Peligrosa Ecuación

AUNSENCIA DEL ESTADO, DESCONTENTO CIUDADANO Y UN EVENTUAL DETONANTE SOCIAL

Cuando el Estado carece de la capacidad de brindar los servicios esenciales de salud pública, seguridad ciudadana, educación primaria e infraestructura de comunicaciones, puede hablarse de la “ausencia del Estado”, un fenómeno que se observa desde hace tiempo en determinadas regiones del país, pero que también presenta síntomas a nivel de todo el territorio nacional, como cuando esa incapacidad de prestación de servicios se manifiesta en la inexistencia, por ejemplo, de un servicio de correos funcional, o en la imposibilidad de emitir pasaportes a sus ciudadanos, o en el injustificable  abandono de las personas afectadas por desastres naturales (como las tormentas Eta y Iota).

Por su parte (aunque relacionado con esa ausencia del Estado) cuando la sociedad empieza a cansarse de la mediocridad y corrupción de los funcionarios, surge un desencanto ciudadano generalizado con la democracia y con las instituciones de la República (tal como lo alertan diversas encuestas recientes en Guatemala), desencanto que se exacerba al sumársele los acontecimientos recientes ocurridos alrededor del manejo de la pandemia de Covid-19, en medio de esta ola interminable de contagios y muertes.

Si adicionamos a estos dos factores la posibilidad de un detonante (como, por ejemplo, lo fue el aumento en los precios del transporte en Chile o la embrollada aprobación del presupuesto estatal en Guatemala, ambos en 2020), se presenta un tercer factor que configura una ecuación que apunta hacia un potencial estallido social y una pérdida rápida de la gobernabilidad. Esa ecuación genera el ambiente idóneo para que surjan propuestas populistas y radicales, como las que triunfaron electoralmente este año en Chile y en Perú -o como las que acá mismo abanderó el Movimiento de Liberación de los Pueblos en las pasadas elecciones-, que plantean un salto al vacío de cambio total del “viejo sistema”, pero sin definir exactamente con qué instituciones y políticas se va a conformar el “nuevo sistema”.

La entronización de esos movimientos populistas radicales, por muy sexys que le resulten al principio a un electorado seducido por la promesa de un cambio, genera un vacío de políticas públicas y un clima de incertidumbre generalizada -como se está viendo ahora mismo en Perú-, tal que la economía se ve severamente perjudicada, la paz social se ve destruida y el bienestar mismo de las personas se ve completamente mermado.  Para conjurar esa ecuación (ausencia de estado, más descontento ciudadano, más detonante social, igual a radicalismo populista al poder) es necesario rescatar, reformar y fortalecer las instituciones clave del Estado (los sistemas justicia, de servicio civil, de partidos políticos, de control del gasto gubernamental), es decir, rescatar el concepto mismo de Estado: uno que sea capaz de proveer los servicios públicos esenciales (seguridad, justicia, educación, salud e infraestructura). En eso se juega el futuro del país.

Desigualdad: Realidad y Percepción

En Guatemala se ha reducido la desigualdad del ingreso, pero debido a que han disminuido los salarios de aquellos con mayor nivel educativo

La desigualdad económica es uno de los principales sospechosos de haber detonado las violentas protestas sociales acontecidas en Chile. Ahora empiezan a publicarse diversos análisis técnicos sobre el tema, que presentan datos objetivos para toda la región –incluyendo Guatemala- y que resultan dignos de reflexión, especialmente porque no necesariamente coinciden con las percepciones de la opinión pública.

Las cifras –en contraposición a las percepciones- muestran que la desigualdad se ha reducido en Guatemala y en Latinoamérica. El indicador usual (no exento de defectos) para medir la desigualdad en los ingresos entre los habitantes de un país es el Índice de Gini: si este es igual a cero indica completa igualdad, o sea que cuanto más bajo el indicador, menos desigualdad existe. Cifras del Banco Mundial analizadas en un reciente artículo de la BBC indican que Guatemala es uno de los países de la Región que más rápidamente ha reducido la desigualdad en los últimos 30 años. En 1990 Guatemala era el país más desigual de Latinoamérica con un Gini de 59.6, que se redujo a 48.3 en 2017. Solo El Salvador y Bolivia redujeron más la desigualdad en ese periodo (el cuarto país que más redujo la desigualdad fue Chile). Y Guatemala ya no es el país más desigual de la Región; ahora la desigualdad es mayor en Brasil, Panamá y Colombia.

Las principales canales para reducir la desigualdad son las políticas de redistribución (a través de los impuestos y el gasto público) y los cambios del mercado laboral (que modifican los ingresos de los trabajadores). La mala noticia en nuestro caso (al igual que para El Salvador) es que la mayor parte de la reducción en la desigualdad se debe al mercado laboral, pues –según los expertos- ha habido una reducción en la brecha salarial entre quienes tienen más educación y los menos educados, debido a una caída en los salarios de los primeros, lo cual es una forma poco deseable de reducir la desigualdad. Otro elemento importante de la caída en la desigualdad estaría dado por las remesas familiares, que han contribuido a que los ingresos de los más pobres hayan aumentado relativamente más.

Otro análisis reciente del economista chileno Sebastián Edwards, plantea un hallazgo importante: si bien los indicadores convencionales muestran una disminución significativa de la desigualdad, la percepción entre los ciudadanos es que la desigualdad ha aumentado considerablemente. Para el caso de Guatemala esto es muy evidente: unas cifras (Banco Mundial y BID) señalan que es uno de los países donde más se ha reducido la desigualdad, pero otras (CEPAL) indican que es el país latinoamericano donde más ha aumentado la percepción ciudadana respecto de una mayor desigualdad.

Esta paradoja (que, como en el caso chileno, constituye una amenaza para la paz social) puede deberse a que la gente no logra percibir las mejoras económicas que objetivamente han habido en las últimas décadas, o a que estas han sido insuficientes para satisfacer las aspiraciones sociales. O a que la gente aspira a algo más que meros ingresos: calidad de vida, seguridad en las calles y en los barrios, acceso a servicios públicos básicos de salud y educación, y una sensación de participación justa en las decisiones sociales y en el sistema político; es decir, un Estado funcional.

Para Acabar con las Mafias Transnacionales

En el caso del tráfico de migrantes ilegales también existen opciones más allá de la criminalización

El crimen organizado genera millones de dólares y desestabiliza gobiernos. El tráfico de drogas y el de personas prevalecen en el Triángulo Norte de Centroamérica y preocupan al gobierno de los Estados Unidos no solo porque son perversos, sino porque fomentan otros crímenes como el financiamiento del terrorismo, la corrupción gubernamental, las extorsiones y el sicariato. ¿Cómo luchar contra estos delitos que amenazan la estabilidad regional y sus democracias?

Las políticas de prohibición absoluta (del comercio y consumo de drogas o del libre tránsito de personas) han sido la respuesta favorita de los gobiernos, pese a que han sido un fracaso. Resulta difícil entender por qué no se han buscado políticas alternativas para combatir la criminalidad organizada. Por ejemplo, la legalización –parcial- de estos mercados prohibidos para que sea el estado quien ofrezca legalmente lo que ahora solo ofrecen las redes mafiosas, de manera que los precios sean lo suficientemente bajos como para expulsar a los traficantes del mercado.

La economista Emmanuelle Aruriol (de la Universidad de Touluse), por ejemplo, propone en su premiada obra Para Terminar con las Mafias algunas soluciones novedosas: opuesta a la visión prevaleciente que hace de la prohibición la única solución para erradicar estos mercados, plantea que las políticas públicas que combinen la legalización, la represión y la educación tendrían mejores resultados -económicos o sociales- y limitarían considerablemente las actividades criminales.

