón (7% del total) y Gran Bretaña (6%), en países más igualitarios como Alemania (5%) o Francia (5%), y hasta en países socialistas como China (5%). En contraste, Latinoamérica –una de las regiones reputadamente más desiguales - no llega a cobijar ni el 1% de los millonarios del planeta.

Aunque las estimaciones del GWR tienen sus debilidades, resultan útiles para hacer comparaciones; por ejemplo, la riqueza promedio de un guatemalteco (de unos Q55 mil) resulta superior a la del ciudadano promedio de India (aproximadamente Q43 mil), pero muy inferior a la del estadounidense promedio (unos Q2.8 millones). Las cifras también ayudan a reflexionar que muchos de quienes se consideran adalides de la igualdad, y no pocos de quienes critican a los ricos, a la globalización y al libre mercado, pueden ser ellos mismos parte de la élite que tanto denostan. Y que, en contraposición, muchos de quienes en nuestro medio se consideran ricos, están muy lejos de formar parte del club de magnates del mundo.

El INE y la Credibilidad Institucional

Las estadísticas del país presentan graves problemas de confiabilidad; pero dudo mucho que ello se deba a un complot de fuerzas oscuras. Se debe, más probablemente, a la enorme debilidad institucional del INE, que se manifiesta en su falta de autonomía administrativa y financiera

Es lamentable que el Instituto Nacional de Estadística –INE-, cuyas funciones (poco valoradas en la opinión pública) juegan un rol fundamental para guiar las interacciones económicas, políticas y sociales del país, esté sufriendo –en gran parte por su propia culpa- de una andanada de críticas que ponen en entredicho su credibilidad, que es uno de sus principales activos.

Este año el INE decidió –después de muchos años de retraso y varios intentos fallidos- actualizar el conjunto de bienes de consumo de la canasta básica de alimentos (CBA). Dicha canasta generaba polémica porque arrojaba datos atípicos en las estadísticas de organismos multilaterales y porque no consideraba encuestas más recientes para su cálculo. Desde que la CBA se fijó en 1994 los hábitos alimenticios han variado, tanto en lo que se refiere a la selección de los productos, como en su ponderación. La nueva CBA se actualizó indirectamente con ayuda de otras encuestas como la Encuesta Condiciones de Vida o la Encuesta de Empleo e Ingresos, cuando lo correcto habría sido usar una encuesta de ingresos y gastos familiares –ENIGFAM- . El resultado, muy criticado por varios expertos, es que el importe mensual de la nueva CBA es ahora de unos Q3,500, cifra menor en Q800 a la de la antigua canasta.

Un segundo flanco de críticas y dudas sobre el trabajo de INE está en el índice de precios al consumidor –IPC-, cuyo componente de alimentos muestra incrementos de precios mucho más elevados que los datos que algunos expertos han cotizado en los supermercados de la ciudad capital. Esta discrepancia ha hecho pensar a varios analistas que el cálculo del IPC es inválido e, incluso, que podría estar siendo manipulado (con inconfesados propósitos) por parte de las autoridades políticas del país, todo ello ante la impasividad del INE que no ha sido capaz de dar una explicación convincente del porqué la inflación en los supermercados de las zonas residenciales de la capital es menor que la que reporta el IPC.

Empero cuando se ve el IPC desagregado por regiones, resulta que la inflación del área metropolitana es sustancialmente más baja que la del resto del país (y en todos los casos se usa la misma metodología), lo que indicaría que no necesariamente la metodología está mal, sino que pueden existir diversas razones lógicas (costos de transporte por el desastre vial del país, o excesos de demanda por flujo de remesas familiares hacia ciertas áreas geográficas) o metodológicas (el índice tipo Laspeyres del IPC sobrevalora la inflación cuando la encuesta base no se actualiza oportunamente) que explican la elevada inflación en algunas cabeceras departamentales.

