TAIWÁN, HONDURAS, GUATEMALA

EXISTEN MEJORES MANERAS PARA APROVECHAR NUESTRA RELACIÓN ESPECIAL CON TAIWÁN

La importancia geoestratégica de Taiwán es inversamente proporcional al tamaño de su territorio. Está latente el riesgo de que la República Popular China (que reclama la isla como territorio propio) esté tentada -ante su desaceleración económica y un mayor desempleo- a lanzar una ofensiva militar para suscitar apoyo popular, ante lo cual los Estados Unidos se vería compelido a apoyar a los taiwaneses. La posibilidad de un conflicto grave está ahí. En ese contexto, hay un país socio de Taiwán que -por tamaño económico y de población- es el más grande de todos los que mantienen relaciones diplomáticas con la isla. Ese es Guatemala.

Hace seis años solamente 21 países, en todo el mundo, reconocían a Taiwán (los demás, reconocen a la República Popular); hoy ya solo 14 lo hacen (y pronto, cuando Honduras cambie de bando, quedaremos solamente 13). Guatemala es el que más destaca de estos. El PIB de Guatemala es más del doble (y la población, el triple) que el de Paraguay -que es el segundo país más grande del mundo con relaciones diplomáticas con Taipei-. De manera que somos un aliado estratégico clave de uno de los países geopolíticamente más importantes de la actualidad. Y parece que no somos capaces de aquilatar esa realidad.

Recientemente, el gobierno de Honduras (uno de los 14) anunció la decisión de cambiar su lealtad hacia China Popular (a pesar de que hacerlo ha rendido resultados muy por debajo de lo esperado en otros países vecinos que lo han hecho antes). Previo al anuncio, funcionarios hondureños le propusieron a Taiwán que, para revertir tal decisión, le diera US$2.5 millardos a Honduras para refinanciar su deuda externa (incluyendo US$600 millones que le deben a Taiwán). El gobierno taiwanés no accedió a la extorsiva petición.

Evidentemente, existen maneras más elegantes de sacar mejor provecho de nuestra sociedad estratégica con Taiwán, distintas de pedir que nos construyan un estadio de fútbol o una carretera que tarda siglos en construirse, o que nos paguen una firma de cabilderos en Washington. La defección de Honduras genera una nueva oportunidad para Guatemala, al liberar más de US$500 millones de asistencia taiwanesa al exterior. Nuestro país podría aprovechar al menos una parte de esos recursos para establecer un fondo soberano (destinado, digamos, a infraestructura) o una línea de crédito de inversión con una gobernanza transparente y eficaz; o podría pedir a la isla que, si lo prefiere, lo haga a nivel regional con el BCIE (si se logra reorganizar y despolitizar ese organismo financiero). O podría pensarse en profundizar el comercio bilateral mediante un tratado integral de libre intercambio. O, incluso, podríamos aprovechar la solidez institucional de Taiwán (su sistema de servicio civil, por ejemplo; o su sistema electoral, ambos reconocidos por su eficiencia y efectividad) para brindarnos asistencia técnica. Lo importante es cobrar conciencia de nuestra relación especial con Taiwán, revalorarla, reinventarla y sacarle provecho a largo plazo.

Los Mensajes del FMI

LA MISIÓN DEL FMI DEJÓ IMPORTANTES MENSAJES PARA LAS AUTORIDADRES ECONÓMICAS (ACTUALES Y FUTURAS)

La misión del Fondo Monetario Internacional -FMI- que visitó al país hace algunos días emitió una declaración sobre la situación económica de Guatemala. El lenguaje de ese tipo de declaraciones refleja un esfuerzo por balancear lo técnico con lo diplomático, por lo que es menester hacer una interpretación (incluso una traducción) adecuada del mismo para extraer lecciones útiles en materia de política económica. Destaco cuatro mensajes clave que intento “traducir”.

