LA AGENDA PARA EL GRADO DE INVERSIÓN

Guatemala ya aprobó el examen macroeconómico; lo que todavía debe aprobar es el examen institucional

Los diagnósticos de las calificadoras de riesgo y del FMI sobre la economía de Guatemala ofrecen una guía bastante clara sobre las reformas que deberían priorizarse para crecer más y acercarse al grado de inversión. Durante las últimas semanas ocurrió algo poco frecuente: dos calificadoras y el FMI emitieron sus opiniones casi al mismo tiempo. Aunque utilizan metodologías distintas y observan variables diferentes, todos llegaron a conclusiones notablemente similares.

Aunque la atención pública suele concentrarse en si nos acercamos o no al grado de inversión, el dato verdaderamente relevante, sin embargo, suele encontrarse detrás de la calificación: las razones que explican por qué un país avanza o se estanca. Y es que la calificación de riesgo es más que un concurso para economistas o un mero ejercicio académico: influye en el costo del financiamiento soberano, en las condiciones de crédito para las empresas y, en última instancia, en la capacidad de una economía para atraer inversión y generar empleo.

Lo interesante es que las tres instituciones coinciden en dos conclusiones fundamentales. La primera es que Guatemala posee fortalezas macroeconómicas poco comunes en América Latina: baja deuda pública, disciplina fiscal, inflación controlada, reservas internacionales elevadas y una política monetaria creíble. Después de décadas de prudencia macroeconómica, el país ha construido un activo valioso que merece ser preservado. La segunda conclusión es todavía más importante: el principal obstáculo para seguir avanzando ya no es macroeconómico; es institucional. 

Las tres opiniones señalan, con distintos matices, los mismos problemas: infraestructura insuficiente, baja inversión, limitada capacidad de ejecución del Estado, debilidad institucional, fragmentación política, rezagos en productividad y dificultades para transformar estabilidad en crecimiento. En otras palabras, Guatemala ya aprobó el examen macroeconómico, pero todavía debe aprobar el examen institucional. Esto debería tener implicaciones directas para la agenda legislativa. Casi siempre el Congreso opera reaccionando a la coyuntura, a las crisis del momento o a iniciativas aisladas que carecen de visión estratégica. Pocas veces hemos contado con una hoja de ruta tan clara sobre cuáles son las reformas que podrían generar mayor impacto económico.

Si tomáramos en serio los mensajes de las calificadoras, la discusión legislativa debería concentrarse en temas como infraestructura, puertos, aeropuertos, alianzas público-privadas, profesionalización del servicio civil, modernización presupuestaria, fortalecimiento del Estado de Derecho, mercados financieros, facilitación del comercio, transparencia y mejora de la capacidad de ejecución del sector público. Y no es porque lo diga una institución internacional ni porque lo demande algún sector en particular, sino porque existe un amplio consenso de que esas son las áreas donde se encuentran hoy los principales cuellos de botella para el desarrollo del país.

El Congreso actual puede avanzar en varias de estas materias. Pero el mensaje es especialmente relevante para quienes aspiren a integrar la próxima legislatura. Más allá de las diferencias ideológicas o partidarias, Guatemala necesita una agenda de reformas orientada a resolver problemas estructurales y no únicamente a administrar urgencias. El diagnóstico está; corresponde a los líderes políticos convertirlo en acciones concretas. La estabilidad macroeconómica nos acercó al grado de inversión, pero serán las reformas institucionales las que determinen si finalmente logramos alcanzarlo.

ELECCIONES SECUNDARIAS Y RIESGO-PAÍS

La estabilidad macro depende, en última instancia, de la calidad institucional

En 2026 Guatemala vive una convergencia inédita de relevos en instituciones clave del Estado. El calendario político —que abarca la elección de magistrados de la CC y del TSE, Fiscal General, rector de la USAC, Contralor General, Presidente del Banco de Guatemala y Superintendente de Bancos, entre otros— reconfigurará el equilibrio institucional del país. No es un detalle procedimental: es un evento macroinstitucional.

Estos procesos, conocidos como “elecciones de segundo grado”, suelen estar rodeados de litigios, presiones corporativas, intentos de captura y polarización política. Este año, además, confluyen en pocos meses. La simultaneidad eleva la incertidumbre. Desde la perspectiva del riesgo-país, la preocupación no es ideológica; es técnica. Las calificadoras internacionales han advertido reiteradamente que los riesgos sociopolíticos se transmiten al crédito soberano por cuatro canales: gobernabilidad, cambios de política, desempeño económico y volatilidad financiera. América Latina ofrece ejemplos abundantes al respecto.

Cuando estos procesos de designación se judicializan en exceso, se retrasan o pierden credibilidad, el primer canal afectado es la gobernabilidad. Si, además, las nuevas autoridades electas llegan a generar dudas sobre su independencia técnica o su probidad, se activa el segundo: riesgo de cambios abruptos en políticas públicas o de debilitamiento institucional. El resultado suele ser una mayor prima de riesgo, menor inversión y menor crecimiento económico potencial.

El riesgo no es inmediato ni automático; es gradual y acumulativo, pero es real

Cierto es que Guatemala parte de fortalezas macroeconómicas innegables: deuda pública relativamente baja, estabilidad monetaria, reservas internacionales adecuadas. Pero no opera en el vacío. Su crecimiento ha sido relativamente modesto; su Congreso está fragmentado; la calidad legislativa es irregular; la justicia enfrenta cuestionamientos; la corrupción persiste como amenaza latente; el crimen organizado penetra en instituciones y territorios; el entorno internacional es más proteccionista y volátil que hace una década. Es decir, nuestros amortiguadores macro existen, pero nuestros cimientos institucionales no siempre son igual de sólidos.

En este contexto, la integración de la CC y del TSE afecta crucialmente la certeza jurídica y la estabilidad política futura. La designación del Fiscal General incide en la percepción de Estado de Derecho. La elección del Presidente del Banco de Guatemala y del Superintendente de Bancos no es un asunto corporativo; es una señal a los mercados sobre la continuidad de la disciplina monetaria y financiera. La Contraloría impacta la credibilidad fiscal. Cada pieza importa. Los mercados no reaccionan a discursos, sino a expectativas racionales sobre reglas. Si las reglas se perciben frágiles o capturables, el costo del financiamiento aumenta, incluso si las variables macro actuales lucen sanas. El riesgo no es inmediato ni automático; es gradual y acumulativo. Pero es real.

Por eso el llamado es sencillo: cordura, respeto a los plazos legales, transparencia en las postulaciones y criterios meritocráticos en las designaciones. No se trata de satisfacer a actores externos; se trata de preservar el activo más valioso que un país pequeño y abierto puede tener: credibilidad. Un fracaso en estos procesos no dañaría solo a las instituciones involucradas. Dañaría la reputación crediticia del país y, con ello, el clima de inversión, el crecimiento y el bienestar. La estabilidad macro se construye en los balances; la confianza, en las instituciones. 2026 no es solo un calendario político; es una prueba de madurez republicana.

¿A UN PASO DEL GRADO DE INVERSIÓN?

Estamos cerca del grado de inversión, pero aún pesan mucho las debilidades institucionales

La reciente decisión de Fitch Ratings de elevar la calificación soberana de Guatemala a BB+ con perspectiva estable es, sin duda, una buena noticia para el país. Con ello, esta calificadora equipara su nota con la que ya otorgaban, desde meses atrás, las otras calificadoras relevantes (Moody’s y Standard & Poor’s), colocando al país a solo un peldaño del ansiado grado de inversión. Pero conviene no exagerar en la celebración: llegar a ese grado será muy difícil, y mantener lo logrado exigirá prudencia.

Fitch justifica su decisión de mejorar la calificación del país en la solidez macroeconómica, el bajo endeudamiento público —25 % del PIB, el menor de América Latina—, la estabilidad de precios y el superávit externo respaldado por reservas monetarias internacionales récord. Coincide con Moody’s y S&P en destacar la ortodoxia de las políticas fiscal y monetaria, el papel estabilizador de las remesas familiares y la resiliencia del sistema bancario. Guatemala sigue siendo, en el vecindario, un país fiscalmente responsable y monetariamente predecible.