Los países pequeños como Guatemala deberían unirse (entre sí y con otros países más grandes, como México) para proponer a los Estados Unidos la conveniencia común de replantear las políticas contra el crimen organizado. La prohibición del alcohol en los años treinta o la “guerra contra las drogas” de los años ochenta solo crearon una economía paralela que desvió los recursos públicos hacia le represión y los alejó de la prevención y la educación. Su fracaso debe conducir a buscar métodos antinarcóticos más efectivos, tal como ahora mismo se está haciendo con mercado de la mariguana (regulándolo para desplazar a los narcotraficantes mediante una oferta legal supervisada por el Estado).

En el caso del tráfico de migrantes ilegales también existen opciones más allá de la criminalización de quienes solo buscan escapar de la desesperación económica. Auriol propone, por ejemplo, la venta de visas. Pero no a los más ricos (como actualmente  hace el gobierno estadounidense), sino subastándolas a las numerosas empresas que necesitan de la mano de obra de los migrantes. Esa venta de visas haría que la llegada de inmigrantes fuera más aceptable para los propios estadounidenses, porque transparentaría la contribución que aquellos hacen a la economía de su país.

Políticas como estas deberían incluirse en las discusiones regionales y bilaterales con los Estados Unidos. En el caso de las drogas, pareciera estar surgiendo un consenso respecto a la despenalización gradual. Con respecto a los migrantes, será más difícil explicar a los electores gringos y a sus  políticos –con su limitado conocimiento de la economía de la inmigración- que sus empresas los necesitan. Pero es una batalla que debe pelearse confiando en que, al final, la razón prevalecerá.

Los Siete Pecados de la Sociedad

La ausencia de instituciones sólidas y eficaces sí es garantía del deterioro ético y moral de la sociedad, así como del fracaso de los países.

En octubre de 1925, Mahatma Gandhi publicó en un periódico de su India natal una lista de lo que consideraba las siete actitudes sociales –que podríamos llamar “anti instituciones”- que debilitan, socavan y, finalmente, destruyen las posibilidades de convivencia pacífica y de prosperidad material de cualquier país. Estos siete pecados sociales –que reflejan la pérdida de los valores esenciales, de las virtudes personales y de la ética; es decir, un deterioro de la cultura de las naciones- están evidentemente presentes en nuestra realidad cotidiana y amenazan con destruir nuestras posibilidades de desarrollo.

Uno, la política sin principios: nuestro sistema político se ha deteriorado continuamente, al punto que el principal incentivo por el cual las personas se involucran en la política partidista parece ser la búsqueda de enriquecerse –legal o ilegalmente- mediante el control de los recursos del erario público. Un resultado nefasto de este pecado es que las personas éticas y con principios prefieren alejarse del quehacer político, dejando la cancha libre a los menos capaces y más corruptibles. Dos, la riqueza sin trabajo: nuestra tendencia a celebrar al más listo, al que evade impuestos, al que piratea la señal de cable del vecino, al que se hace rico de la noche a la mañana con un negocio turbio, aunada a la ausencia de justicia, han normalizado el parasitismo social.

Tres, el placer sin responsabilidad: cuando no va acompañada del ejercicio de la responsabilidad, la legítima búsqueda del goce personal degenera en vicios que en última instancia causan costos a toda la sociedad (ya sea por los costos médicos, por el tiempo laboral perdido o por los daños ambientales que tales vicios generan). Cuatro, los negocios sin moral: el incumplimiento de contratos, la deslealtad al competir, la búsqueda de privilegios y “conectes” con el gobierno son todas prácticas que han proliferado, dañando gravemente el clima de negocios y la eficiencia de la economía.

Cinco, la ciencia sin humanidad: se ha hecho común emitir estudios técnicos (de impacto ambiental, de supervisión de obras públicas, de calidad de medicamentos) que utilizan la ciencia con fines perversos que acaban por infligir un severo daño a toda la ciudadanía. Seis, la religión sin sacrificio: el evangelio de la prosperidad y el de la licencia para pecar –ante la misericordia divina que todo lo perdona- generan un divorcio entre la fe que se dice profesar y la vida que se vive, lo cual termina por convertir a las iglesias en instrumentos al servicio de ladrones y corruptos. Y siete, la educación sin carácter: un magisterio no solo mal preparado, sino que más interesado en obtener privilegios sin esfuerzo que en formar a la niñez, es una receta para inculcar mediocridad y falta de carácter en las generaciones futuras.

La proliferación de estos siete pecados socava las instituciones gubernamentales, pero, al mismo tiempo, la debilidad de esas instituciones fomenta que tales pecados se cometan cada vez con más impunidad, configurando así un perverso círculo vicioso. Es cierto que una reforma institucional no es garantía de nada, pero también lo es que la ausencia de instituciones sólidas y eficaces sí es garantía del deterioro ético y moral de la sociedad, así como del fracaso de los países.

Réquiem por la Minería

El sector minero colapsó a un ritmo negativo de 16 por ciento anual entre 2016 y 2019, volviéndose irrelevante en materia de exportaciones y de recaudación fiscal

La minería en Guatemala llegó a ser el sector económico más dinámico (junto con el sector financiero) en la década de 2006 a 2015, con una tasa de crecimiento superior al 9 por ciento anual, en promedio. Las exportaciones de metales llegaron a representar más del 6 por ciento del total de las exportaciones del país, casi tanto como las de café o las de banano. Y las empresas mineras se constituyeron en los más importantes contribuyentes fiscales.

Todo eso cambió a partir de 2015. La caída de los precios internacionales de los metales preciosos le asestó un fuerte golpe al sector, pero más fuerte fue el golpe por el cierre de las grandes minas en el país. La mina de oro Marlin (de la empresa canadiense Goldcorp) inició ese año su proceso de cierre, que culminó en 2017. Este último año, la actividad de la mina de plata El Escobal (de la también canadiense Tahoe Resources) fue obligada por la Corte de Constitucionalidad -CC-a suspender operaciones debido a que las autoridades incumplieron el requisito de consultar a las comunidades indígenas conforme lo establece el Convenio 169 de la OIT. Antes, en 2016, la CC había suspendido las labores de la mina de oro Tambor (de la estadounidense KPA).

El sector minero colapsó a un ritmo negativo de 16 por ciento anual entre 2016 y 2019, volviéndose irrelevante en materia de exportaciones y de recaudación fiscal. El tiro de gracia al sector se lo dio el mes pasado una nueva sentencia de la CC suspendiendo las operaciones de la mina de níquel Fénix (del suizo Grupo Solway) por las mismas razones: incumplimiento de los requisitos de consulta a las comunidades indígenas. Las sentencias de la CC suspendiendo la actividad minera tienen un motivo en común: la inexistencia de un marco legal e institucional que regule y conduzca apropiadamente las consultas comunitarias que exige el Convenio 169.

La experiencia en Sudamérica contrasta con la nuestra. Aunque no exenta de conflictividad (especialmente ambiental) la actividad minera aporta más del 10 por ciento del PIB en Chile, Perú, Paraguay y Ecuador, y más del 5 por ciento en Bolivia, Uruguay, México y Colombia, indistintamente de si en esos países gobierna la izquierda o la derecha. La diferencia con nosotros es que en esos países existe un marco regulatorio (en varios de ellos están legisladas las consultas comunitarias) e institucional que busca conciliar los intereses del país, los de las empresas mineras y los de las comunidades.

La desidia de nuestras autoridades y legisladores en cuanto a proveer un marco legal e institucional para la minería ha provocado tal desorden e incertidumbre que pone en serias dudas el futuro del sector. La minería es un negocio de largo plazo: la exploración toma diez años, el desarrollo del proyecto otros cinco y la construcción otros tantos. La falta de autoridad y de regulación impide a las empresas decentes realizar razonablemente un esfuerzo de tal magnitud, lo que deja la puerta abierta a las empresas con menores estándares técnicos, ambientales, laborales y sociales. Si no se hacen las reformas del caso, serán estas empresas de quinta categoría las que se harán cargo de la minería en el país, en perjuicio del Estado, el medio ambiente y las comunidades.

Reactivación Económica: ¿Para Cuándo?

