LA ECONOMÍA DE LAS GUERRAS LEJANAS

La guerra en el Golfo Pérsico puede sacudir la economía global: conviene reaccionar con prudencia

Las guerras se libran tanto en los campos de batalla como, de manera silenciosa, en los mercados energéticos, en las cadenas logísticas globales y, finalmente, en los bolsillos de millones de personas. El conflicto actual en el Golfo Pérsico tiene precisamente ese potencial. En una economía mundial altamente integrada, una perturbación geopolítica en una región estratégica puede generar efectos económicos globales. La razón es simple: por el estrecho de Ormuz transita una porción importante del petróleo y del gas natural que consume el planeta. Si ese flujo se interrumpe o se vuelve incierto, los precios de la energía subirán y con ellos el transporte, los fertilizantes, los alimentos y buena parte de la actividad productiva.

Aunque hoy la economía mundial es menos intensiva en energía que en los años setenta —cuando los shocks petroleros provocaron inflación y estancamiento—, una disrupción suficientemente grande en los mercados energéticos aún puede generar presiones inflacionarias y alterar decisiones de inversión y consumo.

Para Guatemala —como para muchas economías pequeñas y abiertas— el principal canal de transmisión será el precio de los combustibles y otros insumos. Cuando el petróleo sube, aumentan los costos de transporte y producción, lo que eventualmente conlleva precios internos más altos. Además, el país debe destinar más divisas para pagar esas importaciones, lo que puede presionar el balance externo si el shock se prolonga. Hasta ahora, sin embargo, los indicios apuntan a que el impacto directo podría ser moderado en el corto plazo. Analistas del sector logístico señalan que Guatemala no depende de rutas marítimas que atraviesen directamente la zona del conflicto, por lo que los efectos iniciales serían indirectos, principalmente a través del precio del combustible y de los costos de los fletes internacionales.

 La verdadera incógnita no es tanto el impacto inicial como la duración del conflicto. Las guerras —especialmente en regiones geopolíticamente sensibles— evolucionan según decisiones políticas impredecibles. Por ello, sería imprudente reaccionar con “ocurrencias” de política económica que, aunque bien intencionadas, terminen generando más distorsiones que soluciones. Conviene recordar una lección básica de economía: en situaciones de escasez o choque externo, los precios cumplen una función de señal. Cuando suben, transmiten información sobre la nueva realidad de costos y ayudan a que consumidores y empresas ajusten su comportamiento. Interferir excesivamente en ese mecanismo —por ejemplo mediante controles de precios o subsidios improvisados— suele producir escasez, incentivos perversos y mayores presiones fiscales.

La respuesta más sensata ante shocks externos no es el intervencionismo apresurado, sino la prudencia macroeconómica. Guatemala cuenta con algunos amortiguadores importantes: inflación relativamente controlada, reservas internacionales adecuadas y un sistema financiero sólido. Preservar esos amortiguadores es probablemente la mejor estrategia para atravesar episodios de turbulencia internacional. Finalmente, conviene recordar que incluso los conflictos más intensos suelen terminar antes de lo que muchos anticipan. No sería extraño que, ante los riesgos económicos de una guerra prolongada, Estados Unidos opte en algún momento por declarar una victoria prematura y dar por concluido el conflicto. Si algo enseña la historia económica es que los mercados reaccionan rápidamente al inicio de las guerras… pero también a su final. En tiempos de incertidumbre, la prudencia sigue siendo la mejor política económica.

LA TORMENTA POST PANDEMIA

MÁS GRAVE QUE EL ALZA EN EL PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES, SE VISLUMBRA UNA CRISIS ALIMENTARIA

Si bien es cierto que la economía guatemalteca -en comparación con otros países- sufrió menos y se repuso más rápidamente de la recesión de 2020, también lo es que, inevitablemente, las pérdidas de dicha crisis en términos de producción y empleo han dejado cicatrices permanentes, no solo por el impacto duradero sobre los trabajadores que perdieron sus empleos por la crisis, sino porque es probable que sus secuelas induzcan a que la recuperación económica esté más sesgada hacia la generación de empleos informales que, por su naturaleza, son menos productivos que los formales, lo cual puede significar una merma en la productividad global de la economía.