Primero, el FMI reconoce la resiliencia del crecimiento y la estabilidad macroeconómica del país ante un entorno internacional adverso, lo que se refleja en los sólidos indicadores que han sido ampliamente reconocidos por los mercados internacionales con una mejor calificación crediticia para el país. El FMI resalta que esa resiliencia y estabilidad son el producto de un historial largo de políticas macroeconómicas (fiscal y monetaria) prudentes. La traducción de este mensaje es que la reconocida solidez macroeconómica de nuestro país no es resultado de una coyuntura ni de un gobierno en particular, sino que se debe a un conjunto de reglas e instituciones -construidas con esfuerzo durante años- que han permitido blindar la política económica de los avatares de la politiquería local y de los choques económicos externos (mensaje relevante especialmente en un año electoral).

Segundo, que la política monetaria, aunque ortodoxa y bien ejecutada, debe seguir afinando el sistema de metas inflacionarias y sus prácticas, particularmente en cuanto a trasladarle al sector privado la gestión de los riesgos de mercado en materia de tipo de cambio. La traducción aquí es que el Banguat debe ponerse menos nervioso ante las normales fluctuaciones cambiarias y bajarle el impulso a sus continuas compra-ventas de dólares, y fomentar el uso de instrumentos (como las coberturas cambiarias) que permitan que sean los agentes económicos privados quienes asuman los riesgos.

Tercero, que son loables los logros recientes de la administración tributaria, pero que queda mucho campo para mejorar las finanzas públicas, específicamente en cuanto a la calidad del gasto público -particularmente en materia de planificación y ejecución de la infraestructura pública-, para lo cual el FMI anuncia que pronto estará evaluando la agenda de inversiones del país para identificar “brechas en el marco de gobernanza”. La traducción de este mensaje es que es imprescindible reformar la gobernanza e institucionalidad del gasto en infraestructura.

Y cuarto, que es necesario retomar las reformas estructurales, fortalecer las instituciones y continuar mejorando el clima de inversión para poder acelerar sosteniblemente el crecimiento económico. El mensaje aquí -que no necesita traducción- es que deben aumentarse los esfuerzos para mejorar la gobernanza y la certeza jurídica, y para garantizar instituciones anticorrupción responsables e independientes, lo cual resulta esencial para mejorar el clima de inversiones. Quien tenga oídos para oír, que oiga.

MEDIDAS ECONÓMICAS ELECTORERAS

INFLACIÓN Y ELECCIONES: INOPORTUNA COMBINACIÓN

La economía, en Guatemala y en el resto del mundo, está inmersa en una crisis inflacionaria que, inevitablemente, impacta sobre el poder adquisitivo de la población -y, especialmente, de los más pobres-. Este ambiente de carestía no podía ser más inoportuno: coincide con un año electoral y un estamento político proclive a ofrecer propuestas “ingeniosas” o “heterodoxas” para combatir los efectos de la inflación y paliar el descontento que la inflación provoca en sus potenciales electores.

La inflación y las elecciones son una mala combinación, no tanto por las disparatadas ofertas electorales que surjan en la campaña electoral, sino por el riesgo de que muchas de esas ocurrencias se conviertan ya mismo en políticas públicas. De hecho, entre las pocas leyes que se han aprobado en el Congreso este año destacan la ampliación del aporte social de la tarifa eléctrica (subsidio que le costará al fisco Q197 millones) y el subsidio a los consumidores de gas propano (que costará otros Q150 millones); además, en días recientes un candidato presidencial presentó -a través de su bancada en el Congreso- una iniciativa para derogar los impuestos a los combustibles. Todas estas iniciativas se han propuesto bajo el argumento de que servirán para reducir el impacto que la inflación mundial está teniendo sobre los bolsillos de los guatemaltecos.