Ciertamente en ambos casos –la CBA y el IPC- existen graves problemas, pero estos no obedecen a una confabulación política, sino a la enorme debilidad institucional del INE que se manifiesta tanto en su ineptitud para explicar técnicamente los problemas que presentan las estadísticas como, principalmente, en su incapacidad para realizar encuestas básicas (como la ENIGFAM) con la frecuencia necesaria, lo cual afecta la calidad de sus datos y termina minando su credibilidad.

Para que el INE pueda rescatar su credibilidad es necesario dotarlo de la autonomía operativa y financiera necesaria para que deje de distraer sus recursos (por presiones políticas) en temas secundarios y se centre en los temas prioritarios (como el censo de población que debe realizar el año próximo). Un primer paso en ese sentido es cambiar la forma de elegir a su gerente –para que responda ante su junta directiva, y no ante la presidencia de la República-, tal como lo plantea la iniciativa de ley número 5329 que el Congreso está pendiente de empezar a discutir y que ojalá pudiera aprobar con prontitud.

¿Cuántos Empleados Públicos Hay?

¿Por qué extraña razón se incumple con un mandato legal vigente para revelar cuántos empleados públicos hay, qué plazas ocupan y cuánto devengan (incluyendo "bonos")? ¿Cómo puede la Contraloría fiscalizar el rubro de remuneraciones si no sabe a ciencia cierta cuántos y quiénes son los empleados públicos?

Más del 30% del total del presupuesto de gastos del Estado se destina a pagar sueldos y salarios; eso significará un monto, según el proyecto de presupuesto que actualmente se discute, de alrededor de Q25.8 millardos en 2018. Este rubro es tan importante dentro del proceso presupuestario que la propia Constitución Política de la República, en su artículo 238, indica específicamente que la Ley Orgánica del Presupuesto regulará “…la forma y cuantía de la remuneración de todos los funcionarios y empleados públicos, incluyendo los de las entidades descentralizadas o autónomas”.

Dada su importancia, resulta injustificable el poco cuidado que se ha tenido en mantener actualizadas las regulaciones relativas al servicio civil y las clases pasivas, así como al efecto presupuestario que tienen los distintos pactos colectivos de condiciones de trabajo o el pago arbitrario de “bonos de riesgo” o “de productividad” que ahora proliferan desordenadamente. Lo que es más grave aún es que no se sepa con certeza el número de empleados públicos que existe en cada dependencia, ni el renglón presupuestario al que pertenecen. Ni la Oficina Nacional del Servicio Civil -ONSEC-, ni el Ministerio de Finanzas Públicas saben a ciencia cierta cuántos empleados públicos hay, o bajo qué renglón se encuentran, o en qué entidad prestan sus servicios.

Para 2017 se tenía previsto el levantamiento de un “censo” de los trabajadores del sector público; a principios de año las autoridades señalaron que los ministerios de Educación y Salud serían los primeros donde se llevaría a cabo tal “censo”, el cual estaría a cargo del Instituto Nacional de Estadística -INE-, el RENAP y la propia ONSEC, utilizando para ello la infraestructura del INE y financiamiento de la Unión Europea. Se suponía que los resultados podrían conocerse en el segundo semestre del año. Por su parte, el MINFIN señaló que planeaba publicar la nómina del personal permanente de las entidades de Gobierno Central.

Sin embargo, a la fecha el “censo” no se ha realizado y solo el MINFIN ha cumplido parcialmente al publicar en su portal de internet información sobre el personal permanente del ejecutivo. Por ello es necesario recordar que en 2016 el Congreso emitió el Decreto 20-2016 (Ley para la Viabilización de la Ejecución del Presupuesto de ese año), cuyo artículo 6 establece la obligación de publicar la nómina de personal permanente de las entidades de Gobierno Central, sin más trámite y de manera inmediata, incluyendo los salarios y otras retribuciones que se paguen, y extiende dicha obligación a las entidades autónomas y descentralizadas, a las empresas públicas y a las municipalidades.