Más lejana aún se ve la posibilidad de alcanzar tasas de crecimiento del 6 por ciento

Se avizoran nubarrones en el horizonte económico -decíamos hace un par de semanas- debido a una confluencia de factores. En el ámbito internacional, el debilitamiento en el comercio mundial y menores flujos de inversión transfronteriza; y, en el ámbito doméstico, los elevados niveles de incertidumbre política y una caída en la confianza de consumidores e inversionistas. Las previsiones oficiales indican que la producción nacional -medida por el PIB- crecerá apenas arriba del 3% este año, y no se espera sino más de lo mismo en 2020. Este parsimonioso crecimiento (que se ha repetido por cinco años) está por debajo del 4% al que, en promedio, solía crecer nuestra economía en el lustro anterior. Así, parece cada vez más lejana la posibilidad de alcanzar el anhelado crecimiento económico mayor al 6% que necesitamos para evitar continuar rezagándonos de la mayoría de economías en desarrollo que han crecido consistentemente a una mayor velocidad que Guatemala.

La respuesta ortodoxa de política económica para aumentar el crecimiento económico del mediocre 3% actual al histórico 4% sería aplicar medidas de aumento del gasto público (política fiscal) o de la oferta de dinero (política monetaria). En las actuales circunstancias del país, sin embargo, estas medidas no son fáciles de aplicar. Del lado fiscal, el gasto público está constreñido no solo por los modestos ingresos del gobierno (la recaudación de impuestos está cada vez más alejada de la meta), sino también por la extrema rigidez del presupuesto del Estado y, más aún, por la extrema incapacidad técnica e institucional que impide la implementación de proyectos -especialmente de infraestructura-.

Por el lado monetario, el Banco de Guatemala podría reducir su tasa líder de interés (para reducir el costo del crédito a las empresas y a los individuos) o inyectar quetzales a la economía adquiriendo parte de la sobreabundante oferta de dólares en el mercado (con lo que, al mismo tiempo, ayudaría al sector exportador -como lo hizo el año pasado- moviendo un tanto hacia arriba el tipo de cambio). Sin embargo, la poca penetración del sistema financiero en la economía real (el crédito bancario al sector privado representa menos del 38% del PIB, cuando ese porcentaje en Latinoamérica es del 49% y en Sudeste de Asia es del 150%) impide que las medidas monetarias se transmitan efectivamente a la economía real.

Más lejana aún se ve la posibilidad de alcanzar tasas de crecimiento del 6%, pues para ello no basta las medidas fiscales y monetarias, sino que se requiere de una profunda reforma del Estado y de sus instituciones que permita aumentar la productividad sistémica de la economía. En el corto plazo, el único factor que podría hacer variar este escenario lúgubre es un cambio en las expectativas de los agentes económicos. Esa inyección de optimismo (necesaria para el éxito tanto de las políticas de reactivación, como de la reforma institucional) solo puede venir del ámbito político. De allí la importancia de que las autoridades que resulten electas estén en capacidad, desde el mismo mes de agosto próximo, de transmitir un mensaje de tranquilidad, responsabilidad y certeza que la economía nacional pide a gritos.

Como Si Todo Estuviera "Normal"

La situación en el país dista mucho de ser "normal". Urgen soluciones de fondo en vez de parches. Se necesita un acuerdo nacional que debe construirse desde ya

Poco a poco -y a pesar de las absurdas limitaciones impuestas por la Ley Electoral- los candidatos presidenciales están teniendo más exposición ante los medios de comunicación y ante los votantes, y han comenzado -a cuenta gotas- a presentar sus propuestas de gobierno, sus personalidades, sus pretendidas virtudes que los diferencian de sus competidores. Lo que más llama la atención es que todos ellos, con contadísimas excepciones, lo que proponen es “administrar mejor” la cosa pública, “mejorar” las políticas existentes, o “rescatar” las que ya se han ensayado en algún momento del pasado reciente (sean las de descentralización, combate a la corrupción, o las transferencias de efectivo, por ejemplo).

Ese tono de normalidad de las propuestas de campaña contrasta con una realidad que se está desvelando como devastadora: la reciente captura y enjuiciamiento de varios candidatos ya inscritos en este proceso electoral, por parte de las autoridades antinarcóticas de los Estados Unidos, pone de manifiesto hasta qué grado el crimen organizado ha permeado un sistema de partidos políticos ya de por sí atrofiado por su diseño patrimonialista, que ha logrado destruir el rol de los partidos políticos como intermediarios entre la sociedad y el gobierno, hasta convertirlos en franquicias para acceder a negocios –lícitos e ilícitos- con los recursos del Estado.

Sobre este sistema político perverso se escenifica un persistente y cada vez más grave proceso de deterioro de las instituciones estatales, en las que la mediocridad y la improvisación han echado raíces. La administración de justicia –esencial para la convivencia social y el funcionamiento de los mercados- es tardía e impredecible. La burocracia –que debería estar profesionalmente al servicio del contribuyente- se ha convertido en moneda de pago para correligionarios y amiguetes. Este deterioro generalizado está corroyendo vorazmente la confianza ciudadana (el “capital social”) indispensable para que la sociedad y la economía progresen y generen bienestar.

Parece que los líderes políticos y sus asesores no se han percatado de que la situación dista mucho de ser normal y que la solución a la grave crisis institucional, que impide el desarrollo del país, no pasa por “administrar mejor” la precaria realidad, ni por ofrecer pequeños programas de alivio a la profunda incapacidad institucional del Estado. Las grandes reformas que el país necesita (en su sistema electoral y de partidos políticos, en su sistema de justicia, en su servicio civil o en la gestión y control del gasto público) parecen estar ausentes de las propuestas electorales.

La realidad exige que los candidatos a dirigir los destinos del país (algunos de ellos, los mejores de ellos) se planteen, con visión de Estado, priorizar estas grandes reformas, sabiendo que las mismas solo podrán lograrse mediante un gran acuerdo nacional. Y ese acuerdo nacional debe construirse desde ya. Quizá sea ingenuo esperar que en plena campaña surja la iniciativa de un grupo de candidatos rivales para comprometerse a impulsar, gane quien gane, una agenda mínima de reformas que el país reclama a gritos. Pero en tiempos de crisis, lo último que debemos perder es la esperanza.

No Me Ayudes, Compadre

La decisión de Donald Trump de interrumpir la ayuda a los países del Triángulo Norte es un sinsentido, y contraproducente para sus propios intereses

La ayuda internacional para el desarrollo -AID- era originalmente, hace años, un flujo de recursos de los países ricos para aliviar, sin condiciones, las emergencias humanitarias de los países pobres. La naturaleza de la AID, sin embargo, ya no es la misma que antes, y la mayoría de países ricos, incluyendo los Estados Unidos de América, solo dan ayuda bajo ciertas condiciones que deben cumplir los países recipiendarios, que no necesariamente son pobres. Guatemala, cabe subrayarlo, no es un país pobre (pertenece a los países llamados “de ingresos medios”).

Hace pocos días, el presidente Donald Trump, anunció un recorte de la ayuda estadounidense a Guatemala (y a Honduras y El Salvador), como reacción al aumento de las "caravanas de migrantes" indocumentados. El Departamento de Estado canceló los fondos para el año fiscal 2018, que en buena parte ya habían sido desembolsados, por lo que el impacto no será significativo (excepto para algunas comunidades beneficiarias de programas específicos) y el recorte de la ayuda resultará más bien simbólico del enojo estadounidense.

Lo cierto es que Guatemala –como cualquier país de ingresos medios- no necesita ni depende de la ayuda internacional (salvo en caso de desastres). Lo que ocurre es que –como muchos países de ingresos medios- administramos muy mal los recursos fiscales y padecemos una terrible debilidad institucional, por lo que persistan bolsones de pobreza, desnutrición e ingobernabilidad. Esto es precisamente lo que justifica que los países donantes condicionen su ayuda a que esta se dirija a programas focalizados en los más pobres y a que se corrijan las debilidades institucionales.