Sin embargo, las tres agencias calificadoras coinciden en advertir los mismos riesgos: el creciente déficit fiscal, la debilidad institucional y la pobreza persistente. El déficit del gobierno central, que en 2024 fue apenas de 1 % del PIB, se proyecta que podría más que duplicarse hasta alcanzar el 3.5% del PIB para 2026, impulsado por elevados presupuestos que, en teoría, deberían destinarse a mayor gasto social e infraestructura, pero que en la práctica se diluyen en gastos opacos y poco efectivos. Mientras tanto, la escasa capacidad de ejecución, la falta de prioridades claras y las rigideces estructurales del presupuesto resultan incompatibles con un Estado que pretenda financiar bienes públicos de calidad sin comprometer la estabilidad fiscal.

Las calificadoras son claras: para alcanzar el grado de inversión no basta con una macroeconomía ordenada. Hace falta un entorno de gobernanza sólida, certeza jurídica y Estado de Derecho efectivo. Guatemala puntúa apenas en el percentil 27 del índice mundial de gobernanza del Banco Mundial, con niveles preocupantemente bajos en los subíndices que miden el Estado de Derecho, el control de la corrupción y la efectividad gubernamental. Dicho de otra forma: el principal obstáculo para la mejora de la calificación del país ya no es macroeconómico, sino institucional y político.

La paradoja es evidente: el país exhibe fortalezas que muchos vecinos envidiarían —estabilidad, deuda baja, inflación contenida—, pero no logra convertirlas en crecimiento más rápido ni en mejores oportunidades para su población. La productividad (que es el factor clave de la prosperidad) está estancada porque las maltrechas instituciones no generan confianza ni incentivan la inversión privada de largo plazo. Sin reformas sustantivas al sistema de justicia, al servicio civil, a la administración pública y al sistema electoral y de partidos políticos, difícilmente se reducirá esa brecha.

Obtener el grado de inversión sería mucho más que un galardón simbólico. Significaría crédito más barato, mayor inversión extranjera y acceso a nuevos mercados financieros. Pero, como se deduce de la opinión de las calificadoras, solo un esfuerzo nacional sostenido, que combine prudencia macroeconómica con fortalecimiento institucional, podrá llevarnos hasta allí. No es fácil, pero tampoco imposible. Se requiere conciencia y visión de todos los estamentos para lograrlo. Lo importante es entender que el verdadero riesgo de Guatemala no está en sus cifras económicas, sino en su política.

PRESUPUESTO 2026: LA TENTACIÓN DE LA IMPRUDENCIA

El presupuesto 2026 profundiza déficits y sacrifica inversión: un camino riesgoso para Guatemala 

El Presupuesto del Estado debería ser la principal herramienta de política económica de un país. Pero en Guatemala, una vez más, corremos el riesgo de que el Presupuesto 2026 se convierta en un vehículo para aumentar el gasto improductivo, financiar clientelismo y comprometer la sostenibilidad fiscal. A primera vista, el proyecto de Presupuesto que hoy discute la Comisión de Finanzas del Congreso prevé unos ingresos tributarios que parecen realistas; el problema está en el lado del gasto: la propuesta privilegia el funcionamiento sobre la inversión, incrementa la deuda pública y consolida una estructura presupuestaria rígida, en la que casi el 83% de los recursos ya está precomprometido.

Este desbalance se traduce en un déficit fiscal extraordinaria y peligrosamente elevado y en un saldo primario negativo que obliga al Estado que obliga a endeudarse, ya no solo para cubrir sus gastos, sino para pagar deudas anteriores. Esta es la antesala de un círculo vicioso que, de no corregirse, puede comprometer la estabilidad lograda en décadas anteriores. La teoría económica lo explica bien: la deuda pública excesiva puede estimular el crecimiento en el corto plazo, pero termina desplazando a la inversión privada, obligando a imponer tributos distorsionantes, aumentando los riesgos inflacionarios y reduciendo el margen de maniobra de la política contracíclica. Diversos estudios han mostrado que, al rebasar ciertos umbrales, la deuda deja de ser un motor y se convierte en un freno para el desarrollo.

Más impuestos y más deuda terminan financiando clientelismo, en vez de infraestructura

Lo preocupante es que Guatemala ya podría encontrarse por encima del umbral de sobre-endeudamiento (alrededor del 25% del PIB) identificado por diversos analistas (incluyendo técnicos del FMI)). Aunque nuestra deuda sigue siendo baja en términos regionales, estamos entrando a una zona de riesgo. Ignorar estas advertencias puede tener costos severos: mayor fragilidad frente a choques externos, deterioro de la calificación de riesgo y pérdida de la confianza de inversionistas. A ello se suma la baja calidad del gasto. Apenas 17.5% del presupuesto se destina a inversión y la ejecución histórica muestra que ni siquiera se logra materializar lo asignado. Mientras tanto, se multiplican transferencias discrecionales a consejos de desarrollo y municipalidades, sin suficiente transparencia ni alineación con políticas de Estado. Así, más impuestos y más deuda terminan financiando clientelismo, en vez de infraestructura, salud o educación de calidad.

Lo paradójico es que Guatemala, por su tradicional estabilidad macroeconómica, todavía conserva acceso a financiamiento interno y externo en condiciones favorables. Pero ese activo es frágil. Si los indicadores fiscales siguen deteriorándose, pronto se pondrá en entredicho nuestra calificación de riesgo. Y una vez que se pierde la confianza, cuesta mucho recuperarla.

¿Qué hacer? Hay varias salidas. En el corto plazo, el Congreso debería reorientar el Presupuesto 2026: blindar la inversión prioritaria (a través del SNIP), reducir techos y fijar reglas claras para las modificaciones, y condicionar transferencias a planes validados. En el mediano plazo, urge adoptar reglas fiscales cuantitativas, fortalecer la Contraloría y modernizar los sistemas de gestión financiera. En ocasiones anteriores hemos advertido sobre la tentación de aprobar techos imprudentes sin reparar en la calidad del gasto. Hoy, más que nunca, Guatemala necesita preservar su estabilidad macroeconómica, invertir con eficiencia y recuperar la confianza en las finanzas públicas. De lo contrario, el costo de la imprudencia lo terminaremos pagando todos.

UNA ECONOMÍA RESILIENTE

La economía mundial vive tiempos turbulentos; pero nuestra economía está en posición de resistirlos

Cuando Estados Unidos estornuda, el mundo entero se resfría. Y bajo el segundo mandato de Donald Trump, la seguidilla de estornudos se está convirtiendo en una tos crónica. En particular, la imposición de nuevos aranceles a escala global está -y sin previo aviso- ya dejando sentir sus efectos: desaceleración del comercio internacional, tensiones inflacionarias y un aumento de la incertidumbre económica, tal como lo advirtieron la semana pasada los informes de la Organización Mundial del Comercio y del Banco Mundial.

Guatemala, por supuesto, no es una isla. Nuestra economía inevitablemente sentirá los coletazos de esta guerra comercial mundial. Empezando porque nuestras exportaciones se verán afectadas por el arancel del 10% impuesto por el gobierno de Trump, así como por los menores volúmenes de comercio y cambios en los precios internacionales. Además, nuestras remesas familiares —que es la principal fuente de divisas del país— podrían verse ralentizadas si el crecimiento económico de EE.UU. se desacelera; y las presiones inflacionarias podrían contagiase a Guatemala en la medida en que los costos de los bienes importados aumentan en todo el mundo. Todo ello demanda una respuesta urgente por parte del gobierno y de los exportadores guatemaltecos, incluyendo negociaciones directas con el gobierno estadounidense en el marco de los convenios comerciales existentes y, principalmente, acciones tendentes a corregir las reglas, procedimientos, prácticas y protocolos que, según dicho gobierno, nuestro país aplica deslealmente en perjuicio de sus exportaciones hacia nuestro país.

Si a Estados Unidos le da pulmonía, a Guatemala apenas le da un catarro

Pero la buena noticia es que partimos de una buena base. A diferencia de épocas pasadas, hoy Guatemala tiene mejores herramientas para resistir los embates externos. Nuestro crecimiento económico ha sido sólido y estable —un promedio cercano al 3.5% anual en los últimos veinte años—. Nuestra política fiscal, si bien perfectible, ha mantenido disciplina suficiente para evitar déficits insostenibles y niveles de endeudamiento preocupantes. Nuestra política monetaria, bajo la tutela de un banco central autónomo, ha sido ortodoxa y eficaz para mantener una inflación moderada y un tipo de cambio estable. La resiliencia de nuestra balanza de pagos —respaldada por un superávit corriente y robustas reservas monetarias internacionales— fortalece aún más nuestra capacidad de absorber choques externos. Y aunque nuestra estructura productiva sigue enfrentando los desafíos que implica una baja productividad sistémica, los fundamentos macroeconómicos siguen siendo sólidos.