Además del impacto y complejos reacomodos en el mercado laboral, la pandemia también ha causado daños económicos duraderos por otra vía: el daño que ocasionará la ausencia (por más de dos años) de los alumnos en las escuelas, la cual casi seguramente ocasionará una reducción en la capacidad productiva del capital humano del país. Para minimizar los daños a largo plazo, es necesario tomar acciones urgentes. En lo laboral, deben aplicarse políticas que ayuden a las personas a adaptarse a los cambiantes mercados (como programas de búsqueda de empleo o de capacitación en nuevas habilidades y la creación de un seguro de desempleo en el IGSS). Y respecto a la educación, además de retornar cuanto antes a las aulas, deben evaluarse rápidamente los retrocesos en el aprendizaje e implementar medidas para nivelar a los estudiantes (como dar tutorías adicionales o alargar el año escolar).

Lo más grave es que el estallido de la guerra en Ucrania complica -y mucho- el oscuro panorama económico, pues ha disparado un severo incremento en los precios de los granos básicos y de los combustibles que amenaza con afectar la recuperación económica y con generar una crisis alimentaria global. Para conjurar estas amenazas, la política macroeconómica debe dilucidar un par de difíciles dilemas. El primero es cómo combinar la política monetaria con la fiscal para contener lo más posible la inflación, pero sin ralentizar excesivamente la actividad económica. El segundo es cómo enfrentar el impacto socioeconómico de los elevados precios de los combustibles y -especialmente- de los alimentos, sin agravar la precariedad de las finanzas públicas.

Tomando en cuenta que todo esto está sucediendo en un entorno en que las condiciones financieras mundiales se tornan cada vez más astringentes (lo que encarecerá el costo del financiamiento al gobierno y a las empresas), resulta inevitable empezar cuanto antes una racionalización del gasto público. No hay duda de que esta crisis hace necesario aplicar compensadores sociales (que pueden incluir subsidios y transferencias para proteger a las familias más vulnerables), pero también está claro que tales medidas deben estar bien focalizadas y eficientemente diseñadas. Ante la creciente amenaza de una crisis alimentaria, los escasos recursos fiscales no deben seguir desperdiciándose en transferencias para el descontrolado gasto de las municipalidades ni en subsidios improvisados para los comercializadores de combustible. El tiempo apremia.

SOLUCIONES BARATAS PARA LOS PRECIOS CAROS

LO QUE SE NECESITA ES UNA ADECUADA POLÍTICA MONETARIA, EN VEZ DE MEDIDAS CASUÍSTICAS DISTORSIONANTES

Los precios de la gasolina, el gas y los energéticos en general, junto con los de muchos productos primarios, están subiendo en todo el mundo. Los índices de inflación en la mayoría de países están mostrando niveles mucho más altos que los vistos en la anterior década. Solo en Guatemala, extrañamente, el Índice de Precios al Consumidor -IPC- se mantiene en calma, como si el alza en los precios de los energéticos no afectara (aún) el costo de vida en el país. Pero si el IPC está tranquilo, los consumidores no lo están, pues el sordo clamor por el creciente costo de la gasolina y del gas propano se está haciendo sentir con mayor intensidad. Los políticos ven en ese clamor una oportunidad de lucirse con propuestas de solución instantánea al problema de los precios altos. Lo malo es que esas propuestas, aunque sean bien intencionadas, pueden generar efectos secundarios que terminarían dañando al consumidor incluso más que el alza de precios. Antes de pretender aplicar remedios que podrían salir más caros que la enfermedad, es importante entender la naturaleza del fenómeno.

La economía mundial está en un inusual periodo de insuficiencia de oferta que provoca escasez de casi todo, desde madera hasta microprocesadores, al tiempo que la demanda se está expandiendo rápidamente, pues los consumidores están incrementando sus gastos luego de haberlos tenidos contenidos durante la recesión provocada por la pandemia. Poca oferta y mucha demanda implican, irremediablemente, precios más altos. Hay cuellos de botella en las cadenas mundiales de distribución y los costos de transporte marítimo se han más que duplicado. El fenómeno de precios altos es, evidentemente, de alcance mundial y -en la medida en que la oferta eventualmente responda a la demanda- temporal.