Por eso la decisión de interrumpir la ayuda a los países del Triángulo Norte es un sinsentido. Sin los programas de ayuda el gobierno estadounidense pierde valiosas herramientas, no solo para mejorar las condiciones de vida de los potenciales migrantes en los bolsones de pobreza, sino principalmente para persuadir a estos países a reformar las institucionales para mejorar la gobernabilidad, combatir el narcotráfico y reducir las migraciones ilegales. Con la suspensión de la ayuda es probable no solo que estos países se atrincheren y paralicen sus reformas institucionales, sino que además reciban tentadoras ofertas de donantes emergentes –como China y Rusia-, cuyos objetivos son muy diferentes a los de los Estados Unidos.

Tampoco conviene satanizar (ni acá, ni allá) la AID: países tan exitosos como Taiwán y Corea del Sur iniciaron su ascenso al desarrollo recibiendo importantes montos del AID, y enfermedades como la polio y la viruela han sido casi erradicadas merced a este tipo de asistencia. Lo que los donantes deben perseguir es que su ayuda efectivamente mejore la calidad de vida de los más pobres, que no sea usada con fines partidarios o antidemocráticos, que se use con transparencia y que esté bien fiscalizada. En estos objetivos debería centrarse el gobierno de Trump para que la ayuda estadounidense contribuya a reducir las migraciones y el narcotráfico. Recortar esa ayuda consigue precisamente lo opuesto.

La Ausencia Mortal del Estado

La ausencia del Estado es aún más grave cuando ya no solo entorpece el progreso sino que, peor aún, fracasa en proteger el bien más preciado de un ciudadano: su vida

Si el estado existe es porque un grupo de individuos decidió organizarse alrededor del compromiso de sustentar la vida en sociedad, razón por la cual establecieron un contrato social para que cada uno se desarrolle y prospere según su potencial. Por eso nuestra Constitución establece que el estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, y que su fin supremo es la realización del bien común. Por desgracia, resulta evidente que ese objetivo central –la protección y el mejoramiento del ciudadano- no se está logrando. Este fracaso es atribuible, en gran medida, a la ausencia del estado y a la debilidad de sus instituciones.

Y en estos días abundan los casos que así lo señalan. Un ejemplo lo tenemos en el caos cotidiano del tráfico en la ciudad, donde se irrespetan las normas ante la absoluta pasividad (o ausencia) de la policía de tránsito que agrava el caos cuando permite (aunque esté prohibido) circular motos -con dos o más ocupantes- junto a los carros, o cuando deja que los vehículos se estacionen en donde les da la gana, ya sea frente a la lujosa Fontabella, o a lo largo de la humilde Atanasio Tzul.

Otro caso lo vimos en el área rural, donde un ex comandante guerrillero lidera una invasión de fincas en la zona de Cubilgüitz y se presenta, amenazante, al mando de un “ejército” privado de uniformados con playeras rojas, a negociar con una débil (o, en la práctica, ausente) autoridad local que no ejerce como tal. Esta ausencia del estado –en ambos casos- impide que impere la ley y, por ende, obstaculiza el bienestar y el progreso de los ciudadanos.

Pero la ausencia del estado es aún más grave cuando ya no solo entorpece el progreso sino que, peor aún, fracasa en proteger el bien más preciado de un ciudadano: su vida. El espeluznante y bochornoso linchamiento -quemándolos vivos- de una pareja de supuestos sicarios a manos de un grupo de taxistas es indicativo de un deterioro alarmante de los valores sociales; pero el hecho de que el linchamiento haya ocurrido a plena luz del día y frente a la mirada complaciente (o ausente) de unos policías mal entrenados y sin noción de cómo actuar, es señal de un fracaso total de la entidad a cargo de la seguridad pública.

También la indescriptible tragedia en Nahualá, donde una veintena de guatemaltecos murieron atropellados por un camión que circulaba a alta velocidad por la noche, con poca iluminación, atravesando un lugar poblado sin señalización. La ausencia de regulaciones -y de autoridades que las hagan cumplir- respecto de las carreteras nacionales ocasiona que en sitios como San Lucas, Chimaltenango, Cuyotenango el tráfico no solo esté colapsado, sino que se ponga en peligro continuo la vida de los vecinos, ante la indolencia de la Dirección General de Transporte para actuar y coordinarse con otras autoridades para atender este monstruoso problema.

En todos estos casos hay un factor común: la ausencia del estado y la debilidad institucional. Si las instituciones del estado no se fortalecen, éste estará cada vez más ausente e imposibilitado de cumplir con su rol fundamental de velar por la protección y el progreso de los ciudadanos.

Incertidumbre, Desconfianza e Inversión

Sin certeza y confianza no hay inversión posible. 

La inversión (definida como aquella parte del ingreso nacional que se destina a la construcción de infraestructura física o a la adquisición de maquinaria y equipo) es un factor esencial para el crecimiento económico y para mejorar los niveles de vida de la población. En Guatemala, la inversión es dramáticamente baja: el año pasado, la formación de capital (inversión) representó menos del 15 por ciento del PIB, muy inferior a lo que en promedio se invierte, por ejemplo, en Latinoamérica (22 por ciento) o en las economías emergentes (33 por ciento).

Lo que es peor, la inversión en nuestro país muestra una tendencia claramente descendente: hace veinte años representaba más del 20 por ciento del PIB. En ese periodo, la inversión pública (carreteras, hospitales, escuelas) se ha desplomado, aunque también lo ha hecho la inversión privada; la proporción de la inversión extranjera directa dentro del PIB es a penas de un 4 por ciento y con tendencia a disminuir. Así, las posibilidades de crecimiento y generación de empleos se reducen enormemente.

Los expertos vienen señalando desde hace tiempo que el bajo nivel de confianza de los inversionistas en el país, junto con los cuellos de botella institucionales y la incertidumbre, explican los bajos niveles de inversión en el país. Y los indicadores de confianza continúan deteriorándose: el Índice de Confianza de la Actividad Económica que calcula el Banco de Guatemala mostró en febrero una nueva caída y sigue estando por debajo del 50 por ciento desde hace casi dos años. Y los índices de gobernanza y de clima de negocios continúan siendo muy bajos comparados con los de otros países.

Es extensa la literatura que subraya cuán importantes son las expectativas para determinar las decisiones de inversión. El año pasado, un estudio del Fondo Monetario Internacional para Guatemala indicaba que la falta de confianza de los inversionistas y la incertidumbre eran, junto con las condiciones económicas internacionales, las principales razones de la baja inversión. Curiosamente, esos factores resultan en nuestro país mucho más decisivos para las decisiones de inversión que el nivel de las tasas de interés o el costo de la mano de obra.

De ahí la importancia que tiene la existencia de un estado de derecho, con instituciones eficientes y creíbles que brinden la certeza jurídica indispensable para un adecuado clima de negocios. En el largo plazo, esto implica ineludiblemente una reforma institucional profunda del Estado, con todo lo que ello implica. En el corto plazo, el proceso electoral de 2019 plantea un escenario en el que no se vislumbra una reducción en la desconfianza ni en la incertidumbre; no al menos durante la campaña electoral que se adivina turbulenta y polarizada. Ojalá los partidos en contienda y, especialmente, el Tribunal Supremo Electoral se den cuenta de la enorme responsabilidad que tienen en sus manos y que, finalizada la campaña electoral, logren llevar el barco de la democracia a buen puerto. De ello dependerán las decisiones económicas que determinarán el bienestar futuro de los guatemaltecos.

Es el Hambre, No la Violencia

Los desafíos más urgentes de Guatemala (tanto para nosotros mismos como para los Estados Unidos) tienen que ver con la creación de empleos y oportunidades. Precisa que nos sentemos a trabajar en un proyecto de Estado para el desarrollo económico

Históricamente, Guatemala nunca había sido una prioridad en la política exterior de los Estados Unidos (salvo, quizá, por el episodio de la Liberación en el lejano 1954). Pero en los últimos años nuestro país se fue convirtiendo paulatinamente en una amenaza a la seguridad nacional de aquel país, por tres motivos: la expansión del narcotráfico, el desafío del terrorismo (particularmente el islámico) y el creciente flujo de migrantes ilegales (incluyendo es especial el de menores de edad). Este último aspecto ha adquirido tales connotaciones políticas en aquel país, que se ha convertido en un tema de campaña electoral de relevancia para las próximas elecciones de medio término.