No es la primera vez que Guatemala navega aguas turbulentas con relativa estabilidad. Durante la crisis financiera global de 2008 y la crisis pandémica de 2020, nuestra economía logró mantener el rumbo. Y todo apunta a que, a pesar de los riesgos actuales, lo volverá a hacer. El Fondo Monetario Internacional ha reafirmado recientemente que la resiliencia de Guatemala no es casualidad: es el resultado acumulado de décadas de prudencia macroeconómica.

Quizá haya llegado el momento de actualizar aquella vieja frase de los economistas locales que, durante buena parte del siglo XX, decían que "si a Estados Unidos le da gripe, a Guatemala le da pulmonía". Hoy, gracias a nuestra disciplina económica y resiliencia estructural, podemos decir con moderado optimismo: "si a Estados Unidos le da pulmonía, a Guatemala apenas le da un catarro". Cuidar esos fundamentos será más importante que nunca. Porque, como bien nos enseña la historia, los buenos cimientos no garantizan el éxito… pero su ausencia sí garantiza el desastre.

ELECCIONES Y RIESGO-PAÍS

 Más que el signo ideológico del gobierno electo, lo que afecta la calificación del país es el innecesario ruido e incertidumbre que meten las inoportunas acciones de judicialización que han manchado el proceso electoral

A una semana de finalizada la segunda vuelta electoral, pocas dudas quedan de que el sistema que diseñaron los padres fundadores en los años ochenta continúa siendo sólido y confiable, pese a la creciente mediocridad y deterioro que en los últimos lustros ha sufrido la institucionalidad a cargo. La ciudadanía participó en libertad y con entusiasmo, tanto en su calidad de votantes como en su heroica calidad de voluntarios (en las mesas y juntas electorales), para asegurar el cumplimiento de la sagrada voluntad popular. Fue una participación cívica, pacífica y esperanzada, cuyos resultados no dejan lugar a dudas (excepto para los peores ciegos que, como se sabe, son aquellos que se niegan a ver).

La existencia de un régimen democrático basado en elecciones libres -con todo y sus evidentes debilidades- que segura la alternancia en el poder, es un factor clave para generar una buena imagen internacional para Guatemala, no solo a nivel político, sino también en los mercados financieros internacionales, especialmente en estos tiempos en los que el autoritarismo y el espejismo del “hombre fuerte” parecen haber seducido a los votantes latinoamericanos, hastiados de sus precarias democracias que no han conseguido mejoras sustanciales en los niveles de bienestar ni, mucho menos, reducir el crecimiento de la rampante corrupción en toda la Región.

Para las calificadoras de riesgo-país, los riesgos sociopolíticos se han vuelto cada vez más prominentes, lo que las ha llevado a que, cuando evalúan periódicamente a cada país latinoamericano, se le asigne una ponderación importante a los síntomas de descontento social o lascrecientes tensiones políticas internas. Los mayores riesgos sociopolíticos hacen que aumenten los riesgos crediticios para los gobiernos emisores cuando se mide su grado de gobernabilidad, los constantes cambios de políticas públicas (incluidos cambios regulatorios y de intervención gubernamental), los canales de desempeño económico y la volatilidad financiera. La calificación de riesgo-país de Guatemala (que es un factor crucial para definir los flujos financieros oficiales y privados que requiere nuestra economía desde el exterior) siempre ha estado afectada por ese tipo de consideraciones, pero ahora lo está mucho más.

Hace un par de días, la agencia calificadora Fitch Ratings dio su opinión sobre el impacto de las elecciones en la calificación de Guatemala: por un lado, consideró muy poco probable que el resultado electoral modifique sustancialmente la configuración de las políticas macroeconómicas, pues estas están ancladas en un historial de conservadurismo fiscal y un banco central independiente; pero, por otro lado, Fitch considera que existen evidentes debilidades en la gobernanza del país, que son una limitación fundamental para la calificación soberana de Guatemala. 

La comunidad financiera internacional resiente que los indicadores de gobernabilidad del país estén en continua disminución (los indicadores de gobernanza del Banco Mundial han caído del percentil 31 en 2010 al 26 en 2022), principalmente aquellos relacionados con el control de la corrupción y el estado de derecho. A esa preocupación se agrega el notable hecho de que las elecciones de 2023 han estado repletas de incertidumbres, lamentablemente generadas por las propias autoridades electorales y judiciales, que han judicializado y ensuciado innecesariamente el proceso electoral mediante la descalificación de varios candidatos por “cuestiones técnicas”, la impugnación -débilmente fundamentada- de los resultados de la primera vuelta, o los intentos de suspender el estatus legal de varios partidos (incluyendo el del candidato presidencial ganador) en pleno período eleccionario.

Por ello, las calificadoras de riesgo-país, como Fitch, afirman que si bien es cierto que la débil gobernanza de Guatemala no ha tenido -hasta ahora- efectos macroeconómicos sensibles, también lo es que dicha debilidad constituye un obstáculo importante para mejorar nuestra calificación en el futuro. La alternabilidad en el poder es, normalmente, un signo de fortaleza democrática que es bien apreciado por la comunidad financiera internacional; la incertidumbre jurídica y la inestabilidad política, por el contrario, son señales que afectan muy negativamente la imagen del país en los mercados.

El signo ideológico de un nuevo grupo gobernante no es lo importante a la hora de evaluar los riesgos macroeconómicos y financieros del país después de las elecciones, especialmente si se trata de autoridades electas legítimamente, que están comprometidas con respetar el marco legal y constitucional, y que no tienen intenciones de perpetuarse en el poder. En cambio, lo que sí puede dañar la imagen y la calificación del país es la enorme incertidumbre que introducen las inoportunas acciones de judicialización y persecución penal que amenazan con descarrilar lo que ya es una tradición de nuestra (frágil) democracia: la alternabilidad y la transición ordenada y pacífica del poder.

Los Mensajes del FMI

LA MISIÓN DEL FMI DEJÓ IMPORTANTES MENSAJES PARA LAS AUTORIDADRES ECONÓMICAS (ACTUALES Y FUTURAS)

La misión del Fondo Monetario Internacional -FMI- que visitó al país hace algunos días emitió una declaración sobre la situación económica de Guatemala. El lenguaje de ese tipo de declaraciones refleja un esfuerzo por balancear lo técnico con lo diplomático, por lo que es menester hacer una interpretación (incluso una traducción) adecuada del mismo para extraer lecciones útiles en materia de política económica. Destaco cuatro mensajes clave que intento “traducir”.

Primero, el FMI reconoce la resiliencia del crecimiento y la estabilidad macroeconómica del país ante un entorno internacional adverso, lo que se refleja en los sólidos indicadores que han sido ampliamente reconocidos por los mercados internacionales con una mejor calificación crediticia para el país. El FMI resalta que esa resiliencia y estabilidad son el producto de un historial largo de políticas macroeconómicas (fiscal y monetaria) prudentes. La traducción de este mensaje es que la reconocida solidez macroeconómica de nuestro país no es resultado de una coyuntura ni de un gobierno en particular, sino que se debe a un conjunto de reglas e instituciones -construidas con esfuerzo durante años- que han permitido blindar la política económica de los avatares de la politiquería local y de los choques económicos externos (mensaje relevante especialmente en un año electoral).

Segundo, que la política monetaria, aunque ortodoxa y bien ejecutada, debe seguir afinando el sistema de metas inflacionarias y sus prácticas, particularmente en cuanto a trasladarle al sector privado la gestión de los riesgos de mercado en materia de tipo de cambio. La traducción aquí es que el Banguat debe ponerse menos nervioso ante las normales fluctuaciones cambiarias y bajarle el impulso a sus continuas compra-ventas de dólares, y fomentar el uso de instrumentos (como las coberturas cambiarias) que permitan que sean los agentes económicos privados quienes asuman los riesgos.

Tercero, que son loables los logros recientes de la administración tributaria, pero que queda mucho campo para mejorar las finanzas públicas, específicamente en cuanto a la calidad del gasto público -particularmente en materia de planificación y ejecución de la infraestructura pública-, para lo cual el FMI anuncia que pronto estará evaluando la agenda de inversiones del país para identificar “brechas en el marco de gobernanza”. La traducción de este mensaje es que es imprescindible reformar la gobernanza e institucionalidad del gasto en infraestructura.