Es verdaderamente escandaloso que siendo no solo una necesidad absoluta para lograr la correcta administración de los recursos financieros del Estado sino, además, una obligación legal, aún no se haya dado cumplimiento a cabalidad con lo establecido en el Decreto 29-2016, por parte de cada entidad del sector público. Uno de los mejores legados que el actual gobierno puede dejarle al país es el de llevar a cabo ese necesario y urgente inventario de todos los empleados del Estado. Ello no solo es crucial como un primer paso para sustentar la necesaria reforma al sistema de servicio civil (que se ha convertido en un botín del corrompido sistema político), sino que arrojaría información indispensable para mejorar la calidad del gasto gubernamental y su adecuada fiscalización. Mientras no sepamos en detalle cuántos y quiénes son los empleados públicos, ningún incremento en ese rubro presupuestario tendrá justificación moral.

El Censo, los Precios y el INE

Las reformas quirúrgicas, precisas, focalizadas, pueden ser tan importantes como las grandes reformas. El Instituto Nacional de Estadística es una pieza clave (pero casi siempre ninguneada) de la gestión gubernamental que merece una reforma importante: devolverle a su Junta Directiva la potestad de nombrar, evaluar y remover a su gerente.

Hace unos días el gobierno anunció oficialmente que el censo general de población se realizará en 2018, dieciséis años después del último realizado en 2002, aún lejos del estándar recomendado por Naciones Unidas de censar a la población cada diez años. Un censo requiere de mucha técnica y eficiencia, pues es una herramienta crucial de políticas públicas que puede tener repercusiones en los ámbitos político, social y económico. Los programas sociales de gobierno, el diseño de las políticas fiscales y monetarias, y la definición de los distritos electorales con base en los cuales se reparten las curules del Congreso de la República, son todos ellos aspectos que demandan estadísticas demográficas creíbles, oportunas y confiables.

Por ello, las autoridades a cargo del censo deben ser, además de técnicas y eficientes, absolutamente honradas e independientes de cualquier grupo de interés: sería muy peligroso que por intereses políticos se abusara o manipulara la información obtenida del censo. En el proceso también es esencial la transparencia, el acceso a la información  y la continua vigilancia ciudadana para lograr lo que un buen censo ofrece al país: auto-conocimiento, así como mejores y más eficientes políticas públicas.

Otra pieza de información estadística, el Índice de Precios al Consumidor –IPC- (que mide el nivel de precios y la inflación en el país) también es fundamental para la toma de decisiones de política económica. En semanas recientes, a raíz del rápido aumento en los precios de los alimentos (a una velocidad mucho mayor que otros rubros que componen el IPC), algunos analistas han cuestionado no solo la calidad del índice, sino la intención y autonomía de las autoridades a cargo de calcularlo.

Aunque el fenómeno de la inflación de alimentos ha sido explicado por estudios serios (efectuados por el Fondo Monetario Internacional) donde se establece que las causas obedecen más a cuellos de botella de abastecimiento (debido a la mala calidad de la infraestructura vial), que a la calidad y manipulación de la metodología por parte de los funcionarios a cargo del cálculo, resulta preocupante y peligroso que se ponga en duda la honestidad e intención de la institución gubernamental a cargo de las estadísticas oficiales.

El Instituto Nacional de Estadística –INE- es, por ley, la autoridad rectora del Sistema Estadístico Nacional y tiene a su cargo, entre otras responsabilidades, tanto el censo de población como el IPC. Los activos más valiosos que debería cultivar y defender la Junta Directiva del INE (que, en teoría, es su máxima autoridad) son su credibilidad, su fiabilidad y su integridad. Sin ellos se menoscaba la utilidad económica, política y social de sus estadísticas.

Uno de los obstáculos más importantes para lograrlo es que actualmente el INE es una institución con dos cabezas: por un lado, la Junta Directiva (presidida por el Ministro de Economía y conformada por representantes de instituciones públicas y sectores sociales) y, por otro lado, el Gerente nombrado directamente por el Presidente de la República (que, por ello, no es claramente subalterno de su Directiva).