En ese contexto, llaman poderosamente la atención las declaraciones de funcionarios de la CBP (la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense), en las que señalan que la principal causa detrás del creciente flujo de familias guatemaltecas que migran ilegalmente hacia ese país es el hambre, no la violencia. La evaluación de la CBP señala que son factores de "empuje" tradicionales -pobreza y falta de oportunidades- los que impulsan la ola migratoria, en vez de un aumento en el crimen, lo cual sugiere que las causas de la emigración podrían aliviarse mediante la reducción del hambre y la creación de empleos en Guatemala.

Siendo ese el caso, la generación de oportunidades de empleo formal y el combate contra la pobreza deberían marcar las prioridades de la agenda estadounidense hacia nuestro país. En ese sentido, la estrategia para el involucramiento de los Estados Unidos con el Triángulo Norte de Centroamérica (vigente desde hace varios años) contiene tres ejes que podrían ser retomados (quizá dentro del Plan Alianza para la Prosperidad) para re enfocar los esfuerzos de ambos países hacia tales prioridades.

El eje de seguridad (que incluye el fortalecimiento institucional de las fuerzas de seguridad) es necesario para favorecer un clima de negocios adecuado a la inversión. El eje de gobernabilidad (que incluye la reforma del servicio civil y del sector justicia, así como el combate a la corrupción) es fundamental para que el Estado prevea eficazmente los servicios públicos esenciales para mejorar la productividad sistémica. Y el eje de prosperidad (que incluye la inversión -transparente y eficiente- en infraestructura y en educación) es clave para la crear oportunidades de emprendimiento y empleo.

No se trata de que los Estados Unidos nos imponga su agenda. Se trata más bien de que los guatemaltecos, con pragmatismo, nos demos cuenta de que sobre esos ejes es posible construir una agenda de nación. No debemos sentarnos a esperar que los gringos nos vengan a resolver la vida, ni a que en las próximas elecciones surja mágicamente el líder preclaro que improvisará las soluciones a todos nuestros problemas. Necesitamos trabajar en un proyecto de Estado.

La Desaceleración y Sus Causas

No todas, pero sí la mayoría de esas causas son responsabilidad de los guatemaltecos

Lo normal en las últimas décadas era que la economía nacional (medida por el Producto Interno Bruto) creciera a un ritmo algo arriba del 3.5% anual. Desde hace tres años ese ritmo se ha venido reduciendo y ahora estamos creciendo a uno de solamente 2.5%. Aparentemente no es para tanto, pero en realidad la situación se asemeja a la de un carro que avanzaba a 80 km por hora y, de repente, desacelera a 40: si no tienes puesto el cinturón, te darás un fuerte golpe en la cara.

Hay varias causas que explican esta desaceleración. Se ha producido un choque de términos de intercambio (nuestras principales exportaciones han bajado de precio en los mercados internacionales, mientras que las importaciones han subido) que ha reducido la capacidad de consumo de toda la economía. Nuestra moneda se ha apreciado en relación con las de los países vecinos, lo cual hacer perder competitividad y desincentiva la producción local. Algunas actividades que en años previos solían ser dinámicas se han ralentizado (como la del sector eléctrico) o, incluso, se han desplomado (como la actividad minera, afectada por el retraso de las decisiones judiciales que la tienen paralizada). Además, el gasto público, tanto de funcionamiento como de inversión, se ha mantenido muy restringido desde mediados de 2015, ante el temor y falta de capacidad del aparato gubernamental para ejecutar las compras y contrataciones conforme a las reglas de transparencia que ahora se exigen.

No todas, pero la mayoría de esas causas son culpa nuestra. Quizá la principal causa de la desaceleración económica que es atribuible al propio país, es el generalizado clima de falta de confianza que se refleja en varias encuestas. Las decisiones económicas se ensombrecen en un entorno en el que proliferan las invasiones, las protestas y la conflictividad social; donde se percibe una ausencia de políticas públicas priorizadas; con una agenda legislativa de reformas institucionales paralizada; y, con una peligrosamente creciente polarización política. El pesimismo prevaleciente entre empresarios, inversionistas y consumidores configura un escenario en que los “espíritus animales” generan una profecía que se auto-cumple: si auguro que el escenario económico empeorará, así será.

La situación es difícil, aunque hay salidas. Existen medidas que pueden tomarse para atenuar los efectos de la desaceleración desde el ámbito de las políticas fiscal y monetaria, con las que podría estimularse la demanda agregada de la economía. Pero quizá más importante que eso sería tratar de revertir esa sensación de pesimismo que está imperando en los espíritus animales, lo que implica transfigurar el ambiente de polarización política, de confrontación social y de ausencia de políticas públicas priorizadas.

Superar el bache de la desaceleración es el reto de hoy, el de corto plazo. Sin embargo, el verdadero desafío, el de largo plazo, es el de lograr un crecimiento económico que sostenidamente supere el 5% anual, lo cual implica un esfuerzo mayúsculo en materia de reformas institucionales, aumento de la productividad y eficiencia del gasto público. Palabras mayores.

Se Nos Escapa la Oportunidad

La economía de los Estados Unidos -el principal socio comercial de Centroamérica- está boyante. Pero los países de la Región (con sus comunes debilidades institucionales) hemos desperdiciado la oportunidad de engancharnos a ese carro

La economía estadounidense está en pleno auge, merced al estímulo fiscal y las desregulaciones impulsadas por el gobierno de Donald Trump, así como a un dinámico optimismo de los consumidores y al creciente nivel de empleo que llevará a alcanzar tasas de crecimiento del PIB de 2.9% y 2.7% en 2018 y 2019, respectivamente. Esta bonanza debería ser aprovechada por los países que, como los centroamericanos, tienen un vínculo económico cercano con los Estados Unidos tanto por la vía de las exportaciones y de las remesas familiares, como por la vía de la inversión extranjera directa.

Sin embargo, según se vio en el Seminario de Pronósticos Para las Economías de Centroamérica -organizado por Consultores para el Desarrollo, COPADES, la semana anterior-, ninguno de los cinco países centroamericanos (Panamá es un caso aparte) está aprovechando adecuadamente la oportunidad. Por diversas razones, las economías de la Región registrarán una desaceleración en su producción de bienes y servicios durante el presente año. El Triángulo Norte, con una demanda agregada hiper-dependiente de las remesas familiares –que empiezan a decelerarse- y con una inversión pública muy limitada. Costa Rica, bajo unas estrictas medidas de austeridad fiscal que son un amargo remedio a los previos años de derroche fiscal. Y Nicaragua, sumida en una grave crisis política que tiene paralizada la economía.

Lo peor es que las medidas de estímulo económico del gobierno de Trump tienen -por naturaleza- un efecto temporal que pronto llegará a su fin y la ventana de oportunidad para Centroamérica se cerrará: la economía estadounidense está alcanzando el pleno empleo, el déficit fiscal y la inflación están en aumento, en respuesta a lo cual la política monetaria se está endureciendo y, con ello, las condiciones financieras empezarán a restringir el crédito y la inversión. Además, las tendencias débiles de productividad y la reducción del crecimiento de la fuerza de trabajo debido al envejecimiento de la población limitan las perspectivas a mediano plazo en las economías avanzadas.

Aunque disímiles en muchos aspectos, los países centroamericanos comparten dos características comunes que explican su incapacidad de aprovechar de mejor manera el buen entorno económico internacional. Por un lado, los cinco países muestran una debilidad fiscal estructural asociada a una institucionalidad pública obsoleta e ineficiente. Y por otro, todos padecen de un sistema electoral y departidos políticos frágil, propenso a crisis de gobernabilidad e incapaz de generar propuestas viables de desarrollo a largo plazo. El diagnóstico que las calificadoras de riesgo-país dan para cada país de Centroamérica es, básicamente, el mismo: si no fortalecen sus instituciones, mejoran su capacidad fiscal y renuevan sus sistemas políticos no podrán generar oportunidades de inversión, crecimiento económico y bienestar material para sus habitantes. Un consejo recurrente que, aparentemente, a los centroamericanos nos cuesta asimilar.