Y cuarto, que es necesario retomar las reformas estructurales, fortalecer las instituciones y continuar mejorando el clima de inversión para poder acelerar sosteniblemente el crecimiento económico. El mensaje aquí -que no necesita traducción- es que deben aumentarse los esfuerzos para mejorar la gobernanza y la certeza jurídica, y para garantizar instituciones anticorrupción responsables e independientes, lo cual resulta esencial para mejorar el clima de inversiones. Quien tenga oídos para oír, que oiga.

GESTIÓN DEL RIESGO DE CATÁSTROFES

CONVIENE UN SEGURO CONTRA DESASTRES Y UNA REVISIÓN DE LA LEY DE ORDEN PÚBLICO

Es bien sabido que Guatemala es un país altamente expuesto y vulnerable a la ocurrencia de desastres naturales y eventos de salud pública. Además, a medida que se intensifiquen los efectos del cambio climático, aumenta el riesgo permanente de nuevas tormentas tropicales e inundaciones o, por el contrario, de sequías y sus secuelas tanto en el ámbito social como en el crecimiento económico. En el mismo sentido, existe un riesgo, quizá más elevado, de la posibilidad de que la actividad volcánica o telúrica se salga de su normalidad ocasionando una catástrofe de gran magnitud.

Esos riesgos latentes -que, de materializarse, tendrían un enorme impacto sobre la economía y el bienestar material de los guatemaltecos- implican la necesidad de comprender la mejor forma de gestionarlos y reducirlos en un mundo cada vez más incierto: la mejor defensa contra tales impactos consiste en fortalecer y modernizar los sistemas de atención a los desastres y en aumentar la resiliencia de la economía reduciendo su vulnerabilidad, su grado de exposición y las disrupciones sociales generadas por los desastres.

Esto viene a cuenta porque hace un par de semanas trascendió la noticia de que Chile -un país particularmente propenso a movimientos telúricos- está finalizando un acuerdo con el Banco Mundial para contratar un seguro contra terremotos de alta intensidad que puedan afectar la política fiscal, la deuda pública y la estabilidad macroeconómica de ese país. Tal seguro permitiría a Chile recibir indemnizaciones preestablecidas, en caso de ciertos eventos sísmicos de alta intensidad que causen daños materiales al país y a sus finanzas públicas.

Para Guatemala, donde los desastres son uno de los principales obstáculos al desarrollo, un seguro como el que Chile está a punto de contratar podría permitir a nuestro país tener una mayor resiliencia financiera y fortalecer su capacidad de respuesta a través del acceso a un financiamiento contingente eficiente y de rápido acceso para cubrir gastos públicos extraordinarios para la atención de la población afectada por emergencias de desastres naturales.

Ese sería un uso eficiente de los recursos fiscales, mucho más razonable que el creciente monto de subsidios que el fisco está regalando para disfrazar y distorsionar el impacto del creciente costo de la energía y los combustibles a nivel mundial. Por otra parte, ese mejor uso de los recursos fiscales para la atención de desastres debería reforzarse con una modernización de la Ley de Orden Público, particularmente en lo que se refiere a la gestión de los estados de emergencia y a los mecanismos de urgencia para la adquisición de bienes y servicios y su necesaria fiscalización.

EL DR. JEKYLL Y EL SR. HYDE

LA ECONOMÍA GUATEMALTECA PADECE UN TRASTORNO DISOCIATIVO DE IDENTIDAD

La semana pasada, la calificadora Fitch mejoró la nota de Guatemala, reconociendo la resiliencia y capacidad de recuperación de nuestra economía ante los shocks provocados por la pandemia. Es una buena noticia para el país ¡enhorabuena! Sin embargo, al leer cuidadosamente el reporte de Fitch se evidencia que la economía guatemalteca tiene dos caras, como si padeciera de una doble personalidad que recuerda el Extraño Caso del doctor Jekyll y el señor Hyde. La célebre novela de R.L. Stevenson describe las infames consecuencias de padecer (por decisión propia) de un trastorno psiquiátrico que hace que una misma persona tenga dos identidades opuestas entre sí: Jekyll es un amable científico que, cuando bebe su pócima maligna, se convierte en Hyde, un salvaje capaz de las peores atrocidades.

El reporte de Fitch revela con claridad que la macroeconomía guatemalteca es una verdadera fortaleza… es, digamos, nuestro Dr. Jekyll. La mejora en la calificación de riesgo-país refleja la sólida recuperación de la producción del país y de sus cuentas fiscales. Esa resiliencia se ve apoyada por el creciente flujo de remesas familiares y por una política monetaria ortodoxa, dirigida por un banco central autónomo (esperemos que se mantenga así siempre) que no solo ha logrado mantener un nivel robusto de liquidez externa (reservas internacionales), sino que ha resistido relativamente bien las enormes presiones de la inflación mundial. Y, por si esto fuera poco, los déficits fiscales, aunque en aumento, aún son relativamente bajos y, por lo tanto, permiten que la deuda pública sea muy sostenible.

Pero está también, por desgracia, nuestro Sr. Hyde. Fitch subraya dos características de la personalidad más obscura de nuestra economía: por un lado, el crecimiento potencial del PIB no supera el 3.5% anual, que no solo es absolutamente insuficiente para mejorar los pobres indicadores sociales del país, sino que sus perspectivas de mejora son bajas debido a la pobre calidad del capital humano y de la infraestructura; por el otro, las probabilidades de que la calificación del país mejore se frustran por la cada vez más débil gobernanza, afectada por el deterioro en el control de la corrupción y en el imperio de la ley. La debilidad institucional de Guatemala es una pócima que envenena su desarrollo a largo plazo.

En la novela de Stevenson las dos personalidades conviven hasta que, fatalmente, una llega a dominar a la otra. Otras economías con doble personalidad -pensemos, por ejemplo, en Chile, Colombia o Perú- han sucumbido ante los hechizos de los populistas cuando su Hyde finalmente avasalla a su Jekyll. La lección principal de Dr. Jekyll y Mr. Hyde es que nunca es buena idea pretender negar partes de uno mismo. La novela sugiere que hay un lado oscuro en la personalidad de cada persona (como la hay de cada economía) que necesita ser aceptado y confrontado. Al tratar de negar y reprimir las partes más oscuras de sí mismo, el Dr. Jekyll desata una fuerza que no puede controlar. Esta es una lección -válida también a nivel de la economía - sobre la importancia de aceptar nuestras debilidades y luchar contra ellas desde nuestras fortalezas. El riesgo de no hacerlo es el de sucumbir ante los cantos de sirenas populistas.

PROCESO ELECTORAL: ¿NUESTRA FORTALEZA?

 

PRESERVAR UN PROCESO ELECTORAL CREÍBLE Y EFICIENTE ES CLAVE PARA LA SALUD DE LA DEMOCRACIA

 

Para medir la salud de la democracia en un país, la Unidad de Inteligencia de The Economist utiliza cinco parámetros: (1) el funcionamiento del proceso electoral y su nivel de pluralismo; (2) el desempeño y efectividad del gobierno; (3) el grado de participación política de la población y sus líderes; (4) la calidad y profundidad de la cultura política-democrática en la sociedad; y, (5) el grado de respeto a las libertades civiles de los ciudadanos. Con base en ellos calcula el Índice de Democracia en 165 países, de acuerdo con cuyo resultado los clasifica como "democracia plena", "democracia defectuosa", "régimen híbrido" o "régimen autoritario".

 

La semana pasada se publicó la versión más reciente de este índice, donde Latinoamérica experimentó en 2022 su séptimo año consecutivo de declive, con un puntaje promedio que cae a 5.79 (sobre un máximo de diez), por debajo del 5.83 de 2021. La democracia en Guatemala, con 4.98 puntos, es calificada como un “régimen híbrido” y ocupa el puesto 19 (de 24) en Latinoamérica y el 79 (de 165) en el mundo; en Centroamérica, solo superamos a Honduras y Nicaragua. Eso sí, nuestro índice se recuperó un poco respecto de los 4.62 puntos obtenidos en 2021, cuando cayó por quinto año consecutivo y obtuvo la calificación más baja de la serie que empezó en 2006 (cuando nuestro país alcanzaba los 6.07 puntos).