Por muy bien intencionadas que sean, esas medidas son puramente electoreras, no están respaldadas por ningún estudio técnico y, en la práctica, no solo no resuelven el problema de fondo (la inflación importada) sino que causarán más daño que bien a la economía de los hogares guatemaltecos. En primer lugar, porque generan una distorsión en el mecanismo de precios que impide que las fuerzas del mercado actúen para volver a equilibrar la oferta y la demanda de los bienes cuyos precios se elevaron, y ello causa ineficiencias que a la postre reducen el bienestar general. En segundo lugar, porque tienen un costo fiscal que pagamos todos los contribuyentes, incluyendo aquellos a quienes supuestamente se quiere beneficiar con esas medidas populistas. En tercer lugar, porque establece un peligroso precedente para que, cada vez que suba el precio de un producto sensible, el gobierno intervenga para compensar a quienes lo consumen. Y, por último, porque ese tipo de medidas es asimétrico: nadie va a aceptar que cuando el precio de un producto sensible baje, entonces se suban los impuestos sobre su consumo.

Los políticos deberían comprender que ya existen los mecanismos institucionales idóneos para combatir la inflación: la política monetaria a cargo del banco central y la política fiscal a cargo del Ministerio de Finanzas Públicas. Y todos deberíamos aceptar que, como lo enseña la experiencia no solo en Guatemala sino en todo el mundo, el insidioso mal de la inflación (que afecta más a los más pobres) requiere de la dolorosa, pero efectiva, medicina que combina una restricción de las condiciones monetarias y una austeridad en el gasto público. Pero, por desgracia, se trata de una medicina que sabe demasiado amarga como para tragarla en pleno proceso electoral, cuando es más fácil recetar placebos populistas.

GESTIÓN DEL RIESGO DE CATÁSTROFES

CONVIENE UN SEGURO CONTRA DESASTRES Y UNA REVISIÓN DE LA LEY DE ORDEN PÚBLICO

Es bien sabido que Guatemala es un país altamente expuesto y vulnerable a la ocurrencia de desastres naturales y eventos de salud pública. Además, a medida que se intensifiquen los efectos del cambio climático, aumenta el riesgo permanente de nuevas tormentas tropicales e inundaciones o, por el contrario, de sequías y sus secuelas tanto en el ámbito social como en el crecimiento económico. En el mismo sentido, existe un riesgo, quizá más elevado, de la posibilidad de que la actividad volcánica o telúrica se salga de su normalidad ocasionando una catástrofe de gran magnitud.

Esos riesgos latentes -que, de materializarse, tendrían un enorme impacto sobre la economía y el bienestar material de los guatemaltecos- implican la necesidad de comprender la mejor forma de gestionarlos y reducirlos en un mundo cada vez más incierto: la mejor defensa contra tales impactos consiste en fortalecer y modernizar los sistemas de atención a los desastres y en aumentar la resiliencia de la economía reduciendo su vulnerabilidad, su grado de exposición y las disrupciones sociales generadas por los desastres.

Esto viene a cuenta porque hace un par de semanas trascendió la noticia de que Chile -un país particularmente propenso a movimientos telúricos- está finalizando un acuerdo con el Banco Mundial para contratar un seguro contra terremotos de alta intensidad que puedan afectar la política fiscal, la deuda pública y la estabilidad macroeconómica de ese país. Tal seguro permitiría a Chile recibir indemnizaciones preestablecidas, en caso de ciertos eventos sísmicos de alta intensidad que causen daños materiales al país y a sus finanzas públicas.

Para Guatemala, donde los desastres son uno de los principales obstáculos al desarrollo, un seguro como el que Chile está a punto de contratar podría permitir a nuestro país tener una mayor resiliencia financiera y fortalecer su capacidad de respuesta a través del acceso a un financiamiento contingente eficiente y de rápido acceso para cubrir gastos públicos extraordinarios para la atención de la población afectada por emergencias de desastres naturales.

Ese sería un uso eficiente de los recursos fiscales, mucho más razonable que el creciente monto de subsidios que el fisco está regalando para disfrazar y distorsionar el impacto del creciente costo de la energía y los combustibles a nivel mundial. Por otra parte, ese mejor uso de los recursos fiscales para la atención de desastres debería reforzarse con una modernización de la Ley de Orden Público, particularmente en lo que se refiere a la gestión de los estados de emergencia y a los mecanismos de urgencia para la adquisición de bienes y servicios y su necesaria fiscalización.