Nuevos Riesgos para la Inversión

Los inversionistas y las calificadoras de riesgo están poniendo cada día más atención sobre estos temas: riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. Para que aumente la inversión, convendría también que los encargados de las políticas públicas les concedan la prioridad que merecen.

La economía guatemalteca no podrá crecer de forma más rápida e incluyente si no ocurre un aumento en la inversión (es decir, en la generación de bienes de capital como las carreteras, las fábricas y la infraestructura). Alrededor del mundo, los grandes inversionistas, bien sean nacionales o extranjeros, tanto los que invierten en el sector real (inversión directa) como en el sector financiero (otorgando préstamos o invirtiendo en bonos), conceden una creciente importancia a los riesgos medio-ambientales, sociales y de gobernanza que puedan afectar el rendimiento y recuperabilidad de sus inversiones. Por tanto, para fomentar la inversión es necesario que las políticas públicas les asignen la necesaria atención a estos tres factores que, directa o indirectamente, inciden en el desempeño económico, la calidad institucional y la salud financiera del país.

Los riesgos medio-ambientales pueden afectar las decisiones de los inversionistas por diversas vías. Por ejemplo, pueden tener un impacto en las cuentas fiscales en el corto plazo como producto de desastres naturales inducidos por el cambio climático (de manera que la creciente probabilidad de que el fenómeno de El Niño nos impacte a finales de este año debe ser una fuente de preocupación). También pueden tener un efecto sobre el clima de negocios en la medida en que haya un impacto medio-ambiental sobre, por ejemplo, el acceso a agua potable o sobre la contaminación urbana. A largo plazo, los factores medio-ambientales pueden perjudicar las perspectivas de crecimiento económico.

Los riesgos sociales incluyen, entre otros aspectos, los efectos económicos y políticos que se derivan de aspectos tales como la pobreza, la desigualdad, la criminalidad, el nivel educativo, la oferta de vivienda asequible, la capacidad de alcanzar acuerdos políticos y las tendencias demográficas. Todos estos aspectos inciden también en las decisiones de inversión de los grandes inversionistas internacionales.

Y los riesgos de gobernanza tienen que ver fundamentalmente con la calidad, transparencia y efectividad de las instituciones del Estado. Estas incluyen aquellas instituciones responsables de diseñar y aplicar las políticas económicas (fiscal, monetaria, comercial) y sociales del país, así como aquellas que se enmarcan más ampliamente en las tareas de dar certeza jurídica, propiciar el imperio de la ley y dar transparencia a los actos y datos públicos (es decir, las instituciones de control, seguridad y justicia) a fin de combatir la corrupción y mejorar la calidad del gasto público.

Los inversionistas y las calificadoras de riesgo están poniendo cada día más atención sobre estos temas. De manera que cualquier diseño de política pública que busque atraer inversiones y generar mayor crecimiento económico para Guatemala pasa, inevitablemente, por reformar y fortalecer el marco político e institucional que atienda estas preocupaciones que determinan las decisiones de inversión (de calidad) en todo el mundo.

Nubarrones Electorales 2019

El proceso electoral del año próximo enfrentará, además de los desafíos habituales de cualquier elección, un ambiente de incertidumbre asociado al nuevo -y confuso- marco regulatorio. Un débil TSE tiene en sus manos muchas brasas operativas y, sobre todo, el reto crucial de inspirar confianza en un electorado escéptico.

Hace cuatro años el proceso electoral se desarrolló en un clima de efervescencia social, con una plaza que exigía cambios profundos a un sistema secuestrado por la corrupción. El sistema electoral y de partidos políticos reflejaba tres debilidades fundamentales. La primera, su falta de legitimidad, según diversas encuestas que calificaban al Congreso de la República y a los partidos políticos como las instituciones que menos confianza generan en la población. La segunda, su falta de representatividad, con un electorado que abiertamente manifestaba no sentirse identificado con (y hasta ignorar quiénes son) sus representantes electos. Y la tercera, la debilidad institucional, con un Tribunal Supremo cada día menos supremo y con complejas responsabilidades a enfrentar con escasos recursos y débiles procedimientos (incluyendo la forma de elección de los magistrados).

Por desgracia, los cambios a la ley electoral aprobados en 2016 fueron un desperdicio de energía social y de esfuerzos legislativos, pues culminaron en una reforma que no solo no resuelve esos problemas sino que, en gran medida, los agrava. Por ejemplo, aumenta requisitos para formar nuevos partidos (en lugar de reducirlos); introduce una fórmula repartidora de escaños que favorece al partido, no al individuo (lo que debilita la representatividad); y, asigna escaños fijos por distrito electoral (lo que contraviene precepto constitucional de criterio poblacional).

Por otro lado, no hay claridad sobre cómo se realizará en voto en el extranjero o la misma inscripción de candidatos, que anuncia una andanada de recursos legales durante el proceso. Además, las nuevas disposiciones de control sobre el financiamiento electoral y la propaganda son ambiguas y de muy difícil aplicación. La falta de claridad a este respecto ahuyentará a los financistas sanos y, por defecto, quedará la cancha libre para los financistas “contaminados” -que no tienen controles fiscales ni contables, es decir, criminales-, máxime si el Congreso no cumple cuanto antes con modificar el segundo párrafo del Artículo 407 N del Código Penal, relativo al delito de Financiamiento Electoral Ilícito.

De manera que las elecciones de 2019 se perfilan con grandes nubarrones de incertidumbre. El principal desafío de la autoridad electoral será transmitir un mensaje de confianza. Pero ello será particularmente difícil para un tribunal que ya va de salida, arrastrando el desgaste de dirigir dos elecciones consecutivas y tratando de aplicar nuevas (y muy confusas) reglas del juego. Quizá lo que más convenga sea bajar las falsas expectativas respecto a que estas elecciones traerán un cambio al sistema y concentrarnos, como sociedad, en exigir las verdaderas reformas, hasta hoy postergadas, que le den legitimidad, representatividad e institucionalidad a nuestra democracia, antes de que colapse.

Estados Unidos-Guatemala: las prioridades

Las prioridades de la agenda de los EE.UU. en Guatemala: creación de oportunidades (economía), combate a la criminalidad (seguridad) y a la corrupción (institucionalidad). No es para que ellos hagan algo, es para que NOSOTROS tomemos la responsabilidad en nuestras manos

La reciente visita del vicepresidente estadounidense, Mike Pence, a Guatemala tiene  similitudes con la que, en junio de 2014, realizó el entonces vicepresidente Joseph Biden. Ambas fueron precipitadas por los flujos de niños guatemaltecos que, al ingresar ilegalmente al territorio estadounidense, generaron una crisis humanitaria que, inadecuadamente manejada, se convirtió en una crisis de opinión pública que perjudica la imagen de los gobernantes, lo cual resulta particularmente inconveniente previo a las elecciones de medio término en los Estados Unidos.

Más allá del contundente mensaje de pedirle a los tres presidentes de los países del Triángulo Norte y a todos sus habitantes que se abstengan de viajar a los Estados Unidos sin una visa, la misión de Pence no fue distinta de la de Biden cuatro años atrás: existen tres causas de la migración ilegal que deben ser atendidas. Primera, nuestra economía no genera oportunidades de empleo, por lo que es una fábrica de pobres cuya única y desesperada esperanza es la migración. Segunda, nuestro Estado es incapaz de proveer la seguridad pública necesaria para reducir la criminalidad y el tráfico de drogas. Y, tercera, nuestras instituciones gubernamentales son débiles y propicias a ser infectadas por la corrupción y la ineficiencia.