Una reforma legal necesaria para rescatar la credibilidad del INE y potenciar la utilidad de las cifras que produce, sería la de conferir (sin ambigüedades) a su Junta Directiva la potestad de nombrar, evaluar y remover a su Gerente para velar porque este sea independiente de cualquier interés político o espurio. Aparentemente es una reforma sencilla, pero se trata de adoptar una práctica de gobierno corporativo demostradamente efectiva que fortalecería decididamente la institucionalidad pública.

Doble Personalidad

En Guatemala coexiste, por un lado, un estado moderno con instituciones de mercado funcionales y, por el otro, un estado que tolera el crimen y la corrupción

Si fuese una persona, Guatemala podría estar diagnosticada con trastorno disociativo de personalidad, por las dicotomías que presenta. Por un lado está la personalidad de la economía más grande, estable y sofisticada de Centroamérica, con su enorme riqueza cultural y sus sectores de alta productividad –como el azúcar, entre los más eficientes del mundo-. Por el otro, está el país cuasi-africano en sus indicadores de nutrición y pobreza, de negocios pequeños que crecen muy lentamente en el mar de la informalidad. En el mismo territorio coexiste un estado moderno con instituciones de mercado funcionales, y el estado que tolera el crimen y la corrupción.

La más reciente Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos –ENEI II 2013-, publicada recién por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ha revelado muchas de estas dicotomías. La gran división que existe entre estos tipos de economía es uno de los factores que ha impedido que el crecimiento económico de Guatemala rebase los mediocres niveles registrados en las últimas décadas que reflejan, fundamentalmente, a una baja productividad del factor trabajo.

La ENEI, que se llevó a cabo en octubre de 2013, muestra que la tasa de desempleo abierto, que representaba sólo el 4.2% de la población económicamente activa (PEA) en 2011, se redujo a 3.0% en la encuesta más reciente. Si bien es cierto que la tasa de desempleo es baja si se le compara con otros países, su nivel esconde un grave problema de subempleo que, en Guatemala, hace las funciones de lo que sería un seguro de desempleo para aquellos que carecen de acceso a puestos de trabajo en el mercado formal.

El subempleo mide el grado de informalidad laboral, incluyendo los trabajadores que perciben ingresos inferiores al nivel normal y que laboran menos del horario completo. La tasa de subempleo visible reportada por el INE se situó en 14.4%, mientras que el número de personas con empleo informal se mantuvo en un muy elevado 69.2%; esta categoría incluye a las personas que aunque reciban ingresos promedio, no tienen acceso a prestaciones de seguridad social (solamente el 36% de los asalariados están afiliados). La informalidad es mucho mayor en las zonas rurales que en el área metropolitana (78% frente a 46%) y afecta a los pueblos indígenas (82%) mucho más que a los no indígenas (60%).

La actividad que absorbe el mayor porcentaje de personas en la informalidad es la agricultura, con 40.5%; seguida por el comercio, con 31.2%; otras actividades de servicios con 10.4%; y la industria con 9.1%. Estas cuatro actividades absorben el 91.2% de la población en el sector informal. La estructura ocupacional altamente desigual de Guatemala es más evidente en los datos de ingresos: el 20% de los trabajadores de menores ingresos (quintil 1), perciben en promedio un ingreso mensual de Q297, mientras que el 20% de los trabajadores con mayores ingresos (quintil 5) recibe en promedio Q4,590 mensuales. El ingreso promedio nacional (que en cierta medida mide la productividad laboral) es de sólo Q1,893 al mes, por debajo del salario mínimo legalmente obligatorio; esta proporción se eleva a Q2,714 mensuales en la zona metropolitana, nivel muy superior a los Q1,478 que se registra en las zonas rurales. Las personas que trabajan en la agricultura perciben los ingresos más bajos, con sólo Q991 mensuales, mientras que los mejor remunerados están en los sectores inmobiliario (Q5,392 al mes) y de información y comunicaciones (Q3,508). La ENEI también muestra que sólo 17.2% de los ocupados activamente terminó la escuela primaria, una tasa que, por mucho, es una de las más bajas de América Latina.