 

El parámetro en el que peor califica Guatemala es el de cultura política, con 2.50 puntos (el promedio de la Región es 4.11), reflejo de la enorme desconfianza que la población tiene respecto de las instituciones estatales, según diversas encuestas. Le sigue, con 3.68 puntos el parámetro de participación política (5.97, el promedio regional), que refleja el desánimo generalizado respecto de la democracia y el sistema político. También es muy bajo el puntaje de funcionamiento del gobierno, con 3.93 puntos (5.07 el promedio latinoamericano), que apunta a la débil capacidad del Estado para prestar los servicios públicos esenciales y para combatir la corrupción y el crimen organizado. Un poco mejor es la calificación de Guatemala en libertades civiles, con 6.18 puntos (6.58, el promedio de la Región), que incluye el reconocimiento a la libertad de expresión del pensamiento. Y el parámetro en el que Guatemala está mejor calificada es el del proceso electoral y pluralismo que, con 6.92 puntos (7.19 para Latinoamérica), refleja que el sistema en el que se sustentan las elecciones cada cuatro años es relativamente sólido y eficiente.

 

Ahora que ya se convocó a elecciones, el gran desafío del Tribunal Supremo Electoral será el de preservar la relativa fortaleza del proceso electoral y evitar que se repitan las complicaciones sufridas en 2019 (de las que solo con mucha suerte salimos bien librados). El marco regulatorio (incluyendo los nuevos reglamentos aprobados por el TSE) se pondrá a prueba en cuanto a la regulación de la campaña política, la fiscalización de los partidos, de su funcionamiento y financiación, así como en cuanto a la participación ciudadana y la representatividad de los funcionarios que resulten electos. Al finalizar el proceso habrá que hacer una evaluación profunda que conduzca a mejorar el marco regulatorio y la legitimidad de nuestro sistema electoral. De lo contrario, nuestro Índice de Democracia continuará deteriorándose.

AMNESIA ECONÓMICA

LAS POLÍTICAS PROTECCIONISTAS Y FISCALMENTE IRRESPONSABLES DEJARON LECCIONES QUE CONVIENE RECORDAR

Hace pocos años se daba por sentado que el libre comercio entre países era un ingrediente básico de la receta para la prosperidad de los países. Hace poco existía una especie de consenso entre los encargados de la política económica y los propios políticos respecto a que la libre determinación de los precios en el mercado, a partir de la competencia, era la mejor vía para lograr la más eficiente utilización de los factores de producción. Hace apenas unos años se valoraba enormemente la existencia de un banco central que pudiera defender la estabilidad de precios sin injerencia de los intereses cortoplacistas de los políticos. Hace una nada, se entendía que los déficits fiscales elevados y el despilfarro en el gasto gubernamental causan un daño enorme a la sostenibilidad del crecimiento económico.

Hoy, en cambio, no solo en nuestro país sino que alrededor del mundo, parece estarse expandiendo un síndrome de amnesia económica que está haciendo olvidar a los líderes políticos, a los votantes y a los propios encargados de las políticas públicas, los costos que en el pasado ocasionaron las medidas económicas miopes, populistas e irresponsables. Esa amnesia está generando una peligrosa simpatía hacia políticas proteccionistas que obstaculizan el libre intercambio de bienes entre los países y empobrece a sus habitantes; está haciendo que se olvide que los precios tope solo generan escasez y reducen la productividad, afectando a los más pobres; está induciendo a que las injerencias politiqueras menoscaben la capacidad de los bancos centrales para regular las tasas de interés o el tipo de cambio; y, está alimentando una perniciosa tolerancia hacia el gasto público desmedido y los déficits fiscales crecientes.

La amnesia económica proliferante abona un campo fértil para las propuestas populistas (de izquierdas y derechas) que prometen el paraíso a fuerza de acciones económica y fiscalmente irresponsables. Ahora que entramos a una campaña electoral, es necesario recuperar la memoria económica para no caer en las tentaciones electoreras que ofrecen regalar dinero, subsidios, becas, adoquines, polideportivos y láminas a cambio del voto. Ofertas que amenazan con sacar de cauce a las finanzas públicas. Ofertas que atentan contra las instituciones (como la autonomía del banco central, el no otorgamiento de crédito inorgánico al gobierno, el carácter eminentemente técnico de la oficina a cargo del presupuesto estatal o del instituto de estadísticas). Ofertas que, en fin, desafían los principios económicos fundamentales y atentan contra el sistema de balances y contrapesos en el diseño y ejecución de las políticas públicas.

Guatemala posee una bien ganada reputación de estabilidad y confianza en los mercados internacionales, como lo atestiguan no solo las principales empresas calificadoras, sino también el Emerging Markets Bond Index -EMBI, o Indicador de Bonos de Mercados Emergentes que calcula JP Morgan- que es el principal indicador de riesgo país. Preservar esa estabilidad y confianza pasa, necesariamente, porque los hacedores de la política económica no sufran de amnesia económica y eviten caer en las tentaciones populistas y electoreras que suelen abundar en las campañas electorales.

RIESGOS ECONÓMICOS EN EL AÑO ELECTORAL

LOS RIESGOS SE DAN POR LA INEVITABLE INCERTIDUMBRE POLÍTICA Y LA TENTACIÓN DE APLICAR MEDIDAS POPULISTAS

Los años electorales reúnen ciertas características que suelen influir en el desempeño económico del país, a lo cual se agrega en 2023 un entorno internacional muy complejo, con unas presiones inflacionarias que apenas empiezan a amainar y, particularmente, con un elevado riesgo de recesión en los países industrializados que podría tener un impacto negativo sobre el sector exportador guatemalteco y, eventualmente, sobre el flujo de remesas familiares hacia nuestro país, que ha sido un importante combustible que mantiene encendido el motor del consumo doméstico.

Cada evento electoral genera, inevitablemente, incertidumbre y nerviosismo en los mercados que, entre otros efectos, se traduce en una ralentización de la inversión privada: los agentes económicos prefieren posponer sus decisiones de inversión, por lo menos hasta que se aclara el panorama político al final de la segunda vuelta electoral. Algo similar, aunque en menor magnitud, puede ocurrir con los consumidores respecto de la compra de bienes duraderos. Estos dos efectos depresivos sobre la producción nacional suelen verse contrarrestados por dos efectos positivos que las elecciones ejercen sobre la actividad económica: las obras de infraestructura pública (del gobierno central y de las municipalidades) suelen acelerarse en los meses previos a las elecciones (para atraer votos), al tiempo que el gasto de las campañas políticas conlleva un aumento en la demanda de servicios de transporte, comunicaciones, alojamiento y restauración. Ahora bien, estos efectos -tanto positivos como negativos- solían ser más pronunciados cuando el  proceso electoral se extendía hasta diciembre; con el nuevo calendario (cuya segunda vuelta electoral termina en agosto) esos efectos serán más leves este año.

Quizá los riesgos económicos más notables son los que se derivan de las decisiones de política pública que los líderes políticos están muy tentados a proponer y a aplicar durante los años electorales. El ansia de ganar votos es una mala consejera cuando se trata de tomar decisiones de política económica: la tentación de usar los recursos del erario para regalar dinero (en forma de transferencias, subsidios, alimentos, canchas e implementos deportivos, etcétera) puede derivar en un aumento desmedido del gasto público y en déficits presupuestarios que pueden desestabilizar la economía. También los políticos pueden caer en la tentación de querer presionar a las autoridades económicas para manipular electoralmente variables tan importantes como el tipo de cambio, las tasas de interés, los impuestos o las reglas del comercio exterior, todo con consecuencias insospechadas para la macroeconomía del país.

Por ello, el año electoral entraña particulares desafíos para los hacedores de política económica: deben resistir las presiones electoreras y enfocarse en la institucionalidad y en los objetivos de mayor plazo; y, también, deben conservar la calma y la ortodoxia para transmitir un mensaje de certeza a los agentes económicos inquietos por las turbulencias políticas e internacionales. Se trata de aguantar la respiración hasta agosto. Después, si quieren, ya podrán ponerse creativos.