Por eso, medidas aparentemente baratas, como la de exonerar de impuestos a determinados productos con la intención de reducir su precio, no solo están mal enfocadas, sino que pueden tener efectos secundarios adversos porque distorsionan la función del mecanismo de precios como regulador de la oferta y la demanda y minan las precarias finanzas públicas del país. Para aplicar las medidas correctas es importante evaluar, con prudencia y sapiencia, la magnitud y temporalidad de las alzas de precios. Para eso está la política monetaria, que es la mejor alternativa para combatir la amenaza de la inflación, en vez de las medidas casuísticas distorsionantes que se han propuesto.

En la medida que esta amenaza se siga materializando, el banco central deberá aplicar las medidas de restricción monetaria que sean necesarias. Para ello necesita dos herramientas cruciales. Por un lado, un buen IPC que sea confiable y lo guíe en su toma de decisiones. Y, por otro, independencia respecto del gobierno central y de las interferencias políticas que, casi seguramente, presionarán para que no se incrementen las tasas de interés (especialmente ahora que el déficit fiscal y la deuda pública rebasaron sus niveles históricos). Sin esas dos herramientas, el alza de precios sí que podría salirse de control.

LOS ELEVADOS PRECIOS DE LAS MEDICINAS

Muchos gobiernos alrededor del mundo están luchando contra los altos precios de los medicamentos

El precio de los medicamentos ha estado aumentando en los últimos años, no solo en Guatemala, sino alrededor del mundo. La Organización Mundial de la Salud estima que unos 100 millones de personas caen en la pobreza anualmente a causa de lo que deben pagar por sus medicinas. Hay evidencia de que los precios que se cobran por algunos medicamentos -especialmente los asociados a enfermedades catastróficas- son, en efecto, irracionalmente altos.

Ciertamente existen razones de mercado que explican en parte esto, como el envejecimiento de la población, la mayor cobertura de seguros médicos y la creciente demanda de una sociedad con más ingresos y esperanza de vida. Pero también existen razones asociadas a los sistemas de adquisiciones que -por ineficiencia y por corrupción- inflan artificialmente el costo de la medicina. No hay que olvidar que las empresas farmacéuticas obtienen monopolios (más o menos temporales) a través de patentes y contratos otorgados por los gobiernos.

Muchos gobiernos alrededor del mundo están luchando contra los altos precios de los medicamentos. En Guatemala, el tema ha cobrado notoriedad luego de que las declaraciones del respetado médico Román Carlos Bregni y del propio presidente Giammattei, denunciando los altos costos de las medicinas, han puesto en evidencia la necesidad de aplicar urgentemente políticas públicas efectivas para enfrentar el problema.

Esas políticas deben aplicarlas los dos mayores compradores estatales –el Ministerio de Salud y el IGSS- y deben ser equilibradas y cuidadosas para generar transparencia y competencia sin desincentivar la oferta ni afectar la calidad de las medicinas. Hasta ahora, las farmacéuticas han ejercido su enorme poder económico y prácticas agresivas -y a veces ilícitas- para “convencer” a los médicos de recetar sus productos y a las autoridades, de comprarlos a precios inflados.

Varias medidas pueden aplicarse, empezando por acciones que promuevan la transparencia en el mercado de medicinas, como podría ser un sistema permanente de publicidad de precios, o abordar la falta de competencia con medidas enérgicas contra las tácticas empleadas por las farmacéuticas para excluir competidores u obstaculizar el uso de medicamentos genéricos. Y se puede recurrir a la experticia de agencias internacionales para realizar procesos de compra por subasta más transparentes y eficientes.

El IGSS ya lo ha estado haciendo: sus autoridades reportan un ahorro de Q3.6 millardos en cuatro años como parte del convenio firmado con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos -UNOPS-. El Ministerio de Salud debería hacer algo similar. Además de la UNOPS existen otras agencias que pueden ayudar en el proceso (en Ucrania, por ejemplo, el gobierno contrató a Crown Agents, una agencia de desarrollo británica, para comprar medicamentos y en un año generó un ahorro millonario). El primer paso de las nuevas autoridades debería seguir avanzando en esta ruta, en vez de abandonarla como parece ser la intención de quienes quieren seguir lucrando con la salud pública.