Identificar las políticas necesarias para mejora la productividad es relativamente fácil: educación, salud, infraestructura, impartición de justicia. Lo difícil  es llevarlas a cabo, pues ello implica abandonar costumbres y prácticas arraigadas, lo cual requiere no sólo de la consabida voluntad política, sino también de construir nuevas capacidades y formas de hacer negocios. En última instancia, la capacidad que tenga Guatemala de crecer aceleradamente depende de que podamos construir una economía moderna donde las empresas florezcan y prosperen siendo formales, cumpliendo con sus obligaciones (incluyendo las de tributar), e inspirando a otras a imitarlas en su éxito.

El Desafío del Desempleo

Por fin se publicó la Encuesta de Empleo e Ingresos. En los países civilizados este tipo de encuestas se produce trimestralmente. En Guatemala se produce cada vez que el INE se acuerda. Afortunadamente, esta vez el INE la publica por segundo año consecutivo, lo cual está lejos de lo ideal pero constituye un avance sin precedente en la historia de la estadística oficial guatemalteca. Ojalá que sigan así.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

EL DESAFÍO DEL DESEMPLEO
El principal desafío en Guatemala no es el desempleo abierto, sino el subempleo 

Por fin, el Instituto Nacional de Estadísticas –INE- publicó los resultados sobre la situación del empleo en Guatemala. La Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos fue levantada en julio del presente año y es la única información oficial que sobre este importante tema ve la luz durante el año. Las cifras son un necesario y útil seguimiento a la misma encuesta publicada el año pasado. Antes de esto, la anterior encuesta de empleo se hizo en 2007 (con una metodología distinta) y, previo a esta, hubo un esfuerzo más metódico y ambicioso en 2002 y 2003 que, lamentablemente, se descontinuó por falta de apoyo financiero al INE.

En otros países se cuenta con información periódica sobre el empleo, ya que constituye una herramienta básica para el diseño e implementación de la política económica, especialmente en tiempos de crisis. Por ejemplo, en Colombia y Brasil los institutos de estadística producen información mensual sobre el empleo; en México la información es trimestral y en República Dominicana, semestral; en los países centroamericanos (a los que apenas se empieza a unir Guatemala) la oficina de estadísticas publica información anual del desempleo. Ojalá que el INE continúe publicando este tipo de encuestas, aunque sea anualmente.

Los datos de la más reciente encuesta arrojan indicadores preocupantes. El desempleo abierto creció respecto del año anterior. En 2010 los desempleados representaban el 3.52% de la población económicamente activa –PEA-, mientras que en 2011 habían aumentado a un 4.06%, lo que evidencia el hecho de que aunque la producción (medida por el PIB) ha estado aumentando, su recuperación no se ha reflejado en la creación de empleos formales.

Si bien estos porcentajes son relativamente bajos si se comparan con el porcentaje de desempleados en otros países (la tasa de desempleo en Estados Unidos en octubre fue de 9.0%), eso se debe a que el principal desafío en Guatemala no es el desempleo abierto, sino el subempleo, que se refiere a las personas que trabajan y ganan menos de lo que quisieran o que están sobrecalificadas para las labores que desempeñan. En la práctica, nuestro subempleo hace las veces de lo que en los países desarrollados es el seguro contra el desempleo.

Aunque el porcentaje de subempleados se redujo (de 59.6% de la PEA en 2011 a 57.2% en 2011), su número absoluto es muy elevado: más de 3.3 millones de guatemaltecos (40% mujeres y 60% hombres) están en esta difícil situación en la que son contratados informalmente, carecen de prestaciones y estabilidad laboral, y ganan menos del salario mínimo o de lo que deberían ganar dadas sus capacidades. Apenas el 16% de la población económicamente activa se encuentre cubierta por los beneficios de la seguridad social.