RIESGOS POLÍTICOS EN EL AÑO ELECTORAL

UN ENTORNO DE INCERTIDUMBRE, VOLATILIDAD Y ELECCIONES REQUIERE DE UNA ADECUADA GESTIÓN DE LOS RIESGOS

Recientemente, el Centro de Estudios Internacionales UC publicó un análisis sobre los riesgos políticos de Latinoamérica, donde se vislumbra un cuadro regional crecientemente complejo, el cual puede servir de marco para contrastar cuáles de esos riesgos aplican para el caso guatemalteco en este año electoral y representan un desafío para las instituciones estatales, las empresas y la sociedad civil. Según la encuesta utilizada para dicho análisis, estos son los diez principales riesgos políticos en Latinoamérica:

(1 ) El crimen organizado, que debilita el Estado de Derecho y genera mayor inseguridad, corrupción e impunidad, es un riesgo evidente para Guatemala, donde indicadores como la creciente tasa de homicidios o el elevado índice de percepción de corrupción lo ponen como un desafío clave en 2023. (2) El deterioro de la democracia, junto con la amenaza del populismo y del autoritarismo se manifiesta en nuestro país en una baja satisfacción ciudadana con la democracia y un índice de democracia débil (según The Economist), que se agrava con una tendencia al debilitamiento institucional que, por ejemplo, se evidencia en el inexplicable impasse para elegir magistrados de las altas cortes.

(3) La incapacidad creciente de los gobiernos de cumplir con las expectativas y demandas ciudadanas, en medio de una fragmentación política que dificulta llegar a acuerdos y de un creciente endeudamiento público, es un riesgo también latente en Guatemala, donde las encuestas revelan poca confianza en las instituciones y en las elecciones mismas. (4) El riesgo de estallidos sociales por el alto costo de la vida, el bajo crecimiento económico, y el aumento del desempleo no es tan grave en Guatemala como en el resto de la región, pero el deteriorado entorno económico internacional no permite descartarlo del todo en este año electoral.

(5) La crisis migratoria también entraña un riesgo, no solo porque nuestro país exporta miles de migrantes ilegales hacia los Estados Unidos anualmente, sino porque también se ha convertido en puente para otros miles de ilegales de otras nacionalidades. (6) La inseguridad alimentaria es una vergonzosa realidad en Guatemala, cuyo riesgo de agravamiento crece ante la escasez de insumos críticos exacerbada por los efectos de la guerra en Ucrania. (7) La hiperpolarización y la propagación de noticias falsas y campañas de contaminación informativa como herramienta política es generalizada en casi todo el mundo: difícilmente el próximo proceso electoral guatemalteco podrá escapar de este riesgo.

(8) La pérdida de competitividad en el desarrollo de los recursos naturales y de las energías limpias, en comparación con otras regiones, se agrava en Latinoamérica ante los escasos incentivos para la inversión extranjera y falta de certeza jurídica. Guatemala no es ajena a esa realidad, debido a la falta de claridad en los marcos regulatorios y a la discrecionalidad de la burocracia, lo que incide en nuestro bajo nivel en el ranking de competitividad regional. (9) El riesgo de ataques cibernéticos genera vulnerabilidad de los servicios del Estado y en la infraestructura crítica y los servicios financieros, y es una amenaza creciente para nuestro. Y (10) el debilitamiento de la integración regional, que ha pasado a ocupar una baja prioridad en las agendas gubernamentales y amenaza con aumentar irrelevancia de Centroamérica a nivel global.

Todos estos riesgos son reales. No es que inevitablemente se vayan a agravar en 2023, pero sí que es necesario que los gobiernos y las empresas estén en capacidad de mapearlos y gestionarlos, a fin de que el país esté mejor preparado para enfrentar los desafíos de un entorno de incertidumbre, volatilidad y riesgo político en 2023.

¿ALGUIEN SABE CUÁNTOS SON?

NADIE SABE A CIENCIA CIERTA CUÁNTOS EMPLEADOS PÚBLICOS HAY EN GUATEMALA

Según el proyecto de presupuesto del Estado para 2023, más de Q33 mil millones se destinarán al pago de remuneraciones, lo que equivale a más del 28% del total del gasto gubernamental. El mayor componente del gasto público es la masa salarial, la cual ha mostrado una tendencia creciente y genera una gran presión sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. Se sabe que los sectores que han impulsado el gasto salarial del gobierno son los de educación y salud. Y se sabe que buena parte del aumento continuo de la masa salarial se debe a incrementos salariales que no tienen relación con mejoras en los resultados y que responde a la suscripción de diversos pactos colectivos Lo que nadie sabe, sorprendentemente, es el número de empleados públicos que laboran en el Estado, ni bajo qué renglón se encuentran nominalmente, ni en qué entidad prestan sus servicios físicamente.

Como nadie en el aparato estatal sabe a ciencia cierta esos datos, la gestión del recurso humano en el gobierno es un caos -desde el punto de vista administrativo- y una bomba de tiempo -desde el punto de vista financiero-. Antes de la pandemia, en noviembre de 2019, el INE dio a conocer los resultados de un llamado Censo Nacional del Recurso Humano 2017-2018, en el que se estableció que, en un momento dado, había 292,753 servidores públicos. Según se publicó en algunos medios de comunicación, el entonces presidente Jimmy Morales desaprobó ese “censo”, ya que la cantidad de funcionarios sin censar y la tardanza en publicar el informe generaron serias dudas.

Pero, en todo caso, dicho “censo” era un sinsentido: un censo solo proporciona información correspondiente a un momento determinado, cuando lo correcto y conveniente sería mantener actualizada dicha información de manera permanente. Si es inexplicable que el Ejecutivo no cuente con la información precisa del número y características de su plantilla de empleados, también lo es que la Contraloría de Cuentas y el Congreso de la República -entidades que por antonomasia deben ejercer una función de fiscalización- no hayan, desde hace años, puesto el grito en el cielo por esta situación ni estén velando porque se cuente con información fidedigna sobre el número de los empleados que laboran en el Estado

La solución de esta injustificable situación no pasa por hacer “censos” de empleados públicos, sino por poner en marcha sistemas modernos de control del recurso humano en el Estado. Para empezar, se debería establecer la obligatoriedad de que todas las entidades del sector público utilicen el sistema GUATENÓMINAS y que dicho sistema sea de acceso público en formato de datos abiertos, adoptando estándares internacionales para garantizar la calidad de la información sobre la nómina de empleados públicos. Por su parte, los entes de control (unidades de auditoría interna, Contraloría y Congreso) deberían exigir que todas las entidades estatales tengan sistemas actualizados con la información de sus empleados, salarios y honorarios. De lo contrario, la gestión de recursos humanos en el Estado seguirá siendo caótica.

EL AGUJERO NEGRO

EL SISTEMA DE JUBILACIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS ES UNA AMENAZA PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS

La gestión de recursos humanos del gobierno central adolece de múltiples debilidades, empezando porque nadie sabe con exactitud el número de empleados públicos que laboran en el Estado, ni bajo qué renglón se encuentran ni en qué entidad laboran. Una de las consecuencias más graves de la falta de control sobre la planilla de servidores públicos es el gigantesco agujero negro financiero del Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado, cuya quiebra de facto implica un enorme riesgo para la finanzas del Estado pues, por un lado, dicho régimen ha sido insuficiente para generar reservas (al contrario, ha generado reservas negativas que deben cubrirse con fondos del presupuesto) y, por otro, tiene un índice de dependencia menor que uno (los recursos que ingresan son menores que los recursos a ser pagados).

Por ello es un acierto que en el proyecto de Presupuesto del Estado para 2023 (actualmente bajo discusión en el Congreso) se haya explicitado un capítulo de Riesgos Fiscales que da una clara voz de alerta sobre el creciente déficit del régimen de jubilados del Estado, mismo que se agrava debido al vacío de los controles y la falta de sistemas robustos de información, lo cual permite prácticas que van en detrimento del buen manejo financiero del régimen (como el pago a jubilados aunque ya hayan fallecido o matrimonios a conveniencia para perpetuar el pago de jubilaciones). Además, se le ha venido endosando al régimen de clases pasiva la responsabilidad de absorber otros sistemas de pensiones (como el de GUATEL o el IPM).

El referido capítulo de riesgos fiscales asociados al régimen de jubilaciones del Estado advierte de otra contingencia importante, relacionada con el personal contratado en el renglón 029: algunos de estos trabajadores, no obstante que fueron contratados por concepto de prestación de servicios profesionales, han interpuesto y ganado reclamos laborales por la vía judicial que les permiten obtener prestaciones como si fueran trabajadores en relación de dependencia, pese a de que nunca aportaron al régimen. La insostenible situación financiera del régimen de clases pasivas estatales exige tener certeza del número de empleados públicos por dependencia y renglón presupuestario al que pertenecen y realizar una revisión integral de la legislación relacionada con el servicio civil y las clases pasivas.