La posición de los gobiernos estadounidenses (lo mismo el de Obama que el de Trump) es que los responsables de atacar esos tres problemas somos nosotros. Las herramientas que Estados Unidos tiene a su alcance para persuadir a los gobiernos centroamericanos son variadas, pero no necesariamente contundentes. La más obvia es la ayuda económica contenida en el Plan Alianza para la Prosperidad que, francamente, es demasiado pequeña como para volverse un verdadero incentivo para actuar. Otra herramienta, más ruda, es la amenaza de cerrar a piedra y lodo la frontera y, con ello, eliminar la válvula de escape social que para la gobernabilidad de Guatemala significan los migrantes; pero esa amenaza ha sido históricamente imposible de llevar a la práctica.

Quizá las herramientas más efectivas de que disponen los estadounidenses es la aplicación de sanciones individuales, al amparo de normas como las leyes Fatca o Magnitsky, o la cancelación de visas como la anunciada recientemente por la embajada de Estados Unidos en Guatemala. Mientras tanto, nuestros gobernantes podrán pedirle a Trump que se dé un mejor tratamiento a nuestros migrantes, que se desentierren programas como el TPS, o que se aumente la ayuda económica; sin embargo, si no mostramos algún avance significativo en cada una de las tres áreas prioritarias (creación de oportunidades económicas; reducción de la corrupción y de la debilidad institucional; y, combate al crimen organizado) cualquier petición será en vano. El riesgo de no avanzar en esas tres áreas –por nuestra propia conveniencia- es el de convertirnos en países parias.

Consecuencias Económicas de la Política

Un mal entorno político perjudica el desempeño económico, y viceversa. Para romper este círculo vicioso es esencial rescatar la institucionalidad del Estado y priorizar las políticas públicas

Existe un vínculo entre el entorno político y el desempeño económico, que hace que ambos factores (el económico y el político) se afecten mutuamente. Cuando prevalece un clima de conflictividad social, o una sensación de falta de rumbo, o una debilidad institucional generalizada, se configura un ambiente poco propicio para los negocios, adverso para la inversión y causante de un escaso crecimiento de la producción de bienes y servicios. A su vez, una economía anémica genera malestar en la población y perjudica el entorno político.

A pesar de que actualmente las perspectivas de la economía mundial son, en general, positivas, la economía guatemalteca parece estarse resintiendo de un ambiente de confrontación (evidente, al menos, en la opinión pública) y de falta de rumbo en materia de políticas públicas, que se traduce en incertidumbre al momento de tomar decisiones económicas. Desde 2016 la economía nacional (medida por el Producto Interno Bruto –PIB-) está creciendo a una tasa promedio de 3.0% anual, velocidad mediocre que, aparentemente, no mejorará ni este año, ni el próximo. En los años previos el crecimiento del PIB había promediado una tasa superior al 4%: ese 1% de diferencia puede significar un abismo en términos de bienestar y de reducción de la pobreza.

El problema es que, con un crecimiento económico mediocre y con una población en continuo aumento, la generación de empleos y las condiciones de vida de la población se estancan. Y con los indicadores de pobreza estancados y los niveles de empleo sin mejorar, es posible que aumente la conflictividad social, lo que, a su vez, perjudicará el desempeño de la economía. Este círculo vicioso, a las puertas de un proceso electoral, genera un campo fértil para el surgimiento de líderes populistas que, de ser electos (sin importar si son de derechas o de izquierdas), pueden conducir al país hacia una dinámica socioeconómica que, en largo plazo, solo perjudicará las posibilidades de desarrollo. Y podríamos estar peor, pues el cóctel se torna más explosivo si se le agregan ciertos ingredientes que están sobre la mesa: tensiones ideológicas fabricadas por grupos de interés, diferencias étnicas que podrían exacerbarse, acciones de boicot en contra de proyectos de inversión privada financiadas por bien intencionados cooperantes extranjeros, prácticas corruptas enraizadas en la gestión pública, etcétera.

Si a todo esto sumamos la posibilidad de un desastre natural (recordemos que Guatemala es uno de los países más vulnerables a este tipo de eventos), nos encontraremos con una tormenta perfecta. Diversos estudios de economistas han identificado un vínculo entre los desastres derivados del clima -particularmente sequías o inundaciones en economías agrícolas- con brotes de conflictividad y violencia intercomunitaria en países en desarrollo. Uno de esos estudios encontró que, entre 1980 y 2010, el 23% de las guerras civiles coincidió con la ocurrencia de desastres asociados al clima en países con conflictividad étnicas o social. Que Dios nos agarre confesados.

La experiencia de otros países, y la lección aprendida de la historia, es que esas tensiones, y el consecuente círculo vicioso que va del mal entrono político al mal desempeño económico, puede evitarse con mejores instituciones políticas y gubernamentales. Por ello las calificadoras de riesgo y los organismos financieros internacionales insisten en que la viabilidad económica de Guatemala pasa por la reforma de sus instituciones estatales. Eso toma tiempo y, por tanto, debemos ponernos de acuerdo en iniciar –cuanto antes mejor- un proceso de reforma de instituciones políticas y gubernamentales para evitar un probable desastre.

Certeza Jurídica y Actividad Económica

Una de las razones (quizá la principal) por las cuales la economía guatemalteca no puede acelerar su mediocre crecimiento económico, es la debilidad de las instituciones del Estado que impiden que exista certeza jurídica y paz social

Es bien sabido que la incertidumbre generada por la falta de certeza jurídica o la conflictividad social perjudica las decisiones de consumo e inversión en cualquier economía. La situación actual de Guatemala parece un caso sacado de un libro de texto para ilustrar tal situación. El desempeño de las exportaciones, por ejemplo, revela en gran medida la relación que existe entre certeza jurídica, conflictividad y actividad económica.

En efecto, el valor de las exportaciones guatemaltecas durante el primer trimestre de 2018 registra una caída de 1.7 por ciento respecto a las del año anterior; lo que es peor, esa caída refleja una reducción aún mayor (de más del 8 por ciento) en el volumen exportado, lo cual indica que la producción real del sector exportador está registrando una alarmante caída. Todo ello a pesar de que las condiciones de la economía mundial son robustas y que nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos (a quien le vendemos más del 35 por ciento de nuestras exportaciones), crecía sólidamente en los primeros meses del año.

Entre los rubros de exportación que peor desempeño muestran sobresalen, por ejemplo, el de productos asociados a la palma africana con una reducción de más del 20 por ciento en comparación al año anterior, lo cual refleja en buena medida los efectos que esta actividad está sufriendo como producto de invasiones de tierra y de problemas de conflictividad. Caso similar, aunque más grave, se ve en el rubro de exportación de metales, con una drástica reducción del 88 por ciento respecto a su valor exportado a estas alturas del año anterior, afectada por el cierre de actividades de la Minera San Rafael. Entre ambos rubros (palma africana y metales) se exportaba el año pasado casi el 10 por ciento del total de las exportaciones del país.

También la falta de certeza jurídica afecta a las exportaciones realizadas en los regímenes de maquila y de zonas francas, los cuales registran al primer trimestre caídas superiores al 8 por ciento, en el caso de las primeras, y al 26 por ciento, las segundas, lo cual es particularmente preocupante pues entre ambas representan más del 32 por ciento del total de las exportaciones del país. Cabe recordar que la reforma al marco regulatorio de la actividad de zonas francas lleva ya muchos meses sin avanzar en el Congreso de la República.

Existen muchos otros sectores productivos, fuera de la actividad exportadora, que también se ven afectados por la conflictividad, la falta de certeza jurídica y la debilidad institucional del Estado, tal el caso de la actividad generadora de energía o de la construcción de infraestructura. No es casualidad, entonces, que el Índice de Confianza de la Actividad Económica que calcula el Banco de Guatemala (de un panel de analistas privados) reporta un continuo deterioro en el último año pues, en abril pasado, su nivel se situó en 32 puntos, que resulta inferior en más del 41 por ciento respecto del registrado en abril de 2017.