Particularmente agudo es el problema del desempleo juvenil: mientras que el 51% de la PEA está formado por menores de 30 años de edad, estos jóvenes representan al 73.2% de los desempleados, lo que da una idea del porqué este grupo poblacional es de los más vulnerables a los problemas de la violencia y la delincuencia.

Otro de los problemas revelados por la encuesta es el del bajo nivel educativo de la mano de obra. Los resultados de la encuesta revelan que los trabajadores guatemaltecos tienen un promedio de escolaridad de apenas 5.93 años; es decir, que la gran mayoría no ha completado la educación primaria. La baja calificación de la mano de obra local es una de las limitaciones para atraer inversiones de calidad y obtener un mayor crecimiento económico.

Y ello es más dramático en el área rural y en las actividades agrícolas, en las que la escolaridad es de apenas 3.53 años. No es sorpresivo, entonces, que la productividad en al campo sea extremadamente baja: la agricultura concentra el 41% de la PEA, pero sólo genera el 14% del PIB. Esta baja productividad se traduce en menores niveles de ingreso y mayores índices de pobreza en el área rural.

Para revertir esta situación, el primer requisito indispensable es tener una economía sana y estable que propicie la creación de empleos formales, lo cual implica la aplicación de políticas públicas responsables y con visión de largo plazo. El otro requisito es que el entorno económico internacional no perjudique las perspectivas de crecimiento económico. El año 2012 se anuncia difícil en ambos frentes.COMENTARIOS DE LOS LECTORES

Mar, 11/15/2011 - 16:47 — ssamayoa

Tristemente los gobernates piensan que son mas inteligentes que todos los demás y que saben que es mejor para "el pueblo" y tratan de dirijir la economía y de redistribuir la riqueza con impuestos.
Y cada vez lo veo más lejos que en Guatemala vayamos a tener mejores condiciones donde el gobierno a estrenar se propone crear el ministerio de desarrollo social, es decir, mas burocracia y mas corrupción solo que ahora institucionalizada, ni siquiera ha tomado posesión y ya está negociando subir el presupuesto a casí Q60,000,000,000 SIN CANDADOS, quieren un CHEQUE EN BLANCO "FIDUCIARIO" - Dejamos el corral a cargo del lobo.
Se están desmoronando los gobiernos alrededor del mundo dado al crecimiento desmedido del gasto "publico" y a la intervención de éstos en la economía pero parece que nuestros futuros fuionarions piensan que en esos países son brutos pero nosotros si somos inteligentes y no nos va a pasar lo mismo.

Mar, 11/15/2011 - 11:54 — Sergio Petronio Licardie Vetorazzi

Hay algunos conceptos que en el concierto de la información suenan desafinados. 1.- "El principal desafío en Guatemala no es el desempleo abierto, sino el subempleo"----- Yo no lo pienso así. El que no tiene trabajo está en peores condiciones que el que medio trabaja. 2.- Empleos formales, son los de gobierno y los que pagan impuestos, empleos informales son los que andan fuera en empresas que no los pagan, Para el que trabaja y se suda el lomo, empleo es lo que consiga. Todos son válidos no debe haber exclusiones porque de todos modos se cuentan. 3.- "En la práctica, nuestro subempleo hace las veces de lo que en los países desarrollados es el seguro contra el desempleo" Yo no lo pienso así. El subempleo es una deficiencia de la economía en torno a las exigencias legales de contratación. El subempleo se paga así mismo con el esfuerzo de patrones y trabajadores. En el seguro de desempleo es un dinero que paga el gobierno durante cierto tiempo a los que han trabajado y quedan sin chamba. 4.-- Los datos de la juventud también se prestan a confusiones  junto a otros números. subempleados 60%, 3 millones PEA= 5 millones. . menores de 30 años 2.5 millones  Escolaridad 6 años =+- 5.96 para un lugar donde el 60% de los niños de primaria desertan es un record y debe considerarse como primaria terminada. Esa hostia está muy grandota. La verdad es que los datos están muy bien logrados como para presentárselos al presidente Ubico y este diga como deben de ser.

¿Mienten las Estadísticas?