Si, por una parte, resulta encomiable que en el proyecto de Presupuesto para 2023 se de la voz de alerta sobre esta situación tan peligrosa para las finanzas públicas, por la otra, resulta una injustificable contradicción que, en ese mismo proyecto de Presupuesto, se haya incluido (sin ninguna justificación ni estudio técnico de respaldo) un incremento de Q600 millones a las jubilaciones y pensiones del Estado, con lo cual no sólo no se gestiona el riesgo identificado, sino que más bien deliberadamente se perjudica la sostenibilidad fiscal del país. Lo recomendable sería que, previo a aumentar las jubilaciones, se realice un estudio actuarial de este gasto que, año con año, representa un porcentaje creciente del presupuesto y que, para más inri, es financiado con endeudamiento público.

LOS DÉFICITS FISCALES SÍ IMPORTAN

ES ENORME LA TENTACIÓN DE AUMENTAR EL DÉFICIT FISCAL EN UN AÑO ELECTORAL

Después del enorme aumento del déficit fiscal que sufrió Guatemala en 2020 a raíz del gasto gubernamental extraordinario para combatir los efectos del confinamiento disparado por la pandemia, parece ser que en los círculos políticos e, incluso, en algunos círculos académicos se debilitó el tradicional respeto y temor -que solía ser generalizado- respecto de lo pernicioso que son los déficits fiscales. En el marco de la discusión de un nuevo proyecto de presupuesto del Estado para 2023, cunde sigilosa en los corrillos parlamentarios la peligrosa idea de que “un poquito más de déficit fiscal, no importa”. Aparentemente, las lecciones de la historia tienden a olvidarse.

Si bien es cierto que el uso del déficit fiscal como una herramienta anticíclica (para moderar los efectos recesivos de crisis mayores y específicas como, por ejemplo, lo fue la generada por la pandemia en 2020) está justificado, también lo es que la historia demuestra que esas expansiones del gasto gubernamental no solo son insostenibles a mediano plazo (una vez superada la crisis, el déficit debería volver a reducirse), sino que pueden resultar muy peligrosas si se mantienen en el tiempo. La historia, en todo el mundo, demuestra que aplicar una política fiscal expansiva (que implica sostenidos y elevados déficits fiscales) cuando no existe una recesión severa, va a resultar siempre en un aumento del costo del crédito y en fuertes presiones inflacionarias.

A raíz de los gigantescos estímulos fiscales que se dieron alrededor del mundo durante el primer año de la pandemia, se han realizado diversos análisis sobre el impacto de dichos gastos sobre la inflación. Un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional -FMI- confirma que la expansión fiscal contribuyó decisivamente a las tensiones de precios al alza que hoy afectan a todo el mundo. Incluso si nos centramos en la inflación hasta febrero de 2022, que no incluye las perturbaciones asociadas con la guerra en Ucrania, resulta que los países con un gran estímulo fiscal experimentaron estallidos de inflación más fuertes. Los déficits fiscales elevados siempre han sido, y siguen siendo, muy peligrosos.

Por esa razón es que, en el caso de Guatemala, resulta loable y meritorio que el enorme déficit fiscal en que se incurrió en 2020 -justificado por la pandemia- haya sido corregido rápida y efectivamente en 2021, lo cual fue motivo de elogios por parte de las calificadoras de riesgo-país y del propio FMI. Pero, por esa misma razón, es de crucial importancia que la meritoria corrección del déficit lograda el año anterior no se revierta en 2022 ni, especialmente, en 2023 que, además, es un año electoral. El proyecto de presupuesto para el próximo año (recientemente presentado por el Ejecutivo al Congreso para su discusión y aprobación) muestra, en general, cifras macroeconómicas razonables, con un déficit fiscal que apunta a mantenerse en límites tolerables. Ojalá que en el organismo legislativo no caigan en la tentación de trastocar esas cifras bajo la falsa premisa de que “un poquito más de déficit, no importa”.

EVALUACIÓN DEL RIESGO-PAÍS

LAS DEBILIDADES POLÍTICO-INSTITUCIONALES SON LAS QUE IMPIDEN AL PAÍS ALCANZAR EL GRADO DE INVERSIÓN

Recientemente dos de las principales calificadoras de riesgo-país emitieron su evaluación sobre Guatemala. Standard & Poor’s -S&P- ratificó la calificación de BB- para nuestro país, pero la buena noticia fue que mejoró la perspectiva crediticia del país, de estable a positiva, destacando su prolongado historial de estabilidad macroeconómica, reflejado en una política monetaria ortodoxa que ha logrado mantener la inflación alrededor de la meta establecida por el Banco Central, así como por una política fiscal prudente, que ha logrado mantener un déficit fiscal moderado y un bajo nivel de endeudamiento público.

También la calificadora Fitch Ratings nos calificó con un BB- y mejoró la perspectiva crediticia de estable a positiva, subrayando los mismos factores positivos enfatizados por S&P. Ambas calificadoras destacaron la resiliencia de la economía guatemalteca ante los efectos del gran confinamiento de 2020. Estas calificaciones representan la opinión de los expertos de esas empresas respecto de la capacidad del país para cumplir con sus compromisos financieros externos y su importancia radica en que, mientras mejor sea la calificación de riesgo más factible será que Guatemala pueda obtener financiamiento a un menor costo relativo y tener acceso a nuevos mercados financieros y de capitales.

Al analizar los reportes de las calificadoras es posible identificar qué factores son vistos como fortalezas de la economía guatemalteca, pero también cuáles son los factores que son considerados debilidades y que son los que impiden que nuestro país alcance el ansiado grado de inversión en los mercados financieros internacionales. Entre las fortalezas del país, ambas calificadoras destacan la estabilidad de las variables macroeconómicas, la moderada deuda pública, la política monetaria independiente, la resiliencia de las remesas familiares y la solidez del sistema bancario. En contraposición, las principales debilidades del país radican en la frágil gobernabilidad (débiles pesos y contrapesos; percepción de corrupción; débil implementación de políticas), las instituciones inefectivas, el ambiente político polarizado y la falta de medidas de largo plazo que impiden acelerar los mediocres ritmos de crecimiento de la inversión y de la producción nacional.

También la consultora nacional COPADES emitió su más reciente rating soberano y ubicó la calificación de riesgo-país en el equivalente a un BB+, es decir, un par de gradas por encima de las dos calificadoras entes mencionadas, pero similar a la calificación le dio al país en noviembre Moody’s (otra calificadora de las más reputadas internacionalmente). Esto se explica porque la calificación de COPADES, a diferencia de las de Fitch y S&P, no incorpora factores cualitativos tales como los referentes a la gobernabilidad, el sistema político, la eficacia de las instituciones públicas o los niveles de corrupción. De ello se puede deducir que son precisamente este tipo de factores (político-institucionales) los que están impidiendo, desde hace tiempo, que Guatemala pueda alcanzar -a pesar de su buen desempeño macroeconómico- el grado de inversión en su calificación de riesgo soberano.

2022, DESAFÍOS ECONÓMICOS (Parte I)

 COYUNTURALMENTE, EL PRINCIPAL DESAFÍO SERÁ PRESERVAR LA ESTABILIDAD Y RESILIENCIA DE LA ECONOMÍA

 Las dos características más destacadas y contrastantes de la economía guatemalteca son, por un lado, su sólida estabilidad macroeconómica y, por el otro, su marcadamente lento ritmo de crecimiento. Estas plantean, a su vez, dos desafíos fundamentales para 2022: preservar la estabilidad (que apoya la notable resiliencia de nuestra economía) y acelerar el crecimiento de la economía (que apoya el bienestar material de la población). Hoy nos centraremos en el primero de tales desafíos, que conlleva la tradición de mantener unas políticas monetaria y fiscal cautas que contribuyan a sustentar unos fundamentos macroeconómicos robustos.

 En efecto, además de la rápida recuperación de la producción nacional -luego de la recesión de 2020-, las principales variables macro financieras resaltan las muy buenas condiciones de estabilidad y resiliencia económica en 2021. La inflación está, de momento, controlada; el tipo de cambio ha sido mantenido casi sin movimiento, apuntalado por el ingreso de remesas familiares y el consecuente superávit de la balanza de pagos; las tasas de interés permanecen competitivas; y, el déficit fiscal ha retornado a niveles sostenibles. Sin embargo, para 2022 se ciernen dos amenazas.