Queda claro que, mientras no avancemos en tener un Estado funcional y unas instituciones eficientes, resultará imposible acelerar el crecimiento de la economía nacional y mejorar el bienestar material de los guatemaltecos. El pobre desempeño de actividades como las descritas pone de manifiesto que las medidas de reactivación económica no debiesen centrarse en escoger sectores “ganadores” y colmarlos de privilegios para incentivar su producción. La mejor política de reactivación económica es aquella que asegure reglas claras para hacer negocios, que dé certeza a los agentes económicos para que puedan tomar adecuadamente sus decisiones de inversión, y que restaure la confianza de los consumidores.

Dialogar, Aunque Cueste

En periodos de crisis, de incertidumbre y de transición política, como los que ahora vivimos, es fácil caer en la tentación de ver al otro como enemigo, como el que no tiene la razón, como el que no merece ser tomado en consideración. Si no logramos superar esa tentación, será cada vez más difícil encontrar salidas a la crisis.

El país está viviendo desde hace varios meses un clima de crispación, confrontación y polarización que en nada contribuye a la convivencia social ni a la buena marcha de la economía. Aunque en el largo plazo se verán, sin duda, los frutos positivos de la transición política que se inició con la lucha contra la corrupción hace dos años, en el corto plazo esa lucha genera incertidumbres que, por desgracia, son poco propicias para el diálogo. Y es que en épocas de incertidumbre y transición resulta psicológicamente tranquilizante creer que uno está en el lado correcto de la historia y que es sobre los otros, los del bando opuesto, donde podemos descargar todos nuestros reproches y nuestra ira.

La incertidumbre respecto del rumbo que lleva la transición política (exacerbada por la ausencia de liderazgos políticos y de una agenda de Estado) conduce a antagonismos basados en la sobre-simplificación del pensamiento del rival y en caricaturizar al que no coincide con nuestras ideas, con lo cual se enfatizan las diferencias y se invisibilizan las coincidencias. Esa simplicidad conceptual agrava las desconfianzas entre individuos y grupos con opiniones encontradas: “no me junto con corruptos”, o “jamás me sentaré a la mesa con guerrilleros”, o “nunca dialogaré con explotadores” son las expresiones de quienes se refugian en su tribu para encontrar resguardos y apoyos ante la incertidumbre.

Pero ese refugio psicológico es, paradójicamente, el principal obstáculo para acabar con la incertidumbre, pues los posicionamientos extremos impiden pactar soluciones a la crisis. Lo que es peor: en el afán de excluir a quien no piensa como uno se atenta contra el principio del pluralismo –esencial para el funcionamiento de una república democrática- que sostiene que cualquiera que discrepe, aún siendo parte de una minoría, sigue perteneciendo a nuestra sociedad y, por ende, sigue teniendo el mismo derecho a expresarse y opinar como si formara parte de la mayoría. Los que se atrincheran en su tribu excluyente, por el contrario, solo tienen dos opciones: o logran imponer su verdad a toda la sociedad (incluso, si se requiere, por métodos violentos), o se refugian en la isla de los elegidos, donde preservan la pureza de su pensamiento, pero donde no logran cambiar ni un ápice la realidad que los incomoda.

Es menester salir de esas posiciones y establecer acuerdos que le permitan al país darle un propósito a la lucha contra la corrupción y un sentido a la transición política que hoy vivimos. Quizá convenga recordar que en nuestra experiencia como nación tenemos ejemplos de convivencia y de acuerdos en circunstancias tan difíciles como las actuales. La democracia y la paz de las que ahora disfrutamos los guatemaltecos, con todo y sus múltiples imperfecciones, son producto de acuerdos entre líderes que sufrieron los horrores del enfrentamiento fratricida y que comprendieron que el progreso pasaba por el diálogo y no por la aniquilación del adversario.

El terrible vacío de liderazgos que hoy sufre la clase política quizá sea una bendición disfrazada de tragedia. Quizá es mejor que sean los ciudadanos quienes llenen el vacío que hoy dejan los políticos tradicionales; que sean los ciudadanos quienes lideren los procesos de diálogo para alcanzar los acuerdos que el país necesita y quienes, mediante el voto consciente, devuelvan a la política su rol de servidora humilde de la ciudadanía. Vale la pena recordar lo que al respecto dijo el Papa Francisco hace casi dos años: “El mejor modo para dialogar no es el de hablar y discutir, sino hacer algo juntos, construir juntos (…) sin miedo de realizar el éxodo necesario en todo diálogo auténtico”.

Combate a la Corrupción y Crecimiento Económico

El combate a la corrupción debe ser entendido como una primera fase de la transición hacia un Estado de Derecho, que necesariamente debe ser complementada con una fase de profundas reformas institucionales. Si no se da este complemento, la transición no tendrá rumbo y sus potenciales beneficios económicos se perderán.

Existen dos narrativas contrapuestas respecto del impacto que el combate a la corrupción puede tener en el desempeño económico del país. Una afirma que los numerosos casos de persecución penal que se han generado desde abril de 2015 en contra de la corrupción y otros delitos similares tienen paralizado no solo el gasto gubernamental, sino también han paralizado las decisiones de inversión privada y dañado el crecimiento económico. La otra sostiene, por el contrario, que la corrupción es intrínsecamente perversa, por lo que su combate y erradicación solo pueden ser positivos para la economía.

Efectivamente, en el largo plazo un país que reduce exitosamente sus niveles de corrupción tendrá, sin lugar a dudas, un mejor desempeño económico. Una economía corrupta no puede funcionar correctamente porque la corrupción impide el funcionamiento adecuado de las leyes económicas naturales y socava la confianza ciudadana en el gobierno, que es incapaz de cumplir su tarea fundamental de proveer servicios públicos esenciales y un entorno propicio para la empresa privada, lo que daña a la sociedad entera: según el Banco Mundial, el ingreso per cápita en los países con altos niveles de corrupción es alrededor de un tercio del de los países con bajos niveles de corrupción.  

Sin embargo, en el corto plazo una política masiva de persecución a la corrupción puede ralentizar el crecimiento económico debido a que, en un país como Guatemala, con instituciones sumamente débiles e ineficientes, la corrupción llegó a convertirse, desgraciadamente, en un “lubricante” para el funcionamiento de la maquinaria gubernamental; de manera que, en una primera instancia, la política de combate a la corrupción puede entorpecer la operación del corrompido sistema estatal.

Además, ante un sistema judicial repleto de taras e ineficiencias, la persecución penal contra funcionarios y empresarios involucrados en actos ilícitos -que, dicho sea de paso, antes eran considerados “normales”-  trastoca el modus operandi de muchas transacciones económicas, lo cual, aunado a la ausencia de políticas públicas de largo plazo (y de liderazgos) que den un norte sobre el futuro económico del país, genera un clima de incertidumbre y pesimismo que se manifiesta en la posposición de decisiones de inversión y de consumo. Los índices oficiales de producción, de otorgamiento de crédito y de confianza en la economía están en niveles muy bajos desde 2016, a pesar de las condiciones favorables de la economía mundial.

Por ello es de crucial importancia que la lucha contra la corrupción iniciada en 2015 tenga un propósito de largo plazo, y que se acelere la transición que nos lleve de un Estado ineficiente e impune a un Estado democrático de derecho lo antes posible. Para darle sentido a la transición que estamos viviendo, es esencial complementar el combate a la corrupción con una reforma institucional profunda en temas como el servicio civil, el sistema estatal de compras, el sector justicia y el sistema electoral.

Y, para acelerar la transición, es necesario aplicar medidas que faciliten, descongestionen y humanicen los procesos penales. Entre tales medidas destacan varias que están en proceso de discusión o aplicación, como la regulación de la aceptación de cargos, la redefinición (ordenada por la Corte de Constitucionalidad) del delito de financiamiento electoral, la regulación adecuada de la prisión preventiva, o la aplicación de los brazaletes para la detención domiciliar. Tanto estas medidas de facilitación judicial, como la indicada agenda de reformas institucionales, deberían ser una prioridad en este momento histórico. Falta, por el bien del país, que las élites políticas así lo comprendan.