Las estadísticas son como los presos políticos: con la suficiente mala intención se les puede torturar hasta que confiesen. Pero al lidiar con estadísticas (especialmente con estadísticas económicas) hay que mantener el equilibrio; no se les puede tirar a la basura, como inservibles, sólo porque no dicen lo que nuestra intuición nos sugería; pero tampoco se les puede creer ciegamente, sin antes someterlas a un análisis apropiado.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

¿MIENTEN LAS ESTADÍSTICAS?

Todos los gobiernos, independientemente de su signo ideológico, se las arreglan para demostrar que han logrado mejores resultados que sus rivales en materia económica, apoyándose en cifras de crecimiento económico, empleo o inflación. Al mismo tiempo, los opositores demuestran, también con cifras, que la situación económica y social del país empeoró mientras sus rivales gobernaban.

El sentido común nos sugiere que es imposible que todos tengan la razón al mismo tiempo, por lo que, o bien las estadísticas están equivocadas, o las mismas (aunque sean correctas) pueden ser manipuladas para demostrar casi cualquier cosa. La segunda explicación es, casi siempre, la más acertada.

Por supuesto que, en primer término, hay que verificar que estén adecuada y técnicamente calculadas, pero es igualmente importante tener presente que las estadísticas, especialmente las económicas, hay que saber interpretarlas correctamente. Las estadísticas ofrecen una visión condensada de la información, y en eso radica su utilidad, pero también sus riesgos.

Cuando nos enfrentamos con una cifra o indicador económico, lo primero que debemos preguntarnos es quién realizó el cálculo, pues es muy diferente si un dato lo produjo una entidad con experiencia, buena reputación e independencia de intereses sectarios (ya sea pública o privada), o si, por el contrario, lo produjo una empresa de investigación de mercados de reciente creación o, peor aún, un partido político.

También es importante saber si el dato es de carácter definitivo o si, por el contrario, se trata de un dato preliminar que está sujeto a revisiones, como sucede con el dato del PIB que suele ser revisado varias veces al año.

La interpretación de las cifras requiere, asimismo, saber a qué periodo de tiempo están referidas; por ejemplo un aumento en el índice de precios al consumidor de 5% puede ser aceptable si se trata del incremento en un año, pero sería catastrófico si se refiriera al aumento en un mes.

Igualmente, cuando se trata de variaciones entre una cifra y otra, es menester conocer cuáles son los puntos inicial y final de los datos que se están comparando: por ejemplo, cuando se compara cuánto creció el PIB entre un año de recesión y un año de auge veremos una tasa de crecimiento mucho más alta que cuando se comparan dos años relativamente normales.

Otro factor muy importante a tomar en cuenta, especialmente cuando se interpretan cifras expresadas en quetzales, es saber cuál ha sido el efecto inflacionario: un aumento de 6% en el monto de impuestos recaudado por la administración tributaria puede ser poco alentador si, al mismo tiempo, la inflación aumentó también en 6%, lo que querría decir que la recaudación no habría aumentado nada en términos reales.

Un problema de interpretación muy común surge cuando se le confiere a un indicador un poder informativo que, en la práctica, no tiene. El caso más notable es el del PIB, al cual muchas personas acusan de que no sirve para medir el grado de bienestar de un país: tienen mucha razón, porque el PIB nunca fue ideado para ese propósito, sino que para medir el valor de la producción de bienes y servicios de un país durante un período determinado. Así como el velocímetro de un carro sirve para medir, justamente, la velocidad del vehículo (y no la potencia del motor o el nivel del aceite), así el PIB sirve para medir el valor de lo producido y compararlo con otros países (no para medir el de bienestar de la población).

Resulta útil que, cuando se interpreta una cifra económica, se cuente con otros parámetros que pongan en perspectiva cualquier dato: por ejemplo, un aumento de 4% en el número de puestos de trabajo generados en un año puede no ser una buena noticia si, en el mismo periodo, la población en edad de trabajar creció 8%.