 El crecimiento inusitado de la deuda pública en 2020 y la creciente inflación alrededor del mundo -en un entorno con nuevas mutaciones del virus del Covid-19-, exigen un manejo cauto y estratégico de la política macroeconómica. Si bien es cierto que el fuerte aumento de la deuda pública estuvo justificado por la necesidad de proteger la vida y el empleo de las personas, también lo es que el incremento de la deuda genera vulnerabilidades, especialmente ahora que las condiciones de financiamiento internacional se vuelven más restrictivas, lo cual limita la capacidad del gobierno para seguir apoyando la recuperación.

 Por otro lado, la política monetaria, que se relajó oportunamente durante la pandemia, debe ahora ajustarse a un entorno inflacionario en el ámbito internacional. En muchos mercados emergentes los bancos centrales ya han subido las tasas de interés, y se espera que pronto lo hagan los países desarrollados, lo cual tendrá implicaciones para la recuperación económica y la política fiscal. Esta deberá restringirse conforme suban las tasas de interés, lo cual implicará la imposibilidad de aplicar medidas expansivas -como la de elevar al infinito las transferencias de efectivo a las personas- pues, de lo contrario, se agudizará el riesgo de insostenibilidad de la deuda.

 Por su parte, la amenaza de la inflación importada obligará a la política monetaria a aplicar con mucho tacto, pero con agilidad y firmeza, las medidas precautorias para evitar un alza generalizada de precios a nivel doméstico. Para lograrlo será muy útil que la credibilidad del banco central y de sus instrumentos de política (incluyendo la propia credibilidad del Índice de Precios al Consumidor) se fortalezcan. El rol de la política fiscal y de la política monetaria en 2022 será crucial para preservar la estabilidad macro y la confianza de los mercados en nuestro país.

RECUPERACIÓN ECONÓMICA EN 2021

SE RECUPERÓ EN NIVEL DE PRODUCCIÓN QUE HUBIESE HABIDO EN AUSENCIA DE LA PANDEMIA

Según el Banco de Guatemala, la producción de bienes y servicios en el país este año será un 7.5 por ciento mayor a la registrada en 2020, inusual tasa de crecimiento que resulta ser la más rápida de las última cuatro décadas. De los cuatro motores que impulsaron esta recuperación (el consumo de las familias, la inversión en capital fijo, las exportaciones y el consumo del gobierno), el más importante, por mucho, ha sido el crecimiento que registra el consumo de los hogares, que contribuye con más del 85 por ciento del PIB y que, en buena medida, se sustentó en el ingreso récord de remesas familiares que este año rondará los 15 millardos de dólares.

Es preciso evaluar la recuperación económica de 2021 con ecuanimidad y ponerla en perspectiva. El año pasado la economía nacional sufrió un fuerte frenazo (el peor en más de treinta años) debido a los efectos negativos que la pandemia de Covid-19 tuvo sobre el aparato productivo: medido en quetzales (a precios de 2013) el PIB de 2020 fue de Q506 millardos; eso es un 1.5 por ciento menos que el año previo. Si no hubiese habido pandemia el PIB habría alcanzado unos Q531 millardos (o sea, 3.2 por ciento más que en 2019). Este 2021, el PIB llegará a Q544 millardos (con el mencionado 7.5 por ciento de crecimiento); pero si no hubiese habido pandemia (es decir, si hubiese crecido por segundo año consecutivo en 3.2 por ciento) habría llegado a Q548 millardos. De manera que la excelente tasa de crecimiento del presenta año apenas sirve para que el país vuelva a generar la misma cantidad de bienes y servicios que se hubiesen producido en ausencia de la pandemia.

Ahora bien, aunque es cierto que el ritmo de recuperación económica de 2021 no es tan espectacular como para quemar cohetillos ni hacer grandes alharacas, es de justicia reconocer que algo se ha hecho bien en nuestra economía: las oportunas medidas anticíclicas que se adoptaron el año pasado en lo monetario y en lo fiscal, aunadas a la capacidad de adaptación de las empresas y consumidores guatemaltecos, permitieron que la recesión del año pasado fuera menos drástica acá que en la mayoría de países del Hemisferio, y que la recuperación de este año fuese más rápida. Es menester valorar que, de nuevo, la economía nacional, aunque no sea de las más dinámicas, sí es una de las más resilientes del mundo.

Esa resilencia es un activo que debemos preservar pero, al mismo tiempo, tenemos que ver, como país, qué debemos hacer para no seguir basando el crecimiento económico casi exclusivamente en el consumo de los hogares (y en las remesas familiares que, en buena medida, lo sustentan). De manera que los desafíos que para 2022 debe afrontar la política económica tienen que ver, en primer lugar, con recobrar y mantener los equilibrios macroeconómicos que apuntalan esa resilencia y estabilidad que caracterizan a Guatemala y que son bien apreciadas en los mercados financieros; y, en segundo lugar, con crear y fomentar un clima favorable para la inversión y los intercambios económicos que propicie una mayor productividad sistémica. A esos desafíos espero referirme en las próximas columnas.

PRESUPUESTO 2022: LO BUENO, LO MALO Y LO FEO

EL PRESUPUESTO ES, CADA VEZ, UNA HERRAMIENTA MENOS ÚTIL PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DEL PAÍS

El Congreso aprobó el Presupuesto del Estado para 2022, luego de una discusión parlamentaria muy superficial y centrada en repartir clientelarmente el erario. Lo bueno es que, por fin, luego de tres años sin presupuesto, el año próximo al menos tendremos un presupuesto contra el cual se pueda contrastar y fiscalizar el desempeño financiero del Estado, el gobierno podrá contar con una guía para operar con más transparencia la ejecución del gasto, y los mercados tendrán más certeza. En sí mismo, eso es ya un avance.

Lo malo es que, lejos de corregir los errores de la iniciativa que le envió el Ejecutivo, el Congreso le agregó más defectos. Así, el déficit fiscal aprobado para 2022 será significativamente superior al que se registrará este año, aspecto que envía un pésimo mensaje a los mercados financieros, ya preocupados por el innecesariamente creciente endeudamiento público del país. La Comisión de Finanzas Públicas del Congreso, excusándose en un aumento de los ingresos tributarios del que no especificó las fuentes, incluyó aumentos injustificados -como el aumento de sueldos para el magisterio o para el dudoso programa de seguro médico escolar-, elevó sin mayor vergüenza el presupuesto del propio Congreso, y no solo avaló, sino que exacerbó la pésima práctica de regalarle dinero a dedo a muchas ONGs para que hagan caridad privada con el dinero de los contribuyentes.

Encima de esto, varias normas de ejecución incluidas en el presupuesto aprobado tergiversan e, incluso, violan otras leyes -especialmente la Ley Orgánica del Presupuesto- con disposiciones tan inapropiadas y peligrosas como las que explícitamente permiten que el gobierno se endeude para financiar gastos de funcionamiento, o las que fomentan la opacidad y el despilfarro al eximir a ciertas entidades la obligación de reintegrar los recursos no ejecutados al fondo común.

Lo feo es que, incluso si se hubiesen corregido estos errores, los presupuestos gubernamentales (no solo el recién aprobado) exhiben serios problemas estructurales de muy difícil solución y que, paulatinamente, hacen que el Estado sea cada vez menos capaz de proveer los servicios públicos esenciales. El gasto de funcionamiento -particularmente la masa salarial- crece incansablemente en detrimento de la inversión pública. Los situados para las municipalidades y Consejos de Desarrollo no solo siguen aumentando, sino que son cada vez más opacos y menos alineados con las políticas públicas de largo plazo. Se normaliza la incapacidad del Estado al delegarle a ONGs la provisión de servicios que deberían ser proveídos o contratados por el gobierno. Los agujeros negros de las clases pasivas o de la deuda con el IGSS, siguen aumentando a pasos agigantados. Además, persiste una desconexión absoluta entre los objetivos de desarrollo de largo plazo y la asignación de los recursos fiscales

Si a todo lo anterior le agregamos la perenne inoperancia de la Contraloría de Cuentas, nos encontramos con un escenario en el que el presupuesto gubernamental se convierte, año con año, en una herramienta cada vez menos útil.