Las estadísticas pueden ser engañosas y su interpretación puede ser manipulada para justificar ciertas decisiones o situaciones. Por lo tanto hay que tomárselas con cierta cautela. Esto no quiere decir, sin embargo, que no debamos tomárnoslas en serio y, mucho menos, que debamos prescindir de ellas, ya que resultan esenciales para tomar decisiones, pública y privadas, bien fundamentadas. Las estadísticas son, digamos, un mal necesario; muy necesario.

COMENTARIOS DE LOS LECTORES

JORGE MUÑOZ 01-02-2011 08:08:50 horas

Por regla general nunca se debe creer en estadísticas generadas por los Gobiernos debido ha que no son objetivas y en su totalidad han sido manipuladas para reflejar a su favor lo que ellos quieren que la gente crea, en el país de las Tortillas no somos estadistas, aquí solo somos reactivos y no proactivos, además aquí los índices se manipulan a conveniencia del Gobierno y de sus Patrones. JORGE MUÑOZ 01-02-2011 08:08:50 horas Por regla general nunca se debe creer en estadísticas generadas por los Gobiernos debido ha que no son objetivas y en su totalidad han sido manipuladas para reflejar a su favor lo que ellos quieren que la gente crea, en el país de las Tortillas no somos estadistas, aquí solo somos reactivos y no proactivos, además aquí los índices se manipulan a conveniencia del Gobierno y de sus Patrones. Carmen Ocoix 01-02-2011 10:14:17 horas Puede que muchos si manipulen las estadísticas pero ahora se ha visto que principalmente se han manipulado las estadísticas de la violencia, todos los periódicos sacan nuevas cifras diarias, los partidos políticos de oposición manejan otras y cuando salen las del gobierno nadie las cree. Así como hay empresas que se dedican a esto fácil nos lleva la lógica que son muy bien pagadas para que se arrojen los resultados que se quieren para desprestigiar al opositor y eso solo crea desinterés en la sociedad. Lucrecia Reynosa 01-02-2011 10:17:31 horas Las estadísticas están aquí a favor de los de pisto y de los partidos que han hecho de las poco creíbles estadísticas su medio para desprestigiar al gobierno, lo que yo he visto es que cuando el gobierno saca algunas estadísticas rápido los patriotas y los medios sacan otras como para que la gente le reste credibilidad, pero al final lo único que crean es desinformación e incredulidad en la gente pues no saben si creer o no. Las estadísticas solo deberían ser un referente y no como algo escrito en piedra como piensan muchos. Ileana Villanueva 01-02-2011 10:31:57 horas En materia de violencia si son incrementadas, solo para desprestigiar y seguir con el juego de partidos políticos opositores creando una sicosis dentro de los guatemaltecos, en materia de salud, educación, mejoras en calidad de vida no se sabe mayor cosa pues solo están destinadas a sacar y publicar lo malo. En materia política con sus mediciones electorales y encuestas elaboradas “supuestamente” por empresas de alto prestigio, las manipulan posicionando a quien ellos quieren en la cabeza. Julio Monterroso 01-02-2011 10:39:58 horas Hablar de estadísticas es tan complejo porque quieren darle la magnitud a un problema de acuerdo a lo que respondió apenitas una cantidad X de personas que no significa que sea el pensar y sentir de la población a eso hay que sumarle que muchas veces las preguntas tienen respuesta cerradas que al final solo sirven para alterar el resultado a conveniencia de quienes lo hacen. Aunque sean un mal necesario muchos de los que hacen campaña anticipada la utilizan como parte de su estrategia para desprestigiar. Luis 01-02-2011 12:37:08 horas Existe una REALIDAD que no se puede disfrazar o maquillar con los anuncios y la propaganda de los medios, si algo esta mal, esta mal, por mas que digan que todo esta bien y hay "prosperidad". Un mundo fantástico o inexistente es diferente a la realidad cotidiana de la calle. Es posible que el Gobierno viva en otro Mundo diferente al de la gente de a pie en la calle.